En medio de tensiones con el ocupante de uno de los predios, la Agencia Nacional de Tierras y autoridades locales en el Bajo Cauca antioqueño lograron la recuperación de dos extensos predios rurales que servirán como preparación para las víctimas del conflicto armado en la subregión.Se trata de los predios La Ilusión, con una extensión de 158 hectáreas, y Marlengo, de 60 hectáreas, ubicado en el corregimiento El Jardín del municipio de Cáceres.Según la Agencia Nacional de Tierras ambos terrenos se encontraban bajo la administración del Fondo de Reparación para las Víctimas y habían sido entregados por los exjefes paramilitares alias ‘HH’ y alias ‘Macaco’ como parte de los procesos de reparación integral a las víctimas de la violencia."Uno de estos predios era, en su momento, ocupado por alias 'Macaco', y en la actualidad estaba siendo ocupado de manera irregular con ganado de levante. Logramos recuperar ambos predios, 210 hectáreas acá en el municipio de Cáceres, para disponerla para campesinos sin tierra", dijo Javier Esteban Marín, asesor de la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras.Particularmente en el caso de La Ilusión, la ANT informó sobre las dificultades para el desalojo del predio por quien lo venía ocupando a través de un contrato dado por finalizado de manera anticipada en el que asumía un canon mensual de apenas un millón de pesos.Según la entidad del Gobierno nacional, tras más de seis horas conversación con el ocupante para explicarle la decisión administrativa y reiterar la necesidad de retirar el ganado y los enseres del lugar, este se negó, por lo que autoridades policiales ordenaron el traslado de los bienes a una bodega en Caucasia y la realización de un inventario de los animales que estaban en el lugar.
Campesinos del municipio de Cáceres recibirán este jueves más de 1.700 hectáreas de tierra que estaban en poder del exjefe paramilitar alias 'Macaco'. Durante la entrega, la Agencia Nacional de Tierras también oficializa 85 títulos de propiedad de propiedadTras un proceso de extinción de dominio en medio de la desmovilización y sometimiento a Justicia y Paz, cuatro predios del exparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco’, fueron adjudicados a asociaciones de campesinos y campesinas víctimas del conflicto armado en el municipio de Cáceres.La entrega oficial la adelantará en la mañana de este jueves la Agencia Nacional de Tierras, en un acto que se llevará a cabo en la centralidad de este municipio del Bajo Cauca antioqueño. Se trata de los predios ‘Las Brisas’, ‘El Topacio’, ‘Pivijay’ y ‘Cumaral’, con 1.704 hectáreas de tierras.Farlin Perea, coordinadora de la Agencia Nacional de Tierras en Antioquia, manifestó que con estas hectáreas se avanza en la implementación de la reforma agraria del presidente Gustavo Petro.“Lo que buscamos es que estas familias puedan trabajar la tierra, que estas familias puedan satisfacer necesidades de sus comunidades para el campesinado antioqueño que bien sabemos que ha sufrido la violencia y el desplazamiento forzado. Y desde luego que Antioquia sea esa defensa agroalimentaria que tanto requiere Colombia”, aseguró.Durante este acto, la entidad también entregará 85 nuevos títulos de propiedad a campesinas y campesinos de Cáceres, que completan 602 títulos con 5.414 hectáreas en este gobierno.“Son títulos de propiedad a familias que van a regresar a esos predios. En este momento se hizo un proceso de barrido predial masivo realizado con el apoyo de Isaí. Familias van a recibir su título. Ellas llevaban décadas esperando ese título que los acreditara como pro como propietarios de sus predios. Ya ellos van a poder estar con esa tranquilidad, esa seguridad jurídica”, aseveró.Con esta entrega, Cáceres se convierte en el municipio antioqueño que más tierra ha recibido durante este gobierno, tras los hechos de despojo y desplazamientos masivos por parte de grupos armados al margen de la ley.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP acaba de negar el sometimiento de Carlos Mario Jiménez, conocido con el alias de 'Macaco' y quien fue comandante del Bloque Central Bolívar. Esta jurisdicción considera, entre otras cosas, que el exjefe paramilitar no cumple con los requisitos para ser aceptado como tercero civil."Ante la Sala, el señor Carlos Mario Jiménez Naranjo no concretó cómo en su supuesta calidad de tercero o como parte de una organización de narcotráfico financió las AUC en el periodo comprendido entre los años 1990 y 1996 antes de formar parte de ese grupo armado ilegal, ni allegó pruebas que la acreditaran; no especificó en concreto cómo lo hizo, en qué montos si se trató de dinero, cómo lo entregó, ni si realizó otro tipo de contribuciones para la financiación o fortalecimiento del grupo armado ilegal de qué manera lo hizo, dónde, con quienes se contactó y, no aportó pruebas que soportaran su relato", señaló la JEP.Además, el sometimiento de 'Macaco' también fue rechazado teniendo en cuenta que la Corte Constitucional determinó que la JEP no tiene competencia para investigar a los paramilitares, solo a exintegrantes de las Farc, la fuerza pública y los terceros civiles."Lo que corresponde es acatar la correcta interpretación y aplicación de las normas, para garantizar la seguridad jurídica, la igualdad de trato en la actividad judicial y mantener la línea jurisprudencial respecto de caso en concreto", agrega la JEP.'Macaco' había presentado el pasado mes de diciembre desistimiento de su solicitud de sometimiento ante esta jurisdicción.
El presidente Gustavo Petro aseguró que el proceso de paz que se desarrolló durante el gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares no había tenido un cierre y por eso anunció una mesa de paz con los exAUC para culminar esas negociaciones. Asimismo, anunció a quienes serían los gestores de paz.“El proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido y para eso le propongo instalar una mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad”, le dijo Petro al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.Además el presidente Gustavo Petro se refirió a los exjefes paramilitares que serían gestores de paz en este proceso. Señalando a Carlos Mario Jiménez, conocido como alias 'Macaco', y a Rodrigo Tovar Pupo, conocido como 'Jorge 40'.“Nosotros nombraremos una representación del Gobierno para mirar cuáles son los vacíos y los incumplimientos del acuerdo que establecieron entre paramilitares y Uribe Vélez”, agregó Petro.Por su parte Salvatore Mancuso aseguró que aunque hace 20 años se entregaron las armas el proceso de las autodefensas no culminó como debería.“Es un proceso inconcluso, se entregaron las armas, pero jamás se cerró el ciclo, es un proceso que lleva más de 20 años sin cerrarse y apenas en este Gobierno se va a cerrar a través de este Gobierno que ha tenido la voluntad para hacerlo”, señaló Mancuso.
En una diligencia liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se recopilaron pruebas contundentes que señalan la culpabilidad del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido como 'Macaco', en el asesinato del líder sindical y exconcejal Luis Carlos Olarte Gaviria en Segovia, Antioquia, el 3 de octubre de 2003.Una juez especializada de Bogotá dictaminó una condena de 23 años, un mes y seis días de cárcel para 'Macaco', por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y concierto para delinquir agravado. Además, se le impuso una multa equivalente a 3.600 salarios mínimos y deberá indemnizar a los familiares de la víctima con 500 salarios mínimos legales mensuales por perjuicios y daños morales.El crimen, perpetrado con armas de fuego por miembros del extinto Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, se debió a las constantes denuncias de Olarte Gaviria sobre la extracción ilegal de minerales en la región, en su rol de exconcejal y vicepresidente del sindicato Sintramienergética.En la indagatoria, 'Macaco' admitió su responsabilidad en el hecho, argumentando que la acción fue ejecutada por hombres bajo su mando, siguiendo órdenes de los líderes de la organización ilegal en ese entonces.Esta sentencia, tras una investigación, llevada a cabo bajo los parámetros establecidos en la ley 600 de 2000, el antiguo sistema penal colombiano.
La JEP citó al exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, conocido con el alias ‘Macaco’, a una audiencia única de verdad para determinar si aceptan o no su sometimiento ante esta jurisdicción, en principio la audiencia iba a ser los días 8 y 9 de noviembre. Sin embargo, ‘Macaco’ presentó una recusación en contra de la magistrada Sandra Jeannette Castro.Por haber sido dependiente funcional de los fiscales generales de la Nación que serán objeto de los aportes que ofrecerá su representado en la diligencia única de verdad, esto es, Mario Germán Iguarán Arana, Viviane Aleyda Morales Hoyos y Néstor Humberto Martínez Neira. Particularmente, en lo que respecta a Mario Iguarán, sobre quien relatará que fue nombrado con la influencia de los grupos paramilitares, explica la JEP en su decisión.‘Macaco’ argumentó que la magistrada fue nombrada fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito Judicial de Bogotá bajo la función nominadora y en la administración del fiscal Mario Iguarán, pero, además, ‘Macaco’ dice que lo extraditaron, supuestamente, para que no contara los detalles que tiene sobre estos temas."Añadió que Carlos Mario Jiménez Naranjo fue extraditado a los Estados Unidos para afrontar un proceso por los delitos de conspiración en actividades de narcotráfico y financiación de grupos terroristas, todo ello con el propósito de apartarlo del proceso de paz, y, evitar que delatara ante la justicia colombiana, los nexos de las AUC con funcionarios de la rama ejecutiva, legislativa y judicial", se lee en la decisión de la JEP.Por esto, alias ‘Macaco’ pidió que la decisión sobre su sometimiento la tomaran funcionarios que no tuvieron vínculos con los fiscales mencionados."En igual forma, incluyó los nombres de diferentes funcionarios judiciales, particularmente, de la Fiscalía General de la Nación, que estuvieron involucrados en el denominado “cartel de la toga”, concluyendo que tiene documentado una serie de “falsos positivos o montajes” destinados a una persecución personal de su prohijado, a su parecer, específicamente gestado por lo que denominó “la cúpula de la Fiscalía”, mencionan los magistrados de la JEP.Sin embargo, la magistrada decidió no aceptar la recusación, argumentando que en las actuaciones adelantadas en contra de ‘Macaco’ durante la Fiscalía de Iguarán, no tuvo injerencia ni emitió conceptos y su nominación por parte del exfiscal Mario Iguarán se llevó a cabo, una vez, superó el concurso de méritos para ser fiscal en propiedad, la recusación fue negada por parte de los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas."Para la Sala, estas afirmaciones se tornan imprecisas, genéricas, carecen de una reseña lógica argumentativa y no son acompañadas por evidencia alguna, Por ejemplo, alegar que entre la magistrada Sandra Jeannette Castro Ospina con la exfiscal de Justicia y Paz, Luz Helena Morales Garay por haber coincidido laboralmente en la Fiscalía General de la Nación en actividades, despachos, unidades o direcciones con mandatos misionales distintos o porque en la actualidad estén vinculadas a la JEP con origen, nominación y funciones diferentes, surgió y se consolidó una amistad cercana que trascienden a las actividades a cargo de cada una de ellas para influir en la objetividad, el desempeño profesional que cumplen en el marco de sus competencias y llegar a influir en la función investigativa y judicial de manera negativa frente al caso del solicitante", señala la JEP.Por otro lado, los magistrados de la JEP señalan que el abogado de ‘Macaco’ no documentó supuestas injerencias de la magistrada sobre los procesos de Carlos Mario Jiménez."En punto a la reclamada apariencia de imparcialidad a la magistrada Sandra Castro Ospina, en el escrito de recusación o en los anexos, no aparece evidencia que revele el sesgo o perjuicios personales de la magistrada recusada en contra de Carlos Mario Jiménez Naranjo. Tampoco hay elementos que permita indicar que tenga ideas preconcebidas sobre los hechos que el aspirante a comparecer debe exponer en la audiencia única de verdad", explicaron los magistrados.Le puede interesar:
Recientemente han circulado versiones, según las cuales Carlos Mario Jiménez, conocido como alias 'Macaco', tendría vínculos con el grupo delincuencial de 'La Cordillera', que opera principalmente en el Eje Cafetero. Sin embargo, el exjefe paramilitar respondió desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia, a esta información, negando cualquier vinculo con la organización."Como es de conocimiento público, hice parte del Estado Mayor de las AUC y comandé el Bloque Central Bolívar. Me desmovilicé en diciembre de 2005, convencido del proceso adelantado con el Estado colombiano, sin embargo, fui extraditado en mayo de 2008 a los Estados Unidos donde purgué 13 años de cárcel efectiva. Nunca volví a hacer parte de ninguna organización al margen de la ley desde mi desmovilización", señaló 'Macaco'.Asimismo, el exjefe paramilitar señaló que los organismos de seguridad del Estado han certificado ante la JEP que no hay investigaciones en su contra posteriores al año 2005, también explicó que sí conoce a algunas de las personas que hacen parte de 'La Cordillera', pero porque gran parte de esa estructura integró el Bloque Central Bolívar y muchas de esas personas que estuvieron bajo su mando no lograron reincorporarse a la sociedad."Hoy en día, mi única intención es colaborar en la solución pacífica y negociada de esas violencias, a través de las iniciativas de paz que venimos desarrollando en los centros penitenciarios, en mi postulación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y mi participación en los diálogos con el Gobierno nacional. Cualquier intento por enlodarme con acusaciones infundadas, no tengo duda, responden al miedo frente a la verdad que quiero aportar ante la JEP", explicó el exjefe paramilitar.Le puede interesar
El Bloque Central Bolívar de las AUC fue una de las estructuras más grandes del paramilitarismo, tenía presencia en 15 departamentos del país y en más de 200 municipios y fue comandado por Carlos Mario Jiménez, conocido como alias 'Macaco'. El Centro Nacional de Memoria Histórica hizo un informe en el cual recolectan información sobre los crímenes cometidos por este bloque, el documento será presentado en la Fiesta del Libro de Medellín"El accionar del Bloque Central Bolívar (BCB) entre 1999 y 2006 dejó tras de sí una huella de muerte, dolor, violencias basadas en género y de ruptura del tejido social que marcó la vida de los territorios afectados por su presencia en quince departamentos y en más de 200 municipios", señaló el CNMH.De acuerdo con el documento, entre 1996 y 2006, en Antioquia, el Eje Cafetero, Risaralda, Caldas, Nariño, Caquetá, Meta y Vichada este bloque cometió 4.449 homicidios selectivos convirtiéndose esta en la modalidad de violencia más usada por la estructura, también se registraron 106 masacres y hay un registro de 1.714 casos de desapariciones forzadas."Es la estructura más grande que operó en el país en materia de frentes y personal desmovilizados. Este tomo final recoge el análisis de lo que fue la actuación de esa estructura desde distintos aspectos: lo relacionado con escenarios de violencia y el accionar del bloque, sus vínculos con la fuerza pública, y el proyecto político del BCB que se desarrolló cooptando poderes locales, regionales y nacionales, por medio del despliegue de comisarios políticos y de alianzas con políticos. También se hacen hallazgos sobre las fuentes de financiación y los impactos del paramilitarismo en la vida de la comunidades", explicó Alberto Santos, investigador y coordinador de los informes sobre esta estructura paramilitar.Además, hay 741 casos asociados a violencia sexual y también el documento hace referencia a casos en los cuales políticos, militares y narcotraficantes terminaron asociándose con la estructura."Sobre la relación del BCB y el narcotráfico hay un preámbulo que reconstruye la participación de narcotraficantes como' 'Memo Fantasma' en la actuación del bloque. Se descubrió un entramado de narcotráfico y política que terminó involucrando, según fuentes periodísticas, a personajes del Gobierno nacional. Además, se hace una reconstrucción de lo que fue la alianza con otros narcos como el Pulpo Invisible y Jhony Cano»", señaló el investigador Santos.Le puede interesar
En segunda instancia, un fiscal de Derechos Humanos confirmó la medida de aseguramiento en cárcel contra Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias 'Macaco', responsable de delitos como homicidio agravado, desplazamiento, reclutamiento, desaparición forzada, acceso carnal violento, terrorismo, entre otros delitos.La decisión se conoce días después de que el excabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia asegurará durante el encuentro por la verdad y la no repetición que el presidente Gustavo Petro, había sido declarado "objetivo militar".En el evento alias 'Macaco' aseguró: “Tomamos la equívoca decisión de declararlos como objetivo militar de la organización a los doctores Álvaro Leyva Durán, Iván Cepeda Castro y al hoy presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Dichas acciones militares fueron fallidas y las detallaré en mi versión única en su debido momento”.Frente a esta revelación, el mandatario le envió una carta a la JEP, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y a la Fiscalía para que declaren como víctima directa en el marco de los hechos relacionados con delitos del conflicto armado.La Fiscalía explicó que "se ratificó que los anteriores delitos son considerados como de lesa humanidad teniendo en cuenta que la Fiscalía cuenta con material probatorio suficiente para demostrar que dichas conductas no han prescrito, y que obedecieron a una política sistemática y generalizada por parte del hoy procesado".El ente investigador explicó que durante las audiencias indagatorias en 2021 en la Cárcel La Picota, 'Macaco' reconoció su responsabilidad de línea de mando en 162 hechos delictivos en por lo menos 11 departamentos entre 2000 y 2004.Le puede interesar:
Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el presidente Gustavo Petro radicó una denuncia contra el exfiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez, esto luego de las declaraciones que entregó el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'.Asimismo, dicho documento de denuncia del presidente Petro llegó a la Secretaría de la Comisión de Acusación, como también en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y la Fiscalía General de la Nación, pues el jefe de Estado solicitó que se le declare como víctima tras las declaraciones de alias 'Macaco', además que el exjefe paramilitar sea escuchado y que Néstor Humberto Martínez sea indagado por estas acusaciones, en las que habló de un presunto entrampamiento.El documento de seis páginas que entregó el presidente de Petro indicó: "Que se me acredite como víctima directa en el marco de los aportes de hechos relacionados con delitos del conflicto armado ante la Jurisdicción Especial para la Paz del ex paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo (alias Macaco)".También puntualizó el documento que lleva la firma de Gustavo Petro: “Que se dé inicio de las actuaciones penales correspondientes, con ocasión de los delitos reconocidos en las declaraciones públicas del señor Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', en sus respectivos ámbitos de competencia”.En los próximos días está previsto que se haga el respectivo reparto en la comisión y darle trámite a la solicitud que hizo el jefe de Estado.Esta es la denuncia del presidente Petro¿Qué dijo alias 'Macaco' sobre Petro?El pasado jueves, 17 de agosto, alias 'Macaco' llegó al Centro de Memoria de Bogotá en donde se comprometió a dar cinco puntos especiales a su aporte a la verdad; entre esos, cuando en el marco del conflicto armado se consideró al presidente Gustavo Petro como objetivo para dañar su imagen e incluso como objetivo militar."Aportar, con detalles, el apoyo incondicional que de múltiples formas efectuó el exmagistrado José Leónidas Bustos en favor de Néstor Humberto Martínez, con la firme intención de judicializar y destruir sistemáticamente, a través de la Fiscalía, la imagen del hoy presidente Gustavo Petro en su camino a la aspiración política futura que desarrollaba en aquel entonces”, dijo alias 'Macaco' sobre el jefe de Estado.Asimismo, como otros hechos delictivos que se habrían cometido en el marco del conflicto armado por parte de las AUC.Le puede interesar
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.