La Fiscalía ocupó 77 bienes con fines de extinción de dominio presuntamente relacionados con personas implicadas en los hechos de corrupción del contrato de construcción del interconector Tunjuelo – Canoas, que en 2009 ocasionó pérdidas por más de 243.000 millones de pesos.La Fiscalía identificó estos bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros del proyecto y embargó 77 de ellos avaluados en $27.044 millones ubicados en Bogotá, Villavicencio, Cajicá, Girardot, Tabio y Orocué, Casanare. Entre los bienes afectados están casas, haciendas, una finca de 3.000 hectáreas y un condominio campestre, además de inmuebles urbanos en Bogotá y Villavicencio, Meta, y varios vehículos.Los bienes incautados pertenecían a Jaime Buenaventura Quintero Sagre, Orlando Fajardo Castillo, Carlos Alberto Acero Arango, Carlos Alberto Solarte Solarte, Mercedes Lucía Garzón, Jaime Andrés Quintero Garzón, Inversiones y Construcciones del Castillo S.A.S., Inversiones del Siglo XXI (antes Constructora Fajardo Nieto), María Camila Fajardo Russi, Vianny Sayuri Fajardo Briceño, José Gustavo Fajardo Castillo, Luz Mary Fajardo Castillo y Luis Gabriel Nieto.Igualmente, la Fiscalía ocupó la histórica casa, en el barrio La Soledad de Bogotá, de María Eugenia Rojas de Moreno, madre del exalcalde condenado por el carrusel de la contratación, Samuel Moreno y, según la Fiscalía, se habría utilizado para planear la manera como se llevaría a cabo este entramado de corrupción.Escuche las noticias de Colombia y el mundo:
La sala penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó a ocho años y cuatro meses de prisión a Lucy Luna Albarracín, esposa del exsenador Iván Moreno, como responsable del delito de concusión por constreñir a Miguel Nule para que le entregara dos áreas de la vía Bogotá-Girardot para construir dos estaciones de servicio.Según las investigaciones, la esposa de Moreno visitó la sede de la Concesión Autopista Bogotá Girardot S. A., donde presionó a Miguel Eduardo Nule Velilla para que le entregara, a la empresa que ella designara, las dos áreas de libre disposición.La petición se conoció dentro de las investigaciones del carrusel de la contratación en Bogotá, que se hizo bajo amenazas de no favorecer al grupo Nule en futuros proyectos urbanísticos en Bogotá y, según la Fiscalía, también fue coaccionada por el exsenador Iván Moreno Rojas.A pesar de que el Tribunal dictó orden de captura contra Luna Albarracín, no irá a la cárcel hasta que la Corte Suprema de Justicia defina el recurso de impugnación especial, teniendo en cuenta que un juez de primera instancia la había absuelto y resultó condenada en segunda instancia.Escuche la noticia en Mañanas BLU:Entérese de los hechos deportivos más importantes del momento:
La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al exsenador Efraín Torrado García por interés indebido en la celebración de contratos, relacionado con la suscripción de 21 convenios que le fueron entregados a su grupo empresarial para el suministro de alimentos en distintas localidades de Bogotá, entre los años 2008 y 2011.Las investigaciones señalan que la Secretaría de Integración Social del Distrito celebró múltiples convenios con el grupo empresarial que era controlado por el entonces senador a través de miembros de su familia o terceros, con el fin de que suministrara la canasta alimentaria en programas de atención a familias y a personas en condición de vulnerabilidad.La decisión señala que el exsenador habría pagado comisiones para quedarse con la millonaria contratación, ya que, durante los años 2008 y 2009, este conglomerado empresarial consiguió que se le entregaran de forma directa contratos por más de $110.000 millones, tiempo en el que las adjudicaciones de la Secretaría de Integración Social al mencionado grupo crecieron en un 350 % con relación a la administración anterior.La Sala de Instrucción se abstuvo de ordenar la captura del exsenador, mientras que se adelanta el trámite del llamado a juicio y posterior cita a audiencia.Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
