La Dijín de la Policía logró la desarticulación de una red peligrosa narcotraficante con alcance transnacional que tenía nexos con estructuras armadas. El operativo, que contó con el apoyo de la Fiscalía y la DEA, dejó tres capturados que eran requeridos por una corte en Estados Unidos.Entre los detenidos se encuentra Libardo Humberto Zapata, alias ‘Libardo’, señalado cabecilla de la organización y considerado un antiguo socio del círculo de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’. El hombre fue capturado en una finca en Guatapé, Antioquia, donde mantenía un estilo de vida ostentoso ligado, según las autoridades, a las rentas del narcotráfico.La investigación, iniciada en 2022, permitió establecer que esta estructura criminal operaba como una red logística al servicio del narcotráfico internacional, enviando cargamentos de cocaína desde puertos como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta hacia destinos como Florida, Puerto Rico, República Dominicana y Centroamérica. Para ello, utilizaban veleros deportivos y contenedores marítimos acondicionados con compartimentos ocultos, con capacidad de transportar entre 200 y 700 kilogramos por envío.Las autoridades también evidenciaron el uso de tecnologías avanzadas para evadir controles, como comunicaciones cifradas, operaciones en la dark web y pagos mediante criptomonedas. Se estima que la organización producía cerca de 10 millones de dosis de cocaína al año, generando ingresos superiores a los 23 millones de dólares.Otro de los capturados es Sebastián Garzón Ramírez, quien sería el encargado de la logística y seguridad tecnológica de la red. Fue detenido en un exclusivo apartamento en el barrio El Poblado de Medellín, donde se hallaron drogas, equipos electrónicos y registros contables que evidenciarían millonarias transacciones.En el mismo operativo fue capturado Sebastián Bedoya Pineda, señalado como el cerebro estratégico de la organización, quien utilizaba una fachada como empresario y creador de contenido para ocultar sus actividades ilícitas en el Valle del Cauca.Según las autoridades, la red operaba bajo un esquema de “outsourcing criminal”, articulando alianzas con el ELN y los Clan del Golfo para garantizar la logística, seguridad y envío de los cargamentos ilícitos. Los capturados fueron trasladados a Bogotá y quedaron a disposición de la Fiscalía, a la espera de los trámites de extradición hacia Estados Unidos.
El Clan del Golfo ha aumentado su número de integrantes de 3.260 en 2020 a 7.391 en la actualidad, un crecimiento del 246%, según el informe de rendición de cuentas de la Fiscalía General de la Nación. Esto ocurre pese a la captura de más de 3.000 personas vinculadas a la organización entre 2016 y 2024, incluyendo a sus máximos cabecillas, como alias 'Otoniel', extraditado a Estados Unidos en 2022.Las acciones judiciales no han logrado desmantelar ni debilitar al Clan del Golfo. La Fiscalía advierte que, aunque las distintas Direcciones Especializadas han incrementado las capturas de cabecillas y miembros de organizaciones criminales, esto no se ha traducido en una reducción real de su estructura ni de su influencia territorial. Alias Otoniel no ha sido el único alto mando en manos de la justicia, también han sido capturados otros cabecillas de la organización, sin que esto haya significado una fractura en su operatividad.La dispersión en las investigaciones y la falta de una estrategia unificada han dificultado la efectividad de las acciones contra el crimen organizado. Las capturas generan impacto mediático, pero la organización sigue expandiéndose, reemplazando a sus líderes y fortaleciendo su control sobre actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.El Clan del Golfo ha aprovechado la falta de presencia estatal en varias regiones para seguir reclutando nuevos integrantes, especialmente entre jóvenes y poblaciones vulnerables. Su estructura le permite adaptarse rápidamente a los golpes de la fuerza pública, manteniendo su operatividad sin que las capturas afecten su crecimiento, según el informe del ente acusador.La Fiscalía advierte que se necesita un cambio en la estrategia contra el crimen organizado. Más allá de capturas, es fundamental una mayor inteligencia, control territorial y desarticulación financiera para atacar de raíz el fortalecimiento de estas estructuras. El aumento de integrantes del Clan del Golfo confirma que la respuesta del Estado no ha sido suficiente y que el crimen organizado sigue en expansión.Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), las cifras de crecimiento del Clan del Golfo presentadas por la Fiscalía deben analizarse con cautela. Además, advirtió que estos cálculos parecen más proyecciones matemáticas que reflejos exactos de la realidad, la cual podría ser aún más grave debido a la falta de información precisa sobre la estructura real del Clan del Golfo.Bonilla también cuestionó la efectividad de las capturas como principal estrategia del Estado. Señaló que, si bien ha habido avances, la lógica de operar contra el Clan del Golfo como si fuera un grupo armado tradicional es errónea, pues se trata de un “holding criminal” con estructuras flexibles que pueden expandirse o contraerse según las necesidades del mercado o del control territorial. En ese sentido, coincidió con la Fiscalía en la necesidad de fortalecer la inteligencia y el desmantelamiento financiero de la organización, pero agregó que el gran desafío sigue siendo la sustitución del control territorial del Clan del Golfo por una presencia efectiva del Estado y sus instituciones democráticas.
En la últimas horas, el magistrado Gustavo Salazar, quien investiga en la JEP los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica, firmó un auto de 262 páginas con el cual ordena compulsar copias contra algunos generales y oficiales que hicieron parte de la Brigada VII, el Batallón de Infantería No. 21 y a unos comandantes de Policía del departamento del Meta.La compulsa de copias se dio tras escuchar el testimonio de Dairo Antonio Úsuga, conocido con el alias de 'Otoniel', Juan Carlos Rodríguez, conocido como 'Zeus', y otros testigos y comparecientes que habrían contado ante la JEP como se habrían dado las alianzas entre algunos miembros de la fuerza pública y el paramilitarismo en el Meta.En la lista de generales a quienes se les compulsó copias está Jaime Humberto Uscátegui, quien fue condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán. Además, fue comandante en el año 1997 de la Brigada 7."Habría facilitado la operación militar de grupos ilegales en el territorio bajo su jurisdicción lo cual se tradujo en la comisión de crímenes internacionales", se lee en el auto firmado por Salazar.En la lista también sale Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, quien fue salpicado por Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', por presuntos vínculos con el paramilitarismo."Por su parte, Úsuga David confirmó ante la JEP, como los vínculos y la coordinación operativa entre los grupos paramilitares y el Batallón 21 Vargas se realizaba directamente entre Manuel de Jesús Pirabán, alias 'Jorge Pirata', y Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, comandante del Bivar", agrega la JEP. Pérez Guarnizo fue comandante entre 1998 y1999 del Batallón de Infantería XXI Vargas.Otros de los mencionados en este auto son el general (r) Francisco René Pedraza, quien comandó la Brigada VII en 1997, Benigno Esteban Piñeros Londoño, Benjamín Núñez Núñez y Mario Gutiérrez Jiménez, quienes comandaron la Policía en el Meta entre 1997, 1998 y 1999, respectivamente. Otro de los mencionados es Blas Arvelio Ortíz, quien fue gobernador del Vichada, pero anteriormente, comandó el Batallón de Infantería XXI Vargas."El despacho tiene elementos para sostener que la presencia en el Alto Ariari y el proceso de consolidación y expansión de los grupos paramilitares, autodefensas de San Martín, Grupo de El Dorado, 1997-1998 y, a partir de 1998 el Bloque Centauros y durante 1999, por ser notoria debería haber sido de pleno conocimiento de los altos mandos de la VII Brigada y el Batallón 21 Vargas, así como de la ejecución de sus crímenes. En algunos de ellos, se ha avanzado de manera sustancial en la identificación de distintos niveles de participación de miembros de las unidades militares mencionadas", señaló la JEP.La compulsa de copias busca que en el caso 8 de la JEP, que investiga las alianzas entre miembros de la fuerza pública y el paramilitarismo, se pueda establecer si los oficiales antes mencionados tuvieron alguna relación o conocimiento en los hechos señalados.
El pasado mes de abril, los magistrados Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar llegaron a la Penitenciaría de Máxima Seguridad ‘ADX’ o ‘Supermax’, en Florence, Colorado, Estados Unidos, para interrogar a Dairo Antonio Úsuga, conocido como 'Otoniel', con el fin de recolectar información para los casos relacionados con los falsos positivos y los crímenes cometidos contra el partido de izquierda Unión Patriótica.Alias 'Otoniel' fue el máximo comandante del Clan del Golfo y también lideró el Bloque Centauros de las AUC, que tenía presencia en departamentos como Arauca y Casanare. En mayo de 2022, fue extraditado a Estados Unidos tras su captura.La JEP decidió compulsar copias para que se investigue a un mayor general, seis agentes del Estado y tres civiles mencionados por 'Otoniel'. En dicho auto, se levantó la reserva de algunos apartados del testimonio de Úsuga. Allí, los magistrados le preguntaron sobre su extradición, y él aseguró que el proceso fue bastante rápido:"Magistrado (JEP): Porque es que su, además su proceso de extradición fue bastante rápido, ¿usted recuerda?DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID (Testigo): Sí, demasiado.Magistrado (JEP): ¿Y usted qué reflexión le genera esa rapidez? ¿Por qué cree que fue tan rápido?", se lee en el auto.En ese punto, alias 'Otoniel' aseguró que estaba entregando mucha información sobre diferentes procesos, y que por eso considera que se habría dado su extradición."DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID (Testigo): La mayoría, eso era para que no siguiera declarando allá en Colombia, para el silencio, silenciar más a uno, pues porque estaba declarando sobre muchas cosas allá, como testigo, y por eso fue la extradición tan rápida.Magistrado (JEP): ¿Y usted cree que le faltó declarar mucho?DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID (Testigo): Pues siempre, siempre hay cosas que podían ampliar más las declaraciones.Magistrado (JEP): ¿Y usted considera que fue en relación con alguna persona en particular que tenía miedo de que usted declarara?DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID (Testigo): No, no, así particular no, hay cosas en general, hay declaraciones en general, la mayor parte en general", agregó Úsuga.En ese mismo sentido, señaló a congresistas, empresarios y otras personas que tendrían, presuntamente, vínculos con el paramilitarismo.
El pasado 9, 10 y 11 de abril Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', rindió testimonio ante la JEP para los casos 03 y 06, que investigan los falsos positivos y los crímenes cometidos contra el partido de izquierda Unión Patriótica, respectivamente.El excomandante del Clan del Golfo y exjefe del bloque Centauros de las AUC entregó su testimonio desde la penitenciaria de máxima seguridad ADX o Supermax, de Florence, Colorado, Estados Unidos, donde se encuentra tras su extradición.Allí alias 'Otoniel' habló sobre políticos, empresarios y altos mandos de las Fuerzas Militares, quienes habrían tenido, presuntamente, vínculos con las Autodefensas, la mayoría mencionados en la lista que había entregado con anterioridad a esa justicia cuando aún estaba en Colombia.“Se ratifica que era gente colaboradora, como les dije ese día, que era gente que colaboraba en la organización, la mayor parte nos colaboraba financieramente”, fue la primera respuesta que dio Otoniel a los magistrados en esta declaración.Tras sus declaraciones, la JEP compulsó copias, es decir, pedir a la justicia ordinaria que investigue a algunos de los mencionados, pues no están bajo su competencia.En la resolución de la JEP está los excongresistas Milton Arlex Rodríguez Sarmiento y Carlos Cárdenas Oriz; el empresario y exfuncionario de Casanare, Andrés Rueda Gómez; el exrector de la Universidad de Cartagena; Sergio Manuel Hernández, el exsecretario de Casanare, Leonídas Ortega; el contratista e interventor, Sigifredo Gómez Torreglosa; el exrepresentante Helí Cala López; el exdiputado de Casanare, Oscar Raúl Iván Flórez y los políticos Alfredo Iván Guzmán, quien fuera alcalde de Tame, Arauca, y Julio Enrique Acosta Bernal.La Justicia Especial también pidió investigar a todos los diputados de Casanare para el periodo 2000-2003 y los integrantes de la cúpula de la brigada 18 del Ejército que estuvo entre 2000 y 2006.
En una operación conjunta de la Policía y otras autoridades, fue capturado Juan Alberto Muñoz Terán, alias 'Lápiz', cuñado de Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel' excomandante del Clan del Golfo. La captura se realizó este domingo, 20 de octubre de 2024, en Medellín, Antioquia, como parte de la Operación Agamenón, que busca desmantelar las estructuras criminales del Clan del Golfo.Alias 'Lápiz' es señalado como un importante articulador criminal y coordinador de narcotráfico de la subestructura Luis Orlando Padierna Peña. Con una trayectoria delictiva de 16 años, en 2020 fue nombrado cabecilla de esta subestructura, y en 2021, fue delegado por alias “Chiquito Malo” para expandir las actividades criminales del Clan del Golfo en Norte de Santander.Entre las principales responsabilidades de Muñoz Terán se encontraba la coordinación del envío de aproximadamente cinco toneladas de cocaína mensuales desde el Catatumbo hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Además, estaba a cargo del cobro de extorsiones, homicidios y el desplazamiento forzado en zonas como Cúcuta, Puerto Santander y el Catatumbo, donde lideraba enfrentamientos con el ELN por el control territorial y las rentas ilícitas.La operación, liderada por la DIJIN y la DIPOL, contó con el apoyo del COPES Agamenón y la Fiscalía 127 Especializada DECOC de Cúcuta. Alias 'Lápiz' es requerido por la justicia por delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, fabricación y tráfico de armas. Su captura representa un golpe estratégico al Clan del Golfo y a las redes de narcotráfico que operan en el país.
Dairo Antonio Úsuga, conocido como 'Otoniel', ex líder máximo del Clan del Golfo y actualmente detenido en EE.UU. tras ser extraditado en 2022, ha revelado su implicación con la fuerza pública en la ejecución de civiles en el departamento colombiano del Meta, casos conocidos como "falsos positivos". Esta información fue proporcionada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el día de hoy.La JEP informó en un comunicado que 'Otoniel' ha ofrecido "información relevante sobre operaciones conjuntas para cometer asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados como supuestas bajas en combate por parte de la fuerza pública en el Meta". Además, durante tres días, habló sobre "su participación en la victimización contra miembros del partido Unión Patriótica".El diálogo entre el exjefe del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y los magistrados Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar de la Sala de Reconocimiento de la JEP, se llevó a cabo en la penitenciaría de máxima seguridad 'ADX' o 'Supermax' en Florence, Colorado.'Otoniel' también señaló vínculos entre miembros de la fuerza pública, políticos a nivel nacional y regional, y terceros civiles con los grupos armados ilegales a los que perteneció, como la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Clan del Golfo.La toma de testimonio, realizada con la colaboración del Departamento de Justicia de EE.UU., se llevó a cabo de manera reservada, garantizando la participación de las víctimas y sus representantes judiciales para hacer preguntas a 'Otoniel'.La JEP ahora analizará y valorará la información proporcionada por el exjefe paramilitar. Cabe destacar que Úsuga ya había sido escuchado como testigo por la JEP en 2022 cuando estaba en Colombia, antes de su extradición a EE.UU.Esta comparecencia no implica necesariamente que será juzgado por esta justicia especial, que ofrece penas alternativas a la prisión si el procesado proporciona suficiente verdad sobre los crímenes y reconoce su participación.
Luego de que se conociera que Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, y quien era el máximo jefe del Clan del Golfo, brindará su testimonio el 9 y 10 de abril ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), representantes de víctimas en Antioquia pidieron que no se obstaculice nuevamente el aporte a la verdad, tal y como se pretendió con su extradición a Estados Unidos.Además de la notificación del testimonio de ‘Otoniel’, se avisó la posibilidad de radicar cuestionarios ante la Jurisdicción Especial para Paz por parte de los representantes de víctimas del Caso 03 y 06, por lo que se espera que esta vez sí tengan acceso a la verdad."Esperamos que estas declaraciones entreguen amplia información sobre su participación durante el conflicto armado y la convivencia de Fuerza Pública con paramilitarismo y empresarial. Las víctimas esperan que esta verdad pueda ser entregada y no ser obstaculice como se hizo en su anterior extradición", explicó Jackson Taborda, coordinador Jurídico Fundación Forjando Futuros.Úsuga dará su versión de los delitos que cometió en Colombia y el rol de la Fuerza Pública, desde donde está recluido en Estados Unidos.Le puede interesar:
En medio de una operación de las Fuerzas Militares, en Antioquia, fueron abatidos tres integrantes del Clan del Golfo, entre ellos Robirio Antonio Úsuga Restrepo, conocido con el alias de ‘Tripaseca’ y primo de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, hoy extraditado en Estados Unidos.Las operaciones se adelantaron en zona rural de El Dos, en Turbo, y de acuerdo con las investigaciones, los otros dos abatidos hacían parte del anillo de seguridad.A alias ‘Tripaseca’ se le acusa de varios atentados contra la fuerza pública en la región del Urabá antioqueño.Uno de ellos fue la activación de un campo minado en mayo de 2022 al paso de un carro de Migración Colombia, todo esto en medio del denominado paro armado que ese grupo ilegal promovió tras la extradición de ‘Otoniel’. En ese caso dos militares resultaron lesionados.Así mismo, está vinculado al atentado que, en la primera semana de enero de este año, dejó un soldado muerto y 12 más heridos también en Turbo.Finalmente, inteligencia militar lo relaciona con otro atentado en el corregimiento El Dos, de ese municipio, que dejó dos policías heridos el pasado 13 de enero.En su historial delictivo aparecen reseñados, además, delitos como microtráfico, extorsión, reclutamiento forzado de menores y homicidios.
A menos de dos meses de que finalice su periodo como fiscal general, Francisco Barbosa entregó un balance sobre el trabajo que hizo su administración en materia judicial con grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.En ese informe se conoció que en los últimos cuatro años, se han judicializado más de 6.600 integrantes de esas organizaciones; siendo el Clan del Golfo el grupo que más golpes judiciales ha recibido durante la llegada de Barbosa a la Fiscalía.De esas judicializaciones, más de 1.800 fueron del Clan del Golfo, de los cuales en su mayoría son cabecillas, como la captura y extradición del jefe máximo Darío Antonio Úsuga, alias 'Otoniel'.De las disidencias de las Farc fueron judicializados en ese mismo periodo 1.119 integrantes y se esclarecieron atentados terroristas en los que participó la estructura, como el ataque a la brigada 30 del Ejército en 2021.Sobre ataques terroristas, la Fiscalía logró esclarecer 36 % de los hechos que se presentaron en esos cuatro años como el ataque a un grupo del Esmad en Cali en 2022 que dejó 13 uniformados y una persona herida.Carlos Izquierdo, director contra organizaciones criminales, explicó que estos resultados se dieron por “metodologías estratégicas para fortalecer el trabajo en los territorios contra los grupos armados ilegales que someten a la población civil y poner en evidencia a los cabecillas”.Dentro de este balance la Fiscalía confirmó que en la administración Barbosa se lograron resolver 777 homicidios en zonas rurales.Le puede interesar:
Música, zócalos, deporte, gastronomía y cientos de visitantes harán parte de la celebración que por estos días se toma Guatapé, que conmemora sus 215 años con diez jornadas de actividades culturales, recreativas y musicales.Las XXIII Fiestas de los Zócalos, el Turismo y el Embalse comenzaron el 25 de septiembre y se extenderán hasta el 4 de octubre, con una programación que busca reunir a habitantes y turistas alrededor de las tradiciones de este municipio del Oriente antioqueño.Uno de los principales protagonistas será el zócalo, símbolo de la identidad de Guatapé, con actividades como el Festival del Zócalo, la Ruta del Zócalo, talleres, exposiciones y otros espacios dedicados a esta tradición.La agenda también incluye la tercera Media Maratón de Guatapé, encuentros deportivos, la feria de emprendimiento Hecho en Guatapé, Mercados Campesinos y actividades para niños, jóvenes y familias.Edison Alejandro Jaramillo, secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Guatapé, aseguró que la celebración tendrá, además, cuatro días de conciertos, entre el primero y el 4 de octubre.“Vamos a tener tarima los días 1, 2, 3 y 4 de octubre, con artistas nacionales e internacionales como el Charrito Negro, Adolescentes, orquestas, el Combo que Nota, entre otros”, señaló.El funcionario también invitó a los turistas a recorrer el municipio y disfrutar de su gastronomía, sus tradicionales calles llenas de color, el embalse y otros atractivos que convierten a Guatapé en uno de los principales destinos turísticos del Oriente antioqueño.Las fiestas concluirán el 4 de octubre con el acto conmemorativo por los 215 años del municipio.Según destacaron desde Asointermedias, la celebración busca no solo conmemorar la historia de Guatapé, sino también mostrar las tradiciones, el emprendimiento y la oferta turística que durante estos días estarán en el centro de la agenda.
El Ministerio del Trabajo y la empresa Aris Mining firmaron una Declaración de Cooperación para avanzar en la formalización laboral de miles de mineros en Colombia, con una meta inicial de 4.000 nuevos empleos formales y el objetivo de alcanzar 8.000 trabajadores vinculados en condiciones dignas en Antioquia, Caldas y Santander.La alianza público-privada busca transformar las condiciones laborales en zonas con tradición minera mediante la generación de empleo formal, seguro y con enfoque ambiental. La estrategia se implementará en municipios como Segovia y Remedios, en Antioquia; Marmato, en Caldas; y Soto Norte, en Santander, donde históricamente ha predominado la informalidad en esta actividad.El acuerdo contempla la articulación entre la oferta y la demanda laboral, el fortalecimiento de procesos de formación con el SENA y la garantía de acceso al sistema de seguridad social para los trabajadores. Además, plantea la transición hacia empleos verdes y la sustitución de prácticas informales por trabajos estables y protegidos.La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, destacó que esta alianza no solo permitirá sumar miles de empleos formales, sino también cerrar brechas de género, vincular a mujeres y jóvenes y avanzar en la erradicación del trabajo infantil dentro de las cadenas productivas del sector minero.Por su parte, desde Aris Mining señalaron que este modelo de colaboración con el Estado fortalece las capacidades en los territorios, promueve oportunidades económicas y consolida una visión de largo plazo basada en la corresponsabilidad y la sostenibilidad.La iniciativa también se apoya en avances previos de la compañía en materia de formalización, seguridad social y certificaciones en equidad de género, y se articula con el Servicio Público de Empleo para facilitar el acceso a oportunidades laborales, consolidando la formalización minera como una puerta de entrada a la protección social y al desarrollo territorial.
Colombia recibió a 48 estudiantes extranjeros que adelantarán sus estudios en distintas regiones del país como parte de programas de becas y movilidad académica. Los beneficiarios participaron este viernes en un encuentro de bienvenida organizado por la Cancillería y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) en el Palacio de San Carlos, en Bogotá.Del grupo, 30 estudiantes hacen parte del programa Beca Colombia, 12 de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico y seis del programa de Multilingüismo.La jornada reunió a representantes de entidades nacionales, organismos de cooperación, instituciones de educación superior y delegaciones diplomáticas. Además, los estudiantes participaron en actividades relacionadas con la cultura colombiana, entre ellas una presentación de la Marca País Colombia, a cargo de ProColombia, y una actividad sobre colombianismos liderada por el Instituto Caro y Cuervo.Elisa Mercedes Fuentes Mejía, viceministra (e) de Relaciones Exteriores, destacó el papel de las becas y los intercambios académicos dentro de la cooperación internacional.“Pocas expresiones de esta cooperación tienen un efecto tan directo en las personas como una beca, una estancia académica o una oportunidad de formación. Dentro de esa agenda, la educación ocupa un lugar de especial relevancia”, señaló.Por su parte, Richard Caicedo, presidente del ICETEX, aseguró que estos programas buscan generar oportunidades de formación tanto para colombianos en el exterior como para estudiantes extranjeros que llegan al país.“Desde el ICETEX queremos seguir construyendo este tipo de redes y fortalecer una institución cada vez más cercana a las personas, a las regiones y también al mundo. Una institución capaz de generar oportunidades para que los colombianos puedan formarse en otros países, pero también de hacer de Colombia un destino para el conocimiento, la cooperación y el intercambio académico”, afirmó Richard Caicedo, presidente del ICETEX.Entre los beneficiarios está Abigail Arzaluz Alva, estudiante mexicana que actualmente cursa una maestría en la Universidad Externado de Colombia a través del programa Beca Colombia. La estudiante destacó la oportunidad de conocer el país mientras adelanta su formación académica.“Es un verdadero honor haber sido seleccionada como beneficiaria y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad, porque sé que debo aprovechar esta oportunidad al máximo, aprender todo lo que pueda y llevar conmigo todo aquello que Colombia tiene para enseñarme”, señaló.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra servidores públicos que están por establecer, por una presunta crisis financiera que estaría afectando la prestación de los servicios de salud en Caquetá, especialmente en el Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia.La investigación busca identificar a los posibles responsables y establecer si las dificultades en el flujo de recursos y el represamiento de cartera de las EPS Asmet Salud, Nueva EPS y Sanitas estarían generando consecuencias administrativas, financieras y asistenciales para el hospital y para el personal que presta allí sus servicios.Según la Procuraduría, esta situación habría ocasionado retrasos en el pago de salarios, prestaciones sociales y honorarios, además de dificultades para cumplir con las obligaciones con proveedores y posibles reducciones o suspensiones de servicios y personal.Por estos hechos, la Procuraduría Regional de Instrucción Caquetá ordenó la práctica de pruebas para determinar lo ocurrido.Además, el organismo informó que remitirá a la Procuraduría Delegada de Instrucción Tercera para la Vigilancia Administrativa una queja contra el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los dos últimos superintendentes nacionales de Salud, debido a que la competencia disciplinaria sobre estos funcionarios corresponde a esa dependencia.
Una madrugada de mayo de 2023, cuatro hombres llegaron en motocicletas hasta una finca ubicada en la vereda Las Cuchillas, en Rionegro, Antioquia, y dispararon en repetidas ocasiones contra el portón principal. En la vivienda estaban la esposa y los hijos menores de edad del cantante de música popular Luis Alfonso, además de otros familiares y el mayordomo de la propiedad.El ataque terminó provocando el desplazamiento de las familias, según estableció una investigación de la Fiscalía General de la Nación, que ahora permitió la captura de un excomandante de la Estación de Policía de Rionegro.Se trata de Bladimir Alberto Londoño Londoño, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como comandante de esa estación y tenía el rango de teniente.De acuerdo con la Fiscalía, las cámaras de seguridad permitieron identificar a los presuntos responsables del ataque armado. Los señalados agresores fueron judicializados en su momento, pero no recibieron medida de aseguramiento.Posteriormente, los ocupantes de la finca comenzaron a recibir llamadas y mensajes amenazantes y detectaron seguimientos de personas extrañas en los alrededores del inmueble. Según la investigación, estas acciones buscaban presionar a las víctimas para que retiraran la denuncia presentada por el ataque.Ante el temor, la familia de Luis Alfonso y la del mayordomo abandonaron Rionegro y se trasladaron a Copacabana. Allí adoptaron medidas de protección, entre ellas esquemas de seguridad y vehículos blindados. La Fiscalía señaló que el cambio repentino de residencia generó afectaciones psicológicas, especialmente en los menores de edad.Londoño Londoño, quien ya fue desvinculado de la Policía Nacional, fue capturado por el CTI, con apoyo del Gaula Militar y la Policía.Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó el delito de desplazamiento forzado agravado. El exuniformado no aceptó los cargos y deberá cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario.
