La Unidad de Víctimas anunció que invertirá alrededor de 5.000 millones de pesos para arreglar algunos bienes que pertenecieron a exjefes paramilitares, con el objetivo de indemnizar a las víctimas de Justicia y Paz. Según la entidad, la idea es poder adecuarlos para venderlos posteriormente. Entre los bienes está una mansión que pertenecía a los hermanos Castaño y otra propiedad que pertenecía a Salvatore Mancuso."La mansión Montecasino, que fue propiedad de los fundadores de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la casa de la 70 en Medellín, y la casa en Montería del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, son algunos de los bienes inmuebles que hacen parte de este plan de mantenimiento. Los trabajos locativos se extenderán por Bogotá, Antioquia, Tolima, la región Caribe y otros departamentos del país", explicó la Unidad de Víctimas.Estos bienes habían sido entregados o incautados por la Fiscalía a los paramilitares acogidos en la ley de justicia y paz. El objetivo es reparar a las víctimas de reconocidas en estas sentencias."La Unidad para las Víctimas recibió 260 bienes en estado de necesidad de mantenimiento y algunos en estado tan avanzado de abandono, que podrían ser declarados casi en ruina. Por eso, estos arreglos permiten salvaguardar los intereses de las víctimas y aportar así en la reparación transformadora a través de su indemnización judicial”, señaló Viviana Alfaro, directora de Reparación de la Unidad para las Víctimas.
El Gobierno envió una carta a la JEP en la que responde a una solicitud que hizo este tribunal en el marco del proceso del sometimiento de Salvatore Mancuso.En una primera medida se refieren a la decisión del magistrado Carlos Andrés Pérez del tribunal de Barranquilla de Justicia y Paz, quien negó la libertad del exjefe paramilitar argumentando que la resolución que lo designa gestor de paz vulnera la constitución y carece de temporalidad en la suspensión de la condena.El Gobierno, por medio de la abogada del Dapre Carlolina Jiménez, explica que la figura de gestor de paz está reglamentada, incluye la solicitud de suspensión de medidas de aseguramiento o cumplimiento de penas intramurales con el objetivo de que se pueda contribuir a la búsqueda de la paz.“La designación de gestores de paz por parte del presidente no es una medida ordinaria, sino que tiene un carácter extraordinario, ya que implica un reconocimiento de la complejidad, urgencia y necesidad de designar a una persona que contribuya efectivamente a la búsqueda de la paz, aun cuando estuviera involucrada en actividades al margen de la ley. Esta designación reconoce que, para avanzar hacia la paz, es necesario establecer puentes de diálogo y reconciliación incluso con aquellos que hayan estado involucrados en actividades armadas al margen de la ley”, argumenta el Gobierno.En el mismo sentido el documento aclara que el presidente tiene en cuenta varios criterios al designar una gestoría de paz, por lo que se valora el compromiso de la persona, su capacidad para desempeñar un papel constructivo en los procesos de reconciliación y negociación y su capacidad para emprender labores en la búsqueda de soluciones pacíficas.“Todo esto, por supuesto, implica que la designación como gestor de paz es un acto administrativo particular sujeto a revocatoria, siempre que se incumplan las condiciones que se establecen como parte fundamental de la designación. La discrecionalidad de la facultad, en la medida, no implica ni avala la ausencia de compromisos efectivos para su desarrollo”, explica la abogada del Dapre.El texto avanza explicando las razones para designar a Salvatore Mancuso como gestor de paz, explicando que fue desmovilizado del Bloque Catatumbo de las AUC, por lo que tiene experiencia y conocimiento en desmovilización, también señala el Gobierno que ocupó una posición de mando.“Las condiciones personales de “SMG” resultan relevantes en la medida en que suponen una valoración presidencial sobre su capacidad con la designación. Su carácter excepcional deriva, precisamente, de que hay pocas personas que cumplan con las condiciones, dadas sus posibilidades específicas, para contribuir al desarrollo de acercamientos y conversaciones con Grupos Armados Organizados y Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto, según lo que establece la Ley 2272 de 2022 y la Sentencia C-525 de 2023, de cara a su desmantelamiento y términos de sujeción a la justicia”, se lee en el documento.Además, argumentan que la gestoría sí tendrá límites geográficos y temporales claros, que dependerán de su plan de trabajo y para ello se suscribirán documentos y compromisos entre el Gobierno y el exjefe paramilitar.“El plan de trabajo a suscribir con SMG incluirá la delimitación geográfica de su labor, considerando especialmente y teniendo como límite la ubicación de las víctimas reconocidas de su actuar como integrante en su momento de las Autodefensas Unidas de Colombia.Por otro lado, como la designación presidencial está sujeta al cumplimiento de unos compromisos posteriores, previamente identificados y establecidos”, argumenta ante la JEP el Dapre.Citan además el acta de compromiso que firmó Mancuso este año, allí se comprometió a contribuir al desarme colectivo de los grupos armados ilegales, a responder y asistir a todo requerimiento o diligencia judicial, debe además presentar informes mensuales sobre las actividades desarrolladas y suministrar la información a las autoridades judiciales en todo momento sobre el domicilio, entre otros.