El senador Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, del Partido Comunes y firmante del acuerdo de paz, denunció, a través de sus redes sociales, que tuvo que viajar hacía el departamento de Bolívar sin protección de la Policía y de su esquema de la Unidad Nacional de Protección, UNP. El congresista realizará un recorrido este fin de semana por varios municipios del departamento."No vamos a ceder a las presiones de aquellos que pregonando el odio y la estigmatización quieren que se recorten nuestros derechos, tampoco vamos a ceder a las negligencias burocráticas. Continuamos adelante sin prejuicio de que recurramos a las acciones judiciales para la protección de nuestros derechos como firmantes de la paz", dijo el senador Gallo, a través de un video.La denuncia se conoce en medio del llamado que hizo la Corte Constitucional al Gobierno solicitando información en varias dependencias para conocer en detalle la situación de riesgo de los integrantes del Partido Comunes, ex integrantes de las Farc, con la llegada de las elecciones regionales en el mes de octubre.Hay que resaltar que la Defensoría del Pueblo también ha detectado 92 amenazas contra candidatos y campañas en 22 departamentos del país; esa información se conoció en medio del informe que reveló la entidad sobre el riesgo extremo y alto por violencia en la jornada electoral que se va a registrar en los próximos dos meses en Colombia.Le puede interesar
El presidente de la República, Gustavo Petro, abrió la puerta a hacer algunas modificaciones al acuerdo de paz firmado entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en el año 2016. Para el mandatario nacional, este acuerdo quedó incompleto y no incluye algunas palabras que para él son clave, pero también cuestionó que no se haya tenido en cuenta en los puntos de la agenda la revisión del modelo económico en Colombia."No está escrito en los acuerdos la palabra conocimiento, la palabra saber, la palabra universidad, no está escrita la palabra industrialización, pareciera que fuera un mundo romántico, de antes, como si se pudiera mirar hacia atrás y construir una sociedad rural, que ya no somos indudablemente, con los procesos de urbanización", señaló Petro.Desde el partido Comunes, creado por los exguerrilleros de las Farc, respondieron al presidente Petro, asegurando que cualquier decisión que se tome con el acuerdo de paz y su implementación debe ser consensuada. Sin embargo, aseguran que está abierta la posibilidad a discutir algunos temas que en su momento el Gobierno decidió no incorporar a la agenda."Se pueden abordar otra serie de temas que en su momento el Estado colombiano, en cabeza de la delegación del gobierno de Juan Manuel Santos, se negaron a abordar, por ejemplo, el modelo económico neoliberal. Si como le entendemos nosotros al presidente Petro, lo que él quiere es abrir una discusión acerca de la necesidad de desmontar el neoliberalismo y avanzar en la profundización del proceso de reformas estructurales desde luego que bienvenida esa discusión", señaló Carlos Antonio Lozada, senador del partido Comunes.Conéctese a la señal de Blu Radio en vivo:
El senador del partido Comunes, Julián Gallo, calificó como inaceptable y le pidió al Gobierno Nacional que se pronuncie para exigirle a las disidencias suspender todo tipo de atentados contra los excombatientes que sí le están cumpliendo con el acuerdo de paz logrado en La Habana.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el senador Carlos Antonio Lozada, señaló que, pese a que apoyan la iniciativa de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro, le hacen un llamado para avanzar en la implementación del acuerdo logrado con las entonces Farc.“El Gobierno debe exigir unos mínimos a estos grupos y se debe respetar la vida a los colombianos”, dijo sobre los diálogos con grupos armados.Sobre las disidencias y la voluntad, manifestó que “hay que insistir en la búsqueda de salidas a través del diálogo. No podemos como sociedad vivir eternamente en estos conflictos”.Le puede interesar:
Jesús Antonio Bejarano era un economista y profesor universitario, que se desempeñó como consejero de paz en los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, pues era experto en resolución de conflictos. En septiembre del año 1999 hombres de las Farc entraron al campus de la Universidad Nacional y lo asesinaron. En el año 2020, la antigua guerrilla de las Farc envió un documento a la JEP comprometiéndose a aportar verdad y asumir responsabilidad en este caso.El hoy senador del partido comunes y excomandante de la guerrilla Julián Gallo en plena Universidad Nacional y en un conversatorio en el que hablaba de paz y reconciliación, le pidió perdón a los estudiantes y dijo que sentía vergüenza por el crimen."En un hecho que nos