Luego de que se conociera la muerte del joven afrocolombiano Anderson Arboleda, quien perdió la vida por recibir varios impactos en su cabeza con un bolillo a manos de un policía en Puerto Tejada, Cauca, la Procuraduría señaló este miércoles que asumirá por poder preferente el proceso y la investigación por este caso.Cabe recordar que la muerte del joven, de 21 años, ocurrió el pasado 31 de mayo en la ciudad de Cali, luego de que fuera trasladado después de que horas antes varios uniformados, de acuerdo con testigos, lo atacaran en repetidas ocasiones.Señala el Ministerio Público que la delegada para los Derechos Humanos asumió la indagación iniciada por la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao, Cauca, con apoyo de la Personería de Puerto Tejada.“Se constituyó una agencia especial para que un procurador judicial intervenga en el proceso penal y se garantice el debido proceso, la celeridad de las actuaciones, los derechos de las víctimas y evitar así que el caso caiga en la impunidad”, dice la Procuraduría.
El patrullero Javier Enrique Morales Castro vive todo un drama después de que, con una foto suya, lo comenzaran a señalar como el responsable de la muerte del joven afrodescendiente Anderson Arboleda, quien falleció en Puerto Tejada, Cauca, por un traumatismo en la cabeza que habría sido ocasionado por un patrullero de la Policía con un bolillo.Al patrullero Morales le tocó expedir certificados de ubicación laboral y otros documentos para demostrar que el día en que se presentó la muerte de Arboleda, él estaba designado en la patrulla de vigilancia de la estación de Policía en Bosconia, Cesar, y no en el departamento de Cauca, que fue el lugar en donde murió el joven afrodescendiente en los últimos días.Pese a esto, la imagen del patrullero se fue divulgando a tal punto que el abogado y director de Justicia Racial, Alí Bantú Ashanti, terminó compartiendo la foto del Policía en un video donde exigía “la detención inmediata de este agente y todos los que estuvieron involucrados en este salvaje crimen”.Por estos señalamientos, el uniformado denunció por injuria y calumnia al director del colectivo de abogados afrodescendiente Justicia Racial, debido a que por el video que publicó en las redes sociales, se generaron amenazas en contra del patrullero Morales y pusieron en riesgo la vida e integridad suya y la de su familia.
El director de la Policía, general Óscar Atohortúa, se pronunció sobre la muerte del joven de 19 años Anderson Andrés Arboleda Montaño, y confirmó que 10 uniformados han sido indagados por la muerte en el Cauca.Según denunciantes, el joven llegó a Cali desde Popayán en coma y con muerte cerebral tras recibir un golpe en la cabeza por parte de un policía el pasado 19 de mayo.El general Atehortúa aseguró que está dispuesto a entregar los elementos que necesite la Fiscalía para la investigación, por lo que todas las actuaciones de sus uniformados, que no se enmarquen en la ley, tienen repercusiones penales y disciplinarias.Le puede interesar: No perdono a los que le quitaron la vida a mi hijo: madre de Anderson Arboleda "Nuestra institución reafirma hoy, de manera categórica, su total disposición y apertura para que recolecten todos los elementos y la información requerida por Fiscalía, la Justicia Penal Militar y las instancias disciplinarias internas, con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos alrededor de al muerte del joven Anderson Arboleda”, dijo el director de la Policía.“Todas las acciones de nuestros uniformados deben estar alineadas a nuestra misión constitucional de garantizar seguridad y convivencia, al respeto irrenunciable por los derechos humanos", añadió.Además, reveló que el comando del departamento del Cauca solicitó la apertura de las investigaciones y que ya se vienen adelantando actuaciones, como la recepción de 10 declaraciones de uniformados y cinco de sus familiares más cercanos, con el fin de establecer cómo sucedieron los hechos.
Con los recuerdos aún frescos de las imágenes en vida de Anderson Arboleda, la madre del joven, Ximena Arboleda, sacó fuerzas para hablar y exigir que caída todo el peso de la ley en contra de quienes serían los responsables de la muerte del joven.Asegura que están frescos los recuerdos del ataque que, según afirma, sufrió su hijo por parte de uniformados de la policía que lo golpearon a bolillo en Puerto Tejada, Cauca.“Eso es lo que pido, que se haga justicia, que los destituyan y vayan a la cárcel los culpables”, dijo Ximena.Vea aquí: ¡Justicia! En redes sociales piden esclarecer la muerte de Ánderson ArboledaEn una conversación con BLU Radio, la mujer precisó que el joven, de 19 años de edad, era recordado por todos como una persona alegre, amante del género salsa y el reggaetón.Sostuvo que su tristeza es muy grande y que no perdona a los responsables de lo sucedido.“Yo no perdono a esas personas, no. Ellos le quitaron la vida a mi hijo”, aseveró la mujer con intenso dolor.Lea aquí: Docentes denuncian amenazas de muerte por dejar tareas en cuarentenaXimena precisó que su hijo Anderson se ganaba la vida en la venta de tapabocas y de zapatillas, además, que vivía de junto a una tía y su abuela materna en una casa del barrio Santa Elena, en Puerto Tejada.El deceso de Anderson Arboleda se produjo el pasado 20 de mayo después que, en la noche anterior, fuera golpeado con bolillos en medio de un procedimiento mientras violaba la cuarentena nacional.
Tres personas murieron, entre ellas un policía, y otras dos resultaron heridas durante un ataque sicarial ocurrido en el sector de El Bronx, en el centro de Medellín.De acuerdo con el reporte de las autoridades, hacia las 12:24 de la madrugada, uniformados que realizaban labores de patrullaje escucharon varias detonaciones y se desplazaron al lugar. Allí observaron a varios hombres vestidos con prendas oscuras que se movilizaban en dos motocicletas y que emprendieron la huida al notar la presencia policial.Durante la persecución, los sospechosos dispararon repetidamente contra los uniformados e impactaron al patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre, de 27 años, quien recibió un disparo en la cabeza. El policía fue trasladado al hospital San Vicente Fundación, donde falleció por la gravedad de las heridas. Llevaba siete años en la institución y estaba adscrito a la estación de Policía de La Candelaria.En el lugar también fue encontrado el cuerpo de un hombre de entre 45 y 50 años, quien recibió varios impactos de bala en la cabeza y el tórax. Un segundo ciudadano, de entre 50 y 55 años, fue trasladado al mismo centro asistencial en estado crítico, con muerte cerebral, y posteriormente se reportó entre las víctimas mortales.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentó la muerte del uniformado y pidió a las autoridades desarticular la banda que protagonizó este ataque sicarial, quien estaría en disputa por una plaza de vicio en el sector.“Asesinan a dos personas, una de ellas con varios antecedentes criminales. Al parecer, se estaban disputando una plaza de vicio. En la redacción hay un enfrentamiento y ahí es donde asesinan a uno de nuestros policías. La instrucción es clara, dar no solo con los responsables del asesinato de Jamilton Andrés, sino de toda esa estructura criminal”, dijo el mandatario local.Además, dos hombres resultaron heridos. Uno de 26 años, recibió un disparo en la espalda que comprometió uno de sus pulmones y permanece bajo atención médica en el San Vicente Fundación. Por su parte, otro de 62 años, sufrió lesiones en una mano y una pierna, y se encuentra estable en el Hospital General.Por lo pronto, las autoridades activaron labores del inteligencia y policía judicial, revisan las cámaras de seguridad y recopilan información sobre los vehículos utilizados para identificar y capturar a los responsables, aunque según Gutiérrez ya hay “motos incautadas y otros elementos”.
Se acaba la era de la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro y comienza la era del sometimiento a la justicia del presidente Abelardo De La Espriella. Con el tiempo en contra y el riesgo de repetir el error que llevó a expedir el presupuesto por decreto, el Congreso logró aprobar la prórroga de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público.En sus 30 artículos se desmonta el modelo de negociaciones del Gobierno anterior: se acaban las mesas de diálogo, los grupos criminales pierden cualquier reconocimiento político, desaparecen los gestores de paz y la política de seguridad queda centrada en dos caminos: el sometimiento a la justicia o la acción de la Fuerza Pública.El presidente De La Espriella sancionará la ley con el texto aprobado por el Senado. Allí, el debate tuvo que repetirse por las críticas de la oposición petrista, que cuestionó que la ponencia no se hubiera presentado ni discutido debidamente.Entre los principales cambios aprobados por los senadores está el endurecimiento de las condiciones para acceder a las rebajas de penas. En el caso de los delitos relacionados con lavado de activos, se amplió de uno a seis años el tiempo de privación efectiva de la libertad exigido para acceder al beneficio correspondiente.Otro de los ajustes establece que no podrán recibir el tratamiento penal diferenciado quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores de edad o sean responsables de reclutar a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años para las estructuras criminales.En materia de sanciones, el texto mantiene un esquema diferenciado según el nivel de responsabilidad dentro de las organizaciones. Los integrantes de base podrán acceder a una reducción de hasta el 50 % de sus penas, mientras que para los cabecillas y quienes desempeñen funciones de mando la rebaja será de hasta el 30 %. En ningún caso la condena para estos últimos podrá ser inferior a diez años de prisión.La iniciativa también establece que quienes se sometan deberán cumplir sus penas en centros de reclusión bajo la administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con restricciones efectivas de la libertad.El único artículo que fue eliminado fue el que contemplaba la posibilidad del uso de gastos reservados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON). Además, se estableció que los departamentos y municipios no tendrán que asumir las cargas derivadas de los procesos de sometimiento, cuya coordinación estará en cabeza del Ministerio de Justicia.Al cierre de la discusión, tanto el Gobierno como la bancada oficialista defendieron que la nueva ley cambia por completo las reglas de juego: no habrá zonas especiales de concentración, sino que los integrantes de las organizaciones pagarán sus condenas en cárceles o centros administrados por el INPEC; no habrá suspensión de órdenes de captura ni de extradición, tampoco mesas de diálogo ni interrupción de operaciones militares.Finalmente, quienes se sometan a la justicia perderán definitivamente sus derechos políticos. No podrán aspirar a cargos de elección popular, ocupar empleos públicos ni contratar con el Estado.
Después de varios años de registrar indicadores favorables en materia de empleo, Bucaramanga y su área metropolitana vuelven a mostrar señales de deterioro en el mercado laboral. Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo llegó al 8,5 % durante el trimestre julio-septiembre de 2026, lo que representa cerca de 56.000 personas sin trabajo.La cifra evidencia un incremento frente al mismo periodo de 2025, cuando la desocupación se ubicó en 8,3 %. Además, la capital santandereana perdió posiciones en el escalafón nacional: pasó del segundo al quinto lugar entre las ciudades con menores tasas de desempleo, igualando el promedio nacional.El panorama también refleja una reducción en el número de personas ocupadas. Entre julio y septiembre de este año, Bucaramanga y los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta registraron 607.000 personas trabajando, mientras que en el mismo trimestre del año anterior eran 611.000."Son datos que debe poner en alerta a las autoridades administrativas y los sectores productivos de la región. Pasamos del segundo al quinto lugar en la tasa de desempleo, lo cual es preocupante", dijo Isabel Cristina Rincón, académica y experta economista en diálogo con Blu Radio. El comercio continúa siendo el principal generador de empleo en el área metropolitana, con más de 134.000 personas ocupadas. Este sector registró un crecimiento importante durante el último trimestre, al sumar cerca de 14.000 puestos de trabajo frente al periodo inmediatamente anterior."Sin embargo, otros renglones de la economía muestran resultados preocupantes. Las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación registraron 50.000 ocupados, 8.000 menos que hace un año.Una situación similar se presenta en hoteles y restaurantes, sector que perdió aproximadamente 9.000 puestos de trabajo y llegó a 44.000 personas ocupadas", manifestó la analista. Por su parte, las actividades relacionadas con la administración pública y los servicios de salud también han mostrado una reducción en el número de trabajadores durante el transcurso de este año.A las cifras de desocupación se suma la informalidad laboral, que representa aproximadamente el 53 % de la población ocupada en Bucaramanga y su área metropolitana. Esto significa que una parte importante de los trabajadores depende de actividades informales o del denominado rebusque para obtener ingresos.El panorama genera preocupación por las condiciones económicas de miles de hogares, especialmente en un contexto de incremento del costo de vida. La inflación también representa un desafío para el poder adquisitivo de las familias y su capacidad para cubrir necesidades básicas.Los resultados del DANE ponen nuevamente sobre la mesa los desafíos de la economía metropolitana: recuperar los puestos de trabajo perdidos, fortalecer los sectores que generan empleo y avanzar en la formalización laboral para mejorar las condiciones de quienes dependen de sus ingresos diarios.
Hoy se define el Plan de Ordenamiento Territorial, POT de Medellín y con su renovación habrá restricciones para vivienda turística o prohibición de zonas de prostitución en la ciudad. Solo en el primer debate se hicieron más de 100 modificaciones y 50 propuestas nuevas.La expectativa en Medellín está puesta en lo que se definirá en el Concejo en donde se hará la votación en segundo debate de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial que ha generado diversas polémicas por varios temas como, por ejemplo, la vivienda turística y los espacios donde podría desarrollarse.En una primera instancia ya el proyecto había tenido un respaldo unánime, por lo que se espera que en este segundo espacio también se apruebe el POT, pero lo más importante para la comunidad: que se conozcan algunos detalles sobre el impacto en la capital de Antioquia.El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, reconoció la importancia de tener la discusión alrededor del POT y lo relevante que sería una decisión positiva en materia de vivienda en la ciudad.“Por fin le vamos a poder dejar a nuestra ciudad unas reglas claras en materia, por ejemplo, de vivienda, de cómo vamos a revisar las alturas, las densidades, la tipología de vivienda y que por fin Medellín detonó nuevamente la construcción de vivienda”, dijo.Hay que recordar que hay varios puntos que han sido álgidos en el trámite del proyecto y uno de ellos ha sido la vivienda turística y las delimitaciones que ha planteado la Alcaldía de Medellín para que dicha actividad se desarrolle en unos entornos específicos de alta mixtura.Además, están en consideración una propuesta que hizo el concejal de Medellín, Andrés Tobón, de prohibir la prostitución por sus supuestos vínculos con actividades delincuenciales en diferentes entornos de la ciudad.Se espera que con la discusión y la posterior votación se determine con exactitud cuáles serán los cambios a mediano plazo que tendrá el POT y cómo afectará esta decisión a diferentes sectores económicos como los restauranteros o aquellos con viviendas destinadas al alojamiento turístico.
Avanzan los operativos de seguridad en Cúcuta. En el marco de la campaña militar y policial Esparta, las autoridades realizaron la operación Némesis, una intervención que comenzó ayer sobre las 7:00 de la noche y se extendió durante toda la madrugada, con presencia en ocho comunas de la ciudad. El balance preliminar es de 109 personas capturadas, 49 allanamientos y 32 expulsiones.El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que, con corte a las 4:45 de la mañana, también se habían incautado 12 armas de fuego y más de 10 kilos de estupefacientes. Además, las autoridades recuperaron mercancía avaluada en 500 millones de pesos.La ofensiva estuvo dirigida contra estructuras delincuenciales relacionadas con homicidios, terrorismo, extorsión, narcotráfico, contrabando y minería ilegal. El mandatario destacó el trabajo de la Fuerza Pública y aseguró que las intervenciones continuarán en la ciudad.A través de un video publicado en sus redes sociales, el Gobierno también presentó varios de los objetivos de estas operaciones. Entre ellos aparecen los alias ‘Navir’, ‘Ada’, ‘Juancho’, ‘La Churca’, ‘Keller’, ‘Brayan’, ‘Careviaja’, ‘Camacho’ y ‘Alejo’.Según la información divulgada, alias ‘Keller’ sería integrante del frente urbano del ELN y estaría relacionado con un atentado contra un CAI. Entretanto, alias ‘Careviaja’ es señalado de incendiar la vivienda de unos adultos mayores después de que se negaran a permitirle llevarse a un menor de 12 años. ‘Camacho’ y ‘Alejo’, por su parte, son señalados de aprovechar las condiciones de pobreza para captar menores de edad.Estas acciones se desarrollan en medio de la visita del presidente a Norte de Santander, donde estuvo en la Brigada 30 del Ejército y en el puente internacional Atanasio Girardot, conocido como Tienditas.Desde Cúcuta, De La Espriella anunció oficialmente la campaña Esparta, una estrategia militar y policial para combatir a los grupos armados ilegales que delinquen en el Catatumbo. También puso en marcha el plan BOSUR, enfocado en enfrentar la criminalidad en Cúcuta y su área metropolitana.Como parte de las medidas, ordenó reforzar las operaciones militares y policiales en la frontera con Venezuela para combatir a los grupos armados ilegales, el narcotráfico y el tráfico de personas.La estrategia contempla la construcción de obras civiles y barreras de control para bloquear los pasos no autorizados, además de operaciones permanentes de inteligencia y acciones conjuntas entre las Fuerzas Militares, la Policía y Migración Colombia.El Gobierno aclaró que estas medidas no afectarán el tránsito legal entre Colombia y Venezuela. Entre el 7 de agosto y el 30 de octubre de 2026 se registró cerca de un millón de movimientos migratorios por el puente internacional de Tienditas.Finalmente, las autoridades indicaron que las acciones se adelantarán en coordinación con la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías de la región, bajo supervisión del Gobierno nacional y con compromisos y resultados verificables.
