Entre enero y agosto de 2025, al menos 1,4 millones de personas han sido víctimas de distintos hechos de violencia. Solo en agosto se registraron 125 ataques contra civiles. En lo corrido del año, 85.550 personas han sufrido amenazas, homicidios, desapariciones, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, entre otras formas de violencia.
Confinamientos y restricciones
Cada día y medio se reporta una nueva emergencia humanitaria por confinamiento o restricciones a la movilidad. En 2025, más de 122.000 personas han enfrentado estas limitaciones, mientras que 137.600 fueron víctimas de confinamiento, cifra que ya casi iguala el total de 2024. El 63 % de estos eventos permanecen activos, con una duración promedio cercana a un mes.
Desplazamientos forzados
El desplazamiento masivo alcanzó niveles críticos: más de 79.500 personas fueron expulsadas de sus territorios en lo corrido de 2025, lo que representa un aumento del 94 % frente al mismo periodo de 2024. Esta cifra supera en un 53 % el total anual registrado el año pasado. Solo en agosto, 3.112 personas fueron desplazadas masivamente, mientras que los desplazamientos individuales afectan ya a más de 84.000 personas.
Niñez bajo fuego
La población infantil es una de las más golpeadas. Entre enero y agosto de 2025, al menos 11.000 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de desplazamiento, confinamiento o restricciones a la movilidad. Se estima que 291.000 menores podrían estar afectados por estas emergencias. Además, en el primer semestre del año se documentaron 52 incidentes contra la educación, incluyendo ataques a escuelas y docentes, uso de explosivos y combates en presencia de estudiantes.
Ataques a bienes civiles
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó hasta agosto 31.593 personas afectadas por ataques a objetivos ilícitos de guerra, principalmente escuelas y centros de salud. La cifra representa un incremento superior al 5.600 % frente a 2024. Además, el uso de artefactos explosivos dejó al menos 544 civiles afectados, un aumento del 145 % respecto al año anterior, en medio de la continuidad de minas antipersonal y explosivos improvisados que vulneran de forma grave el Derecho Internacional Humanitario.
Las cifras reflejan un deterioro humanitario que revive las peores consecuencias del conflicto armado en Colombia, con un impacto devastador sobre comunidades enteras, especialmente sobre la niñez y los bienes civiles protegidos.
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