La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exrepresentante a la Cámara Germán Alonso Olano Becerra a 3 años y 4 meses de prisión como responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, dentro del proceso relacionado con el denominado carrusel de la contratación en Bogotá.En la misma decisión, la Corte condenó al excongresista al pago de $3.436.759.367 por concepto de daños materiales a favor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).Asimismo, el alto tribunal negó a Olano los beneficios de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la prisión domiciliaria. En consecuencia, ordenó librar de manera inmediata la orden de captura para que cumpla la condena impuesta y dispuso gestionar la correspondiente notificación roja ante Interpol. No obstante, la decisión aún podrá ser revisada en segunda instancia antes de quedar ejecutoriada.De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan a 2007, cuando Miguel Eduardo Nule, cabeza visible del Grupo Nule, sostuvo reuniones con Germán Olano y con Héctor Julio Gómez González, en las que se habría acordado el pago de 3.500 millones de pesos para obtener la adjudicación del contrato de construcción de la Fase III de TransMilenio por la calle 26.La Corte señaló que, aunque la propuesta presentada por el Grupo Nule no cumplía con los requisitos legales, el entonces congresista intervino para favorecer la adjudicación del contrato y parte del dinero pactado habría sido utilizado para sobornar a funcionarios del IDU. Finalmente, el contrato fue adjudicado por 315 mi millones de pesos.En la sentencia, la corporación explicó que “Miguel Eduardo Nule acudió al entonces congresista Germán Alonso Olano Becerra, quien a su vez era muy cercano al contratista Héctor Julio Gómez González para lograr salvar su propuesta licitatoria y hacerse al contrato”.El fallo agrega que, tras varias reuniones, “acordó con éstos que les entregaría 3.500 millones de pesos, valga decir, 1.750 millones para el ahora excongresista Olano y los otros 1.750 millones para Gómez González”.La Corte también concluyó que Olano intervino para evitar que la Contraloría Distrital ejerciera control fiscal sobre la ejecución del contrato, pese a los retrasos que ya presentaban las obras.En ese sentido, la providencia señala que “Olano Becerra realizó gestiones encaminadas a neutralizar el peligro que representaba la intervención del Contralor Distrital, Miguel Ángel Morales Russi, para la ejecución de las obras de TransMilenio por la Calle 26”, en medio de las investigaciones relacionadas con el pago de comisiones derivadas de otros contratos vinculados al denominado carrusel de la contratación.Con esta decisión, la Sala Especial de Primera Instancia declaró la responsabilidad penal del excongresista por su intervención indebida en la adjudicación del contrato de la Fase III de TransMilenio. Sin embargo, la condena aún deberá surtir el trámite de segunda instancia antes de quedar en firme y hacerse efectiva de manera definitiva.
Hace 16 años estalló el escándalo de corrupción conocido como el carrusel de la contratación y hoy vuelve a ser noticia por la condena emitida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que sentenció al exsenador Iván Moreno Rojas, hermano del fallecido exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, a la pena de 4 años y 3 meses de prisión por estos hechos.Según la sentencia anticipada, Iván Moreno aceptó su responsabilidad por hechos ocurridos entre 2009 y 2010, cuando ejercía como senador, al influir indebidamente en funcionarios de la Secretaría de Integración Social y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para favorecer contratos a determinados particulares a cambio de comisiones.La Corte estableció que el excongresista intervino, directamente y a través de terceros, para direccionar convenios por más de $51.877 millones y $49.583 millones, así como un contrato de obra por más de $243.117 millones, relacionados con programas sociales y obras del sistema de alcantarillado de la capital.En el fallo se indica que, como contraprestación por esas gestiones irregulares, el exsenador habría recibido comisiones que sumaron $1.350 millones, provenientes de anticipos entregados a los contratistas favorecidos.El alto tribunal concluyó que Moreno utilizó su investidura y su cercanía con el entonces alcalde Samuel Moreno para influir en la contratación distrital, con el fin de obtener recursos económicos y fortalecer su movimiento político.La decisión se produjo mediante sentencia anticipada, luego de que el exsenador aceptara los cargos de manera libre y voluntaria, lo que permitió una reducción de la pena conforme a la ley procesal aplicable.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Liliana Pardo Gaona, exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), por el delito de cohecho propio al negar el recurso extraordinario de casación interpuesto por su defensa. Con esta decisión, la Sala de Casación Penal ratificó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que, a su vez, había confirmado la condena impuesta en primera instancia.Pardo Gaona, quien ocupó dicho cargo entre 2007 y 2010, fue condenada a 120 meses de prisión (10 años), una multa superior a 109 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación de funciones públicas por el mismo periodo, todo esto por su participación en el denominado carrusel de la contratación en Bogotá.Según la Corte y la Fiscalía, durante los años 2008 y 2009 la entonces funcionaria aceptó promesas de pagos a cambio de facilitar irregularidades o direccionar contratos para obras de malla vial y TransMilenio.La sentencia indica que, las inconsistencias incluyeron la entrega de información reservada así como la intervención en el método de evaluación de las propuestas y decisiones orientadas a favorecer a determinados oferentes.En otro caso, vinculado a contratos de valorización adjudicados en 2009, la Corte concluyó que también aceptó promesas de pago a cambio de influir en los términos de referencia y beneficiar a firmas específicas.¿Qué era el carrusel de la contratación?El carrusel de la contratación en Bogotá fue una red de corrupción que involucró a funcionarios y contratistas durante la administración distrital de finales de la década de 2000. En ese entramado fueron procesados y condenados varios particulares y servidores públicos, entre ellos el exalcalde Samuel Moreno Rojas y empresarios vinculados Grupo Nule, lo que marcó uno de los mayores casos de corrupción administrativa en la capital del país.En su recurso de casación, la defensa alegó que la acción penal estaba prescrita al momento de emitirse la sentencia de segunda instancia o que había dudas sobre las pruebas, errores y refirió una hipótesis alterna que atribuía la responsabilidad a otros funcionarios.Sin embargo, la Corte rechazó estos argumentos y concluyó que las instancias anteriores aplicaron correctamente las reglas lo que permitía afirmar, más allá de duda razonable, que Pardo Gaona aceptó promesas remuneratorias con conocimiento y voluntad de infringir sus deberes oficiales.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la negativa a la solicitud de nulidad que había hecho el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, frente a la acusación que se adelanta en su contra por el delito de tráfico de influencias, relacionado con el “carrusel de la contratación”.El alto tribunal negó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del ministro, con la cual se buscaba anular la acusación al considerar que durante el trámite se habrían vulnerado garantías como el debido proceso y el derecho de defensa. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no se configuró ninguna irregularidad sustancial que ameritara retrotraer la actuación.En su decisión, la Sala Penal explicó que la nulidad es una medida excepcional, que solo procede cuando se demuestra una afectación real y trascendental de las garantías fundamentales, situación que según el fallo no ocurrió en el caso del ministro de Trabajo.La Corte también precisó que las inconformidades de la defensa ya habían sido analizadas en etapas previas del proceso y que no es válido utilizar la nulidad como un mecanismo para reabrir discusiones que deben resolverse en el juicio, donde se evaluará de fondo la responsabilidad penal del acusado.Con esta determinación, la Corte Suprema de Justicia dejó claro que el proceso penal contra Antonio Sanguino continúa sin obstáculos y que el ministro de la cartera de trabajo deberá enfrentar el juicio por tráfico de influencias, delito que se le atribuye por presuntas gestiones indebidas cuando se desempeñaba como concejal de Bogotá.
El Juzgado 15 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá decidió revocar la libertad condicional que había sido otorgada a Emilio José Tapia Aldana, condenado por su participación en varios escándalos de corrupción en el país.La decisión judicial, fechada en octubre de 2025, deja sin efecto la providencia emitida el pasado 11 de abril de 2025 por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, que había autorizado la libertad condicional de Tapia.De acuerdo con el documento judicial, “la providencia a través de la cual se concedió la libertad condicional otorgada al procesado Emilio Tapia será revocada, el tratamiento penitenciario al que fue sometido debe ser acorde con los hechos que dieron lugar a su condena, y aún no es suficiente para disponer su liberación de manera condicionada”.La resolución también ordena la captura inmediata de Tapia Aldana, instruyendo al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla o a las autoridades competentes para que el condenado sea puesto nuevamente bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). El documento señala que, una vez aprehendido, Tapia deberá ser trasladado al establecimiento penitenciario que determine el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla.Asimismo, el despacho judicial dispuso que se notifique por el medio más expedito y eficaz al sentenciado y a las demás partes involucradas. Además, la decisión aclara que no procede ningún recurso legal, al tratarse de una providencia de segunda instancia.Esta determinación judicial se convierte en un nuevo capítulo en el caso de Emilio José Tapia Aldana, una de las figuras más controvertidas en los procesos relacionados con la contratación pública en Colombia. Con esta revocatoria, el empresario deberá continuar cumpliendo su condena dentro del sistema penitenciario hasta que las autoridades consideren que ha cumplido con los requisitos legales para una eventual libertad.
Desde el martes 18 de junio, Emilio Tapia abandonó el pabellón de Medidas Especiales de Tratamiento, conocido como UTE, en la Penitenciaría El Bosque y fue llevado de regreso al pabellón donde recibían a funcionarios públicos condenados por corrupción y otros delitos, el cual había sido cerrado por orden del director nacional del Inpec desde mayo del año pasado, ante denuncias de salidas irregulares de los internos.El juzgado primero promiscuo municipal de Malambo dio la orden al Inpec de regresar al empresario conocido como ‘el zar de la contratación’ al pabellón en que se encontraba, esto ante a una acción de tutela interpuesta por la esposa de tapia, Natalia Morales Alzayus y sus dos hijos menores de edad.En dicha tutela, familiares de Tapia piden el traslado en virtud de garantizar sus derechos fundamentales y condiciones dignas para su detención.De no darse el traslado, informó el Inpec, se incurría en un desacato que llevaba al arresto por cinco días del director nacional del Inpec, el teniente Coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas.Finalmente, Tapia se encontró de vuelta en el mismo pabellón con Jaime Saade Cormane, condenado por el asesinato de Nancy Mestre hace 30 años en el norte de Barranquilla y es que la reapertura de este pabellón ahora se da para recibir a otro tipo de detenidos, no solo funcionarios públicos, detalló el Inpec.
El exsenador Iván Moreno Rojas, condenado por su implicación en el escándalo de corrupción del carrusel de la contratación, fue trasladado de la cárcel La Picota de Bogotá, donde estuvo cumpliendo su pena hasta hace unos días, al centro penitenciario de mediana seguridad de Acacías en Meta.Moreno Rojas estuvo en La Picota en una celda en el área designada para funcionarios públicos y el cambio de cárcel se dio en cumplimiento de una orden judicial.Según los documentos oficiales, en febrero de 2024, Moreno Rojas presentó una solicitud de prisión domiciliaria a través de su abogado. Sin embargo, se conoció que por mandato de un tribunal de ejecución de penas de Bogotá, el exsenador fue trasladado a este nuevo centro de reclusión. Fuentes al interior del Inpec informaron que esta decisión estaría encaminada a que Moreno participe de proyectos a cambio de beneficios legales.Cabe mencionar que Moreno Rojas fue llevado allí para cumplir su condena, impuesta en agosto de 2023 por la Corte Suprema, que lo sentenció a 13 años y nueve meses de prisión por su papel en el carrusel de la contratación de Bogotá donde también estuvo involucrado su difunto hermano, el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno.De acuerdo con la Sala de Primera Instancia, los delitos cometidos por Moreno Rojas incluyen concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho propio continuado e interés indebido en la celebración de contratos.
Se trata de la exjefe de la Oficina Asesora de Planeación del IDU Claudia Patricia Otálora Cano, quien fue acusada por varias actuaciones irregulares detectadas en la contratación de obras públicas en Bogotá. En 2009, la exfuncionaria hizo parte del Comité de Adjudicaciones del IDU y en el ejercicio de su cargo participó en el direccionamiento de cinco contratos financiados con recursos de valorización, con el propósito de beneficiar a dos contratistas específicos.Los proyectos ascendieron a 84.000 millones de pesos y contemplaron la construcción de andenes, dos ciclos de puentes, una calzada de la avenida La Sirena, Calle 153, la intersección del deprimido de la Calle 94 y tres puentes peatonales.“Entre estas la entrega de información reservada del proceso de selección a los aspirantes favorecidos para que ajustaran sus propuestas, fallas en la fase de planeación relacionadas con estudios y diseños incompletos, deficiencias en la elaboración de los presupuestos, y limitación a la participación de otros oferentes”, dijo Martha Parra, directora especializada contra la Corrupción de la Fiscalía.Esta persona fue condenada a 11 años de prisión, como responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos. Asimismo, se le impuso multa equivalente a 130 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 127 meses para ejercer cargos públicos.
La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos contra la fiscal Angélica Monsalve por presuntos hechos de corrupción.Según el investigador, que ella habría solicitado dinero, a través de un tercero, para direccionar el resultado de una investigación que estaba a cargo de su despacho.La imputación sería por el delito de concusión. La Fiscalía que tiene todos los elementos de prueba suficientes para establecer que Angélica Monsalve solicitó dinero para direccionar el resultado de investigación que estaba a cargo de su despacho.Sin embargo, en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la fiscal Monsalve, entregó detalles del proceso y aseguró que no hay pruebas en su contra, en ese sentido, contó que incluso la han interceptado.“Yo estoy interceptada desde hace año y medio. No solamente mi persona, interceptaron también a mi asistente, interceptaron a los abogados, hace año y medio", dijo.“Donde a mí me hubiesen grabado pidiendo yo ya estuviera capturada. No hay ninguna prueba”, insistió sobre el proceso que se adelanta en su contra.“La Fiscalía me tienen ganas, tienen año y medio con ese proceso y no hay prueba alguna. Si yo le hubiese recibido, que, si yo le pido plata a este imputado que tiene doce años comprando a funcionarios para zafarse del proceso, él me la da, inmediatamente me la da. O sea, es absurdo pensar siquiera que yo pedí plata”, dijo.El encargado de la imputación será un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción ante un juez de control de garantías. Mientras que, la audiencia fue radicada en el centro de servicios del Complejo Judicial de Paloquemao. Por ahora, se desconoce fecha y lugar.Por otro lado, otro delegado fiscal citó a diligencia de interrogatorio a la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria por una indagación sobre presuntas presiones indebidas con el fin de obtener falsas declaraciones en el caso de ́carrusel de vehículos blindados ́.A continuación la entrevista en Mañanas Blu:
El pasado 30 de abril, la Corte Suprema de Justicia presentó la convocatoria pública 01 para elegir la terna que será enviada al Consejo de Estado para que éste elija al auditor general de la República, que es el encargado de vigilar las contralorías general, distritales, departamentales y municipales del país, en reemplazo de Alma Carmenza Erazo Montenegro.Aunque para algunos esta entidad ha pasado desapercibida porque no ha mostrado resultados relevantes, esta es de vital importancia para el correcto manejo de todos los organismos de control fiscal, que suponen procesos de investigación rigurosa. Sin embargo, el ruido es porque la elección se dirija a un candidato cercano a políticos y exfuncionarios nacionales y regionales, ya es muy fuerte.En esta convocatoria participaron cerca de 80 aspirantes, de ellos se seleccionaron inicialmente 21, pero algunos apelaron la decisión y ganaron, por lo que el listado de habilitados se amplió a 33. Sin embargo, desde el comienzo del proceso ya se mencionan algunos ganadores.Estos son los cinco más sonados a conformar la terna de la AuditoríaEn los pasillos de la Corte Suprema de Justicia se da por descontado que el actual secretario general de la Personería de Bogotá, Carlos Silgado Betancourt, hará parte de la terna. Silgado fue tristemente célebre por ser la mano derecha del corrupto condenado contralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Russsi, durante el 'Carrusel de la Contratación' . Él era el propietario del hotel L’ETOILE donde se realizaron las reuniones con los contratistas del carrusel para acordar comisiones. Silgado fue mencionado más recientemente por el sindicato de la Personería de Bogotá que denunció irregularidades en la contratación de la entidad y aseguró que palabras más palabras menos, el dueño del bolígrafo para nombrar y sacar gente era Silgado desde su cargo como Secretario General.Asimismo, se una a la terna María Anayme Barón Durán, quien fue la secretaria de Hacienda de Boyacá durante la gobernación de Juan Carlos Granados Becerra, magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial a quien se le adelanta un juicio por corrupción en la comisión de acusaciones dentro del entramado de Odebrecht. Además, la Procuraduría formuló pliego de cargos en enero de 2023 en su contra, luego de una investigación donde se pudo determinar un sobrecosto del 400 % en la adquisición de un predio, investigación que avanza también en Fiscalía. Barón también es apoyada por el excontralor Felipe Córdoba, que andaría muy activo en la campaña de elección de Auditor. Muchos han visto a su hombre de confianza, Juan Alberto Castro, haciendo lobby a favor de la doctora Barón.En esta elección también hace sentir su poder el registrador Alexander Vega, quien tendría como candidato a Jairo Alonso Mesa Guerra, su registrador delegado para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, que además fue superintendente de Notariado y Registro encargado. En su momento, Guerra fue cuestionado por darle millonarios contratos a la empresa Furel S.A, empresa manejada por Hernán Moreno Pérez, quien se encuentra detenido por corrupción.También intentó, sin suerte, ser contralor de la capital de Antioquia porque su papel en el tema de la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le cobró factura, ya que desde la delegada de la Registraduría Nacional se dice, favoreció a Quintero.Otro nombre fuerte es el de Patricia Duque Cruz, exdirectora administrativa del Concejo de Bogotá en épocas de Hipólito Moreno, el exconcejal condenado por el 'Carrusel de la Contratación' . Luego fue superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios con el apoyo del entonces ministro Juan Fernando Cristo, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, fue retirada del cargo por los cuestionamientos frente a la intervención de Termocandelaria y al cuestionado contrato reforzamiento del edificio de la Superintendencia. La mayor ventaja que presenta Duque es ser amiga de la actual auditora general.Por último, el nombre de Germán Calderón también aparece, cercano al excontralor, fue juzgado por el delito de contrato sin requisitos legales, hallado culpable en primera y segunda instancia pero dejado en libertad por la Corte Suprema de Justicia por vencimiento de términos. Fue contratado por Felipe Córdoba durante su paso por la Contraloría. También pasó por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, donde estuvo inmerso en cuestionamientos que relacionaban sus fallos con favorecimientos a políticos amigos suyos y de sus hermanos. Cabe recordar que es hermano del cuestionado veedor de Cundinamarca, Juan Carlos Calderón España, máximo defensor de Felipe Córdoba en la demanda de nulidad de su elección y con múltiples cuestionamientos por demandas colectivas contra unos políticos para favorecer a otros en el departamento de Cundinamarca.Al igual que este martes, 1 de agosto, se hizo público un contrato de Germán Calderón España en la UTL de Susana Boreal, contrato que iría desde el 18 de julio hasta el 30 de diciembre por 95 millones.Le puede interesar
La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que el Frente 36 de las disidencias asociadas a Calarcá-Córdoba impuso restricciones a la movilidad y a la conducta de los habitantes de Anorí, Antioquia, además de ordenar desplazamientos forzados. A través de un pronunciamiento, Marín señaló que estas acciones constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario y exigió al grupo armado levantar las medidas de control impuestas sobre la población civil.En su pronunciamiento, Iris Marín Ortiz advirtió que las restricciones afectan directamente la libertad y la seguridad de los habitantes de Anorí. La defensora del Pueblo pidió al Frente 36 respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario y poner fin a las órdenes que limitan la movilidad y regulan la conducta de la población.La denuncia se produce en un escenario de riesgo que ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo mediante la Alerta Temprana 023 de 2022. Esta alerta incluyó a los municipios de Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí, en Antioquia, debido a la disputa territorial entre grupos armados y a las graves afectaciones sobre la población civil.Posteriormente, en un informe de seguimiento presentado en julio de 2026, la Defensoría señaló que el escenario de riesgo tiende a agravarse. El documento advierte sobre una mayor frecuencia, severidad y alcance de los hechos violentos, así como sobre el recrudecimiento de las formas de control e intimidación contra la población civil y graves impactos en las garantías de derechos humanos.El informe también identifica como uno de los principales problemas la persistencia y profundización de mecanismos de control social y regulación armada de la vida comunitaria, además de diferentes hechos de violencia que afectan a los habitantes de estos municipios.En el caso específico de Anorí, la población ya ha enfrentado desplazamientos forzados como consecuencia de la disputa territorial. Entre abril y agosto de 2025 se registraron cuatro desplazamientos masivos en Amalfi y Anorí, dos de ellos ocurrieron en Anorí y afectaron cerca de 162 familias, conformadas por unas 391 personas, en diferentes zonas rurales del municipio.La Defensoría también ha documentado restricciones a la movilidad, amenazas, intimidaciones y otras formas de control sobre las comunidades. Además, el informe advierte sobre la expansión territorial del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) anteriormente denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y sobre acuerdos temporales entre grupos armados para contener su avance.Con este pronunciamiento, Marín reiteró la preocupación de la Defensoría por las condiciones de seguridad y las afectaciones que enfrenta la población civil en Anorí, y pidió específicamente al Frente 36 poner fin a las restricciones y a los desplazamientos forzados y respetar el Derecho Internacional Humanitario.
Emiliano sobrevivió a un nacimiento extremo y ahora pasa sus días con su familia en una vivienda del municipio de Itagüí. Nació a las 25 semanas de gestación junto a su hermano gemelo. Según relató su madre a BLU Radio, Laura Cruz, ambos contrajeron una bacteria durante su hospitalización, en un episodio que la familia relaciona con una presunta negligencia. Seis días después, su hermano murió y Emiliano sufrió una lesión neurológica grado 1.El niño permaneció 110 días hospitalizado, tiempo durante el cual recibió múltiples diagnósticos, hasta que finalmente pudo regresar a casa cuando tenía casi cuatro meses de vida. A los 14 meses fue diagnosticado con parálisis cerebral infantil.Desde entonces, su familia ha buscado alternativas para mejorar su calidad de vida. Según su madre, Emiliano ha recibido durante estos años tratamiento de neurorehabilitación a través de Sura, su EPS, aunque el proceso habría sido interrumpido en diferentes momentos por trámites administrativos. Hace aproximadamente dos meses llegó a una nueva IPS, donde, asegura, está recibiendo una atención que consideran más adecuada.Hoy, Emiliano no camina ni habla, pero su familia destaca que es un niño activo, inteligente y con diferentes habilidades. Laura explica que uno de los principales objetivos es que pueda desarrollar mayor independencia, incluso lograr ponerse de pie, caminar o encontrar formas de comunicación no verbal."Mi mayor preocupación con 2 años es el tema de de que no pueda caminar. Obviamente, esto no es un tratamiento que digan, es que son tratamientos milagros, no, pero si hablamos de que puede llegar a caminar con este tratamiento, sí nos dan la esperanza de que él pueda caminar. Y esto, claramente, la calidad de vida aumentaría. Gracias a Dios, pues, tiene terapias y todo lo demás, pero a este momento no hemos logrado que él se ponga de pie", aseguró la madre del menor.Ante las dificultades de su proceso de rehabilitación, la familia conoció diferentes alternativas experimentales. Finalmente, puso su atención en un tratamiento de neurocitólisis que se realiza en México y que, según la información recibida por la familia, requiere 28 días y tendría un costo de 35.000 dólares."Este momento, en la cuenta de Miriam, hay 42.000.000 de pesos que hemos recogido. Todas las personas que, a veces, uno dice que lo mínimo, pero es que de lo mínimo hacemos cosas gigantes y, realmente, de granito en granito hemos llegado hasta donde hemos llegado, y buscamos, pues, como tocar esos corazones y que nos puedan ayudar a lograrlo para poder viajar", manifestó Laura.La familia asegura que, tras enviar la historia clínica, Emiliano fue considerado apto para el protocolo. Su expectativa es que el tratamiento contribuya a generar nuevas conexiones neuronales y, junto con la rehabilitación, mejorar su calidad de vida.Para reunir los recursos, han realizado rifas, venta de agendas, recolección de tapas y otras actividades. Hasta ahora, aseguran haber reunido cerca de 42 millones de pesos.La familia reconoce que se trata de un tratamiento experimental y que no promete una recuperación. Tampoco hay información aportada que permita confirmar su eficacia, riesgos o autorización sanitaria.
Seis soldados resultaron heridos tras un ataque con drones en zona rural del municipio de Caldono, departamento del Cauca, mientras los uniformados adelantaban labores operacionales.El ataque es atribuido a guerrilleros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.Los militares fueron atacados con varias ráfagas de explosivos lanzados desde drones que sobrevolaban la zona. Tras el hecho, los seis uniformados fueron evacuados y trasladados a diferentes centros médicos para recibir atención.Durante la noche del viernes, algunos de los soldados que presentaban heridas de menor complejidad fueron dados de alta. Sin embargo, tres de ellos permanecen bajo atención médica y continúan en recuperación.El ataque se suma a los hechos violentos registrados contra la fuerza pública en esta región, una de las zonas del país afectadas por acciones de grupos armados y hechos de violencia.
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 12 de septiembre de 2026:Daniel Rivero, rector del colegio Monterrosales Homeschool, explicó cómo su modelo de educación flexible está apoyando a estudiantes afectados por el terremoto para que puedan continuar su formación aunque sus colegios no hayan reabierto. Señaló que el sistema funciona de manera híbrida, cuenta con cerca de 18.500 videos educativos desde kínder hasta grado 11 y puede utilizarse incluso sin conexión permanente a internet.Diana Bedoya, directora de la Maestría y Especialización en Psicología Clínica de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad de La Sabana, explicó cómo pueden reaccionar niños y adolescentes después de vivir o estar expuestos a emergencias. Entre los más pequeños pueden aparecer pesadillas, mayor apego o regresiones; entre los 6 y 11 años, dolores físicos, problemas de concentración, rabia o culpa; y en adolescentes, pensamientos negativos, alteraciones del sueño o la alimentación y desesperanza.Will Cotrino, fundador de Propulsa, explicó cómo funcionan los recursos de capital no reembolsable para empresas y emprendimientos, especialmente como alternativa para negocios afectados por el terremoto. Señaló que gobiernos, alcaldías, organismos internacionales y entidades de cooperación abren convocatorias que permiten financiar proyectos sin que los recursos deban devolverse.Escuche el programa completo aquí:
En Autos y Motos de este sábado, 12 de septiembre de 2026, estos fueron los temas:Cerca de 40.000 fotocomparendos tendrían irregularidades y podrían ser condonados o devueltos, Presidencia pidió revisar los casos que no habrían cumplido la normativa y, si ya fueron pagados, evaluar la devolución del dinero.Great Wall Motors lanzó en Colombia la nueva Haval H7, la SUV híbrida llega con sistema de tracción integral, bloqueo de diferencial, motor eléctrico y a combustión. Su precio de lanzamiento ronda los $150 millones.Los iCAUR V23 y V27 abrieron preventa en Colombia, el V23 llegará en versiones 100 % eléctricas, mientras el V27 utilizará tecnología de rango extendido. Las reservas se pueden realizar desde $1 millón y los precios anunciados parten de $94.990.000.Subaru renovó Forester y Outback en Colombia, la marca presentó la sexta generación del Forester y la séptima generación del Outback, ambas con motorización a gasolina de 2,5 litros y cambios importantes en diseño y equipamiento.Honda puso a prueba la eficiencia de la nueva ZR-V híbrida entre Bogotá y Medellín. Durante el recorrido, el vehículo consumió aproximadamente 4,3 galones y registró un rendimiento cercano a 87 kilómetros por galón. La SUV llega en dos versiones desde $156.900.000.TransMilenio incorporará 269 buses eléctricos en una nueva fase, la flota entraría desde 2027 y aumentaría en 12 % la capacidad del sistema troncal, además de reducir emisiones.Escuche el programa completo aquí: