El equipo de empalme del Gobierno entrante, encabezado por el ministro de Justicia designado, Iván Alfonso Cancino González, pidió al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), César Palomino Cortés, mediante una carta, aplazar la aprobación de 48 procesos contractuales que estaban programados para ser analizados por el Comité de Contratación de la entidad."En un proceso de empalme resulta indispensable una revisión técnica que garantice el mérito, la transparencia y la igualdad en el acceso al empleo público, evitando cualquier riesgo de direccionamiento de perfiles o 'amarre' de cargos", afirmó el ministro de Justicia designado.Los procesos representan compromisos por 4.379 millones de pesos para la vigencia actual y otros 2.022 millones de pesos correspondientes a vigencias futuras, para un valor total superior a los 6.400 millones de pesos. Las contrataciones involucran diferentes dependencias de la ANDJE, como las direcciones de Defensa Jurídica Internacional, Gestión de la Información, la Secretaría General y las áreas administrativa, financiera y de talento humano.En la carta, el ministro designado formuló tres peticiones concretas al director de la ANDJE:Aplazar cualquier decisión sobre estos procesos hasta que el equipo de empalme pueda revisar la documentación.Que en un plazo de tres días hábiles se remita la información detallada de cada contrato, incluyendo su objeto, cuantía, modalidad de selección, disponibilidad y registro presupuestal, vigencias futuras y los estudios que justifiquen la necesidad de realizar las contrataciones antes del cambio de administración.Informar si alguno de los procesos guarda relación con otros contratos recientes de la Agencia, ante el riesgo de un eventual fraccionamiento contractual derivado de someter un número inusualmente alto de contrataciones en una sola sesión al cierre de la administración."Le estoy dando instrucciones al director de la ANDJE designado y líder del equipo anticorrupción del empalme, Dr. Germán Calderón España, para realizar el estudio de legalidad y, si es del caso, interponer las acciones penales y disciplinarias a que haya lugar", indicó Cancino.Además, señaló que la solicitud no busca cuestionar la legalidad de los procesos, sino evaluar la conveniencia y oportunidad de adoptar este tipo de decisiones a pocos días de la posesión del nuevo Gobierno, prevista para el 7 de agosto.La carta también fue enviada a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que, dentro de sus competencias, según el ministro designado y el equipo de empalme, ejerzan funciones preventivas, disciplinarias y de control fiscal sobre los procesos mencionados.
Colombia y la minera Aris Mining firmaron un acuerdo que pone fin al arbitraje iniciado en 2018 ante el CIADI, institución del Grupo del Banco Mundial. La empresa reclamaba cerca de 380 millones de dólares por supuestos daños a sus operaciones.El acuerdo establece compromisos de cooperación entre el Estado y la compañía minera, buscando seguridad, formalización minera y desarrollo sostenible en las comunidades de Marmato y Segovia.Aris Mining, surgida de la fusión de Gran Colombia Gold y Aris Gold en 2022, continuará sus operaciones en las minas de Segovia y Marmato. La empresa producirá más de 500.000 onzas de oro al año tras la puesta en marcha de nuevas plantas y zonas de minería.El acuerdo contempla tres pilares principales: formalización minera y desarrollo territorial sostenible, colaboración con Policía Nacional y Ministerio de Defensa, y supervisión ambiental de CORPOCALDAS. Además, la Fiscalía apoyará los procesos legales para proteger las operaciones y trabajadores.Un comité conjunto supervisará la aplicación del acuerdo durante los próximos diez años. Ambas partes asumirán sus costos asociados al arbitraje, asegurando transparencia y cumplimiento en las obligaciones pactadas. La medida consolida un marco de cooperación sin precedentes en Colombia.
