El humorista Juan Guillermo Noreña Zapata, conocido como Carroloco, resultó salpicado en una investigación que lo relaciona con el Clan del Golfo. El director de la Dijín, coronel Edwin Urrego, confirmó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que existen pruebas contundentes que demuestran que Carroloco actuaba como testaferro de Rosemberth Sánchez Ahumada, alias ‘Rodrigo’, un importante jefe de la organización criminal.Las investigaciones, según el oficial, revelaron que Carroloco prestó su nombre para que algunos bienes del Clan del Golfo pasaran a su nombre. Esto se habría hecho aprovechando la fama del humorista para disfrazar el origen ilícito de las propiedades.“Dentro de las actividades investigativas que se adelantaron se logró determinar técnicamente que este señor, conocido como Carroloco, prestó su nombre para que algunos bienes que eran de la estructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo, pasaran a su nombre, aprovechando el reconocimiento que tenía ante el público, su medio o la farándula, digamos, en el cual se movía. Esta situación está demostrada a través de un proceso investigativo que se lleva por enriquecimiento ilícito y fue la base para que por parte de la Fiscalía se tomara la decisión”, explicó el coronel en Mañanas Blu.A la pregunta de si ya está probada la participación del humorista en actividades de testaferrato, el coronel dijo que sí en los siguientes términos: “Eso lo tenemos comprobado técnicamente. Él se encuentra dentro del proceso investigativo, pero es un proceso que todavía está en curso. Por ahora, solo se hizo la extinción de los bienes de la estructura y pues seguramente en la medida que vaya avanzando el proceso, él tendrá que ser llamado para que, de igual forma, responda por las conductas que están demostradas o los hechos que están demostrados técnicamente”, dijo.De hecho, las autoridades embargaron siete bienes a Carroloco, avaluados en $12.000 millones. Entre estos se encuentran una finca, dos lujosos apartamentos, un parqueadero y un depósito.Bienes embargados a CarrolocoEl coronel Urrego confirmó que Carroloco y alias ‘Rodrigo’ se conocían y que incluso sostenían comunicaciones. Las investigaciones indican que la relación entre ambos comenzó en 2018.“Lo que puedo simplemente decir es que si sostuvieron comunicaciones y que pues dentro de esas comunicaciones, pues se dejaban prever que él lo conocía, aproximadamente desde el 2018”, dijo el oficial.¿Quién es alias ‘Rodrigo?Alias ‘Rodrigo’ fue identificado como el encargado de las finanzas de una subestructura del Clan del Golfo, implicado directamente en la gestión de los recursos financieros de la organización, según el coronel.‘Rodrigo’ fue capturado en el año 2019 por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en 2021, recuperó su libertad debido al vencimiento de términos, lo que Urrego señaló como parte de las complejidades en el proceso judicial.
El Juzgado Promiscuo de Valle del Guamuez, en Putumayo, rechazó las solicitudes presentadas por distintas entidades del Gobierno nacional que buscaban dejar sin efectos el fallo de tutela que ordenó suspender la instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) destinada a integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Walter Mendoza'. La decisión mantiene vigente la medida adoptada recientemente por el despacho judicial, que frenó las obras, actividades e instalación de esa zona al considerar que no se garantizó el derecho fundamental a la consulta previa del resguardo indígena Telar Luz del Amanecer.La tutela fue promovida por José Remigio Cuarán Perenguez contra el Gobierno nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En el trámite inicial, el juzgado advirtió que varias entidades no respondieron oportunamente a los requerimientos realizados tras la admisión de la acción constitucional. La determinación cobró especial relevancia luego de que el Gobierno anunciara el traslado de al menos 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), estructura disidente comandada por Walter Mendoza, hacia una Zona de Ubicación Temporal en Putumayo como parte de los diálogos de paz.Uno de los principales argumentos analizados por el despacho fue la solicitud presentada por la Presidencia de la República. La entidad aseguró que había elaborado y remitido una respuesta antes de que se profiriera la sentencia. Sin embargo, el juzgado concluyó que el documento nunca ingresó al expediente debido a un error en la dirección electrónica utilizada para enviarlo. Al respecto, el juez precisó que “debe precisarse que la carga de remitir correctamente las actuaciones procesales corresponde a quien las presenta, de manera que las consecuencias derivadas de errores en la utilización de los canales electrónicos de comunicación no pueden ser trasladadas a la administración de justicia ni afectar la validez de las actuaciones surtidas conforme al material procesal oportunamente incorporado al expediente”.Además de controvertir el fallo, la Presidencia solicitó aclaraciones y correcciones frente a algunas órdenes judiciales que consideró difíciles de cumplir. No obstante, el despacho negó esa petición al señalar que los planteamientos formulados no buscaban corregir errores de la providencia, sino cuestionar su contenido y alcance. En la decisión se indicó que “las razones expuestas por la entidad se encuentran dirigidas a cuestionar el fundamento jurídico de la decisión adoptada, el alcance de las órdenes impartidas, la valoración efectuada por el Despacho respecto de la afectación directa alegada por la comunidad accionante y, en general, las conclusiones que sustentaron la concesión del amparo constitucional”. Agregó que la solicitud “no persigue despejar dudas sobre el contenido de la providencia sino controvertir las determinaciones adoptadas en ella, finalidad que resulta ajena a los mecanismos de aclaración, corrección y adición”.El Ministerio de Defensa también pidió la nulidad del proceso argumentando que debía haber sido vinculado a la actuación por su relación con las actividades derivadas de la implementación de la ZUT. Sin embargo, el juzgado concluyó que la sentencia no impuso órdenes directas a esa cartera y, por tanto, no existía afectación alguna al debido proceso. En ese sentido, el despacho sostuvo que “tampoco se advierte que la providencia hubiera resuelto situación jurídica propia del Ministerio de Defensa Nacional o impuesto obligaciones directamente exigibles a su cargo”.Por su parte, el Ministerio del Interior cuestionó la competencia del juzgado para tramitar la tutela. Frente a este planteamiento, el juez recordó que ese asunto ya había sido resuelto previamente por el Tribunal Superior de Mocoa, que definió que el despacho era competente para conocer y decidir de fondo la acción constitucional.Igualmente, fueron rechazadas las solicitudes de nulidad promovidas por Armando Novoa García, jefe de la Delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz, y Gloria Arias Nieto, integrante del equipo del Gobierno. El juzgado concluyó que, aunque ambos participan en la implementación de la Zona de Ubicación Temporal, su vinculación no era indispensable para la validez del proceso. Según la decisión, “aun cuando los solicitantes desempeñan funciones relevantes dentro de la mesa de diálogos de paz y participan en actividades relacionadas con la implementación de la Zona de Ubicación Temporal, no se advierte que su comparecencia constituyera un presupuesto indispensable para la válida integración del contradictorio ni que la ausencia de su vinculación hubiera generado una afectación sustancial al debido proceso”.Con esta determinación, el fallo que suspendió la instalación de la ZUT continúa vigente. No obstante, será el superior funcional el encargado de estudiar las impugnaciones presentadas por las entidades involucradas y adoptar una decisión definitiva sobre la tutela y las órdenes impartidas por el juzgado de primera instancia.
La Cancillería informó que, hasta el momento, no ha recibido reportes colombianos afectados ni solicitudes de asistencia consular tras los fuertes sismos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.Según el Gobierno, las verificaciones adelantadas por la red consular tampoco evidencian afectaciones a colombianos privados de la libertad en territorio venezolano. Cabe mencionar, que al menos 20 connacionales están presos en la cárcel El Rodeo por motivaciones políticas, según sus familiares.El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la Embajada de Colombia en Venezuela y los consulados en ese país mantienen un monitoreo permanente de la situación. Además, indicó que todo el personal diplomático y administrativo se encuentra en buen estado y permanece atento para brindar orientación y apoyo a los connacionales que eventualmente lo requieran.En medio de la emergencia, el Gobierno colombiano expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y anunció que tiene lista su capacidad de asistencia humanitaria para apoyar las labores de atención. En una primera fase, Colombia desplegaría equipos especializados de búsqueda y rescate, dependiendo de las necesidades que determinen las autoridades venezolanas. La Cancillería aseguró que seguirá de cerca la evolución de esto y mantendrá coordinación permanente con Caracas para contribuir a la respuesta humanitaria.
La audiencia de acusación contra el presidente de Ecopetrol en licencia, Ricardo Roa, por el delito de tráfico de influencias, dentro de la investigación relacionada con la compra de un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en Bogotá., se realizará el 20 de agosto a las 12:00 del día.La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el presidente de Ecopetrol en licencia, Ricardo Roa, por el delito de tráfico de influencias, dentro de la investigación relacionada con la compra de un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en Bogotá.El proceso judicial se fundamenta en la presunta utilización indebida de su cargo para favorecer intereses particulares en negocios vinculados con Hocol, filial de la compañía estatal.De acuerdo con el ente acusador, Ricardo Roa “habría utilizado de manera indebida su posición como máxima autoridad ejecutiva de Ecopetrol para favorecer intereses particulares, en contravía de los deberes propios de su cargo”.La investigación señala que esa presunta influencia se habría ejercido sobre decisiones y oportunidades de negocio en Hocol, empresa en la que, según la Fiscalía, buscó beneficiar a terceros.La acusación sostiene que Roa habría solicitado a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, que “se generaran oportunidades de negocio para Juan Guillermo Mancera”, particularmente en lo relacionado con la adjudicación de un proyecto de regasificación a la empresa Gaxi Esp S.A.S., de propiedad de este último.El expediente tiene como eje la compraventa del apartamento 901 del edificio Entre Parques, ubicado en el sector de El Chicó, en Bogotá.Según la información presentada por la Fiscalía, el inmueble fue adquirido por un valor equivalente al 34 % menos de su precio de mercado, lo que representaría una diferencia cercana a 927 millones de pesos frente a su valor comercial.Para la Fiscalía, la intervención de Ricardo Roa en favor de los intereses empresariales de Juan Guillermo Mancera “habría constituido una influencia indebida sobre el presidente de Hocol”, con el propósito de favorecer un proyecto de interés para el empresario.El ente investigador sostiene, además, que entre ambos existía una relación cercana y una negociación comercial previa derivada precisamente de la compraventa del inmueble.En ese sentido, la Fiscalía considera que el beneficio obtenido en el precio y las condiciones de pago del apartamento estaría relacionado con la presunta influencia ejercida por Roa para favorecer los intereses de Mancera dentro de la filial de Ecopetrol.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a la visita relámpago de la Superintendencia de Salud a la Fábrica de Licores de Antioquia, asegurando que "se quieren meter y fastidiar" a la empresa antioqueña. El mandatario señaló, además, que durante la visita pidieron actas de comités de contratación.La Superintendencia Nacional de Salud realizó una inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia de manera repentina y dicho procedimiento generó todo tipo de controversia debido a que se efectuó un día después de las elecciones y fue autorizado por un funcionario cercano a Daniel Quintero.De acuerdo con la información conocida, la orden fue aprobada por Juan David Duque, actual delegado de Protección al Usuario de la Supersalud y exsecretario privado de Daniel Quintero, hecho que no pasó desapercibido por diferentes autoridades que criticaron la actuación.Por ejemplo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que le parece extraño que la visita se haya hecho en los territorios donde se ha mostrado discrepancias con el Gobierno nacional.“Y aquí están pidiendo actas de junta, eh actas de comités de contratación. Es decir, claramente se quieren meter y fastidiar porque aquí no pegó el comunismo. Yo me pregunto…()...¿por qué se concentraron sólo en aquellas gobernaciones donde ha habido claramente discrepancia frente a lo que se hace del gobierno nacional?”, aseguró el mandatario regional.Por su parte, la Supersalud aseguró que la visita a la FLA hace parte de las labores ordinarias de inspección, vigilancia y control que adelanta la entidad sobre los organismos bajo su supervisión y que se van a adelantar en otras fábricas de licores en el país.A pesar de la polémica y los señalamientos de Rendón, hasta el momento, la Supersalud no ha informado sobre hallazgos derivados de la visita realizada a la licorera antioqueña.
"Las medidas de ajuste fiscal estructural no dan espera, so pena de que el país enfrente una situación de estrés financiero, con consecuencias económicas potencialmente devastadoras", aseguró el Comité Autónomo de la Regla Fiscal tras su revisión del Marco Fiscal de Mediano Plazo.El Carf, creado por ley para monitorear la evolución del estado financiero del gobierno, advirtió que este año el déficit total podría llegar al 7.4% del PIB porque aún no se ha tomado la decisión de recortar el presupuesto y cada día que pasa la efectividad de un recorte se reduce. En contraste, el gobierno saliente proyecta que déficit de 2026 sería del 5.1% del PIB.El ministro de Hacienda, Germán Ávila anunció la necesidad de una reforma tributaria de 30 billones de pesos para enderezar las cuentas de la nación, pero la responsabilidad de tramitarla recaerá en el gobierno de Abelardo De La Espriella. De La Espriella y el próximo vicepresidente, José Manuel Restrepo, han dicho que se tendrá que realizar un ajuste en gastos de unos 70 billones de pesos y que no acudirán a nuevos impuestos para la clase media.Hasta ahora, ni el Marco Fiscal del gobierno saliente, ni el electro presidente De La Espriella han expuesto un plan detallado sobre las medidas de ajuste. Es decir, no hay claridad sobre a quiénes exactamente se cobrarían más impuestos o en dónde se reducirían los gastos. Un punto sobre el que también llama la atención el Carf cuando dice que "el simple anuncio de medidas, sin decisiones de política concretas, no permite restablecer la confianza".Para el comité el escenario planteado en el marco fiscal implica que se el gobierno está siendo más optimista de lo que debería sobre sus ingresos futuros, menos sincero sobre los gastos que realmente tendrá y 'optimista' sobre la evolución de la deuda total.Finalmente, el comité recordó que la decisión de romper la regla fiscal desde el año pasado impactará las finanzas de la nación por la siguiente década, lo que invita a reflexionar sobre la importancia de empezar a arreglar los problemas desde ya.
