El juez 38 de conocimiento de Bogotá condenó a 10 años de prisión a la exdirectora prófuga del IDU Liliana Pardo, como responsable del delito de cohecho propio por su participación en el carrusel de contratos de Bogotá. Además, le impuso una multa de 109 salarios mínimos y le dio una inhabilidad del mismo lapso de su pena para ejercer funciones públicas.“Comportamiento que se cometió con dolo pues Liliana Pardo, en su condición de directora del IDU y miembro del comité de adjudicaciones, tenía pleno conocimiento de sus deberes consistentes en dirigir, asegurar y velar por el complimiento de los objetivos y metas del IDU, velar por el correcto manejo de fondos de financiación, empero optó por la ilegalidad, omitió actuar de conformidad a cambio de una promesa remuneratoria. Se inclinó voluntariamente por el mal vulnerando valores éticos y sociales y por ende el bien jurídico de la administración pública. Razones por las cuales será condenada por el delito de cohecho propio”, sentenció el juez.Esta condena es por irregularidades en dos contratos de malla vial y siete de valorización, con los cuales, habría beneficiado a las empresas de Julio Gómez y al grupo Nule.“Los testigos y las pruebas de la Fiscalía mostraron cómo Pardo convocaba mesas de trabajo con nombres propios para estructurar los requisitos de los pliegos de condiciones. Incorporaba y aprobaba los requisitos técnicos y financieros que las empresas de Julio Gómez y el grupo Nule necesitaban para adjudicarse los contratos. Entregó información privilegiada a las empresas de Julio Gómez y el grupo Nule, modificó requisitos del pliego de condiciones, al punto que logró la adjudicación de los contratos a estos particulares”, concluyó el juez.Esta condena se suma a la que ratificó el Tribunal Superior de Bogotá en su contra a 19 años de prisión, como responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Sentencia que recibió junto al excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi.
El juzgado 36 del circuito de Bogotá le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar a cuatro de los principales testigos en el expediente conocido como el carrusel de la contratación. La orden es para investigar a Inocencio Meléndez, Emilio Tapia, Manuel Sánchez y Julio Gómez, porque le habrían mentido a la justicia. Esto se dio en el juicio contra el exconcejal de Bogotá José Juan Rodríguez, quien había sido procesado y declarado inocente. Ante esto, el juez se declaró "sorprendido".Las contradicciones de los cuatro testigos clave quedaron al descubierto por la defensa del excabildante, que los señaló de entregar distintas versiones, incluida en la Corte Suprema de Justicia.
El contratista Emilio José Tapia Aldana, ficha clave en el 'carrusel de la contratación' en Bogotá, deberá volver a detención domiciliaria, según lo determinó el Juzgado 15 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, que acogió una solicitud de la Procuraduría General de la Nación. Convierta a BLU Radio en su fuente de noticiasLa decisión revoca la libertad condicional de Tapia, que le otorgó el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla en agosto de 2019, y ordena su captura para que cumpla lo que le falta de los 117 meses de condena por el grave interés que “provocó el mayor descalabro en la contratación de Bogotá”.Lea también: Fiscalía dice que coronel (r) Navia es un peligro para seguridad de Emilio Tapia El abogado Jesús Albeiro Yepez manifestó que, el juez de Bogotá, al ser de segunda instancia, revocó la libertad condicional de Tapia, pero este no irá a prisión, sino que debe seguir en su residencia en Barranquilla en detención domiciliaria. El fallo estipula que será el juzagdo primero de ejecución de penas de Barranquilla el que defina el domicilio donde deberá quedar recluido Tapia."Lo que tengo entendido es que el doctor Emilio va a seguir en su residencia mientras se define si se realiza una impugnación o una tutela", dijo el abogado.Según el jurista, Emilio Tapia ya cumplió las 3/5 partes de su condena y tiene derecho a la libertad.Tapia fue condenado a 17 años de prisión en 2015 por su participación en el desfalco de la malla vial en Bogotá, pero en 2016 el Tribunal Superior de la capital del paíz redujo su condena a 7 años de cárcel.En 2018 se le concedió la prisión domiciliaria y en 2019 la libertad condicional.En febrero de este año, Tapia fue protagonista de un escándalo ya que le tomaron varias fotografías en un concierto del Carnaval de Barranquilla, realizado en el estadio Romelio Martínez, imágenes que luego recibieron múltiples críticas en las redes sociales.Escuche aquí la noticia completa:
Este viernes se conoció un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la situación del excongresista Iván Moreno.La Sala de Primera Instancia advierte que el exsenador debe permanecer en establecimiento penitenciario pues, de acuerdo con la Corte, solo así puede garantizarse protección de la comunidad ya que su traslado al lugar de residencia tiene riesgo de fuga.Le puede interesar: ¡Ojo! Estos son los lugares en donde hay más riesgo de contagiarse con coronavirus “Bajo este panorama, la Sala advierte evidente que Néstor Iván Moreno Rojas debe permanecer recluido en establecimiento penitenciario, pues solo así puede garantizarse que la detención preventiva impuesta dentro de este radicado cumpla con la finalidad de protección de la comunidad, evitando la posible continuación de la actividad delictiva y el incumplimiento de una eventual sentencia condenatoria, dado el riesgo de fuga que entraña su traslado al lugar de domicilio”, señala el fallo de la Corte Suprema.La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema hizo este pronunciamiento porque el pasado 15 de mayo, un juez le había concedido a Iván Moreno la sustitución de la prisión intramural por la domiciliaria, considerando que ya había pagado la mayoría de su pena por el denominado carrusel de la contratación en Bogotá.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias
El juez 13 de ejecución de penas de Bogotá le otorgó casa por cárcel al exsenador Iván Moreno Rojas, condenado a 14 años de prisión por su responsabilidad en el denominado carrusel de contratos.El excongresista fue condenado y hallado responsable de los delitos de concusión, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos y en el 2014 fue sentenciado por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia.Le puede interesar: ¿Hasta cuándo va la cuarentena en Bogotá? Alcaldía respondeSegún la justicia, Moreno Rojas se aprovechó de su condición de hermano del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, para reunirse con contratistas y funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, para entregar contratos a cambio de coimas. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le abrió un proceso en noviembre del año pasado por el caso del contrato de las ambulancias y, el pasado 6 de abril, el alto tribunal le dictó una nueva medida de aseguramiento. Así las cosas, aunque recibió el beneficio por el proceso por el que fue condenado no podrá acceder a él y deberá continuar en La Picota.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias
El exembajador de Colombia en Venezuela en el gobierno de Álvaro Uribe, Fernando Marín Valencia, deberá pagar una condena de seis años de cárcel y una millonaria multa por presuntamente estar involucrado en lavado de activos en concurso agravado, luego que el juzgado segundo penal especializado de Bogotá le aprobara un preacuerdo y entregara detalles sobre la operación del Carrusel de la Contratación en la capital, en la que están involucrados Samuel e Iván Moreno Rojas, así como el empresario Emilio Tapia.Serán 72 los meses que deberá pagar por, según lo conocido hasta el momento, aceptar cargos y relatar estrategias de la empresa criminal que se gestó cuando Samuel Moreno era alcalde de Bogotá y él fuera asociado por contratos en obras en la capital.Le puede interesar: Después de 30 años, continúa en el limbo el crimen de Carlos Pizarro LeongómezMarín habría recibido millonarias sumas de dinero por parte del condenado Emilio Tapia, su empresa Grama Construcciones habría resultado beneficiada en 2009 con coimas para desarrollar proyectos con el IDU y construir autopistas en la ciudad.Según se conoció, el exembajador habría legalizado parte de los dineros para invertirlos en un proyecto en Miami, Estados Unidos.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias
Solo hasta el pasado 17 de abril, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Barranquilla le notificó al Inpec que el empresario Guido Nule Marino que la libertad condicional que le había sido concedida fue revocada.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticiasLo anterior, pese a que el Juzgado 38 Penal del Circuito de Bogotá había tomado esta decisión hace cinco meses, el 12 de noviembre de 2019, al considerar que no contaba con los requisitos para ser beneficiado con esta medida por no haber pagado la multa de 13.055 millones de pesos impuesta en su contra como parte de su condena por el carrusel de la contratación en la capital del país.Lea también: Juez revocó libertad condicional de Guido NuleVale recordar que el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Barranquilla es el mismo que hace un año le concedió la polémica libertad condicional a Nule, decisión que es investigada por autoridades de control y llevó a la realización de un allanamiento a las instalaciones del juzgado.La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia aumentó de 14 a 19 años y cinco meses la pena en contra de Miguel Eduardo, Manuel Francisco y Guido Alberto Nule, por su participación en el llamado Carrusel de Contratos. Esta decisión se da luego de que la defensa de los hermanos Nule presentara un recurso contra el fallo de segunda instancia presentado por el Tribunal Superior de Bogotá el 1° de junio de 2012.Lea también: Las millonarias deudas de los Nule con la SuperindustriaTras la notificación, Nule Marino deberá pagar ahora prisión domiciliaria por sus quebrantos de salud.
Revuelo causó entre los cibernatuas una fotografía en la que el polémico excontratista Emilio Tapia, condenado a 17 años en prisión por el carrusel de la contratación en Bogotá, aparece disfrutando, en libertad, uno de los conciertos del Carnaval de Barranquilla.La imagen fue publicada este domingo por el locutor de música vallenata Álvaro Alcides Álvarez, conocido como Álvaro Triple A, después del Megaconcierto de Carnavales que se realizó el sábado 22 de febrero en el estadio Romelio Martínez.“Recuperando a mis amigos que me conocen a leguas. #EmilioTapia, el hombre de las carreteras”, fue la descripción que hizo el locutor en la publicación que subió a su cuenta de Instagram.Sin embargo, la defensa del empresario, Jesús Albeiro Yepes, aseguró que, aunque en diciembre de 2018 un juez de Ejecución de Penas en Barranquilla le había otorgado el beneficio de prisión domiciliaria, este mismo juez le concedió la libertad a Tapia en el tercer trimestre del 2019, después de haber cumplido las 3/5 partes de la condena.Lea también: Emilio Tapia insiste en que ya merece la libertad condicional“Él tiene libertad plena y no tiene ninguna restricción. Está libre después de haber cumplido las 3/5 partes de la pena. Hace rato salió en domiciliaria, pero publicamos un comunicado anunciando que íbamos a solicitar la libertad por el porcentaje de cumplimiento de su condena”, explicó Yepes.Tapia fue condenado a 17 años en prisión por irregularidades en la entrega de contratos que tenían como objetivo la reparación de la malla vial de la capital del país. Sin embargo, en 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rebajó su sentencia a 7 años y 5 meses en prisión.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias
Un juez en Bogotá revocó la libertad condicional de Guido Nule, condenado por el carrusel de la contratación en la capital del país.La determinación se tomó porque Nule no ha pagado la multa de 10.043 millones de pesos tras ser condenado a siete años y cinco meses de prisión el delito de peculado por apropiación.Lea también: Exoneran a los Nule de pagar millonaria indemnización. El polémico empresario condenado deberá regresar a prisión domiciliaria.La decisión consideró que los argumentos presentados por la Procuraduría son válidos en el sentido que no contaba con los requisitos para ser beneficiado con la libertad condicional.El juez aseguró que el condenado no ha demostrado su intención de reintegrar las cuantiosas sumas de las que se apropió ilícitamente. Agregó que pasar por alto esta situación significaría aceptar a quienes han incurrido en conductas de corrupción.Sin embargo, la defensa del condenado dijo a BLU Radio que este pago no se ha efectuado porque, si bien ya hay unos bienes incautados, “apenas se está tramitando el incidente de reparación y aún no se han cuantificado los perjuicios”.Vale decir que, en enero pasado, cuando se conoció el beneficio de libertad otorgado a Guido Nule, la Fiscalía General de la Nación ordenó una inspección a su proceso para evaluar el procedimiento que dio lugar a dicha decisión.Ahora, Guido Nule deberá permanecer en su domicilio en el norte de Barranquilla, al que había sido enviado a cumplir casa por cárcel tras pagar más de la mitad de la pena que le fue impuesta en prisión.Nule fue puesto en libertad el pasado 28 de diciembre debido a una decisión que tomó un juzgado de ejecución de penas de Barranquilla. Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.
La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al exsenador Iván Moreno Rojas, por concusión, tráfico de influencias, interés indebido y peculado. Los hechos de este nuevo proceso penal tienen que ver con el contrato del servicio de ambulancias para Bogotá en 2009.El llamadose relaciona con hechos en los que también está involucrado Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá.Se trata de un millonario contrato para el servicio de ambulancias de la capital, cuyos dineros fueron a parar a bolsillos de concejales y contratistas. Muchos de ellos condenados.En su momento, el Tribunal Superior de Bogotá señaló que en 2009 el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, solicitó una comisión del 10 por ciento sobre el valor total del contrato para garantizar la entrega del convenio para la prestación del servicio de ambulancias.Por esa razón, la Corte Suprema busca indagar la participación que habría tenido Iván Moreno Rojas en los hechos.Por un lado, Samuel Moreno se sabe que participó en dirigir el contrato para que le fuera entregado a una de las empresas de Emilio Tapia -condenado por el ‘carrusel de la contratación’.Cabe recordar que Moreno Rojas se encuentra actualmente privado de su libertad en un Establecimiento Penitenciario de Bogotá a donde fue trasladado desde la cárcel de San Gil en Santander porque en la celda se le encontraron ‘lujos’ no permitidos para los internos.El magistrado encargado de hacer las preguntas y liderar la indagatoria a Iván Moreno Rojas, será Misael Rodríguez Castellanos. La fecha de la audiencia de Iván Moreno aún no se define.
El abogado del expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade está tratando de que Bernardo Miguel ‘El Ñoño’ Elías confirme su hipótesis de que la adición Ocaña Gamarra de la Ruta del Sol II, estaba pensada meses antes de que el exparlamentario fuera contactado por Odebrecht para que hiciera las supuestas gestiones, ante la ANI y ante Andrade, para agilizar la firma del contrato.Por lo tanto, según el abogado Jesús Albeiro Yepes, ninguna de las supuestas gestiones ilícitas habría intercedido en la decisión de firmar la adición.“Ah, entonces ¿eso no se acordó en su apartamento (que la adición Ocaña Gamarra fuera del 50% del contrato inicial), eso estaba en la ley, según lo acaba de declarar? No el 50%, la cifra, el valor del contrato era el que no se ajustaba a ese 50 porque la propuesta que tenían era superior al 50 y se salía del margen que permite la ley. Pero ¿usted sabía que el 50% como valor del contrato para poder ser adicionado ya estaba condicionado desde ese concepto del 21 de enero del 2013? Lo limitaba el mismo corredor vial y lo limitaba que los estudios que ellos habían hecho pasaban el 50 % de los 2.4 millones del contrato inicial, eso es lo que me explicó Martorelli, ahora yo no sé si existía un estudio aparte que limitaba ese 50%, pero la discusión que ellos tenían era esa, de que ellos pasaban y Andrade les decían que no pasaran del 50, que recortaran el alcance del proyecto. Entonces, ¿le queda claro que el 50 % como límite de la adición estaba determinado con anterioridad a su presencia en al ANI, verdad? Entonces estaba peleando solo, entonces ¿qué hicimos?, ¿por qué estoy preso?”, fue el contrainterrogatorio sobre el tema.El ‘Ñoño’ explicó que, supuestamente, para recortar el alcance del proyecto y que fuera acorde al valor del 50%, acordaron en las supuestas reuniones ilícitas quitar “el anillo” de acceso a Ocaña.Por otro lado, aseguró que no le constaba personalmente del supuesto interés que tendría la exministra de transporte Cecilia Álvarez en la vía Ocaña Gamarra para beneficiar a la familia Parody. Dijo que eso fue lo que le manifestó desde el principio Eluberto Martorell, expresidente de Odebrecht para Colombia.“¿Es cierto que le dijo que se había escogido la vía Ocaña Gamarra a petición de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody? Me lo contó Martorelli. Entonces, señor Bernardo, es verdad que usted no tiene un conocimiento directo respecto de esa afirmación en concreto, ¿sí o no? Fue lo que me dijo Martorelli, si eso es concreto o no es concreto no sé, pero me lo dijo él. ¿Es cierto que usted no ha estado en ningún evento privado o público donde las exministras hayan formulado esa solicitud? En ninguno, es verdad”, mencionaron en el contrainterrogatorio sobre el tema.El exparlamentario dijo que había conocido a Martorelli en la posesión presidencial de Juan Manuel Santos, en agosto de 2014.Este viernes a las 8:30 de la mañana continúa el contrainterrogatorio al ‘Ñoño’ Elías por parte de la defensa de Andrade. Después el Ministerio Público, el juez y la representante de la víctima -que es la ANI- podrán hacer algunas preguntas. Finalmente, será el redirecto, que es una oportunidad para que la Fiscalía y el testigo expliquen los puntos que quedaron inconclusos.
Tras las recientes denuncias por la falta de pago a los contratistas de la Personería de Bucaramanga, incluyendo a una abogada a punto de dar a luz, el personero confirmó que la entidad cuenta con poca plata.“El presupuesto se redujo, por la pandemia, de 5.700 millones de pesos a 4.900, irresponsablemente mis antecesores y de manera nefasta contrataron 5.700 millones de pesos, teniendo en cuenta que el ingreso real fue de 4.900, es decir, dejaron la institución en déficit de más de 700 millones de pesos”, dijo el funcionario.El personero indicó en diálogo con Blu Radio que acatarán el fallo de tutela que los obliga a pagarle el sueldo a la abogada Ana María Vargas y otros 70 contratistas.“Incluso, durante este año, en tres días se ejecutó un presupuesto de 1.300 millones de pesos por la personera anterior, ya hicimos la denuncia ante la Procuraduría”, agregó.
La Sala de Reconocimiento de la JEP fijó para el 30 de abril la fecha límite para que los intervinientes del caso 01, que se refiere al secuestro, se pronuncien sobre el Auto 19 de 2021, con el que la jurisdicción le imputó crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a ochos miembros del antiguo Secretariado de las extintas Farc-EP.Tanto las víctimas, la Procuraduría y la defensa de los comparecientes, solicitaron dicho término para pronunciarse de fondo y aportar nuevas pruebas si ese fuera el caso.La Sala de Reconocimiento señaló que este plazo es suficiente para que “todos los sujetos e intervinientes puedan ejercer debidamente sus derechos a presentar observaciones en igualdad de condiciones, aportar pruebas y, en el caso de los comparecientes, tomar la decisión de reconocer o no su responsabilidad entendiendo las consecuencias jurídicas de su decisión”.En el caso 01, denominado “toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc-Ep", la Sala de Reconocimiento, a través del Auto 19 del 26 de enero de 2021, le imputó al antiguo Secretariado el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes.También de otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en relación con los secuestros como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado.Los responsables de estos hechos son: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera (murió el 27 de enero pasado), Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
Este jueves en Blog Deportivo nos acompañó el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, quien se refirió al caso de Andrés Felipe Román."Va a estar dirigido totalmente por un protocolo que va a definir un médico sobre cuál es la mejor forma de adelantar su entrenamiento", afirmó.También hablamos con la hija de Víctor Mora, quien padecía ‘corazón de atleta’, a propósito del caso del jugador de Millonarios. Dijo que su padre nunca ha tenido ningún inconveniente por esta condición.Además, las declaraciones de Ricardo Gareca, técnico de la selección de Perú, quien habló para Radio Cooperativa sobre la Selección Colombia y el fútbol peruano."Los europeos cada vez vienen a buscar más a los sudamericanos. El fútbol sudamericano moralmente está destruido", expresó.Además, todos los detalles sobre la renovación de Sebastián Villa con Boca Juniors y la oferta millonaria que le hizo el Palmeiras a Rafael Santos Borré para sumarlo a sus filas.Escuche el programa completo de Blog Deportivo en el audio adjunto:
Alberto Linero opinó en BLU Radio sobre la importancia y el reconocimiento que hay que darles a aquellas personas que ayudan con las labores domésticas en los hogares. Linero recalcó que “sin esos trabajos y sin esas tareas no se puede mantener el hogar, son costos que no son evidentes, pero están ahí”.Además, señaló que hay que dejar esa categorización por género, pues tanto hombres como mujeres deben ayudas con dichas tareas.“Muchas veces eso se ha visto en términos de género, y por la cultura y construcción patriarcal que tenemos, normalmente o en la antigüedad, eran las mujeres las que se quedaban en la casa. Necesitamos acabar con esos paradigmas y necesitamos entender que tanto hombres como mujeres deben colaborar por igual en la casa o hacer un convenio”, aseveró.Linero también destacó la importancia de estas personas y su valor en la sociedad.“Tenemos que valorar a las personas que hacen este servicio, porque a veces no lo remuneramos. A muchos les pagan mal o no están con todas las normas y lo que requiere la ley”, agregó.“Esas personas también nos cuidan, son las que están en la casa ayudándonos con los oficios domésticos, apoyan cuidando en la salud. Hay que tratarlos bien y entender que lo que ellos hacen es supremamente importante para la sostenibilidad de la vida humana”, concluyó.Escuche la opinión completa de Alberto Linero en el audio adjunto: