Carro bomba Cúcuta

La defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín, formuló un vehemente llamado al Gobierno Nacional y a las Fuerzas Militares para que se adopten protocolos estrictos de protección a los menores de edad en el marco de las operaciones de la fuerza pública, especialmente durante los bombardeos contra grupos al margen de la ley. En diálogo con Mañanas Blu, Marín insistió en que, aunque el Estado tiene la legitimidad y la responsabilidad de recuperar el control del territorio, es urgente priorizar la vida de los niños reclutados forzosamente, quienes ostentan la calidad de víctimas antes que la de combatientes.El dilema de los bombardeos y el llamado a la precauciónLa jefa del órgano defensorial enfatizó que "los niños y niñas reclutados no dejan de ser víctimas de un crimen y eso implica para el Estado pues asumir unos protocolos de protección de estos menores de edad". En este sentido, aclaró que la entidad no busca impedir las acciones legítimas ni las tácticas de las Fuerzas Armadas, sino reducir los riesgos para la infancia. "Nuestro llamado no es tanto a decir cesen los bombardeos, sino que se extremen las precauciones", precisó Marín.Para la funcionaria, "no se puede presumir que los menores de edad están en funciones continuas de combate dentro de los grupos". Por lo tanto, instó al Estado a implementar medidas preventivas efectivas, lo cual implica "adoptar protocolos muy serios para identificar previamente que si hay menores de edad entre las filas del objetivo que se va a bombardear y en ese caso buscar otras alternativas".Específicamente, señaló la existencia de zonas críticas como el Guaviare, donde es previsible encontrar menores de edad en las filas que pretenden huir o permanecen secuestrados. Marín advirtió sobre la gravedad de que "este ciclo de abandono estructural y desprotección de estos menores de edad que terminan en los grupos no termine con un bombardeo de parte de la fuerza pública", señalando que este desenlace le resta legitimidad al Estado.El preocupante subregistro del reclutamiento y el incumplimiento de acuerdosLa Defensoría del Pueblo reporta que desde el año 2024 se tiene el registro de 1.173 menores de edad reclutados en el país. Aunque en las estadísticas oficiales de la entidad se observa una disminución nominal de casos recientes, Marín aclaró que esta tendencia no refleja la realidad del conflicto. "Estamos convencidos de que esto no refleja una dinámica de disminución de la práctica, sino al contrario de un aumento del subregistro debido al temor de las familias, de no saber a dónde acudir, de la naturalización también del reclutamiento", explicó.Entre los grupos responsables del reclutamiento, Marín ubicó en primer lugar a las disidencias de las Farc, empezando por la línea comandada por alias 'Mordisco' (Estado Mayor Central), seguidas por las disidencias de alias 'Calarcá' y otras facciones sin identificar. En menor medida pero con alta gravedad, mencionó al ELN, los Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo. Sobre este último, advirtió que utiliza dinámicas más invisibles de instrumentación, manteniendo a los menores en sus hogares realizando labores para la organización.Finalmente, la Defensora criticó el "negacionismo" de los grupos armados y denunció que los compromisos adquiridos en mesas de diálogo previas han sido sistemáticamente ignorados. "No hubo cumplimiento de esos acuerdos", sentenció, revelando que el Clan del Golfo negó falsamente la presencia de menores en sus filas cuando en realidad la Defensoría identificó centros de entrenamiento en Córdoba y otras regiones del país.Alertas tempranas activas en la zona de fronteraLa defensora Marín también se pronunció sobre el reciente atentado terrorista perpetrado en el municipio de Los Patios, en Norte de Santander, dirigido contra una estación de policía, el cual cobró la vida de una persona y dejó varios heridos, entre ellos un policía mutilado.Al respecto, la funcionaria recordó que Los Patios se encuentra cobijado por una alerta activa emitida en 2024 para la zona metropolitana de Cúcuta y Villa del Rosario, cuyo seguimiento de agosto evidenció un empeoramiento sistemático de las condiciones de seguridad. La confluencia de bandas como la AK47, el Tren de Aragua, el Clan del Golfo, el ELN y el Frente 33 de las disidencias genera disputas territoriales constantes por economías ilícitas como el narcotráfico y la trata de mujeres migrantes, vulnerando gravemente a la población civil en la frontera.Escuche aquí la entrevista:

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