avergüenza y por el cual pedimos perdón una unidad nuestra aquí en este campus asesinó a un profesor, al profesor Bejarano y eso a nosotros nos avergüenza porque cómo así, ¿a un profesor universitario?, por las diferencias políticas que se tuviesen. Uno se pregunta cuáles son los niveles de demencia a los que lleva una confrontación armada para que sucedan ese tipo de hechos", señaló.En el evento estuvo presente también el general en retiro Óscar Naranjo, exvicepresidente y negociador de paz que también pidió perdón a los estudiantes por haberlos estigmatizado mientras fue director de la policía."Yo pensaba que la universidades públicas eran una cantera de la guerrilla. Estaba equivocado y les pido que me perdonen", señaló Naranjo.Escuche el podcast El Camerino:Le puede interesar:
Desde el partido de los Comunes rechazaron la determinación de un juez de la República de dejar en libertad a los militares investigados por el homicidio de Dimar Torres, excombatiente de las Farc y reincorporado a la sociedad civil.El pronunciamiento se dio luego de que un juez penal municipal de control de garantías de Norte de Santander dejara en libertad al coronel (r) del Ejército Jorge Armando Pérez Amézquita y otras cuatro personas investigadas por el homicidio del exguerrillero.“Exigimos garantías judiciales y de acceso a la justicia de los familiares de Dimar Torres. Colombia no puede seguir inerme ante esta impunidad”, dijo la senadora Sandra Ramírez.Lo propio dijo el congresista Julián Gallo, más conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’.“Es insólito que habiendo prácticamente claridad sobre los autores responsables de este asesinato de un firmante del acuerdo de paz, a manos de integrantes de la fuerza pública, hoy en día nos enteremos de que este crimen de Estado va camino a la impunidad”, indicó.El crimen contra el excombatiente Dimar Torres ocurrió el 22 de abril de 2019, mientras se encontraba en zona rural del municipio de Convención en Norte de Santander. Según testigos, allí habría sido asesinado por varios uniformados del Ejército.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca el impacto de los ‘Petrovideos’ en la campaña del Pacto Histórico:
La sección de ausencia de reconocimiento de la JEP resolvió una tutela interpuesta por los familiares del exlíder conservador Álvaro Gómez Hurtado en la que pedían reprogramar una audiencia con la exsenadora Piedad Córdoba, en la cual se refirió a la información que tenía sobre el asesinato de Gómez, ocurrido el 2 de noviembre de 1995.Los familiares pedían que se les respetara el debido proceso pues cuando se realizó la audiencia ellos no estuvieron presentes por lo que no tuvieron la oportunidad de interrogar o cuestionar a Córdoba sobre la información que estaba entregando. Ante esto, pedían que la audiencia fuera reprogramada y que en esta oportunidad si pudieran hacerle preguntas a la exsenadora.La sala de reconocimiento de esta jurisdicción ahora deberá fijar una nueva fecha para la audiencia, según lo que ha manifestado Córdoba, ella escuchó el testimonio de dos personas que aseguraban que los responsables de este homicidio fueron las extintas Farc, en este momento la JEP estudia si asume competencia o no frente al caso, razón por la cual han llamado a la exsenadora a que explique sus versiones, así como a otros miembros de la extinta guerrilla como el senador del partido Comunes Carlos Antonio Lozada.Sin embargo, los familiares de Gómez Hurtado han pedido que no se asuma competencia en el caso pues, para ellos, los miembros de la extinta guerrilla no han podido demostrar ser los responsables, e incluso pidieron la expulsión de Lozada de esta jurisdicción por lo que consideran que ha tenido un testimonio inconsistente y poco detallado en el caso.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remite por competencia privativa, preferente y prevalente de la Jurisdicción Especial para la Paz la indagación que se adelanta contra los senadores Pablo Catatumbo y Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada.Le puede interesar: La decisión de abrir indagación se da luego de que el 13 de octubre de 2020 se hizo pública la carta con la que el antiguo secretario de las Farc reconoció los crímenes de Álvaro Gómez Hurtado y el del congresista Pablo Emilio Guarín, el del exguerrillero José Fedor Rey, el profesor Jesús Antonio Bejarano y el del general en retiro Fernando Landazabal Reyes.Sin embargo, la investigación que adelantaba la Corte Suprema, según la Sala de instrucción: “resulta competencia privativa, preferente y prevalente de la JEP”, debido a que tanto la Fiscalía como la Jurisdicción Especial para la Paz han tenido competencia en este caso y además, las investigaciones contra la extinta Farc son competencia de esta jurisdicción.
