Colombia y la minera Aris Mining firmaron un acuerdo que pone fin al arbitraje iniciado en 2018 ante el CIADI, institución del Grupo del Banco Mundial. La empresa reclamaba cerca de 380 millones de dólares por supuestos daños a sus operaciones.El acuerdo establece compromisos de cooperación entre el Estado y la compañía minera, buscando seguridad, formalización minera y desarrollo sostenible en las comunidades de Marmato y Segovia.Aris Mining, surgida de la fusión de Gran Colombia Gold y Aris Gold en 2022, continuará sus operaciones en las minas de Segovia y Marmato. La empresa producirá más de 500.000 onzas de oro al año tras la puesta en marcha de nuevas plantas y zonas de minería.El acuerdo contempla tres pilares principales: formalización minera y desarrollo territorial sostenible, colaboración con Policía Nacional y Ministerio de Defensa, y supervisión ambiental de CORPOCALDAS. Además, la Fiscalía apoyará los procesos legales para proteger las operaciones y trabajadores.Un comité conjunto supervisará la aplicación del acuerdo durante los próximos diez años. Ambas partes asumirán sus costos asociados al arbitraje, asegurando transparencia y cumplimiento en las obligaciones pactadas. La medida consolida un marco de cooperación sin precedentes en Colombia.
Un informe de La Silla Vacía revela cómo César Palomino, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, usó sus influencias para favorecer a su familia cuando era magistrado del Consejo de Estado. Interceptaciones telefónicas obtenidas por la Fiscalía muestran que presionó para que un lote vinculado a su familia fuera elegido como el sitio para construir una nueva cárcel en Quibdó, Chocó.Entre el 7 y el 27 de octubre de 2021, Palomino sostuvo cinco llamadas con Francisco Vidal Rojas, exsecretario del Interior del Chocó y excandidato a la Cámara por el Partido Liberal. Vidal estaba siendo investigado por posible filtración de información a su hermano, vinculado con el narcotráfico. En las conversaciones, Palomino expresó su preocupación por la falta de avances en la viabilidad del lote y mencionó gestiones ante la Alcaldía de Quibdó, la Gobernación del Chocó y el Ministerio de Justicia.El predio en cuestión pertenecía a Wladimiro Garcés Machado, esposo de la tía de Palomino. Para que pudiera ser usado en la construcción de la cárcel, necesitaba un cambio en el uso del suelo. Palomino presionó para que el alcalde de Quibdó, Martín Sánchez, firmara una carta comprometiéndose a realizar dicho cambio. También mencionó contactos con el Ministerio de Justicia y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para destrabar el proceso.Las grabaciones hacen parte de expedientes judiciales relacionados con Vidal, quien fue capturado por corrupción al sufragante en 2022. En el momento de su detención, se encontraba en la casa de Palomino en Bogotá, lo que según la Fiscalía indicaba un intento de evadir la justicia.A pesar de estas revelaciones, Palomino fue nombrado director de la Andje por el presidente Gustavo Petro y se mantiene en el cargo. Además, su nombre suena como posible candidato a magistrado de la Corte Constitucional.Finalmente, el lote no fue seleccionado para la construcción de la cárcel. En 2024, el Gobierno de Petro anunció que la nueva cárcel de Quibdó se construiría en otro terreno, perteneciente al Consejo Comunitario Cocomacia. Sin embargo, según señaló La Silla Vacía, el predio vinculado a la familia de Palomino podría ser comprado por la Agencia Nacional de Tierras por 1.834 millones de pesos para ser entregado a comunidades indígenas desplazadas por la violencia.
Luego de que el pasado 12 de julio de 2024 la multinacional minera Zijin - Continental Gold instaurara de manera formal una demanda contra el Estado colombiano por cuenta de la compleja situación de seguridad en el proyecto que explota en el municipio de Buriticá, occidente de Antioquia, la nación aseguró que prepara su defensa ante los alegatos ya expuestos por la contraparte ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.El punto principal a decidir por parte de esta entidad consiste en determinar si el Estado ha violado o no el Tratado de Libre Comercio con Canadá, pues según la minera ha existido una violación “del estándar de nivel mínimo de trato, incluyendo la obligación de proveer protección y seguridades plenas y un trato justo y equitativo", en medio de la constantes disputas que se han librado a sangre y fuego por el control de varias zonas de esta mina, una de las más grandes del mundo, donde se estima que hay hasta 3.7 millones de onzas de oro en reservas.Aunque no se conocen detalles de los alegatos presentados por Continental Gold, estos manifestaron ante la entidad encargada de impartir justicia que terceros se han apropiado de manera ilegal de varios puntos de trabajo subterráneo de la mina, entre ellos la totalidad del túnel de Yaraguá, el 40 % del túnel Rampa Sur y el 30 % del túnel Higabra. Inclusive, de acuerdo a autoridades locales, además de mineros informales, detrás de estas ocupaciones estarían grupos armados como el Clan del Golfo.Según la Presidencia de la República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado adelanta el proceso de selección de la firma internacional que la acompañará en el pleito, para lo cual deberá contar con un equipo de asesores con una tasa de éxito mínima de 75 % representando a estados latinoamericanos en arbitrajes internacionales en los últimos 15 años. Una vez elegida esta firma se responderá la demanda.“La estrategia jurídica estará dirigida por el Grupo de Arbitrajes de Inversión de la Agencia Nacional, con base en la experiencia acumulada en este tipo de causas y su conocimiento directo de las medidas que serán objeto de discusión en la demanda”, aseguró la Presidencia.En uno de los hechos más recientes, a mediados de enero de este año, quienes serían un grupo de mineros irregulares lograron acceder a la mina Higabra donde destruyeron una de las subestaciones eléctricas con el que se garantiza el bombeo de aguas y el flujo de aire limpio al interior de la misma. En medio de varias detonaciones resultó herido uno de los guardas de este espacio.
El reciente anuncio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de suspender provisionalmente la ejecución del laudo que condenaba a Colombia al pago de 379 millones de dólares a Telefónica marca un giro temporal en este controvertido caso. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado logró un respiro en la disputa internacional, aunque el camino hacia la anulación definitiva del fallo sigue siendo incierto.Suspensión provisional: un triunfo temporalEn declaraciones a Blu Radio, Yebrail Haddad, director de defensa jurídica internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, explicó que la solicitud de anulación del laudo fue presentada el pasado 27 de noviembre, junto con una petición de suspensión provisional. Esta última fue aceptada el 6 de diciembre, paralizando temporalmente cualquier proceso de ejecución.“La suspensión evita que Telefónica pueda iniciar un proceso para cobrar los 379 millones de dólares más intereses y costas, que suman alrededor de 450 millones de dólares. Esto representa un alivio inmediato para Colombia”, aseguró Haddad. Sin embargo, enfatizó que esta decisión no es definitiva y dependerá de la constitución de un comité ad hoc, encargado de evaluar las causales de anulación.¿Qué implica un comité ad hoc?El proceso de anulación en el CIADI no cuenta con una segunda instancia o apelación, pero sí permite la creación de un comité ad hoc que evalúe las irregularidades del fallo. Este comité, compuesto por árbitros imparciales elegidos por las partes, tendrá la tarea de decidir si se anula o no el laudo.“El comité no revisa el fondo del caso, sino si hubo errores procedimentales o falta de motivación en la decisión inicial”, explicó Haddad. Según las reglas del CIADI, las partes deben acordar condiciones para elegir a los árbitros, lo que puede tomar hasta seis meses. Haddad aclaró que Colombia exigirá que el proceso sea en español y que los árbitros no tengan relación directa con las partes implicadas.En caso de anulación, “el escenario retrotraería todo al punto inicial, como si el laudo nunca hubiera existido. Sin embargo, esto también abre la posibilidad de que Telefónica pueda reiniciar el proceso arbitral”, advirtió.Doble estándar en los fallos: el caso América MóvilUno de los puntos más polémicos del caso Telefónica es que se basa en circunstancias similares a las del litigio con América Móvil, en el que el CIADI falló a favor de Colombia. Ambos casos están relacionados con la reversión de activos tras la terminación de contratos de telecomunicaciones.