El equipo de empalme del Gobierno entrante, encabezado por el ministro de Justicia designado, Iván Alfonso Cancino González, pidió al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), César Palomino Cortés, mediante una carta, aplazar la aprobación de 48 procesos contractuales que estaban programados para ser analizados por el Comité de Contratación de la entidad."En un proceso de empalme resulta indispensable una revisión técnica que garantice el mérito, la transparencia y la igualdad en el acceso al empleo público, evitando cualquier riesgo de direccionamiento de perfiles o 'amarre' de cargos", afirmó el ministro de Justicia designado.Los procesos representan compromisos por 4.379 millones de pesos para la vigencia actual y otros 2.022 millones de pesos correspondientes a vigencias futuras, para un valor total superior a los 6.400 millones de pesos. Las contrataciones involucran diferentes dependencias de la ANDJE, como las direcciones de Defensa Jurídica Internacional, Gestión de la Información, la Secretaría General y las áreas administrativa, financiera y de talento humano.En la carta, el ministro designado formuló tres peticiones concretas al director de la ANDJE:Aplazar cualquier decisión sobre estos procesos hasta que el equipo de empalme pueda revisar la documentación.Que en un plazo de tres días hábiles se remita la información detallada de cada contrato, incluyendo su objeto, cuantía, modalidad de selección, disponibilidad y registro presupuestal, vigencias futuras y los estudios que justifiquen la necesidad de realizar las contrataciones antes del cambio de administración.Informar si alguno de los procesos guarda relación con otros contratos recientes de la Agencia, ante el riesgo de un eventual fraccionamiento contractual derivado de someter un número inusualmente alto de contrataciones en una sola sesión al cierre de la administración."Le estoy dando instrucciones al director de la ANDJE designado y líder del equipo anticorrupción del empalme, Dr. Germán Calderón España, para realizar el estudio de legalidad y, si es del caso, interponer las acciones penales y disciplinarias a que haya lugar", indicó Cancino.Además, señaló que la solicitud no busca cuestionar la legalidad de los procesos, sino evaluar la conveniencia y oportunidad de adoptar este tipo de decisiones a pocos días de la posesión del nuevo Gobierno, prevista para el 7 de agosto.La carta también fue enviada a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que, dentro de sus competencias, según el ministro designado y el equipo de empalme, ejerzan funciones preventivas, disciplinarias y de control fiscal sobre los procesos mencionados.
Colombia y la minera Aris Mining firmaron un acuerdo que pone fin al arbitraje iniciado en 2018 ante el CIADI, institución del Grupo del Banco Mundial. La empresa reclamaba cerca de 380 millones de dólares por supuestos daños a sus operaciones.El acuerdo establece compromisos de cooperación entre el Estado y la compañía minera, buscando seguridad, formalización minera y desarrollo sostenible en las comunidades de Marmato y Segovia.Aris Mining, surgida de la fusión de Gran Colombia Gold y Aris Gold en 2022, continuará sus operaciones en las minas de Segovia y Marmato. La empresa producirá más de 500.000 onzas de oro al año tras la puesta en marcha de nuevas plantas y zonas de minería.El acuerdo contempla tres pilares principales: formalización minera y desarrollo territorial sostenible, colaboración con Policía Nacional y Ministerio de Defensa, y supervisión ambiental de CORPOCALDAS. Además, la Fiscalía apoyará los procesos legales para proteger las operaciones y trabajadores.Un comité conjunto supervisará la aplicación del acuerdo durante los próximos diez años. Ambas partes asumirán sus costos asociados al arbitraje, asegurando transparencia y cumplimiento en las obligaciones pactadas. La medida consolida un marco de cooperación sin precedentes en Colombia.