Tal y como lo había anunciado la familia del asesinado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado presentó ante la Sección de Apelación de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de la Jurisdicción Especial de Paz el recurso de apelación contra la decisión de esa justicia transicional de no abrir el incidente de desacato en contra de Carlos Antonio Lozada.Su sobrino, Enrique Gómez, ratificó que sí procede la expulsión por las inconsistencias que habría tenido el testimonio del exjefe guerrillero y hoy congresista, en referencia al magnicidio de Gómez Hurtado, ocurrido hace 26 años.“Para nadie es un secreto que el relato del compareciente respecto al homicidio del señor Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir es oscuro, impreciso y poco detallado, carente por completo de pruebas”, dice.En el documento, presentado en las últimas horas, el argumento principal es que hay una obligación de quienes firmaron el acuerdo de paz a contribuir con la verdad como una garantía esencial para mantener los beneficios.“Aquí olvida la SRVR los criterios enseñados por la Corte Constitucional en la sentencia C-080 de 2018, especialmente, el de contribuir a la verdad como una garantía esencial para mantener los beneficios que gozan los comparecientes y que se derivan de los acuerdos de paz y el A.L 01 de 2017 (…) Razones válidas que permiten establecer, que la SRVR debió proceder a aperturar el incidente de incumplimiento”, señala la apelación conocida este lunes.Una vez se resuelva este recurso se sabrá si la JEP mantiene la decisión o acoge esta nueva solicitud de expulsar a Julián Gallo.Vea el documento: Le puede interesar. Escuche Cuatro Punto Cero:
El senador del partido Comunes Carlos Antonio Lozada rechazó las declaraciones de Rodrigo Granda, quien era conocido como el canciller de las Farc.Granda aseguró en un evento del aniversario de los cinco años de la firma del acuerdo de paz, que los secuestrados no fueron obligados a trabajos forzados.El senador Lozada manifestó que aunque no conoce lo que dijo Granda rechaza este tipo de pronunciamientos por parte de miembros del partido.“Pienso que está profundamente equivocado, es una declaración fuera de todo contexto, no la comparto, por su puesto, me parece que es vulnerar más los derechos de las víctimas y llamo a los compañeros del partido a que sean más prudentes en esas declaraciones”, afirmó.Por su parte, el general (r) Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado por 12 años, piensa que las Farc continúan utilizando un lenguaje que justifica los actos cometidos durante el conflicto.“En el caso de la esclavitud pretenden justificar estos hechos, los cuales nosotros fuimos obligados allí bajo las amenazas de armas de fuego a hacer esos trabajos”, aseguró Mendieta.
Se cumple un año desde que las Farc admitieron haber asesinado al candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado y al exministro de Defensa, general Fernando Landazábal. Sin embargo, BLU Radio conoció en primicia que la JEP ordenó una serie de pruebas para agilizar la investigación sobre dichos asesinatos y determinar si existen contradicciones en la versión que Carlos Antonio Lozada, actual congresista del partido Comunes, entregó a la Justicia Especial para la Paz sobre ambos crímenes.Según conoció en primicia Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de BLU Radio, la JEP busca establecer si Lozada “habría dado declaraciones periodísticas con versiones que contradicen las entregadas en la Justicia Transicional”.Además, en el documento que está en poder de BLU Radio, el abogado de la familia del exministro Landazábal pide a la Comisión de la Verdad aportar la versión dada por Carlos Antonio Lozada sobre la estructura y el funcionamiento de la RUAN (Red Urbana Antonio Nariño), que según el exjefe guerrillero fue la responsable del asesinato de Álvaro Gómez y el general Fernando Landazábal.Lo que también llama la atención y lleva a la JEP a ordenar las pruebas es que alias ‘Robinson’, exintegrante de esa guerrilla, dijo en una entrevista que las Farc sí habían asesinado a Landazábal y a Álvaro Gómez Hurtado pero que dicho crimen no lo había cometido la RUAN, contrario a lo que Lozada había dicho ante la Justicia Especial para la Paz.Finalmente, la defensa de Landazábal pidió que se cite a Lozada a la “audiencia de solicitud de práctica de pruebas mencionada por Lozada”, que se adjunte al caso la evidencia que se tenga del computador de alias 'El Mono Jojoy' y la declaración del entonces presidente Andrés Pastrana, de Álvaro Leyva, negociador de paz de la época y Víctor G Ricardo, comisionado de paz en ese entonces, sobre el asesinato de Landazábal.
El debate sobre el Presupuesto General de la Nación para el próximo año ha tomado un rumbo definitivo en el Congreso de la República. El representante Alfredo Ape Cuello, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, confirmó que la propuesta presupuestal, fijada en un monto total de 634.9 billones de pesos, no se financiará con una reforma tributaria o nuevos gravámenes para los ciudadanos, sino mediante una profunda dependencia del crédito nacional e internacional.Según explicó Cuello, esta decisión marca una diferencia sustancial frente a discusiones de años anteriores. "El gobierno ha dicho reiteradamente que no hará que no creará nuevos impuestos. El Congreso tampoco quiere crear nuevos impuestos. El gobierno propone una dependencia muy fuerte de la deuda externa e interna para financiar este presupuesto", afirmó el legislador, señalando que el monto representa un reto fiscal histórico para el país. El reto de pagar deuda con más deudaUna de las principales preocupaciones en el legislativo radica en la estructura de financiamiento propuesta por el Gobierno Nacional. Cuello reveló que la nación tendrá que asumir "un reto de más de 230 billones de pesos en crédito, incluido aquellos que van para el pago de intereses, o sea, crédito, créditos para pagar intereses de crédito".Para viabilizar este modelo de financiación, el parlamentario advirtió que será indispensable tramitar un nuevo cupo de endeudamiento en el Congreso de la República, dado que las autorizaciones previas de la Ley 2382 de 2024 (que facultaba créditos hasta el año 2026) están próximas a agotarse antes de que finalice el año en curso."Este presupuesto está equilibrado porque no crea nuevos impuestos, sino que acude a la deuda" , defendió el congresista. Aclaró que, a diferencia de los presupuestos del pasado que dependían de reformas tributarias para crear nuevos gravámenes a los colombianos, esta propuesta cuenta con un ambiente político favorable para su aprobación, prevista para definirse en su techo el próximo lunes.A pesar del optimismo gubernamental sobre el trámite legislativo, Cuello no ocultó los riesgos que acarrea vivir "al debe" a mediano y largo plazo. El incremento del presupuesto es de 59.25 billones de pesos respecto al año anterior, y la totalidad de ese aumento se respaldará con créditos. Esta situación implicará presiones significativas para las futuras generaciones de colombianos"Indudablemente nosotros vamos a pagar muchísimo más intereses deuda y capital deuda hacia futuro. Es lógico, nos estamos endeudando mucho más y el país necesita responder con crecimiento económico para poder absorber en el futuro esa mayor cantidad de deuda", advirtió el presidente de la Comisión Tercera.El desbalance en las cuentas es evidente: del presupuesto total, 393 billones de pesos se destinarán al funcionamiento del Estado, mientras que para el pago de deudas, intereses y amortizaciones se irán 155.4 billones de pesos, una cifra que prácticamente duplica los cerca de 87 billones de pesos disponibles para inversión pública.Cuentas claras y debates "sobre la mesa"En respuesta a las tensiones políticas de las últimas semanas y a la intención del Gobierno de mantener relaciones transparentes con el Congreso, Cuello destacó un cambio sin precedentes en la metodología de concertación. Las tradicionales reuniones a puerta cerrada en las salas de juntas del Ministerio de Hacienda han sido abolidas. "Ya la discusión de ponentes no se hace a partir de ayer en una sala del Ministerio de Hacienda, sino que la estamos haciendo públicamente. Ayer la hicimos en el salón de la plenaria, todos los colombianos la pueden escuchar y a partir de hoy nos trasladaremos al salón Boyacá", puntualizó Cuello. El representante insistió en que "el que tenga un proyecto de interés regional debe proponérselo a Colombia para que no haya misterios", ratificando el compromiso del Congreso con una discusión abierta de cara al país antes del límite del primer debate programado para el próximo 25 de septiembre. Escuche aquí la entrevista:
Luego de conocerse el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional tras el terremoto del pasado 10 de agosto, y de confirmarse que Santander quedó incluido entre los territorios cobijados por la medida, el gobernador Juvenal Díaz explicó cuál será la destinación de los recursos que pueda recibir el departamento.El mandatario departamental señaló que el dinero estará destinado exclusivamente a atender las afectaciones que el sismo haya ocasionado o agravado en la infraestructura de los colegios públicos de Santander.“Eso nos ayuda para arreglar algunas instalaciones que fueron averiadas, pero hay que tener mucho cuidado”, afirmó Díaz, quien además hizo un llamado a los alcaldes y funcionarios para que los daños sean reportados con precisión y no se incluyan en la emergencia problemas de infraestructura que ya existían antes del terremoto.El gobernador explicó que varios municipios ya reportaron ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres las instituciones educativas que presentaron afectaciones después del movimiento sísmico. Estos reportes fueron tenidos en cuenta para la inclusión de Santander en el decreto de emergencia.La situación también fue evidenciada en Bucaramanga. La secretaria de Educación, Martha Guarín, informó que después del sismo fueron identificadas 56 sedes educativas con afectaciones en su infraestructura, entre ellas grietas, movimientos en algunos muros y daños en cubiertas.“Aunque nosotros no fuimos una de las ciudades más afectadas, el hecho de que tengamos la infraestructura deteriorada implicó que tuviéramos 56 sedes educativas identificadas”, explicó la funcionaria.Guarín indicó que este reporte ya fue entregado al Ministerio de Educación Nacional y que la administración municipal también cuenta con un inventario de las instituciones que presentan problemas de infraestructura desde antes del terremoto.
Una motocicleta puede comenzar a presentar señales de desgaste antes de que aparezca una falla grave, como ruidos inusuales, pérdida de potencia, dificultad para arrancar o un consumo excesivo de aceite, que son algunos de los síntomas que pueden advertir que el vehículo necesita una revisión.En motocicletas de menos de 200 cc, una reparación de motor puede costar entre $500.000 y $3 millones, dependiendo de la gravedad de la falla, de acuerdo con Hero Motos Colombia.Por eso, el mantenimiento preventivo resulta clave para detectar posibles problemas antes de que deriven en reparaciones de mayor costo.Señales de desgaste que no deberían ignorar los motociclistasEntre los principales síntomas que pueden indicar que una motocicleta necesita revisión están:Consumo excesivo de aceite o presencia de fugas.Ruidos metálicos, vibraciones o pérdida de potencia.Dificultad para arrancar o apagados repentinos.Luces débiles o fallas frecuentes en el sistema eléctrico.Mayor distancia de frenado o vibraciones al frenar.Desgaste irregular de las llantas o pérdida frecuente de presión.Según Hero Motos Colombia, cuando aparece alguno de estos síntomas se recomienda suspender el uso de la motocicleta cuando las condiciones lo permitan y solicitar una revisión en un centro de servicio autorizado.La razón está en que una anomalía que inicialmente puede requerir una intervención menor puede evolucionar hasta convertirse en una reparación de mayor complejidad.¿Cada cuánto debe revisarse una moto?Además de atender cualquier señal de alerta, los motociclistas deben realizar controles periódicos sobre diferentes componentes de la motocicleta. Entre las revisiones básicas están el nivel de aceite, el estado y presión de las llantas, los frenos, las luces y la tensión y lubricación de la cadena.Depende de la marca. Por ejemplo, Santiago Arbeláez, director de Posventa de Hero Motos, explicó que en las motocicletas de la marca la primera revisión debe realizarse a los 500 kilómetros o 60 días después de la entrega, lo que ocurra primero.Posteriormente, las revisiones se realizan cada 3.000 o 5.000 kilómetros, según el fabricante. También se recomienda utilizar los productos indicados por el fabricante, evitar sobrecargas y mantener hábitos de conducción responsables.¿Por qué es clave respetar el mantenimiento por kilometraje?No cumplir con las revisiones programadas puede hacer que diferentes componentes de la motocicleta acumulen desgaste sin que necesariamente exista una señal evidente al comienzo.Entre las consecuencias asociadas a descuidar el mantenimiento están:Mayor consumo de combustible.Sobrecalentamiento del motor.Desgaste acelerado de piezas internas.Pérdida de potencia.Fallas en los frenos o la transmisión.Disminución de la vida útil de la motocicleta.Por eso, el mantenimiento preventivo permite identificar problemas antes de que evolucionen y ayuda a reducir la necesidad de reparaciones correctivas de mayor costo a mediano y largo plazo.
Una llamada que difícilmente olvidará. Lucas Francesco Murillo García, el niño de siete años que se encuentra hospitalizado en Santander mientras recibe atención especializada por una compleja cardiopatía congénita, recibió una sorpresa de su ídolo futbolístico, el colombiano Luis Díaz.El momento fue posible gracias a la gestión de la primera dama, Ana Lucía Pineda, y la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, que conocieron la historia del menor y supieron que uno de sus grandes sueños es convertirse en futbolista y que su jugador favorito es precisamente Luis Díaz.“Hoy pudimos llevarle al hospital un saludo de su ídolo, y su sonrisa nos recordó que un pequeño gesto puede convertirse en una gran esperanza”, señaló la Fundación Colombia Luz y Sonrisas en sus redes sociales.El saludo llegó mientras Lucas permanece bajo cuidado médico en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca, hasta donde fue trasladado el pasado 31 de agosto desde Cúcuta en un avión ambulancia.La historia del menor se hizo conocida en todo el país después de que él mismo publicara un video en el que le pidió ayuda al presidente Abelardo De La Espriella para acceder a los procedimientos médicos que necesitaba. Lucas nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una enfermedad en la que el lado izquierdo del corazón no se desarrolla adecuadamente.A sus siete años, el menor ya ha sido sometido a tres cirugías de corazón abierto y utiliza oxígeno de manera permanente. Además, presenta cianosis e hipertensión pulmonar, condiciones que han obligado a los especialistas a evaluar cuidadosamente cuál será el siguiente paso en su tratamiento.Tras la difusión de su historia, la Nueva EPS gestionó su traslado a Santander para que fuera valorado por especialistas de la Fundación Cardiovascular. Allí los médicos deben determinar si Lucas puede ser sometido a una cirugía de Fontan o si, debido a la complejidad de su condición, debe avanzar en el proceso de evaluación para un posible trasplante cardíaco.En medio de esa batalla médica, el mensaje de Luis Díaz se convirtió en una pausa para Lucas y su familia. La Fundación Luz y Sonrisas contó que esperan que el pequeño pueda conocer personalmente al futbolista en el futuro.“Gracias, Lucho, por regalarle este momento a Lucas. Esperamos de corazón que puedan conocerse muy pronto”, expresó la organización.Por ahora, mientras continúa su proceso médico en Santander, Lucas mantiene vivo uno de sus sueños: algún día convertirse en futbolista. Y este martes, al menos por unos minutos, su ídolo se hizo presente para regalarle una sonrisa en medio de una difícil lucha por su salud.
