Más de 30 víctimas de secuestro político se presentarán ante la JEP durante esta y la próxima semana y el turno en esta ocasión será para el exgobernador del Meta, Alan Jara, el exdiputado del Valle Sigifredo López y el general (r) Luis Mendieta.Tanto Jara como López y Mendieta entregarán sus testimonios sobre su retención ilegal a manos de las Farc, brindando detalles de esa época, nombres de los victimarios y otras víctimas relacionadas en este proceso.Alan Jara fue secuestrado por el frente 26 de las Farc el 15 de julio de 2001 cuando se desplazaba en un vehículo de la ONU en Lejanías, Meta. Según los guerrilleros, Jara iba a ser sometido a un juicio "Político" para rendir cuentas. Durante su cautiverio se conocieron algunas pruebas de supervivencia, como que daba clases de inglés y de ruso a sus compañeros. Fue liberado el 3 de febrero de 2009.Por su parte, Sigifredo López era diputado del Valle cuando las Farc lo secuestraron el 11 de abril del 2002 junto a once de sus compañeros para presionar al gobierno a un intercambio de guerrilleros presos por secuestrados, en un llamado "acuerdo humanitario".El 18 de junio de 2007, en un error militar, las Farc asesinaron a sus once compañeros y López se salvó. Sin embargo, al volver a la libertad fue señalado por alias ‘Rafael’ de ayudar a las Farc a realizar la toma de la Asamblea en 2002, en la que fueron secuestrados López y sus compañeros. Se demostró que todo era un montaje.Vea aquí: Corte Suprema archiva proceso contra exfiscal Zamora por caso Sigifredo López López fue dejado en libertad tras la mediación del gobierno brasileño, el Comité Internacional de la Cruz Roja y un grupo de intelectuales y políticos llamados Colombianos por la Paz el 5 de febrero de 2009.Finalmente, el general (r) Luis Mendieta fue secuestrado en la Toma de Mitú, el 1 de noviembre de 1998, durante su cautiverio tuvo dos veces paludismo y perdió parcialmente su movilidad. Fue la primera persona que narró cómo Clara Rojas vivió su embarazo y parto en condiciones infrahumanas. Su rescate se realizó el 13 de junio de 2010.
La Procuraduría formuló pliego de cargos, no solamente contra Alan Jara, sino contra varios de sus subordinados cuando este fue gobernador del Meta en 2015.Ligia del Carmen Saldaña, como secretaria de Educación del Meta, suscribió un contrato en julio de ese año con la Unión Temporal Nutricional 2015 por cerca de $13.123 millones.El contrato firmado por la Gobernación tenía el objeto de cubrir la alimentación de más de 66.000 niños en 28 municipios de ese departamento, pero ni el gobernador Jara, su secretaria de Educación, ni otros funcionarios se dieron cuenta que había otro contrato de febrero a agosto de ese mismo año, con la misma cantidad de niños beneficiados y para la misma cantidad de municipios, pero con la particularidad de que ese era un 50% más barato; le costó al Ministerio de Educación solo $6.841 millones.En 2016 la Gobernación volvió a suscribir otro contrato con la Unión Temporal Nutricional, cuyo representante legal es Óscar Eduardo Jaramillo Silva, esta vez para 58 días de calendario escolar por $7.900 millones; los mismos niños, las mismas raciones y los mismos municipios.La Procuraduría no entiende por qué nadie vio el posible millonario sobrecosto. Las empresas representadas por Jaramillo Silva cobraron en 2015 cada ración con un precio industrial de más de $2.000, mientras que el otro contrato con el proveedor del MinEducación cobró alrededor de $900.Según el Ministerio Público, la Procuraduría Regional del Meta recibió una queja del ciudadano veedor José del Carmen Torres, en la que este aseguraba que ya había denunciado estas aparentes irregularidades ante la sede central del ministerio.La cartera realizó entonces las investigaciones pertinentes y estableció que los contratos habían sido suscritos en fechas diferentes, por lo que la Procuraduría decidió finalizar la investigación contra la funcionaria del ministerio.Sin embargo, no fue así contra Jara, señalado de omisión en el caso, así como la entonces secretaria de Educación Ligia del Carmen Saldaña Plazas, quienes tendrán derecho a la defensa, pero deberán explicar ante el ente de control por qué permitieron que un proveedor le cobrara el doble que había pagado el ministerio seis meses atrás, para los mismos servicios y con el uso de recursos públicos.