El funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Efraín Quezada Urrego, de 54 años, falleció en las últimas horas como consecuencia de las graves heridas que sufrió durante un atentado sicarial registrado en la mañana de este jueves en el sector Los Naranjos, en jurisdicción de Girón, cuando se movilizaba por la vía que conduce a la cárcel de Palogordo.De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue atacada a tiros por hombres armados que se desplazaban en una motocicleta. Tras el atentado, Quezada fue auxiliado y trasladado de urgencia a la Clínica Foscal, en Floridablanca, donde recibió atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos confirmaron su fallecimiento."Es un hecho muy lamentable. Los funcioanrios del Inpec que prestan servicios en las cárceles de Santander están amenazados por grupos armados ilegales y bandas criminales. Las autoridades deben proteger sus vidas", dijo el abogado Hernando Mantilla, defensor de derechos penitanciarios en Bucaramanga. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables, quienes dejaron abandonada la motocicleta desde donde dispararon en una zona rural entre Girón y Piedecuesta. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación adelantan las labores judiciales y de inteligencia para dar con el paradero de los atacantes, mientras se fortalecen los operativos de seguridad en la zona donde ocurrió el homicidio.
La Corte Constitucional lanzó un severo llamado de atención y ordenó la adopción de medidas sanitarias inmediatas en los centros carcelarios y de detención transitoria de Santander y Antioquia, luego de confirmar brotes de tuberculosis que, según el alto tribunal, representan un riesgo inminente para la salud pública y una vulneración grave de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.En un comunicado, la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario calificó como “inadmisible” que las autoridades continúen realizando traslados entre establecimientos sin verificar condiciones mínimas de salubridad ni realizar tamizajes clínicos previos.“Resulta inadmisible que, pese a la evidencia epidemiológica, las autoridades continúen trasladando personas sin garantizar las medidas sanitarias mínimas que cualquier ser humano merece”, advirtió la Corte.Por esta razón, las alcaldías de Medellín y Bucaramanga deberán coordinar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) un paquete de acciones urgentes para “proteger la vida y la salud” de quienes permanecen en Centros de Detención Transitoria. Las medidas deben regirse por los lineamientos del Programa Nacional de Tuberculosis e incluir:Implementar tamizajes clínicos y bacteriológicos de ingreso priorizando a sintomáticos y personas en contacto estrecho.Establecer y hacer cumplir zonas y protocolos de aislamiento respiratorio inmediato para casos confirmados o sospechosos, con cohortización separada y medidas de ventilación adecuadas.Asegurar el suministro oportuno e ininterrumpido de medicamentos antituberculosos bajo estrategia de tratamiento directamente observado.Practicar pruebas al personal de custodia, administrativo y de servicios que haya tenido exposición, garantizando su atención y, de ser necesario, reubicación temporal.Abstenerse de efectuar traslados inter-establecimientos sin tamizaje previo, certificación de no contagiosidad o, en su defecto, traslado sanitario con las medidas de aislamiento respiratorio pertinentes.Garantizar las remisiones hospitalarias urgentes, cuando el cuadro clínico lo exija y la continuidad del tratamiento al egreso.Adicionalmente, el Inpec y la Uspec deberán ejecutar un plan sanitario integral para contener, diagnosticar y tratar el brote de tuberculosis en los establecimientos nacionales ubicados en Antioquia y Santander, especialmente entre internos que han sido trasladados recientemente desde estaciones de Policía y URI.El alto tribunal también encomendó al Ministerio de Salud prestar asistencia técnica urgente a las entidades territoriales e, incluso, emitir nuevos lineamientos epidemiológicos si la situación lo requiere. Además, deberá consolidar la información nacional sobre casos confirmados y entregar un informe formal sobre las acciones adelantadas.
La crisis sanitaria en la cárcel Modelo de Bucaramanga sigue empeorando. La Secretaría de Salud ordenó el cierre del patio 3 tras confirmar un brote de varicela, lo que eleva a cuatro los pabellones restringidos dentro del penal.La medida implica que los internos de este patio no podrán recibir visitas hasta nuevo aviso y que no se permitirá el ingreso de más reclusos en los pabellones 2, 3, 4 y 6, donde ya se habían detectado problemas similares de salud pública.Según cifras oficiales, la cárcel alberga actualmente 2.216 internos, pese a que su capacidad es de apenas 1.247. Esto significa un hacinamiento del 77,7 %, una condición que, según defensores de derechos humanos como Hernando Mantilla, facilita la propagación de enfermedades como tuberculosis y varicela, hoy presentes en el establecimiento.La Secretaría de Salud señaló que la decisión busca contener los riesgos de contagio tanto entre los privados de la libertad como en el personal penitenciario, aunque reconoció que el hacinamiento y la falta de condiciones higiénicas son problemas estructurales que requieren una intervención de fondo del Gobierno Nacional.
La Secretaría de Salud de Bucaramanga informó el cierre temporal de cuatro de los siete pabellones de la cárcel Modelo debido a un brote de tuberculosis que afecta a la población privada de la libertad en este centro penitenciario.La medida cobija los pabellones 2, 3, 4 y 6, donde, según la secretaria de Salud, Claudia Amaya, no podrán ingresar más internos hasta que se subsanen las graves falencias sanitarias del establecimiento, a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).Actualmente, 167 personas privadas de la libertad están en tratamiento por tuberculosis, bajo monitoreo de la Secretaría de Salud, que desde el año pasado mantiene un estricto control epidemiológico en el penal. Sin embargo, cada mes se detectan nuevos casos de internos con síntomas respiratorios y diagnósticos positivos de la enfermedad.Amaya advirtió que la situación es crítica por las precarias condiciones higiénico-sanitarias, que incluyen aguas negras rebosadas y la falta de baterías sanitarias en funcionamiento.“Las condiciones realmente son muy complejas y por eso aplicamos una medida consistente en que no pueden ingresar más personas privadas de la libertad a esos pabellones hasta tanto la Uspec haga las adecuaciones necesarias. Es un tema histórico de violación a los derechos humanos: una cosa es contarlo y otra verlo en la cárcel, donde los internos están en condiciones infrahumanas”, afirmó la funcionaria.La decisión se tomó tras una mesa de trabajo en la que participaron la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bucaramanga, la Secretaría del Interior, Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos. Todas las entidades entregaron un informe al Inpec y a la Uspec, en el que se advierte sobre el riesgo que representa el brote, no solo para los internos sino también para el personal que labora en el penal.
La Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga expidió la Resolución 021 del 13 de marzo de 2025 con la cual declaró la emergencia sanitaria y ordenó el cierre temporal de la cárcel Modelo debido a un brote de tuberculosis que afecta a la población privada de la libertad. La medida, que regirá por 15 días, busca contener la propagación de la enfermedad y garantizar el tratamiento de los internos diagnosticados.Según el más reciente informe epidemiológico, 107 reclusos han sido confirmados con tuberculosis y ya reciben tratamiento, mientras que 208 personas permanecen en aislamiento preventivo a la espera de pruebas diagnósticas.La Secretaría de Salud Bucaramanga también dispuso la restricción de ingreso de nuevas personas privadas de la libertad y de visitas externas, salvo excepciones como abogados, personal de salud, funcionarios públicos y administrativos.“En tres días esperamos que la cárcel Modelo nos presente un plan de contingencia. La Secretaría continuará con el seguimiento y esperamos que en estos 15 días se culminen las pruebas diagnósticas”, afirmó Claudia Mercedes Amaya, secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga.Las autoridades de salud, igualmente, exigieron al Inpec y a la dirección del penal el uso obligatorio de tapabocas, el lavado de manos frecuente y otras medidas sanitarias. Una vez finalizadas las pruebas diagnósticas, se determinará la cifra exacta de personas contagiadas y se garantizará su acceso al tratamiento adecuado.Además, la Secretaría de Salud exigió a la IPS Norsalud el cumplimiento de sus compromisos con la atención médica dentro del penal.“El objetivo es proteger no solo a la población carcelaria, sino a toda la comunidad, asegurando que se cumpla con las fases de diagnóstico, aislamiento y tratamiento”, concluyó Amaya Ayala.El cierre de la cárcel Modelo de Bucaramanga es una medida preventiva que se extenderá hasta el 28 de marzo y busca evitar la propagación del brote, al igual que velar por la salud de los internos y el personal que labora en el penal.Esta es la resolución emitida por la Secretaría de Salud de Bucaramanga.
La Secretaría de Salud de Bucaramanga confirmó que, 64 personas privadas de la libertad en la cárcel Modelo de Bucaramanga han sido diagnosticadas con tuberculosis. De estos casos, 42 están recibiendo tratamiento en la primera fase, mientras que 22 continúan con la segunda fase.Claudia Amaya, secretaria de Salud, precisó que, de los 64 casos, 29 fueron diagnosticados durante enero y lo que va de febrero de 2025. La funcionaria destacó el trabajo conjunto entre la Secretaría de Salud, el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y las IPS que brindan atención a los reclusos para contener la propagación de la enfermedad.“Hemos hecho mesas de trabajo con las autoridades carcelarias para garantizar la correcta toma de muestras a los sintomáticos respiratorios, implementar medidas de aislamiento y asegurar el suministro de tapabocas a los internos en tratamiento”, explicó Amaya.La secretaria señaló que no se está frente a un brote de tuberculosis, aunque reconoció que la enfermedad ha estado presente desde el año anterior.“La situación está siendo monitoreada de cerca y, tanto el Inpec como la IPS, están tomando las acciones necesarias para garantizar que los privados de la libertad reciban el tratamiento adecuado y las medidas de prevención necesarias”, agregó.En una reunión reciente entre el director de la Cárcel Modelo, representantes de las IPS Norsalud y Vivir IPS, y los líderes de los pabellones del centro penitenciario, se acordaron medidas concretas para el control y prevención de la tuberculosis al interior del penal. Durante el encuentro, se definió la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios en los pabellones dos, tres, cuatro y seis, entre los días 18 y 21 de febrero de 2025.Esta estrategia incluye la toma de muestras por parte del personal de Norsalud y el establecimiento de áreas de aislamiento preventivo en cada pabellón.
La cárcel Modelo de Bucaramanga enfrenta un brote de varicela que ha encendido las alarmas de la Secretaría de Salud del municipio. Según informó la secretaria de Salud, Claudia Amaya, el brote se confirmó el pasado 29 de octubre y afecta a una persona dentro del centro penitenciario, mientras que alrededor de 500 internos se encuentran expuestos al contagio. Este es el tercer brote de varicela registrado en instituciones de confinamiento de la ciudad en el último mes, tras casos en la estación de policía del centro y el Hospital Psiquiátrico San Camilo.La secretaria detalló que el primer brote fue reportado el 27 de septiembre en la estación de Policía del centro, donde se identificaron seis casos confirmados y 29 personas potencialmente expuestas. El segundo brote se registró el 21 de octubre en el Hospital Psiquiátrico San Camilo, con un caso confirmado y una población expuesta de 62 personas. En el caso de la cárcel Modelo, la alerta se dio el 29 de octubre y ha requerido medidas sanitarias inmediatas para prevenir una propagación mayor en un contexto tan vulnerable.“Es importante señalar que esta enfermedad es de notificación obligatoria. Desde la Secretaría de Salud activamos nuestro equipo de respuesta inmediata, que acude a la institución reportante para evaluar los posibles contactos y entregar recomendaciones de aislamiento”, explicó Amaya.Agregó que el seguimiento de estos casos se realiza semanalmente durante un periodo de 42 días, periodo en el cual se mantiene una vigilancia estricta para evitar la aparición de nuevos contagios.Entre las recomendaciones impartidas a la población afectada están el aislamiento de los casos confirmados, el lavado frecuente de manos y el uso de utensilios exclusivos para los contagiados, medidas que buscan reducir el riesgo de transmisión en entornos cerrados. Claudia Amaya recordó que la varicela se contagia a través de estornudos, saliva y el contacto con las lesiones de la piel, por lo cual mantener la higiene y el distanciamiento es esencial.La Secretaría de Salud hace un llamado a la comunidad sobre la importancia de la vacunación como medida preventiva, especialmente en la población infantil, ya que la vacuna contra la varicela está disponible y es parte del esquema de vacunación, con aplicación al primer año de vida y refuerzo a los cinco años. Según Amaya, quienes han recibido la vacuna tienen una baja probabilidad de desarrollar la enfermedad.
Un panfleto intimidatorio apareció en las inmediaciones de la cárcel de mediana seguridad Palogordo, ubicada en Girón, Santander, dirigido contra los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). El documento, que circuló entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes, advierte sobre un plan en marcha contra los funcionarios de la institución.El panfleto dice lo siguiente: “Por hacer caso omiso a nuestra petición, aquí tienen el resultado. Ya empezamos con el plan pistola. Ahora vamos por un civil. Cierren el patio 10 de Girón Palogordo”.La advertencia se relaciona con las recientes amenazas a los guardias de Palogordo y la compleja situación de seguridad que atraviesa este centro penitenciario.Esta amenaza llega apenas 24 horas después de que el dragoneante del Inpec, Dyeezen Fernando Carrillo Sánchez, fuera víctima de un atentado sicarial frente a la cárcel Modelo en Bucaramanga.El funcionario fue atacado mientras se desplazaba en motocicleta por la calle 45, en cercanías a la cárcel Modelo, su actual lugar de trabajo. El dragoneante recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario de Santander, donde fue sometido a una delicada cirugía.De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, los agresores se movilizaban en motocicleta, cuando interceptaron a Carrillo Sánchez y huyeron tras dispararle. Cabe recordar que este funcionario ya había sufrido un atentado el pasado 26 de marzo de 2024, cuando trabajaba en la cárcel de Palogordo, razón por la que fue trasladado a Bucaramanga.Hernando Mantilla, defensor de los derechos humanos carcelarios, se pronunció sobre el reciente atentado y las nuevas amenazas."Esta situación, aparentemente, venía de una serie de amenazas que él mismo había recibido cuando estaba trabajando en Palogordo. Lamentablemente, a pesar del traslado a la cárcel Modelo, fue víctima de este nuevo atentado. Además, anoche apareció otro panfleto en los alrededores de Palogordo, en el que se menciona el llamado plan pistola contra los funcionarios del Inpec, y nuevamente se hace referencia al patio 10, donde presuntamente se dinamizan actividades de extorsión en el marco de la Operación Dominó", dijo.Las autoridades locales ya se encuentran investigando tanto el ataque contra Carrillo como la veracidad del panfleto. El ambiente en la cárcel de Palogordo es de extrema preocupación, ya que esta amenaza refuerza el riesgo para los funcionarios penitenciarios.
La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de amenazas contra defensores de Derechos Humanos y servidores públicos a José Manuel Vera Sulbarán, conocido como alias 'Satanás', quien se desempeña como cabecilla del grupo criminal Tren de Aragua.Los hechos que motivaron la imputación ocurrieron el pasado 2 de enero, cuando Vera Sulbarán presuntamente amenazó de muerte a tres integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entre los cuales se encontraban el responsable del cuerpo de seguridad y dos guardianes de la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón, Santander.Según la Fiscalía, alias "Satanás" habría ofrecido la suma de 30 millones de pesos a quien lograra ubicar las residencias de los uniformados y llevar a cabo su asesinato.José Manuel Vera Sulbarán fue capturado el 1 de noviembre de 2023 en Ecuador, en el marco de una investigación que lo vincula con delitos de extorsión, homicidio y otros crímenes.Actualmente, alias "Satanás" se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Valledupar, en el departamento del Cesar.Este caso resalta la gravedad de las amenazas que enfrentan los defensores de Derechos Humanos y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y pone de relieve la necesidad de seguir fortaleciendo las medidas de protección para este sector de la sociedad.
El senador santandereano, Gustavo Moreno, denunció que el sistema tecnológico para bloquear señalas de celulares desde las cárceles del país es obsoleto y no sirve para evitar que los presos sigan extorsionando.“Los bloqueadores de señal de celulares en centros penitenciarios son obsoletos. Están diseñados para bloquear tecnología 2G y los celulares actualmente utilizan 4G y 5G. Además, internos tienen hasta 40 o 50 sim cards para realizar las llamadas con fines extorsivos y eso es peligroso”, manifestó el senador Moreno.El autor del proyecto de Ley de cárceles productivas en Colombia señaló que el 87 % de las llamadas extorsivas se hacen desde los centros carcelarios del país. "Los esfuerzos de las autoridades para contrarrestar este fenómeno se quedan cortos frente a ese fenómeno delictivo que va en aumento”, dijo. Otra propuesta del senador Gustavo Moreno es convertir la nueva cárcel que se construye en la zona del Magdalena Medio en una penitenciaria agrícola para 1.600 internos.“Los internos podrán salir a trabajar en un terreno adecuado para la producción alimentaria. Se establecerá una colonia productiva, que tendrá espacios de ganadería, piscicultura, agricultura en donde los internos trabajarán”, indicó el senador Gustavo Moreno.El abogado, experto en temas penitenciario, Hernando Mantilla, señaló que es necesario descongestionar las cárceles de Bucaramanga, Barrancabermeja y Cúcuta, “donde hay un hacinamiento que supera el 100%”.Sobre si el hacinamiento tiene relación o no con los hechos de violencia en contra de funcionarios, el defensor de los derechos carcelarios, Jorge Carmona, indicó que la violencia es debido o es el resultado de tratos crueles y degradantes de algunos funcionarios del Inpec hacía la población. Confirmó que el hacinamiento carcelario nada tiene que ver con los atentados contra los guardias.La Procuraduría General de la Nación solicitó a la alcaldesa distrital de Buenaventura, Valle del Cauca, Ligia del Carmen Córdoba, y a la secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Liliana Vivas Paz, adoptar acciones concretas para atender la crisis carcelaria y garantizar condiciones dignas para las personas privadas de la libertad , actualmente en estado de hacinamiento.
Colombia comenzó a recibir el respaldo de la comunidad internacional para atender la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. La Cancillería informó que ya fueron coordinados los primeros vuelos de ayuda humanitaria, que llegarán al país en las próximas horas con elementos destinados a las comunidades más afectadas.La operación se puso en marcha después de que las autoridades territoriales, junto con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, evaluaran los daños y determinaran las necesidades específicas de cada municipio. Con esa información, el Gobierno comenzó a gestionar directamente la cooperación con países aliados.Entre las prioridades establecidas están los hospitales de campaña, necesarios para reforzar la atención médica en las zonas donde la infraestructura sanitaria resultó afectada. También se solicitaron kits de alimentación, aseo y hábitat, además de elementos para garantizar agua, saneamiento e higiene.La lista de necesidades incluye además kits de cocina y menaje para las familias que perdieron sus viviendas o parte de sus pertenencias. La ayuda internacional será coordinada con las autoridades nacionales y territoriales para definir su distribución en los lugares que presentan mayores necesidades.Desde las primeras horas posteriores al terremoto, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó los canales diplomáticos para solicitar apoyo internacional. El Gobierno agradeció a los países y organizaciones que han expresado su solidaridad y disposición para contribuir a la atención de la emergencia.La llegada de estos primeros vuelos representa uno de los componentes de la respuesta que Colombia está articulando con otros países, mientras en las regiones afectadas continúan las labores de rescate, atención de heridos, asistencia a damnificados y evaluación de los daños ocasionados por el sismo.
La primera dama Ana Lucía Pineda entregó un balance de las acciones que se vienen adelantando para apoyar a las familias afectadas por el sismo y agradeció a las personas y organizaciones que se han sumado a la recolección de ayudas humanitarias en diferentes regiones del país.Según explicó, desde el día siguiente al terremoto comenzaron a funcionar puntos de acopio en distintas zonas de Colombia, una iniciativa que, dijo, ha permitido reunir elementos necesarios para atender a las comunidades afectadas. “Desde hoy en la mañana empezamos a desplazar todas estas ayudas humanitarias a los distintos territorios”.La primera dama señaló que las necesidades fueron identificadas a partir de información entregada por alcaldes y gobernadores de las regiones afectadas. Explicó que, desde las primeras horas posteriores al sismo, se realizaron visitas a diferentes Puestos de Mando Unificado para verificar las condiciones en terreno y establecer qué elementos eran prioritarios.Entre los elementos solicitados se encuentran mercados, kits de aseo, kits de cocina y elementos para pasar la noche, especialmente almohadas y colchonetas. A esto se suman medicamentos destinados a apoyar la atención de la población afectada y el funcionamiento de la red hospitalaria.Uno de los anuncios de la declaración estuvo relacionado con las familias que perdieron a sus seres queridos como consecuencia de la emergencia. Pineda informó que empresas funerarias ofrecieron servicios gratuitos para facilitar los trámites y cubrir los costos de quienes no cuentan con planes o seguros exequiales.La ayuda contempla dos modalidades. En el caso de las personas que cuentan con seguros o planes exequiales, las funerarias apoyarán la gestión necesaria para hacer efectiva la cobertura durante el proceso correspondiente ante Medicina Legal. Para quienes no tienen ningún tipo de cobertura, asumirán los costos de los servicios funerarios.De acuerdo con la información entregada por la primera dama, estarán disponibles los servicios de Capillas de la Fe, Funerales San Vicente y Funerarias del Remanso. Capillas de la Fe prestará apoyo en Pereira, Manizales y Cali, mientras que Funerales San Vicente estará disponible en Chocó. “Este servicio estará disponible en las funerarias Capillas de la Fe, en Pereira, en Manizales y en Cali, y en Chocó estará los funerales San Vicente”, explicó.Pineda indicó además que publicará en sus redes sociales los datos de la persona encargada de recibir las llamadas a nivel nacional para orientar a los familiares y facilitar el acceso a estos servicios.
Ante la emergencia provocada por el terremoto que afectó varias zonas de Colombia, Blessd, Dímelo Jara Company y la Fundación Sueños de Barrio movilizarán cerca de 150 toneladas de ayuda humanitaria para las comunidades damnificadas.La operación contempla 30 toneladas para cada uno de los territorios priorizados: Chocó, Quibdó, Pereira, Cali y Manizales. Las ayudas incluyen alimentos, agua potable, pañales, productos de higiene y otros elementos de primera necesidad.Primer envío llega al ChocóComo parte de la primera fase, cuatro camiones con 30 toneladas de ayuda ya se dirigen al Chocó. Elizabeth Quintero, integrante del equipo legal, llegó al territorio para coordinar la recepción y entrega de los suministros junto con las autoridades locales.Mientras se encontraba en la zona, Quintero fue sorprendida por un nuevo temblor, reflejo de la incertidumbre que aún enfrentan las comunidades afectadas.El equipo continúa articulando la distribución para garantizar que los recursos lleguen de manera organizada a las familias que más los necesitan.“No soy de subir, pero sí de ayudar”Blessd comunicó la iniciativa a los más de 519.000 integrantes de su grupo de difusión en Instagram. El artista explicó que, aunque no había podido publicar con normalidad, ya estaba trabajando en la organización de las ayudas.“Ustedes saben que yo no soy de subir, pero sí de ayudar. Ya estoy organizando para que la gente más necesitada tenga su ayuda”, escribió.Posteriormente, compartió imágenes del proceso de recolección y cargue de los productos.Blessd también aseguró que continúa gestionando nuevas entregas para Pereira y Manizales, mientras avanza la operación en los demás territorios priorizados.Aunque parte del proceso no se vea en redes sociales, las primeras 30 toneladas de ayuda humanitaria ya están en camino al Chocó, como parte de una iniciativa que busca atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas por el terremoto.
La Lotería del Huila anunció el aplazamiento del Sorteo 4768, que estaba programado para realizarse este martes 11 de agosto de 2026. La entidad explicó que la decisión responde a las circunstancias que dificultan el normal desarrollo de las actividades, especialmente en consideración con los distribuidores y vendedores ubicados en las zonas más afectadas.De acuerdo con el comunicado divulgado por la entidad, el sorteo no fue cancelado, sino reprogramado para el jueves 13 de agosto de 2026, por lo que los compradores deberán tener en cuenta la nueva fecha antes de consultar los resultados.La medida fue adoptada en un contexto en el que diferentes actividades se han visto condicionadas por las circunstancias registradas en el territorio colombiano durante los últimos días. La Lotería del Huila señaló que su decisión busca actuar con solidaridad y consideración hacia quienes participan en la comercialización de sus productos.“En solidaridad y consideración con nuestros distribuidores y vendedores de las zonas más afectadas, y ante las circunstancias que dificultan el normal desarrollo de las actividades, el Sorteo 4768, programado para el martes 11 de agosto, será aplazado”, informó la Lotería del Huila.¿Cuándo será el sorteo 4768 de la Lotería del Huila?La nueva fecha establecida para el Sorteo 4768 de la Lotería del Huila es el jueves 13 de agosto de 2026.La entidad hizo énfasis en que el cambio corresponde a un aplazamiento, por lo que el sorteo mantiene su numeración y continuará bajo la nueva programación.El anuncio resulta relevante para los compradores que adquirieron billetes o fracciones correspondientes al sorteo inicialmente previsto para el martes, pues deberán conservarlos y tener presente la modificación del calendario anunciada oficialmente por la lotería.
La Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana anunció la reprogramación del sorteo 3166, que estaba previsto para realizarse este martes 11 de agosto de 2026. La decisión fue adoptada luego del evento sísmico registrado en el territorio colombiano el lunes 10 de agosto, de acuerdo con la información divulgada oficialmente por la entidad.La nueva fecha establecida para el sorteo es el jueves 13 de agosto de 2026, manteniendo como hora de realización las 10:55 de la noche y con transmisión a través de Canal Uno.El cambio fue comunicado a todos los actores relacionados con la operación de la lotería, incluidos distribuidores, vendedores y público general, con el propósito de evitar confusiones frente a la fecha inicialmente anunciada y garantizar que los participantes tengan claridad sobre cuándo se efectuará el sorteo.“Debido al evento sísmico registrado en el territorio colombiano el día 10 de agosto de 2026, el sorteo 3166, programado inicialmente para hoy martes 11 de agosto, ha sido reprogramado”, informó la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana.¿Cuándo será el sorteo de la Lotería de la Cruz Roja?De acuerdo con el comunicado, el sorteo 3166 de la Lotería de la Cruz Roja se realizará el jueves 13 de agosto, a las 10:55 p. m., y será transmitido por Canal Uno.La modificación de la fecha no debe confundirse con una cancelación definitiva del sorteo. La entidad confirmó que se trata de una reprogramación, por lo que el proceso continuará en la nueva fecha establecida.La Lotería de la Cruz Roja solicitó a sus distribuidores y vendedores atender las nuevas instrucciones para el manejo de los billetes y las devoluciones correspondientes.Recepción de devoluciones continuará hasta las 9:30 p. m.Uno de los puntos destacados en el anuncio está relacionado con la recepción de devoluciones. Según la información publicada por la entidad, este procedimiento se mantendrá conforme al horario establecido, con recepción hasta las 9:30 p. m.La medida busca facilitar el proceso operativo para los vendedores y distribuidores ante el cambio en la programación del sorteo.Por ello, quienes tengan responsabilidades relacionadas con la devolución de material deberán tener presente el horario indicado por la organización y seguir los procedimientos establecidos por la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana.