La presidenta de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), Claudia Calero, lanzó una dramática alerta sobre la situación de seguridad que atraviesa el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Sus declaraciones se dieron tras el asesinato de Juan Carlos Ceballos, un trabajador del sector de 47 años que fue atacado mientras realizaba labores de campo, hecho atribuido a disidencias armadas en la zona. Un ataque directo a los trabajadores del campoEl asesinato de Ceballos, descrito por sus compañeros como un hombre "extraordinario" que deja huérfanos y una familia destruida, es el reflejo de una violencia que no da tregua. Según Calero, los trabajadores fueron atacados súbitamente mientras "estaban haciendo sus labores diarias de trabajo" alrededor de los cultivos de caña.Para la líder gremial, la situación ha llegado a un punto de no retorno: "La situación de seguridad que nosotros estamos viviendo en esta región es crítica y nos está sobrepasando a todos".La magnitud de la crisis queda en evidencia con las estadísticas presentadas por el gremio. Al cierre del año 2025, Asocaña registró un total de 1.041 hechos de inseguridad en su agroindustria. Este balance incluye seis trabajadores asesinados, diez heridos y eventos violentos en el 73% de los municipios donde operan. Calero detalló que el sector se enfrenta a un abanico de delitos que van desde el hurto hasta "actos de terrorismo, ataques armados, secuestros y extorsiones". Necesidad de una respuesta estatal integralA pesar de la presencia del Ministerio de Defensa y la fuerza pública, el gremio insiste en que el despliegue militar es insuficiente si no va acompañado de un aparato judicial efectivo. Calero enfatizó que es necesaria la "integralidad del Estado", lo que implica no solo pie de fuerza, sino también inteligencia, prevención y acción de la justicia para evitar la impunidad.En sus palabras: "Se necesitan acciones mayores para detener estos actos violentos... que la fuerza de la ley le impida a estos criminales seguir haciendo estos actos". La presidenta de Asocaña fue enfática al vincular el destino de la región con el del país entero, señalando que "la estabilidad de Colombia depende de la estabilidad que se le dé al suroccidente colombiano". Escuche aquí la entrevista:
El sector agroindustrial de la caña en el Valle del Cauca y todo el suroccidente del país se encuentra en alerta, en medio de lo que han denominado la crisis del Etanol. Esto debido a la gran cantidad de litros almacenados de este biocombustible, en los tanques de los ingenios que aún no son comercializados.Esta situación hoy amenaza con detener por completo el funcionamiento de la industria, poniendo en riesgo más de 28 mil empleos. Según Asocaña, esto se debe a la falta de controles claros en la comercialización de etanol importado, que en los últimos meses ha reemplazado el producto nacional."Sí, estamos en una crisis, porque tenemos 50 millones de litros de etanol que de no venderse, vamos a tener que parar las plantas de etanol, por ende las plantas de azúcar y de generación de energía. Nosotros hoy estamos con una acumulación de inventarios que todos los días se incrementa y que está desplazando el producto nacional por producto importado", señaló Claudia Calero, presidente de Asocaña.La líder gremial actualmente se encuentra mediando entre los sindicatos y el gobierno nacional, en medio de las protestas que se adelantan en la ciudad de Bogotá, solicitando medidas estructurales para superar la sobre producción del biocombustible, equilibrando el mercado entre el producto nacional con el importado."Que pueda consumirse el producto nacional, que se bajen los inventarios y que las plantas no paren y por supuesto que el empleo no se afecte. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y por el otro lado también, establecer una medida estructural que limite que estas crisis se vuelvan cíclicas, de manera que no volvamos a tener esta crisis que nos tiene a días de parar", aseguró Calero.Si bien la crisis del etanol es la situación más compleja para este sector actualmente, también preocupa la situación de inseguridad que sigue afectando a los trabajadores en las zonas rurales de los departamentos de Valle y Cauca.
A través de un comunicado, Asocaña rechazó el violento ataque perpetrado en la noche del miércoles contra un bus que finalizaba la ruta de transporte de niños y jóvenes de una escuela de fútbol de un ingenio azucarero.Los hechos se registraron en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, cuando dos hombres interceptaron e hirieron al conductor del bus, luego le prendieron fuego al vehículo.Reacciones desde Asocaña“Es inaceptable que la violencia arremeta contra iniciativas que transforman la vida de más de 1.000 niños a través del deporte. Estas acciones van en contra del bienestar de los menores y de sus sueños”, expresó Claudia Calero, presidenta de Asocaña.El programa deportivo del ingenio beneficia a más de 1.000 jóvenes entre los 5 y 17 años en 10 escuelas de fútbol ubicadas en Miranda, Florida, Padilla, Corinto, Guachené, Puerto Tejada, Jamundí y Candelaria.“Debido a que no hay garantías de seguridad en esta zona, nos vemos obligados a reevaluar la continuidad del transporte que se les brinda para sus entrenamientos. Hoy los violentos vuelven a robarnos la esperanza. El sur del Valle y el norte del Cauca claman por justicia, seguridad y presencia real del Estado”, añadió Calero.
El reciente discurso del presidente Gustavo Petro en la inauguración de una zona verde en la COP16, en Cali, generó polémica. En su intervención, criticó abiertamente la industria azucarera, señalando que empresas hacen concentración de tierra que “excluye a los campesinos” y que el monocultivo de caña obliga a muchos a “desplazarse a zonas marginales”.Estas palabras, que representan una crítica contundente hacia un sector clave de la economía local, no tardaron en recibir respuesta. En este caso, la presidenta de Asocaña, Claudia Calero, se pronunció en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga y resaltó la importancia histórica y económica de la caña de azúcar en el Valle del Cauca."Este cultivo, la caña de azúcar en el Valle geográfico del río Cauca, es un cultivo especializado, un cultivo que durante 170 años se ha especializado y a pesar de que somos el 1.4 % de la producción mundial de caña y de azúcar, permanecemos gracias a esa ciencia, tecnología e innovación. Un cultivo que está en cinco departamentos, 51 municipios, 238.000 hectáreas que son propiedad de 11.000 familias en este Valle geográfico del río Cauca. El 75 % del área sembrada pertenece a esas 11.000 familias y el resto a 13 ingenios azucareros”, detalló.A pesar de las críticas, la industria azucarera ha tomado medidas importantes para mitigar su impacto ambiental, centrando esfuerzos en el uso sostenible del agua y la conservación de cuencas hidrográficas, según dijo."Estamos comprometidos con este sector, con el medio ambiente y con la gente, porque entendemos que el bienestar de nuestras comunidades es el bienestar nuestro, que, si cuidamos los recursos naturales, pues estamos haciendo también próspera esta agroindustria. Así que yo lo veo y quisiera mostrarlo en un tono muy positivo, esta agroindustria, sin duda alguna, piensa en el Valle geográfico del río Cauca y aquí estamos", añadió.Así, también destacó iniciativas recientes que buscan establecer corredores biológicos para conectar ecosistemas y fomentar la biodiversidad en la región. Sin embargo, la idea de que el monocultivo pueda generar un daño irreparable a la biodiversidad no puede ser ignorada.En ese sentido, la presidenta de Asocaña reafirmó el compromiso de la industria con prácticas más sostenibles."Nosotros en los últimos 10 años hemos venido reduciendo el consumo de agua para riego. Hoy podemos decir que nuestro consumo se ha reducido en el 50 % de lo que consumíamos hace un poco más de una década. De igual manera, hemos venido no solamente haciendo un uso racional y sostenible del agua, sino que hemos venido protegiendo y conservando las cuencas hidrográficas en un ejercicio que venimos haciendo hace 14 años en 26 cuencas hidrográficas, a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar", sostuvo.
Los recientes incendios registrados en cañaduzales del Valle del Cauca estarían siendo provocados por manos criminales, así lo denunció la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Asocaña, señalando que, desde el primero de agosto, se han registrado alrededor de 1.300 conflagraciones en estos cultivos. Según Claudia Calero, presidente de la asociación, estos incidentes no corresponden a la antigua práctica de quema de caña, la cual está prohibida por su impacto ambiental, debido a que esto se hacía anteriormente durante la cosecha, sin embargo, el fuego se ha presentado en sembrados donde el tallo aún es joven."Es agobiante, es una actividad criminal que se está presentando en todo el valle geográfico del río Cauca. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para proteger estos cultivos, pero hay situaciones donde se están presentando incendios en las cañas que no están proyectadas para cosechar, que no se pueden moler y sin duda genera efectos nocivos para todos. Sin duda hay manos criminales detrás de esto", indicó Calero.Desde el sector agroindustrial de la caña señalan que estos ataques sistemáticos a los sembrados ponen en riesgo la economía de los vallecaucanos, pues son cerca de 286.000 familias las que se benefician de esta industria. Situación que se suma a los ataques a los trabajadores de los ingenios, siendo el más reciente el asesinato de un cortero de caña en Pradera, Valle."No hay condiciones para nuestra población trabajadora, que hoy tiene miedo y zozobra porque se levantan a trabajar, pero no saben si van a volver, no tenemos garantías para llevar los alimentos a la mesa. Por eso, pedimos al Gobierno nacional que genere condiciones que permitan a la comunidad, vivir y desplazarse en total libertad", finalizó la presidente de Asocaña.
Armando Ibarra, trabajador del Ingenio La cabaña, se encontraba un predio de Santander de Quilichao, Cauca, cumpliendo con sus labores cotidianas cuando fue secuestrado por desconocidos. Horas después el cuerpo del trabajador fue encontrado desmembrado cerca de la vereda San Antonio.El Ingenio La Cabaña está solicitando a las autoridades que investiguen el crimen y que identifiquen a los responsables para que se haga justicia.A ese llamado se sumó Asocaña, el gremio de la industria azucarera que, a través de un comunicado, dice “la situación de violencia y criminalidad en el suroccidente del país es insostenible”. El gremio recuerda que desde febrero de 2023 han sido asesinados seis trabajadores de la agroindustria de la caña, cinco de ellos en el norte del Cauca.“Exigimos a las autoridades competentes realizar las investigaciones para que haya justicia en todos estos casos y reiteramos nuestro llamado a que se tomen medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los habitantes de la región”, concluye el mensaje de Asocaña.
Desde hace un año la situación del Consejo Comunitario de Severo Mulato es crítica y está empeorando sin que exista apoyo o solución desde el Gobierno nacional.Óscar Marino Caicedo, uno de los líderes de la zona, contó que los encapuchados llegan a decirles que vuelvan al África porque la tierra no les pertenece; les han quemado sus cultivos de caña, les dañaron la entrada de agua, destruyeron tres de los cuatro caminos de acceso y, para colmo, no los dejan entrar maquinaria que les permita preparar el terreno y volver a sembrar caña.Caicedo ya golpeó puertas en organizaciones estatales y de derechos humanos, pero nada cambia.“Puedo decirle en este momento que estamos en visto porque no hay solución para ninguna de las situaciones. Todo lo que le estoy diciendo está reconocido por el Gobierno y por el Ministerio del Interior”, aseguró.Los ataques de encapuchados terminaron con dos trabajadores asesinados en febrero de este año y una persona secuestrada.“Esa tierra que ellos están ambicionando obviamente nos corresponde a esta comunidad que aún todavía estamos en visto porque el Gobierno no ha hecho nada. Nosotros no podemos permitir que la reforma agraria que propone el Ejecutivo la haga otra etnia en el territorio nuestro. Entonces nosotros ¿para dónde nos vamos a ir?”, agregó Caicedo.La situación de ese consejo comunitario no es única en el país. Según Asocaña, aunque en los últimos seis meses no se han dado nuevos casos de invasiones, actualmente hay 5.600 hectáreas ocupadas de forma irregular.“Hay propietarios que no quieren vender y que desean que sus propiedades les sean retornadas para volver a producir los alimentos que en esas áreas se estaban produciendo”, dijo la presidenta de Asocaña, Claudia Calero.Calero añadió que sigue en la mesa de diálogo sobre el norte del Cauca, pero el tema de inseguridad va más allá de la mesa y es necesario que el Estado intervenga.Puede ver:
Varios periodistas, que se encontraban cubriendo una jornada de siembra de árboles junto con algunos trabajadores de Asocaña en El Cerrito, Valle, fueron atacados a disparos por hombres que se encontraban desde una montaña del sector, inmediatamente dos hombres del Ejército que los estaban custodiando empezaron a enfrentarse con estas personas.Luego de que Ejército Nacional confirmara la liberación de los periodistas y funcionarios de Asocaña, gremios empresariales de la región rechazaron el hecho.Asocaña y empresarios del Valle afirmaron que este tipo de actos atentan contra la seguridad, la libertad y los derechos fundamentales de los ciudadanos."Gracias al Ejército Nacional no salimos heridos en este hostigamiento, pero pedimos que se garantice la seguridad de la población civil y atentan contra los sectores que trabajamos por el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente en esta región", afirmó Claudia Calero, Presidenta de AsocañaPidieron al Gobierno nacional que se investiguen los hechos y a las autoridades competentes a que continúen trabajando de manera coordinada y fortalecida para desmantelar las estructuras de los grupos armados ilegales, perseguir a los responsables de estos actos criminales.Dicen que en la región es de suma importancia que se garantice desde el Ministerio de Defensa la seguridad de quienes habitan y trabajan en las comunidades.Le puede interesar:
Alias "Guarapo" sería el presunto homicida de dos trabajadores de la caña de azúcar en hechos registrados el pasado 6 de febrero en la finca La Ukrania, ubicada en el sector de la vereda Tetillo, zona rural del municipio de Padilla en Cauca. El señalado hace parte activa de la red de apoyo de la estructura residual Dagoberto Ramos, que tiene injerencia en el norte del Cauca. Sin embargo. desde Asocaña manifestaron su preocupación por la decisión adoptada por el juez de control de garantías de otorgar medida de aseguramiento preventiva en lugar de residencia al presunto autor material de este crimen."Esta decisión puede dificultar el proceso judicial, comoquiera que no se evidencian garantías de que el capturado respete su detención domiciliaria, ni de que suspenda su accionar criminal pues, de acuerdo con lo expuesto públicamente por el ente investigador, el señalado hace parte activa de la red de apoyo de la estructura residual Dagoberto Ramos. Asimismo, la ausencia de una medida de aseguramiento intramural puede derivar en un riesgo por las represalias que se podrían desplegar en contra de los trabajadores de la agroindustria de la caña que viven, se movilizan y trabajan en esta región" dijo Claudia Calero , presidenta de Asocaña.De la misma forma, manifestaron que confían en que esta captura permita a la justicia avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido, especialmente con relación a los determinadores del homicidio de los trabajadores de la agroindustria de la caña.“Pedimos al Gobierno tomar cartas en el asunto”: Asocaña tras asesinato de dos trabajadoresEn diálogo con Blu Radio, Claudia Calero, presidenta de Asocaña, manifestó que espera respuesta sobre los r esponsables de la muerte de dos trabajadores en una hacienda de Padilla, en el departamento del Cauca, a manos de invasores.“Estamos pidiendo al Gobierno Nacional que tome cartas en el asunto, necesitamos tener paz en los territorios y que se respeten los derechos de nuestros trabajadores”, puntualizó.Calero denunció que los invasores tenían armas de fuego, dispararon contra los trabajadores, mataron a dos de ellos e hirieron a otros dos.Asimismo, denunció que la desaparición de otro trabajador en la zona se relaciona con los mismos autores del doble asesinato.Le puede interesar:
En diálogo con Blu Radio, Claudia Calero, presidenta de Asocaña, manifestó que espera respuesta sobre los responsables de la muerte de dos trabajadores en una hacienda de Padilla, en el departamento del Cauca, a manos de invasores.“Estamos pidiendo al Gobierno Nacional que tome cartas en el asunto, necesitamos tener paz en los territorios y que se respeten los derechos de nuestros trabajadores”, puntualizó.Calero denunció que los invasores tenían armas de fuego, dispararon contra los trabajadores, mataron a dos de ellos e hirieron a otros dos.Asimismo, denunció que la desaparición de otro trabajador en la zona se relaciona con los mismos autores del doble asesinato.Añadió que, si no se toman las medidas necesarias, está en riesgo el desarrollo del trabajo de la empresa y de sus empleados en la zona.“Esto viene desde 2014, se incrementó el año pasado. Esperábamos que estas conversaciones que se establecen en la mesa de diálogo tuvieran un curso positivo para todos. Ese pacto de no agresión se violó”, añadió.En un comunicado, Incauca rechazó el asesinato: “Es el más grave de una serie de agresiones contra la integridad de los trabajadores, sumado a otros ataques como incendios a cultivos, destrucción de maquinaria e instalaciones de diferentes predios que han sido objeto de invasión. Incauca rechaza los ataques contra la propiedad privada que se vienen presentando desde diciembre de 2014, y que se han venido agravando en su violencia, hasta desembocar en la tragedia de hoy que enluta a dos familias”.Escuche la entrevista aquí:Le puede interesar este contenido:
Un carro que llegue a la revisión tecnomecánica con luces en mal estado, desalineadas o que no funcionen correctamente puede ser rechazado, ya que se trata de una de las razones comunes de reprobación durante la inspección, que verifica el estado de las luces de parqueo, direccionales, freno, reversa y las delimitadoras o de posición, según dijo ASOCDA a Blu Radio.Y es que el panorama de alto incumplimiento de la tecnomecánica en Colombia no es menor. De los 22.161.912 vehículos matriculados en el país, más de 10 millones evaden actualmente la revisión, según el más reciente informe de la Asociación Nacional de Centro de Diagnóstico Automotor.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, mientras que en los últimos cinco años se ha mantenido por encima del 50 % del parque automotor registrado.¿Qué problemas en las luces hacen que rechacen un carro?Entre las fallas que pueden provocar el rechazo están el mal estado, la desalineación o el no funcionamiento de las luces del vehículo.La revisión contempla las luces de:Parqueo.Direccionales.Freno.Reversa.Delimitación.Posición.Por tratarse de elementos utilizados para iluminar la vía o advertir a otros conductores sobre las maniobras del vehículo, una falla en estos componentes puede impedir que el carro obtenga el certificado de la tecnomecánica.Por eso, antes de llevar el vehículo al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), es importante comprobar que las diferentes luces funcionen y que no presenten problemas visibles de estado o alineación.¿En qué regiones están rechazando más vehículos en 2026?Las cifras del informe muestran diferencias importantes entre las regiones del país. San Andrés y Providencia registra el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con un 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.Por tipo de vehículo, las motocicletas son las que acumulan el mayor número de rechazos en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la inspección técnica.El panorama contrasta con el nivel de evasión de la revisión. Amazonas registra la tasa más alta del país, con 96,95 % de evasión, seguido por Guainía, con 93,79 %, y Vichada, con 93,42 %.A nivel municipal también aparecen cifras elevadas: Aguachica alcanza 90,93 % de evasión y La Dorada, 74,48 %.¿Qué pasa si rechazan mi carro en la tecnomecánica?Cuando un vehículo es rechazado, el propietario tiene 15 días calendario para corregir los defectos identificados y volver a presentarlo para una segunda inspección.Si en esa segunda revisión el carro vuelve a incumplir los estándares, el propietario deberá pagar nuevamente el costo de la revisión para poder obtener el certificado.También será necesario realizar una nueva revisión completa y asumir nuevamente el costo del procedimiento si el propietario no presenta el vehículo dentro del plazo de 15 días.Por eso, una falla en las luces no debería dejarse para el momento de la inspección: si alguna está dañada, no funciona, presenta problemas de alineación o tiene algún otro defecto, debe corregirse antes de acudir al CDA.¿Cuántos vehículos tienen la tecnomecánica al día?A pesar del nivel de evasión, el número de vehículos que cumplen con la RTMyEC aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026, 3.810.725 vehículos estaban certificados, frente a 3.629.782 en el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento de 180.943 vehículos, equivalente al 5 %.La red de CDA cuenta actualmente con 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 líneas mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados.Sin embargo, la infraestructura disponible permanece ampliamente subutilizada. El porcentaje mensual de vehículos inspeccionados frente a la capacidad autorizada no supera el 10,59 %, según el informe.
La Corte Constitucional estableció una serie de condiciones que deberán ser tenidas en cuenta por el Gobierno Nacional al momento de definir la Unidad de Pago por Capitación, UPC, para 2027, el valor que financia los servicios y tecnologías de salud de los afiliados.En el Auto 1302 de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 reiteró que el Ministerio de Salud debe demostrar, con información técnica y verificable, que los recursos asignados son suficientes para cubrir las necesidades del sistema.Uno de los puntos centrales de la decisión es que la UPC integral del régimen subsidiado no podrá ser inferior al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica que justifique una diferencia mayor.La Corte también advirtió que el cálculo de la UPC no puede limitarse a actualizar valores históricos ni estar determinado únicamente por las restricciones presupuestales. El Ministerio de Salud deberá establecer técnicamente cuánto dinero requiere el sistema para garantizar los servicios y tecnologías financiados mediante esta prima.Además, la Sala ordenó identificar y cuantificar el posible rezago acumulado de la UPC, diferenciándolo de factores como problemas de gestión, ineficiencias o dificultades de flujo de recursos de las EPS.La decisión también involucra al Ministerio de Hacienda, al que se le reiteró la obligación de garantizar los recursos necesarios para cumplir las órdenes relacionadas con la financiación del sistema de salud.El Ministerio de Salud tendrá que presentar, a más tardar el 15 de enero de 2027, un informe a la Corte con la metodología utilizada, la calidad de la información, la justificación técnica del valor definido para la UPC y el proceso de participación adelantado.La Corte aclaró que este auto no constituye todavía una evaluación de cumplimiento, sino que establece las condiciones mínimas que deberán observarse para la definición de la UPC de 2027.En contexto, la Sala señaló que la decisión se adopta en un escenario de dificultades en el acceso a los servicios de salud y recordó que las tutelas relacionadas con este derecho aumentaron de más de 265.000 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025, según los datos citados en la providencia.
Un devastador movimiento telúrico ocurrido el 16 de noviembre de 1827 destruyó por completo el asentamiento original de la población donde se ubicaba el municipio de Chaparral. Al cumplirse 199 años de este evento histórico, el estudio de la amenaza sísmica en esa zona del país mantiene en alerta a la población de Chaparral.Zonas de subducción y acumulación de energíaLos sismos de mayor magnitud a nivel mundial se originan en contextos geológicos específicos, principalmente en las zonas de subducción, donde el choque entre placas tectónicas genera un proceso continuo de acumulación de fricción y energía. La geóloga Martha Calvache habló para la emisora Ecos del Combeiba 790AM sobre la evaluación de las fuentes sismogénicas y la desinformación asociada a este tipo de eventos."Hay muchos estudios, muchas teorías. Cada vez hay más información de cómo esa energía se va acumulando en zonas mucho más propensas a sismos grandes, muy muy grandes, que son, por ejemplo, la zona donde se acumula toda esta energía porque una placa se choca contra la otra, como son las zonas de subducción", explicó la experta.Frente a la idea extendida de que los eventos telúricos se repiten en intervalos fijos de tiempo, el informe de Calvache desmitifica la posibilidad de fijar fechas o plazos exactos:"Se pretende decir muchas veces que cada 50 años ocurre un sismo, que ya va a ocurrir porque son 49 años que han pasado desde ese sismo y entonces ya va a pasar el otro. La naturaleza y los humanos no llegamos a esas precisiones", aseveró.
La Unión Sindical Obrera, USO, se pronunció sobre la designación de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol y manifestó su disposición para trabajar con la nueva administración en el fortalecimiento de la empresa.Martín Ravelo, integrante de la USO, señaló que los trabajadores esperan que durante esta nueva etapa se adopten medidas encaminadas a fortalecer la soberanía y la seguridad energética del país, además de consolidar a Ecopetrol como una de las principales empresas de Colombia.“Aspiramos en la expectativa desde los trabajadores que se implementen las políticas correctas para recuperar la soberanía y la seguridad energética de los colombianos, fortalecer a Ecopetrol como la empresa insignia del país”, señaló Ravelo.El dirigente sindical también destacó la importancia de que la industria petrolera tenga una relación más cercana con las comunidades donde desarrolla sus actividades. Según dijo, esperan que los territorios vean a la industria extractiva como un aliado y que se continúe generando empleo digno para las familias vinculadas al sector.La posición de la USO también fue expresada a través de su cuenta en X, donde el sindicato manifestó su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, manteniendo su independencia y autonomía sindical.La USO también señaló que será estratégico que las vicepresidencias que hacen parte del comité directivo de Ecopetrol estén encabezadas por personas con amplia experiencia en el sector de petróleo y gas.Para el sindicato, el diálogo social será uno de los elementos centrales para avanzar en la reactivación de la industria y fortalecer a Ecopetrol como empresa mayoritariamente pública y activo estratégico de la Nación.
La fuerza pública en Cali llevó a cabo la denominada 'Operación Iron', un despliegue operativo enfocado en golpear las estructuras delictivas radicadas en el sector céntrico de El Calvario y en otras zonas estratégicas de la capital vallecaucana.En dialogo con Mañanas Blu, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó el balance definitivo de esta ofensiva e informó que el despliegue permitió neutralizar a siete organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes a pequeña escala, al robo y a los homicidios.Detalles de la Operación Iron y el impacto en El CalvarioEl mandatario local explicó que las acciones no solo se concentraron en el corazón de la ciudad, sino que se extendieron a sectores como El Vallado, en el oriente, y Meléndez, en la comuna 18.Refiriéndose a los resultados del despliegue policial y militar, Eder afirmó que “esta inicial fue un operativo que se llevó a cabo en el centro de Cali, pero también en el oriente, en el sector del Vallado y en la comuna 18 en el sector de Meléndez y logramos desarticular siete bandas dedicadas al microtráfico, al hurto y al homicidio”.Entre las estructuras desmanteladas o intervenidas en este sector céntrico se encuentran bandas reconocidas en la zona como Los Buitres, La Luna y Los Pascuas.El sector de El Calvario ha sido históricamente catalogado como uno de los principales focos de delincuencia en la ciudad.Sobre la magnitud de este problema, el alcalde Alejandro Eder comparó la situación con zonas críticas de la capital colombiana: “El Calvario es, haga de cuenta, el Bronx en Bogotá... una olla que lleva 50 años de esta manera”.Añadió además la gravedad geográfica de este punto al señalar que “tener la olla donde está en Cali es como si en Bogotá el Bronx quedara en la 78... están en el corazón de la ciudad, en el corazón del motor económico de la ciudad”.Solamente en el sector de El Calvario se ejecutaron cerca de 40 capturas de integrantes de estas bandas dedicadas al expendio de sustancias psicoactivas.Renovación urbana y articulación con el Gobierno NacionalA diferencia de intervenciones pasadas que terminaban en el traslado de la criminalidad a otros barrios, la administración distrital sostiene que esta estrategia estará respaldada por proyectos concretos de transformación física e institucional.El mandatario destacó que ya se encuentra en funcionamiento la sede principal del búnker de la Fiscalía en ese sector, sumado al inicio de la construcción de la Estación Central del MÍO —una infraestructura de 90.000 metros cuadrados— y la edificación de tres torres de vivienda nueva con cerca de 80 apartamentos cada una.Asimismo, Eder enfatizó la importancia de la voluntad política y el respaldo del Gobierno Nacional para ejecutar operaciones de gran escala. Para llevar a cabo esta incursión simultánea en siete puntos de la ciudad, se requirieron más de 100 efectivos, tanquetas y unidades de fuerzas especiales urbanas de las Fuerzas Militares.Con el fin de ratificar la continuidad de la estrategia de seguridad, el mandatario fue categórico al declarar: “esto no es flor de una noche, esto es la primera parte del operativo y vendrán más”.Finalmente, al referirse al impacto de la presencia del presidente de la República y los altos mandos institucionales en el terreno de las operaciones, el alcalde destacó el aspecto psicológico y de respaldo operacional. “Cuando la fuerza pública ve el compromiso de sus gobernantes, comenzando con el presidente de la República, presencia del alcalde, presencia de todos los altos mandos, eso motiva a la tropa”.Escuche aquí la entrevista: