La jueza 28 de conocimiento de Bogotá concluyó que existe una posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez haya incurrido en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por eso, rechazó la solicitud de la Fiscalía y no precluyó la investigación.Según la funcionaria judicial, el expresidente no era ajeno a los acercamientos y ofrecimientos hechos a los testigos para que estos declararan a su favor. Para la juez, la Fiscalía no logró probar sus hipótesis para la solicitud de preclusión: la atipicidad del hecho investigado, es decir, que lo que se investigó no se enmarca en un delito y la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado, es decir, que Uribe no participó en los hechos.El delegado del ente acusador, Gabriel Ramón Jaimes, no apeló la decisión. Así las cosas, ahora la Fiscalía tiene dos caminos: presentar una nueva solicitud de preclusión con nuevas pruebas y modificaciones o radicar el escrito de acusación contra el expresidente.Sobre los términos, según expertos penalistas, son 120 días los que tiene la Fiscalía para radicar la preclusión o el escrito de acusación. Sin embargo, dado que ya pasó un año, la fiscalía debería actuar casi que de inmediato.La jueza dijo que, contrario a lo que piensa la Fiscalía, sí existe una hipótesis de soborno en actuación penal y fraude procesal en los siguientes casos: las cartas de los tres exparamilitares de Cómbita, Máximo Cuesta, Johany Cadavid y Elmo Mármol Torregrosa; los supuestos ofrecimientos al exparamilitar ‘Tuso’ Sierra y a la exfiscal Hilda Niño; los pagos a los ex paramilitares Carlos Entique Vélez y Eurídice Cortés, y los ofrecimientos al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.Para la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe supo y autorizó las gestiones que hizo su abogado Diego Cadena para conseguir los testimonios de Máximo Cuesta, Johany Cadavid y Elmo Mármol Torregrosa, todos presos en la cárcel de Cómbita. Una de las pruebas que soportarían esa hipótesis, es la declaración de Fabián Rojas, exasesor de la UTL del exsenador Uribe.“Sobre la hipótesis de autoría o participación del senador Uribe ha quedado demostrado que contrario a lo afirmado por Diego Cadena, el reporte de las gestiones realizadas, así como la solicitud de autorización para iniciar o continuar con las mismas ocurrieron desde el mismo día de reunión de este, con Fabian Rojas y Ángela López, y el coronel Ricaurte quien habló de los tres testigos en combita. Esa hipótesis de autoría o participación fue descrita en la aclaración de voto del magistrado Francisco Farfán Molina”, dijo la jueza.En el caso del narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez alias el 'Tuso' Sierra, se investigan presuntos contactos que el expresidente habría hecho directamente para desacreditar a personas relacionadas con el caso por el que fue a juicio su hermano Santiago Uribe Vélez. Sobre el caso, dijo la juez qué hay muchos interrogantes que deben ser resueltos en juicio y no en un escenario de preclusion.“Los interrogantes que surgen a partir de las incongruencias probatorias señaladas son susceptibles de abordarse con un mayor esfuerzo investigativa.”, afirmó.Finalmente, sobre el soborno en actuación penal en el caso de la exfiscal Hilda Niño, en el que se habla de un supuesto complot de administración del exfiscal Eduardo Montealegre para desacreditar a los Uribe Vélez, dijo la juez que no hay atipicidad en la conducta.Sobre los pagos a alias 'Víctor' y alias 'Diana'Para la juez, la Fiscalía tampoco probó que los pagos a los exparamilitares alias Víctor y alias Diana no se enmarcan en el delito de soborno en actuación penal. Esto, a pesar de que Cadena a dicho que se trató de ayudas humanitarias para alias Víctor y viáticos para alias Diana.“Existe prueba que no permite tener certeza acerca de la justificación de Diego Cadena sobre la naturaleza de las ayudas humanitarias o giros de dinero a Carlos Enrique Vélez, por intermedio de otras personas. Debe el despacho advertir que de acuerdo a las pruebas el abogado Cadena ofreció otros beneficios a Alias Víctor relativos a las asesorías de tipo jurídico con el propósito de beneficios judiciales”, leyó un ayudante de la juez.Sobre el tema, la juez se apoyó en la declaración de Cadena ante la Corte y en varias interceptaciones entre Cadena y el expresidente.“Usted le comentó a Álvaro Uribe que Carlos Enrique Vélez había solicitado ayuda para estos trámites judiciales? Sí, le informé que le estaba ayudando con un trámite, pero no fui muy puntual en el tema de los fusiles. Magistrado: ¿pero le comento a Álvaro Uribe que usted le estaba colaborando en ese trámite a Vélez? Sí señor, responde Cadena”, leyó el funcionario del despacho de la juez 28.Para la juez, una de las interceptaciones entre Cadena y Uribe, da cuenta de que Cadena le reportaba las gestiones realizadas frente a Carlos Enrique Vélez y el exsenador manifestó alto interés en que se hiciera constante seguimiento al testigo.“Ojo con esto de Carlos Enrique Vélez, dice el presidente. A lo qué Cadena responde: sí que fue a visitarlo hoy una magistrada”, leyó el ayudante de la juez de la transcripción de una conversación entre ambos el 2 de junio del 2018.Un último elemento llama la atención del despacho sobre Vélez pues confirma la hipótesis de tipicidad de acuerdo con la cual alias 'Víctor' suscribió las cartas solicitadas por el abogado de Cadena a cambio de ofrecimientos y no de manera espontánea.Sobre las gestiones que hizo Cadena con alias Diana, dijo el despacho de la juez 28 de conocimiento que también se las informó al expresidente. Para esto, se apoyó el despacho en la declaración de Cadena ante la Corte Suprema.“Magistrado: ¿en qué momento le informa a Álvaro Uribe Vélez acerca de la existencia de alias ‘Diana’ y del video (el cual hace Alias ‘Diana’)? Cadena responde: el mismo día habló con él y le informo con estoy en Manizales haciendo esa gestión”, leyó el ayudante de la juez sobre la declaración.“Existe una hipótesis que señala la eventual materialización del delito de soborno en actuación penal respecto a alias Víctor y alias Diana que ejecutó el abogado Diego Cadena con autorización del exsenador Álvaro Uribe Vélez (…) si bien la Fiscalía aportó declaraciones de alias Diana y alias Víctor, dicho recaudó probatorio debería someterse a la contradicción del juicio oral”, puntualizó.Sobre ex paramilitar Juan Guillermo MonsalvePor último, sobre el episodio de ofrecimientos al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, dice la juez que la Fiscalía tampoco probó “la atipicidad de la conducta“, es decir, que lo que se investigó no se enmarca en un delito.“Es posible afirmar que existe una duda razonable sobre ofrecimientos a Monsalve a cambio de su retractación. Las declaraciones muestran que es más probable que ello haya sido así. No es posible afirmar con certeza que hubo atipicidad en la conducta”, dijo la jueza.Sobre el delito de fraude procesalCómo con los argumentos por el de soborno en actuación penal, la juez dijo que la Fiscalía no probó que hubo atipicidad en los hechos que se enmarcan en el fraude procesal.Esto, en los procesos: las cartas de los tres exparamilitares de Cómbita, Máximo Cuesta, Johany Cadavid y Elmo Mármol Torregrosa; los supuestos ofrecimientos al exparamilitar Tuso Sierra y a la exfiscal Hilda Niño; los pagos a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, y los ofrecimientos al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.“La Fiscalía no satisfizo la causal de preclusión en lo referido al fraude procesal frente a los testigos arriba mencionados”, explicó la jueza.Escuche el podcast “El Mundo hoy” y conozca detalles de la multimillonaria compra de Twitter:
La Policía capturó, en el barrio Villa del Rosario, suroccidente de Barranquilla, a un hombre identificado como Aldair José Ribón Pabón, de 28 años, luego de que se librara una orden de captura en su contra como presunto responsable del asesinado de Frank Brady Morales, docente de la Universidad del Atlántico.Según la Policía, alias 'Aldair' fue el señalado sicario que el pasado 19 de febrero disparó al maestro y, posteriormente, huyó en un taxi en el que había llegado al sector por lo menos una hora antes a esperar a su víctima.La Policía, que con la captura espera esclarecer el hecho, informó que el capturado tiene anotaciones por porte ilegal de armas del 6 de enero de 2010, por daño en bien ajeno del 21 de octubre de 2020 y por porte ilegal de armas del 4 de marzo de 2020.Esta persona delinquiría al servicio de alias 'Pacho Bala', miembro del ala financiera del grupo delincuencial común organizado 'Los Costeños'.Escuche más noticias:
Gracias a un trabajo de seguimiento en el que fueron pieza fundamental unidades encubiertas de la Policía que no perdieron de vista los movimientos de Steve Ray Gutiérrez Silvera, alias ‘Ray’, el señalado delincuente que tenía una orden de captura por el delito de concierto para delinquir fue detenido en el barrio Bellavista de Barranquilla.Alias ‘Ray’, según la Policía, habría iniciado en el mundo delincuencial hace 10 años, cuando apenas tenía 15 años de edad.“Este hombre era uno de los cabecillas del bloque central de los Papalotez. Las investigaciones permitieron establecer que su modus operandi era la identificación y perforación de comerciantes para extorsionarlos. Actualmente lideraba una disputa con el grupo delincuencial denominado Los Costeños por el control de barrios del suroccidente de la ciudad”, informó el general Diego Rosero, comandante de la Policía Metropolitana.Alias ‘Ray’ tiene, por lo menos, cuatro anotaciones por delitos como hurto, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas.
