La Dijín de la Policía logró la desarticulación de una red peligrosa narcotraficante con alcance transnacional que tenía nexos con estructuras armadas. El operativo, que contó con el apoyo de la Fiscalía y la DEA, dejó tres capturados que eran requeridos por una corte en Estados Unidos.Entre los detenidos se encuentra Libardo Humberto Zapata, alias ‘Libardo’, señalado cabecilla de la organización y considerado un antiguo socio del círculo de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’. El hombre fue capturado en una finca en Guatapé, Antioquia, donde mantenía un estilo de vida ostentoso ligado, según las autoridades, a las rentas del narcotráfico.La investigación, iniciada en 2022, permitió establecer que esta estructura criminal operaba como una red logística al servicio del narcotráfico internacional, enviando cargamentos de cocaína desde puertos como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta hacia destinos como Florida, Puerto Rico, República Dominicana y Centroamérica. Para ello, utilizaban veleros deportivos y contenedores marítimos acondicionados con compartimentos ocultos, con capacidad de transportar entre 200 y 700 kilogramos por envío.Las autoridades también evidenciaron el uso de tecnologías avanzadas para evadir controles, como comunicaciones cifradas, operaciones en la dark web y pagos mediante criptomonedas. Se estima que la organización producía cerca de 10 millones de dosis de cocaína al año, generando ingresos superiores a los 23 millones de dólares.Otro de los capturados es Sebastián Garzón Ramírez, quien sería el encargado de la logística y seguridad tecnológica de la red. Fue detenido en un exclusivo apartamento en el barrio El Poblado de Medellín, donde se hallaron drogas, equipos electrónicos y registros contables que evidenciarían millonarias transacciones.En el mismo operativo fue capturado Sebastián Bedoya Pineda, señalado como el cerebro estratégico de la organización, quien utilizaba una fachada como empresario y creador de contenido para ocultar sus actividades ilícitas en el Valle del Cauca.Según las autoridades, la red operaba bajo un esquema de “outsourcing criminal”, articulando alianzas con el ELN y los Clan del Golfo para garantizar la logística, seguridad y envío de los cargamentos ilícitos. Los capturados fueron trasladados a Bogotá y quedaron a disposición de la Fiscalía, a la espera de los trámites de extradición hacia Estados Unidos.
El Clan del Golfo ha aumentado su número de integrantes de 3.260 en 2020 a 7.391 en la actualidad, un crecimiento del 246%, según el informe de rendición de cuentas de la Fiscalía General de la Nación. Esto ocurre pese a la captura de más de 3.000 personas vinculadas a la organización entre 2016 y 2024, incluyendo a sus máximos cabecillas, como alias 'Otoniel', extraditado a Estados Unidos en 2022.Las acciones judiciales no han logrado desmantelar ni debilitar al Clan del Golfo. La Fiscalía advierte que, aunque las distintas Direcciones Especializadas han incrementado las capturas de cabecillas y miembros de organizaciones criminales, esto no se ha traducido en una reducción real de su estructura ni de su influencia territorial. Alias Otoniel no ha sido el único alto mando en manos de la justicia, también han sido capturados otros cabecillas de la organización, sin que esto haya significado una fractura en su operatividad.La dispersión en las investigaciones y la falta de una estrategia unificada han dificultado la efectividad de las acciones contra el crimen organizado. Las capturas generan impacto mediático, pero la organización sigue expandiéndose, reemplazando a sus líderes y fortaleciendo su control sobre actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.El Clan del Golfo ha aprovechado la falta de presencia estatal en varias regiones para seguir reclutando nuevos integrantes, especialmente entre jóvenes y poblaciones vulnerables. Su estructura le permite adaptarse rápidamente a los golpes de la fuerza pública, manteniendo su operatividad sin que las capturas afecten su crecimiento, según el informe del ente acusador.La Fiscalía advierte que se necesita un cambio en la estrategia contra el crimen organizado. Más allá de capturas, es fundamental una mayor inteligencia, control territorial y desarticulación financiera para atacar de raíz el fortalecimiento de estas estructuras. El aumento de integrantes del Clan del Golfo confirma que la respuesta del Estado no ha sido suficiente y que el crimen organizado sigue en expansión.Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), las cifras de crecimiento del Clan del Golfo presentadas por la Fiscalía deben analizarse con cautela. Además, advirtió que estos cálculos parecen más proyecciones matemáticas que reflejos exactos de la realidad, la cual podría ser aún más grave debido a la falta de información precisa sobre la estructura real del Clan del Golfo.Bonilla también cuestionó la efectividad de las capturas como principal estrategia del Estado. Señaló que, si bien ha habido avances, la lógica de operar contra el Clan del Golfo como si fuera un grupo armado tradicional es errónea, pues se trata de un “holding criminal” con estructuras flexibles que pueden expandirse o contraerse según las necesidades del mercado o del control territorial. En ese sentido, coincidió con la Fiscalía en la necesidad de fortalecer la inteligencia y el desmantelamiento financiero de la organización, pero agregó que el gran desafío sigue siendo la sustitución del control territorial del Clan del Golfo por una presencia efectiva del Estado y sus instituciones democráticas.
En la últimas horas, el magistrado Gustavo Salazar, quien investiga en la JEP los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica, firmó un auto de 262 páginas con el cual ordena compulsar copias contra algunos generales y oficiales que hicieron parte de la Brigada VII, el Batallón de Infantería No. 21 y a unos comandantes de Policía del departamento del Meta.La compulsa de copias se dio tras escuchar el testimonio de Dairo Antonio Úsuga, conocido con el alias de 'Otoniel', Juan Carlos Rodríguez, conocido como 'Zeus', y otros testigos y comparecientes que habrían contado ante la JEP como se habrían dado las alianzas entre algunos miembros de la fuerza pública y el paramilitarismo en el Meta.En la lista de generales a quienes se les compulsó copias está Jaime Humberto Uscátegui, quien fue condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán. Además, fue comandante en el año 1997 de la Brigada 7."Habría facilitado la operación militar de grupos ilegales en el territorio bajo su jurisdicción lo cual se tradujo en la comisión de crímenes internacionales", se lee en el auto firmado por Salazar.En la lista también sale Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, quien fue salpicado por Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', por presuntos vínculos con el paramilitarismo."Por su parte, Úsuga David confirmó ante la JEP, como los vínculos y la coordinación operativa entre los grupos paramilitares y el Batallón 21 Vargas se realizaba directamente entre Manuel de Jesús Pirabán, alias 'Jorge Pirata', y Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, comandante del Bivar", agrega la JEP. Pérez Guarnizo fue comandante entre 1998 y1999 del Batallón de Infantería XXI Vargas.Otros de los mencionados en este auto son el general (r) Francisco René Pedraza, quien comandó la Brigada VII en 1997, Benigno Esteban Piñeros Londoño, Benjamín Núñez Núñez y Mario Gutiérrez Jiménez, quienes comandaron la Policía en el Meta entre 1997, 1998 y 1999, respectivamente. Otro de los mencionados es Blas Arvelio Ortíz, quien fue gobernador del Vichada, pero anteriormente, comandó el Batallón de Infantería XXI Vargas."El despacho tiene elementos para sostener que la presencia en el Alto Ariari y el proceso de consolidación y expansión de los grupos paramilitares, autodefensas de San Martín, Grupo de El Dorado, 1997-1998 y, a partir de 1998 el Bloque Centauros y durante 1999, por ser notoria debería haber sido de pleno conocimiento de los altos mandos de la VII Brigada y el Batallón 21 Vargas, así como de la ejecución de sus crímenes. En algunos de ellos, se ha avanzado de manera sustancial en la identificación de distintos niveles de participación de miembros de las unidades militares mencionadas", señaló la JEP.La compulsa de copias busca que en el caso 8 de la JEP, que investiga las alianzas entre miembros de la fuerza pública y el paramilitarismo, se pueda establecer si los oficiales antes mencionados tuvieron alguna relación o conocimiento en los hechos señalados.
El pasado mes de abril, los magistrados Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar llegaron a la Penitenciaría de Máxima Seguridad ‘ADX’ o ‘Supermax’, en Florence, Colorado, Estados Unidos, para interrogar a Dairo Antonio Úsuga, conocido como 'Otoniel', con el fin de recolectar información para los casos relacionados con los falsos positivos y los crímenes cometidos contra el partido de izquierda Unión Patriótica.Alias 'Otoniel' fue el máximo comandante del Clan del Golfo y también lideró el Bloque Centauros de las AUC, que tenía presencia en departamentos como Arauca y Casanare. En mayo de 2022, fue extraditado a Estados Unidos tras su captura.La JEP decidió compulsar copias para que se investigue a un mayor general, seis agentes del Estado y tres civiles mencionados por 'Otoniel'. En dicho auto, se levantó la reserva de algunos apartados del testimonio de Úsuga. Allí, los magistrados le preguntaron sobre su extradición, y él aseguró que el proceso fue bastante rápido:"Magistrado (JEP): Porque es que su, además su proceso de extradición fue bastante rápido, ¿usted recuerda?DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID (Testigo): Sí, demasiado.Magistrado (JEP): ¿Y usted qué reflexión le genera esa rapidez? ¿Por qué cree que fue tan rápido?", se lee en el auto.En ese punto, alias 'Otoniel' aseguró que estaba entregando mucha información sobre diferentes procesos, y que por eso considera que se habría dado su extradición."DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID (Testigo): La mayoría, eso era para que no siguiera declarando allá en Colombia, para el silencio, silenciar más a uno, pues porque estaba declarando sobre muchas cosas allá, como testigo, y por eso fue la extradición tan rápida.Magistrado (JEP): ¿Y usted cree que le faltó declarar mucho?DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID (Testigo): Pues siempre, siempre hay cosas que podían ampliar más las declaraciones.Magistrado (JEP): ¿Y usted considera que fue en relación con alguna persona en particular que tenía miedo de que usted declarara?DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID (Testigo): No, no, así particular no, hay cosas en general, hay declaraciones en general, la mayor parte en general", agregó Úsuga.En ese mismo sentido, señaló a congresistas, empresarios y otras personas que tendrían, presuntamente, vínculos con el paramilitarismo.
El pasado 9, 10 y 11 de abril Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', rindió testimonio ante la JEP para los casos 03 y 06, que investigan los falsos positivos y los crímenes cometidos contra el partido de izquierda Unión Patriótica, respectivamente.El excomandante del Clan del Golfo y exjefe del bloque Centauros de las AUC entregó su testimonio desde la penitenciaria de máxima seguridad ADX o Supermax, de Florence, Colorado, Estados Unidos, donde se encuentra tras su extradición.Allí alias 'Otoniel' habló sobre políticos, empresarios y altos mandos de las Fuerzas Militares, quienes habrían tenido, presuntamente, vínculos con las Autodefensas, la mayoría mencionados en la lista que había entregado con anterioridad a esa justicia cuando aún estaba en Colombia.“Se ratifica que era gente colaboradora, como les dije ese día, que era gente que colaboraba en la organización, la mayor parte nos colaboraba financieramente”, fue la primera respuesta que dio Otoniel a los magistrados en esta declaración.Tras sus declaraciones, la JEP compulsó copias, es decir, pedir a la justicia ordinaria que investigue a algunos de los mencionados, pues no están bajo su competencia.En la resolución de la JEP está los excongresistas Milton Arlex Rodríguez Sarmiento y Carlos Cárdenas Oriz; el empresario y exfuncionario de Casanare, Andrés Rueda Gómez; el exrector de la Universidad de Cartagena; Sergio Manuel Hernández, el exsecretario de Casanare, Leonídas Ortega; el contratista e interventor, Sigifredo Gómez Torreglosa; el exrepresentante Helí Cala López; el exdiputado de Casanare, Oscar Raúl Iván Flórez y los políticos Alfredo Iván Guzmán, quien fuera alcalde de Tame, Arauca, y Julio Enrique Acosta Bernal.La Justicia Especial también pidió investigar a todos los diputados de Casanare para el periodo 2000-2003 y los integrantes de la cúpula de la brigada 18 del Ejército que estuvo entre 2000 y 2006.
