Un intento de motín que se registró en el patio 1A de la cárcel de Villahermosa, ubicada en el oriente de Cali, Valle del Cauca, terminó convertido en un hecho de alteraciones del orden público que generó caos durante varios minutos en el centro carcelario.En un video, compartido en redes sociales, se observa cómo varios de los reclusos se enfrentan entre ellos mismos e, incluso, con los integrantes de los grupos especiales del Inpec, quienes son los encargados de la seguridad al interior del establecimiento carcelario.Este hecho dejó como saldo dos internos con lesiones leves, quienes fueron atendidos por personal médico del lugar, sin necesidad de ser trasladados a centros asistenciales de la capital del Valle.Minutos después de los desmanes, la situación logró ser controlada por los guardias, quienes evitaron la fuga de los presos. En la cárcel se refuerzan las medidas de seguridad con personal del Inpec para evitar que se presente otra situación similar que ponga en riesgo la vida de los internos.Vea el video:
En la mañana de este jueves murió el dragoneante del Inpec Juan David Andulce, uno de los dos guardianes heridos en el ataque con granada contra la cárcel Villahermosa de Cali. El dragoneante Andulce falleció como consecuencia de las graves heridas en su cabeza por las esquirlas del artefacto explosivo, según lo confirmó en su cuenta en Twitter el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. El atentado se registró pasadas las 8:30 de la noche del miércoles en inmeidaciones de la cárcel distrital Villahermosa, ubicada en una zona residencial del oriente de Cali.La granada fue lanzadacontra la sede del comando de reacción inmediata del Inpec, que queda en el mismo centro penitenciario, por hombres que se desplazaban en una motocicleta. El atentado, según el alcalde Ospina, estaría relacionado con actividades criminales al interior de la cárcel.Escuche más noticias del día en BLU Radio:
Un juez en Cali revocó la detención domiciliaria de la que gozaban desde el pasado 30 de junio, Carolina Montaño Cuero y Cristian Andrés Cortés Ortiz, dos presuntos integrantes de la ‘primera línea’. De acuerdo con las autoridades, estas personas estarían implicados en la tortura, homicidio y desaparición del patrullero de la Policía Carlos Andrés Rincón Martínez.Estos hechos ocurrieron el pasado 3 de junio en el sector del Paso del Comercio, en el norte de Cali, en medio de las manifestaciones del paro nacional.Ese día estas personas habrían retenido al uniformado quien pasaba por este punto de civil debido a que estaba en su día de descanso y cuando detectaron que era policía fue torturado y arrojado al río Cauca.Los procesados habían sido detenidos por el CTI de la Fiscalía y la Policía el pasado 28 de junio.Después de revocarles la detención domiciliaria Carolina Montaño Cuero fue trasladada al pabellón de mujeres de la cárcel de Jamundí, mientras que Cristian Andrés Cortés fue enviado a la cárcel de Villahermosa, en la capital del Valle.Le puede interesar: Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
Un total de 600 reclusos serán trasladados desde estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata en Cali hacia diferentes cárceles del país. Estos espacios, según las autoridades, presentan una ocupación de más del 150%, por lo que se registra una condición de hacinamiento. Los primero 200 presos serán trasladados durante la mañana del próximo lunes 28 de junio, hacia las cárceles de Jamundí, Palmira y Cali. En el transcurso del 2021, 964 internos han sido trasladados de estaciones de Policía del Valle hacia centros penitenciarios.
Durante la audiencia de imputación de cargos Gabriel Alejandro Bejarano, alias ‘El Mono’, de 34 años de edad, no aceptó la responsabilidad como autor material en la masacre de los cinco menores en Llano Verde, oriente de Cali, ocurrida el pasado 11 de agosto de 2020. Sin embargo, un juez de control de garantías envió a la cárcel a este sujeto imputándole los cargos por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.Las familias, a pesar de que celebraron esta acción de poner en la cárcel a alias ‘El Mono’, quedaron inconformes porque no se indagó para llegar hasta los posibles autores intelectuales de este atroz hecho. “Este reclamo lo tienen las familias porque tienen muchas preguntas que todavía están sin responder, por ejemplo, ¿quién estuvo detrás de estos asesinatos?, Bejarano en su declaración del pasado viernes da a entender que otras personas participaron en este hecho”, indicó el abogado Elmer Montaña, representante de una de las cinco familias victimas por esta masacre. Alias ‘El Mono’ había sido detenido este viernes 15 de enero, en una finca ubicada en zona rural del municipio de Bolívar al norte del Valle.En el momento de su captura, el hombre afrontaba un proceso por fuga de presos, ya que gozaba del beneficio de casa por cárcel por el delito de porte ilegal de armas.
La Personería de Santiago de Cali confirmó el fallecimiento de una persona al interior de la cárcel de Villahermosa.Se trata de un recluso de 70 años de edad que presentaba un cuadro de hipertensión.Lea aquí: Rescatan a bebé recién nacido que fue abandonado por mujer en el oriente de Cali De acuerdo con Harold Andrés Cortés, personero municipal de Santiago de Cali, con este deceso ya son cinco las personas fallecidas por cuenta de la emergencia sanitaria que vive el penal. Según el funcionario, en la actualidad hay 716 personas infectadas en la penitenciaria, entre ellos, 632 son internos.Panorama en otras ciudadesMientras tanto, en la cárcel de Jamundí ya son cuatro los contagiados. El más reciente, es un hombre de 45 años quien se convierte en el primer interno infectado del centro carcelario. Finalmente, en la cárcel de Tuluá existen 97 portadores del virus de los cuales 95 son personas privadas de la libertad.
Las autoridades confirmaron que aumentaron a 675 los casos positivos de COVID-19 en la cárcel de Villahermosa, ubicada en el oriente de Cali.Según el reporte actualizado a este sábado 20 de junio de los 675 contagiados, 604 son reclusos de diferentes patios, y los otros 71 son funcionarios del Inpec que trabajan en esa prisión.Lea también: Así quedó decretado el toque de queda y la ley seca en CaliLa preocupación aumenta en Villahermosa por el hacinamiento que registra esta cárcel que tiene capacidad para 2.000 internos, pero hoy está ocupada por cerca de 6.000 personas.Precisamente por ese dramático panorama, el personero de Cali Harold Andrés Cortés ha señalado que es “casi imposible controlar el contagio del COVID-19 en la cárcel”.Lea también: En 14 días se verá resultado del día sin IVA: epidemióloga sobre casos de COVID-19Entre tanto, el sindicato del Inpec en Cali aseguró que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) no ha enviado los elementos de bioseguridad para los trabajadores y reclusos de Villahermosa.Los primeros 11 casos positivos de COVID-19 en la cárcel de Villahermosa se conocieron el viernes 5 de junio.
La cárcel Villahermosa de Cali, que tiene una capacidad para albergar a 2.000 internos y en este momento aloja a casi 6.000, es el principal foco del COVID-19 en la ciudad.En menos de dos semanas los infectados en la cárcel llegan a 580, entre ellos algunos guardianes y funcionarios del Inpec. El 55 % de las pruebas de coronavirus han resultado positivas, según la secretaria de salud de Cali Miyerlandy Torres.Lea también: Se incrementan casos de COVID-19 en cárcel de Villahermosa en Cali: ya son 528La funcionaria explicó que se recomendó a la dirección de la penitenciaría trasladar a los adultos mayores y al personal de alto riesgo a un solo patio y llevar a los contagiados que están en delicado estado a instituciones médicas con medidas de seguridad.Lea también: Coronavirus en Valle: reportan 9 muertos y 226 nuevos contagiadosPor su parte del personero municipal Harold Cortez dijo que por el hacinamiento no ha sido imposible controlar la propagación del virus y que teme que la crisis sanitaria supere la que se registró en la cárcel de Villavicencio.Hasta ahora nueve personas infectadas han sido trasladadas de Villahermosa a hospitales y clínicas de Cali por presentar enfermedades de base.
La situación en la cárcel de Villahermosa sigue siendo compleja por cuenta del aumento acelerado de casos positivos de COVID-19. Según el último reporte del INPEC, ya son 528 personas las contagiadas en ese penal. De acuerdo con el informe, 480 de los casos corresponden a reclusos y los otros 48 son funcionarios del INPEC, entre guardias y auxiliares. Los presos que se han infectado se encuentran aislados en el patio 10 de la cárcel, donde reciben atención médica de la ESE Centro. Lea también: Reclusos de cárcel Villahermosa de Cali serían indemnizados por vivir en hacinamiento El director de la cárcel, quien también resultó contagiado, se recupera de forma satisfactoria en su hogar. Cabe recordar que hasta este martes 16 de junio se ha registrado un fallecimiento en el penal por culpa del COVID-19. Entre tanto, familiares de los presos han adelantado constantes protestas pidiendo garantías en la atención médica que reciben sus allegados.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, confirmó en la mañana de este viernes 12 de junio la muerte de un recluso en la cárcel de Villahermosa por culpa de coronavirus.Entérese de: ¡Ojo! Habrá estrictos controles de tránsito en del Valle para los 3 puentes festivos Se trata de la primer víctima mortal que deja el COVID-19 en ese centro carcelario donde hay 242 contagiados de los cuales 208 son reclusos y 34 son funcionarios.Las autoridades indicaron que la persona fallecida tuvo que ser sacado del penal el pasado 10 de junio y remitido de urgencia a clínica Colombia.Vea aquí: Moteles y restaurantes de Cali podrían abrir el próximo 15 de junioDe acuerdo con la versión entregada, el hombre tuvo un paro cardiorespiratorio y padecía de diabetes e hipertensión.La víctima tenía 44 años y pagaba una pena de cinco años y cuatro meses por el delito de tráfico de estupefacientes.
En un momento de alta tensión política tras los comicios de junio, un grupo de destacados líderes del denominado "centro político", entre ellos el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, ha emitido un manifiesto de seis puntos que busca blindar la estabilidad democrática del país. El documento hace un llamado directo tanto al gobierno saliente de Gustavo Petro como al presidente electo, Abelardo De La Espriella, para garantizar una transición ordenada y un ejercicio del poder sin ambigüedades.Reconocimiento de resultados y rechazo a la desobedienciaUno de los pilares del manifiesto es la exigencia de reconocer la legitimidad de las elecciones. Ocampo enfatizó que no existe justificación para cuestionar los resultados, destacando que "la Registraduría hizo un trabajo maravilloso" y que las veedurías internacionales coincidieron en que "el proceso colombiano es muy limpio".El exministro lamentó que desde sectores del gobierno saliente se mantengan versiones que no coinciden con la realidad electoral, especialmente cuando el propio perdedor ha aceptado su derrota. Asimismo, el documento expresa un desacuerdo tajante con la figura de la desobediencia civil. Según Ocampo, combatir la posesión del nuevo mandatario mediante protestas que busquen impedir el acto es "totalmente inadecuado".El exministro subrayó la importancia de acatar las decisiones nacionales: "Una vez se toman decisiones nacionales, tienen que ser acatadas. Eso es lo que, a través de un sistema democrático, así funciona".Nacionalidad de Abelardo De La EspriellaUn punto crítico del manifiesto se dirige al presidente electo, Abelardo De La Espriella, debido a su múltiple nacionalidad (italiana, estadounidense y colombiana).Aunque no es un impedimento legal, los firmantes advierten sobre posibles conflictos de interés. Ocampo explicó que el juramento de ciudadanía estadounidense obliga a poner los intereses de ese país por encima de otros, lo que generaría una incompatibilidad manifiesta. "Consideramos que Abelardo De La Espriella debe renunciar a su ciudadanía de Estados Unidos para que no haya ninguna posibilidad de incompatibilidad en sus decisiones con el rol que va a cumplir como presidente", afirmó Ocampo, citando ejemplos como posibles aumentos de aranceles o acciones militares estadounidenses que Colombia podría considerar inconvenientes.Escuche aquí la entrevista:
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Alejandro Valenzuela Rojas, exfuncionario de una filial de Ecopetrol con sede en Estados Unidos, por su presunta participación en la apropiación irregular de 11.754 dólares mediante el cobro de viáticos que, según la investigación, no cumplían con los requisitos establecidos por la entidad.De acuerdo con el ente acusador, el exfuncionario tenía entre sus responsabilidades radicar, validar y gestionar los pagos relacionados con comisiones de servicio y reembolsos operativos. Aprovechando esas funciones, presuntamente habría utilizado su acceso al sistema interno para tramitar solicitudes de viáticos a su propio nombre.La investigación señala que Valenzuela Rojas habría ingresado en cinco oportunidades a la plataforma de la entidad utilizando su usuario y contraseña para presentar las solicitudes. Además, es señalado de intervenir en el proceso para que estas fueran aprobadas y posteriormente se ordenara el giro de los recursos a una cuenta bancaria de su titularidad.Según la Fiscalía, para respaldar las solicitudes de pago el exfuncionario habría aportado documentos con presuntas inconsistencias, entre ellas fechas que no coincidían con los desplazamientos reportados, referencias a eventos que aún no se habían realizado y documentos que, al parecer, eran falsos.Entre los soportes cuestionados por la investigación figura una factura correspondiente a un hotel ubicado en Houston, Estados Unidos, con la que presuntamente buscó acreditar por un valor de 2.800 dólares.Para el ente acusador, estos elementos evidenciarían un presunto mecanismo orientado a obtener de manera irregular recursos destinados al pago de viáticos, aprovechando las funciones que desempeñaba dentro de la filial de Ecopetrol.Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó a Alejandro Valenzuela Rojas ante un juez y le imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.Durante la diligencia judicial, el exfuncionario no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró administrativamente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa y Policía Nacional por los daños ocasionados a los familiares de Dilan Mauricio Cruz Medina, el joven que murió el 25 de noviembre de 2019 tras recibir el impacto en la cabeza de una munición tipo Bean Bag disparada por un integrante del entonces Esmad, durante una jornada de protesta social.El fallo señala que “en el caso concreto, advierte la Sala que se configuran los presupuestos para entender que la muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina, a causa del impacto de una munición disparada desde un arma de dotación oficial de un miembro del Esmad, constituye una grave violación de derechos humanos”.En la sentencia, la corporación concluyó que existió una falla en el servicio por parte de la institución al clasificar el arma utilizada como un elemento “menos letal”, sin informar de manera suficiente a los uniformados sobre su potencial capacidad de causar la muerte. Según el Tribunal, esa circunstancia impidió que el uso de la fuerza fuera valorado conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad.La decisión agrega que con la actuación estatal “se afectó de manera directa, los derechos constitucionales y convencionales a la vida y a la protesta”, al tiempo que quedó demostrado que “el uso de la fuerza por parte de la entidad accionada, no fue precedido de una adecuada valoración de los principios de proporcionalidad y necesidad; es decir, se hizo un uso irregular y excesivo de la fuerza”.El Tribunal también tuvo en cuenta el impacto social del caso y recordó que, de acuerdo con información citada en la sentencia, “el fallecimiento de un manifestante genera un impacto social significativo, que puede afectar el ejercicio del derecho a la protesta”.Como medida de reparación integral, el Tribunal ordenó al comandante de la Policía Nacional realizar un acto público de reconocimiento institucional de responsabilidad y presentar disculpas a la familia de la víctima dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia.Al justificar esa medida, la Sala sostuvo que “esta medida de satisfacción resulta procedente, máxime si se tiene en cuenta que los hechos que desencadenaron en la muerte del joven tuvieron ocurrencia, cuando el mismo se encontraba desarrollando su derecho Convencional y constitucional a la protesta”. Agregó que “ningún manifestante, por ejercer su derecho legítimo a la protesta, debe ser sujeto pasivo de acciones que atenten contra su integridad, su dignidad y su vida”.Además de declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, la corporación condenó a la Nación ,Ministerio de Defensa , Policía Nacional al pago de las agencias en derecho correspondientes a la segunda instancia procesal, fijadas en el equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la parte demandante.
Las fuertes y persistentes lluvias han puesto en máxima alerta a los municipios de Chitagá, Labateca y Toledo, en el sur del departamento. Las autoridades locales reportan múltiples emergencias que afectan tanto a la población civil como a la infraestructura estratégica de la región.Destrucción en el sector de MónogaUno de los puntos más críticos se registró en el sector conocido como Mónoga, ubicado sobre la vía La Soberanía. En esta zona, el desbordamiento de un río alcanzó tal magnitud que destruyó por completo una vivienda y causó serios daños en las obras de infraestructura vial.Riesgo para la conectividad regionalLa situación ha generado una profunda preocupación entre los habitantes y gremios, ya que el corredor de La Soberanía es la principal arteria que conecta a Norte de Santander con el departamento de Arauca. Actualmente, el paso se encuentra bajo observación, debido a la importancia de esta ruta para el transporte de carga y de servicio público. Las autoridades departamentales continúan monitoreando los puntos críticos para evaluar el alcance de los daños y coordinar las labores de asistencia en los municipios afectados.Vea en video imágenes de las emergencias:
Un video de cámaras de seguridad se convirtió en la principal prueba para esclarecer el asesinato de una adolescente cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta. Las imágenes muestran al principal sospechoso entrando con la menor a un hotel y luego transportando una maleta en una motocicleta y regresando minutos después sin él, una secuencia que fue determinante para que las autoridades lo confrontaran durante el interrogatorio y obtuvieran su confesión.La víctima fue identificada como Thunchanok Donhomla, de 17 años, y su cuerpo fue encontrado en la madrugada del pasado 4 de julio cerca de las vías del tren en Pattaya, ciudad ubicada en la costa oriental del golfo de Tailandia. Por este crimen fue acusado el australiano Simon Peter Carman, de 45 años, quien, según la investigación, intentó abandonar el país antes de ser capturado.De acuerdo con la investigación, la adolescente llegó por voluntad propia al apartamento del extranjero luego de encontrarse con él en las afueras de un bar. Las autoridades indicaron que ambos habían acordado un encuentro por el que el hombre le pagaría dinero.Antes de que ocurriera el crimen, la joven alcanzó a enviar un mensaje a sus amigas mediante la aplicación Line. En esa conversación les informó que ya había llegado al apartamento y que pasaría allí la noche. También comentó que la habitación estaba en completo desorden. Ese fue el último contacto que mantuvo con ellas.Las pesquisas señalan que la menor fue estrangulada dentro del inmueble y, posteriormente, su cuerpo fue introducido en una maleta negra junto con varias de sus pertenencias personales. Horas después, el equipaje fue abandonado cerca de las vías férreas, donde finalmente fue encontrado por las autoridades.Uno de los elementos más importantes del proceso corresponde a las imágenes captadas por cámaras de seguridad. Según explicó la policía, los videos muestran a Simon Peter Carman arrastrando la maleta desde el edificio, cargándola en la parte trasera de una motocicleta y alejándose del lugar. Entre 10 y 20 minutos después regresó solo, sin el equipaje.Los investigadores aseguraron que el australiano negó inicialmente cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le presentaron las grabaciones y el resto de las pruebas recopiladas, comenzó a admitir lo ocurrido.Las autoridades también reconstruyeron los movimientos del sospechoso después del crimen. De acuerdo con la información oficial, al día siguiente continuó con su rutina habitual: desayunó, lavó ropa, realizó compras y adquirió un tiquete aéreo para regresar a Australia, sin levantar sospechas.La captura se produjo cuando estaba a punto de abordar el vuelo. Para ese momento, los investigadores ya contaban con suficientes elementos de prueba para detenerlo y presentarle cargos por el asesinato de la adolescente.Mientras avanza el proceso judicial, la Policía investiga si Simon Peter Carman podría estar relacionado con otros dos casos de mujeres encontradas muertas en circunstancias similares en la misma región. Aunque por ahora no existe una confirmación oficial sobre ese posible vínculo, las autoridades revisan las evidencias para establecer si existe un mismo patrón detrás de los hechos.