La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exrepresentante a la Cámara Germán Alonso Olano Becerra a 3 años y 4 meses de prisión como responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, dentro del proceso relacionado con el denominado carrusel de la contratación en Bogotá.En la misma decisión, la Corte condenó al excongresista al pago de $3.436.759.367 por concepto de daños materiales a favor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).Asimismo, el alto tribunal negó a Olano los beneficios de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la prisión domiciliaria. En consecuencia, ordenó librar de manera inmediata la orden de captura para que cumpla la condena impuesta y dispuso gestionar la correspondiente notificación roja ante Interpol. No obstante, la decisión aún podrá ser revisada en segunda instancia antes de quedar ejecutoriada.De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan a 2007, cuando Miguel Eduardo Nule, cabeza visible del Grupo Nule, sostuvo reuniones con Germán Olano y con Héctor Julio Gómez González, en las que se habría acordado el pago de 3.500 millones de pesos para obtener la adjudicación del contrato de construcción de la Fase III de TransMilenio por la calle 26.La Corte señaló que, aunque la propuesta presentada por el Grupo Nule no cumplía con los requisitos legales, el entonces congresista intervino para favorecer la adjudicación del contrato y parte del dinero pactado habría sido utilizado para sobornar a funcionarios del IDU. Finalmente, el contrato fue adjudicado por 315 mi millones de pesos.En la sentencia, la corporación explicó que “Miguel Eduardo Nule acudió al entonces congresista Germán Alonso Olano Becerra, quien a su vez era muy cercano al contratista Héctor Julio Gómez González para lograr salvar su propuesta licitatoria y hacerse al contrato”.El fallo agrega que, tras varias reuniones, “acordó con éstos que les entregaría 3.500 millones de pesos, valga decir, 1.750 millones para el ahora excongresista Olano y los otros 1.750 millones para Gómez González”.La Corte también concluyó que Olano intervino para evitar que la Contraloría Distrital ejerciera control fiscal sobre la ejecución del contrato, pese a los retrasos que ya presentaban las obras.En ese sentido, la providencia señala que “Olano Becerra realizó gestiones encaminadas a neutralizar el peligro que representaba la intervención del Contralor Distrital, Miguel Ángel Morales Russi, para la ejecución de las obras de TransMilenio por la Calle 26”, en medio de las investigaciones relacionadas con el pago de comisiones derivadas de otros contratos vinculados al denominado carrusel de la contratación.Con esta decisión, la Sala Especial de Primera Instancia declaró la responsabilidad penal del excongresista por su intervención indebida en la adjudicación del contrato de la Fase III de TransMilenio. Sin embargo, la condena aún deberá surtir el trámite de segunda instancia antes de quedar en firme y hacerse efectiva de manera definitiva.
Hace 16 años estalló el escándalo de corrupción conocido como el carrusel de la contratación y hoy vuelve a ser noticia por la condena emitida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que sentenció al exsenador Iván Moreno Rojas, hermano del fallecido exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, a la pena de 4 años y 3 meses de prisión por estos hechos.Según la sentencia anticipada, Iván Moreno aceptó su responsabilidad por hechos ocurridos entre 2009 y 2010, cuando ejercía como senador, al influir indebidamente en funcionarios de la Secretaría de Integración Social y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para favorecer contratos a determinados particulares a cambio de comisiones.La Corte estableció que el excongresista intervino, directamente y a través de terceros, para direccionar convenios por más de $51.877 millones y $49.583 millones, así como un contrato de obra por más de $243.117 millones, relacionados con programas sociales y obras del sistema de alcantarillado de la capital.En el fallo se indica que, como contraprestación por esas gestiones irregulares, el exsenador habría recibido comisiones que sumaron $1.350 millones, provenientes de anticipos entregados a los contratistas favorecidos.El alto tribunal concluyó que Moreno utilizó su investidura y su cercanía con el entonces alcalde Samuel Moreno para influir en la contratación distrital, con el fin de obtener recursos económicos y fortalecer su movimiento político.La decisión se produjo mediante sentencia anticipada, luego de que el exsenador aceptara los cargos de manera libre y voluntaria, lo que permitió una reducción de la pena conforme a la ley procesal aplicable.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Liliana Pardo Gaona, exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), por el delito de cohecho propio al negar el recurso extraordinario de casación interpuesto por su defensa. Con esta decisión, la Sala de Casación Penal ratificó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que, a su vez, había confirmado la condena impuesta en primera instancia.Pardo Gaona, quien ocupó dicho cargo entre 2007 y 2010, fue condenada a 120 meses de prisión (10 años), una multa superior a 109 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación de funciones públicas por el mismo periodo, todo esto por su participación en el denominado carrusel de la contratación en Bogotá.Según la Corte y la Fiscalía, durante los años 2008 y 2009 la entonces funcionaria aceptó promesas de pagos a cambio de facilitar irregularidades o direccionar contratos para obras de malla vial y TransMilenio.La sentencia indica que, las inconsistencias incluyeron la entrega de información reservada así como la intervención en el método de evaluación de las propuestas y decisiones orientadas a favorecer a determinados oferentes.En otro caso, vinculado a contratos de valorización adjudicados en 2009, la Corte concluyó que también aceptó promesas de pago a cambio de influir en los términos de referencia y beneficiar a firmas específicas.¿Qué era el carrusel de la contratación?El carrusel de la contratación en Bogotá fue una red de corrupción que involucró a funcionarios y contratistas durante la administración distrital de finales de la década de 2000. En ese entramado fueron procesados y condenados varios particulares y servidores públicos, entre ellos el exalcalde Samuel Moreno Rojas y empresarios vinculados Grupo Nule, lo que marcó uno de los mayores casos de corrupción administrativa en la capital del país.En su recurso de casación, la defensa alegó que la acción penal estaba prescrita al momento de emitirse la sentencia de segunda instancia o que había dudas sobre las pruebas, errores y refirió una hipótesis alterna que atribuía la responsabilidad a otros funcionarios.Sin embargo, la Corte rechazó estos argumentos y concluyó que las instancias anteriores aplicaron correctamente las reglas lo que permitía afirmar, más allá de duda razonable, que Pardo Gaona aceptó promesas remuneratorias con conocimiento y voluntad de infringir sus deberes oficiales.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la negativa a la solicitud de nulidad que había hecho el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, frente a la acusación que se adelanta en su contra por el delito de tráfico de influencias, relacionado con el “carrusel de la contratación”.El alto tribunal negó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del ministro, con la cual se buscaba anular la acusación al considerar que durante el trámite se habrían vulnerado garantías como el debido proceso y el derecho de defensa. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no se configuró ninguna irregularidad sustancial que ameritara retrotraer la actuación.En su decisión, la Sala Penal explicó que la nulidad es una medida excepcional, que solo procede cuando se demuestra una afectación real y trascendental de las garantías fundamentales, situación que según el fallo no ocurrió en el caso del ministro de Trabajo.La Corte también precisó que las inconformidades de la defensa ya habían sido analizadas en etapas previas del proceso y que no es válido utilizar la nulidad como un mecanismo para reabrir discusiones que deben resolverse en el juicio, donde se evaluará de fondo la responsabilidad penal del acusado.Con esta determinación, la Corte Suprema de Justicia dejó claro que el proceso penal contra Antonio Sanguino continúa sin obstáculos y que el ministro de la cartera de trabajo deberá enfrentar el juicio por tráfico de influencias, delito que se le atribuye por presuntas gestiones indebidas cuando se desempeñaba como concejal de Bogotá.
El Juzgado 15 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá decidió revocar la libertad condicional que había sido otorgada a Emilio José Tapia Aldana, condenado por su participación en varios escándalos de corrupción en el país.La decisión judicial, fechada en octubre de 2025, deja sin efecto la providencia emitida el pasado 11 de abril de 2025 por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, que había autorizado la libertad condicional de Tapia.De acuerdo con el documento judicial, “la providencia a través de la cual se concedió la libertad condicional otorgada al procesado Emilio Tapia será revocada, el tratamiento penitenciario al que fue sometido debe ser acorde con los hechos que dieron lugar a su condena, y aún no es suficiente para disponer su liberación de manera condicionada”.La resolución también ordena la captura inmediata de Tapia Aldana, instruyendo al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla o a las autoridades competentes para que el condenado sea puesto nuevamente bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). El documento señala que, una vez aprehendido, Tapia deberá ser trasladado al establecimiento penitenciario que determine el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla.Asimismo, el despacho judicial dispuso que se notifique por el medio más expedito y eficaz al sentenciado y a las demás partes involucradas. Además, la decisión aclara que no procede ningún recurso legal, al tratarse de una providencia de segunda instancia.Esta determinación judicial se convierte en un nuevo capítulo en el caso de Emilio José Tapia Aldana, una de las figuras más controvertidas en los procesos relacionados con la contratación pública en Colombia. Con esta revocatoria, el empresario deberá continuar cumpliendo su condena dentro del sistema penitenciario hasta que las autoridades consideren que ha cumplido con los requisitos legales para una eventual libertad.
Desde el martes 18 de junio, Emilio Tapia abandonó el pabellón de Medidas Especiales de Tratamiento, conocido como UTE, en la Penitenciaría El Bosque y fue llevado de regreso al pabellón donde recibían a funcionarios públicos condenados por corrupción y otros delitos, el cual había sido cerrado por orden del director nacional del Inpec desde mayo del año pasado, ante denuncias de salidas irregulares de los internos.El juzgado primero promiscuo municipal de Malambo dio la orden al Inpec de regresar al empresario conocido como ‘el zar de la contratación’ al pabellón en que se encontraba, esto ante a una acción de tutela interpuesta por la esposa de tapia, Natalia Morales Alzayus y sus dos hijos menores de edad.En dicha tutela, familiares de Tapia piden el traslado en virtud de garantizar sus derechos fundamentales y condiciones dignas para su detención.De no darse el traslado, informó el Inpec, se incurría en un desacato que llevaba al arresto por cinco días del director nacional del Inpec, el teniente Coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas.Finalmente, Tapia se encontró de vuelta en el mismo pabellón con Jaime Saade Cormane, condenado por el asesinato de Nancy Mestre hace 30 años en el norte de Barranquilla y es que la reapertura de este pabellón ahora se da para recibir a otro tipo de detenidos, no solo funcionarios públicos, detalló el Inpec.
El exsenador Iván Moreno Rojas, condenado por su implicación en el escándalo de corrupción del carrusel de la contratación, fue trasladado de la cárcel La Picota de Bogotá, donde estuvo cumpliendo su pena hasta hace unos días, al centro penitenciario de mediana seguridad de Acacías en Meta.Moreno Rojas estuvo en La Picota en una celda en el área designada para funcionarios públicos y el cambio de cárcel se dio en cumplimiento de una orden judicial.Según los documentos oficiales, en febrero de 2024, Moreno Rojas presentó una solicitud de prisión domiciliaria a través de su abogado. Sin embargo, se conoció que por mandato de un tribunal de ejecución de penas de Bogotá, el exsenador fue trasladado a este nuevo centro de reclusión. Fuentes al interior del Inpec informaron que esta decisión estaría encaminada a que Moreno participe de proyectos a cambio de beneficios legales.Cabe mencionar que Moreno Rojas fue llevado allí para cumplir su condena, impuesta en agosto de 2023 por la Corte Suprema, que lo sentenció a 13 años y nueve meses de prisión por su papel en el carrusel de la contratación de Bogotá donde también estuvo involucrado su difunto hermano, el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno.De acuerdo con la Sala de Primera Instancia, los delitos cometidos por Moreno Rojas incluyen concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho propio continuado e interés indebido en la celebración de contratos.
Se trata de la exjefe de la Oficina Asesora de Planeación del IDU Claudia Patricia Otálora Cano, quien fue acusada por varias actuaciones irregulares detectadas en la contratación de obras públicas en Bogotá. En 2009, la exfuncionaria hizo parte del Comité de Adjudicaciones del IDU y en el ejercicio de su cargo participó en el direccionamiento de cinco contratos financiados con recursos de valorización, con el propósito de beneficiar a dos contratistas específicos.Los proyectos ascendieron a 84.000 millones de pesos y contemplaron la construcción de andenes, dos ciclos de puentes, una calzada de la avenida La Sirena, Calle 153, la intersección del deprimido de la Calle 94 y tres puentes peatonales.“Entre estas la entrega de información reservada del proceso de selección a los aspirantes favorecidos para que ajustaran sus propuestas, fallas en la fase de planeación relacionadas con estudios y diseños incompletos, deficiencias en la elaboración de los presupuestos, y limitación a la participación de otros oferentes”, dijo Martha Parra, directora especializada contra la Corrupción de la Fiscalía.Esta persona fue condenada a 11 años de prisión, como responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos. Asimismo, se le impuso multa equivalente a 130 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 127 meses para ejercer cargos públicos.
La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos contra la fiscal Angélica Monsalve por presuntos hechos de corrupción.Según el investigador, que ella habría solicitado dinero, a través de un tercero, para direccionar el resultado de una investigación que estaba a cargo de su despacho.La imputación sería por el delito de concusión. La Fiscalía que tiene todos los elementos de prueba suficientes para establecer que Angélica Monsalve solicitó dinero para direccionar el resultado de investigación que estaba a cargo de su despacho.Sin embargo, en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la fiscal Monsalve, entregó detalles del proceso y aseguró que no hay pruebas en su contra, en ese sentido, contó que incluso la han interceptado.“Yo estoy interceptada desde hace año y medio. No solamente mi persona, interceptaron también a mi asistente, interceptaron a los abogados, hace año y medio", dijo.“Donde a mí me hubiesen grabado pidiendo yo ya estuviera capturada. No hay ninguna prueba”, insistió sobre el proceso que se adelanta en su contra.“La Fiscalía me tienen ganas, tienen año y medio con ese proceso y no hay prueba alguna. Si yo le hubiese recibido, que, si yo le pido plata a este imputado que tiene doce años comprando a funcionarios para zafarse del proceso, él me la da, inmediatamente me la da. O sea, es absurdo pensar siquiera que yo pedí plata”, dijo.El encargado de la imputación será un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción ante un juez de control de garantías. Mientras que, la audiencia fue radicada en el centro de servicios del Complejo Judicial de Paloquemao. Por ahora, se desconoce fecha y lugar.Por otro lado, otro delegado fiscal citó a diligencia de interrogatorio a la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria por una indagación sobre presuntas presiones indebidas con el fin de obtener falsas declaraciones en el caso de ́carrusel de vehículos blindados ́.A continuación la entrevista en Mañanas Blu:
El pasado 30 de abril, la Corte Suprema de Justicia presentó la convocatoria pública 01 para elegir la terna que será enviada al Consejo de Estado para que éste elija al auditor general de la República, que es el encargado de vigilar las contralorías general, distritales, departamentales y municipales del país, en reemplazo de Alma Carmenza Erazo Montenegro.Aunque para algunos esta entidad ha pasado desapercibida porque no ha mostrado resultados relevantes, esta es de vital importancia para el correcto manejo de todos los organismos de control fiscal, que suponen procesos de investigación rigurosa. Sin embargo, el ruido es porque la elección se dirija a un candidato cercano a políticos y exfuncionarios nacionales y regionales, ya es muy fuerte.En esta convocatoria participaron cerca de 80 aspirantes, de ellos se seleccionaron inicialmente 21, pero algunos apelaron la decisión y ganaron, por lo que el listado de habilitados se amplió a 33. Sin embargo, desde el comienzo del proceso ya se mencionan algunos ganadores.Estos son los cinco más sonados a conformar la terna de la AuditoríaEn los pasillos de la Corte Suprema de Justicia se da por descontado que el actual secretario general de la Personería de Bogotá, Carlos Silgado Betancourt, hará parte de la terna. Silgado fue tristemente célebre por ser la mano derecha del corrupto condenado contralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Russsi, durante el 'Carrusel de la Contratación' . Él era el propietario del hotel L’ETOILE donde se realizaron las reuniones con los contratistas del carrusel para acordar comisiones. Silgado fue mencionado más recientemente por el sindicato de la Personería de Bogotá que denunció irregularidades en la contratación de la entidad y aseguró que palabras más palabras menos, el dueño del bolígrafo para nombrar y sacar gente era Silgado desde su cargo como Secretario General.Asimismo, se una a la terna María Anayme Barón Durán, quien fue la secretaria de Hacienda de Boyacá durante la gobernación de Juan Carlos Granados Becerra, magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial a quien se le adelanta un juicio por corrupción en la comisión de acusaciones dentro del entramado de Odebrecht. Además, la Procuraduría formuló pliego de cargos en enero de 2023 en su contra, luego de una investigación donde se pudo determinar un sobrecosto del 400 % en la adquisición de un predio, investigación que avanza también en Fiscalía. Barón también es apoyada por el excontralor Felipe Córdoba, que andaría muy activo en la campaña de elección de Auditor. Muchos han visto a su hombre de confianza, Juan Alberto Castro, haciendo lobby a favor de la doctora Barón.En esta elección también hace sentir su poder el registrador Alexander Vega, quien tendría como candidato a Jairo Alonso Mesa Guerra, su registrador delegado para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, que además fue superintendente de Notariado y Registro encargado. En su momento, Guerra fue cuestionado por darle millonarios contratos a la empresa Furel S.A, empresa manejada por Hernán Moreno Pérez, quien se encuentra detenido por corrupción.También intentó, sin suerte, ser contralor de la capital de Antioquia porque su papel en el tema de la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le cobró factura, ya que desde la delegada de la Registraduría Nacional se dice, favoreció a Quintero.Otro nombre fuerte es el de Patricia Duque Cruz, exdirectora administrativa del Concejo de Bogotá en épocas de Hipólito Moreno, el exconcejal condenado por el 'Carrusel de la Contratación' . Luego fue superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios con el apoyo del entonces ministro Juan Fernando Cristo, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, fue retirada del cargo por los cuestionamientos frente a la intervención de Termocandelaria y al cuestionado contrato reforzamiento del edificio de la Superintendencia. La mayor ventaja que presenta Duque es ser amiga de la actual auditora general.Por último, el nombre de Germán Calderón también aparece, cercano al excontralor, fue juzgado por el delito de contrato sin requisitos legales, hallado culpable en primera y segunda instancia pero dejado en libertad por la Corte Suprema de Justicia por vencimiento de términos. Fue contratado por Felipe Córdoba durante su paso por la Contraloría. También pasó por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, donde estuvo inmerso en cuestionamientos que relacionaban sus fallos con favorecimientos a políticos amigos suyos y de sus hermanos. Cabe recordar que es hermano del cuestionado veedor de Cundinamarca, Juan Carlos Calderón España, máximo defensor de Felipe Córdoba en la demanda de nulidad de su elección y con múltiples cuestionamientos por demandas colectivas contra unos políticos para favorecer a otros en el departamento de Cundinamarca.Al igual que este martes, 1 de agosto, se hizo público un contrato de Germán Calderón España en la UTL de Susana Boreal, contrato que iría desde el 18 de julio hasta el 30 de diciembre por 95 millones.Le puede interesar
Corponor elevó de amarilla a naranja la alerta por el comportamiento de las fuentes hídricas en Norte de Santander. La decisión se produce casi 15 días después de la primera advertencia y responde al mayor riesgo de disminución de los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia.Humberto Camacho, director de Corponor, explicó que el cambio representa el paso de la prevención a la acción. “Con la alerta naranja estamos llamados ya a la acción”, señaló, al advertir que las autoridades municipales, la Policía y los organismos de gestión del riesgo deberán reforzar el cumplimiento de las restricciones.Uno de los indicadores que genera mayor preocupación está en el río Zulia. Su caudal medio normalmente se encuentra entre 24.000 y 28.000 litros por segundo, pero actualmente registra entre 13.000 y 14.000 litros por segundo.La autoridad ambiental también advierte sobre el aumento de las captaciones ilegales. “Las nacientes siguen siendo las mismas, la población sigue aumentando y el desvío del recurso hídrico de manera ilegal también sigue creciendo”, explicó Camacho.Ante este panorama, Corponor anunció restricciones temporales sobre el uso del agua y medidas contra las captaciones no autorizadas. También se suspendió el aprovechamiento de material de arrastre en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita.Para los ciudadanos también hay restricciones: está prohibido llenar piscinas, regar jardines y zonas verdes, lavar vehículos con manguera y utilizar agua para lavar fachadas, andenes y parqueaderos, entre otras actividades no autorizadas.Aunque todavía no se declara una alerta roja, el director de Corponor advierte que el escenario podría acercarse a ese nivel si no se adoptan las medidas necesarias. “Estamos muy cerca si no tomamos las acciones necesarias”, afirmó.En Cúcuta, la disminución del caudal del río Pamplonita ya es visible en diferentes puntos de la ciudad. Mientras permanece activa la alerta naranja, Corponor y las autoridades locales mantienen reuniones para evaluar la evolución de las fuentes hídricas y determinar nuevas acciones durante los próximos días.
El Audi A6 Sportback E-Tron, un carro eléctrico que oficialmente puede recorrer hasta 777 kilómetros con una carga, consiguió llegar a 1.338 kilómetros antes de quedarse sin batería, una distancia cerca de 72 % superior a la homologada, y de paso estableció un nuevo Récord Guinness para un vehículo eléctrico de producción.La hazaña estuvo a cargo del piloto polaco de rally Miko Marczyk, quien inició el recorrido a la 1:55 a. m. del 11 de septiembre. El trayecto lo llevó por ciudades como Cracovia, Sandomierz, Varsovia, Toruń y Grudziądz hasta llegar a Hel, en la costa del mar Báltico. Desde allí emprendió el regreso por buena parte de la misma ruta.El Audi terminó agotando su batería después de más de 45 horas de recorrido, cuando circulaba entre Toruń y Ciechocinek.¿Cómo un carro de 777 km de autonomía llegó a 1.338 km?La diferencia entre la autonomía oficial y la conseguida en carretera se explica principalmente por el nivel de eficiencia alcanzado durante la prueba. Marczyk consiguió un consumo promedio de apenas 7,09 kWh por cada 100 kilómetros, menos de la mitad del consumo combinado oficial del A6 Sportback E-Tron.No se trató de una prueba realizada en una pista cerrada ni de un vehículo transportado durante parte del recorrido. El Audi circuló por vías públicas y enfrentó tráfico normal, incluso durante horas de mayor congestión.Las condiciones tampoco fueron completamente constantes. La temperatura promedio estuvo alrededor de los 15 grados Celsius y llegó a bajar hasta los 7 grados durante el recorrido.Para reducir el consumo, el piloto aprovechó la frenada regenerativa, anticipó las condiciones del tráfico, evitó aceleraciones y frenadas innecesarias y mantuvo los neumáticos con la presión adecuada.La aerodinámica fue clave para gastar menos energíaEl resultado también está relacionado con las características del propio Audi. El A6 Sportback E-Tron tiene un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los elementos que contribuyen a reducir la resistencia al avance y, por tanto, el consumo energético.El vehículo utiliza además una batería con 94,9 kWh de capacidad neta y cuenta con un sistema de recuperación de energía mediante frenado regenerativo que puede alcanzar hasta 220 kW.Audi asegura que alrededor del 95 % de las frenadas durante el uso cotidiano pueden realizarse mediante recuperación de energía. En una prueba centrada en recorrer la mayor distancia posible, aprovechar este sistema resulta especialmente relevante.El registro conseguido por Marczyk corresponde a la categoría de vehículos eléctricos de producción. El récord general pertenece al prototipo “muc022” del TUfast Eco Team, que recorrió 2.573,79 kilómetros con una sola carga en Alemania en septiembre de 2023.La diferencia está en el tipo de vehículo. Mientras aquel registro fue conseguido por un prototipo desarrollado específicamente para eficiencia, el Audi utilizado por Marczyk es un modelo de producción que realizó el recorrido en carreteras públicas.El piloto polaco ya había conseguido otro récord Guinness en 2025, cuando recorrió 2.831 kilómetros con un Skoda Superb diésel utilizando un solo tanque de combustible
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
Una profesora fue atacada con un cuchillo dentro de un salón de clases por una de sus estudiantes, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del colegio. La docente terminó en el piso durante el forcejeo, pero consiguió salir del aula y pedir ayuda pese a las heridas.El caso ocurrió el viernes 11 de septiembre en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, en Cametá, ciudad del estado de Pará, en el noreste de Brasil. La profesora fue identificada como Betânia Almeida Prestes y la agresora es una adolescente que estudiaba en la institución.La escena se desencadenó después de una evaluación académica. Según la información conocida por medios locales, la estudiante había presentado un examen y posteriormente recibió la corrección de la docente. Poco después, cuando ambas permanecían solas en el salón, la menor sacó un cuchillo de caza que llevaba escondido.Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la joven se acerca a la profesora y comienza la agresión. Betânia intentó evitar que la atacara y logró bloquear el primer movimiento de la estudiante.La docente también trató de contenerla físicamente y la llevó hasta una de las paredes del aula. Sin embargo, durante el enfrentamiento perdió el equilibrio y terminó en el suelo, donde recibió una herida por la espalda.Aun en esas condiciones, la profesora consiguió continuar con la resistencia hasta encontrar una oportunidad para escapar. Una vez fuera del salón, pidió auxilio y alertó a otros integrantes de la comunidad educativa sobre lo ocurrido.La explicación que entregó la estudianteLa Policía fue llamada al colegio y encontró a la adolescente en las instalaciones. Los agentes procedieron con su detención y posteriormente iniciaron el interrogatorio para establecer qué había provocado la agresión.De acuerdo con los reportes de medios locales, la estudiante aseguró que no existía un motivo concreto detrás del ataque. Su explicación fue que la profesora simplemente “no le caía bien”.Durante las diligencias, además, la adolescente señaló que había arrojado el cuchillo utilizado en la agresión dentro de una caneca de basura de la institución. Los uniformados encontraron el arma en ese lugar y procedieron a incautarla.La menor quedó posteriormente a disposición de los Servicios de Protección Infantil, mientras las autoridades notificaron a su madre y trasladaron a la adolescente a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con el procedimiento correspondiente.¿Qué pasó con la profesora?Tras conseguir salir del salón, Betânia fue atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Allí recibió puntos de sutura por las lesiones que sufrió durante el ataque.Según los reportes conocidos sobre el caso, las heridas no fueron consideradas de gravedad. La docente permaneció algunas horas en observación médica antes de continuar con su recuperación.El episodio generó una respuesta de la institución educativa, que expresó públicamente su rechazo a la violencia contra la profesora y manifestó su solidaridad con ella.“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señaló la escuela en un comunicado.En el mismo pronunciamiento, la institución resaltó el trabajo de Betânia Almeida Prestes como docente y sostuvo que lo ocurrido también representa una preocupación para el resto de los profesores.“La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país”, manifestó el colegio, que cerró su mensaje cuestionando hasta cuándo los profesores tendrán que enfrentar situaciones de violencia e irrespeto dentro de las instituciones educativas.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.