En una operación conjunta de la Policía y otras autoridades, fue capturado Juan Alberto Muñoz Terán, alias 'Lápiz', cuñado de Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel' excomandante del Clan del Golfo. La captura se realizó este domingo, 20 de octubre de 2024, en Medellín, Antioquia, como parte de la Operación Agamenón, que busca desmantelar las estructuras criminales del Clan del Golfo.Alias 'Lápiz' es señalado como un importante articulador criminal y coordinador de narcotráfico de la subestructura Luis Orlando Padierna Peña. Con una trayectoria delictiva de 16 años, en 2020 fue nombrado cabecilla de esta subestructura, y en 2021, fue delegado por alias “Chiquito Malo” para expandir las actividades criminales del Clan del Golfo en Norte de Santander.Entre las principales responsabilidades de Muñoz Terán se encontraba la coordinación del envío de aproximadamente cinco toneladas de cocaína mensuales desde el Catatumbo hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Además, estaba a cargo del cobro de extorsiones, homicidios y el desplazamiento forzado en zonas como Cúcuta, Puerto Santander y el Catatumbo, donde lideraba enfrentamientos con el ELN por el control territorial y las rentas ilícitas.La operación, liderada por la DIJIN y la DIPOL, contó con el apoyo del COPES Agamenón y la Fiscalía 127 Especializada DECOC de Cúcuta. Alias 'Lápiz' es requerido por la justicia por delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, fabricación y tráfico de armas. Su captura representa un golpe estratégico al Clan del Golfo y a las redes de narcotráfico que operan en el país.
Dairo Antonio Úsuga, conocido como 'Otoniel', ex líder máximo del Clan del Golfo y actualmente detenido en EE.UU. tras ser extraditado en 2022, ha revelado su implicación con la fuerza pública en la ejecución de civiles en el departamento colombiano del Meta, casos conocidos como "falsos positivos". Esta información fue proporcionada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el día de hoy.La JEP informó en un comunicado que 'Otoniel' ha ofrecido "información relevante sobre operaciones conjuntas para cometer asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados como supuestas bajas en combate por parte de la fuerza pública en el Meta". Además, durante tres días, habló sobre "su participación en la victimización contra miembros del partido Unión Patriótica".El diálogo entre el exjefe del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y los magistrados Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar de la Sala de Reconocimiento de la JEP, se llevó a cabo en la penitenciaría de máxima seguridad 'ADX' o 'Supermax' en Florence, Colorado.'Otoniel' también señaló vínculos entre miembros de la fuerza pública, políticos a nivel nacional y regional, y terceros civiles con los grupos armados ilegales a los que perteneció, como la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Clan del Golfo.La toma de testimonio, realizada con la colaboración del Departamento de Justicia de EE.UU., se llevó a cabo de manera reservada, garantizando la participación de las víctimas y sus representantes judiciales para hacer preguntas a 'Otoniel'.La JEP ahora analizará y valorará la información proporcionada por el exjefe paramilitar. Cabe destacar que Úsuga ya había sido escuchado como testigo por la JEP en 2022 cuando estaba en Colombia, antes de su extradición a EE.UU.Esta comparecencia no implica necesariamente que será juzgado por esta justicia especial, que ofrece penas alternativas a la prisión si el procesado proporciona suficiente verdad sobre los crímenes y reconoce su participación.
Luego de que se conociera que Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, y quien era el máximo jefe del Clan del Golfo, brindará su testimonio el 9 y 10 de abril ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), representantes de víctimas en Antioquia pidieron que no se obstaculice nuevamente el aporte a la verdad, tal y como se pretendió con su extradición a Estados Unidos.Además de la notificación del testimonio de ‘Otoniel’, se avisó la posibilidad de radicar cuestionarios ante la Jurisdicción Especial para Paz por parte de los representantes de víctimas del Caso 03 y 06, por lo que se espera que esta vez sí tengan acceso a la verdad."Esperamos que estas declaraciones entreguen amplia información sobre su participación durante el conflicto armado y la convivencia de Fuerza Pública con paramilitarismo y empresarial. Las víctimas esperan que esta verdad pueda ser entregada y no ser obstaculice como se hizo en su anterior extradición", explicó Jackson Taborda, coordinador Jurídico Fundación Forjando Futuros.Úsuga dará su versión de los delitos que cometió en Colombia y el rol de la Fuerza Pública, desde donde está recluido en Estados Unidos.Le puede interesar:
En medio de una operación de las Fuerzas Militares, en Antioquia, fueron abatidos tres integrantes del Clan del Golfo, entre ellos Robirio Antonio Úsuga Restrepo, conocido con el alias de ‘Tripaseca’ y primo de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, hoy extraditado en Estados Unidos.Las operaciones se adelantaron en zona rural de El Dos, en Turbo, y de acuerdo con las investigaciones, los otros dos abatidos hacían parte del anillo de seguridad.A alias ‘Tripaseca’ se le acusa de varios atentados contra la fuerza pública en la región del Urabá antioqueño.Uno de ellos fue la activación de un campo minado en mayo de 2022 al paso de un carro de Migración Colombia, todo esto en medio del denominado paro armado que ese grupo ilegal promovió tras la extradición de ‘Otoniel’. En ese caso dos militares resultaron lesionados.Así mismo, está vinculado al atentado que, en la primera semana de enero de este año, dejó un soldado muerto y 12 más heridos también en Turbo.Finalmente, inteligencia militar lo relaciona con otro atentado en el corregimiento El Dos, de ese municipio, que dejó dos policías heridos el pasado 13 de enero.En su historial delictivo aparecen reseñados, además, delitos como microtráfico, extorsión, reclutamiento forzado de menores y homicidios.
A menos de dos meses de que finalice su periodo como fiscal general, Francisco Barbosa entregó un balance sobre el trabajo que hizo su administración en materia judicial con grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.En ese informe se conoció que en los últimos cuatro años, se han judicializado más de 6.600 integrantes de esas organizaciones; siendo el Clan del Golfo el grupo que más golpes judiciales ha recibido durante la llegada de Barbosa a la Fiscalía.De esas judicializaciones, más de 1.800 fueron del Clan del Golfo, de los cuales en su mayoría son cabecillas, como la captura y extradición del jefe máximo Darío Antonio Úsuga, alias 'Otoniel'.De las disidencias de las Farc fueron judicializados en ese mismo periodo 1.119 integrantes y se esclarecieron atentados terroristas en los que participó la estructura, como el ataque a la brigada 30 del Ejército en 2021.Sobre ataques terroristas, la Fiscalía logró esclarecer 36 % de los hechos que se presentaron en esos cuatro años como el ataque a un grupo del Esmad en Cali en 2022 que dejó 13 uniformados y una persona herida.Carlos Izquierdo, director contra organizaciones criminales, explicó que estos resultados se dieron por “metodologías estratégicas para fortalecer el trabajo en los territorios contra los grupos armados ilegales que someten a la población civil y poner en evidencia a los cabecillas”.Dentro de este balance la Fiscalía confirmó que en la administración Barbosa se lograron resolver 777 homicidios en zonas rurales.Le puede interesar:
La reducción de la jornada laboral en Colombia sigue siendo uno de los cambios más importantes en las relaciones entre trabajadores y empresas. La medida tiene como objetivo disminuir las horas de trabajo semanales sin afectar el salario de los empleados, por lo que las empresas ahora deben ajustar sus horarios y procesos para cumplir con la normativa.El cambio corresponde a la Ley 2101, que establece una reducción gradual de la jornada máxima laboral en el país. La aplicación inició con una disminución progresiva hasta llegar a las 42 horas semanales, reemplazando el límite anterior de 48 horas.Este ajuste lleva a que las empresas deban revisar la manera en la que distribuyen los turnos y las cargas laborales, especialmente en sectores donde la operación depende de horarios extendidos o atención permanente al público.Reducción laboral obliga a hacer estos cambiosUno de los principales cambios que deben implementar las empresas está relacionado con la reorganización del tiempo laboral. Es decir, la reducción de horas no significa que los empleados reciban menores salarios ni que se reduzcan sus funciones automáticamente.Las compañías tendrán que analizar sus esquemas internos para garantizar el cumplimiento de las horas establecidas sin afectar la productividad. Entre los ajustes que pueden realizar están:Redistribuir los horarios de entrada y salida de los empleados.Modificar turnos de trabajo según las necesidades de cada área.Optimizar procesos internos para mantener la operación.Revisar la asignación de tareas y responsabilidades.El objetivo es que la disminución de la jornada no genere sobrecargas laborales ni obligue a los empleados a compensar las horas reducidas con mayor presión durante el tiempo restante.Empresas deben mantener el salarioUno de los elementos que más dudas genera entre trabajadores y empleadores es el impacto económico del cambio. De acuerdo con la norma, la reducción de la jornada laboral no puede ser una razón para disminuir el salario.Es decir, los empleados seguirán recibiendo el mismo pago por sus labores a pesar de la reducción de horas trabajadas. Además, las empresas deberán mantener las condiciones laborales establecidas en los contratos vigentes.La medida busca que Colombia avance hacia modelos laborales con mayor equilibrio entre la vida personal y profesional, siguiendo tendencias internacionales relacionadas con la productividad y el bienestar de los trabajadores.Sin embargo, no se trata únicamente de la reducción de horas, pues también se deben tener en cuenta aspectos como el pago de horas extras, recargos nocturnos y dominicales, ya que estos cálculos dependerán de la nueva jornada máxima permitida.Norma propone un cambio en la organización del trabajoLa implementación de esta norma representa un reto para diferentes sectores económicos, especialmente aquellos que funcionan con atención continua como comercio, servicios, salud, transporte e industrias.Aunque algunas compañías ya han adelantado ajustes, otras deberán acelerar sus procesos de adaptación para evitar incumplimientos laborales. La recomendación para los empleadores es revisar contratos, horarios y sistemas de control de tiempo para ajustarse a las nuevas reglas.Con esta reducción progresiva, el país busca transformar la relación laboral y promover una jornada más equilibrada, mientras las empresas enfrentan el desafío de mantener su eficiencia con una nueva distribución del tiempo de trabajo.
La lucha contra el crimen organizado sumó un nuevo capítulo simbólico en Medellín con la entrega de una lujosa propiedad que alguna vez estuvo en la órbita del Cartel de Pablo Escobar y que, desde ahora, será utilizada por el Gaula Militar para fortalecer las operaciones contra el secuestro y la extorsión.El inmueble, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, deja atrás su pasado ligado a una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia del país para convertirse en un activo al servicio de la seguridad.La entrega fue realizada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como parte de una estrategia conjunta con el Ministerio de Defensa para recuperar bienes provenientes de economías ilícitas y destinarlos al fortalecimiento de la Fuerza Pública.La propiedad, de 1.798 metros cuadrados construidos, hacía parte de los procesos de extinción de dominio relacionados con los hermanos Galeano y Moncada, considerados piezas fundamentales de la estructura financiera del Cartel de Medellín y estrechos aliados de Escobar durante los años de mayor poder de esa organización narcotraficante.Amelia Pérez, presidenta de la SAE, destacó que con esta decisión, el Estado busca resignificar espacios que durante décadas representaron el enriquecimiento producto del narcotráfico y convertirlos en herramientas para combatir precisamente al crimen."Ser utilizado para beneficio del país y qué más que a través de ustedes. Esperamos sea bien aprovechado, que sea bien utilizado en todo lo que ustedes saben hacer para evitar tantas extorsiones, tantos hechos que afectan a esta sociedad", dijo la directiva.Aparte de este bien en la capital antioqueña, la entidad del Gobierno nacional también entregó otros dos inmuebles en Cúcuta y Cali. En la capital nortesantandereana fue recuperada una propiedad de más de 3.500 metros cuadrados que perteneció a la estructura criminal de Henry Carrillo Ramírez, alias ‘Barriga’, señalado como cabecilla de una red transnacional de narcotráfico.Por su parte, en Cali, el Estado puso al servicio de las autoridades una vivienda de tres niveles vinculada a procesos de extinción de dominio contra Helmer Herrera Buitrago, alias ‘Pacho Herrera’, uno de los máximos jefes del Cartel de Cali.
Ariana Tirado es una joven venezolana que vive en el barrio Villa Estadio del municipio de Soledad, en el Atlántico. En esta coyuntura trágica para su país, su historia tuvo un final feliz cuando se enteró de que su hermano, Gustavo Tirado, no murió en el terremoto del pasado miércoles en Venezuela, que afectó gravemente la ciudad de La Guaira, donde se encontraba.Fueron más de dos días los que vivieron Ariana y su madre sin saber nada de su hermano. Contó que las comunicaciones eran casi imposibles; sin embargo, pudo contactarse con algunos vecinos en La Guaira que le dijeron que Gustavo estaba bien, pero no lograban escucharlo a él de viva voz.“Fue una sensación de alivio muy grande, pasamos más de 48 horas sin saber nada de él y por fin este sábado en la madrugada pudimos hablar telefónicamente y nos contó que estaba bien. Estábamos desesperados. Mi hermano vivía en un conjunto residencial que, afortunadamente, no se vino abajo totalmente, pero sí quedó inhabitable. Varios vecinos quedaron heridos y mi hermano ayudó a sacar a varios. Todos los residentes sobrevivieron”.Pese a que su hermano apareció, la joven cuenta que son muchas las personas cercanas y amistades que siguen perdidas entre los escombros, como la señora Celeste Adriana Pérez Landaeta, quien, según describe, estaba en la residencia Costa Azul, en la ciudad de La Guaira.Por último, Ariana agradeció a todos los barranquilleros y colombianos que se han sumado a la campaña de solidaridad, pero hizo énfasis en que ahora lo que más necesitan sus compatriotas, por las conversaciones que ha tenido con familiares y amigos, son insumos médicos para atender a la gran cantidad de heridos que llegan a los hospitales.
Siguen los pronunciamientos institucionales tras las declaraciones de los últimos días del concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, quien lanzó una polémica propuesta al Gobierno nacional electo a raíz de los resultados de los comicios del pasado 21 de junio.Quien más recientemente lo hizo fue la Defensoría del Pueblo, quien afirmó que los discursos que promueven violencia contra territorios y comunidades por sus decisiones políticas son incompatibles con la democracia. Esto, a propósito de la solicitud del corporado de iniciar fumigaciones contra cultivos ilícitos y bombardeos en municipios antioqueños donde aumentó considerablemente la votación por Iván Cepeda entre la primera y segunda vuelta presidencial.Rordíguez se refirió específicamente al municipio de Campamento, Norte de Antioquia, donde días previos a los comicios se levantaron alertas por presuntos constreñimientos de las disidencias de las Farc."No nos vamos lejos, Campamento. Pasó de 400 votos por Iván Cepeda a 2.500 y todos sabíamos las alertas que habían en el municipio de Campamento de las amenazas de las Farc para que votaran por Iván Cepeda. Podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí", declaró el corporado druante una sesión plenaria el apsado 23 de junio. Por este tipo de declaraciones la Defensoría del Pueblo le pidió al concejal Rodríguez retractarse de estas declaraciones, al mismo tiempo que anunciaron la remisión de una petición a la Fiscalía General para que investigue si las palabras del concejal constituyen algún tipo de conducta delictiva.“Señalar territorios como objetivos militares por sus decisiones democráticas, constituyen un discurso incompatible con el Estado social y democrático de derecho. Desconoce la dignidad humana y ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de millones de colombianos y colombianos”, dijo la Defensoría remarcando que el ejercicio de un cargo de elección popular no constituye una autorización para promover discursos de odio.
Las autoridades colombianas dieron un nuevo golpe contra el crimen transnacional con la captura en Medellín de uno de los delincuentes más buscados por la justicia chilena.Se trata del ciudadano venezolano Eduardo Antonio Gómez Arévalo, conocido como 'Guayo', señalado de integrar estructuras criminales responsables de homicidios y otros hechos de extrema violencia en ese país.La detención fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal y la Interpol, luego de un trabajo de inteligencia que permitió ubicar al fugitivo en la capital antioqueña. Al momento del procedimiento, el hombre intentaba ocultar su verdadera identidad: no portaba documentación y utilizaba datos falsos con el propósito de burlar los controles migratorios y evitar ser detectado por las autoridades internacionales.Sobre alias 'Guayo' pesaba una notificación roja de Interpol emitida por la justicia chilena, quienes lo requieren para responder por una serie de delitos de alto impacto. Entre ellos figura el feminicidio de su compañera sentimental, a quien, según la investigación, habría ultimado con arma de fuego. Además, enfrenta procesos por homicidios frustrados y múltiples ataques armados que dejaron varias personas muertas y heridas.Las pesquisas también lo ubican como uno de los presuntos coordinadores de las operaciones delictivas del Tren del Coro en territorio chileno, organización señalada de ejecutar acciones violentas mediante el uso de armas de fuego de alto calibre para atacar a grupos rivales y consolidar su control criminal.Tras su captura, alias 'Guayo' quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta el trámite correspondiente mientras el Gobierno de Chile formaliza la solicitud de extradición para que responda ante la justicia por el amplio prontuario criminal que se le atribuye.