Un informe de La Silla Vacía revela cómo César Palomino, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, usó sus influencias para favorecer a su familia cuando era magistrado del Consejo de Estado. Interceptaciones telefónicas obtenidas por la Fiscalía muestran que presionó para que un lote vinculado a su familia fuera elegido como el sitio para construir una nueva cárcel en Quibdó, Chocó.Entre el 7 y el 27 de octubre de 2021, Palomino sostuvo cinco llamadas con Francisco Vidal Rojas, exsecretario del Interior del Chocó y excandidato a la Cámara por el Partido Liberal. Vidal estaba siendo investigado por posible filtración de información a su hermano, vinculado con el narcotráfico. En las conversaciones, Palomino expresó su preocupación por la falta de avances en la viabilidad del lote y mencionó gestiones ante la Alcaldía de Quibdó, la Gobernación del Chocó y el Ministerio de Justicia.El predio en cuestión pertenecía a Wladimiro Garcés Machado, esposo de la tía de Palomino. Para que pudiera ser usado en la construcción de la cárcel, necesitaba un cambio en el uso del suelo. Palomino presionó para que el alcalde de Quibdó, Martín Sánchez, firmara una carta comprometiéndose a realizar dicho cambio. También mencionó contactos con el Ministerio de Justicia y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para destrabar el proceso.Las grabaciones hacen parte de expedientes judiciales relacionados con Vidal, quien fue capturado por corrupción al sufragante en 2022. En el momento de su detención, se encontraba en la casa de Palomino en Bogotá, lo que según la Fiscalía indicaba un intento de evadir la justicia.A pesar de estas revelaciones, Palomino fue nombrado director de la Andje por el presidente Gustavo Petro y se mantiene en el cargo. Además, su nombre suena como posible candidato a magistrado de la Corte Constitucional.Finalmente, el lote no fue seleccionado para la construcción de la cárcel. En 2024, el Gobierno de Petro anunció que la nueva cárcel de Quibdó se construiría en otro terreno, perteneciente al Consejo Comunitario Cocomacia. Sin embargo, según señaló La Silla Vacía, el predio vinculado a la familia de Palomino podría ser comprado por la Agencia Nacional de Tierras por 1.834 millones de pesos para ser entregado a comunidades indígenas desplazadas por la violencia.
Luego de que el pasado 12 de julio de 2024 la multinacional minera Zijin - Continental Gold instaurara de manera formal una demanda contra el Estado colombiano por cuenta de la compleja situación de seguridad en el proyecto que explota en el municipio de Buriticá, occidente de Antioquia, la nación aseguró que prepara su defensa ante los alegatos ya expuestos por la contraparte ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.El punto principal a decidir por parte de esta entidad consiste en determinar si el Estado ha violado o no el Tratado de Libre Comercio con Canadá, pues según la minera ha existido una violación “del estándar de nivel mínimo de trato, incluyendo la obligación de proveer protección y seguridades plenas y un trato justo y equitativo", en medio de la constantes disputas que se han librado a sangre y fuego por el control de varias zonas de esta mina, una de las más grandes del mundo, donde se estima que hay hasta 3.7 millones de onzas de oro en reservas.Aunque no se conocen detalles de los alegatos presentados por Continental Gold, estos manifestaron ante la entidad encargada de impartir justicia que terceros se han apropiado de manera ilegal de varios puntos de trabajo subterráneo de la mina, entre ellos la totalidad del túnel de Yaraguá, el 40 % del túnel Rampa Sur y el 30 % del túnel Higabra. Inclusive, de acuerdo a autoridades locales, además de mineros informales, detrás de estas ocupaciones estarían grupos armados como el Clan del Golfo.Según la Presidencia de la República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado adelanta el proceso de selección de la firma internacional que la acompañará en el pleito, para lo cual deberá contar con un equipo de asesores con una tasa de éxito mínima de 75 % representando a estados latinoamericanos en arbitrajes internacionales en los últimos 15 años. Una vez elegida esta firma se responderá la demanda.“La estrategia jurídica estará dirigida por el Grupo de Arbitrajes de Inversión de la Agencia Nacional, con base en la experiencia acumulada en este tipo de causas y su conocimiento directo de las medidas que serán objeto de discusión en la demanda”, aseguró la Presidencia.En uno de los hechos más recientes, a mediados de enero de este año, quienes serían un grupo de mineros irregulares lograron acceder a la mina Higabra donde destruyeron una de las subestaciones eléctricas con el que se garantiza el bombeo de aguas y el flujo de aire limpio al interior de la misma. En medio de varias detonaciones resultó herido uno de los guardas de este espacio.
El reciente anuncio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de suspender provisionalmente la ejecución del laudo que condenaba a Colombia al pago de 379 millones de dólares a Telefónica marca un giro temporal en este controvertido caso. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado logró un respiro en la disputa internacional, aunque el camino hacia la anulación definitiva del fallo sigue siendo incierto.Suspensión provisional: un triunfo temporalEn declaraciones a Blu Radio, Yebrail Haddad, director de defensa jurídica internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, explicó que la solicitud de anulación del laudo fue presentada el pasado 27 de noviembre, junto con una petición de suspensión provisional. Esta última fue aceptada el 6 de diciembre, paralizando temporalmente cualquier proceso de ejecución.“La suspensión evita que Telefónica pueda iniciar un proceso para cobrar los 379 millones de dólares más intereses y costas, que suman alrededor de 450 millones de dólares. Esto representa un alivio inmediato para Colombia”, aseguró Haddad. Sin embargo, enfatizó que esta decisión no es definitiva y dependerá de la constitución de un comité ad hoc, encargado de evaluar las causales de anulación.¿Qué implica un comité ad hoc?El proceso de anulación en el CIADI no cuenta con una segunda instancia o apelación, pero sí permite la creación de un comité ad hoc que evalúe las irregularidades del fallo. Este comité, compuesto por árbitros imparciales elegidos por las partes, tendrá la tarea de decidir si se anula o no el laudo.“El comité no revisa el fondo del caso, sino si hubo errores procedimentales o falta de motivación en la decisión inicial”, explicó Haddad. Según las reglas del CIADI, las partes deben acordar condiciones para elegir a los árbitros, lo que puede tomar hasta seis meses. Haddad aclaró que Colombia exigirá que el proceso sea en español y que los árbitros no tengan relación directa con las partes implicadas.En caso de anulación, “el escenario retrotraería todo al punto inicial, como si el laudo nunca hubiera existido. Sin embargo, esto también abre la posibilidad de que Telefónica pueda reiniciar el proceso arbitral”, advirtió.Doble estándar en los fallos: el caso América MóvilUno de los puntos más polémicos del caso Telefónica es que se basa en circunstancias similares a las del litigio con América Móvil, en el que el CIADI falló a favor de Colombia. Ambos casos están relacionados con la reversión de activos tras la terminación de contratos de telecomunicaciones.“En el caso de Telefónica, el tribunal consideró que Colombia violó el estándar de trato justo y equitativo. No obstante, creemos que esta conclusión carece de justificación. Varios argumentos de Colombia fueron ignorados, y el tribunal demoró tres años en emitir una decisión, generando incluso intereses adicionales por su mora”, denunció Haddad.Este contraste entre los fallos ha sido un punto clave en la defensa de Colombia, que busca demostrar que el laudo contra Telefónica es inconsistente y carece de fundamento jurídico sólido.El debate sobre el CIADI y la postura del GobiernoLa controversia también ha reavivado el debate sobre la participación de Colombia en organismos internacionales como el CIADI. En su momento, el presidente Gustavo Petro criticó los fallos adversos contra el país y sugirió reevaluar la permanencia de Colombia en estos mecanismos. Sin embargo, paradójicamente, esta vez el CIADI concedió la razón a Colombia en la suspensión provisional del laudo.“El Gobierno colombiano ha sido crítico con el CIADI, pero esta decisión muestra que el sistema puede favorecer a los Estados cuando se presentan argumentos sólidos. No obstante, el proceso para alcanzar una resolución definitiva será largo y complejo”, concluyó Haddad.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) una solicitud de anulación del laudo arbitral que favoreció a Telefónica S.A. El fallo, emitido el 12 de noviembre de 2024, ordena al Estado colombiano reembolsar a la compañía 379,8 millones de dólares por presunta violación del Tratado de Inversiones entre Colombia y España, firmado en 2005.El conflicto surgió tras una decisión de 2017, cuando Telefónica pagó dicha suma al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) por una resolución del arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Según el tribunal del Ciadi, Colombia incumplió su obligación de trato justo y equitativo hacia la empresa española.La ANDJE considera que el fallo debe anularse debido a varias irregularidades. Argumenta que el tribunal excedió sus facultades, violó normas fundamentales de procedimiento y no justificó adecuadamente sus conclusiones sobre responsabilidad y daños. Además, señala que el tribunal actuó como una corte de apelación sobre decisiones ya resueltas por la Corte Constitucional y el arbitraje colombiano, lo que contradice principios del derecho internacional.Otro punto de controversia es la ausencia de análisis sobre defensas clave presentadas por Colombia, como la falta de expectativas legítimas por parte de Telefónica y el incumplimiento del principio de irretroactividad de la ley. La ANDJE también cuestiona la orden de pagar intereses que penalizan al Estado por la demora del tribunal en emitir el laudo, una espera que superó los tres años y medio.Adicionalmente, la Agencia solicitó suspender automáticamente la ejecución del laudo hasta que un comité ad hoc del CIADI resuelva la solicitud de anulación. Colombia buscará que esta suspensión se mantenga mientras se toma una decisión definitiva.
El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, se encuentra en el centro de una controversia luego de que el portal La Silla Vacía publicara una investigación que lo vincula con un barco que ha sido incautado en varias ocasiones con cargamentos de droga.Según el reportaje, el barco Santo Steven, propiedad de la sociedad Almep SAS, de la cual Palomino fue dueño hasta el 2021, fue interceptado en tres ocasiones transportando marihuana y madera ilegal.En entrevista con Mañanas Blu, César Palomino negó cualquier participación en actividades ilícitas y aseguró que la información presentada en el reportaje no refleja la realidad de los hechos. Según Palomino, el incidente relacionado con el barco fue un hecho aislado, ocurrido hace siete años, cuando su hermano, Nelson Palomino, quien administraba el Santo Steven, estuvo involucrado en un operativo fallido de la Policía para capturar una banda que utilizaba la embarcación para transportar narcóticos."Fue una falta de coordinación entre dos patrullas de la policía. Mi hermano estaba colaborando en un operativo conjunto y terminó siendo arrestado por error. A los pocos días, la policía aclaró la situación y mi hermano fue liberado", explicó Palomino, tras decir que el único incidente del que tiene conocimiento sobre la presunta implicación de su familia en el narcotráfico.El barco Santo Steven ha sido señalado por sus presuntas actividades delictivas, no solo en relación al transporte de marihuana, sino también por cargar madera ilegal. Sin embargo, Palomino sostuvo en Blu Radio que el barco tiene una historia de más de 20 años prestando un "servicio social" en el Pacífico colombiano, transportando mercancías entre las comunidades más aisladas de la región."Este barco ha servido a las comunidades del Chocó y del Pacífico donde no hay carreteras ni medios alternativos de transporte. Es completamente falso que se haya utilizado para actividades ilícitas", afirmó Palomino, insistiendo en que las acusaciones de La Silla Vacía son infundadas y "calumniosas".El director de la Agencia Jurídica del Estado también rechazó las insinuaciones de que ha utilizado su poder e influencia para proteger sus intereses en el Chocó, así como para colocar a personas cercanas en posiciones de poder.Según Palomino, estas acusaciones carecen de pruebas concretas. "Dicen que puse a una magistrada en su puesto porque era amiga de su padre, pero no dicen quién es la magistrada ni quién es el padre. ¿Cómo puedo defenderme de afirmaciones tan vagas?", cuestionó el funcionario.Uno de los puntos clave de la polémica gira en torno a la relación de Palomino con la empresa Almep SAS y el barco Santo Steven. Aunque reconoció haber sido propietario de la sociedad hasta el 2021, Palomino insistió en que la responsabilidad operativa de la embarcación recaía en su hermana, quien fungía como representante legal de la compañía."Yo era el dueño de la empresa, pero nunca tuve el control directo de las actividades del barco. Mi hermana era quien administraba la sociedad", explicó. Además, recalcó que, durante su tiempo como magistrado del Consejo de Estado, cumplió con todos los requisitos legales y reportó sus intereses comerciales de manera transparente, como lo exigen las normativas. "Declaré mi propiedad sobre la empresa en todas mis declaraciones de conflicto de interés, tanto cuando era magistrado como cuando fui nombrado en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Nunca he ocultado nada", puntualizó."Una operación mal coordinada"En cuanto a los detalles del decomiso de más de media tonelada de marihuana en el Santo Steven, Palomino reiteró que el evento fue producto de una operación mal coordinada."Fue un episodio triste que causó mucho dolor a mi familia, pero que quedó aclarado por la Fiscalía", explicó. También negó tener conocimiento de otros incidentes relacionados con la incautación de madera ilegal o contrabando, tal como lo sugiere la investigación de La Silla Vacía."No tenía conocimiento de esos otros eventos. Me enteré por el reportaje y, hasta donde sé, nunca se nos informó de investigaciones al respecto", puntualizó.Palomino expresó su profundo malestar por lo que considera un ataque injustificado a su trayectoria profesional de más de 40 años en el servicio público. Como exmagistrado y actual director de la Agencia Jurídica del Estado, Palomino ha construido una carrera basada en la transparencia y el cumplimiento de la ley, algo que, según él, está siendo puesto en duda por "acusaciones sin fundamento"."No puedo permitir que se manche mi nombre por un hecho aislado y descontextualizado. He sido un juez íntegro, y mi reputación es lo más valioso que tengo. Defenderé mi buen nombre con todas las herramientas legales a mi disposición", concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, Jhon Camargo, entregó un balance de los procesos que enfrenta la Nación en el nivel local, pero también ante los diferentes tribunales de arbitraje internacional. Recientemente, se viene discutiendo casos como el Galeón San José, Meritage y Seda.Los procesos en el territorio nacional en diferentes instancias judiciales llega a más de 353.000 procesos que le cuestan al país 600 billones de pesos, según el director (e) Camargo.En instancias internacionales la cantidad de procesos es menor, pero representan sumas mucho más elevadas en caso de perder en las audiencias. Cabe mencionar que el pasado mes de mayo Colombia ganó una disputa de varios años con Montauk Metals, empresa canadiense que alegaba que el Estado colombiano le había vulnerado derechos al cercar un perímetro de protección ambiental en el páramo de Santurbán.“En tribunales de arbitraje de inversión hay 16 casos(...) nos pueden costar 11 billones de pesos en caso de perderlos son laudos (resoluciones o decisiones) que están pendientes para el próximo año” afirmó Jhon Camargo, director(e) de la ANDJE en entrevista con Blu Radio.Asimismo, el director encargado desde la salida de Martha Lucía Zamora aseguró que una de las mayores preocupaciones que tienen desde la entidad es el gran número de expedientes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) de colombianos que no han recibido una atención adecuada en la justicia colombiana y deciden recurrir a instancias en el exterior."Víctimas de graves afectaciones en materia de derechos humanos están llegando a la comisión en búsqueda de una reparación integral. Este no es un tema menor y es un tema que es realmente muy importante para mí desde mí corazón, darle la cara a las víctimas. En este momento estamos adelantando diferentes soluciones amistosas con el fin de no revictimizar a esas personas esos procesos largos, inoficiosos en el tiempo y que como Estado logremos decir perdón y hagamos ese reconocimiento de responsabilidad internacional, que tanto lo necesitan. No podemos seguir revictimizando a esas personas", señaló.
El director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, John Camargo, anunció en primicia a Blu Radio que este viernes, 14 de junio, Sea Search Armada (SSA) presentará una demanda contra Colombia, reclamando 10.000 millones de dólares. La demanda, vinculada al Galeón de San José, es considerada por Camargo como "completamente absurda" y "temeraria". Según Camargo, Sea Search Armada es “un inversor temerario que nunca encontró el Galeón de San José", al tener intenciones de quedarse con el patrimonio histórico invaluable por el Estado colombiano.Camargo expresó su descontento con la implicación de peritos legales colombianos en la demanda, mencionando que le parece "muy triste" que un colombiano apoye la posición de una multinacional contra los intereses del país. Esta situación surge mientras el Ministerio de Culturas organiza una expedición para investigar el Galeón.El proceso judicial tomó forma en diciembre con las primeras audiencias, y ahora SSA formaliza su intención de disputa con el memorial de demanda. Colombia tiene hasta octubre para responder, y Camargo asegura que su equipo está "armando y articulando toda la estrategia" para defender el patrimonio histórico nacional."Más allá de la mentira que creo que van a decir, quiero saber quién es el colombiano que se va a lanzar como perito legal de ellos", dijo Camargo. "Porque me parece extremadamente triste que un colombiano esté apoyando la posición de una multinacional o de un inversor extranjero de carácter temerario que está exponiendo los recursos de todo un país".El Ministerio de Culturas, por su parte, ha organizado una expedición para investigar el Galeón de San José, buscando proteger y valorar este patrimonio histórico. Entre abril y junio de este año, y descartó que se tenga contemplado extraer la embarcación.Asimismo, la cartera aseguró que esta será una investigación de naturaleza completamente científica y que lo que se va a recuperar "no son tesoros", sino pecios arqueológicos.El Gobierno estipuló para esta primera fase 18.000 millones de pesos, ya garantizados. A medida que avance esta etapa preliminar, se podrán ir apropiando recursos para las fases en las que se requerirá mayor tecnología.La demanda de SSA se sustenta en que la compañía afirma haber solicitado a la Dirección General Marítima (Dimar), permiso para explorar con fines investigativos las aguas de la Costa Caribe, haciendo énfasis en que estos nunca especificaron que se encontraban particularmente en búsqueda del Galeón. En un informe confidencial de la compañía del año 1982, confirmaron que habían encontrado naufragios, sin nombrar al San José directamente.
