La capital del departamento del Magdalena afronta una compleja situación de orden público como consecuencia de las retaliaciones violentas cometidas por estructuras criminales, tras las recientes operaciones militares ejecutadas en la zona rural de la Sierra Nevada.En entrevista con el programa Mañanas Blu, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, entregó un balance sobre las acciones institucionales que se adelantando para contener la zozobra en el distrito.El mandatario local destacó la presencia del Gobierno en el territorio y la realización de dos consejos de seguridad en un lapso inferior a 24 horas, escenarios donde se evaluó el despliegue operativo."Eso es lo que se tiene que hacer, hacer cumplir la ley y la Constitución", expresó Pinedo Cuello, al señalar que la crisis actual responde a "un proceso de 4 años de una fallida paz total donde las bandas criminales se estuvieron fortaleciendo".Las autoridades reportaron la muerte de varios presuntos integrantes de la estructura Conquistadores de la Sierra Nevada en Quebrada del Sol. Frente a este resultado, el mandatario indicó que los uniformados lograron la extracción de siete cuerpos del área rural.Para reforzar el control en el distrito se dispondrá de un pie de fuerza de 600 policías y 500 militares. Pinedo afirmó que las acciones violentas registradas en las últimas horas corresponden a "temas aislados" provocados por delincuentes que buscan sembrar temor en el comercio y la ciudadanía.Las investigaciones adelantadas por los organismos judiciales permitieron la captura de los presuntos responsables de generar estragos en las vías de la región.Pinedo confirmó que se avanza en los trámites correspondientes con los implicados, señalando que "el que quemó la mula lo están judicializando, se está haciendo la tarea".Ante los comentarios vertidos por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, el mandatario distrital manifestó coincidir en que la situación urbana es provocada por pequeños focos de delincuentes. "Salen dos pelagatos, dos bandiditos escondidos en moto y crean zozobra. Pero en todo el distrito de Santa Marta lo tenemos controlado", enfatizó.El alcalde Pinedo concluyó que sus secretarios de despacho tienen la indicación de realizar presencia física en los barrios más críticos para brindar acompañamiento directo a la ciudadanía."Nosotros vamos a enfrentar el problema", concluyó el mandatario.
La Corte Constitucional revisó varias acciones de tutela en las que los actores reclamaron la protección de su derecho político a elegir, alegando que la Registraduría Especial del Estado Civil de Santa Marta vulneró dicho derecho al negar la inscripción de Jorge Luis Agudelo Apreza como candidato.Todo comenzó cuando el juzgado cuarto laboral del circuito de Santa Marta admitió la demanda de tutela el 9 de octubre de 2023, vinculando a la Registraduría Nacional, el partido Fuerza Ciudadana, el observatorio anticorrupción del Magdalena y el CNE.“Confirmar la sentencia del 23 de noviembre de 2023, dictada por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Superior de Santa Marta, que revocó la providencia proferida el 23 de octubre de 2023 por el juzgado cuarto laboral del circuito de Santa Marta”, expresa la decisión de la Corte.En este caso, la Corte Constitucional estableció que la Registraduría actuó incorrectamente al negar la inscripción de Agudelo Apreza, afectando el derecho a la participación política de los actores y ordenó medidas para garantizar la corrección del proceso y la protección de los derechos fundamentales implicados.Por último, el alto tribunal ratificó la elección de Pinedo, como alcalde de esa ciudad, al negar una tutela que buscaba favorecer al candidato del movimiento Fuerza Ciudadana, Jorge Agudelo, por la alcaldía, a quien se le anuló su inscripción.
Una polémica se ha desatado por la polémica foto que se conoció en las últimas horas en donde se ve al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, abrazando a un cabecilla de las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, alias 'Camilo'. Blu Radio conoció la versión del mandatario en la que se aclarara lo que hay detrás de esta imagen, que generó la respuesta y rechazo del presidente Gustavo Petro.El alcalde de la capital del departamento del Magdalena afirmó a Blu Radio que esta fotografía sucedió el 2 de abril del 2023, es decir, ocurrió el año pasado cuando estaba realizando la campaña para ser el mandatario de Santa Marta.Carlos Pinedo señaló que la foto la tomaron luego de haber sido víctima de constreñimiento durante algunos minutos en el corregimiento de Mica por parte de un grupo armado que le dijo que quería acogerse a la paz total que propone el Gobierno del presidente Petro. Añadió que la conversación se dio sobre este tema y recalcó que, para validar su versión, tiene en su poder la denuncia que realizó ese mismo día ante la Fiscalía General de la Nación.En la denuncia de cuatro páginas, con solicitud de reserva, pidió que no se hiciera público lo sucedido porque consideraba que era muy delicado y, además, se podía afectar el contexto político de su campaña."Dejo constancia que presumo que alguna de las personas allí presentes se encontraba grabando, un joven de tez blanca que portaba un fusil y un celular", se lee en la denuncia. Asimismo, Pinedo tiene una certificación del sistema del Sistema Penal Oral Acusatorio - SPOA donde se evidencia que hay una denuncia que está siendo investigada desde el 13 de mayo del 2023.¿Qué dijo Petro?El mandatario de los colombianos rechazo la imagen, pues lo calificó como un "abrazo criminal".Las autoridades deberán determinar si hay algún tipo de investigación penal que tenga que adelantarse en contra del alcalde de la capital del Magdalena, pues, supuestamente, hay otras versiones que afirman que esto habría ocurrido en este año 2024, antes de la captura de alias 'Camilo'.
El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, en una rueda de prensa, expuso una serie de irregularidades encontradas en el gobierno distrital y se las atribuyo a anteriores administraciones.Según Pinedo, se encontró un detrimento que supera los $743.000 millones de pesos en obras inexistentes o inconclusas, en las que está la construcción del estadio Eduardo Santos.Esto desató un rifirrafe con el gobernador de Magdalena, Rafael Alejandro Martínez, quien en su cuenta de X respondió: “Se robaron la alcaldía y no sabe qué fue lo que se robaron. *Seis meses después de usurpar el cargo*, Pinedo desconoce que la alcaldía sostiene, mantiene y tiene posesión del estadio Eduardo Santos. En esto mintió, como en todo lo que dijo. Da hasta pereza contestarle”.A su vez, por la misma red social, Pinedo lo calificó de mentiroso y le pidió que no siguiera engañando a los samarios."Señor Rafael Martínez, leer un documento de instrumento público no requiere de mayor esfuerzo. Si sus asesores no le han podido explicar, yo le explico: El Decreto 0167 de 2019 revocó el acto administrativo que cedía el Estadio Eduardo Santos al Distrito por no cumplir la condición resolutoria contenida en el artículo 2 del decreto 489 de 2014", publicó Pinedo.En diálogo con Mañanas Blu 10AM, el alcalde de Santa Marta agregó que era su obligación denunciar la presunta corrupción en las administraciones anteriores, así como pedir la pronta operación de la justicia.
Santa Marta viene presentando una preocupante situación de seguridad, el aumento de los homicidios en los últimos días ha robado la tranquilidad de varios barrios de la ciudad, hasta el punto de que hay sectores que parecen sitiados por la incertidumbre que han dejado los hechos violentos.Hasta la fecha, se han registrado 14 homicidios, lo que significa que en la capital del Magdalena en promedio han asesinado a una persona día por medio en lo que va de 2024. El complejo contexto de seguridad ha encendido las alarmas de las autoridades Distritales, quienes en las últimas horas realizaron un consejo de seguridad extraordinario para contrarrestar la situación.Al finalizar el encuentro, Carlos Pinedo Cuello, alcalde de Santa Marta, aseguró que el aumento de los homicidios responde a una disputa entre bandas criminales que operan en la ciudad. “Disputa entre bandidos, es la realidad que está sucediendo en el Distrito. Hay una posible disputa entre el Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Diría yo que se viene trasladando a algunos barrios de la ciudad”, aseguró.Pinedo Cuello también afirmó que el más reciente golpe que dio la Policía Antinarcóticos en el Puerto de Santa Marta, donde se incautaron 2.5 toneladas de cocaína, habría desatado toda esta ola de homicidios que se vienen presentando en la ciudad.“El golpe contundente que hizo la Policía en la incautación de droga, eso también genera unos problemas de una u otra forma en los diferentes barrios periféricos de la ciudad”, puntualizó.Acciones a tomarEl Distrito Militar N.°12, ubicado en Santa Marta, dispondrá de 70 hombres que estarán distribuidos de manera estratégica en barrios donde se han registrado el mayor número de homicidios.De igual forma, la Policía Metropolitana en coordinación con las demás autoridades distritales, dispondrá de comandos para atender la situación. Se han priorizado en total 13 sectores de la ciudad en los que llegará la institucionalidad.“Es importante que la ciudadanía recupere la confianza en la institución”, enfatizó Carlos Pinedo, alcalde de Santa Marta. Entre tanto, los samarios esperan que las acciones adoptadas muestran resultados que se reflejan en la seguridad de la ciudadanía.
El equipo jurídico de Carlos Pinedo Cuello, alcalde electo de Santa Marta, solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de salvaguardar sus derechos como el mandatario elegido por los samarios.En la solicitud se sustentó que se protejan el derecho a la vida e integridad personal (artículos 4 y 5 Cadh), a la igualdad (artículos 1, 2 y 24 Cadh), derecho a ser elegido y derechos políticos (artículo 23 Cadh) establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Víctor Mosquera, abogado que representa a Pinedo, explicó de qué se trata esta petición que se instauró en la ciudad de Washington D.C.“La solicitud de medidas cautelares se presenta con fundamento en que: el 20 de octubre de 2023 el señor Carlos Alberto Pinedo Cuello fue amenazado de muerte en su sede política y aún no se da con los responsables; el partido político Fuerza Ciudadana realizó la inscripción extemporánea de un nuevo candidato, el señor Jorge Agudelo Apreza, con la agravante de encontrarse entonces aún inscrita como candidata la hermana del gobernador Caicedo, la señora Patricia Caicedo, quien estaba inhabilitada para la inscripción y, además, de no haberse resuelto los recursos interpuestos y no estar dentro de los términos establecidos por el artículo 31 de la Ley estatutaria 1475 de 2011”, indicó Mosquera.“El señor Carlos Pinedo Cuello fue elegido como alcalde de Santa Marta cumpliendo con todas y cada una de las normas legales y constitucionales vigentes para su inscripción y elección, dentro de un certamen democrático que debe ser igual y justo para todos. Pretender favorecer indebidamente a un candidato y a un partido político, que no cumple con las reglas previamente fijadas, que negligentemente inobservó el principio de prevención, violenta los derechos políticos colectivos de 85. 222 electores de ser representados por el señor Carlos Pinedo Cuello.”Entre tanto, el equipo jurídico de Jorge Agudelo insiste en que se le violaron sus derechos, le robaron la elección y buscarán que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie en ese sentido. En conclusión, será CIDH quien tenga la última palabra en la polémica elección del alcalde los 500 años de Santa Marta.Le puede interesar:
Santa Marta logró superar, hasta el momento, la controversia electoral que dejó como alcalde electo a Carlos Pinedo Cuello, luego de que la comisión escrutadora decidiera excluir los guarismos del candidato Jorge Agudelo, quien iba ganando por 242 votos la reñida contienda electoral.A pesar de que ya han pasado 8 días desde que Pinedo Cuello recibió su credencial, hasta la fecha no se ha iniciado el proceso de empalme con la Alcaldía saliente. Según fuentes cercanas al equipo del nuevo mandatario, la alcaldesa distrital, Virna Johnson, no ha confirmado el arranque de este proceso, lo que hace más complejo todo por el corto tiempo que tendrían ambos equipos para realizar dicha transición.Sin embargo, ya se han empezado a conocer nombres de profesionales que conformarían el equipo de empalme del nuevo Gobierno, entre los que se encuentra uno muy conocido en los sectores de derecha del país: Camilo George.George es el actual director de Pro Santa Marta y estaría llamado a asumir en el empalme la Secretaría de Gobierno. Fue secretario de Seguridad bajo la administración del exalcalde Rafael Martínez y coordinador de la campaña presidencial de Fico Gutiérrez.George Díaz es comunicador social y periodista, y cuenta con una Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado, en convenio con Columbia University en Estados Unidos.Desde la oficina jurídica, el llamado a liderar el proceso de empalme es el abogado constitucionalista Alfredo Pertúz. El samario, desde febrero de este año, funge como director de esta oficina en la Gobernación de La Guajira.Pertúz cuenta con un doctorado en Derecho y una maestría en Ciencias Políticas para la Paz y la Integración, de la Universidad de Estudios de Palermo, en Italia.Otro de los nombres que se espera que se sume es Lucas Gutiérrez Martínez, quien recientemente fue jefe de la Oficina de Planeación en la Universidad del Magdalena y luego, del mismo Ministerio de Educación bajo la dirección del exministro Alejandro Gaviria.Gutiérrez Martínez, quien sería el coordinador del empalme, es economista de la Universidad de Los Andes y cuenta con tres maestrías en Economía y Políticas Públicas de la misma institución.Los samarios esperan que esta semana inicie el proceso de empalme por el bien de la ciudad.Le puede interesar:
Con tan solo 72 horas de haber recibido su credencial como alcalde electo de Santa Marta, Carlos Pinedo, enfrenta lo que sería su primera polémica en uno de los temas que más preocupa a los samarios, el agua. Pinedo aseguró que cambiaría el billonario proyecto del nuevo acueducto por traer el agua de los ríos Toribio y Córdoba, de Ciénaga, Magdalena.El proyecto que impulsaría el nuevo alcalde de Santa Marta sería traer el agua del río Córdoba.“Con esto le solucionaríamos el problema a todo el corredor sur, pero, además, pegar la plana El Roble con Mamatoco y crear la planta El Curval. Esto nos costaría alrededor de 480.000 millones de pesos, mucho menos que el exabrupto que le han vendido a la ciudad por 1.6 billones”, así esbozó Pinedo su propuesta.El proyecto de El Curval, que se encuentra en licitación por el Distrito y que de acuerdo al cronograma del Secop debe ser adjudicado el próximo 26 de diciembre, ha sido catalogado como de alto riesgo por los entes de control. Sin embargo, la propuesta de Pinedo tampoco cae bien en el pueblo cienaguero, quienes no les gusta para nada el abre boca del proyecto del nuevo alcalde samario de llevar agua de Ciénaga a Santa Marta.En entrevista con Blu Radio, Édison Criado, líder cienaguero, expresó que lo planteado por Pinedo es inviable. “Nos oponemos rotundamente a este proyecto, ya lo hemos dicho en el pasado, esta obra es inviable y tenemos cómo demostrarlo. Esperamos que, tanto el alcalde actual, Luis Tete Samper, como el elector, Luis Fernández Quinto, defienda a los cienagueros y no permitan este atropello que perjudicaría aún más el abastecimiento de agua del municipio y poblaciones vecinas”, afirmó.Aunque no se ha profundizado cómo sería este proyecto, lo cierto es que en el pasado ya se ha planteado. La administración de Rafael Martínez, como alcalde de Santa Marta, se hizo esta propuesta que finalmente se desestimó por toda la controversia que género y lo inviable del proyecto en su momento. Entre tanto, los samarios esperan que Carlos Pinedo le traiga una la solución al histórico problema del agua en la ciudad.Le puede interesar:
El alcalde electo de Santa Marta, Carlos Pinedo, aseguró este lunes que insistirá en un reconteo total de votos, a pesar de que ya recibió su credencial como ganador de las elecciones.En entrevista con el programa Mañanas Blu, con Néstor Morales, Pinedo dijo que la decisión del Tribunal Superior del Magdalena de anular la inscripción de Jorge Agudelo, candidato del partido Fuerza Ciudadana, no significa que la elección haya sido limpia."Nosotros hemos denunciado desde el día uno que aquí se cometieron todo tipo de fraudes", dijo Pinedo. "La diferencia que había entre el señor Agudelo, a pesar de todos los aparentes fraudes que habían cometido, eran de 230 a 240 votos".Pinedo dijo que la decisión de ir a un reconteo total de votos es "una decisión política". "Yo creo que es la única manera de darle tranquilidad a la gente de Santa Marta", dijo.El alcalde electo también se refirió a la declaración del presidente Gustavo Petro, quien dijo que únicamente un juez penal puede restringir derechos políticos. Pinedo dijo que difiere con el presidente Petro en este punto."Todos los jueces son constitucionales", dijo Pinedo. El reconteo total de votos es una medida que podría prolongar la controversia electoral en Santa Marta. Los resultados del reconteo podrían tardar semanas o incluso meses en conocerse.La noche de este sábado, 25 de noviembre, la Comisión Escrutadora Municipal expidió la credencial con la cual acredita que Carlos Alberto Pinedo , candidato de la coalición ‘Santa Marta Sí Puede’, es el alcalde electo de la capital del departamento del Magdalena.Esta decisión se da luego de que la Comisión declaró nulos los votos del candidato por Fuerza Ciudadana, Jorge Agudelo, por cuenta de la decisión del Tribunal Superior de Santa Marta que anuló su inscripción. Horas antes, la misma Comisión había expedido el formato E-26 con los resultados corregidos.
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
