Luego de que se conociera la muerte del joven afrocolombiano Anderson Arboleda, quien perdió la vida por recibir varios impactos en su cabeza con un bolillo a manos de un policía en Puerto Tejada, Cauca, la Procuraduría señaló este miércoles que asumirá por poder preferente el proceso y la investigación por este caso.Cabe recordar que la muerte del joven, de 21 años, ocurrió el pasado 31 de mayo en la ciudad de Cali, luego de que fuera trasladado después de que horas antes varios uniformados, de acuerdo con testigos, lo atacaran en repetidas ocasiones.Señala el Ministerio Público que la delegada para los Derechos Humanos asumió la indagación iniciada por la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao, Cauca, con apoyo de la Personería de Puerto Tejada.“Se constituyó una agencia especial para que un procurador judicial intervenga en el proceso penal y se garantice el debido proceso, la celeridad de las actuaciones, los derechos de las víctimas y evitar así que el caso caiga en la impunidad”, dice la Procuraduría.
El patrullero Javier Enrique Morales Castro vive todo un drama después de que, con una foto suya, lo comenzaran a señalar como el responsable de la muerte del joven afrodescendiente Anderson Arboleda, quien falleció en Puerto Tejada, Cauca, por un traumatismo en la cabeza que habría sido ocasionado por un patrullero de la Policía con un bolillo.Al patrullero Morales le tocó expedir certificados de ubicación laboral y otros documentos para demostrar que el día en que se presentó la muerte de Arboleda, él estaba designado en la patrulla de vigilancia de la estación de Policía en Bosconia, Cesar, y no en el departamento de Cauca, que fue el lugar en donde murió el joven afrodescendiente en los últimos días.Pese a esto, la imagen del patrullero se fue divulgando a tal punto que el abogado y director de Justicia Racial, Alí Bantú Ashanti, terminó compartiendo la foto del Policía en un video donde exigía “la detención inmediata de este agente y todos los que estuvieron involucrados en este salvaje crimen”.Por estos señalamientos, el uniformado denunció por injuria y calumnia al director del colectivo de abogados afrodescendiente Justicia Racial, debido a que por el video que publicó en las redes sociales, se generaron amenazas en contra del patrullero Morales y pusieron en riesgo la vida e integridad suya y la de su familia.
El director de la Policía, general Óscar Atohortúa, se pronunció sobre la muerte del joven de 19 años Anderson Andrés Arboleda Montaño, y confirmó que 10 uniformados han sido indagados por la muerte en el Cauca.Según denunciantes, el joven llegó a Cali desde Popayán en coma y con muerte cerebral tras recibir un golpe en la cabeza por parte de un policía el pasado 19 de mayo.El general Atehortúa aseguró que está dispuesto a entregar los elementos que necesite la Fiscalía para la investigación, por lo que todas las actuaciones de sus uniformados, que no se enmarquen en la ley, tienen repercusiones penales y disciplinarias.Le puede interesar: No perdono a los que le quitaron la vida a mi hijo: madre de Anderson Arboleda "Nuestra institución reafirma hoy, de manera categórica, su total disposición y apertura para que recolecten todos los elementos y la información requerida por Fiscalía, la Justicia Penal Militar y las instancias disciplinarias internas, con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos alrededor de al muerte del joven Anderson Arboleda”, dijo el director de la Policía.“Todas las acciones de nuestros uniformados deben estar alineadas a nuestra misión constitucional de garantizar seguridad y convivencia, al respeto irrenunciable por los derechos humanos", añadió.Además, reveló que el comando del departamento del Cauca solicitó la apertura de las investigaciones y que ya se vienen adelantando actuaciones, como la recepción de 10 declaraciones de uniformados y cinco de sus familiares más cercanos, con el fin de establecer cómo sucedieron los hechos.
Con los recuerdos aún frescos de las imágenes en vida de Anderson Arboleda, la madre del joven, Ximena Arboleda, sacó fuerzas para hablar y exigir que caída todo el peso de la ley en contra de quienes serían los responsables de la muerte del joven.Asegura que están frescos los recuerdos del ataque que, según afirma, sufrió su hijo por parte de uniformados de la policía que lo golpearon a bolillo en Puerto Tejada, Cauca.“Eso es lo que pido, que se haga justicia, que los destituyan y vayan a la cárcel los culpables”, dijo Ximena.Vea aquí: ¡Justicia! En redes sociales piden esclarecer la muerte de Ánderson ArboledaEn una conversación con BLU Radio, la mujer precisó que el joven, de 19 años de edad, era recordado por todos como una persona alegre, amante del género salsa y el reggaetón.Sostuvo que su tristeza es muy grande y que no perdona a los responsables de lo sucedido.“Yo no perdono a esas personas, no. Ellos le quitaron la vida a mi hijo”, aseveró la mujer con intenso dolor.Lea aquí: Docentes denuncian amenazas de muerte por dejar tareas en cuarentenaXimena precisó que su hijo Anderson se ganaba la vida en la venta de tapabocas y de zapatillas, además, que vivía de junto a una tía y su abuela materna en una casa del barrio Santa Elena, en Puerto Tejada.El deceso de Anderson Arboleda se produjo el pasado 20 de mayo después que, en la noche anterior, fuera golpeado con bolillos en medio de un procedimiento mientras violaba la cuarentena nacional.
El reciente terremoto en Venezuela ha generado una profunda preocupación en el sector de las confecciones de Santander, un gremio que ve con incertidumbre el impacto que esta emergencia pueda tener en el intercambio comercial bilateral. Franklin Guevara, director del gremio textil en el departamento, manifestó la solidaridad de los empresarios locales con el pueblo venezolano, al tiempo que advirtió sobre las repercusiones económicas inmediatas y a mediano plazo para la industria santandereana.La principal preocupación radica en la proximidad de la Exposición Internacional de Moda Infantil (EIMI Colombia), considerado el evento más importante de su tipo en Latinoamérica. Para esta edición, que se celebrará del 13 al 15 de julio en Bucaramanga, ya se tenía confirmada la asistencia de ocho grandes compradores provenientes de Caracas. Sin embargo, el cierre temporal de aeropuertos y la crisis humanitaria en el vecino país ponen en duda su participación, lo que afectaría directamente los negocios proyectados para la producción del segundo semestre del año.Históricamente, Venezuela ha sido el socio comercial más importante para los confeccionistas de Santander. Aunque el comercio sufrió una fuerte contracción a partir de 2006, en los últimos meses se venía registrando una notable recuperación en las ventas. Santander lidera la producción de ropa para recién nacidos en Colombia, un producto altamente apetecido en el mercado venezolano y en Centroamérica.Guevara señaló que, por respeto a la situación, aún no se han establecido contactos directos con los empresarios afectados, pero están muy atentos a la situación del país vecino. El flujo constante de mercancías en la frontera se encuentra bajo una enorme incertidumbre debido a los problemas logísticos derivados del sismo. Los textileros santandereanos esperan una pronta estabilización de la emergencia para reanudar los despachos diarios y asegurar la continuidad de un canal comercial que es vital para la economía de la región.
La Gobernación de Caldas informó que el Pico y Placa Ambiental sobre la vía que comunica a Manizales con Murillo, pasando por inmediaciones del volcán Nevado del Ruiz, continuará aplicándose hasta el próximo 30 de junio de 2026.Recordemos que recientemente un fallo judicial ordenó suspender esta medida y dispuso que las gobernaciones de Caldas y Tolima, además del Gobierno Nacional, implementen diferentes acciones que permitan la conservación de esa zona de geoparque.La administración departamental explicó que, desde la expedición de esa determinación, las gobernaciones de Caldas y Tolima, el Gobierno Nacional y las entidades competentes mantienen un proceso de articulación interinstitucional para evaluar y definir las medidas que permitan continuar con la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora.Según la Gobernación, este trabajo ha estado acompañado por acciones permanentes de conservación, educación y sensibilización ambiental, las cuales buscan fortalecer la protección de este ecosistema estratégico.La Secretaría de Medio Ambiente indicó que, una vez las autoridades definan las medidas que regirán después del 30 de junio, la información será divulgada oportunamente a través de los canales oficiales de la Gobernación de Caldas.Finalmente, la administración departamental invitó a la ciudadanía a mantener prácticas responsables y a contribuir con la conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora, considerados uno de los principales patrimonios naturales del país.
El Juzgado 01 de Control de Garantías de Barranquilla negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento presentada por la defensa de Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación en una red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente era comercializada en establecimientos de Lili Pink. La defensa solicitó que la medida intramural fuera reemplazada por detención domiciliaria debido al estado de salud del procesado, quien ha comparecido a las audiencias desde una cama hospitalaria.Durante la diligencia, el abogado defensor Orlando Anaya explicó que Martínez permanece hospitalizado desde mayo y sostuvo que su condición médica no ha mejorado. “En el transcurrir de esa audiencia prácticamente desde el 1.º de mayo se encuentra en hospitales, por un delicado estado de salud, el 13 de mayo de 2026 se ordenó que el señor Walter Martínez se quedara en la clínica La Asunción por su estado de salud , A la fecha, el señor Martínez no ha superado esa situación, por lo que solicitó deberá permanecer en su hogar de residencia”, manifestó.Entre las patologías expuestas por la defensa figuran afecciones renales, cardíacas y problemas en la columna. Sin embargo, el juez concluyó que no era procedente modificar la medida de aseguramiento, al considerar que la decisión adoptada previamente por el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá estableció que el procesado debía permanecer en un centro hospitalario hasta que un dictamen médico certificara su recuperación.Al sustentar su decisión, el despacho señaló que carecía de competencia para modificar lo resuelto por otro juez. “Porque el mismo médico estableció que debía estar en ese tiempo, en ese centro hospitalario hasta que se acredite su recuperación , una vez se verifique mediante dictamen médico que ya el señor está recuperado, debe ser trasladado al establecimiento carcelario. En esta situación, no se ha acreditado que el señor se encuentra recuperado, y si este despacho entra a tomar una decisión distinta se estaría convirtiendo en un superior del Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá”, indicó.El juez también descartó ordenar el traslado del procesado a su residencia, al considerar que ello podría afectar su recuperación y excedería las competencias del despacho. “Este despacho no sustituye la medida de aseguramiento intrahospitalaria especialmente con el propósito, primero, de no convertirse en un superior funcional jerárquico de esa autoridad, y segundo, de preservar el derecho a la vida de la persona que se encuentra en riesgo de muerte”, concluyó.Según la investigación de la Fiscalía, Walter Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras, utilizadas presuntamente para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esa manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos con apariencia de legalidad.Las autoridades también establecieron que varias de las sociedades investigadas registraban direcciones inexistentes o correspondían a lotes desocupados e inmuebles residenciales sin relación con la actividad comercial reportada. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
Soldados de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional lograron la captura de tres sujetos y la recuperación de una menor de edad, presuntamente integrantes del grupo armado organizado Cartel del Clan del Golfo.La ofensiva se produjo en la vereda Villa Severa, en jurisdicción del municipio de Zaragoza, gracias a la información aportada por la inteligencia militar. Los capturados son conocidos como alias Care Loco, Z y Boika, quienes, junto a la menor recuperada, harían parte del componente armado de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario.El Brigadier General Óscar del Cristo Díaz, señaló que, como resultado de la acción militar, también se incautó material de guerra, intendencia y comunicaciones perteneciente a este grupo ilegal.“Con estas operaciones donde se le incauta material de guerra, comunicaciones y otros elementos de interés para la inteligencia militar, reafirmamos el compromiso con esta población civil en este sector del Bajo Cauca antioqueño. El propósito es que estas personas desplazadas puedan retornar a su territorio”, resaltó el Brigadier General.Estas personas serían responsables del cobro de extorsiones, y homicidios selectivos de civiles y miembros de la Fuerza Pública en su área de injerencia criminal.Asimismo, son señalados de participar en las recientes confrontaciones entre grupos ilegales en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, empleando drones con explosivos como método de ataque, lo que ha generado desplazamientos masivos, afectaciones a viviendas y confinamiento en las comunidades de la zona.
La emergencia provocada por los terremotos que sacudieron al estado venezolano de La Guaira sigue dejando escenas de angustia, mientras decenas de voluntarios intentan rescatar a personas atrapadas entre estructuras colapsadas y miles de habitantes enfrentan la pérdida de sus viviendas, la interrupción de servicios básicos y la incertidumbre sobre las próximas horas.Así lo describió el diputado venezolano Jhonny Rivas durante una entrevista con Mañanas Blu 10:30, en la que aseguró que la situación sobre el terreno es más grave de lo que muestran las imágenes difundidas en redes sociales.“La situación es peor de lo que ves en los videos, de lo que está en las redes sociales”, afirmó el legislador, quien se encuentra en la zona afectada. Según explicó, el paso del tiempo aumenta la preocupación de las familias que esperan noticias de personas atrapadas bajo los escombros, debido a que las primeras horas posteriores a un terremoto son consideradas fundamentales para las labores de búsqueda y rescate.Los terremotos suelen generar el mayor número de rescates durante las primeras 24 a 72 horas. Organismos internacionales especializados en gestión de riesgos han señalado históricamente que este periodo resulta decisivo para localizar sobrevivientes en estructuras colapsadas, especialmente cuando se cuenta con equipos técnicos, maquinaria pesada y personal entrenado. Sin embargo, Rivas sostuvo que gran parte de las labores que actualmente se desarrollan en La Guaira están siendo ejecutadas por ciudadanos y grupos de voluntarios.“De cada diez personas que están tratando de ayudar, un solo bombero oficial y nueve son voluntarios trabajando sin herramientas”, señaló.Uno de los episodios que relató involucra a vecinos que lograron sacar a dos menores de entre los restos de una estructura. Según dijo, todavía habría otros niños atrapados en el lugar.“Escuchan a los otros niños pedir ayuda y están tratando de sacarlos ellos mismos”, aseguró.Viviendas destruidas y familias desplazadasEl impacto de los movimientos telúricos también habría dejado una amplia destrucción residencial en distintos sectores de La Guaira.De acuerdo con el diputado, decenas de edificaciones colapsaron tanto en el este como en el oeste del estado. “Estamos hablando de más de cincuenta o sesenta residencias que se cayeron”, afirmó.La consecuencia inmediata, según explicó, ha sido el desplazamiento de numerosas familias que hoy permanecen en espacios abiertos o buscando refugio temporal con amigos y familiares.“Hay mucha gente deambulando en las calles que no tiene para dónde ir”, dijo Rivas, quien además aseguró haber perdido su propia vivienda durante la emergencia.El temor a posibles réplicas también ha llevado a que personas cuyas casas permanecen en pie opten por pasar las noches al aire libre ante el riesgo de nuevos daños estructurales.Servicios básicos bajo presiónMás allá de los rescates, una de las principales preocupaciones gira en torno al funcionamiento de los servicios públicos.Rivas afirmó que varias zonas permanecen sin suministro eléctrico y enfrentan dificultades para acceder al agua potable. También advirtió sobre la presión que soportan los centros asistenciales.“Los hospitales están colapsados”, aseguró, al describir una red sanitaria que ya enfrentaba limitaciones antes de la emergencia.Los desastres naturales de gran magnitud suelen generar riesgos sanitarios asociados a la interrupción de servicios esenciales, la acumulación de escombros, la escasez de agua segura y la saturación de los sistemas de salud. Por esta razón, organismos humanitarios priorizan el envío de medicamentos, materiales médicos y equipos de atención de emergencia durante las primeras etapas de respuesta.Donaciones y apoyo ciudadanoAnte la magnitud de la crisis, diversas organizaciones y ciudadanos dentro y fuera de Venezuela han comenzado campañas de recolección de ayuda.Rivas indicó que parte de los insumos están siendo canalizados a través de Cáritas de Venezuela con el objetivo de facilitar una distribución organizada. Asimismo, mencionó iniciativas impulsadas desde Colombia y otras regiones para reunir alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad destinados a los afectados.“La preocupación nuestra en este momento es ayudar a nuestros hermanos guaireños y venezolanos que están viviendo esta tragedia”, expresó.Mientras continúan las labores de rescate, el llamado de las comunidades afectadas se centra en acelerar la llegada de equipos especializados, fortalecer la asistencia humanitaria y garantizar la atención de miles de personas que enfrentan una de las emergencias más complejas registradas recientemente en esta zona costera de Venezuela.