La Agencia Jurídica del Estado le salió al paso a las declaraciones que, en la mañana de este miércoles, dio la exdirectora de la entidad Martha Lucía Zamora, asegurando que se había sentido intimidada por el actual director encargado Jhon Camargo.Zamora señaló que le hicieron preguntas similares a las que hoy contestó ante la Procuraduría en el juicio disciplinario que se adelanta en contra del excanciller Álvaro Leyva y por eso había reportado la situación ante el Ministerio Público.“Son preguntas que tenían que darse en una actuación como aquí en la Procuraduría, yo ya para ese momento había rendido declaración bajo juramento, el 6 de diciembre del año pasado, y por lo tanto ya había una posición mía muy clara que no podía comprometer por escrito, ante unas preguntas improcedentes y extemporánea y sin saber la finalidad”, explicó Zamora.Ante esto, Camargo respondió por un lado que el pasado 28 de febrero sí hizo un requerimiento a la exdirectora pero para conocer en detalle información relevante de la entidad basándose en dudas que surgieron tras leer el informe de empalme que entregó Zamora.“La solicitud de ampliación fue respetuosa, se ajustó plenamente al marco jurídico vigente y tuvo como único objetivo conocer en detalle información de relevancia pública en aras de mantener una coherencia institucional”, argumentó Camargo.El actual director señaló, además, que las preguntas fueron de todos los temas y procesos de empalme, no solo de las actuaciones frente a la situación con los pasaportes.“Todas las solicitudes de ampliación de información estuvieron en línea con el contenido del informe presentado por la doctora Zamora Ávila en su calidad de directora general saliente y fueron motivadas por las preguntas, interrogantes y necesidades de ampliación que el mismo informe generó. En línea con lo anterior, solicitud de ampliación de información en relación con los comités de conciliación en los que participó la doctora Zamora responde inquietudes generadas por el mismo informe de gestión”, puntualizó Camargo.
No hay agua, tampoco luz desde hace más de 24 horas en Tonosí, el pueblo más cercano al epicentro del terremoto de magnitud 7.7 ocurrido el viernes en Panamá, que continúa bajo réplicas constantes desesperando a los vecinos, muchos de ellos ahora sin hogar.Lo que sí hay en uno de los parques es una olla improvisada cocinándose a fuego lento a manos de tres mujeres, personal del centro de salud, que han estado sirviendo las tres comidas - desayuno, almuerzo y cena- a lo largo de este sábado a los damnificados del pequeño pueblo.Los locales de Tonosí hacen fila para que Argelis Ortega, persona que decidió colaborar con la comunidad tras la emergencia, les dé algo de comer en un recipiente desechable. Algunos han perdido su vivienda y muchos tienen el miedo dentro del cuerpo.“Han sido bastantes. Desayuno, almuerzo y cena para más de cien personas“, dice a EFE Ortega mientras con actitud sazona el cerdo.El parque de ese pueblo alejado de la carretera Panamericana, la principal que cruza Panamá, se ha convertido en un campamento, comedor y hospital improvisado a la vez desde que a las 12:56 hora local del viernes un terremoto de magnitud 7.7 -según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)- ocurrió cerca de Tonosí, la localidad más próxima al epicentro.La comida fue donada por los vecinos mientras las autoridades locales reparten agua y los pacientes se ubican como pueden debajo de un par de toldas viejas con cuadros de ansiedad o golpes por las caídas en el momento del terremoto.Las principales vías para llegar hasta ese pequeño pueblo del sur de Panamá están dañadas: un deslizamiento de tierra ha cortado una de ellas y en la otra hay grietas, árboles caídos y piedras, por lo que el Ejecutivo ha venido en helicóptero a evaluar daños.Sin parar de temblarMientras el personal médico pone las vías intravenosas y Ortega revuelve el caldero, la tierra no para de temblar bajo sus pies con el más de un centenar de réplicas registradas desde el terremoto del viernes.Los vecinos están sobre sillas de plástico aunque los más pequeños duermen sobre colchones. Ese es el caso de Cristal Reyes, oriunda de Tonosí, que se mantiene en un círculo con su familia en medio del parque intentando calmar a sus hijos.“Ni me atreví a ir a mi casa. Me mandó un video (mi esposo) y está todo en el suelo“, hablaba a EFE cuando otra réplica obligó a parar la entrevista.Reyes trabaja cerca de ese parque y del centro médico. Cuando comenzó a temblar, salió corriendo pero la magnitud era tan grande que la tumbó junto a sus otros compañeros.La incomodidad y el nerviosismo se suman a las constantes réplicas reportadas a lo largo de este sábado mientras esperan el restablecimiento de los servicios básicos.Las autoridades de Panamá aún no han dado una cifra de pérdidas materiales por el terremoto, pero ya declararon un estado de emergencia nacional para canalizar hasta 100 millones de dólares para afrontar la situación.De acuerdo al más reciente reporte oficial, el evento sísmico dejó 27 personas heridas, ninguna de gravedad, afectó en distinto grado 426 viviendas en las que habitan 2.130 personas, 419 escuelas, así como algunas carreteras del interior.La zona más afectada es la conocida como península de Azuero, a donde pertenece Tonosí, una región árida cercana al Pacifico caracterizada por pequeños pueblos con un estilo colonial, población envejecida y una economía dependiente del sector primario.EFE pudo constatar que las plazas centrales de los pueblos tienen daños estructurales en sus históricos edificios, zonas acordonadas y vecinos a la espera de la ayuda humanitaria que está siendo distribuida.
La Liga BetPlay II continúa su calendario con resultados que mantienen la atención sobre los equipos que buscan avanzar en el campeonato. Entre los encuentros más destacados de la jornada estuvieron la victoria de Independiente Medellín sobre América de Cali, el triunfo de Jaguares ante Deportes Tolima y el partido entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo, que terminó después de una interrupción por enfrentamientos entre las barras bravas.¿Cuáles fueron los resultados de fecha 14 de la Liga BetPlay?Los partidos disputados dejaron marcadores variados, con varios equipos que repartieron puntos y otros que consiguieron victorias importantes en sus respectivos compromisos.La jornada dejó ocho encuentros con victorias, empates y un partido sin goles. Independiente Medellín venció 2-1 al América de Cali, mientras Jaguares superó 3-2 al Deportes Tolima. Por su parte, Cúcuta Deportivo derrotó 1-0 a Boyacá Chicó, en un compromiso que se reanudó tras los desmanes registrados en el estadio La Independencia.Once Caldas también sumó tres puntos al imponerse 1-0 frente a Llaneros. En los demás partidos, Fortaleza y Millonarios igualaron 1-1; Alianza y Águilas Doradas empataron 2-2, el mismo marcador que registraron Junior e Internacional de Bogotá. Deportivo Pereira y Deportivo Cali, entretanto, terminaron sin goles.El encuentro entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo tuvo una interrupción debido a desmanes en el estadio La Independencia.La fecha 14 tiene dos compromisos aplazados. Atlético Nacional contra Deportivo Pasto, previsto para el jueves 22 de octubre a las 8:00 p. m. Por su parte, Independiente Santa Fe se enfrentará a Atlético Bucaramanga el 26 de octubre a las 8:05 p. m.Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlayAmérica — 27 pts | DG: +16Deportivo Cali — 25 pts | DG: +11Atlético Nacional — 23 pts | DG: +11Bucaramanga — 23 pts | DG: +10Medellín — 23 pts | DG: +4Millonarios — 22 pts | DG: +7Santa Fe — 22 pts | DG: +7Tolima — 20 pts | DG: +1Cúcuta — 18 pts | DG: -3Once Caldas — 16 pts | DG: 0Águilas Doradas — 15 pts | DG: -1Llaneros — 14 pts | DG: -2Internacional — 14 pts | DG: -4Boyacá Chicó — 12 pts | DG: -9Alianza — 12 pts | DG: -12Fortaleza — 11 pts | DG: -5Junior — 10 pts | DG: -4Jaguares — 10 pts | DG: -8Pasto — 9 pts | DG: -9Deportivo Pereira — 9 pts | DG: -10
El Día de los Muertos es una de las celebraciones más representativas de México, una tradición en la que las familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos mediante ofrendas, flores, fotografías y otros elementos simbólicos. Esta festividad combina costumbres de los pueblos indígenas con tradiciones católicas y se ha convertido en una expresión cultural reconocida por sus colores, símbolos y significado. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre de cada año, además, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.Uno de los personajes más emblemáticos de esta celebración es La Catrina, una figura que representa a la muerte y que se ha convertido en un símbolo de la identidad mexicana. Su imagen, caracterizada por un rostro de calavera, vestimentas elegantes y grandes sombreros, forma parte de la representación moderna del Día de los Muertos.Una muñeca inspirada en La CatrinaEn homenaje a este personaje, Mattel creó la muñeca Catrina, una pieza que combina elementos tradicionales de la celebración mexicana con un estilo inspirado en la moda vintage.De acuerdo con la página web de la compañía, la muñeca destaca por su maquillaje de calavera, un sombrero de gran tamaño y bordados con motivos de esqueleto en el corpiño. Su vestuario incluye una falda amplia de dos capas, decorada con un colorido diseño de calaveras y rosas, además de detalles de encaje, flores y un abanico lenticular con forma de calavera.La muñeca cuenta con brazos articulados y manos con uñas largas; sin embargo, advierten que los colores y la decoración pueden variar.Imágenes de la muñeca La CatrinaLa presentación fue anunciada el pasado 10 de octubre a través de la cuenta oficial de la compañía, donde dieron a conocer esta edición especial de temporada. Estas son algunas imágenes difundidas de la nueva muñeca que conmemora el Día de los Muertos:
Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, llamado mar del Este en las dos Coreas, informaron el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) y el Ministerio de Defensa japonés, días después de que Seúl realizara su primera prueba de un misil hipersónico.El Ejército surcoreano señaló en un comunicado haber detectado hacia las 9:20 hora local (00:20 GMT) el lanzamiento de varios misiles balísticos desde la zona de Pionyang, que atravesaron más de 900 kilómetros."Las fuerzas armadas surcoreanas han intensificado su vigilancia para prepararse ante posibles lanzamientos adicionales y mantienen un estado de máxima alerta, compartiendo información relevante con Estados Unidos y Japón", indicó el JCS, según la nota recogida por la agencia de noticias local Yonhap.Por su parte, el Ministerio de Defensa japonés afirmó en la red social X haber detectado la caída del proyectil, y añadió que por el momento no se han confirmado daños materiales.El último lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte fue el pasado 3 de octubre, cuando el hermético país disparó un proyectil hacia el mar de Japón, que cayó fuera de la Zona Económica Exclusiva del archipiélago sin que se reportasen daños.Por otra parte, el pasado jueves, Seúl afirmó haber realizado con éxito una prueba de su primer misil hipersónico, que se encuentra en fase de investigación y desarrollo.Seúl y Pionyang, técnicamente todavía en guerra, se han visto envueltos en una escalada de tensión a raíz de la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ) entre las dos Coreas, que dejaron dos soldados surcoreanos gravemente heridos, además de otro soldado con heridas leves.Corea del Sur ha acusado a Pionyang de plantar los explosivos y ha exigido una disculpa del hermético régimen, además de haber realizado hace una semana una operación de desminado en la zona, mientras que las autoridades norcoreanas han negado estar involucradas y han acusado a Seúl de mentir para justificar "provocaciones" en la frontera.
La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado en el que resultaron heridos dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en Barranquilla, el sábado 10 de octubre, así como las amenazas dirigidas al presidente de la República, al ministro de Justicia y al director de esa institución.Los funcionarios heridos fueron identificados como Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, quienes trabajan en el establecimiento penitenciario El Bosque. De acuerdo con la entidad, ambos fueron atacados cuando salían de su turno.El pronunciamiento de la Defensoría se produjo luego de que el Ministerio de Justicia hiciera públicas las amenazas contra altas autoridades del Estado y personal penitenciario.La entidad expresó su solidaridad con los funcionarios afectados, sus familias y compañeros de trabajo, y advirtió sobre la persistencia de la violencia contra quienes trabajan en el sistema carcelario.Según la Defensoría del Pueblo, estos hechos ocurren en un contexto en el que el Gobierno ha adoptado medidas para reforzar la seguridad y el cumplimiento de las normas en los establecimientos penitenciarios, entre ellas, el traslado de personas privadas de la libertad.La entidad señaló que las amenazas y los ataques buscan condicionar las decisiones de las autoridades, aunque insistió en que las medidas de control penitenciario deben desarrollarse dentro del marco legal y con respeto por los derechos humanos.Además, recordó que la violencia contra funcionarios del INPEC no es un hecho aislado. Entre los antecedentes mencionó el asesinato del director de la Cárcel Modelo, en mayo de 2024, y los atentados registrados durante 2025 contra servidores penitenciarios en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia, Cartagena y Neiva.Frente a esta situación, la entidad formuló varias recomendaciones a las autoridades para prevenir nuevos ataques y garantizar la seguridad de los funcionarios.Al Ministerio de Justicia y al INPEC les pidió avanzar, en coordinación con la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y las autoridades territoriales, en un plan de protección que incluya evaluaciones individuales de riesgo, medidas de seguridad para los funcionarios y sus familias, y rutas de atención inmediata.También solicitó fortalecer los planes de seguridad penitenciaria y revisar los riesgos asociados a los traslados de personas privadas de la libertad, teniendo en cuenta las condiciones de los establecimientos de destino y los derechos de los internos y sus familias.Por su parte, pidió al INPEC y a la Policía reforzar los protocolos de seguridad durante estos procedimientos.Finalmente, la Defensoría instó a la Fiscalía General de la Nación a investigar con celeridad el atentado y las amenazas, verificar la autenticidad del panfleto que ha circulado y llevar ante la justicia a los responsables.