La Universidad Nacional de Colombia alertó sobre una serie de amenazas, hostigamientos y hechos de violencia registrados contra integrantes de su comunidad académica en seis sedes del país. Según informó la Rectoría, entre 2024 y 2026 la institución ha atendido 25 situaciones que involucran a estudiantes, docentes y trabajadores administrativos.
De acuerdo con el reporte oficial, 11 de los casos corresponden a estudiantes, siete a docentes y siete a personal administrativo. Además, nueve de estas situaciones derivaron en denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación, mientras otras continúan en etapa de indagación con acompañamiento de entidades como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y personerías locales.
Entre las personas afectadas se encuentra Valentina Andrade, estudiante que denunció amenazas contra su vida e integridad por participar y expresar sus opiniones dentro de la Universidad. También fueron mencionados Kevin David Arrigui, representante estudiantil; Gabriel Alejandro Gutiérrez Franco, víctima de intimidaciones y discursos de odio; Alejandro Ramírez Díaz, quien habría sido seguido y hostigado en la Facultad de Ingeniería; Valentina Muñoz Samboni, de la sede Bogotá; y Jesús Daniel Mieles Amaris, amenazado en la sede Palmira.
La Universidad también reportó casos en las sedes de La Paz y Caribe, donde un estudiante indígena fue amenazado a través de medios digitales, otro joven tuvo que desplazarse por presuntas amenazas de reclutamiento forzado del ELN y un admitido abandonó San Andrés debido al riesgo que representaba asistir a clases.
“Detrás de cada nombre hay una persona real con un proyecto de vida que esta institución tiene el deber de proteger”, señaló la Universidad en su pronunciamiento.
La Rectoría aseguró además que varios profesores han recibido amenazas por ejercer su libertad de cátedra y expresar posiciones críticas dentro de la institución. Frente a estos hechos, indicó que se han activado medidas de acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica, rutas de denuncia y protección física, incluyendo traslados entre sedes cuando ha sido necesario.
El pronunciamiento se dio en el marco del Año de la Paz declarado por la Universidad Nacional, iniciativa con la que busca fortalecer la convivencia y la defensa de los derechos dentro de la comunidad universitaria.
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En ese contexto, la Rectoría anunció la formalización de un Protocolo Integral de Actuación Frente a Amenazas y Agresiones, articulado con la Ruta de Atención a Violencias Basadas en Género y otras entidades estatales. El mecanismo incluirá atención psicosocial, acompañamiento jurídico y rutas de protección para quienes resulten afectados por hechos de violencia.
“La intimidación aparece también entre nosotros, no podemos ni queremos guardar silencio, y tampoco permanecer sin actuar”, expresó la institución, que reiteró su llamado a tramitar las diferencias a través del diálogo y no mediante agresiones o amenazas.
“La violencia no construye, no convence y no gana. Siéntense a dialogar”, concluyó la Rectoría.
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