Un informe de La Silla Vacía revela cómo César Palomino, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, usó sus influencias para favorecer a su familia cuando era magistrado del Consejo de Estado. Interceptaciones telefónicas obtenidas por la Fiscalía muestran que presionó para que un lote vinculado a su familia fuera elegido como el sitio para construir una nueva cárcel en Quibdó, Chocó.Entre el 7 y el 27 de octubre de 2021, Palomino sostuvo cinco llamadas con Francisco Vidal Rojas, exsecretario del Interior del Chocó y excandidato a la Cámara por el Partido Liberal. Vidal estaba siendo investigado por posible filtración de información a su hermano, vinculado con el narcotráfico. En las conversaciones, Palomino expresó su preocupación por la falta de avances en la viabilidad del lote y mencionó gestiones ante la Alcaldía de Quibdó, la Gobernación del Chocó y el Ministerio de Justicia.El predio en cuestión pertenecía a Wladimiro Garcés Machado, esposo de la tía de Palomino. Para que pudiera ser usado en la construcción de la cárcel, necesitaba un cambio en el uso del suelo. Palomino presionó para que el alcalde de Quibdó, Martín Sánchez, firmara una carta comprometiéndose a realizar dicho cambio. También mencionó contactos con el Ministerio de Justicia y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para destrabar el proceso.Las grabaciones hacen parte de expedientes judiciales relacionados con Vidal, quien fue capturado por corrupción al sufragante en 2022. En el momento de su detención, se encontraba en la casa de Palomino en Bogotá, lo que según la Fiscalía indicaba un intento de evadir la justicia.A pesar de estas revelaciones, Palomino fue nombrado director de la Andje por el presidente Gustavo Petro y se mantiene en el cargo. Además, su nombre suena como posible candidato a magistrado de la Corte Constitucional.Finalmente, el lote no fue seleccionado para la construcción de la cárcel. En 2024, el Gobierno de Petro anunció que la nueva cárcel de Quibdó se construiría en otro terreno, perteneciente al Consejo Comunitario Cocomacia. Sin embargo, según señaló La Silla Vacía, el predio vinculado a la familia de Palomino podría ser comprado por la Agencia Nacional de Tierras por 1.834 millones de pesos para ser entregado a comunidades indígenas desplazadas por la violencia.
Luego de que el pasado 12 de julio de 2024 la multinacional minera Zijin - Continental Gold instaurara de manera formal una demanda contra el Estado colombiano por cuenta de la compleja situación de seguridad en el proyecto que explota en el municipio de Buriticá, occidente de Antioquia, la nación aseguró que prepara su defensa ante los alegatos ya expuestos por la contraparte ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.El punto principal a decidir por parte de esta entidad consiste en determinar si el Estado ha violado o no el Tratado de Libre Comercio con Canadá, pues según la minera ha existido una violación “del estándar de nivel mínimo de trato, incluyendo la obligación de proveer protección y seguridades plenas y un trato justo y equitativo", en medio de la constantes disputas que se han librado a sangre y fuego por el control de varias zonas de esta mina, una de las más grandes del mundo, donde se estima que hay hasta 3.7 millones de onzas de oro en reservas.Aunque no se conocen detalles de los alegatos presentados por Continental Gold, estos manifestaron ante la entidad encargada de impartir justicia que terceros se han apropiado de manera ilegal de varios puntos de trabajo subterráneo de la mina, entre ellos la totalidad del túnel de Yaraguá, el 40 % del túnel Rampa Sur y el 30 % del túnel Higabra. Inclusive, de acuerdo a autoridades locales, además de mineros informales, detrás de estas ocupaciones estarían grupos armados como el Clan del Golfo.Según la Presidencia de la República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado adelanta el proceso de selección de la firma internacional que la acompañará en el pleito, para lo cual deberá contar con un equipo de asesores con una tasa de éxito mínima de 75 % representando a estados latinoamericanos en arbitrajes internacionales en los últimos 15 años. Una vez elegida esta firma se responderá la demanda.“La estrategia jurídica estará dirigida por el Grupo de Arbitrajes de Inversión de la Agencia Nacional, con base en la experiencia acumulada en este tipo de causas y su conocimiento directo de las medidas que serán objeto de discusión en la demanda”, aseguró la Presidencia.En uno de los hechos más recientes, a mediados de enero de este año, quienes serían un grupo de mineros irregulares lograron acceder a la mina Higabra donde destruyeron una de las subestaciones eléctricas con el que se garantiza el bombeo de aguas y el flujo de aire limpio al interior de la misma. En medio de varias detonaciones resultó herido uno de los guardas de este espacio.
El reciente anuncio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de suspender provisionalmente la ejecución del laudo que condenaba a Colombia al pago de 379 millones de dólares a Telefónica marca un giro temporal en este controvertido caso. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado logró un respiro en la disputa internacional, aunque el camino hacia la anulación definitiva del fallo sigue siendo incierto.Suspensión provisional: un triunfo temporalEn declaraciones a Blu Radio, Yebrail Haddad, director de defensa jurídica internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, explicó que la solicitud de anulación del laudo fue presentada el pasado 27 de noviembre, junto con una petición de suspensión provisional. Esta última fue aceptada el 6 de diciembre, paralizando temporalmente cualquier proceso de ejecución.“La suspensión evita que Telefónica pueda iniciar un proceso para cobrar los 379 millones de dólares más intereses y costas, que suman alrededor de 450 millones de dólares. Esto representa un alivio inmediato para Colombia”, aseguró Haddad. Sin embargo, enfatizó que esta decisión no es definitiva y dependerá de la constitución de un comité ad hoc, encargado de evaluar las causales de anulación.¿Qué implica un comité ad hoc?El proceso de anulación en el CIADI no cuenta con una segunda instancia o apelación, pero sí permite la creación de un comité ad hoc que evalúe las irregularidades del fallo. Este comité, compuesto por árbitros imparciales elegidos por las partes, tendrá la tarea de decidir si se anula o no el laudo.“El comité no revisa el fondo del caso, sino si hubo errores procedimentales o falta de motivación en la decisión inicial”, explicó Haddad. Según las reglas del CIADI, las partes deben acordar condiciones para elegir a los árbitros, lo que puede tomar hasta seis meses. Haddad aclaró que Colombia exigirá que el proceso sea en español y que los árbitros no tengan relación directa con las partes implicadas.En caso de anulación, “el escenario retrotraería todo al punto inicial, como si el laudo nunca hubiera existido. Sin embargo, esto también abre la posibilidad de que Telefónica pueda reiniciar el proceso arbitral”, advirtió.Doble estándar en los fallos: el caso América MóvilUno de los puntos más polémicos del caso Telefónica es que se basa en circunstancias similares a las del litigio con América Móvil, en el que el CIADI falló a favor de Colombia. Ambos casos están relacionados con la reversión de activos tras la terminación de contratos de telecomunicaciones.“En el caso de Telefónica, el tribunal consideró que Colombia violó el estándar de trato justo y equitativo. No obstante, creemos que esta conclusión carece de justificación. Varios argumentos de Colombia fueron ignorados, y el tribunal demoró tres años en emitir una decisión, generando incluso intereses adicionales por su mora”, denunció Haddad.Este contraste entre los fallos ha sido un punto clave en la defensa de Colombia, que busca demostrar que el laudo contra Telefónica es inconsistente y carece de fundamento jurídico sólido.El debate sobre el CIADI y la postura del GobiernoLa controversia también ha reavivado el debate sobre la participación de Colombia en organismos internacionales como el CIADI. En su momento, el presidente Gustavo Petro criticó los fallos adversos contra el país y sugirió reevaluar la permanencia de Colombia en estos mecanismos. Sin embargo, paradójicamente, esta vez el CIADI concedió la razón a Colombia en la suspensión provisional del laudo.“El Gobierno colombiano ha sido crítico con el CIADI, pero esta decisión muestra que el sistema puede favorecer a los Estados cuando se presentan argumentos sólidos. No obstante, el proceso para alcanzar una resolución definitiva será largo y complejo”, concluyó Haddad.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) una solicitud de anulación del laudo arbitral que favoreció a Telefónica S.A. El fallo, emitido el 12 de noviembre de 2024, ordena al Estado colombiano reembolsar a la compañía 379,8 millones de dólares por presunta violación del Tratado de Inversiones entre Colombia y España, firmado en 2005.El conflicto surgió tras una decisión de 2017, cuando Telefónica pagó dicha suma al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) por una resolución del arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Según el tribunal del Ciadi, Colombia incumplió su obligación de trato justo y equitativo hacia la empresa española.La ANDJE considera que el fallo debe anularse debido a varias irregularidades. Argumenta que el tribunal excedió sus facultades, violó normas fundamentales de procedimiento y no justificó adecuadamente sus conclusiones sobre responsabilidad y daños. Además, señala que el tribunal actuó como una corte de apelación sobre decisiones ya resueltas por la Corte Constitucional y el arbitraje colombiano, lo que contradice principios del derecho internacional.Otro punto de controversia es la ausencia de análisis sobre defensas clave presentadas por Colombia, como la falta de expectativas legítimas por parte de Telefónica y el incumplimiento del principio de irretroactividad de la ley. La ANDJE también cuestiona la orden de pagar intereses que penalizan al Estado por la demora del tribunal en emitir el laudo, una espera que superó los tres años y medio.Adicionalmente, la Agencia solicitó suspender automáticamente la ejecución del laudo hasta que un comité ad hoc del CIADI resuelva la solicitud de anulación. Colombia buscará que esta suspensión se mantenga mientras se toma una decisión definitiva.
El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, se encuentra en el centro de una controversia luego de que el portal La Silla Vacía publicara una investigación que lo vincula con un barco que ha sido incautado en varias ocasiones con cargamentos de droga.Según el reportaje, el barco Santo Steven, propiedad de la sociedad Almep SAS, de la cual Palomino fue dueño hasta el 2021, fue interceptado en tres ocasiones transportando marihuana y madera ilegal.En entrevista con Mañanas Blu, César Palomino negó cualquier participación en actividades ilícitas y aseguró que la información presentada en el reportaje no refleja la realidad de los hechos. Según Palomino, el incidente relacionado con el barco fue un hecho aislado, ocurrido hace siete años, cuando su hermano, Nelson Palomino, quien administraba el Santo Steven, estuvo involucrado en un operativo fallido de la Policía para capturar una banda que utilizaba la embarcación para transportar narcóticos."Fue una falta de coordinación entre dos patrullas de la policía. Mi hermano estaba colaborando en un operativo conjunto y terminó siendo arrestado por error. A los pocos días, la policía aclaró la situación y mi hermano fue liberado", explicó Palomino, tras decir que el único incidente del que tiene conocimiento sobre la presunta implicación de su familia en el narcotráfico.El barco Santo Steven ha sido señalado por sus presuntas actividades delictivas, no solo en relación al transporte de marihuana, sino también por cargar madera ilegal. Sin embargo, Palomino sostuvo en Blu Radio que el barco tiene una historia de más de 20 años prestando un "servicio social" en el Pacífico colombiano, transportando mercancías entre las comunidades más aisladas de la región."Este barco ha servido a las comunidades del Chocó y del Pacífico donde no hay carreteras ni medios alternativos de transporte. Es completamente falso que se haya utilizado para actividades ilícitas", afirmó Palomino, insistiendo en que las acusaciones de La Silla Vacía son infundadas y "calumniosas".El director de la Agencia Jurídica del Estado también rechazó las insinuaciones de que ha utilizado su poder e influencia para proteger sus intereses en el Chocó, así como para colocar a personas cercanas en posiciones de poder.Según Palomino, estas acusaciones carecen de pruebas concretas. "Dicen que puse a una magistrada en su puesto porque era amiga de su padre, pero no dicen quién es la magistrada ni quién es el padre. ¿Cómo puedo defenderme de afirmaciones tan vagas?", cuestionó el funcionario.Uno de los puntos clave de la polémica gira en torno a la relación de Palomino con la empresa Almep SAS y el barco Santo Steven. Aunque reconoció haber sido propietario de la sociedad