“En el caso de Telefónica, el tribunal consideró que Colombia violó el estándar de trato justo y equitativo. No obstante, creemos que esta conclusión carece de justificación. Varios argumentos de Colombia fueron ignorados, y el tribunal demoró tres años en emitir una decisión, generando incluso intereses adicionales por su mora”, denunció Haddad.Este contraste entre los fallos ha sido un punto clave en la defensa de Colombia, que busca demostrar que el laudo contra Telefónica es inconsistente y carece de fundamento jurídico sólido.El debate sobre el CIADI y la postura del GobiernoLa controversia también ha reavivado el debate sobre la participación de Colombia en organismos internacionales como el CIADI. En su momento, el presidente Gustavo Petro criticó los fallos adversos contra el país y sugirió reevaluar la permanencia de Colombia en estos mecanismos. Sin embargo, paradójicamente, esta vez el CIADI concedió la razón a Colombia en la suspensión provisional del laudo.“El Gobierno colombiano ha sido crítico con el CIADI, pero esta decisión muestra que el sistema puede favorecer a los Estados cuando se presentan argumentos sólidos. No obstante, el proceso para alcanzar una resolución definitiva será largo y complejo”, concluyó Haddad.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) una solicitud de anulación del laudo arbitral que favoreció a Telefónica S.A. El fallo, emitido el 12 de noviembre de 2024, ordena al Estado colombiano reembolsar a la compañía 379,8 millones de dólares por presunta violación del Tratado de Inversiones entre Colombia y España, firmado en 2005.El conflicto surgió tras una decisión de 2017, cuando Telefónica pagó dicha suma al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) por una resolución del arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Según el tribunal del Ciadi, Colombia incumplió su obligación de trato justo y equitativo hacia la empresa española.La ANDJE considera que el fallo debe anularse debido a varias irregularidades. Argumenta que el tribunal excedió sus facultades, violó normas fundamentales de procedimiento y no justificó adecuadamente sus conclusiones sobre responsabilidad y daños. Además, señala que el tribunal actuó como una corte de apelación sobre decisiones ya resueltas por la Corte Constitucional y el arbitraje colombiano, lo que contradice principios del derecho internacional.Otro punto de controversia es la ausencia de análisis sobre defensas clave presentadas por Colombia, como la falta de expectativas legítimas por parte de Telefónica y el incumplimiento del principio de irretroactividad de la ley. La ANDJE también cuestiona la orden de pagar intereses que penalizan al Estado por la demora del tribunal en emitir el laudo, una espera que superó los tres años y medio.Adicionalmente, la Agencia solicitó suspender automáticamente la ejecución del laudo hasta que un comité ad hoc del CIADI resuelva la solicitud de anulación. Colombia buscará que esta suspensión se mantenga mientras se toma una decisión definitiva.
El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, se encuentra en el centro de una controversia luego de que el portal La Silla Vacía publicara una investigación que lo vincula con un barco que ha sido incautado en varias ocasiones con cargamentos de droga.Según el reportaje, el barco Santo Steven, propiedad de la sociedad Almep SAS, de la cual Palomino fue dueño hasta el 2021, fue interceptado en tres ocasiones transportando marihuana y madera ilegal.En entrevista con Mañanas Blu, César Palomino negó cualquier participación en actividades ilícitas y aseguró que la información presentada en el reportaje no refleja la realidad de los hechos. Según Palomino, el incidente relacionado con el barco fue un hecho aislado, ocurrido hace siete años, cuando su hermano, Nelson Palomino, quien administraba el Santo Steven, estuvo involucrado en un operativo fallido de la Policía para capturar una banda que utilizaba la embarcación para transportar narcóticos."Fue una falta de coordinación entre dos patrullas de la policía. Mi hermano estaba colaborando en un operativo conjunto y terminó siendo arrestado por error. A los pocos días, la policía aclaró la situación y mi hermano fue liberado", explicó Palomino, tras decir que el único incidente del que tiene conocimiento sobre la presunta implicación de su familia en el narcotráfico.El barco Santo Steven ha sido señalado por sus presuntas actividades delictivas, no solo en relación al transporte de marihuana, sino también por cargar madera ilegal. Sin embargo, Palomino sostuvo en Blu Radio que el barco tiene una historia de más de 20 años prestando un "servicio social" en el Pacífico colombiano, transportando mercancías entre las comunidades más aisladas de la región."Este barco ha servido a las comunidades del Chocó y del Pacífico donde no hay carreteras ni medios alternativos de transporte. Es completamente falso que se haya utilizado para actividades ilícitas", afirmó Palomino, insistiendo en que las acusaciones de La Silla Vacía son infundadas y "calumniosas".El director de la Agencia Jurídica del Estado también rechazó las insinuaciones de que ha utilizado su poder e influencia para proteger sus intereses en el Chocó, así como para colocar a personas cercanas en posiciones de poder.Según Palomino, estas acusaciones carecen de pruebas concretas. "Dicen que puse a una magistrada en su puesto porque era amiga de su padre, pero no dicen quién es la magistrada ni quién es el padre. ¿Cómo puedo defenderme de afirmaciones tan vagas?", cuestionó el funcionario.Uno de los puntos clave de la polémica gira en torno a la relación de Palomino con la empresa Almep SAS y el barco Santo Steven. Aunque reconoció haber sido propietario de la sociedad hasta el 2021, Palomino insistió en que la responsabilidad operativa de la embarcación recaía en su hermana, quien fungía como representante legal de la compañía."Yo era el dueño de la empresa, pero nunca tuve el control directo de las actividades del barco. Mi hermana era quien administraba la sociedad", explicó. Además, recalcó que, durante su tiempo como magistrado del Consejo de Estado, cumplió con todos los requisitos legales y reportó sus intereses comerciales de manera transparente, como lo exigen las normativas. "Declaré mi propiedad sobre la empresa en todas mis declaraciones de conflicto de interés, tanto cuando era magistrado como cuando fui nombrado en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Nunca he ocultado nada", puntualizó."Una operación mal coordinada"En cuanto a los detalles del decomiso de más de media tonelada de marihuana en el Santo Steven, Palomino reiteró que el evento fue producto de una operación mal coordinada."Fue un episodio triste que causó mucho dolor a mi familia, pero que quedó aclarado por la Fiscalía", explicó. También negó tener conocimiento de otros incidentes relacionados con la incautación de madera ilegal o contrabando, tal como lo sugiere la investigación de La Silla Vacía."No tenía conocimiento de esos otros eventos. Me enteré por el reportaje y, hasta donde sé, nunca se nos informó de investigaciones al respecto", puntualizó.Palomino expresó su profundo malestar por lo que considera un ataque injustificado a su trayectoria profesional de más de 40 años en el servicio público. Como exmagistrado y actual director de la Agencia Jurídica del Estado, Palomino ha construido una carrera basada en la transparencia y el cumplimiento de la ley, algo que, según él, está siendo puesto en duda por "acusaciones sin fundamento"."No puedo permitir que se manche mi nombre por un hecho aislado y descontextualizado. He sido un juez íntegro, y mi reputación es lo más valioso que tengo. Defenderé mi buen nombre con todas las herramientas legales a mi disposición", concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, Jhon Camargo, entregó un balance de los procesos que enfrenta la Nación en el nivel local, pero también ante los diferentes tribunales de arbitraje internacional. Recientemente, se viene discutiendo casos como el Galeón San José, Meritage y Seda.Los procesos en el territorio nacional en diferentes instancias judiciales llega a más de 353.000 procesos que le cuestan al país 600 billones de pesos, según el director (e) Camargo.En instancias internacionales la cantidad de procesos es menor, pero representan sumas mucho más elevadas en caso de perder en las audiencias. Cabe mencionar que el pasado mes de mayo Colombia ganó una disputa de varios años con Montauk Metals, empresa canadiense que alegaba que el Estado colombiano le había vulnerado derechos al cercar un perímetro de protección ambiental en el páramo de Santurbán.“En tribunales de arbitraje de inversión hay 16 casos(...) nos pueden costar 11 billones de pesos en caso de perderlos son laudos (resoluciones o decisiones) que están pendientes para el próximo año” afirmó Jhon Camargo, director(e) de la ANDJE en entrevista con Blu Radio.Asimismo, el director encargado desde la salida de Martha Lucía Zamora aseguró que una de las mayores preocupaciones que tienen desde la entidad es el gran número de expedientes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) de colombianos que no han recibido una atención adecuada en la justicia colombiana y deciden recurrir a instancias en el exterior."Víctimas de graves afectaciones en materia de derechos humanos están llegando a la comisión en búsqueda de una reparación integral. Este no es un tema menor y es un tema que es realmente muy importante para mí desde mí corazón, darle la cara a las víctimas. En este momento estamos adelantando diferentes soluciones amistosas con el fin de no revictimizar a esas personas esos procesos largos, inoficiosos en el tiempo y que como Estado logremos decir perdón y hagamos ese reconocimiento de responsabilidad internacional, que tanto lo necesitan. No podemos seguir revictimizando a esas personas", señaló.
El director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, John Camargo, anunció en primicia a Blu Radio que este viernes, 14 de junio, Sea Search Armada (SSA) presentará una demanda contra Colombia, reclamando 10.000 millones de dólares. La demanda, vinculada al Galeón de San José, es considerada por Camargo como "completamente absurda" y "temeraria". Según Camargo, Sea Search Armada es “un inversor temerario que nunca encontró el Galeón de San José", al tener intenciones de quedarse con el patrimonio histórico invaluable por el Estado colombiano.Camargo expresó su descontento con la implicación de peritos legales colombianos en la demanda, mencionando que le parece "muy triste" que un colombiano apoye la posición de una multinacional contra los intereses del país. Esta situación surge mientras el Ministerio de Culturas organiza una expedición para investigar el Galeón.El proceso judicial tomó forma en diciembre con las primeras audiencias, y ahora SSA formaliza su intención de disputa con el memorial de demanda. Colombia tiene hasta octubre para responder, y Camargo asegura que su equipo está "armando y articulando toda la estrategia" para defender el patrimonio histórico nacional."Más allá de la mentira que creo que van a decir, quiero saber quién es el colombiano que se va a lanzar como perito legal de ellos", dijo Camargo. "Porque me parece extremadamente triste que un colombiano esté apoyando la posición de una multinacional o de un inversor extranjero de carácter temerario que está exponiendo los recursos de todo un país".El Ministerio de Culturas, por su parte, ha organizado una expedición para investigar el Galeón de San José, buscando proteger y valorar este patrimonio histórico. Entre abril y junio de este año, y descartó que se tenga contemplado extraer la embarcación.Asimismo, la cartera aseguró que esta será una investigación de naturaleza completamente científica y que lo que se va a recuperar "no son tesoros", sino pecios arqueológicos.El Gobierno estipuló para esta primera fase 18.000 millones de pesos, ya garantizados. A medida que avance esta etapa preliminar, se podrán ir apropiando recursos para las fases en las que se requerirá mayor tecnología.La demanda de SSA se sustenta en que la compañía afirma haber solicitado a la Dirección General Marítima (Dimar), permiso para explorar con fines investigativos las aguas de la Costa Caribe, haciendo énfasis en que estos nunca especificaron que se encontraban particularmente en búsqueda del Galeón. En un informe confidencial de la compañía del año 1982, confirmaron que habían encontrado naufragios, sin nombrar al San José directamente.
La Agencia Jurídica del Estado le salió al paso a las declaraciones que, en la mañana de este miércoles, dio la exdirectora de la entidad Martha Lucía Zamora, asegurando que se había sentido intimidada por el actual director encargado Jhon Camargo.Zamora señaló que le hicieron preguntas similares a las que hoy contestó ante la Procuraduría en el juicio disciplinario que se adelanta en contra del excanciller Álvaro Leyva y por eso había reportado la situación ante el Ministerio Público.“Son preguntas que tenían que darse en una actuación como aquí en la Procuraduría, yo ya para ese momento había rendido declaración bajo juramento, el 6 de diciembre del año pasado, y por lo tanto ya había una posición mía muy clara que no podía comprometer por escrito, ante unas preguntas improcedentes y extemporánea y sin saber la finalidad”, explicó Zamora.Ante esto, Camargo respondió por un lado que el pasado 28 de febrero sí hizo un requerimiento a la exdirectora pero para conocer en detalle información relevante de la entidad basándose en dudas que surgieron tras leer el informe de empalme que entregó Zamora.“La solicitud de ampliación fue respetuosa, se ajustó plenamente al marco jurídico vigente y tuvo como único objetivo conocer en detalle información de relevancia pública en aras de mantener una coherencia institucional”, argumentó Camargo.El actual director señaló, además, que las preguntas fueron de todos los temas y procesos de empalme, no solo de las actuaciones frente a la situación con los pasaportes.“Todas las solicitudes de ampliación de información estuvieron en línea con el contenido del informe presentado por la doctora Zamora Ávila en su calidad de directora general saliente y fueron motivadas por las preguntas, interrogantes y necesidades de ampliación que el mismo informe generó. En línea con lo anterior, solicitud de ampliación de información en relación con los comités de conciliación en los que participó la doctora Zamora responde inquietudes generadas por el mismo informe de gestión”, puntualizó Camargo.
El presidente Gustavo Petro le pidió a la Agencia Jurídica del Estado para revisar el contrato de la primera línea del metro de Bogotá, tras presentar los resultados de un estudio realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI). En su alocución, el mandatario propuso que el sistema de transporte sea mixto, respaldado en las conclusiones de dicho informe.Acompañado por el ministro de Transporte, William Camargo, y la viceministra de Infraestructura, María Constanza García, el presidente resaltó la importancia de modificar los diseños de la primera línea del metro, siguiendo las recomendaciones de la SCI, a la que describió como una organización sin ánimo de lucro con amplia experiencia en el tema.Según el mandatario, el estudio de la SCI revela que la propuesta actual presentaría pérdidas significativas para la sociedad bogotana, estimando una disminución del 77 % en posibles beneficios en diversas variables. También señaló que el tiempo de viaje de los ciudadanos se reduciría en un 77 % con un modelo mixto, en comparación con el proyecto actual de metro elevado. El presidente Petro enfatizó que la falta de planificación en la propuesta actual podría resultar en demoras significativas, especialmente para personas mayores o enfermas, afectando su tiempo de viaje.Además, el presidente reveló que, según el estudio, se habrían perdido 8 billones de pesos por no haber implementado el proyecto originalmente propuesto. En este sentido, hizo un llamado a la Agencia Jurídica del Estado para que defienda los recursos del Presupuesto General de la Nación y permita financiar un mejor metro para Bogotá.Para disipar temores sobre posibles demoras adicionales, el presidente Petro aseguró que el modelo mixto no conllevaría retrasos adicionales y afirmó que se entregarán los resultados del estudio a las autoridades pertinentes, incluido el alcalde de Bogotá y los órganos de control. "Aun estamos a tiempo”, concluyó.El presidente Petro concluyó su alocución reiterando su compromiso con la mejora del sistema de transporte en la capital colombiana y su confianza en el potencial de un modelo mixto para el metro de Bogotá.
Ahorrar, invertir o construir un patrimonio sigue siendo un reto para gran parte de los colombianos. Sin embargo, de acuerdo con una tesis las dificultades económicas no siempre están relacionadas únicamente con el nivel de ingresos. El 80 % de colombianos se arrepiente de cómo gasta su dineroLa tesis fue presentada por el empresario y escritor Luis Fernando Urrego en su libro FE: Finanzas Emocionales. Según el autor, las emociones, las creencias y los patrones familiares también influyen en la manera en que las personas administran su dinero, una hipótesis que toma relevancia al considerar que, según el Índice de Arrepentimiento Financiero, cerca del 80% de los colombianos asegura arrepentirse de cómo gasta ingresos extraordinarios, como la prima.Según Urrego, el comportamiento financiero está determinado en gran medida por experiencias de vida, miedos y modelos aprendidos dentro del núcleo familiar. A partir de su experiencia formando a más de 10.000 personas, sostiene que muchas decisiones de gasto, ahorro e inversión responden a creencias inconscientes más que a la falta de conocimientos sobre finanzas."Las experiencias de escasez, fidelidades familiares ocultas y modelos en el núcleo familiar determinan las decisiones que tomamos con el dinero", explica el autor en el documento.Desde esta perspectiva, el empresario afirma que aumentar los ingresos no garantiza una mejor salud financiera si las personas continúan repitiendo patrones que afectan sus decisiones económicas. En ese sentido, plantea que comprender la relación emocional con el dinero puede ser un complemento a la educación financiera tradicional.Las cifras muestran los desafíos financieros del paísLa reflexión también se apoya en indicadores que evidencian las dificultades económicas que enfrentan muchos colombianos. Según un estudio de Bitfinex Securities, menos del 2 % de la población participa en instrumentos de inversión.A esto se suman cifras recientes del DANE, que muestran que solo cerca del 35 % de los hogares cuenta con vivienda propia, mientras que el 55,3 % de los trabajadores se encuentra en condiciones de informalidad laboral.De acuerdo con el documento, estos datos reflejan las dificultades que existen para construir patrimonio y acceder a mecanismos de inversión que permitan mejorar el bienestar económico a largo plazo.Una visión diferente sobre la educación financieraA partir de estos elementos, Urrego propone ampliar la conversación sobre las finanzas personales y no limitarla a conceptos como presupuesto, ahorro o inversión. Según el autor, también es necesario identificar las creencias y hábitos que influyen en las decisiones económicas para desarrollar una relación más consciente con el dinero.Aunque esta postura corresponde a la tesis planteada por el empresario en su libro, coincide con la idea de que las decisiones financieras no dependen exclusivamente del nivel de ingresos, sino también de factores relacionados con el comportamiento humano y los hábitos adquiridos a lo largo de la vida.
El sorteo de ColorLoto, integrante de la familia Baloto y caracterizado por combinar números y colores en su mecánica, llevó a cabo el sorteo número 195 el jueves 25 de junio de 2026.Resultado del último sorteo jueves 25 de junio de 2026De acuerdo con los resultados oficiales divulgados tras el evento, la combinación ganadora estuvo compuesta por las siguientes seis balotas: 3 (negro) - 7 (verde) - 7 (blanco) - 3 (blanco) - 7 (azul) - 1 (negro).ColorLOTO se ha consolidado como una de las modalidades de Baloto que incorpora una dinámica distinta al momento de realizar las apuestas. Con un valor de $3.000, los participantes deben elegir una combinación de seis colores —amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro— y asignar a cada uno un número del 1 al 7, siguiendo las reglas establecidas para la selección.¿Cómo se juega?La mecánica permite seleccionar seis colores y relacionarlos con un número. Los colores solo pueden repetirse cuando están asociados a un número diferente, mientras que un mismo número puede utilizarse más de una vez únicamente si corresponde a un color distinto. Además, en un mismo tiquete es posible realizar hasta cinco apuestas.Sorteos dos veces por semanaLos sorteos de ColorLOTO se llevan a cabo los lunes y jueves a las 10:00 p. m. Cada edición brinda a los jugadores la oportunidad de participar por diferentes categorías de premios.Seis maneras de ganarLa modalidad ofrece seis formas de ganar, dependiendo del nivel de aciertos obtenido. El Gran Acumulado, que inicia en $1.000 millones, se entrega a quienes logren acertar la combinación completa de los seis colores y los seis números elegidos en su apuesta. De esta manera, ColorLOTO amplía las opciones de premio para los jugadores que participan en cada sorteo.El sorteo se realiza bajo supervisión de autoridades competentes, garantizando la transparencia en la selección de las balotas y la publicación de resultados. Como es habitual, los organizadores recomiendan a los participantes verificar sus resultados únicamente a través de canales oficiales para evitar errores o confusiones.Con el incremento del acumulado a $1.900 millones, se espera un mayor interés de los jugadores en el próximo sorteo, en el que nuevamente estará en juego uno de los premios más llamativos dentro de esta modalidad. Mientras tanto, los resultados del sorteo 195 ya hacen parte del registro oficial de este juego que continúa consolidándose en el país.
El Consejo de Regulación de Alquileres de Nueva York votó este jueves a favor de congelar los alquileres de casi un millón de apartamentos cuya renta está regulada, promesa central de la campaña del alcalde Zohran Mamdani.El organismo de la Alcaldía suspendió con esta medida los aumentos para los contratos de alquiler de uno y dos años, una regulación que afecta al 40 % de todos los apartamentos de cinco distritos, detalló el diario New York Times."Esta es una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York", declaró Mamdani tras la votación en un comunicado recogido por medios."Seguiré trabajando para lograr una ciudad más asequible mediante la construcción y preservación de viviendas asequibles, la reducción de los costos operativos de los edificios —como los seguros— y garantizando que los inquilinos conozcan sus derechos", añadió en la nota.Durante la campaña electoral, Mamdani prometió resolver la crisis de vivienda en una de las ciudades más caras del mundo y como alcalde destinó un presupuesto local de 22.000 millones de dólares en este concepto, la mayor inversión en años.Mamdani presentó en mayo un plan para construir 200.000 nuevas viviendas asequibles en la ciudad y preservar otras 200.000 ya existentes para un plazo de 10 años.La votación de hoy sigue a meses de audiencias y de consultas públicas y un extenso debate previo por cómo impactará a los propietarios de las llamadas rentas estabilizadas, quienes, según un informe de la junta, han visto incrementado sus ingresos.Se estima que unos 2,4 millones de neoyorquinos viven en viviendas con alquiler estabilizado, cuyo precio está regulado.