“Estos compromisos suponen una actuación posterior a la designación que permite establecer si “SMG” está cumpliendo con las funciones en su calidad de gestor de paz”, se lee en el documento.Por último, aseguran que Mancuso también cumplirá unas labores confidenciales que se acordarán en su plan inicial y serán supervisadas cada mes. Para la presidencia, es claro que Mancuso cumple con todos los requisitos para desarrollar la gestoría de paz.“Teniendo en cuenta estos elementos, para la Presidencia de la República la designación como gestor de paz de “SMG” cumple las condiciones materiales y jurídicas para su realización ella que es excepcional y tiene limitaciones cronológicas y delimitaciones geográficas”, finaliza el documento que ya se encuentra en la JEP.Es importante recordar que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP negó la libertad condicional al exjefe paramilitar; sin embargo, su defensa apeló esta decisión, en parte, para que Mancuso pueda cumplir con su rol de gestor de paz ante la jurisdicción.
En una diligencia liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se recopilaron pruebas contundentes que señalan la culpabilidad del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido como 'Macaco', en el asesinato del líder sindical y exconcejal Luis Carlos Olarte Gaviria en Segovia, Antioquia, el 3 de octubre de 2003.Una juez especializada de Bogotá dictaminó una condena de 23 años, un mes y seis días de cárcel para 'Macaco', por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y concierto para delinquir agravado. Además, se le impuso una multa equivalente a 3.600 salarios mínimos y deberá indemnizar a los familiares de la víctima con 500 salarios mínimos legales mensuales por perjuicios y daños morales.El crimen, perpetrado con armas de fuego por miembros del extinto Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, se debió a las constantes denuncias de Olarte Gaviria sobre la extracción ilegal de minerales en la región, en su rol de exconcejal y vicepresidente del sindicato Sintramienergética.En la indagatoria, 'Macaco' admitió su responsabilidad en el hecho, argumentando que la acción fue ejecutada por hombres bajo su mando, siguiendo órdenes de los líderes de la organización ilegal en ese entonces.Esta sentencia, tras una investigación, llevada a cabo bajo los parámetros establecidos en la ley 600 de 2000, el antiguo sistema penal colombiano.
Hablamos de la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz - JEP que negó la libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, considerando que no es un beneficio automático, sino que debe estar condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos relacionados con lo que dice el acuerdo del Teatro Colón.Esta determinación de la JEP no es un asunto menor, teniendo en cuenta que tanto Mancuso como sus abogados daban por descontado que el excabecilla de las AUC quedaría libre una vez fuera deportado a Colombia desde Estados Unidos, apelando a su designación como “gestor de paz” por parte del presidente Gustavo Petro.La Jurisdicción Especial de Paz le recordó a Mancuso que primero debe cumplirle a sus víctimas, antes de poder solicitar su libertad al amparo del acuerdo. La defensa del exjefe paramilitar desde ya anunció que apelará la decisión argumentando entre otras cosas, que los magistrados de la JEP ya han concedido la libertad a varios postulados que, según ellos, han cumplido menos requisitos que su defendido.Todavía no se conoce un pronunciamiento del Gobierno Nacional ante esta decisión de la JEP, pero adicionalmente no se conocen concretamente en qué consisten las gestiones de Salvatore Mancuso tras los beneficios que le concedió el Ejecutivo. Por ejemplo, todavía no se conocen detalles concretos sobre sus posibles acercamientos con los exjefes paramilitares para darle punto final al acuerdo con las antiguas AUC.Por otro lado, sigue el ataque de los antiguos cabecillas de las Farc contra la JEP, en las últimas horas hubo una nueva rueda de prensa de sus exjefes criticando las determinaciones de esa jurisdicción, en particular frente a una supuesta demora en firmar una serie de amnistías para un grupo de excombatientes que no han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad.El trasfondo de la nueva arremetida de los exjefes de las Farc contra la JEP tiene como telón de fondo, una determinación de esa jurisdicción de la semana pasada, que decidió no asumir las investigaciones contra Rodrigo Granda, excabecilla de ese grupo guerrillero, quien está siendo procesado por el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay, Raúl Cubas, crimen por el cual, podría ser pedido en extradición por la justicia paraguaya en las próximas semanas.