Todos los días tenemos un nuevo capítulo dentro de la novela del contrato fallido entre MinTIC y Centros Poblados, por un billón de pesos, para conexión a internet de más de siete mil colegios en las zonas más apartadas del país.En las últimas horas se conocieron varias peticiones, de un juez y de la Procuraduría, para que Emilio Tapia pierda los beneficios de detención domiciliaria de los que gozaba, dentro de la condena a 17 años de cárcel por el “carrusel de la contratación” de Bogotá.Tapia gozaba en teoría desde 2019 de la casa por cárcel a cambio de convertirse en “testigo estrella” de la Fiscalía, pero en lugar de someterse a las órdenes judiciales, decidió revivir su esquema de negocios y licitaciones adquiridas de manera irregular, paseando como “Pedro por su casa” por sus oficinas y mansiones de Bogotá, Medellín, Rionegro y Barranquilla.Hoy se conoció que, desde hace varios meses, un juez pidió sin éxito que se revocara el beneficio de detención domiciliaria a Tapia, porque se demostró que había mentido en su testimonio contra el exconcejal de Bogotá José Juan Rodríguez a cambio de beneficios penales.Además, hoy la Procuraduría pidió que Emilio Tapia sea enviado cuanto antes a una cárcel, ante la confirmación de que está violando el código penitenciario y siguió delinquiendo, pese a estar condenado.Hoy, la situación de Emilio Tapia es la siguiente: fue sometido a un procedimiento quirúrgico de extracción de cálculos en la clínica Misericordia de Barranquilla, en donde espera su recuperación antes de ser enviado a un pabellón especial de la cárcel La Modelo con custodia militar, como lo ordenó el juez del caso.Hablando sobre su futuro judicial, Tapia estaría pensando en aceptar cargos por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, sin delatar a nadie, pero a cambio de una pena de entre 5 y 7 años de cárcel.Ahora faltan nuevos llamados por parte de la Fiscalía, particularmente exfuncionarios de MinTIC presuntamente involucrados en amañar la licitación para favorecer a Centros Poblados y en la Corte Suprema esperan escuchar a los 4 congresistas mencionados supuestamente en el intento de favorecer a la multinacional estadounidense Hughes Net, intercediendo ante la entonces ministra Karen Abudinen.Escuche la noticia completa aquí:Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
Un viejo conocido de la justicia por cuenta de sus vínculos con el llamado “carrusel de la contratación” de Bogotá, ahora está en el “ojo del huracán” por otro caso de corrupción, esta vez está presuntamente vinculado con el escándalo del fallido contrato de Mintic con la Unión Temporal Centros Poblados para llevar conectividad a más de siete mil colegios públicos en zonas apartadas del país.Se trata de Emilio Tapia, condenado a 17 años de cárcel por haber participado de la red que defraudó a Bogotá durante la administración del exalcalde Samuel Moreno a través del cobro de sobornos para quedarse con millonarios contratos de infraestructura, de ambulancias entre otros.Tapia, quien actualmente goza del beneficio de casa por cárcel y ha sido visto sin vergüenza en escenarios como el Carnaval de Barranquilla, habría participado por medio de interpuesta persona en el polémico contrato de Centros Poblados, por medio de la firma ICM Ingenieros.Lo nuevo en el caso de Emilio Tapia es que habría participado en la Unión Temporal Centros Poblados, la Fiscalía, aunque todavía no ha comenzado la audiencia de legalización de captura, ni de imputación de cargos, tienen su poder testimonios y documentos que demostrarían que Tapia sí está detrás por interpuesta persona de la firma ICM ingenieros, que es una de las que conforman la Unión Temporal Centros Poblados y que también habría formado parte con otras personas de la obtención de las garantías falsas para acceder a este contrato.La Fiscalía encontró que aparentemente no es el único caso en el que hay una póliza falsa y se indagan varios contratos en Cali y en otras ciudades del país en donde se habría aplicado el mismo modus operandi.En este caso hay otras dos personas: Luis Fernando Duque representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados y Juan José Laverde representante legal encargado de la firma Rave Seguros, quien en las últimas horas se desmarcó de lo que hizo Laverde dijo que no tiene en su portafolio la posibilidad de entregar ese tipo de seguros y que no está involucrado en actuaciones ilegales.Este martes se espera que se adelante la audiencia en la que la Fiscalía destape sus cartas y se cuente por qué Emilio Tapia desde casa por cárcel seguida cometiendo actos de corrupción.Escuche la reflexión de Ricardo Ospina en BLU Radio:Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
Esta semana la ministra de las TIC, Karen Abudinen, deberá asistir, otra vez, al Congreso de la República para responder por el millonario contrato con Centros Poblados, por el que ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas.La representante Katherine Miranda fue una de las citantes y en diálogo con Sala de Prensa BLU aseguró: “Tal vez es el contrato más importante en la historia del Ministerio de las Tecnologías, entonces no es aceptable que haya errores de buena fe. (…) Desde el principio las irregularidades de este contrato estuvieron a la vista”.Y añadió: "Centros Poblamos era una de las firmas más cuestionadas que se tenía. No se tiene que ser expertos para darse cuenta de que, de las cuatro empresas que conformaban esa unión temporal, tres no cumplían con los requisitos”.Además, según explicó la representante, durante el debate se va a demostrar que la ministra Abudinen sí tenía conocimiento de la participación de Emilio Tapia, quien fue condenado por el ‘carrusel de la contratación’.“A la ministra le hicieron una alerta sobre la presencia de Tapia en ese contrato antes de la adjudicación. Nosotros tenemos el documento”, señaló Miranda.Finalmente, la representante Miranda agregó: "No se puede tapar el sol con un dedo. Estas actuaciones pueden traer un costo político muy alto. (…) Lo ideal es que el presidente Duque realmente se dé cuenta de lo que está detrás de este contrato. El Estado tiene que ir en contra de la corrupción”.Escuche la entrevista completa en Sala de Prensa BLU:
Este miércoles, el Tribunal Superior de Bogotá redujo de 30 a 25 años de cárcel la pena al exalcalde de la capital Samuel Moreno Rojas por el carrusel de la contratación, según indicó el comunicado emitido del ente de control.Moreno Rojas fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por el juzgado 34 penal del circuito, en 2019, y la sentencia fue apelada por su defensa, por considerar que la pena resultaba desproporcionada.En su revisión de la condena, el tribunal consideró que no resultaba proporcional la pena fijada por el delito de peculado, ya que, si bien afectó gravemente la sociedad y se produjo una elevada apropiación de dineros públicos, todo esto se tuvo en cuenta en primera medida en la tasación de la pena, de manera que consideró que debía ajustarse.El tribunal dejó en firme el pago obligatorio de una multa de $26.780’000.000,00 e inhabilitación perpetua para el ejercicio de derechos y funciones públicas.En marzo del 2016, el exmandatario fue condenado a 24 años de cárcel por el delito de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio en coparticipación criminal, por haber entregado más de 6.000 millones de pesos en comisiones para la adjudicación del contrato de las ambulancias en el Distrito, cuando se desempeñó como alcalde.En febrero de 2019, fue condenado a 39 años de prisión y al pago de 50.000 salarios mínimos por concusión, cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, por su participación en los contratos de reparación de la malla vial, la valorización y un tramo de la tercera fase de TransMilenio.
Iván Cancino, abogado que defiende al exgobernador y exsenador, Richard Aguilar, está en el ojo de la polémica por dos contratos la Gobernación de Santander por $95 millones.Cancino quien desde el 2019 presta sus servicios profesionales al detenido Aguilar por presuntos hechos de corrupción en contratación, tuvo un contrato entre agosto y diciembre de 2020 para la atención de asuntos jurídicos relacionados con la Gobernación de Santander, hecho que ha generado críticas.Carlos Toledo, dirigente político de La Colombia Humana, quien además fue candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, a través de su portal El Informante, cuestionó el contrato suscrito entre el abogado Cancino con la gobernación de Santander, teniendo en cuenta que quien lidera las riendas del departamento es Mauricio Aguilar, hermano de Richard.“Han llegado denuncias y material probatorio que demostraría cómo, presuntamente, la Gobernación de Santander, en cabeza de Mauricio Aguilar estaría financiando los honorarios de los apoderados tanto el principal como el suplente del exsenador Richard Aguilar Villa ante la Corte Suprema de Justicia, por la investigación por irregularidades en la contratación”, dice en un informe.Según Toledo en marzo de 2021, nuevamente el abogado Iván Cancino, firmó otro contrato con la Gobernación de Santander por un valor de $50 millones, que a la fecha está vigente.“Sin importar que el primer contrato tiene serias inconsistencias en su gestión documental y que no ha sido liquidado, le repiten la dosis a los santandereanos y el 18 de marzo de 2021 se firma el segundo contrato de prestación de servicios, el 957, esta vez por un período de cinco meses y un valor de $50 millones”, dice Toledo.BLU Radio consultó con el abogado Iván Cancino, defensa de Richard Aguilar en la investigación que le adelanta la Corte Suprema de Justicia, quien no negó los contratos con la Gobernación de Santander.“Claro que tengo contrato. Obviamente que mi contrato con la gobernación no incluye la defensa de Richard Aguilar ni la de ningún miembro de la familia, solo defiendo a Richard Aguilar. Por supuesto que tengo un contrato aparte con el senador Richard Aguilar que lo ha cumplido de manera clara y me ha pagado los honorarios de su bolsillo”, indicó el abogado Cancino.
Un juez penal de Bogotá halló culpable al empresario y expresidente de Conalvías Andrés Jaramillo por ofrecer casi dos mil millones de pesos a exconcejales y al exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial Iván Hernández para que le dieran un millonario contrato. Jaramillo fue condenado a 10 años y 4 meses de cárcel, y, además, tendrá que pagar una multa de 172 salarios mínimos. El juez ordenó su detención inmediata en un centro carcelario. El juez encontró responsable al empresario de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, esto por dar u ofrecer, en calidad de coautor, dentro del escándalo del cartel de la contratación de la malla vial en Bogotá, de haber entregado 1.930 millones de pesos en sobornos, para que le fuera adjudicado un contrato.Jaramillo fue señalado por la Fiscalía de entregar millonarios sobornos para resultar beneficiado con el contrato 078 para el reparcheo y mantenimiento de vías secundarias en Bogotá, el cual tuvo un valor cercano a los 43 mil millones de pesos.El juez argumentó que, dentro del proceso se ha probado que hubo un acuerdo de corrupción entre los concejales Andrés Camacho e Hipólito Moreno, junto con el ex director de la Unidad de Mantenimiento Vial del Distrito, Iván Hernández, así como también el contratista Julio Gómez; acuerdo en el cual participó Andrés Jaramillo, según el testimonio de Manuel Sánchez, otro de los involucrados en el escándalo de mayor corrupción que tuvo la capital del país entre los años 2009 Y 2010.Vale la pena recordar que el contrato tuvo dos adiciones, una por 19 mil millones de pesos (firmada el 31 enero 2011) y otra por dos mil millones de pesos (en marzo de 2011), por lo que su valor llegó a los 65 mil millones de pesos.El juez continúa en audiencia leyendo las consideraciones y la pena que le va a imponer.Noticia en desarrollo…
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó sometimiento del exalcalde Bogotá Samuel Moreno y de su hermano Iván Moreno porque no tiene relación directa ni indirecta con el conflicto armado.“Las conductas por las que fueron condenados el exalcalde y el exsenador no tienen relación directa ni indirecta con el conflicto armado”, afirmó la Sección de Apelación de la JEP.El organismo reafirmó el rechazo a la solicitud de sometimiento tras un recurso de apelación interpuesto por Samuel Moreno, Iván Moreno y su madre María Eugenia Rojas.En junio de 2020, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ya había denegado la solicitud de sometimiento a la JEP al exalcalde de Bogotá y su familia.Para el alto tribunal “los procesos judiciales que existen en contra del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas y su hermano, el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas, no son competencia de la Jurisdicción Especial”.“El conflicto armado no les otorgó a los hermanos Moreno Rojas un medio para cometer los delitos por los que fueron condenados (Carrusel de la contratación) y por los que se encuentran privados de la libertad”, se lee en un comunicado.En cuanto María Eugenia Rojas, madre de Samuel e Iván, la JEP señaló que “no se le endilga la comisión de ningún delito que pueda comprometer su responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal, y ella tampoco menciona un crimen en el que esté involucrada”.Sin embargo, frente al interés de los postulados de aportar en la revelación de las causas del conflicto armado, la JEP informó que le notificará a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.
Una alerta fue emitida en las últimas horas en el departamento del Valle del Cauca por cuenta de la acumulación de, por lo menos, cinco toneladas de residuos sólidos y peligrosos contaminados con mercurio, producto de la minería ilegal que afectan la parte alta del Parque Nacional Natural Farallones de Cali.Tras un recorrido adelantado por parte de las autoridades se determinó que se adelantará un proyecto para su evacuación y disposición final, pues los principales afectados son los caleños, debido a la contaminación del agua del río Cali que es la que consumen."El área del Parque Nacional Los Farallones es el que produce el agua que se consume en Cali y estos residuos están deteriorando el suelo, el agua y la fauna. Son residuos contaminados por mercurio", dijo Nasly Fernanda Vidales, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Valle.La Gobernación del Valle pidió apoyo de la fuerza pública y las autoridades ambientales para monitorear de forma permanente los farallones.En medio de un consejo de seguridad ambiental se estableció que la zona será custodiada permanentemente por la Policía y el Ejército Nacional. Escuche las noticias de Colombia y el mundo:
En el panel sobre la banca del Foro BLU 4.0 de BLU Radio, denominado Colombia Digital 2021, expertos en banca coincidieron en que el sector financiero debe trabajar, a través de la transformación digital, por un servicio más democrático y personalizado, con una cobertura que asista a un gran número de usuarios para el beneficio de toda la sociedad. Esta conversación reunió a importantes líderes y empresas de este sector, quienes reflexionaron alrededor de una banca digital para todos los ciudadanos y empresas. El Chief Information Officer de Bancolombia, Jorge Ospina, el VP Tec. & Op de Davivienda, Patricio Melo, la Country Manager de Logicalis, Sandra Díaz y el director general de Ikusi, Germán Agúndez, llegaron a puntos de encuentro en sus intervenciones moderados por Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0. “La digitalización enfrenta grandes retos para el sector, surgen diversas preguntas: ¿Cómo se va a desplazar la economía informal?, ¿Cómo bancarizar a más personas?, ¿Cómo afrontar la rápida aceptación de los usuarios con las tecnologías? Aquí podemos ver que esto es un gran reto para las entidades financieras y el país, pero también una gran oportunidad”, afirmó Germán Agúndez al inicio de la conversación refiriéndose a los principales retos que pone sobre la mesa la cuarta revolución industrial para estas entidades.Más adelante, Sandra Díaz, Country Manager de Logicalis, hizo énfasis en la importancia que tienen los proveedores tecnológicos para los objetivos digitales de las entidades financieras: “Yo creo que lo que viene para Colombia, es una open banking, una banca abierta, democrática y disponible para todo tipo de usuario, en la que la tecnología sea usada. No se hace nada con grandes inversiones si al final los servicios no se utilizan, por lo que jugamos un papel importante en esta labor”. La conversación propuso una perspectiva a futuro en la que el Chief Information Officer de Bancolombia, Jorge Ospina, dejó claro: “Los usuarios esperan un mejor servicio y a un clic. Nuestro reto es que todas las transacciones y los servicios digitales sean inmediatos, por lo que debemos apostar a una analítica de calidad. Debemos ofrecer productos inmediatos, habilitados por nuestros proveedores de tecnología”. Ospina dio a entender que el futuro de los bancos depende en gran medida en su proyección digital y en la convergencia que logren con los proveedores tecnológicos, que, a su vez, garantizarán el desarrollo y evolución de las entidades.
Para muchos, Toy Story es una de las historias más importantes de Pixar, pues revolucionó la animación infantil en los 90s y conquistó a una generación que aún sigue amando sus películas.Por esta razón, Disney y Pixar decidieron expandir el universo de los juguetes para crear una precuela que se basa en los orígenes de Buzz Lightyear, esta vez con la voz de Chris Evans.La película, que se estrenará en junio 17 del 2022 y estará dirigida por Angus MacLane, director ganador del premio Annie y veterano de la animación de Pixar, muestra el camino que ha recorrido Buzz hasta poder convertirse en el joven piloto de el Space Ranger.Además de Buzz, Disney anunció sus próximas películas para el 2022:Hocus pocus 2La era del hielo: aventuras del salvaje BuckEl rey león 2Live action de La sirenitaLive action basada en Chip ‘n’ DalePinochoPeter Pan & WendyCambio de hábito 3Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
El Ministerio de Salud anunció nuevos cambios en el Plan Nacional de Vacunación de acuerdo a la disponibilidad de dosis que han llegado al país en el último mes. Ahora, las personas que se hayan contagiado por COVID-19 ya no tendrán que esperar 90 días después de la enfermedad para vacunarse, como estaba establecido, solo será un mes de espera para tener mayor inmunidad con la vacuna.Esta decisión también se toma de acuerdo a la cantidad de vacunas que han llegado al país en octubre. Ha sido el mes con más disponibilidad de dosis, más de 12 millones de vacunas de todas las farmacéuticas han llegado a Colombia para continuar con la vacunación masiva.Sin embargo, el Ministerio de Salud invita a toda la ciudadanía que no ha recibido su dosis a acercarse a los puntos de vacunación. El objetivo es superar 300.000 aplicaciones diarias para lograr la inmunidad de rebaño de 35 millones de personas vacunadas a finalizar el 2021.De acuerdo al último reporte de vacunación, el lunes 25 de octubre, se aplicaron 215.024 dosis. En total, ya son 20.720.822 personas que tienen su esquema completo en el país. De más de 52 millones de vacunas que ya se han distribuido en todo el país, se han aplicado a lo largo de los meses 46.222.565.Escuche las noticias del momento en el podcast de BLU Radio:
En un cruce de disparos con la Policía, murió un presunto ladrón en la autopista entre Floridablanca y Bucaramanga, por el robo a una mujer.En el operativo fue capturado otro delincuente quien también se enfrenó a tiros con los uniformados tras la persecución que comenzó en el barrio Lagos II. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía."En medio de la actuación de los informados uno de los presuntos delincuentes comenzó a disparar y resultó lesionado siendo llevado a un centro asistencial donde fallece. Así mismo, se desplegaron las investigaciones internas administrativas para esclarecer los hechos", aseguró el general Samuel Bernal, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. El presunto ladrón quien murió en el cruce de disparos con la Policía fue identificado como Diego Miranda Castillo. BLU Radio conoció que en la persecución policial participaron cuatro uniformados en dos motocicletas luego que recibieran la denuncia sobre el robo a una mujer en el barrio Lagos II de Floridablanca. "La mujer fue arrastrada por los ladrones cuando le robaron el bolso, por eso las personas comenzaron a gritas y llamaron a las autoridades, luego supimos que en la persecución murió uno de los delincuentes", señaló un testigo de los hechos a BLU Radio.