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exgobernador de Meta Alan Jesús Edmundo Jara Urzola por presuntas irregularidades en contratos relacionados con el Programa de Alimentación Escolar, PAE, por más de 13.123 millones de pesos.Vea también: Este viernes avanzará audiencia contra Alan Jara por recibir supuesto soborno Según el documento de la Procuraduría, lo que se busca determinar es la participación irregular en la suscripción del convenio 1101 del 8 de julio de 2015 en el cual, al parecer, hubo sobrecostos en el presupuesto para destinar la alimentación de los niños del departamento del Meta.El contrato en cuestión tuvo por objetivo “suministro de complemento alimentario modalidad ración industrializada, dentro de la implementación del Programa de Alimentación Escolar para 66.008 niños, niñas y adolescentes escolarizados del departamento del Meta”.De igual forma, la Procuraduría encontró que, al parecer, Alan Jara faltó a sus funciones porque, supuestamente, los sobrecostos en este millonario contrato se desarrollaron sin la debida vigilancia y estudios.“Al contratar con un costo unitario por ración industrializada de $2.071, no obstante, que en la misma vigencia el Ministerio de Educación Nacional, en la ejecución del contrato de aporte No. 411 de 2015, pagó a $971 la ración industrializada complementaria que se entregó en los mismos municipios”, dice.En estos hechos, la Procuraduría también abrió pliego de cargos contra la exsecretaria de Educación de la gobernación del Meta, Ligia del Carmen Saldaña Plazas, quien, al parecer, tuvo conocimiento y responsabilidad directa de los sobrecostos que se registraron en dicho contrato del PAE, generando un detrimento patrimonial a la Nación.La Procuraduría calificó la falta de los exfuncionarios como gravísima a título de culpa grave y desarrollará la audiencia para determinar los cargos y argumentos que tienen por estas presuntas irregularidades.
En medio del interrogatorio al que fue citado este miércoles y jueves el exgobernador del Meta, Alan Jara, negó que durante su administración se hubiera apropiado de algún recurso en la megaobra de la refinería de Llanopetrol.“Con toda la seguridad, ahí no hay ninguna actuación indebida y mucho menos yo he tenido algún acto ilícito (...) Tengo la conciencia tranquila”, dijo Jara.El exgobernador sostuvo que entregó a la Fiscalía toda una serie de documentos para demostrar que es inocente. Aseguró que entregó una licencia ambiental de 174 páginas que, según él, recopila todos los estudios que se adjuntaron en torno a este proyecto.Vea aquí: Fiscalía citó a interrogatorio a Alan Jara por caso Llanopetrol“Yo he pedido esta audiencia para dar todas las explicaciones y que no quede ninguna duda de mi actuación como gobernador del Meta y desde luego traigo documentos y toda la información que requiere la Fiscalía”, dijo Jara.Precisó, además, que el megaproyecto era necesario para el departamento y que “requiere más de un periodo de gobierno que tiene que desarrollarse por fases y etapas”.“Lo que a mí me correspondió fue la fase de todos los prediseños, estudios previos, la licencia ambiental, la compra de terrenos y todas iniciativas están y son los soportes que hemos traído hoy para mostrar ante el órgano de control cuál fue nuestra actuación”, aseguró.Finalmente, aseguró que el capital de riesgo para este caso es de un inversionista privado pues la Gobernación solo habría aportado los prediseños.Manifestó que confía en sus funcionarios. “Yo confío plenamente en las personas que estuvieron al frente de distintas responsabilidades en el gobierno y espero que puedan dar las explicaciones y que se mantenga la presunción de inocencia de que ellos gozan”, agregó Jara.Jara es investigado por una presunta apropiación de más de 18.000 millones de pesos a través de ese contrato y por un detrimento de cerca de 9.220 millones de pesos. Según las pesquisas, poco a poco se empezaron a hacer adiciones innecesarias al costo de la Refinería.Además, Jara también deberá explicar la entrega de un crédito a Llanopetrol por 10.500 millones de pesos con los que, según la Contraloría General, se pagó un préstamo bancario adquirido por la petrolera.
La Fiscalía citó a interrogatorio al exgobernador del Meta Alan Jara por el escándalo de Llanopetrol.En la diligencia, programada para el 22 y 23 de mayo, Jara debe responder por las decisiones que tomó su administración en el proyecto de Llanopetrol, que según la procuraduría es un ‘elefante blanco’ de la refinería que ha traído más de 20.000 millones de pesos en pérdidas.Vea también Los dos procesos contra el exgobernador del Meta Alan Jara en la ContraloríaSe investiga si la Gobernación del Meta habría asumido obligaciones crediticias de la empresa de petróleos como si se tratase de deudas propias del departamento.Entre las pruebas que figuran en el expediente están cinco otrosíes firmados por el exgobernador Jara Urzola para avalar estos compromisos financieros en su totalidad.Según el informe de la auditoría practicada por la Contraloría Departamental del Meta, la Gobernación pagó una deuda adquirida por la empresa de petróleos aduciendo un crédito de tesorería, sin que hubiera celebrado convenio o contrato alguno, y sin que se hubiera expedido certificado ni registro presupuestal.
En medio de una audiencia contra seis exfuncionarios de la Empresa Social del Estado en el Meta, el fiscal del caso aseguró que en el escándalo de corrupción de un contrato firmado en el 2015 del departamento, el exgobernador Alan Jara habría participado y recibido una coima de 3000 millones de pesos. Según el ente investigador, el contrato de 24.000 millones terminó ejecutándose por casi el doble. Vea aquí: Procuraduría investiga a Alan Jara por liquidación del Fondo Ganadero y LlanopetrolLas pesquisas arrojaron que el incremento se debió al pago de sobornos que habrían recibido varios funcionarios del departamento.: “Jaime $3.714 millones, Alan $3 mil millones, Sandra $1.857 millones, Jacobo $742 millones, Wilmar $742 millones, Fabián $120, Manuel $557, Miguel $100 millones, Burbano $100 millones y Jaime $2.150 millones de pesos”.Ahí, de repente apareció el nombre del exgobernador Alan Jara. Sin embargo, se aclaró que no hay pruebas físicas de los pagos. No obstante, el fiscal aseguró qué hay pruebas testimoniales para demostrar cómo los dineros sí llegaron al exgobernador gracias a la labor de terceros.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el exgobernador del Meta Alan Jara por el escándalo de Llanopetrol y la liquidación del Fondo Ganadero del Meta. En el caso del Fondo Ganadero del Meta, el Ministerio Público investiga si se presentaron irregularidades en la administración del fondo, que tuvo como socios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Gobernación del Meta. Al parecer, los accionistas mayoritarios no tomaron las decisiones dirigidas a cumplir con obligaciones establecidas en el acuerdo de reestructuración del fondo ganadero, lo que habría llevado a su liquidación y a un eventual detrimento patrimonial para el departamento. En el caso de Llanopetrol, la empresa de petróleos de este departamento, se investiga si la Gobernación del Meta habría asumido obligaciones crediticias de la empresa de petróleos como si se tratase de deudas propias del departamento. Entre las pruebas que figuran en el expediente están cinco otrosíes firmados por el exgobernador Jara Urzola para avalar estos compromisos financieros en su totalidad. Según el informe de la auditoría practicada por la Contraloría Departamental del Meta, la Gobernación pagó una deuda adquirida por la empresa de petróleos aduciendo un crédito de tesorería, sin que hubiera celebrado convenio o contrato alguno, y sin que se hubiera expedido certificado ni registro presupuestal.Vea aquí: Procuraduría llamó a rendir cuentas a gobernador por desplazamiento en Cáceres Por este caso se investiga además del exgobernador al exsecretario de Hacienda, Jairo Frías Carreño; exgerente de Tesorería, Óscar Arnulfo Lozano Ramos, y al exgerente de la Empresa de Petróleos del Llano (Llanopetrol), Ricardo Rodríguez Henao. La Fiscalía, además, capturó el año pasado por estos mismos hechos a Luz Stella Casasfranco Vanegas, quien fue su jefa de Asuntos Contractuales en la gobernación 2012-2015 y quien además estuvo al frente de la Oficina Jurídica en la Unidad de Víctimas cuando Alan Jara era director de esa entidad. También fueron capturados Hernando Martínez Aguilera, secretario de Planeación en la administración de Jara y exjefe de la Unidad de Víctimas en el Meta y el exsecretario de Hacienda Jairo Iván Frías.
El Gobierno de Estados Unidos canceló la visa al exdirector de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y exgobernador del departamento colombiano del Meta Alan Jara, informaron hoy medios locales. Jara, que viajaba a Estados Unidos, fue notificado de la decisión de la administración de Donald Trump cuando estaba en El Salvador, por lo que no pudo seguir su destino. En ese sentido, Jara regresó a Colombia en un vuelo desde El Salvador, tras ser notificado de la cancelación de su visa estadounidense. Le puede interesar: Las investigaciones que tienen “contra las cuerdas” a Alan Jara. El ingeniero y político fue designado por el presidente Juan Manuel Santos como director de la Unidad de Víctimas en julio del año pasado, cargo que ejerció hasta el pasado 1 de agosto, cuando presentó su renuncia. Jara fue secuestrado por las Farc el 15 de julio de 2001 cuando se desplazaba en un vehículo de la ONU por el departamento del Meta, del cual fue tres veces gobernador. La liberación de Jara se produjo el 3 de febrero de 2009. Jara es investigado por la Fiscalía por su proyecto de construir una refinería petrolera cuando era gobernador del Meta que jamás pasó del papel, pese a que se invirtieron alrededor de 6,2 millones de dólares. Las investigaciones también se adelantan en la Contraloría y la Procuraduría, así como en la Corte Suprema de Justicia.
El mandatario aseguró que hay un "reto monumental" y es la atención y reparación de 6,6 millones de personas que están en el Registro Único de Víctimas. "Vamos a requerir paciencia, no hay recursos para reparar a todas las víctimas al mismo tiempo, eso es un proceso, tal vez las más urgentes, las más necesitadas y eso se va dando", dijo Santos. Y es que según estimaciones de la Unidad Nacional de Víctimas se requieren más de 30 billones de pesos para la indemnización efectiva. La directora de la entidad explicó que los bienes de las Farc ofrecen una gran posibilidad para obtener más recursos. "Yo tengo la esperanza y la certeza de que las Farc van a entregar sus bienes y espero que lo hagan en su totalidad", señaló. Lea acá también: Avanza el traslado de contenedores con armas de las Farc entregadas en Antioquia Sin embargo, reconoció la dificultad de monetizar los bienes muebles e inmuebles.
Las víctimas del conflicto, liderados por 20 antioqueños, protestan en el edifico Avianca de Bogotá para exigir su reparación por parte de la Unidad de Víctimas.Los manifestantes ya habían realizado varios plantones en Medellín Encadenados, con pancartas y pitos, por lo menos 150 personas permanecen a las afueras de la oficina de la Unidad Nacional de Víctimas en Bogotá, donde esperan la llegada del director Alan Jara, con quien han buscado acercamientos en los últimos meses. Uno de los líderes de la manifestación, el antioqueño Orlando de Jesús Giraldo, explicó que se quedarán en ese lugar hasta que la Unidad de Víctimas les entregue sus subsidios y les garantice vivienda. Los manifestantes ya se habían tomado la iglesia de la Veracruz en Medellín y las instalaciones de la Gobernación de Antioquia para exigir respuestas por parte de las autoridades, debido a que aseguran que la Unidad de Víctimas no ha cumplido sus promesas de reparación.
Ante la reciente declaración del presidente Gustavo Petro sobre la implementación de un día cívico con el objetivo de reducir el consumo de energía y agua, diversos sectores han expresado sus opiniones y preocupaciones. El presidente hizo este anuncio en un evento en el cantón norte de Bogotá y destacó que la medida busca principalmente apoyar a Bogotá, pero también tendría efectos en el resto de Colombia.Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), dijo que la propuesta del Día Cívico podría no ser tan efectiva como se espera:"Trasladamos ese consumo de las oficinas a las casas", explicó, tras agregar que la medida simplemente cambia el lugar de consumo pero no necesariamente lo reduce significativamente.Castañeda comparó el posible efecto de un día cívico con lo observado durante Semana Santa, donde sí se notó una estabilización en el consumo."Creo que Semana Santa nos ayudó mucho en términos de consumo porque los embalses se mantuvieron casi constantes", comentó. Sin embargo, resaltó que la industria, que es uno de los mayores consumidores de energía, continúa operando normalmente incluso durante estos días cívicos, lo cual limita la efectividad de la medida.Respecto al riesgo de racionamiento, Castañeda consideró que todo dependerá de las lluvias en los próximos días. Recomendó la implementación rápida de programas de ahorro y un cambio en el comportamiento de los consumidores para gestionar mejor los recursos disponibles.“Siendo uno demasiado exigentes, perdiendo tres puntos diarios, estaríamos en ese nivel del 27% más o menos en unos 5 o 6 días. Entonces, lo que lo que yo esperaría y lo que todo el mundo está esperando es que la lluvia llegue y logremos por lo menos, que lo que se consume en el día desde el punto de vista de consumo de agua para generaciones de energía eléctrica, aguante y no nos siga bajando el embalse, por lo menos que nos mantengamos allí sobre ese veintiocho por ciento y no lleguemos al 27”, dijo.
En la mañana del jueves 18 de abril, la ciudad de Medellín fue sacudida por un acto de violencia dentro de la prestigiosa Clínica Medellín, ubicada en El Poblado. Juan Guillermo Aristizábal, un respetado médico especialista en urología, fue brutalmente asesinado en su propio consultorio por uno de sus pacientes.La tristeza embarga a los colegas del reconocido urólogo que fue ultimado por John Ferney Cano González, quien había ingresado a su consultorio y también disparó contra Daniela Díaz, quien estaba trabajando como asistente del médico y resultó lesionada, pero, por fortuna, está fuera de peligro.¿Quién era Juan Guillermo Aristizábal?Aristizábal, reconocido por su dedicación y profesionalismo, no solo era un destacado urólogo, sino también un apreciado docente de neurología y semiología. Su partida deja un vacío en la comunidad médica de la ciudad, familiares y amigos.Diego Sánchez, uno de sus amigos cercanos, compartió su pesar ante la pérdida de Aristizábal, describiéndolo como una persona excepcional, amada y respetada por todos. Además de su brillante carrera médica, Juan Guillermo era un apasionado del heavy metal y ferviente seguidor del Deportivo Independiente Medellín.“Era una maravillosa persona un médico querido por todo el mundo un gran hombre la familia y los amigos estamos consternados es un dolor inmenso porque la verdad no es justo que pasen estas cosas", dijo Diego Sánchez a Blu Radio.El impacto de su trágica muerte se refleja en las palabras de Sánchez, quien lamentó la injusticia de su partida y la violencia que azota a la sociedad. Aristizábal deja atrás a su esposa, María Isabel Trujillo, y a sus dos hijos, Paulina y Miguel, sumiendo a su familia en un profundo dolor y desconcierto.Rechazan asesinato del médico Juan Guillermo Aristizábal Ante este terrible suceso, diversas entidades han expresado su solidaridad con la familia y amigos del doctor Aristizábal. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, condenó enérgicamente el acto violento y lo calificó como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y a la Misión Médica.En un comunicado oficial, el Ministerio de Salud enfatizó el papel fundamental que desempeña el personal sanitario en la protección y preservación de la vida de las personas, y señaló como inaceptable cualquier forma de violencia o ataque contra ellos en el ejercicio de su noble labor.
El presidente Gustavo Petro anunció ayer en un evento en Bogotá la implementación de un día cívico como medida para ahorrar agua y energía. En entrevista con Mañanas Blu, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Anden), alertó que al país le quedan unos 5 o 6 días para que la generación de energía llegue a nivel crítico.Castañeda señaló que la situación es crítica y que se requieren lluvias para evitar un racionamiento de energía. Explicó que actualmente el nivel de los embalses está en un 28.5%, pero gracias al funcionamiento de las plantas térmicas se ha logrado mantener el suministro de energía. Sin embargo, destacó la importancia de que las lluvias regresen para evitar un escenario aún más crítico.En cuanto a la posibilidad de un racionamiento de energía, Castañeda explicó que existe un protocolo que se activa cuando el nivel de los embalses desciende por debajo del 27%. Este protocolo establece medidas para disminuir la demanda de energía, como cortes programados en distintos tipos de consumidores. Sin embargo, resaltó la importancia de implementar medidas de ahorro de energía antes de llegar a este escenario.“Siendo uno demasiado exigentes, perdiendo tres puntos diarios, estaríamos en ese nivel del 27% más o menos en unos 5 o 6 días. Entonces, lo que lo que yo esperaría y lo que todo el mundo está esperando es que la lluvia llegue y logremos por lo menos, que lo que se consume en el día desde el punto de vista de consumo de agua para generaciones de energía eléctrica, aguante y no nos siga bajando el embalse, por lo menos que nos mantengamos allí sobre ese veintiocho por ciento y no lleguemos al 27”, dijo.¿Un día cívico sí ahorra energía?En la entrevista también se le preguntó a Castañeda si una medida como el día cívico puede tener impacto en la industria y en el consumo de energía. El líder gremial señaló que enviar a las personas a sus casas no es una medida efectiva para reducir el consumo, ya que simplemente se traslada de las oficinas a los hogares. Además, mencionó que no existen cifras precisas para determinar cuánto podría disminuir el consumo en un día como el cívico.En cuanto a la importancia de esta medida en el contexto actual, Castañeda comparó el impacto de un día festivo, donde el consumo disminuye considerablemente, con el Día Cívico. Explicó que durante la Semana Santa, por ejemplo, el consumo se redujo significativamente debido a los días festivos, pero en un Día Cívico regular el consumo no se vería afectado de la misma manera, ya que la mayoría de la industria sigue trabajando.Castañeda aclaró que desconectar la nevera y apagar los aires acondicionados y ventiladores no es una práctica común, ya que la nevera debe mantenerse siempre conectada y en funcionamiento. Además, mencionó que el traslado del consumo de las oficinas a los hogares no significa una disminución real en el consumo total.Finalmente, Castañeda mencionó que en el año 2016 se implementó un plan de ahorro de energía que logró reducir la demanda en un 4-5%. Si se hubiera implementado este plan de manera más agresiva y masiva, se habría logrado un ahorro significativo de agua y energía. En ese entonces, se pagaba a los usuarios por cada kilovatio ahorrado, y en la actualidad se requiere implementar un plan similar con una remuneración adecuada para fomentar el ahorro de energía.
La Policía, la Secretaría de la Mujer y centros comerciales como el Chicago y el Puerto Rico, pusieron en marcha la nueva Red de Centros Comerciales Seguros para las Mujeres, bajo el lema "Te Queremos Viva y Diva", cuyo objetivo principal es garantizar estos espacios seguros para las mujeres que frecuentan estos espacios.Entre las estrategias que se implementarán está la instalación de puntos de información en lugares estratégicos dentro de los centros comerciales, proporcionando a las mujeres acceso a líneas de ayuda en casos de violencia psicológica, sexual u otro tipo de violencia.Las estadísticas de las autoridades revelan la urgencia de estas acciones, con un aumento significativo en casos de violencia reportados en comparación con el año anterior. Hasta el 15 de marzo de 2024, en la localidad de Los Mártires se registraron 80 casos de lesiones personales.Incluso, gracias a la colaboración con los centros comerciales, las autoridades lograron prevenir un feminicidio el pasado 25 de octubre de 2023, exactamente en el Mallplaza, ubicado en el centro de la capital del país.“Se evidencia un aumento del 31.15%; 59 casos de delitos sexuales, un aumento del 59.46%; y 166 casos de violencia intrafamiliar, con un aumento del 336.84%”, indicaron las autoridades.Además, desde agosto de 2023 hasta marzo de 2024, se ha brindado información y servicios a 411 mujeres trabajadoras de centros comerciales, marcando un avance significativo en la protección y apoyo a las mujeres en estos espacios.
Después de casi dos días de bloqueos en la vía donde murió una niña en Barrancabermeja, la comunidad llegó a algunos acuerdos con la administración municipal luego de una reunión que sostuvieron con el alcalde Jonathan Vásquez Gómez, representantes de la Personería y Defensoría del Pueblo.Vásquez Gómez mostró su pesar por las muertes que han sido causadas por la imprudencia de algunos conductores de tractomulas, pero destacó el compromiso de garantizar el flujo económico vital para la ciudad, donde el transporte de carga juega un papel crucial para la industria petrolera.Uno de los puntos del acuerdo es la regulación del tráfico en horas pico, con restricciones específicas para el ingreso de tractomulas durante los horarios de mayor congestión, mientras que se permitirá el tránsito libre durante la noche para el transporte de carga.“La idea es restringir el ingreso de tractomulas desde las 5:30 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana, que es el horario donde la mayoría de los padres llevan sus niños al colegio. También a mediodía de 11:30 a 2:30 de la tarde, que es la hora que todos vamos a la casa a almorzar y volvemos al trabajo, y al final del día de 5:00 a 7:00 de la noche. Durante toda la noche habrá tránsito libre para el transporte de carga”, dijo el mandatario.Otro de los acuerdos es que durante las horas donde haya movilidad de tráfico pesado en estas zonas residenciales, deberá haber vigilancia y control de alféreces de tránsito que permitan agilizar la movilidad en los sectores más críticos. “Vamos a destinar recursos para contratar vigías de movilidad y nuevos alféreces de tránsito también”, manifestó.Los líderes de la Comuna 3 exigieron que se busque una solución definitiva para culminar el tramo 2 de la Vía a Yuma, pues así se desviaría el tráfico pesado de las zonas residenciales. No obstante, el alcalde Vásquez Gómez dijo que necesitan el apoyo de la nación, pues la inversión es millonaria.“Ecopetrol tiene toda la voluntad de hacerlo, la Alcaldía también. Tenemos que llegar al Gobierno Nacional porque los 4 kilómetros que hacen falta tienen un valor aproximado de 100 mil millones de pesos por todo el costo de la reubicación que hay que hacer de estas familias que ubicaron sus viviendas en el trazado donde quedaba la vía”, concluyó el alcalde.