La suerte volvió a rodar este jueves 25 de junio de 2026 con una nueva edición de MiLoto, uno de los juegos de azar más populares del país. De acuerdo con la información oficial del sorteo número 560 la combinación ganadora estuvo conformada por: Los números: 30, 25, 35, 03 y 15.El premio mayor acumulado para este sorteo es de $260 millones, miles de jugadores lograron obtener premios en las diferentes categorías de aciertos. De no haber ganador, el acumulado para el próximo sorteo aumentará nuevamente.¿Cómo jugar?Para participar, el jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 39, ya sea de forma manual, eligiendo personalmente cada número, o de manera automática, dejando que el sistema los genere al azar. En un mismo tiquete es posible realizar hasta cinco apuestas, y durante el sorteo se extraen aleatoriamente cinco balotas, que determinan la combinación ganadora.¿Cuánto vale?El precio al público de MiLoto es de $4.000 IVA incluido y el premio mayor inicial será de $120 millones de pesos.Plan de premiosMiLoto premia 2, 3, 4 o 5 aciertos de los 5 números del 1 al 39 que seleccionaste, sin importar el orden, aquí te mostramos:Premio inicial: $120.000.000 y se irá acumulando en cada sorteo si no hay un ganadorExisten 4 formas de ganar con MiLotoLos jugadores podrán ganar con 5, 4, 3 o 2 aciertos.Con 5 aciertos ganará el premio mayor que iniciará en $120 millones. Si no hay un ganador, el acumulado irá aumentando en cada sorteo.Si no hay ganador del acumulado, las categorías de 4 y 3 aciertos recibirán un porcentaje adicional a su premio.Si tiene 2 aciertos, podrá ganarse $4000 pesos, con el cual podrá hacer una nueva apuesta.Los resultados presentados en este artículo tienen carácter estrictamente informativo y están sujetos a la verificación oficial realizada por la entidad operadora de MiLoto.Nuevo acumulado para el próximo sorteoDe quedar desierto el premio mayor, MiLoto indicó que el acumulado se incrementa para el próximo sorteo, monto que estará en juego en la siguiente edición del sorteo. Este crecimiento del acumulado suele generar una mayor expectativa entre los participantes, ya que incrementa el atractivo del premio principal y eleva el interés por adquirir nuevos tiquetes.
Estados Unidos anunció este jueves el despliegue de sus fuerzas militares para apoyar las "operaciones de socorro" en Venezuela a petición de sus autoridades, tras los devastadores terremotos de este miércoles."Las autoridades interinas de Venezuela solicitaron formalmente asistencia estadounidense a raíz de los sucesos", indicó un comunicado del Comando Sur.Su comandante, el general Francis L. Donovan, detalló que se han movilizado un buque de transporte anfibio, uno de combate, aviones de transporte así como plataformas de reconocimiento y aeronaves de ala rotatoria."Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de los EE. UU., a los equipos de búsqueda y rescate y a los socios interinstitucionales estadounidenses mientras evalúan los daños, localizan a los heridos y entregan asistencia vital de emergencia", detallaron las fuerzas estadounidenses.Estados Unidos aseguró que "continuará colaborando estrechamente con las autoridades interinas de Venezuela para planificar, coordinar y dirigir" las fuerzas armadas estadounidenses "en apoyo a las operaciones de socorro rápido en las zonas afectadas".Entre los equipos enviados están dos aviones de transporte C-17 Globemaster y C-130 Hercules para apoyar los esfuerzos de alivio por el terremoto en Venezuela y ayudar a salvar vidas.“El C-17 proporciona una capacidad de carga masiva capaz de entregar ayuda, equipo y equipos de respuesta en zonas de desastre. El C-130 Hercules es el caballo de batalla táctico del ejército de EE. UU. con una larga historia de proporcionar apoyo crítico de transporte aéreo en crisis para ayudar a las comunidades a obtener ayuda inmediata”, informaron.