Blu Radio conoció el proyecto de acto legislativo con el que se pretende expedir la ley para el funcionamiento del juicio nacional anticorrupción y la respecto habló el mexicano Michel Levien González, director del Instituto Anticorrupción.
Se trata de una iniciativa de 71 artículos que, seguramente, generará mucha polémica porque crearía una nueva sala en la Corte Suprema de Justicia con más magistrados de los que ya tiene el alto tribunal. Además, abre la puerta para que se cree en Colombia una comisión anticorrupción de Naciones Unidas como la que encabezó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en Guatemala.
Levien manifestó que aún no sabe si el proyecto será apoyado por el Gobierno nacional, pero reveló que el congresista Ariel Ávila ha estado al tanto del mismo y que la idea es buscar más apoyos en el Legislativo colombiano.
“Al día de hoy no sabemos, hasta el día de hoy, si el proyecto tiene el apoyo del Gobierno nacional. Estábamos en el trámite de hacer trabajos con el senador Ariel Ávila, pero al día de hoy el senador Ávila tampoco es parte del proyecto. Lo que estamos haciendo es reclutar a más congresistas para que nos ayuden a presentarlo”, dijo.
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Sobre el propósito del proyecto, Levien explicó que busca abrir la puerta para juzgar los macro casos de corrupción en el país e, incluso, a toda la región.
“Que le manden un mensaje a Colombia y a toda la región de que el reinado de caciques y caudillos se empieza a terminar”, dijo tras negarse a revelar nombre de quiénes serían las personas que juzgaría esta sala anticorrupción.
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El director del Instituto Anticorrupción recordó que Colombia no es un Estado fallido, pero manifestó que no se puede obtener resultados contra este fenómeno con las mismas herramientas con las que se ha luchado históricamente.
“Nosotros no creemos que la sala anticorrupción sea la barita mágica para acabar con la corrupción en Colombia. Eso sería ingenuo. Lo que sí creemos que es el símbolo que Colombia y Latinoamérica necesitan para demostrar que a los estados les importa su problema de corrupción”, explicó.
Por su lado, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, manifestó que el Gobierno nacional conoce el proyecto, pero no ha habido una discusión de fondo sobre el mismo. Agregó que, de presentarse al Congreso, será el Legislativo el que discutiría su conveniencia.
“El Gobierno no está apoyando el proyecto, conocimos la iniciativa, pero ni siquiera alcanzamos a hacer un estudio jurídico acucioso para analizar lo que contiene. Lo más importante, en la agenda legislativa, es trabajar en las reformas que avanzan en el Congreso. En cualquier iniciativa, venga de donde venga, tiene que garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y, sobre todo, el derecho a la libertad”, manifestó.
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Sin embargo, Idárraga aclaró que el Gobierno sí contempla crear una comisión como la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala).
“Si bien ha contemplado, es una idea que se mantiene, es una afirmación en campaña por parte del presidente de la República y si llega a ser realidad, en su momento, se hará saber”, puntualizó.
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Asimismo, agregó que en eso coincide con el proyecto, pero aclaró que, en este momento, ese tema no hace parte de la agenda legislativa.
“Es una opción que hasta ahora se está completando. Le falta mucho trabajo y elaboración. No podía afirmar que si es parecida a la de Guatemala o a la que presentan las ONG. Eso tiene mucho trabajo, no es sacar un anuncio y decir que lo vamos a hacer”, puntualizó tras aclarar que ni siquiera se ha hablado con Naciones Unidas.
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