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Se trata de la exjefe de la Oficina Asesora de Planeación del IDU Claudia Patricia Otálora Cano, quien fue acusada por varias actuaciones irregulares detectadas en la contratación de obras públicas en Bogotá. En 2009, la exfuncionaria hizo parte del Comité de Adjudicaciones del IDU y en el ejercicio de su cargo participó en el direccionamiento de cinco contratos financiados con recursos de valorización, con el propósito de beneficiar a dos contratistas específicos.
Los proyectos ascendieron a 84.000 millones de pesos y contemplaron la construcción de andenes, dos ciclos de puentes, una calzada de la avenida La Sirena, Calle 153, la intersección del deprimido de la Calle 94 y tres puentes peatonales.
“Entre estas la entrega de información reservada del proceso de selección a los aspirantes favorecidos para que ajustaran sus propuestas, fallas en la fase de planeación relacionadas con estudios y diseños incompletos, deficiencias en la elaboración de los presupuestos, y limitación a la participación de otros oferentes”, dijo Martha Parra, directora especializada contra la Corrupción de la Fiscalía.
Esta persona fue condenada a 11 años de prisión, como responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos. Asimismo, se le impuso multa equivalente a 130 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 127 meses para ejercer cargos públicos.
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