La Defensoría del Pueblo logró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara proteger la entrega de atención humanitaria a víctimas del conflicto armado, tras fallar a favor de una acción de tutela interpuesta por la entidad.
La decisión obliga a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas “suministrar información clara, concreta y suficiente sobre las acciones que implementará para garantizar la entrega oportuna, continua y adecuada de la atención humanitaria en 2026”.
El fallo, adoptado en segunda instancia, revocó una decisión previa que había negado la protección y acogió los argumentos de la Defensoría frente a la insuficiencia de las respuestas entregadas por la entidad encargada.
La decisión se da en medio de un contexto de deterioro humanitario.
“Durante 2025 hubo 133 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento que impactaron a 128.825 personas, restringiendo su movilidad y acceso a bienes básicos. Estas cifras dan cuenta de un incremento del 318,3% en el número de personas desplazadas frente a 2024, y un aumento del 19,4% en la población confinada”.
La Defensoría señaló que la tendencia se mantiene en 2026, ya que, entre enero y marzo, la Defensoría ha documentado 39 eventos de desplazamiento forzado con 7.611 personas afectadas, así como 25 eventos de confinamiento que han impactado a 39.582 personas.
Según explicó la entidad, desde agosto y octubre de 2025 se habían solicitado medidas concretas para evitar interrupciones en la atención humanitaria ante posibles limitaciones presupuestales y administrativas, pero señalan, las respuestas se limitaron a planteamientos generales.
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"La atención humanitaria está intrínsecamente ligada a la vida, la integridad, la salud y el mínimo vital de las víctimas”, y agregó que “este derecho fundamental no puede, bajo ninguna circunstancia, quedar supeditado a obstáculos administrativos o a restricciones derivadas de la Ley de Garantías. La dignidad humana no admite pausas burocráticas”, advirtió el Tribunal.
Con este fallo, se busca que las autoridades emitan respuestas oportunas, evitando escenarios que puedan derivar en revictimización.
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