En diálogo con Mañanas Blu, el exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta expresó su profunda preocupación por la creciente laxitud en la vigilancia de la participación en política de los servidores públicos en Colombia. Arrieta fue enfático en señalar que las normas actuales son claras y que la aparente impunidad no se debe a vacíos legales, sino a una preocupante carencia de voluntad política por parte de las autoridades competentes. Las redes sociales no son "el sofá de la casa"Frente a las declaraciones del actual procurador, quien sugirió que las cuentas personales en redes sociales podrían considerarse espacios privados similares al hogar de un funcionario, Arrieta manifestó un desacuerdo total. Según el exprocurador, "las redes sociales hoy en día es un instrumento de comunicación como cualquier otro, la plaza pública, el periódico, la televisión, cualquier cosa".Para el jurista, el alcance masivo de estas plataformas anula cualquier pretensión de privacidad cuando se trata de servidores públicos. "Independientemente que la cuenta sea privada, pública, financiada por la persona o por el Estado, desde que le llegue al público y sea de un servidor público, debería estar censurada", afirmó, insistiendo en que "la conducta es inadmisible desde cualquier punto de vista".Críticas a las maniobras en campañas electoralesArrieta también calificó como una "tinterillada" el uso de espacios con cerramientos para evadir la prohibición de realizar eventos masivos en la última semana antes de los comiciosA su juicio, la ley busca transparencia y evitar reuniones políticas masivas, por lo que el argumento de si el lugar es abierto o cerrado carece de relevancia jurídica. "Insistir que porque está cerrado o porque está abierto... parece que es simplemente una tinterillada y que realmente en ambos casos está violando la ley", sentenció. Falta de sanciones y el caso del presidente PetroEl exprocurador se refirió específicamente a las investigaciones contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusación por su actividad en redes. Arrieta sostuvo que muchos de estos casos son de "flagrancia" y no requieren investigaciones sofisticadas. "Eso no requiere mayor investigación, es un típico caso de flagrancia. Ya debería haber en este momento... planteamientos ante la Cámara de Representantes donde se solicite la acusación al presidente", señaló. Defensa de la inmediatez disciplinariaFinalmente, Arrieta se mostró contrario a la propuesta de trasladar las facultades sancionatorias de la Procuraduría al poder judicial, argumentando que la justicia ordinaria es demasiado lenta para la eficacia que requiere el control electoral. "La reacción contra participación en política tiene que ser inmediata. Si no es inmediata, no tiene sentido", explicó, añadiendo que si se traslada al poder judicial, las sanciones llegarían meses después, convirtiéndose en algo meramente "simbólico".Arrieta concluyó haciendo un llamado a las instituciones para que den un ejemplo de fortaleza en las próximas semanas electorales: "Es cuando tenemos que dar un ejemplo al país de que las instituciones sí sirven".
El debate sobre la participación del presidente Gustavo Petro en política se ha intensificado, especialmente de cara a las elecciones de 2026, una preocupación inicialmente planteada por figuras como Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).Al respecto también se pronunció el exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta, quien ofreció una postura categórica, asegurando que la participación presidencial en asuntos partidistas se convirtió en una "conducta absolutamente normal durante los últimos años" y algo que "nunca se había visto en país".“Claro que el presidente está participando en temas partidistas. Es que no hay ninguna duda”, señaló el exprocurador en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, al señalar que, aunque existían normas y "comportamientos ideales" que prohibían tales participaciones, al presidente “se le olvidó” por completo que existen restricciones.En ese sentido, Arrieta insistió que, pese a ley, lo que resulta más preocupante es que "no hay nadie que las esté controlando” o que le ponga un alto a ese tipo de pronunciamientos que implican participación política.Si bien Arrieta reconoció que históricamente “no existen límites claros y nunca lo han existido” respecto a la participación, siempre ha habido un "comportamiento básico de no intervenir en política partidista, de no hacer pronunciamientos públicos y de no interferir activamente".Por eso, dijo que esta situación no tiene ningún precedente y es una violación de la Constitución y la ley: “Yo no tengo ninguna duda sobre eso", aseveró.Mencionó que el límite que no debe cruzarse es la "sensatez", es la franja de "hablar públicamente sobre una serie de temas que son parte del debate electoral” y que eso es lo que “no debería hacer un funcionario público".El aspecto más novedoso y sancionable, a su juicio, es “esa agresividad verbal tan fuerte” por parte de algunos candidatos, del presidente de la República y algunos ministros en el tema electoral.Incluso, sobre pronunciamientos específicos de ministros, Arrieta consideró que, en el fondo, sí hay participación política. La regla esencial es no "interferir el proceso electoral” y, añadió, de eso se trata.La razón fundamental por la cual un gobernante electo no debe inmiscuirse en política, explicó, se basa en un principio básico de la democracia: “El gobernante electo no debe participar porque no debe interferir en resultados electorales”,Ante esta participación política, según él, la cuestión recae en los organismos de control. Por eso, lamentó que estas instituciones "prendieron un poco al norte de su función por completo".Históricamente, existía "un principio de respeto" hacia la institucionalidad y la sola palabra de la Procuraduría era "castigo suficiente". Sin embargo, cree que estas entidades "se han ido dibujando con el tiempo y dejaron de hacer ese papel".
Este jueves, la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó, tras años de litigios, que Colombia violó su obligación “internacional de respetar los derechos y jurisdicción de Nicaragua sobre su zona económica exclusiva”, es decir, que interfirió con actividades de pesca e investigación marítima, por lo que, ahora, la Armada Nacional tendrá que “cesar” algunas labores en la zona de los archipiélagos.Así, Colombia violó tres derechos o conductas fundamentales, según detalló en Mañanas BLU Carlos Gustavo Arrieta, agente de Colombia en La Haya: labores ambientales que no correspondían, la Armada no respetó parámetros y, más importante, se excedió de las 24 millas establecidas por el Derecho Internacional.1. La corte considera que se adelantaron labores de control ambiental en el área y “no tenían competencia para eso”, pues toda responsabilidad ambiental es del país costero, es decir, el titular, que en este caso es Nicaragua.2. Algunas actitudes de la Armada en la zona no respetaron parámetros de derechos internaciones, particularmente, en la manera en cómo se comunicaron sobre los derechos de Colombia, que “no corresponde a lo que realmente quiere el país”.En este punto, Arrieta aclaró que la Armada comunicó mal los intereses y derechos existentes que tiene Colombia en el territorio, pero, de acuerdo con el fallo, podrá seguir ejerciendo sus labores de control de narcotráfico, patrullajes y demás. Sin embargo, solo podrá hacerlo dentro de las millas de aguas internacionales que correspondes, sin excederse de las 24.“La armada colombiana puede seguir en el área, pero no puede hacer labores de control ambiental. Puede seguir con los trabajos de control de narcotráfico y vigilancia. No se puede meter en 12 millas del mar que corresponde a Nicaragua”, aseveró.3. La corte indicó que Colombia excedió las 24 millas que delimitaba las zonas contiguas de todas las islas que componen el Archipiélago, que ya estaba enmarcado en el decreto del 2014. El agente de Colombia en La Haya señaló que el gobierno colombiano tomó la decisión “de unir unos círculos que rodeaban las zonas” y esto, según la corte, infringió los derechos.Así, Colombia perdió “derechos económicos en una zona exclusiva”, que corresponden a aguas internacionales.Arrieta concluyó que las determinaciones de Corte Internacional de Justicia fueron “positivas” para el país, pues Nicaragua pedía “se condenara a Colombia por incumplimiento y perjuicios”, pero la corte considera que esta decisión es “suficiente reparación y no condena para nada a Colombia”.Derechos de Colombia tras el fallo“La corte reconoce la existencia de una actividad de pesca, reconoce que los raizales tienen derecho de transitar por la zona y les pide a los países que protejan esto. La corte no reconoce derechos históricos o ancestrales, pero sí que la comunidad lleva allá años ancestrales y que pueden seguir pescando sin limitaciones, pero debe establecerse unas reglas entre los países”.AntecedentesEn noviembre de 2012, la CIJ otorgó a Nicaragua un área de aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.El fallo dejó en la práctica a cayos de soberanía colombiana rodeados por aguas nicaragüenses, y por ello el Gobierno anunció que la decisión sería acatada pero no implementada.Posteriormente, Colombia se retiró del Pacto de Bogotá, un instrumento que reconoce precisamente la jurisdicción de la Corte en La Haya para esta tipo de disputas.En ese escenario, los dos países se acusan mutuamente de no respetar los compromisos asumidos por el fallo de 2012. Nicaragua presentó en 2013 una nueva demanda para exigir que la CIJ presione a Colombia a abstenerse de utilizar la fuerza o las amenazas, no violar los espacios marítimos ni atropellar los derechos nicaragüenses a la luz del derecho consuetudinario.
El agente del país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Carlos Gustavo Arrieta, en entrevista con BLU Radio, dijo que se tendrá que modificar el decreto de 2014 sobre las zonas contiguas, tras el fallo del tribunal que, este jueves, le pidió a Colombia, “cesar de forma inmediata su conducta” en aguas nicaragüenses en el Caribe.Arrieta admitió que la CIJ considera que Colombia violó algunos derechos nicaragüenses, pero consideró que el 80 u 85% de lo que pretendía el país se logró.“Considera que violamos los derechos de Nicaragua por tres razones: adelantamos labores de control ambiental y no tenemos competencia para eso, la corte considera que algunas actitudes de comunicaciones de la Armada no respetaron parámetros del derecho internacional y, en algunos apartes, nos excedemos en las 24 millas que se establecieron”, explicó.En ese sentido, el abogado aclaró que se deberá modificar el decreto de 2014 que creó las zonas contiguas integrales, que es la unión de las zonas que integran el archipiélago.“Como eso resultaba en una especie de círculos que rodean las zonas contiguas, el Gobierno (mediante ese decreto) tomó la decisión de unir los extremos de los círculos con unas líneas geodésicas para una mejor administración de la zona. La corte considera que al hacer esas líneas, Colombia excedió las 24 millas náuticas a que tenía derecho y nos pide que delimitemos estas áreas”, añadió.Arrieta explicó que con el fallo de este jueves los islotes de Serrana y Quitasueño seguirán rodeados de aguas nicaragüenses, pero existe alrededor de ellos una zona sobre la cual Colombia puede hacer acciones de control y vigilancia.“Ya no quedaron desarticulados, rotos y aislados los dos islotes, sino, en la medida que ya existe sobre ellos esa unidad de control y vigilancia del Estado Colombiano, se da una especie de reintegración del territorio”, puntualizó.Dijo que la CIJ no prohibió la actividad pesquera en la zona, pero sí pidió a Colombia y Nicaragua regular esta actividad.“Colombia seguirá haciendo presencia en la zona. La Armada seguirá estando allá. El tema de soberanía no cambia”, puntualizó.Sin embargo, dijo que el fallo sí limita, por completo, la pesca industrial en aguas nicaragüenses, pero no la de los los raizales, que podrán pescar en los lugares donde tradicionalmente lo han hecho.Arrieta concluyó que espera que este sea el último pronunciamiento del tribunal sobre este caso, aunque admitió que aún queda por resolver la demanda de Nicaragua sobre la plataforma continental.
“Esto es una determinación desconcertante y muy mortificante porque es una determinación que, a juicio nuestro, no tiene un sustento jurídico, claro es una decisión contradictoria y que desconoce las misma decisiones de la Corte en fallos anteriores”, indicó Arrieta. “Colombia la considera importuna que no debía haber ocurrido y es una decisión que no deja tranquilos a los colombianos”, agregó. Arrieta aclaró que una primera demanda era por el incumplimiento de Colombia al fallo entregado por la CIJ en 2012, a la cual el Tribunal se declaró competente, sin embargo indicó que frente a las pretensiones del país centroamericano para el estudio de una demanda por un supuesto uso de la fuerza por parte de Colombia, la CIJ determinó no conocer los argumentos. (Lea también: ¿Qué viene para Colombia tras decisión de no comparecer ante La Haya?). “Eran dos demandas, una primera por incumplimiento donde Nicaragua alegaba que Colombia había incumplido el fallo de 2012 y que Colombia estaba violando los derechos de Nicaragua, en esa demanda la Corte se declaró competente para estudiar, la otra mitad de la demanda se declaró incompetente simplemente porque no había un prueba de un supuesto uso de la fuerza”, señaló Arrieta. Para el futuro inmediato el agente de Colombia en La Haya señaló que las cosas seguirán como venían y la geografía colombiana no se verá alterada. “En términos prácticos no cambia nada, seguimos en las decisiones que veníamos y el hecho de que Colombia no reconozca jurisdicción de la Corte o que no comparezca no quiere decir que el proceso se interrumpa, el proceso sigue, la Corte va a tomar una decisión y en ese momento Colombia tendrá que determinar si acta o no acata el fallo”, dijo Arrieta. En caso de un fallo que favorezca a Nicaragua, Arrieta dijo que “perderíamos cualquier derecho a los recursos del suelo o del subsuelo en esa parte del mar”, y agregó que este episodio debe dejar enseñanzas claras al país frente a las estrategias jurídicas y políticas que debe adelantar en estos campos.
“Estoy absolutamente sorprendido por una decisión que no fue para nada ajustada a derecho. Considero que la Corte se equivocó en materia grave al desconocer su propia jurisprudencia”, expresó. (Lea también: Colombia no seguirá compareciendo ante CIJ de La Haya por demanda de Nicaragua) Agregó que el solo hecho de haber pasado por encima de la cosa juzgada “pone de presente lo precaria que es la posición legal de la Corte”. La CIJ se declaró competente para juzgar la demanda en la que el Gobierno de Daniel Ortega pidió al tribunal que le conceda una plataforma más allá de las 200 millas náuticas desde su costa en el mar Caribe.
“Creemos, que en derecho, la Corte le debería dar la razón al país, es decir, debería no asumir competencia ni el caso de incumplimiento ni en el caso de la plataforma continental extendida”, dijo. (Lea acá también: Es mejor vivir un siglo de tensiones diplomáticas que entregar el mar: Uribe). De otro lado, aseguró que por la información que ha recibido de la Cancillería, la ministra María Ángela Holguín tuvo una reunión muy positiva con las bancadas, incluida la oposición. (Vea acá también: CIJ definirá si es competente en demandas de Nicaragua contra Colombia). La primera querella es del 16 de septiembre de 2013 cuando Nicaragua pidió a la CIJ concederle una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas desde su costa en el Caribe, ambición rechazada tajantemente por Bogotá. La otra es del 26 de noviembre del mismo año, cuando Managua argumentó que Colombia incumple el fallo del 19 de noviembre de 2012 mediante el cual La Haya redefinió los límites marítimos entre ambos países.
“Pido a los colombianos que lo hagan también porque es un tema de mucho interés para nuestro país y ojalá salgamos de estos litigios ya”, indicó. El jurista agregó que en el escenario que a Colombia no le vaya bien, como consecuencia de eso no se perdería “un milímetro de su territorio marítimo”, pues iniciaría una nueva batalla jurídica: “Apenas estaríamos en condiciones de comenzar los procesos”. (Lea también: CIJ definirá si es competente en demandas de Nicaragua contra Colombia) Arrieta enfatizó en que la demanda de Nicaragua no tiene sentido porque la misma CIJ ya decidió en 2012 al respecto. “En la medida que hay cosa juzgada, la Corte no tendría la posibilidad de volver a juzgar por el mismo tema. Cuando se pronunció en 2012 se dio el debate y la CIJ no sostuvo la petición”, dijo. (Lea también: ¿Por qué Colombia dice que CIJ no es competente para litigio con Nicaragua?) De otro lado, el jurista manifestó que la Corte de La Haya, el próximo 17 de marzo, definirá dos fallos en una sola sesión y los va leer en forma consecutiva: “va leer el fallo sobre el supuesto incumplimiento de parte de Colombia y a continuación leerá el de la plataforma continental”.
Según Arrieta, el país cuenta con argumentos sólidos para demostrar que la CIJ no es competente para continuar con el proceso. "La verdad estamos tranquilos, creemos que Colombia ha hecho el esfuerzo de presentar los argumentos sólidos, contundentes, en algunos puntos, naturalmente nadie puede asegurar que va a ganar, y hay un riesgo en todo proceso pero Colombia cree que ha presentado los argumentos que deben ser acogidos por la Corte", dijo Arrieta. El agente además respalda la idea de Colombia sobre Nicaragua al considerar que este país sigue con una intensión expansionista sobre el Mar Caribe. "Esta pretensión de plataforma extendida es una locura, en caso de que llegara salir airosa eso acaba con todos los tratados que puedan haber en el Caribe, acaba con muchos principios que han sido primordiales para la estabilidad de un sistema que está estable, la verdad creemos que esta es una posición expansionista y no creo que la corte vaya a jugar con esa estabilidad", agregó. Desde la mirada de la canciller Maria Ángela Holguín y Gustavo Arrieta el país está preparado para afrontar cualquier proceso, aseguran que la mirada positiva está en que la Corte se declare no competente pero en caso de ocurrir lo contrario se preparan todas las líneas de ruta que protejan los intereses del país. Escuche en este audio más información sobre: -El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, advirtió que podría abrir una investigación contra el secretario de Transparencia de la Presidencia, tras las denuncia del expresidente Álvaro Uribe en su contra. -A sanción presidencial pasó el proyecto de modificación a la ley de orden público que determinará las zonas de concentración guerrillera y levanta las órdenes de captura a guerrilleros rasos. Santos, a través de su cuenta en Twitter, agradeció a los partidos de oposición, incluido el uribismo, esta aprobación. -La Corte Constitucional determinó que el Gobierno cumplió en el proceso de transición de pensionados del Seguro Social a Colpensiones. -Se complica la crisis diplomática entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente Nicolás Maduro retiró al encargado de negocios en ese país. -Desde esta tarde varias unidades del Ejército Nacional y los bomberos trabajan para controlar un incendio forestal que se registra en la Sierra Nevada. -Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor, propondrá este viernes en la Asamblea que la Liga se juegue a las 11 am, 1, 3 y 5 pm para ahorrar energía. -La Secretaria de Ambiente y varias congregaciones religiosas se comprometieron a proteger el ambiente. -Opiniones encontradas en el Concejo, sugieren que vuelva la rumba extendida pero por sectores bajo un decreto organizado y no por establecimientos. Según algunos, volverán los amaneced eros ilegales y aumentará la inseguridad.
Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió este viernes el centro de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), un sismo que coincide con las fuertes lluvias y el riesgo de inundaciones provocados por el avance de dos tormentas tropicales sobre el archipiélago.El sismo tuvo lugar a las 22:29 hora local (13:29 GMT) y tuvo su epicentro a 20 kilómetros de profundidad en la prefectura de Yamanashi, cerca de la zona conocida como Cinco Lagos en la base del Monte Fuji, según la JMA.La agencia meteorológica indicó que no existe riesgo de tsunami a causa de este terremoto, que se dejó notar con mayor intensidad en la localidad de Fujikawaguchiko, donde se registró un nivel 6 de siete posibles según la escala japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.Por el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales, mientras Japón aguarda la llegada al unísono de dos tormentas tropicales este sábado, Mekkhala e Higos, lo que ha llevado a ordenar la evacuación de unos dos millones de personas en zonas consideradas de riesgo por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.El sismo sigue a otro esta misma mañana de magnitud 5,8, que sacudió el este de Japón y se dejó notar con intensidad en Tokio, así como a uno de mayor intensidad el pasado jueves con una magnitud de 6,9 y que afectó a la parte norte del país, dejando al menos diez heridos según las autoridades.Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
