Iván Cancino, abogado que defiende al exgobernador y exsenador, Richard Aguilar, está en el ojo de la polémica por dos contratos la Gobernación de Santander por $95 millones.Cancino quien desde el 2019 presta sus servicios profesionales al detenido Aguilar por presuntos hechos de corrupción en contratación, tuvo un contrato entre agosto y diciembre de 2020 para la atención de asuntos jurídicos relacionados con la Gobernación de Santander, hecho que ha generado críticas.Carlos Toledo, dirigente político de La Colombia Humana, quien además fue candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, a través de su portal El Informante, cuestionó el contrato suscrito entre el abogado Cancino con la gobernación de Santander, teniendo en cuenta que quien lidera las riendas del departamento es Mauricio Aguilar, hermano de Richard.“Han llegado denuncias y material probatorio que demostraría cómo, presuntamente, la Gobernación de Santander, en cabeza de Mauricio Aguilar estaría financiando los honorarios de los apoderados tanto el principal como el suplente del exsenador Richard Aguilar Villa ante la Corte Suprema de Justicia, por la investigación por irregularidades en la contratación”, dice en un informe.Según Toledo en marzo de 2021, nuevamente el abogado Iván Cancino, firmó otro contrato con la Gobernación de Santander por un valor de $50 millones, que a la fecha está vigente.“Sin importar que el primer contrato tiene serias inconsistencias en su gestión documental y que no ha sido liquidado, le repiten la dosis a los santandereanos y el 18 de marzo de 2021 se firma el segundo contrato de prestación de servicios, el 957, esta vez por un período de cinco meses y un valor de $50 millones”, dice Toledo.BLU Radio consultó con el abogado Iván Cancino, defensa de Richard Aguilar en la investigación que le adelanta la Corte Suprema de Justicia, quien no negó los contratos con la Gobernación de Santander.“Claro que tengo contrato. Obviamente que mi contrato con la gobernación no incluye la defensa de Richard Aguilar ni la de ningún miembro de la familia, solo defiendo a Richard Aguilar. Por supuesto que tengo un contrato aparte con el senador Richard Aguilar que lo ha cumplido de manera clara y me ha pagado los honorarios de su bolsillo”, indicó el abogado Cancino.
Un juez penal de Bogotá halló culpable al empresario y expresidente de Conalvías Andrés Jaramillo por ofrecer casi dos mil millones de pesos a exconcejales y al exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial Iván Hernández para que le dieran un millonario contrato. Jaramillo fue condenado a 10 años y 4 meses de cárcel, y, además, tendrá que pagar una multa de 172 salarios mínimos. El juez ordenó su detención inmediata en un centro carcelario. El juez encontró responsable al empresario de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, esto por dar u ofrecer, en calidad de coautor, dentro del escándalo del cartel de la contratación de la malla vial en Bogotá, de haber entregado 1.930 millones de pesos en sobornos, para que le fuera adjudicado un contrato.Jaramillo fue señalado por la Fiscalía de entregar millonarios sobornos para resultar beneficiado con el contrato 078 para el reparcheo y mantenimiento de vías secundarias en Bogotá, el cual tuvo un valor cercano a los 43 mil millones de pesos.El juez argumentó que, dentro del proceso se ha probado que hubo un acuerdo de corrupción entre los concejales Andrés Camacho e Hipólito Moreno, junto con el ex director de la Unidad de Mantenimiento Vial del Distrito, Iván Hernández, así como también el contratista Julio Gómez; acuerdo en el cual participó Andrés Jaramillo, según el testimonio de Manuel Sánchez, otro de los involucrados en el escándalo de mayor corrupción que tuvo la capital del país entre los años 2009 Y 2010.Vale la pena recordar que el contrato tuvo dos adiciones, una por 19 mil millones de pesos (firmada el 31 enero 2011) y otra por dos mil millones de pesos (en marzo de 2011), por lo que su valor llegó a los 65 mil millones de pesos.El juez continúa en audiencia leyendo las consideraciones y la pena que le va a imponer.Noticia en desarrollo…
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó sometimiento del exalcalde Bogotá Samuel Moreno y de su hermano Iván Moreno porque no tiene relación directa ni indirecta con el conflicto armado.“Las conductas por las que fueron condenados el exalcalde y el exsenador no tienen relación directa ni indirecta con el conflicto armado”, afirmó la Sección de Apelación de la JEP.El organismo reafirmó el rechazo a la solicitud de sometimiento tras un recurso de apelación interpuesto por Samuel Moreno, Iván Moreno y su madre María Eugenia Rojas.En junio de 2020, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ya había denegado la solicitud de sometimiento a la JEP al exalcalde de Bogotá y su familia.Para el alto tribunal “los procesos judiciales que existen en contra del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas y su hermano, el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas, no son competencia de la Jurisdicción Especial”.“El conflicto armado no les otorgó a los hermanos Moreno Rojas un medio para cometer los delitos por los que fueron condenados (Carrusel de la contratación) y por los que se encuentran privados de la libertad”, se lee en un comunicado.En cuanto María Eugenia Rojas, madre de Samuel e Iván, la JEP señaló que “no se le endilga la comisión de ningún delito que pueda comprometer su responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal, y ella tampoco menciona un crimen en el que esté involucrada”.Sin embargo, frente al interés de los postulados de aportar en la revelación de las causas del conflicto armado, la JEP informó que le notificará a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.
El exsenador Iván Moreno Rojas, condenado a 14 años de cárcel por el carrusel de la contratación en Bogotá, aseguró que no volverá a acudir a las diligencias programadas por la Corte Suprema de Justicia en su contra. La Corte actualmente lo acusa de haber recibido al menos 6.000 millones de pesos para la adjudicación de un contrato de ambulancias en Bogotá, durante la alcaldía de su hermano Samuel Moreno.En una carta enviada a la Corte Suprema de Justicia con copia al Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Moreno Rojas señala que la Corte ha desconocido pruebas que, según él, le serían favorables.
Luego de conocerse que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó una sanción de la Contraloría General de la República que condenó al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno a pagar 174.000 millones de pesos por su responsabilidad en el carrusel de la contratación, el organismo de control fiscal anunció que apelarán a decisión.Según la entidad, la decisión tomada en contra de los responsables fiscales del desfalco a los recursos públicos por sobrecostos en la fase 3 de TransMilenio, se tomó dentro de los términos legales y se encuentra suficientemente probada en el respectivo expediente.Según las consideraciones de dicho Tribunal, operó en este caso la prescripción de la acción fiscal. Sin embargo, la Contraloría piensa todo lo contrario.“Respecto a esta decisión, la Contraloría General de la República, a través del Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Jurídica de la entidad, presentará y sustentará el recurso de apelación, para demostrar que en esta causa fiscal no operó el fenómeno de la prescripción y, por el contrario, la decisión tomada en contra de los responsables fiscales del desfalco a los recursos públicos se tomó dentro de los términos legales y se encuentra suficientemente probada en el respectivo expediente”, explicó la entidad a través del contralor delegado intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, José Miguel Char Chicre.
El exsenador Iván Moreno Rojas, quien se encuentra condenado a 14 años por su participación en el escándalo de corrupción de la malla vial de Bogotá, acaba de ser formalmente acusado por un nuevo delito, esta vez por exigir dineros en el contrato de ambulancias llevado a cabo en la administración de su hermano Samuel Moreno mientras se desempeñaba como alcalde de Bogotá.De acuerdo con las pruebas recaudadas, el exsenador Moreno Rojas habría sido una influencia decisivamente en la selección de la Unión Temporal Transporte Ambulatorio en el contrato 1229 de 2009, conocido como el contrato de ambulancias, a través del cual la Secretaría de Salud contrató el servicio de atención prehospitalaria y el traslado de pacientes en Bogotá por un monto superior a los 67.000 millones de pesos.Además de esto, por influencia en la distribución de pagos indebidos a servidores públicos del Distrito y a particulares, por un valor superior a los 6.000 millones de pesos.Debido a esto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó ante la Sala de Juzgamiento en primera instancia a Iván Moreno Rojas por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La Fiscalía citó a imputación de cargos a los exgobernadores Darío Vásquez Vásquez (2008-2011) y Alan Edmundo Jara Urzola (2012-2015), quienes, según la investigación, habrían permitido realizar construcciones en un área protegida de reserva forestal, sin licencia ambiental y desatendiendo las advertencias sobre el grave daño que ocasionaría el proyecto.Según las pesquisas, lideradas por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los dos exgobernadores de Meta y algunos de sus colaboradores estuvieron involucrados en la contratación y en permitir el avance de las obras de remodelación de un colegio internado en el Parque Nacional Natural Tinigua.Según la Fiscalía, el 29 de abril de 2011, el entonces gobernador Darío Vásquez Vásquez, suscribió el contrato N° 081 para el mejoramiento de la infraestructura del Internado Institución Educativa Nuestra Señora de La Macarena, sede Juan León, en la vereda Brisas del Guayabero, en La Macarena (Meta). El contrato superó los 4.100 millones de pesos y al parecer, se realizó sin exigir licencia ambiental ni permisos de aprovechamiento forestal.Después, en la administración de Alan Jara, las obras iniciaron, a pesar de que la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales le advirtió al mandatario suspender cualquier proyecto de infraestructura y servicios en los Parques Nacionales Naturales del departamento. Dice la Fiscalía que Jara continuó la obra e hizo caso omiso a la solicitud.“Para la Fiscalía, los entonces funcionarios que participaron en las distintas fases del proyecto, al parecer, incumplieron las normas ambientales y de contratación vigentes. Además, habrían puesto en grave riesgo a la flora, fauna, suelo y agua del Parque Nacional Natural Tinigua; y en alto grado de vulnerabilidad a los estudiantes y planta de profesores”, dijo el ente acusador a través de un comunicado de prensa.Por los hechos, a los dos exgobernadores se les imputarán cargos como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y daños en los recursos naturales agravado.Los otros ex funcionarios que deberán responder por los mismos hechos y los mismos delitos son: Gilberto Toro Franco, exgerente del Instituto de Desarrollo del Meta; Juan Carlos Medina González, exjefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto de Desarrollo del Meta; Andrés Perea Mejía, ex subgerente técnico del Instituto de Desarrollo del Meta y a Javier Armando Castellanos Bohórquez, ex director operativo del Área de Estudios, Diseños y Proyectos, adscrito a la Sub Gerencia Técnica del Instituto de Desarrollo del Meta.
El juez 38 de conocimiento de Bogotá condenó a 10 años de prisión a la exdirectora prófuga del IDU Liliana Pardo, como responsable del delito de cohecho propio por su participación en el carrusel de contratos de Bogotá. Además, le impuso una multa de 109 salarios mínimos y le dio una inhabilidad del mismo lapso de su pena para ejercer funciones públicas.“Comportamiento que se cometió con dolo pues Liliana Pardo, en su condición de directora del IDU y miembro del comité de adjudicaciones, tenía pleno conocimiento de sus deberes consistentes en dirigir, asegurar y velar por el complimiento de los objetivos y metas del IDU, velar por el correcto manejo de fondos de financiación, empero optó por la ilegalidad, omitió actuar de conformidad a cambio de una promesa remuneratoria. Se inclinó voluntariamente por el mal vulnerando valores éticos y sociales y por ende el bien jurídico de la administración pública. Razones por las cuales será condenada por el delito de cohecho propio”, sentenció el juez.Esta condena es por irregularidades en dos contratos de malla vial y siete de valorización, con los cuales, habría beneficiado a las empresas de Julio Gómez y al grupo Nule.“Los testigos y las pruebas de la Fiscalía mostraron cómo Pardo convocaba mesas de trabajo con nombres propios para estructurar los requisitos de los pliegos de condiciones. Incorporaba y aprobaba los requisitos técnicos y financieros que las empresas de Julio Gómez y el grupo Nule necesitaban para adjudicarse los contratos. Entregó información privilegiada a las empresas de Julio Gómez y el grupo Nule, modificó requisitos del pliego de condiciones, al punto que logró la adjudicación de los contratos a estos particulares”, concluyó el juez.Esta condena se suma a la que ratificó el Tribunal Superior de Bogotá en su contra a 19 años de prisión, como responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Sentencia que recibió junto al excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi.
El juzgado 36 del circuito de Bogotá le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar a cuatro de los principales testigos en el expediente conocido como el carrusel de la contratación. La orden es para investigar a Inocencio Meléndez, Emilio Tapia, Manuel Sánchez y Julio Gómez, porque le habrían mentido a la justicia. Esto se dio en el juicio contra el exconcejal de Bogotá José Juan Rodríguez, quien había sido procesado y declarado inocente. Ante esto, el juez se declaró "sorprendido".Las contradicciones de los cuatro testigos clave quedaron al descubierto por la defensa del excabildante, que los señaló de entregar distintas versiones, incluida en la Corte Suprema de Justicia.
El contratista Emilio José Tapia Aldana, ficha clave en el 'carrusel de la contratación' en Bogotá, deberá volver a detención domiciliaria, según lo determinó el Juzgado 15 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, que acogió una solicitud de la Procuraduría General de la Nación. Convierta a BLU Radio en su fuente de noticiasLa decisión revoca la libertad condicional de Tapia, que le otorgó el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla en agosto de 2019, y ordena su captura para que cumpla lo que le falta de los 117 meses de condena por el grave interés que “provocó el mayor descalabro en la contratación de Bogotá”.Lea también: Fiscalía dice que coronel (r) Navia es un peligro para seguridad de Emilio Tapia El abogado Jesús Albeiro Yepez manifestó que, el juez de Bogotá, al ser de segunda instancia, revocó la libertad condicional de Tapia, pero este no irá a prisión, sino que debe seguir en su residencia en Barranquilla en detención domiciliaria. El fallo estipula que será el juzagdo primero de ejecución de penas de Barranquilla el que defina el domicilio donde deberá quedar recluido Tapia."Lo que tengo entendido es que el doctor Emilio va a seguir en su residencia mientras se define si se realiza una impugnación o una tutela", dijo el abogado.Según el jurista, Emilio Tapia ya cumplió las 3/5 partes de su condena y tiene derecho a la libertad.Tapia fue condenado a 17 años de prisión en 2015 por su participación en el desfalco de la malla vial en Bogotá, pero en 2016 el Tribunal Superior de la capital del paíz redujo su condena a 7 años de cárcel.En 2018 se le concedió la prisión domiciliaria y en 2019 la libertad condicional.En febrero de este año, Tapia fue protagonista de un escándalo ya que le tomaron varias fotografías en un concierto del Carnaval de Barranquilla, realizado en el estadio Romelio Martínez, imágenes que luego recibieron múltiples críticas en las redes sociales.Escuche aquí la noticia completa:
Este domingo, 1 de agosto, el conductor de una camioneta se vio involucrado en un inusual incidente vial en Sesquilé, Cundinamarca. Según la Policía, realizó una maniobra peligrosa adelantando en un tramo prohibido.Producto de esta maniobra del conductor, el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, perdió el equilibrio y cayó de su bicicleta cuando transitaba por esta zona del departamento.El reporte entregado por la Policía señala que el alto oficial fue cerrado por el conductor y como consecuencia de la acción, el general Vargas se cayó de la bicicleta en la que iba. Desde la oficina de prensa de la institución, se informó que el general Vargas no resultó con heridas y luego de un momento, logró seguir con su ruta.Quien sí tuvo consecuencias fue el conductor de la camioneta. Este hombre fue requerido por integrantes de la Policía de Tránsito que llegaron al lugar. Los uniformados impusieron un comparendo al conductor por maniobras peligrosas y adelantar en doble línea en lugar prohibido.
La empresa de envíos Inter Rapidísimo dispondrá de 2.000 vacunas para sus clientes. Las personas que realicen un envío a través de los centros de experiencia, podrán adquirir la vacuna totalmente gratis. La empresa dispuso 2 puntos para llevar a cabo la jornada de vacunación.Al respecto, habló en Mañanas BLU Adriana Patricia Jaraba Herazo, vicepresidente comercial:
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, AMB, confirmó este lunes que el servicio de agua potable estará suspendido entre la 1:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. de este martes en más de 100 sectores de la ciudad.“Por daños ocasionados en la conducción Puerta del Sol – Malpaso sobre la carrera 33 de Bucaramanga, se suspenderá el servicio”, informó el Acueducto en un comunicado.Son 84.237 familias que se quedaron sin agua este lunes, mientras los funcionarios del AMB trabajan para restablecer el servicio.Estos son los sectores afectados:
Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, habló en Blog Deportivo sobre el rendimiento del equipo, que es uno de los líderes, junto con Atlético Bucaramanga, en la Liga BetPlay y, además, está invicto después de tres encuentros.“Es un trabajo acumulado, el grupo llegó bien y hemos tratado de seguir lo que hicimos en el torneo pasado. Se le ha dado continuidad al proceso”, dijo.Durante la victoria contra Once Caldas, el delantero Fernando Uribe salió con molestias, pero manifestó que “no es grave, no va a estar con nosotros contra Alianza Petrolera, simplemente es una contusión que tuvo”.Gamero también fue autocrítico al señalar que, aunque llevan tres victorias consecutivas en la liga local, hay muchos factores para mejorar en el funcionamiento del ‘embajador’.“A pesar de todo tuvimos muchos errores, malas entregas, retrocedimos mal, pero también hay virtudes. En este momento son más las cosas buenas, que las malas”, añadió.El técnico ‘embajador’ manifestó que Harrison Mojica, quien luce la ‘10’ de Millonarios tras la salida de Cristian ‘Chicho’ Arango, le aporta condiciones diferentes al equipo en comparación con el actual jugador de Los Angeles FC.“Mojica es diferente, pero cabe en la estructura que testamos haciendo. Con ‘Chicho’ teníamos más gol y con Mojica es más posesión de balón”.Entretanto, comentó que sí están buscando un defensor central para reforzar la zona, pero no necesariamente que sea extranjero, pues es importante que se acople a la altura y al funcionamiento del club.Clásico capitalino contra Independiente Santa FeAunque Gamero tiene su atención puesta en el partido del miércoles contra Alianza Petrolera, manifestó que buscará la victoria ante Santa Fe para seguir sumando en la tabla de reclasificación y buscar clasificar a un torneo internacional.“El partido del sábado va a ser importante, queremos sumar y mucho más en la tabla de reclasificación”, dijo.Momento de Andrés Felipe Román“Román está motivado, alegre, siempre tiene preguntas, de estar pendiente de lo que está haciendo. Yo estoy más feliz que él, porque estuve cuando él llegó de Argentina con esa frustración y ese desgano. Ya olvidado todo y ojalá el día de mañana tenga la posibilidad de irse”, comentó.Escuche la información completa en Blog Deportivo:
Este 2 de agosto, en Mañanas BLU, estuvo Sergio Arboleda, abogado coordinador del área de litigio ante la JEP e integrante de la Corporación Jurídica Libertad, quien se refirió a la acusación que prepara la Fiscalía en contra del general (r) Mario Montoya por el asesinato de 104 civiles, a quienes militares hicieron pasar como miembros de grupos ilegales abatidos en acción armada, dentro de la serie de casos denominados de manera eufemística como "falsos positivos"."Hay que partir también del hecho de que las ejecuciones extrajudiciales eran una política de Estado al interior del Ejército Nacional, que necesitaba una estructura y Mario Montoya no podía hacerlo solo dentro de ese cuerpo jerarquizado", dijo el jurista. Escuche también a Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación de Técnicos de Laboratorio de España, quien se refirió acerca del alto costo de las pruebas PCR para detección del COVID-19."Para mi no hay ninguna más explicación más allá que quieren hacer un negocio con la salud pública", declaró. No se pierda tampoco a Adriana Patricia Jaraba Herazo, vicepresidente comercial de ínter Rapidísimo, quien habló sobre la disposición de 2.000 vacunas para clientes. En el tema central, del debate sobre los duros cuestionamientos a la Fiscalía General de la Nación, entidad que quedó en tela de juicio tras la puesta en libertad de los sospechosos por la desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván. Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, junto con Santiago Trespalacios, abogado penalista, hablaron sobre la problemática. Escuche la emisión completa de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