Se trata de alias ‘El Zarco’, alias el ‘El Odontólogo’ y alias ‘Ladrillo’, quienes hacen parte del Grupo Armado Organizado Residual columna Dagoberto Ramos Ortiz y, quienes trabajaban para alias ‘Jacobo’, capturado el pasado 11 de mayo.‘El Zarco’ es el cabecilla de finanzas de la red de apoyo de la columna Dagoberto Ramos Ortiz, es responsable de la venta drogas y el cobro de extorsiones contra diferentes gremios del comercio en las comunas 8, 13, 15, 16, 20 y 21 de Cali.Las investigaciones de la Policía encontraron que ‘El Zarco’ pretendía realizar varios atentados en Cali contra el sistema de transporte masivo MIO y algunos almacenes de cadena para presionar el pago de extorsiones.Mientras tanto, alias ‘El Odontólogo’ era el cabecilla ideológico de la misma columna y estaba encargado del reclutamiento de jóvenes “con el fin de transportarlos hasta el departamento del Cauca y realizar entrenamiento militar y adoctrinamiento subversivo”.‘El Odontólogo’, dice la Policía, era hombre de confianza de Giovanni Buitrago Amariles, alias ‘Camisa’, y como fachada ejercía la profesión de odontólogo y estudiante de aviación.De igual forma, alias ‘Ladrillo’ era cabecilla militar de la estructura criminal y tras la captura de alias ‘Jacobo’, estaba encargado de planear, coordinar y ejecutar atentados terroristas en contra de la fuerza pública y sus instalaciones, mediante el lanzamiento de artefactos explosivos. Además, es el responsable del hurto a un cajero en el sector la Luna en Cali, el pasado 30 abril, durante las manifestaciones.Actualmente, alias ‘Ladrillo’ tiene una medida de aseguramiento vigente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fuga de presos, concierto para delinquir, falsedad material en documento público y hurto calificado y agravado.
BLU Radio conoció que los familiares del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, se sumaron a su silencio en la Fiscalía, es decir, tampoco continuarán su colaboración en el proceso que llevan al abogado Diego Cadena como presunto responsable de los delitos de soborno y fraude procesal.Así las cosas, el proceso contra el abogado quedaría por ahora, en el limbo, teniendo en cuenta que son los principales testigos en su contra, es decir, sus testimonios son imprescindibles para el éxito del juicio.“La decisión de guardar silencio de Carlos Enrique se extiende a sus familiares y por supuesto, todos van a guardar silencio hasta tanto las garantías de seguridad y la salvaguarda de su integridad estén garantizadas”, dijo en BLU Radio el abogado de alias ‘Víctor’, Óscar Lizarazo.En días pasados se conoció una carta en la que Vélez aseguraba que hasta que no se le brindaran todas las condiciones de seguridad, no seguiría colaborando con la Fiscalía. Hoy, su hermana, su sobrino y su primo tampoco están dispuestos a continuar la colaboración“Me permito informarle que por razones de estricta seguridad se ha tomado la decisión, en conjunto con mi prohijado, de cesar la colaboración con la Fiscalía a su cargo, y, en consecuencia, guardar silencio hasta tanto las condiciones estén dadas para continuar prestando colaboración con los entes judiciales", decía la misiva.El proceso y los testimonios de los familiares de VélezLa Fiscalía asegura que, en julio del 2017, en Cali, los abogados Cadena y su socio, Juan José Salazar, hicieron un acuerdo y se dividieron roles para abordar a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve con el fin de que declararan ante la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Iván Cepeda.Sobre Vélez, dice el ente acusador, Cadena lo abordó en la cárcel de Palmira y le ofreció 200 millones de pesos con el fin de que le dijera a la Corte Suprema que el senador Cepeda había pasado por su cárcel y por otras ofreciendo beneficios a cambio de que declararan en contra del expresidente Uribe, en medio de una investigación que le llevaba la Corte. De ese monto, la Fiscalía tiene pruebas de que entregaron 48 millones de pesos a 9 familiares y cercanos de Vélez.Dijo la Fiscalía que los dineros se entregaron de la siguiente manera: a María Melania Cosio le entregaron 200.000 pesos; a María Helena Vélez Ramírez, hermana y quien crio a Carlos Enrique Vélez, le entregaron primero $5’800.000 y en una segunda entrega, 500.000 pesos; a Daniela Paz, compañera sentimental de Vélez, le entregaron $3’100.000; a Eurides Cortés Velazco, 700.000 pesos; a Erika Johana López Castaño le entregaron $100.000; a Francisco Javier Vélez, $200.000. Pagos que se hicieron a través de casas de consignación.Luego, a José Fernando Vélez, sobrino de Carlos Enrique Vélez, le entregaron 18 millones de pesos. Le hicieron una primera entrega de 2 millones de pesos en el parque Bolívar, en Palmira, y una segunda entrega de 16 millones de pesos al frente de la cárcel de esa misma ciudad.Posteriormente, entregaron 10 millones de pesos a Ricardo Diosa Londoño, primo de Vélez. La entrega la hizo un abogado enviado, supuestamente, por Cadena en el parque Jairo Varela de Cali.Finalmente, hicieron dos consignaciones por 5 millones de pesos al hijo de Carlos Enrique Vélez, a través del abogado Samuel Arturo Sánchez.“Juan José Salazar manejó las entregas de los dineros a las personas que le refirió Carlos Enrique Vélez”, dijo el fiscal del caso, Daniel Hernández.
BLU Radio y El Espectador siguen revelando detalles del expediente de la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado como presunto responsable de los delitos de soborno y fraude procesal, proceso del que solicitarán la preclusión el próximo 6 de abril.Una de las pruebas decretadas por el fiscal líder de la investigación, Gabriel Ramón Jaimes, fue la declaración de Euridice Cortes alias ‘Diana’, condenada por su participación en el frente Cacique Pipintá de las AUC, y quien fue una de las exparas que le referenció el también exparamilitar Carlos Enrique Vélez al abogado Diego Cadena, para que declarara en el proceso que le llevaba la Corte Suprema de Justicia al entonces senador Uribe por paramilitarismo.El pasado 10 de febrero alias ‘Diana’ declaró ante el fiscal 11 especializado de la delegada ante la Corte Suprema de Justicia y dio su versión de los hechos.En primer lugar, alias ‘Diana’ dijo que un día alias ‘Víctor’ la buscó y le preguntó que si ella estaba interesada en hablar con unos abogados del expresidente Uribe sobre las declaraciones que estaba haciendo Pablo Hernán Sierra de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago habían participado en la fundación del bloque Metro de las AUC.“Él (Víctor) me llama y me dice que si quiero hablar con unos abogados que es para hablar sobre lo que Alberto ha dicho del senador Uribe. Lo que habíamos visto en noticias, que era fundador de Alberto que lo invitaba a que se desarmara, todas las acusaciones de Alberto con el senador Uribe, cuando él empezó a hablar de que él era comandante del Bloque Metro, tuve la certeza de que no era cierto porque él no había pertenecido a la parte militar del Bloque Metro, llegó a ser comandante militar fue en el frente Cacique Pipintá, sabía que él siempre había estado encargado del robo de hidrocarburos, no había pertenecido a la parte militar, yo ya lo había hablado hace mucho tiempo, pero no había tenido la oportunidad de hacerlo saber, ya había hablado con el magistrado Iván Velásquez, creo que deben haber grabaciones y esa conversación con Iván Velásquez fue en el 2007, recién capturada. Cuando Víctor me dijo que, si yo quería darle a conocer a los abogados de Uribe, yo le dije que sí, ellos llegaron hablamos y eso fue lo que les dije a ellos y también lo que le dije a la corte al respecto y de mi conocimiento sobre Alberto”, narró alias 'Diana'. Dice alias ‘Diana’ que cuando el abogado Diego Cadena y su socio Juan José Salazar la buscaron para que declarara a favor de Uribe, en el primer trimestre del 2019, ella fue la que les propuso ayudarles a buscar a “reales” comandantes militares del Bloque Metro como alias ‘Julián’ y alias ‘Franco’ que pudieran desmentir a alias ‘Alberto Guerrero’, en el sentido de que él no había sido fundador del bloque Metro y que tampoco había sido parte de lo militar, sólo, supuestamente, había estado encargado del robo de hidrocarburos para la financiación de las AUC. Incluso, aseguró que nunca le ofrecieron algo por sus declaraciones. “El fiscal le pregunta: ¿por qué interesaba esa información? Responde ‘Diana’: Después me di cuenta que los abogados estaban buscando gente que pudiera conocer partes de la historia o la historia completa y poder declarar a favor del senador Uribe. Pues porque esa era su labor. Pregunta el fiscal, ¿A usted le dijeron eso los abogados de Uribe? Responde ‘Diana’: Ellos no me lo dijeron, pero yo sí se los propuse porque yo sé que hay gente de la parte militar del Bloque Metro, que fueron muy cercanos a ‘Alberto’ y que me parecía interesante que la corte pudiera conocer a ‘Julián’ y ‘Franco’. Pregunta el fiscal: ¿Qué iba a recibir usted a cambio de sus declaraciones? Responde 'Diana': nada, ellos a mí en ningún momento me ofrecieron plata, fueron dos conversaciones con el abogado Diego y con el abogado Juan José, fueron muy cortas, en una cafetería de aquí de Manizales, ellos no me ofrecieron plata ni ningún beneficio jurídico porque yo no tenía ninguna situación jurídica, solamente me dijeron que querían saber la verdad y yo tenía ese conocimiento sobre el tema”, explicó al declarante.Sin embargo, el fiscal del caso le puso de presente el soporte de unos pagos entregados por alias ‘Víctor’ en los que se ven dos consignaciones a su nombre, uno por $400.000 del 2 de mayo del 2018 y otro por $300.000 del 25 de abril del 2018.En este momento es cuando alias ‘Diana’ dice que ni Cadena ni su socio Salazar le ofrecieron dineros por su declaración ni por ayudar a ubicar más testigos si no que ella fue la que pidió $700.000 pesos para viajar a Medellín y ubicar a los dos excomandantes paramilitares alias ‘Julián’ y alias ‘Franco’.“Pregunta el fiscal: en la información entregada por Vélez se relacionan dos giros a su nombre, uno por $400.000 del 2 de mayo del 2018 y otro por $300.000 del 25 de abril del 2018, ¿nos podría indicar si recibió el dinero y por qué? Responde ‘Diana’: Sí los recibí, esos dineros fueron como parte de unos viáticos, de unos pasajes y de una quedada en Medellín para ir a contactar a las dos personas que yo quería que los abogados escucharan y que me interesaba que los escuchara la corte, que era el comandante ‘Julián’ y el comandante ‘Franco’. Los contacté, pero ‘Franco’ me dijo que eso era un chicharrón muy peligroso que él no se metía en eso y ‘Julián’ me dijo que si se contactaba con ellos (Cadena y Salazar), pero a través de un abogado. Pregunta el fiscal: ¿Ese dinero venía de Vélez o de los abogados? Responde ‘Diana’: de los abogados, a mí Vélez no me daba un peso. Pregunta el fiscal: ¿Por qué razón le daban dinero? Responde ‘Diana’: Porque yo debía ir a Medellín para hablar con esos dos comandantes porque no tenía dinero para hacer desplazamientos entonces que si ellos me daban la plata yo iba. Pregunta el fiscal: ¿Quién le propuso eso? Responde ‘Diana’: Yo le propuse eso a Juan José. Pregunta el fiscal: ¿Cuándo se desplazó a Medellín? Responde ‘Diana’: Tres o cuatro días después de ellos haberme girado la plata”, puntualiza la testigo.No obstante, cuando el fiscal le pregunta a alias ‘Diana’ por los nombres del hotel y de la empresa en la que viajó a dicha ciudad para confirmar la información, ella dice no recordar esos detalles.“Pregunta el fiscal: ¿En qué hotel se quedó en Medellín? Responde ‘Diana’: Por la mayorista, pero no me acuerdo el nombre ni la dirección, no la sé. El emperador o El virrey, no sé, el taxi me llevó hasta ese hotel, le pedí al taxista que me recomendara ese hotel y él me dijo que ahí eran buenos, baratos y seguros y ‘Franco’ me dijo que esa era una buena zona de hoteles, porque era cerca de la plaza. Pregunta el fiscal: ¿En qué bus se fue? Responde ‘Diana’: Salí en una van pequeña, en flota Ospina tal vez. Contra pregunta el fiscal: ¿Qué flota? Responde ‘Diana’: Me parece que es taxi Ospina. Pregunta el Fiscal ¿A qué hora salió de Manizales? A las 8 de la mañana, llegué en la tarde”, cuenta ‘Diana’.Finalmente, el fiscal del caso le pregunta a alias 'Diana' sobre lo que ella declaró en la Corte Suprema de Justicia sobre el senador Uribe en el proceso que le llevaba el magistrado Iván Velásquez, y ella responde que lo único que sabe y que dijo es que las AUC ordenaron a sus hombres que orientaran a que la gente a que votara por él en su primera candidatura.“Pregunta el fiscal: ¿Recuerda la información que le entregó el magistrado auxiliar Iván Velásquez frente a Álvaro Uribe? La misma historia que siempre he contado, que cuándo yo estaba en el curso de comandantes, creo que fue la primera vez que el presidente Uribe se lanzó a la Presidencia, dentro de las charlas (…) fue donde conocía a todos los comandantes, Mancuso, Doble Cero. El profesor de base era Baez, pero fueron muchos comandantes a darnos charlas ideológicas que era lo que al fin y al cabo no se interesaba para darle un nueva cara a las autodefensas de pasarla a un movimiento armado a un movimiento político y entonces en este curso estábamos cerca de las elecciones y lo que se hablaba dentro del curso era de apoyar al senador, al hoy exsenador Uribe pero yo no sabía quién era el señor, yo no conocía quién era el senador Uribe, tampoco estoy diciendo que nos dijeron hay que obligar a la gente que voten por él, porque no fue así, simplemente nos dijeron hay que orientar a que sea el presidente este señor porque ideológicamente es cercano a nosotros él tiene un discurso antisubversivo, él también tiene un discurso anticomunista (…) Cuando yo llegue al frente obviamente yo le decía a la gente, pues porque nosotros llegamos a una zona que había sido desplazada violentada por las FARC, como es la zona de San Félix, parte del departamento de Caldas, entonces yo en las charlas que hacía con la comunidad les decía que había que hacer una elección por una persona que en verdad sacara a este país de la crisis en la que la tenía la guerrilla, eso no es un secreto, eso fue la panacea que el presidente hubiera ganado esas elecciones y eso fue lo que yo le conté a Velásquez”, narró alias 'Diana'.Alias 'Diana' le dijo al fiscal del caso, en esta última declaración, que teme por su vida porque le ha llegado información de que Pablo Hernán Sierra “la quiere levantar”.
Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, un paramilitar condenado a 40 años de prisión es un testigo principal contra el expresidente Álvaro Uribe y su exabogado Diego Cadena.Vélez dice que Cadena le ofreció $200 millones de pesos, de los que habría alcanzado a recibir cerca de $50 millones, para declarar contra el senador Iván Cepeda y, así, beneficiar con su testimonio al expresidente.Al asumir la investigación contra Uribe por supuesta manipulación de testigos, la Fiscalía llamó a declarar a más de 20 personas, entre ellas a Vélez, quien habló el pasado 8 de febrero con un fiscal subordinado de Gabriel Jaimes, el hombre a cargo de este expediente conocido y revelado por El Espectador y BLU Radio.Ante la Fiscalía, alias ‘Víctor’ reiteró cómo fueron los supuestos ofrecimientos y pagos que le habría hecho Cadena, a quien el ente investigativo llamó a juicio en el 2020 por estos mismos hechos, incluso, se le vio molesto por tener que repetir su versión, pues ya ha hablado varias veces en otras instancias.Para empezar, alias ‘Víctor’ relató que Diego Cadena lo visitó en junio de 2017 en la cárcel de Palmira y que ese mismo día le ofreció $200 millones de pesos con dos propósitos: uno, que declarara contra el senador Iván Cepeda y dos, que desmintiera a Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, quien ha declarado contra los hermanos Uribe. Alias ‘Víctor’ aceptó y firmó una carta que escribió Cadena.“Usted la firmó de manera libre y voluntaria?”, le preguntó el fiscal a Vélez. “Claro –contestó él-, porque él me estaba ofreciendo”. “¿Cuánto le ofreció?”. “Como se lo dije anteriormente, $200 millones, no solo para mí si no para varias personas: lo que era alias Diana, Fosforito, varias personas, que le ayudara a desmentir a Alberto (Guerrero)”. “¿Ya le había pagado los $200 millones?”. “No, él no me dio toda esa plata”. “Entonces, ¿por qué le firmó la carta?”. Y ahí fue cuando Vélez dejó ver su molestia: “Última vez que contesto esas preguntas porque ya le he dado las mismas respuestas”, y señaló que le hizo a Cadena “un cronograma de las personas que le podían colaborar a él (Cadena) para desmentir a Alberto”.Alias ‘Víctor’ agregó que Diego Cadena “lo que hizo fue manipular toda la información de la verdad de las reuniones que tuve con Iván Cepeda” y admitió que el entonces abogado del expresidente Uribe “me dio una carta a mí, yo le pasé esas consignaciones a la Corte (Suprema)”.El fiscal a cargo de la diligencia insistió y le pidió al exparamilitar que fuera más específico con los detalles acerca de lo que le pidió Diego Cadena a cambio de los dineros supuestamente ofrecidos. Vélez, quien contó bajo juramento que la solicitud de ayuda vino no solo de Cadena, sino de un abogado que trabajaba con él, Juan José Salazar, también llamado a juicio por estos episodios, dijo que no lo recordaba.“¿En qué se iba a desmentir a Alberto Guerrero?”, cuestionó el fiscal a Vélez. “En las cosas que estaba hablando del expresidente Álvaro Uribe”, contestó el exparamilitar.“¿Qué cosas estaba hablando de Álvaro Uribe?”, preguntó.“Yo no sé, es que Alberto ha hablado tantas cosas que yo no sé”. El fiscal siguió: “Entonces, ¿en qué consistía esa colaboración?”. “Que supuestamente yo había tenido una reunión con Iván Cepeda, que el mismo Diego escribe ahí[en la carta, posteriormente remitida a la Corte (Suprema), más nunca tuve esa reunión con Iván Cepeda como lo dicen Racumín (Fauner José Barahona, exparamilitar) y Fosforito (Jhon Jaime Cárdenas).Desde las primeras preguntas, alias ‘Víctor’ se muestra molesta por tener que hablar de lo mismo por tercera vez, teniendo en cuenta que ya dio su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia y ante el despacho del fiscal Daniel Hernández, que lleva el proceso contra Cadena y Salazar. Sin embargo, en esa diligencia el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia le pidió al exparamilitar que no se refiriera a sus testimonios anteriores y que le diera detalles de los hechos. La respuesta no fue la que esperaba: alias ‘Víctor’ se molestó y le dijo al funcionario del ente investigador que pidiera copia de sus declaraciones anteriores.“Vuelvo y le explico, como lo he explicado en la Corte y todo eso”, comenzó diciendo alias ‘Víctor’. “Le pido el favor que no se refiera a la Corte, estamos preguntándole por parte de la Fiscalía”, le contestó el fiscal. “O sea, ¿lo que he dicho en la Corte no vale?”. “No estoy diciéndole eso, estamos en un interrogatorio totalmente diferente”.“Pues doctor le digo que pida copia de lo que yo he hablado ante los diferentes entes, ante la Corte o ante el doctor Daniel (Hernández) de la Fiscalía. Usted me hace repetir las cosas, le digo: Cadena entró a las 4:00 de la tarde, habló conmigo, me ofreció plata, hizo una carta yo se la firmé, como se lo he dicho a la Corte, como se lo he dicho a otros entes judiciales que tienen el caso, a (el fiscal) Daniel Hernández, le estoy especificando lo mismo”, dijo.El fiscal 11 delegado ante la Corte insistió: “Yo sé, yo tengo las copias, precisamente la actividad es profundizar sobre esos aspectos. ¿Cuánto tiempo duró la reunión?”.“Diego Cadena vino el 18 de junio del 2017”. “¿Cuánto se demoró?”. “Estuvimos hablando como más de media hora. Él me hizo dos visitas”. Alias ‘Víctor’ aseguró que, en total, Cadena le consignó cerca de $50 millones y que empezó a recibir los giros días después de esa primera visita en la cárcel. Dijo que el último contacto con Cadena y Salazar fue por el asunto del dinero, lo cual, aseguró: quedó “en los audios que tiene la Corte”. Y agregó: “A los días recibí la plata”. “¿A los cuantos días?”, preguntó el fiscal: “A los tres, cuatro días, doctor”, señaló el exparamilitar.Según Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, los ofrecimientos monetarios no sólo fueron para él, sino para los testigos que él le ayudó a conseguir a Cadena: Eurídice Cortés, alias ‘Diana’; Fauner José Barahona, alias ‘Racumín’, y Jhon Jaime Cárdenas, alias ‘Fosforito’. Todos estos, que dieron un testimonio a favor del expresidente Álvaro Uribe ante la Corte Suprema sobre todo a través de cartas gestionadas por Cadena, declararon también ante la Fiscalía en los últimos dos meses que fue cuando el ente investigativo se centró en obtener versiones para decidir si acusaba al expresidente Uribe o si pedía la preclusión del caso para archivarlo. Lo último fue lo que pasó.“Cuando usted se reúne la primera vez con Cadena y acuerdan una suma de 200 millones de pesos, ¿cuánto iban a recibir ‘Diana’, ‘Racumín’ y los demás?”.“Supuestamente, lo que dijo Diego, que cada uno iba a recibir de a 200 millones de pesos si uno colaboraba, lo mismo le dije a ‘Diana’, a ‘Racumín’ y a ‘Fosforito’, yo con los únicos que hablé fue con ellos. Que ‘Diana’ iba a buscar a otras personas que, para ayudarle a Diego, que ella había hecho un video, luego dijo que no le habían dado plata, que ella misma sacaba para el bus y mentira que a ella le habían dado 700 de viáticos. ¿Cómo dice él que eso era para viáticos, que es que yo salía de aquí o qué? Él dice que supuestamente fue humanitario, eso es falso”, agregó.Sin embargo, Diego Cadena se ha sostenido en esa versión: el dinero que le entregó a alias ‘Víctor’ no fue ningún soborno, sino una ayuda humanitaria. Cadena ha indicado, además, que fue por iniciativa suya y que el expresidente Uribe solo se enteró tiempo después.Al final de la declaración, que duró poco más de una hora, alias ‘Víctor’ reiteró que los pagos se hicieron por medio de familiares suyos. Algunos de ellos ya han confirmado esa versión ante la Fiscalía en el proceso contra Diego Cadena, quien ha negado rotundamente las acusaciones en su contra.Cadena, como revelaron El Espectador y BLU Radio, le dijo a la Fiscalía el pasado 24 de febrero que él buscó testigos con una sola consigna impartida por el expresidente Uribe: dar con gente que quisiera contar “la verdad al país”. La audiencia, que se hizo de forma virtual, se suspendió por problemas de conexión y por un malestar físico que manifestó Vélez.Debían seguir al siguiente día, pero el fiscal que se desplazó desde Bogotá hasta la cárcel de Palmira se llevó una sorpresa: el declarante se rehusó a rendir la diligencia sin presencia de su abogado, Óscar Lizarazo, con quien la Fiscalía no se pudo comunicar. Hasta ahí llegó la declaración de alias ‘Víctor’ para la investigación del fiscal Gabriel Jaimes y su equipo, quienes, el próximo 6 de abril, argumentarán ante una jueza de conocimiento de Bogotá por qué sostienen que no hay razón para llevar a juicio al exmandatario Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Ricardo Diosa, primo del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, aseguró en una declaración juramentada a la Fiscalía que el abogado Diego Cadena les ofreció 200 millones de pesos para que cambiaran sus versiones frente a la conformación del bloque Metro de las autodefensas en la que había participado, supuestamente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.Los detalles de la declaración conocida por el periódico El Espectador señalan que Ricardo Diosa expresó: “yo recibí $10 millones, pero, en sí, ellos nunca cumplieron con la cantidad prometida, que eran $200 millones”.Cadena y su socio Juan José Salazar son investigados y enfrentan un juicio por los delitos de soborno a testigos a favor de tercero y fraude procesal, cargos que no reconocen. Según la hipótesis de la Fiscalía, los abogados visitaron diferentes cárceles del país y entregaron dinero a personas que habían señalado a Uribe para que se retractaran de sus declaraciones.“Carlos Enrique Vélez debía cambiar su versión en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez en las investigaciones que se adelantaban en contra del aforado por la masacre de El Aro y también debía manifestar ante la Corte Suprema de Justicia que el senador Cepeda le había ofrecido mejorar sus condiciones carcelarias, siempre y cuando declarara en contra del expresidente”, dice escrito de acusación con el que la Fiscalía llamó a juicio a los abogados.Consultado por ese diario, el abogado Iván Cancino, defensor de Cadena, explicó que ellos pueden demostrar que una de las personas que dice haber recibido dinero en Cali, ni siquiera estaba en la ciudad para el momento, pues, con autorización de un juez, lograron rastrear la ubicación de su celular en esas fechas.
La Corte Suprema de Justicia ordenó el traslado de Carlos Enrique Vélez, alias 'Victor', quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel de La Tramacúa en Valledupar. El traslado sería a Palmira, donde ya estuvo detenido por más de ocho años.Lea también: "Seguramente he cometido errores, pero jamás delitos": Uribe sobre indagatoriaFuentes del Inpec, consultadas por este medio, conocieron que mientras Vélez estuvo en Bogotá para rendir testimonio en la Sala de Instrucción fue recluido en La Picota.Alias ‘Víctor’ fue quien entregó declaraciones en su calidad de testigo a la corte en las cuales mencionó que el abogado Diego Cadena, defensor de Uribe, le habría entregado millonarias sumas de dinero para que cambiara, según él, su testimonio a favor del expresidente y senador Álvaro Uribe.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.El abogado Cadena insiste que esas entregas fueron una ‘ayuda humanitaria’ que el mismo preso habría requerido.
Alias ‘Víctor’, según las autoridades, hace 20 días asumió la jefatura de esa estructura luego de una operación de la Policía Nacional en la que fue capturado alias ‘El Viejo’ con otros 7 guerrilleros, el pasado 25 de diciembre de 2015. Durante este periodo, el presunto guerrillero de 41 años intentó reorganizar el frente, planeaba la ejecución de atentados contra la fuerza pública y ordenó intensificar la minería criminal en zonas forestales en los municipios de Bolívar, Almaguer, Mercaderes y La Vega (Cauca), para lo cual intimidaba a los habitantes y les exigía que se vincularán a esa acción ilegal. Así aparece registrado en varios documentos y anotaciones encontradas en el lugar de su ubicación, según la Policía. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Más de 80 operativos han adelantado las autoridades contra los derrochadores de agua. -Diosdado Cabello arremete contra Asamblea Nacional venezolana por negativa a decreto de emergencia económica presentado por Maduro. -900 policías garantizarán la seguridad en el partido entre Deportivo Cali y Atlético Nacional por la Superliga.
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.