hasta el 2021, Palomino insistió en que la responsabilidad operativa de la embarcación recaía en su hermana, quien fungía como representante legal de la compañía."Yo era el dueño de la empresa, pero nunca tuve el control directo de las actividades del barco. Mi hermana era quien administraba la sociedad", explicó. Además, recalcó que, durante su tiempo como magistrado del Consejo de Estado, cumplió con todos los requisitos legales y reportó sus intereses comerciales de manera transparente, como lo exigen las normativas. "Declaré mi propiedad sobre la empresa en todas mis declaraciones de conflicto de interés, tanto cuando era magistrado como cuando fui nombrado en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Nunca he ocultado nada", puntualizó."Una operación mal coordinada"En cuanto a los detalles del decomiso de más de media tonelada de marihuana en el Santo Steven, Palomino reiteró que el evento fue producto de una operación mal coordinada."Fue un episodio triste que causó mucho dolor a mi familia, pero que quedó aclarado por la Fiscalía", explicó. También negó tener conocimiento de otros incidentes relacionados con la incautación de madera ilegal o contrabando, tal como lo sugiere la investigación de La Silla Vacía."No tenía conocimiento de esos otros eventos. Me enteré por el reportaje y, hasta donde sé, nunca se nos informó de investigaciones al respecto", puntualizó.Palomino expresó su profundo malestar por lo que considera un ataque injustificado a su trayectoria profesional de más de 40 años en el servicio público. Como exmagistrado y actual director de la Agencia Jurídica del Estado, Palomino ha construido una carrera basada en la transparencia y el cumplimiento de la ley, algo que, según él, está siendo puesto en duda por "acusaciones sin fundamento"."No puedo permitir que se manche mi nombre por un hecho aislado y descontextualizado. He sido un juez íntegro, y mi reputación es lo más valioso que tengo. Defenderé mi buen nombre con todas las herramientas legales a mi disposición", concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, Jhon Camargo, entregó un balance de los procesos que enfrenta la Nación en el nivel local, pero también ante los diferentes tribunales de arbitraje internacional. Recientemente, se viene discutiendo casos como el Galeón San José, Meritage y Seda.Los procesos en el territorio nacional en diferentes instancias judiciales llega a más de 353.000 procesos que le cuestan al país 600 billones de pesos, según el director (e) Camargo.En instancias internacionales la cantidad de procesos es menor, pero representan sumas mucho más elevadas en caso de perder en las audiencias. Cabe mencionar que el pasado mes de mayo Colombia ganó una disputa de varios años con Montauk Metals, empresa canadiense que alegaba que el Estado colombiano le había vulnerado derechos al cercar un perímetro de protección ambiental en el páramo de Santurbán.“En tribunales de arbitraje de inversión hay 16 casos(...) nos pueden costar 11 billones de pesos en caso de perderlos son laudos (resoluciones o decisiones) que están pendientes para el próximo año” afirmó Jhon Camargo, director(e) de la ANDJE en entrevista con Blu Radio.Asimismo, el director encargado desde la salida de Martha Lucía Zamora aseguró que una de las mayores preocupaciones que tienen desde la entidad es el gran número de expedientes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) de colombianos que no han recibido una atención adecuada en la justicia colombiana y deciden recurrir a instancias en el exterior."Víctimas de graves afectaciones en materia de derechos humanos están llegando a la comisión en búsqueda de una reparación integral. Este no es un tema menor y es un tema que es realmente muy importante para mí desde mí corazón, darle la cara a las víctimas. En este momento estamos adelantando diferentes soluciones amistosas con el fin de no revictimizar a esas personas esos procesos largos, inoficiosos en el tiempo y que como Estado logremos decir perdón y hagamos ese reconocimiento de responsabilidad internacional, que tanto lo necesitan. No podemos seguir revictimizando a esas personas", señaló.
El director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, John Camargo, anunció en primicia a Blu Radio que este viernes, 14 de junio, Sea Search Armada (SSA) presentará una demanda contra Colombia, reclamando 10.000 millones de dólares. La demanda, vinculada al Galeón de San José, es considerada por Camargo como "completamente absurda" y "temeraria". Según Camargo, Sea Search Armada es “un inversor temerario que nunca encontró el Galeón de San José", al tener intenciones de quedarse con el patrimonio histórico invaluable por el Estado colombiano.Camargo expresó su descontento con la implicación de peritos legales colombianos en la demanda, mencionando que le parece "muy triste" que un colombiano apoye la posición de una multinacional contra los intereses del país. Esta situación surge mientras el Ministerio de Culturas organiza una expedición para investigar el Galeón.El proceso judicial tomó forma en diciembre con las primeras audiencias, y ahora SSA formaliza su intención de disputa con el memorial de demanda. Colombia tiene hasta octubre para responder, y Camargo asegura que su equipo está "armando y articulando toda la estrategia" para defender el patrimonio histórico nacional."Más allá de la mentira que creo que van a decir, quiero saber quién es el colombiano que se va a lanzar como perito legal de ellos", dijo Camargo. "Porque me parece extremadamente triste que un colombiano esté apoyando la posición de una multinacional o de un inversor extranjero de carácter temerario que está exponiendo los recursos de todo un país".El Ministerio de Culturas, por su parte, ha organizado una expedición para investigar el Galeón de San José, buscando proteger y valorar este patrimonio histórico. Entre abril y junio de este año, y descartó que se tenga contemplado extraer la embarcación.Asimismo, la cartera aseguró que esta será una investigación de naturaleza completamente científica y que lo que se va a recuperar "no son tesoros", sino pecios arqueológicos.El Gobierno estipuló para esta primera fase 18.000 millones de pesos, ya garantizados. A medida que avance esta etapa preliminar, se podrán ir apropiando recursos para las fases en las que se requerirá mayor tecnología.La demanda de SSA se sustenta en que la compañía afirma haber solicitado a la Dirección General Marítima (Dimar), permiso para explorar con fines investigativos las aguas de la Costa Caribe, haciendo énfasis en que estos nunca especificaron que se encontraban particularmente en búsqueda del Galeón. En un informe confidencial de la compañía del año 1982, confirmaron que habían encontrado naufragios, sin nombrar al San José directamente.
La Agencia Jurídica del Estado le salió al paso a las declaraciones que, en la mañana de este miércoles, dio la exdirectora de la entidad Martha Lucía Zamora, asegurando que se había sentido intimidada por el actual director encargado Jhon Camargo.Zamora señaló que le hicieron preguntas similares a las que hoy contestó ante la Procuraduría en el juicio disciplinario que se adelanta en contra del excanciller Álvaro Leyva y por eso había reportado la situación ante el Ministerio Público.“Son preguntas que tenían que darse en una actuación como aquí en la Procuraduría, yo ya para ese momento había rendido declaración bajo juramento, el 6 de diciembre del año pasado, y por lo tanto ya había una posición mía muy clara que no podía comprometer por escrito, ante unas preguntas improcedentes y extemporánea y sin saber la finalidad”, explicó Zamora.Ante esto, Camargo respondió por un lado que el pasado 28 de febrero sí hizo un requerimiento a la exdirectora pero para conocer en detalle información relevante de la entidad basándose en dudas que surgieron tras leer el informe de empalme que entregó Zamora.“La solicitud de ampliación fue respetuosa, se ajustó plenamente al marco jurídico vigente y tuvo como único objetivo conocer en detalle información de relevancia pública en aras de mantener una coherencia institucional”, argumentó Camargo.El actual director señaló, además, que las preguntas fueron de todos los temas y procesos de empalme, no solo de las actuaciones frente a la situación con los pasaportes.“Todas las solicitudes de ampliación de información estuvieron en línea con el contenido del informe presentado por la doctora Zamora Ávila en su calidad de directora general saliente y fueron motivadas por las preguntas, interrogantes y necesidades de ampliación que el mismo informe generó. En línea con lo anterior, solicitud de ampliación de información en relación con los comités de conciliación en los que participó la doctora Zamora responde inquietudes generadas por el mismo informe de gestión”, puntualizó Camargo.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
Colombia debe hacer una evaluación de los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto sobre comunidades afrocolombianas, dijo este jueves un mecanismo de expertos de la ONU.En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley menciona algunas de las medidas anunciadas como parte de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico por parte del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.Como una cuestión prioritaria, los expertos piden que se preste atención a que esas medidas no refuercen el racismo sistémico en el país.Recordaron que las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas de forma desproporcionada por políticas predominantemente punitivas y militarizadas, particularmente en territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y una limitada presencia del Estado.Por ello, pidieron que las políticas de seguridad y drogas que se implementen incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y garanticen la participación de las comunidades afectadas.Asimismo, los expertos señalan que los estereotipos que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad siguen influyendo en los controles policiales, las sanciones y el acceso a la justicia.Los expertos dijeron haber documentado situaciones de controles y registros policiales considerados injustificados y un uso excesivo - en ocasiones letal - de la fuerza, además de una aplicación discriminatoria de los llamados comparendos, multas cuyo impago afecta especialmente a jóvenes afrocolombianos y a personas en situación socioeconómica desfavorecida.A ese respecto, el Mecanismo de la ONU pidió una revisión integral del impacto de los comparendos y recomendó una moratoria sobre estas multas y la cancelación de las pendientes.
La modernización del estadio Atanasio Girardot no se limitará a la construcción de nuevas tribunas, cubierta y espacios físicos. Uno de los componentes centrales del proyecto será la transformación tecnológica del escenario, para la cual la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas contrató acompañamiento internacional.Se trata de LALIGA Española, la organización que administra y articula el fútbol profesional de España con los equipos de primera y segunda división.El trabajo contempla el diseño de una plataforma tecnológica para integrar sistemas de seguridad, conectividad, iluminación, sonido, transmisión audiovisual y control de accesos.El alcalde Federico Gutiérrez explicó que para definir la distribución de los equipos se desarrolló una representación tridimensional del estadio y se efectuaron simulaciones destinadas a determinar el comportamiento de la acústica y la iluminación."Esto no es de un día para otro. Esto ha llevado meses de trabajo. Este equipo ya estuvo visitando los mejores estadios del mundo antes de nosotros radicar los diseños en curaduría. Y con la asesoría y el acompañamiento también de ellos, viendo los detalles de cómo adaptar el estadio existente", explicó el alcalde.Uno de los cambios que tendrá el escenario será la renovación completa del sistema de sonido con 144 cajas acústicas distribuidas entre las graderías y el campo, además de equipos destinados a reforzar las frecuencias bajas y complementar la cobertura. A esto se sumará una red de Wi-Fi gratuita proyectada para atender hasta 70.000 conexiones simultáneas.En cuanto al circuito cerrado de televisión, este tendrá 350 cámaras ubicadas en los alrededores, accesos, corredores, zonas comerciales y tribunas. El sistema combinará diferentes tipos de dispositivos, entre ellos cámaras panorámicas y equipos con capacidad de seguimiento.Según detalló el alcalde Gutiérrez con el avance del desmonte de la cubierta de la tribuna Occidental, lo que viene ahora a mediados de octubre será la publicación de los pliegos y la adjudicación de obras a mediados de noviembre para comenzar con los trabajos durante los primeros días de diciembre 2026.La Alcaldía de Medellín estima que la modernización integral supera los 752.000 millones de pesos, de los cuales más de 440 mil saldrán directamente del presupuesto de la administración distrital y el resto espera financiarse a partir de asuntos como la explotación comercial del nombre del escenario deportivo.
La Lotería de Manizales realizó este miércoles 23 de septiembre de 2026 su sorteo número 4975. El premio mayor de la Lotería de Manizales correspondió al número 1933, serie 219, que se convirtió en el billete ganador del principal premio del sorteo.Resultados de los premios secos de la Lotería de ManizalesAdemás del premio mayor, el sorteo 4974 entregó diferentes premios secos, con valores que van desde $40 millones hasta $300 millones.Premio Gana Siempre ($2 Millones)Número: 12612 Secos de $300 MillonesNúmero: 0483 | Serie: 139 (Despachado a Armenia)Número: 6446 | Serie: 083 (Despachado a Cali)3 Secos de $200 MillonesNúmero: 8131 | Serie: 018Número: 4980 | Serie: 098Número: 0991 | Serie: 3666 Secos de $100 MillonesNúmero: 6043 | Serie: 399Número: 2626 | Serie: 306Número: 7034 | Serie: 086Número: 6838 | Serie: 090Número: 3736 | Serie: 377Número: 6136 | Serie: 33410 Secos de $80 MillonesNúmero: 3314 | Serie: 188Número: 1103 | Serie: 223Número: 8388 | Serie: 037Número: 5364 | Serie: 144Número: 7769 | Serie: 280Número: 7255 | Serie: 327Número: 7048 | Serie: 337Número: 0466 | Serie: 319Número: 3940 | Serie: 027Número: 4512 | Serie: 17110 Secos de $60 MillonesNúmero: 2833 | Serie: 220Número: 4429 | Serie: 158Número: 2567 | Serie: 188Número: 1670 | Serie: 302Número: 6225 | Serie: 229Número: 2846 | Serie: 281Número: 1182 | Serie: 144Número: 1708 | Serie: 284Número: 6741 | Serie: 235Número: 5624 | Serie: 11310 Secos de $50 MillonesNúmero: 9728 | Serie: 115Número: 7532 | Serie: 204Número: 2228 | Serie: 307Número: 2872 | Serie: 320Número: 3709 | Serie: 343Número: 9965 | Serie: 379Número: 1599 | Serie: 113Número: 2804 | Serie: 362Número: 1550 | Serie: 346Número: 8904 | Serie: 08010 Secos de $40 MillonesNúmero: 6517 | Serie: 292Número: 7377 | Serie: 311Número: 7474 | Serie: 296Número: 5677 | Serie: 252Número: 1217 | Serie: 064Número: 3303 | Serie: 148Número: 6516 | Serie: 324Número: 4613 | Serie: 132Número: 3589 | Serie: 149Número: 5131 | Serie: 166¿Cómo saber si ganó un billete de la Lotería de Manizales?Para comprobar si un billete resultó ganador en la Lotería de Manizales, se debe comparar el número y la serie registrados en el billete con los resultados oficiales del sorteo.La revisión de ambos datos es especialmente importante en los premios secos, ya que el número y la serie permiten identificar el billete ganador.También es recomendable consultar la imagen oficial del sorteo, en la que aparecen los números, las series y los respectivos premios, para realizar una verificación completa.¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno. La transmisión suele efectuarse entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque el horario puede presentar variaciones.Por ello, los participantes pueden consultar cada miércoles los resultados del premio mayor y los premios secos de la Lotería de Manizales para verificar si alguno de sus billetes fue favorecido.