La Fiscalía General de la Nación declaró el homicidio de Yolanda Paternina, fiscal segunda especializada en Sincelejo, como un crimen de lesa humanidad.Yolanda Paternina fue asesinada cuando estaba investigando los vínculos entre integrantes de las AUC políticos y militares de Bolívar y Sucre que participaron en masacres y asesinatos selectivos cometidos en la región.“El crimen habría obedecido a la verticalidad, eficiencia y eficacia de la fiscal por conocer la verdad de las masacres de Macayepo, El Salado y Chengue, en las cuales alias 'Cadena' y 'Ramón Mojana' estarían vinculados y en contra de quienes, en su momento, se dictaron órdenes de captura. Paternina Negrete habría sido declarada objetivo militar por las AUC”, informó la Fiscalía en octubre de 2020.La Comisión Colombiana de Jurista celebró este avance en la búsqueda de la verdad en el caso de la fiscal Paternina.“Hoy estamos un paso más cerca de alcanzar justicia en el caso de Yolanda. Seguiremos insistiendo para que este crimen no quede en la impunidad”, dijo la Comisión Colombiana de Jurista en su cuenta de X.Cabe mencionar que en octubre de 2020 fue enviado a la cárcel Eder Pedraza Peña por su presunta responsabilidad en este crimen.La investigación estableció que Pedraza Peña habría sido el cabecilla del Bloque Mojana de las Autodefensas Unidas de Colombia y, al parecer, ordenó la conformación de un grupo para ejecutar el atentado a la fiscal Paternina, con el supuesto apoyo de Rodrigo Mercado Pelufo, alias 'Cadena'.La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, evidenció que en contra de Pedraza Peña, alias 'Ramón Mojana', existen otros procesos vigentes por los delitos de concierto para delinquir, desaparición y desplazamiento forzado.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le negó la libertad, por el momento, al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.Mancuso había pedido el sometimiento tras ser aceptado por este tribunal, teniendo en cuenta que la libertad condicionada y anticipada es un beneficio que puede otorgar la justicia transicional a los comparecientes.“La concesión de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, como lo ha dicho la misma Sección de Apelación, es un beneficio para construir confianza y no un derecho automático, en la medida en que su otorgamiento se encuentra estrictamente condicionada al cumplimiento del interesado con las obligaciones en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), pues no es posible el otorgamiento de beneficios incondicionales o automáticos en tanto de lo que se trata es de garantizar los derechos de las víctimas. Es decir, como beneficio que es, la JEP analiza unos requisitos y lo puede otorgar o no; y en el presente asunto, además de los previstos legalmente, se tienen los establecidos en el Auto 1633 de 2024”, señala la JEP en la decisión.Recordemos que Salvatore Mancuso ha sido designado gestor de paz por parte del Gobierno Nacional y el exjefe paramilitar también ha solicitado su libertad teniendo en cuenta las labores que debe cumplir bajo este rol.“No conceder, por el momento, la libertad transitoria, condicionada y anticipada solicitada por la defensa del señor Salvatore Mancuso Gómez”, decidió la JEP.Ordenan libertad para MancusoEl pasado mes de marzo, una jueza ordenó que al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se le otorgara libertad por un tiempo “de prueba” de cuatro años.“Se concederá al postulado condenado Salvatore Mancuso Gómez la libertad a prueba por un periodo de prueba de cuatro años”, aseguró la jueza Luz Marina Zamora en la audiencia en la jurisdicción especial Justicia y Paz en la que se definía si el exjefe paramilitar sería dejado en libertad.Cabe recordar que Mancuso fue nombrado gestor de paz por el presidente Gustavo Petro, en un intento de comenzar unos diálogos con el Clan del Golfo, de momento frustrados.Mancuso llegó este año a Bogotá procedente de EE. UU., luego de un proceso de deportación y tras cumplir una condena por narcotráfico. Mancuso ha estado investigado en Colombia por más de 75.000 crímenes, por lo que su deportación al país, que estuvo parada casi cuatro años por la pandemia de COVID-19 tras haber cumplido su pena en 2020, era esperada por sus víctimas.
En entrevista en Sala de Prensa de Blu Radio, con Juan Roberto Vargas, habló el abogado del Clan del Golfo, la banda criminal más grande de Colombia. El abogado, Ricardo Giraldo Cifuentes, contó detalles sobre las negociaciones de paz que están teniendo lugar en el país.El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es un grupo armado ilegal compuesto por alrededor de 14.000 hombres en armas, de acuerdo con un censo de la Defensoría del Pueblo. Aunque anteriormente se conocían como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, nunca se han reconocido como parte del Clan del Golfo.Durante la entrevista, el abogado mencionó que el Clan del Golfo está dispuesto a negociar con el presidente Gustavo Petro, con el objetivo de buscar protección para las comunidades y la presencia del Estado en las zonas donde tienen influencia, pero enfatizó que no será un sometimiento.En cuanto al aspecto jurídico, el abogado enfatizó la importancia de un marco jurídico que permita la transición de la ilegalidad a la legalidad, brindando seguridad jurídica. También mencionó que aquellos miembros del Clan del Golfo que decidan someterse a la justicia deben recibir una sanción, pero que es fundamental buscar la reparación de las víctimas.El futuro de la negociación con el Clan del GolfoEl abogado afirmó que el Clan del Golfo está organizado y cuenta con un estado mayor, formado por cinco comandantes y un comandante general. Además, mencionó que el grupo ha cumplido con un cese unilateral al enfrentamiento con la fuerza pública. Sin embargo, advirtió que, si no se llega a un acuerdo de paz, el Clan del Golfo podría decretar un paro armado que paralizaría al país."Ellos quieren protección de las comunidades, presencia estatal y que el Estado no sean ellos, sino que esté el Estado con todas sus instituciones en las zonas donde ellos tienen influencia y en todo el territorio nacional, porque hacer presencia estatal no es como lo hacen nuevos gobernadores", indicó.Finalmente, resaltó la importancia de buscar una negociación y un proceso de paz adecuados, con la participación de todos los actores involucrados, para poder frenar la violencia y reparar a las víctimas.Escuche la entrevista completa acá:
Este jueves, 14 de marzo de 2024, el Tribunal Superior de Barranquilla decidió trasladar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema la apelación presentada por la defensa de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar.Esta apelación se da tras la negativa de libertad por parte del magistrado Carlos Andrés Pérez, de la sala de Justicia y Paz, quien rechazó la solicitud del exintegrante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).“En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior, el Distrito Judicial de Barranquilla, sala penal de Justicia y Paz, magistratura de control de garantía resuelve conceder el recurso de apelación interpuesto por la defensa ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el efecto devolutivo”, dijo el magistrado Carlos Andrés Pérez.La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema deberá ahora resolver este recurso, mediante el cual Mancuso busca poner fin a las 33 medidas de aseguramiento en su contra. Esto representa un paso crucial en su intento por ejercer el papel de gestor de paz conferido por el presidente de la República, Gustavo Petro. En este contexto, el exmiembro de las AUC se encuentra en una situación determinante en el proceso, que se desarrolla simultáneamente con su participación en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).Cabe recordar que una juez de ejecución de penas concedió la libertad condicional el pasado 4 de marzo a Mancuso, en una decisión relacionada con penas acumuladas en tres sentencias emitidas el 31 de octubre de 2014, el 20 de noviembre de 2014 y el 13 de diciembre de 2022.
El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez denunció a través de su cuenta de X que fue amenazado por sus denuncias en contra del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que busca su libertad para oficiar como gestor de paz del Gobierno nacional.“El domingo, antes de mi trino sobre Mancuso, recibí una razón que me enviaba uno de sus asesores. ‘Que no le vamos a hacer daño, pero que se quede quieto’. Con más ganas escribí el trino”, dijo Uribe en su perfil, en relación con este caso.El mensaje al que se refiere el exmandatario es el que publicó el domingo 10 de marzo, en el que denunció una supuesta persecución del exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el que dijo que estaban buscando falsos testigos para incriminarlo.“Mancuso llama a personas a que me denuncien por vínculos con paramilitares. Esas personas de nada pueden acusarme”, indicó el ex jefe de Estado, en un trino en el que aseguró que el exparamilitar quedará libre por la designación que hizo el presidente Gustavo Petro.“Una llamada de Mancuso se puede entender como una orden con amenaza criminal”, advirtió Uribe Vélez, en un mensaje en el que indicó que estos grupos armados ilegales, al igual que la guerrilla, sometieron a políticos en las regiones, “donde la seguridad del Estado era inexistente”.¿Qué dijo el expresidente Uribe?Según comunicó el expresidente, en la jornada del martes 12 de marzo amplió con sus abogados su denuncia contra Mancuso. “Me faltan 5.000 asesinatos para merecer ser interlocutor de este mandadero, matón de sus compañeros como Castaño”, señaló.Este miércoles 13 de marzo se definirá en un tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla si se levantan cerca de 33 órdenes de captura vigentes contra el confeso criminal, por delitos cometidos cuando era cabecilla de las AUC, antes de su desmovilización en 2005.Le puede interesar:
Una jueza ordenó este lunes que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sea dejado en libertad por un periodo "de prueba" de cuatro años, aunque esto dependerá de lo que ordenen los otros tribunales en los que debe comparecer."Se concederá al postulado condenado Salvatore Mancuso Gómez la libertad a prueba por un periodo de prueba de cuatro años", aseguró la jueza Luz Marina Zamora en la audiencia en la jurisdicción especial Justicia y Paz en la que se definía si el exjefe paramilitar sería dejado en libertad.Mancuso, que fue designado "gestor de paz" por el presidente Gustavo Petro para mediar con el Clan del Golfo, grupo heredero de las AUC con el que el Gobierno intentó comenzar unos diálogos de momento frustrados, llegó el martes pasado a Bogotá procedente de EEUU, de donde fue deportado tras cumplir una condena por narcotráfico.La noticia no ha caído bien en las víctimas, quienes alegan que, una vez sea dejado en libertad, su aporte no será completo ni cumplirá con las expectativas de quienes por años han esperado la verdad de sus victimarios. En diálogo con Mañanas Blu, Juan David Díaz, hijo del alcalde del municipio de El Roble, en el departamento de Sucre Eudaldo Díaz, quien fue asesinado por orden de Mancuso en abril de 2003, habló sobre la percepción que tiene frente a la libertad y el nombramiento del exjefe paramilitar como gestor de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro.Díaz calificó la libertad de Mancuso como preocupante y como un motivo para que no diga la verdad sobre los hechos de guerra que rodean a los paramilitares. Reiteró que acciones como estas, hacen que la violencia no acabe y la historia se siga repitiendo con el pasar de los años. "Con el hecho de liberarlo, ya lo van a desestimular con lo que quería decir. Salvatore Mancuso es la última oportunidad que tenemos las víctimas para conocer la verdad dejándolo en libertad se va a otra parte, él no va aganarse a enemigos. Y eso se va a quedar así", reiteró. Finalmente y de acuerdo con lo que dijo el abogado de Mancuso Jaime Paeres, quien aseguró que su defendido había entregado bienes para la reparación de víctimas, Juan David Díaz, lo desmintió y contó que tal reparación económica nunca se ha dado. Mancuso ha sido investigado en Colombia por más de 75.000 crímenes, por lo que su deportación al país, que estuvo parada casi cuatro años por la pandemia de COVID-19 tras haber cumplido su pena en 2020, era esperada por sus víctimas.El exjefe paramilitar sigue recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá; la jueza aseguró que la boleta de libertad de Mancuso dependerá de que no sea requerido por otras autoridades.Por eso el excomandante de las AUC permanecerá en prisión hasta que las salas de Justicia y Paz de Barranquilla y Bogotá, con las que tiene cuentas pendientes, decidan su suerte.Escuche aquí la entrevista en Mañanas Blu:
En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el senador Ariel Ávila se pronunció sobre la actual situación de seguridad y orden público en varias regiones del país, así como las medidas anunciadas por el Gobierno en un consejo extraordinario de seguridad que se realizó tras los recientes ataques en el Cauca. Al respecto, expresó su preocupación por la efectividad de estas medidas, pues consideró que no tendrán un efecto inmediato y que muchas de ellas “son más de lo mismo”.“Yo creo que las medidas que se han anunciado no van a tener un efecto inmediato, muchas son más de lo mismo. La situación en el Cauca y en el sur occidente, en general, es demasiado complicada como para pensar que estas medidas van a dar un resultado en el corto plazo”, subrayó.Ávila hizo hincapié en tres puntos clave que están afectando la situación de seguridad en el país. En primer lugar, mencionó la reubicación de tropas de las disidencias en las regiones del Tolima, Huila y Cauca, lo que ha generado un desplazamiento de unidades y una tensión en estas zonas. En segundo lugar, se refirió al debilitamiento del sistema de inteligencia militar y a la falta de acciones para recomponerlo en los últimos años.En tercer lugar, destacó la creación de corredores de movilidad por parte del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias. En ese sentido, el senador resaltó que la situación es compleja y que no existe “una solución milagrosa”. Además, habló de la falta de claridad en la comunicación del Gobierno y la necesidad de reforzar la inversión “en inteligencia militar” para enfrentar esta problemática.“Están pasando tres cosas claves; lo primero es que después de que se levanta el cese al fuego geográfico en el sur occidente, muchas de estas disidencias mandaron la tropa hacia el Tolima y hacia el Huila y dejaron solo comandos armados, de tal forma que para esta operación volvieron a pasar gente al norte del Cauca. Entonces, la única forma de esto, yo diría, es levantar el cese al fuego en todo el país, pero si no lo quiere hacer el Gobierno, mínimamente, en Tolima y en Huila, y si no vamos a tener un tema del gato y el ratón”, precisó.Por su parte, el general Guillermo León, presidente Nacional de Acore, nombró otros tres aspectos para tener en cuenta y que afectan a las regiones. Entre estos, dijo que está la “franquicia de la seguridad”, es decir, colectivos que ¡no están legalmente constituidos y grupos de delincuencia organizada!, los que ahora afectando en varias zonas.“Uno de lo que puede entender, cómo está la situación, es el deterioro que se ha ido presentando desde la firma del proceso de paz con Juan Manuel Santos y el programa de Gobierno de la paz total. Lo hemos mencionado, cómo empieza a afectarse en todo el territorio y se presentan tres fenómenos generalizados, que es la fragmentación del territorio, la gobernanza de la criminalidad y la franquicia de la seguridad”, puntualizó.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga:
En medio de la posesión de Luis Gilberto Murillo como nuevo canciller, el presidente Gustavo Petro anunció que Daniel García Peña será el nuevo embajador de Colombia en EE. UU.“Ahora, ese trabajo que usted desempeñaba lo va asumir Daniel García Peña como nuevo embajador en Estados Unidos. Llevará la difícil, pero promisoria tarea de una nueva agenda entre los Estados Unidos y toda la América restante, para lograr paz y tranquilidad, para lograr un avance real de la vida en el planeta”, dijo el presidente de la República.¿Quién es Daniel García Peña?Daniel García Peña Jaramillo es un historiador, periodista y político de trayectoria. Nació en 1957 y en su trayectoria ha tenido una sólida formación académica, así como experiencia en la docencia y la investigación.Su formación académica incluye estudios de Historia en el Belmont Abbey College de Carolina del Norte. Además, ha sido profesor y director del departamento de historia en la universidad de Los Andes, además de impartir clases de Ciencia Política en la Universidad Nacional.Como periodista, se ha desempeñado como analista y panelista en varios medios de comunicación, entre ellos es El Espectador.Fue miembro de la Alianza Democrática M-19, asesoró a la organización durante la Asamblea Nacional Constituyente. Durante el Gobierno de Ernesto Samper, ocupó el cargo de Alto Comisionado de Paz.Su experiencia en el gobierno local se remonta a la administración del alcalde Gustavo Petro en Bogotá, donde se desempeñó como director Distrital de Relaciones Internacionales.Recientemente fue nombrado cónsul en París por el presidente Juan Manuel Santos, cargo que ocupó hasta el año 2015.En la actualidad, García Peña se desempeña como viceministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Gustavo Petro.
En medio de la posesión del canciller Luis Gilberto Murillo, el presidente Gustavo Petro apareció este martes, 21 de mayo, sin gorra después de sus múltiples salidas en público por varias semanas con este accesorio, lo cual generó preguntas alrededor de ello.Aproximadamente por dos meses el mandatario de los colombianos estuvo usando cachucha. La última vez que a Petro se le vio en público sin el accesorio fue el 22 marzo, en la posesión de la fiscal general Luz Adriana Camargo.Las especulaciones en torno a esto crecieron después de la visita del jefe de Estado al país vecino de Venezuela, donde las cámaras de televisión de esa nación captaron una imagen en la que se le veía rapado en una parte de la cabeza.Precisamente, durante ese tiempo suscitaron numerosas teorías sobre el porqué de las constantes apariciones de Petro así, por lo que desde Blu Radio, Néstor Morales, director de Mañanas Blu, confirmó que se trataba de un proceso de implante de cabello.“Confirman en la Casa de Nariño que el presidente está en el tema del implantes de pelo. Develado el misterio, es un asunto de pura y física vanidad”, había dicho el director hace unos días.“El presidente necesita 2.000 folículos para hacerse un buen tapado de frente, un amigo no le puede donar pelo, tiene que ser de la misma persona, por eso está rapado en toda la cabeza. Cada folículo vale entre 5.000 y 6.000 pesos”, comentó el periodista económico de Blu Radio Victor Grosso.Fue en el mismo evento de este martes, en el que el presidente de la República nombró al nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos. Daniel García Peña, quien se desempeñaba como viceministro de Relaciones Exteriores, será el encargado del puesto ahora.“Ahora, ese trabajo que usted desempeñaba lo va asumir Daniel García Peña como nuevo embajador en Estados Unidos. Llevará la difícil, pero promisoria tarea de una nueva agenda entre los Estados Unidos y toda la América restante, para lograr paz y tranquilidad, para lograr un avance real de la vida en el planeta”, dijo el presidente de la República.
Revise el resultado del chance Dorado Tarde de este martes, 21 de mayo de 2024, sorteo que juega de lunes a sábado a las 3:30 de la tarde.Resultado Dorado Tarde:El número ganador del último sorteo de Dorado Tarde es el: (en minutos), según publicó el sorteo en sus redes sociales.Tres últimas cifras: Tres primeras cifras: Cuatro cifras: ¿Cuál fue el resultado de Dorado Tarde chance del día de ayer?El número ganador del último sorteo de Dorado Tarde del lunes 20 de mayo, es el 5597, según publicó el sorteo en sus redes sociales.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue enfático en señalar que las últimas acciones terroristas por parte de las disidencias de las Farc, responsables de los hostigamientos en Morales, Cauca y Jamundí, que dejaron cuatro muertos, entre ellos dos policías, le cierra la posibilidad a que se pacte un nuevo cese al fuego con las disidencias de las Farc.“Lo que han hecho aleja cualquier posibilidad de cese al fuego. No tienen pretensión de avanzar en un proceso de paz, sino que quieren un cese para continuar aprovechándose de la minería ilegal y del narcotráfico. No es el propósito de paz, sino que su objetivo es el incremento de la riqueza a través del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión”, indicó el ministro Velásquez.De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, las acciones terroristas se dieron en una parte por las operaciones desarrolladas contra esa organización ilegal, en reacción de algunos de sus frentes que pretendiendo distraer la atención de las FFMM y la Policía para desenfocar acciones que están en curso.“Pero en particular, acudieron ayer al atentado terrorista que es la única forma de reacción que esta organización en el frente Jaime Martínez que es el responsable de estas acciones, la única forma de expresión, porque no tienen capacidad para enfrentarse con las FFMM acuden a estos hechos violentos contra la población civil”, agregó el ministro.Velásquez mencionó además que las acciones no son exclusivamente contra la fuerza pública, sino contra la población civil y por eso: “No se pactará un nuevo cese al fuego con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país”, todo esto luego de anunciar el aumento de las capacidades ofensivas y de inteligencia contra estas organizaciones criminales.