La Dijín de la Policía logró la desarticulación de una red peligrosa narcotraficante con alcance transnacional que tenía nexos con estructuras armadas. El operativo, que contó con el apoyo de la Fiscalía y la DEA, dejó tres capturados que eran requeridos por una corte en Estados Unidos.Entre los detenidos se encuentra Libardo Humberto Zapata, alias ‘Libardo’, señalado cabecilla de la organización y considerado un antiguo socio del círculo de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’. El hombre fue capturado en una finca en Guatapé, Antioquia, donde mantenía un estilo de vida ostentoso ligado, según las autoridades, a las rentas del narcotráfico.La investigación, iniciada en 2022, permitió establecer que esta estructura criminal operaba como una red logística al servicio del narcotráfico internacional, enviando cargamentos de cocaína desde puertos como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta hacia destinos como Florida, Puerto Rico, República Dominicana y Centroamérica. Para ello, utilizaban veleros deportivos y contenedores marítimos acondicionados con compartimentos ocultos, con capacidad de transportar entre 200 y 700 kilogramos por envío.Las autoridades también evidenciaron el uso de tecnologías avanzadas para evadir controles, como comunicaciones cifradas, operaciones en la dark web y pagos mediante criptomonedas. Se estima que la organización producía cerca de 10 millones de dosis de cocaína al año, generando ingresos superiores a los 23 millones de dólares.Otro de los capturados es Sebastián Garzón Ramírez, quien sería el encargado de la logística y seguridad tecnológica de la red. Fue detenido en un exclusivo apartamento en el barrio El Poblado de Medellín, donde se hallaron drogas, equipos electrónicos y registros contables que evidenciarían millonarias transacciones.En el mismo operativo fue capturado Sebastián Bedoya Pineda, señalado como el cerebro estratégico de la organización, quien utilizaba una fachada como empresario y creador de contenido para ocultar sus actividades ilícitas en el Valle del Cauca.Según las autoridades, la red operaba bajo un esquema de “outsourcing criminal”, articulando alianzas con el ELN y los Clan del Golfo para garantizar la logística, seguridad y envío de los cargamentos ilícitos. Los capturados fueron trasladados a Bogotá y quedaron a disposición de la Fiscalía, a la espera de los trámites de extradición hacia Estados Unidos.
El Clan del Golfo ha aumentado su número de integrantes de 3.260 en 2020 a 7.391 en la actualidad, un crecimiento del 246%, según el informe de rendición de cuentas de la Fiscalía General de la Nación. Esto ocurre pese a la captura de más de 3.000 personas vinculadas a la organización entre 2016 y 2024, incluyendo a sus máximos cabecillas, como alias 'Otoniel', extraditado a Estados Unidos en 2022.Las acciones judiciales no han logrado desmantelar ni debilitar al Clan del Golfo. La Fiscalía advierte que, aunque las distintas Direcciones Especializadas han incrementado las capturas de cabecillas y miembros de organizaciones criminales, esto no se ha traducido en una reducción real de su estructura ni de su influencia territorial. Alias Otoniel no ha sido el único alto mando en manos de la justicia, también han sido capturados otros cabecillas de la organización, sin que esto haya significado una fractura en su operatividad.La dispersión en las investigaciones y la falta de una estrategia unificada han dificultado la efectividad de las acciones contra el crimen organizado. Las capturas generan impacto mediático, pero la organización sigue expandiéndose, reemplazando a sus líderes y fortaleciendo su control sobre actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.El Clan del Golfo ha aprovechado la falta de presencia estatal en varias regiones para seguir reclutando nuevos integrantes, especialmente entre jóvenes y poblaciones vulnerables. Su estructura le permite adaptarse rápidamente a los golpes de la fuerza pública, manteniendo su operatividad sin que las capturas afecten su crecimiento, según el informe del ente acusador.La Fiscalía advierte que se necesita un cambio en la estrategia contra el crimen organizado. Más allá de capturas, es fundamental una mayor inteligencia, control territorial y desarticulación financiera para atacar de raíz el fortalecimiento de estas estructuras. El aumento de integrantes del Clan del Golfo confirma que la respuesta del Estado no ha sido suficiente y que el crimen organizado sigue en expansión.Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), las cifras de crecimiento del Clan del Golfo presentadas por la Fiscalía deben analizarse con cautela. Además, advirtió que estos cálculos parecen más proyecciones matemáticas que reflejos exactos de la realidad, la cual podría ser aún más grave debido a la falta de información precisa sobre la estructura real del Clan del Golfo.Bonilla también cuestionó la efectividad de las capturas como principal estrategia del Estado. Señaló que, si bien ha habido avances, la lógica de operar contra el Clan del Golfo como si fuera un grupo armado tradicional es errónea, pues se trata de un “holding criminal” con estructuras flexibles que pueden expandirse o contraerse según las necesidades del mercado o del control territorial. En ese sentido, coincidió con la Fiscalía en la necesidad de fortalecer la inteligencia y el desmantelamiento financiero de la organización, pero agregó que el gran desafío sigue siendo la sustitución del control territorial del Clan del Golfo por una presencia efectiva del Estado y sus instituciones democráticas.
En la últimas horas, el magistrado Gustavo Salazar, quien investiga en la JEP los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica, firmó un auto de 262 páginas con el cual ordena compulsar copias contra algunos generales y oficiales que hicieron parte de la Brigada VII, el Batallón de Infantería No. 21 y a unos comandantes de Policía del departamento del Meta.La compulsa de copias se dio tras escuchar el testimonio de Dairo Antonio Úsuga, conocido con el alias de 'Otoniel', Juan Carlos Rodríguez, conocido como 'Zeus', y otros testigos y comparecientes que habrían contado ante la JEP como se habrían dado las alianzas entre algunos miembros de la fuerza pública y el paramilitarismo en el Meta.En la lista de generales a quienes se les compulsó copias está Jaime Humberto Uscátegui, quien fue condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán. Además, fue comandante en el año 1997 de la Brigada 7."Habría facilitado la operación militar de grupos ilegales en el territorio bajo su jurisdicción lo cual se tradujo en la comisión de crímenes internacionales", se lee en el auto firmado por Salazar.En la lista también sale Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, quien fue salpicado por Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', por presuntos vínculos con el paramilitarismo."Por su parte, Úsuga David confirmó ante la JEP, como los vínculos y la coordinación operativa entre los grupos paramilitares y el Batallón 21 Vargas se realizaba directamente entre Manuel de Jesús Pirabán, alias 'Jorge Pirata', y Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, comandante del Bivar", agrega la JEP. Pérez Guarnizo fue comandante entre 1998 y1999 del Batallón de Infantería XXI Vargas.Otros de los mencionados en este auto son el general (r) Francisco René Pedraza, quien comandó la Brigada VII en 1997, Benigno Esteban Piñeros Londoño, Benjamín Núñez Núñez y Mario Gutiérrez Jiménez, quienes comandaron la Policía en el Meta entre 1997, 1998 y 1999, respectivamente. Otro de los mencionados es Blas Arvelio Ortíz, quien fue gobernador del Vichada, pero anteriormente, comandó el Batallón de Infantería XXI Vargas."El despacho tiene elementos para sostener que la presencia en el Alto Ariari y el proceso de consolidación y expansión de los grupos paramilitares, autodefensas de San Martín, Grupo de El Dorado, 1997-1998 y, a partir de 1998 el Bloque Centauros y durante 1999, por ser notoria debería haber sido de pleno conocimiento de los altos mandos de la VII Brigada y el Batallón 21 Vargas, así como de la ejecución de sus crímenes. En algunos de ellos, se ha avanzado de manera sustancial en la identificación de distintos niveles de participación de miembros de las unidades militares mencionadas", señaló la JEP.La compulsa de copias busca que en el caso 8 de la JEP, que investiga las alianzas entre miembros de la fuerza pública y el paramilitarismo, se pueda establecer si los oficiales antes mencionados tuvieron alguna relación o conocimiento en los hechos señalados.
El pasado mes de abril, los magistrados Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar llegaron a la Penitenciaría de Máxima Seguridad ‘ADX’ o ‘Supermax’, en Florence, Colorado, Estados Unidos, para interrogar a Dairo Antonio Úsuga, conocido como 'Otoniel', con el fin de recolectar información para los casos relacionados con los falsos positivos y los crímenes cometidos contra el partido de izquierda Unión Patriótica.Alias 'Otoniel' fue el máximo comandante del Clan del Golfo y también lideró el Bloque Centauros de las AUC, que tenía presencia en departamentos como Arauca y Casanare. En mayo de 2022, fue extraditado a Estados Unidos tras su captura.La JEP decidió compulsar copias para que se investigue a un mayor general, seis agentes del Estado y tres civiles mencionados por 'Otoniel'. En dicho auto, se levantó la reserva de algunos apartados del testimonio de Úsuga. Allí, los magistrados le preguntaron sobre su extradición, y él aseguró que el proceso fue bastante rápido:"Magistrado (JEP): Porque es que su, además su proceso de extradición fue bastante rápido, ¿usted recuerda?DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID (Testigo): Sí, demasiado.Magistrado (JEP): ¿Y usted qué reflexión le genera esa rapidez? ¿Por qué cree que fue tan rápido?", se lee en el auto.En ese punto, alias 'Otoniel' aseguró que estaba entregando mucha información sobre diferentes procesos, y que por eso considera que se habría dado su extradición."DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID (Testigo): La mayoría, eso era para que no siguiera declarando allá en Colombia, para el silencio, silenciar más a uno, pues porque estaba declarando sobre muchas cosas allá, como testigo, y por eso fue la extradición tan rápida.Magistrado (JEP): ¿Y usted cree que le faltó declarar mucho?DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID (Testigo): Pues siempre, siempre hay cosas que podían ampliar más las declaraciones.Magistrado (JEP): ¿Y usted considera que fue en relación con alguna persona en particular que tenía miedo de que usted declarara?DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID (Testigo): No, no, así particular no, hay cosas en general, hay declaraciones en general, la mayor parte en general", agregó Úsuga.En ese mismo sentido, señaló a congresistas, empresarios y otras personas que tendrían, presuntamente, vínculos con el paramilitarismo.
El pasado 9, 10 y 11 de abril Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', rindió testimonio ante la JEP para los casos 03 y 06, que investigan los falsos positivos y los crímenes cometidos contra el partido de izquierda Unión Patriótica, respectivamente.El excomandante del Clan del Golfo y exjefe del bloque Centauros de las AUC entregó su testimonio desde la penitenciaria de máxima seguridad ADX o Supermax, de Florence, Colorado, Estados Unidos, donde se encuentra tras su extradición.Allí alias 'Otoniel' habló sobre políticos, empresarios y altos mandos de las Fuerzas Militares, quienes habrían tenido, presuntamente, vínculos con las Autodefensas, la mayoría mencionados en la lista que había entregado con anterioridad a esa justicia cuando aún estaba en Colombia.“Se ratifica que era gente colaboradora, como les dije ese día, que era gente que colaboraba en la organización, la mayor parte nos colaboraba financieramente”, fue la primera respuesta que dio Otoniel a los magistrados en esta declaración.Tras sus declaraciones, la JEP compulsó copias, es decir, pedir a la justicia ordinaria que investigue a algunos de los mencionados, pues no están bajo su competencia.En la resolución de la JEP está los excongresistas Milton Arlex Rodríguez Sarmiento y Carlos Cárdenas Oriz; el empresario y exfuncionario de Casanare, Andrés Rueda Gómez; el exrector de la Universidad de Cartagena; Sergio Manuel Hernández, el exsecretario de Casanare, Leonídas Ortega; el contratista e interventor, Sigifredo Gómez Torreglosa; el exrepresentante Helí Cala López; el exdiputado de Casanare, Oscar Raúl Iván Flórez y los políticos Alfredo Iván Guzmán, quien fuera alcalde de Tame, Arauca, y Julio Enrique Acosta Bernal.La Justicia Especial también pidió investigar a todos los diputados de Casanare para el periodo 2000-2003 y los integrantes de la cúpula de la brigada 18 del Ejército que estuvo entre 2000 y 2006.
En una operación conjunta de la Policía y otras autoridades, fue capturado Juan Alberto Muñoz Terán, alias 'Lápiz', cuñado de Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel' excomandante del Clan del Golfo. La captura se realizó este domingo, 20 de octubre de 2024, en Medellín, Antioquia, como parte de la Operación Agamenón, que busca desmantelar las estructuras criminales del Clan del Golfo.Alias 'Lápiz' es señalado como un importante articulador criminal y coordinador de narcotráfico de la subestructura Luis Orlando Padierna Peña. Con una trayectoria delictiva de 16 años, en 2020 fue nombrado cabecilla de esta subestructura, y en 2021, fue delegado por alias “Chiquito Malo” para expandir las actividades criminales del Clan del Golfo en Norte de Santander.Entre las principales responsabilidades de Muñoz Terán se encontraba la coordinación del envío de aproximadamente cinco toneladas de cocaína mensuales desde el Catatumbo hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Además, estaba a cargo del cobro de extorsiones, homicidios y el desplazamiento forzado en zonas como Cúcuta, Puerto Santander y el Catatumbo, donde lideraba enfrentamientos con el ELN por el control territorial y las rentas ilícitas.La operación, liderada por la DIJIN y la DIPOL, contó con el apoyo del COPES Agamenón y la Fiscalía 127 Especializada DECOC de Cúcuta. Alias 'Lápiz' es requerido por la justicia por delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, fabricación y tráfico de armas. Su captura representa un golpe estratégico al Clan del Golfo y a las redes de narcotráfico que operan en el país.
Dairo Antonio Úsuga, conocido como 'Otoniel', ex líder máximo del Clan del Golfo y actualmente detenido en EE.UU. tras ser extraditado en 2022, ha revelado su implicación con la fuerza pública en la ejecución de civiles en el departamento colombiano del Meta, casos conocidos como "falsos positivos". Esta información fue proporcionada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el día de hoy.La JEP informó en un comunicado que 'Otoniel' ha ofrecido "información relevante sobre operaciones conjuntas para cometer asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados como supuestas bajas en combate por parte de la fuerza pública en el Meta". Además, durante tres días, habló sobre "su participación en la victimización contra miembros del partido Unión Patriótica".El diálogo entre el exjefe del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y los magistrados Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar de la Sala de Reconocimiento de la JEP, se llevó a cabo en la penitenciaría de máxima seguridad 'ADX' o 'Supermax' en Florence, Colorado.'Otoniel' también señaló vínculos entre miembros de la fuerza pública, políticos a nivel nacional y regional, y terceros civiles con los grupos armados ilegales a los que perteneció, como la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Clan del Golfo.La toma de testimonio, realizada con la colaboración del Departamento de Justicia de EE.UU., se llevó a cabo de manera reservada, garantizando la participación de las víctimas y sus representantes judiciales para hacer preguntas a 'Otoniel'.La JEP ahora analizará y valorará la información proporcionada por el exjefe paramilitar. Cabe destacar que Úsuga ya había sido escuchado como testigo por la JEP en 2022 cuando estaba en Colombia, antes de su extradición a EE.UU.Esta comparecencia no implica necesariamente que será juzgado por esta justicia especial, que ofrece penas alternativas a la prisión si el procesado proporciona suficiente verdad sobre los crímenes y reconoce su participación.
Luego de que se conociera que Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, y quien era el máximo jefe del Clan del Golfo, brindará su testimonio el 9 y 10 de abril ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), representantes de víctimas en Antioquia pidieron que no se obstaculice nuevamente el aporte a la verdad, tal y como se pretendió con su extradición a Estados Unidos.Además de la notificación del testimonio de ‘Otoniel’, se avisó la posibilidad de radicar cuestionarios ante la Jurisdicción Especial para Paz por parte de los representantes de víctimas del Caso 03 y 06, por lo que se espera que esta vez sí tengan acceso a la verdad."Esperamos que estas declaraciones entreguen amplia información sobre su participación durante el conflicto armado y la convivencia de Fuerza Pública con paramilitarismo y empresarial. Las víctimas esperan que esta verdad pueda ser entregada y no ser obstaculice como se hizo en su anterior extradición", explicó Jackson Taborda, coordinador Jurídico Fundación Forjando Futuros.Úsuga dará su versión de los delitos que cometió en Colombia y el rol de la Fuerza Pública, desde donde está recluido en Estados Unidos.Le puede interesar:
En medio de una operación de las Fuerzas Militares, en Antioquia, fueron abatidos tres integrantes del Clan del Golfo, entre ellos Robirio Antonio Úsuga Restrepo, conocido con el alias de ‘Tripaseca’ y primo de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, hoy extraditado en Estados Unidos.Las operaciones se adelantaron en zona rural de El Dos, en Turbo, y de acuerdo con las investigaciones, los otros dos abatidos hacían parte del anillo de seguridad.A alias ‘Tripaseca’ se le acusa de varios atentados contra la fuerza pública en la región del Urabá antioqueño.Uno de ellos fue la activación de un campo minado en mayo de 2022 al paso de un carro de Migración Colombia, todo esto en medio del denominado paro armado que ese grupo ilegal promovió tras la extradición de ‘Otoniel’. En ese caso dos militares resultaron lesionados.Así mismo, está vinculado al atentado que, en la primera semana de enero de este año, dejó un soldado muerto y 12 más heridos también en Turbo.Finalmente, inteligencia militar lo relaciona con otro atentado en el corregimiento El Dos, de ese municipio, que dejó dos policías heridos el pasado 13 de enero.En su historial delictivo aparecen reseñados, además, delitos como microtráfico, extorsión, reclutamiento forzado de menores y homicidios.
A menos de dos meses de que finalice su periodo como fiscal general, Francisco Barbosa entregó un balance sobre el trabajo que hizo su administración en materia judicial con grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.En ese informe se conoció que en los últimos cuatro años, se han judicializado más de 6.600 integrantes de esas organizaciones; siendo el Clan del Golfo el grupo que más golpes judiciales ha recibido durante la llegada de Barbosa a la Fiscalía.De esas judicializaciones, más de 1.800 fueron del Clan del Golfo, de los cuales en su mayoría son cabecillas, como la captura y extradición del jefe máximo Darío Antonio Úsuga, alias 'Otoniel'.De las disidencias de las Farc fueron judicializados en ese mismo periodo 1.119 integrantes y se esclarecieron atentados terroristas en los que participó la estructura, como el ataque a la brigada 30 del Ejército en 2021.Sobre ataques terroristas, la Fiscalía logró esclarecer 36 % de los hechos que se presentaron en esos cuatro años como el ataque a un grupo del Esmad en Cali en 2022 que dejó 13 uniformados y una persona herida.Carlos Izquierdo, director contra organizaciones criminales, explicó que estos resultados se dieron por “metodologías estratégicas para fortalecer el trabajo en los territorios contra los grupos armados ilegales que someten a la población civil y poner en evidencia a los cabecillas”.Dentro de este balance la Fiscalía confirmó que en la administración Barbosa se lograron resolver 777 homicidios en zonas rurales.Le puede interesar:
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revocar la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). De acuerdo con lo informado por el mandatario, la decisión se tomó tras detectarse la modificación del manual de funciones de la entidad para presuntamente facilitar su vinculación al cargo.¿Por qué el Gobierno revocó la designación de Camilo Noguera en el ICANH?Según explicó el presidente De La Espriella a través de sus canales oficiales, el designado director, Camilo Noguera Pardo, quien es yerno del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, adelantó cambios en los requisitos del manual de funciones en coordinación con el director encargado del instituto, Javier Estrada.El jefe de Estado señaló que las modificaciones administrativas se realizaron a espaldas de la ministra de Cultura, Paola Holguín. De la Espriella precisó que, aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura con autonomía administrativa, no existe autorización para alterar los reglamentos internos con el fin de favorecer o acomodar aspirantes a cargos públicos.¿Qué medidas administrativas ordenó el presidente De la Espriella?Ante las irregularidades reportadas en la tramitación del nombramiento, el mandatario dispuso la salida inmediata del director encargado de la entidad y la anulación de la designación del nuevo funcionario."Mi instrucción ha sido clara: en el gobierno no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos. Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno", aseveró el presidente.El mandatario concluyó que la institucionalidad y los manuales de funciones deben respetarse sin excepción, ratificando que ningún funcionario cuenta con aval para adoptar determinaciones presupuestales o administrativas al margen de los ministerios de cabeza de sector.
Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y España permitió desarmar una red transnacional que esclavizaba a más de 100 colombianos en centros de llamadas en Camboya, informaron este martes fuentes oficiales.La Policía colombiana, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), y la Policía de España realizaron tres capturas por orden judicial y dos retenciones por notificaciones rojas de Interpol en las localidades españolas de Zamora y Castellón, como parte de una investigación contra una red de trata de personas vinculada a la 'mafia china' en Asia.La organización criminal, liderada por alias de Jiaxing Ye, se dedicaba a captar ciudadanos colombianos mediante falsas ofertas de empleo en el extranjero para trasladarlos a Camboya y obligarlos a participar en fraudes financieros y estafas virtuales.Según las investigaciones, la red funcionaba mediante cabecillas financieros y coordinadores internacionales establecidos en Zamora y Castellón, que a su vez coordinaban con reclutadores en Colombia encargados de identificar, captar y trasladar a las víctimas.Los reclutadores buscaban principalmente a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años con dificultades económicas, a quienes ofrecían trabajos bien remunerados en supuestos centros de llamadas en Tailandia o Camboya, dedicados a la comercialización de criptomonedas.La ruta comenzaba en Colombia, continuaba con escalas en Países Bajos o España y seguía hacia Tailandia antes de terminar en Phnom Penh, la capital camboyana, o en zonas fronterizas con Vietnam.Una vez en Camboya, los colombianos eran despojados de sus documentos, sometidos a vigilancia armada y obligados a trabajar jornadas nocturnas de hasta doce horas en complejos tecnológicos cerrados, con acceso restringido a atención médica.Para recuperar su libertad, la red exigía a las víctimas el pago de una supuesta deuda de 30 millones de pesos colombianos (unos 9.000 dólares) por los gastos de traslado o que cumplieran al menos seis meses de trabajo forzado.En esos centros recibían una capacitación delictiva denominada "mastereo", mediante la cual eran obligados a llamar a ciudadanos en Colombia y hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional para ofrecerles tramitar la cédula digital.Durante las llamadas, los trabajadores inducían a las víctimas a instalar aplicaciones en sus teléfonos móviles, lo que permitía a los miembros de la organización acceder a los dispositivos y vaciar sus cuentas bancarias.La Policía identificó a Eslaineir Alexis Campo Rodríguez y Cristian Camilo Ortiz Avendaño como responsables de perfilar, captar y trasladar a las víctimas hacia Camboya. También están acusadas Yuris Marcela Reyes Zambrano, Karina Yulieth Doncell Rojas y Viviana Karoly Daza Ospino.Las autoridades también emitieron tres notificaciones azules de Interpol para localizar a otros integrantes de esta red.
A pocas semanas de su regreso a Colombia, la agrupación mexicana Maná presentó mundialmente MANÁ: VIVIR SIN AIRE TOUR (LIVE FROM RED ROCKS), un especial audiovisual que recoge uno de los conciertos más destacados de su trayectoria, grabado en el legendario Red Rocks Amphitheatre, en Morrison, Colorado. El estreno gratuito se realizó el pasado 6 de noviembre, a través del canal oficial de la banda en YouTube, donde permanece disponible para sus seguidores.El lanzamiento, realizado en alianza con YouTube y Warner Music, incluye un espectáculo con producción visual cinematográfica y sonido de alta definición, además de un mini documental que revela la conexión emocional de Fher Olvera con este escenario. Cuando tenía 21 años, el vocalista vivía en Denver y trabajaba lavando platos mientras soñaba con presentarse algún día en el emblemático anfiteatro. Cuatro décadas después, aquel anhelo se convirtió en realidad.El especial reúne algunas de las canciones más representativas de la banda, que ha vendido más de 50 millones de discos y se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rock en español.Maná prepara su regreso a ColombiaEste lanzamiento sirve como antesala al regreso de Maná al país. El próximo 28 de noviembre, la agrupación abrirá su Vivir Sin Aire Tour en Latinoamérica con un único concierto en Colombia, programado en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. La gira continuará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.El repertorio promete clásicos como “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”.En 2026, Maná también recibió el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina. Además, fue incluida entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, según Billboard, y alcanzó 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles.
En el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el Gobierno de Abelardo De La Espriella planteó una transformación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).La propuesta, incluida en el eje de Patriotismo Constitucional, busca fortalecer la capacidad del Estado para anticipar amenazas, recuperar la confianza en sus organismos de inteligencia y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y surge en medio de las nuevas denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por el uso indebido y otras irregularidades en la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.En el diagnóstico sobre la DNI, el Gobierno identificó problemas operativos y una pérdida de capacidades institucionales y “del enfoque diferencial de la inteligencia civil frente a los demás organismos de inteligencia”, así como “la obsolescencia de material y equipo” y una “rigidez institucional que impide atender las necesidades operacionales”.El documento reconoce además que existe una “limitada comprensión y la distorsión que existen sobre la finalidad, alcance, y controles de las actividades de inteligencia, que hoy afectan la confianza y ponen en duda su credibilidad ante la ciudadanía y las instituciones”.El documento también cuestiona que la inteligencia estatal haya concentrado sus esfuerzos en asuntos coyunturales, en detrimento de los temas estratégicos de seguridad. Para cambiar ese enfoque, propone que la DNI genere “conocimiento anticipativo y prospectivo” que permita “reducir la incertidumbre que generan actores estatales y no estatales”, en particular frente a fenómenos como el crimen transnacional y las disputas por recursos estratégicos.La modernización de la DNI contempla inversiones en “nuevas tecnologías seguras y resilientes para el procesamiento y la analítica masiva de información”. El plan también incluye renovar los medios técnicos y fortalecer el talento humano, con personal profesional y especializado, formación, gestión del conocimiento y mejores condiciones de bienestar.En el ámbito internacional, el Gobierno busca revertir la “tendencia de reducción de la cooperación internacional y su presencia en instancias estratégicas de inteligencia”. Además, pretende posicionar a la DNI como un “proveedor objetivo de análisis para la identificación de prioridades estratégicas y la toma de decisiones del Estado”, con canales de relacionamiento con las instituciones, la academia y la ciudadanía.La segunda transformación se concentra en la UIAF, una entidad también bajo la lupa durante el gobierno anterior. Dicha estrategia responde al plan para desfinanciar las economías ilegales y afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales pues señala que el lavado de activos movilizó “cerca de 169,73 billones de pesos entre 2022 y 2025”, recursos que, según el diagnóstico, alimentan las redes criminales y sus mecanismos de corrupción.Para enfrentar esas operaciones, el Gobierno propone modernizar la capacidad tecnológica de la UIAF, con énfasis en el procesamiento de grandes volúmenes de información, la analítica avanzada, la inteligencia financiera y la ciberseguridad para enfrentar los “riesgos emergentes derivados de los activos virtuales, las plataformas digitales, las tecnologías financieras y las nuevas modalidades de criminalidad económica”.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer que puso a disposición de las autoridades competentes una serie de hallazgos sobre la contratación directa realizada en el sector salud por la administración anterior entre 2022 y 2026, la cual asciende a más de 20.600 contratos por un valor cercano a los 8,47 billones de pesos.De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, la revisión evidenció que 143 personas contaban con contratos simultáneos en distintas entidades del sector. En algunos casos, la sumatoria de honorarios percibidos mensualmente ascendía a los 46 millones de pesos. A esto se suma el hallazgo de 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.En el caso puntual del Ministerio de Salud, se identificaron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado. Más de la mitad de estas vinculaciones contractuales se concentraron entre enero de 2025 y agosto de 2026.Frente al alcance de las indagaciones, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aclaró que la contratación directa o la pluralidad de contratos no constituyen en sí mismas una conducta ilegal. No obstante, enfatizó la necesidad de auditar la efectividad de las obligaciones contraídas al señalar: "Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento".El ministerio explicó que estas auditorías buscan esclarecer la trazabilidad de los recursos públicos, verificar la pertinencia de las contrataciones y constatar la ejecución real de las actividades pactadas. Ante esto, los antecedentes recopilados fueron trasladados a los organismos de control disciplinarios, fiscales y judiciales correspondientes para que determinen si existieron faltas o delitos.La ministra Vesga reiteró el compromiso de la cartera sanitaria con la protección de los dineros del sector: "Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado".