La compañía petrolera Geopark iniciará la explotación del bloque Baré, ubicado en la Faja del Orinoco, Venezuela, con una inversión proyectada de 6.800 millones de dólares. El objetivo de la petrolera es reactivar cientos de pozos y aumentar de manera significativa su producción en los próximos años.Felipe Bayón, presidente de Geopark y exdirector de Ecopetrol, confirmó en diálogo con Mañanas Blu la entrada de la compañía al sector de hidrocarburos venezolano. El directivo explicó que la decisión fue tomada después de un análisis técnico, operativo, regulatorio y jurídico sobre las condiciones para desarrollar actividades petroleras en Venezuela.Geopark busca multiplicar su producción petroleraEl proyecto en el bloque Baré representa una de las principales apuestas de expansión de Geopark en América Latina. Según explicó Bayón, la compañía busca elevar su producción actual, que se encuentra entre 27.000 y 28.000 barriles de petróleo diarios, hasta un rango de entre 85.000 y 95.000 barriles diarios en 2030.El incremento de la producción también tendría un impacto significativo en los resultados financieros de la compañía. De acuerdo con las proyecciones presentadas por Bayón, el EBITDA de Geopark podría pasar de aproximadamente 280 millones de dólares anuales a cerca de 1.200 millones de dólares.La estrategia contempla la recuperación y reactivación de cientos de pozos en el bloque Baré, uno de los activos petroleros ubicados en la Faja del Orinoco, una de las principales regiones productoras de hidrocarburos de Venezuela.Felipe Bayón defiende la inversión de Geopark en VenezuelaLa decisión de invertir en Venezuela se produce en medio de un escenario político, económico y regulatorio complejo. Sin embargo, Bayón aseguró que Geopark considera que existen actualmente condiciones para desarrollar sus operaciones en el país. Al ser consultado sobre la seguridad de invertir en territorio venezolano, el presidente de Geopark respondió de manera afirmativa y explicó que la empresa realizó una revisión detallada de los aspectos operativos, regulatorios y jurídicos de la operación.El ejecutivo señaló además que la compañía trabaja bajo el cumplimiento del marco establecido por la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La entrada de Geopark al bloque Baré fue precedida por varios meses de conversaciones con PDVSA y el Gobierno venezolano. Según Bayón, las conversaciones comenzaron a principios de 2026 y permitieron evaluar las condiciones técnicas y legales necesarias para avanzar con el proyecto.Geopark tendrá el 65 % del bloque BaréEl acuerdo establece una participación del 65 % para Geopark y del 35 % para el Estado venezolano. Antes de que la petrolera asuma formalmente el control del campo habrá un periodo de transición de hasta 120 días, durante el cual se deberán completar los procedimientos necesarios para el perfeccionamiento del contrato. Una vez concluida esta etapa, Geopark comenzará formalmente las operaciones destinadas a recuperar la producción del bloque Baré.El papel del Grupo Gilinski en la llegada a VenezuelaLa expansión de Geopark en Venezuela también está relacionada con la participación del Grupo Gilinski, encabezado por Jaime Gilinski, quien recientemente se convirtió en el accionista mayoritario de la petrolera. Bayón explicó que el grupo empresarial tuvo un papel relevante en los primeros acercamientos con PDVSA y en la identificación de oportunidades de inversión en Venezuela.Según el presidente de Geopark, Jaime y Gabriel Gilinski cuentan, a través de algunas de sus compañías, con inversiones en Venezuela desde hace varios años. Esa presencia permitió explorar nuevas oportunidades en el sector petrolero venezolano: “Los Gilinski, en particular Jaime y Gabriel, que tienen a través de algunas de sus compañías inversiones en Venezuela de hace ya algún tiempo, ya hace varios meses trajeron la posibilidad de ir a Venezuela y reunirnos con la gente de PDVSA a mirar el tema técnico de oportunidades potenciales”, explicó Bayón.El directivo también confirmó que durante este año ha viajado en varias ocasiones a Venezuela para conocer y evaluar las capacidades técnicas del activo.Geopark mantiene su interés en el fracking en ColombiaLa expansión de Geopark en Venezuela no significa que la compañía haya dejado de mirar oportunidades en Colombia. Bayón aseguró que ambos mercados pueden ser complementarios y confirmó que la petrolera mantiene su interés en desarrollar proyectos de hidrocarburos no convencionales en el país.“Estamos viendo posibilidades para hacer fracking y no convencionales en Colombia”, afirmó el ejecutivo. Entre las zonas que la compañía considera con potencial se encuentran el Valle Medio del Magdalena y La Guajira. Sin embargo, cualquier proyecto dependerá de las condiciones regulatorias que existan en Colombia.Geopark ya cuenta con experiencia en la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, Argentina, donde desarrolla operaciones mediante técnicas de fracturamiento hidráulico.Bayón señaló que la compañía trabaja actualmente en las posibilidades de inversión en Colombia, aunque evitó anticipar fechas concretas para eventuales proyectos. Los detalles, explicó, se conocerán a medida que avancen los planes. Por ahora, la prioridad de Geopark está puesta en completar la transición del bloque Baré en Venezuela y comenzar la reactivación de cientos de pozos en la Faja del Orinoco, con la meta de aumentar sustancialmente su producción petrolera antes de 2030.