El equipo jurídico de Carlos Pinedo Cuello, alcalde electo de Santa Marta, solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de salvaguardar sus derechos como el mandatario elegido por los samarios.
En la solicitud se sustentó que se protejan el derecho a la vida e integridad personal (artículos 4 y 5 Cadh), a la igualdad (artículos 1, 2 y 24 Cadh), derecho a ser elegido y derechos políticos (artículo 23 Cadh) establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Víctor Mosquera, abogado que representa a Pinedo, explicó de qué se trata esta petición que se instauró en la ciudad de Washington D.C.
“La solicitud de medidas cautelares se presenta con fundamento en que: el 20 de octubre de 2023 el señor Carlos Alberto Pinedo Cuello fue amenazado de muerte en su sede política y aún no se da con los responsables; el partido político Fuerza Ciudadana realizó la inscripción extemporánea de un nuevo candidato, el señor Jorge Agudelo Apreza, con la agravante de encontrarse entonces aún inscrita como candidata la hermana del gobernador Caicedo, la señora Patricia Caicedo, quien estaba inhabilitada para la inscripción y, además, de no haberse resuelto los recursos interpuestos y no estar dentro de los términos establecidos por el artículo 31 de la Ley estatutaria 1475 de 2011”, indicó Mosquera.
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“El señor Carlos Pinedo Cuello fue elegido como alcalde de Santa Martacumpliendo con todas y cada una de las normas legales y constitucionales vigentes para su inscripción y elección, dentro de un certamen democrático que debe ser igual y justo para todos. Pretender favorecer indebidamente a un candidato y a un partido político, que no cumple con las reglas previamente fijadas, que negligentemente inobservó el principio de prevención, violenta los derechos políticos colectivos de 85. 222 electores de ser representados por el señor Carlos Pinedo Cuello.”
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Entre tanto, el equipo jurídico de Jorge Agudelo insiste en que se le violaron sus derechos, le robaron la elección y buscarán que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie en ese sentido. En conclusión, será CIDH quien tenga la última palabra en la polémica elección del alcalde los 500 años de Santa Marta.
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