La extorsión en Colombia experimentó un aumento en los últimos cinco años llegando a un máximo en 2023 cuando la Policía Nacional recibió un total de 10.560 denuncias en todo el país, lo que supone un incremento del 7,9 % con respecto a las cifras de 2022.Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) evidenció que la extorsión en Colombia sufrió en los últimos cinco años un alejamiento de sus formas tradicionales vinculadas con el conflicto armado y pasó a estar estrechamente relacionado con las bandas y dinámicas del crimen organizado.Según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), los principales medios a través de los cuales los criminales extorsionan fueron las llamadas telefónicas (42,7 %), los cobros directos (26 %) y las redes sociales (14,3 %).Así, las grandes ciudades como Bogotá son el objetivo principal de las estructuras delincuenciales. La capital fue la región que más casos registró, con un aumento del 22 % con respecto a 2022, la cifra más alta del país.Los departamentos donde más se presenta este delito que ya es uno de los peores problemas de seguridad que azota Colombia son: Antioquia con un total de 1.797 casos, seguido de Cundinamarca con 1.626, Atlántico con 1.303, Valle del Cauca con 1.100 y Norte de Santander con 549 casos.Estructuras criminales activasBogotá cuenta con la presencia de estructuras criminales como el transnacional 'Tren de Aragua', originado en las cárceles venezolanas, que opera en localidades del centro, sureste y suroeste de la ciudad o 'Satanás', donde sus víctimas son bicitaxistas, trabajadoras sexuales y comerciantes a quienes han llegado a torturar y se han visto obligados a cerrar las puertas de sus negocios.Este tipo de estructuras criminales se dedican sobre todo al microtráfico, la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el tráfico internacional de drogas a pequeña escala.Medellín es la segunda ciudad de Colombia con más casos de extorsión, sumando un total de 884, que están dirigidos en su mayoría por la organización 'La Oficina', que arrancó en los años ochenta auspiciada por el Cartel de Medellín del narcotraficante Pablo Escobar.En Cali, a pesar de que el panorama criminal está más atomizado, también se registraron más de 450 denuncias que se relacionan a organizaciones como 'La 40', 'El Platanal', 'Los del Hueco', 'África' o 'El Parche' y a otras más pequeñas que se extienden por las comunas.Las cárcelesMás del 40 % de las extorsiones que se realizan en el país se organizan desde centros carcelarios, lugares que se han convertido en centros dinamizadores del delito.Esta situación que se vuelve más compleja producto del hacinamiento, no únicamente de las cárceles, sino también de las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las estaciones de Policía; y por la crisis carcelaria declarada en Colombia debido a la inseguridad evidenciada en amenazas y asesinatos a guardias.El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) puso en práctica a mediados del año pasado la 'Operación Dominó', un operativo para prevenir y combatir la extorsión y corrupción. Consiste en realizar controles diarios, en la instalación de celdas unipersonales o la constante vigilancia de las comunicaciones.La estrategia ha resultado en la incautación de 2.430 celulares, 10.158 accesorios para celulares y 2.227 armas blancas.
Entre 1980 y 1990, Colombia vivió una de las épocas más oscuras de toda su historia a raíz de la ola de narcotráfico que llevaban cabo los carteles de Medellín y Cali, que llevó a la creación de diversos grupos armados como lo fueron ‘Los Pepes’, un “bloque de búsqueda” que buscaba asesinar a Pablo Escobar.Sin embargo, según documentos de la época, la creación de este grupo paramilitar no se dio hasta 1992 con el acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar, conocido como ‘Los Pepes’, para dar baja al capo del cartel de Medellín.Todo pasó cuando Pablo Escobar desde la cárcel La Catedral, en Envigado, ordenó la muerte de Gerardo Moncada Cuartas y Fernando Galeano, exsocios del cartel de Medellín, de quienes sospechaba eran cómplices del cartel de Cali, según contó Alonso Salazar, autor del famoso libro ‘La Parábola de Pablo’, en diálogo con Noticias Caracol.‘Los Pepes’ fueron creados por los hermanos Castaño, Diego Fernando Murillo y Rafael Galeano, además el apoyo económico del cartel de Cali, que, además, según el relato del coronel (r) Hugo Aguilar, ante la JEP, también apoyó el bloque de búsqueda que estaba detrás del cartel de Medellín.Una vez apareció el grupo, comenzó una ola de asesinatos en contra de los socios de Pablo Escobar y varios ataques hacia la familia del antioqueño. ‘Los Pepes’ operaban en una casa en Medellín que hacían seguimiento a los pasos del capo del narcotráfico, todo con apoyo local, teniendo fuentes legales e ilegales de todos sus movimientos.Entre los ataques de este grupo armado hacia Escobar se dio la destrucción de dos haciendas que pertenecían a la madre del capo, la muerte del abogado Guido Parra; o la ola de muertes de escoltas, contadores y testaferros del cartel de Medellín.“En el conflicto contra Pablo Escobar tuvimos el apoyo de la gente de Cali, concretamente de lo que se denomina cartel de Cali, que era manejado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez. Carlos (Castaño) me asigna como contacto con ellos”, reveló Diego Murillo, alias ‘Don Berna’, en 2013.Fue el 2 de diciembre de 1993 cuando se dio la muerte de Pablo Escobar, que disolvió a ‘Los Pepes’ y, posteriormente, algunos de sus miembros pasaron a crear las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Se conoció un video en el que alias ‘Popeye’, fallecido jefe de sicarios del extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar, le envía un saludo a Jhon Peña, alias ‘Jhonson’, uno de los tres hermanos cabecillas de ‘Los Peña’, una peligrosa organización que operaba en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, y cuyos miembros fueron capturados en las últimas horas en un operativo liderado por la Dijín de la Policía y la Fiscalía.“Guerrero Jhon Peña, el capo de Fontibón. Yo soy ‘Popeye’, general de la mafia, alias ‘JJ’. Tienes todo mi cariño y mi respeto, guerrero”, dice en el video Jhon Jairo Velásquez, quien fue jefe de sicarios del Cartel de Medellín.De acuerdo con información de las autoridades, la investigación de 36 meses logró determinar que esta banda de delincuentes dedicada a la venta de drogas, extorsión, homicidios y piratería, operaba hace aproximadamente 40 años en el sector de Fontibón y sus integrantes hacían parte de su mismo entramado familiar.“Estas personas realizaban el tráfico de drogas en toda la localidad de Fontibón y allí cometieron algunos homicidios y amenazaban a algunas de sus víctimas con el fin de lograr el control territorial”, indicó el coronel Jorge Alexander Mora, jefe del Área Investigativa Anticorrupción de la Dijín.Durante el allanamiento para dar con la captura de estas personas, la Policía incautó 11 teléfonos inteligentes, un computador portátil, un arma de fuego con dos proveedores y 43 cartuchos, más de 355 gramos de marihuana, 522 gramos de base de coca y más de cinco millones de pesos en efectivo.Le puede interesar:
El general en retiro Óscar Naranjo fue director de la Policía Nacional, vicepresidente durante el Gobierno de Juan Manuel Santos y también hizo parte de la delegación que negoció el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc. Naranjo publicó su libro "El derrumbe de Pablo Escobar. Las actas secretas de la persecución al capo hace 30 años", allí revela detalles sobre la caída del jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar."Me parece importante empezar a rescatar y a evitar que a lo largo de este tiempo se vaya desdibujando el heroísmo, el sacrificio y la tenacidad de muchos colombianos que estuvieron empeñados justamente en desmantelar el Cartel de Medellín y, por lo tanto, someter a la justicia a Pablo Escobar, eso es un libro que realmente quiero rendir tributo a los policías en todos los grados que estuvieron en esa tarea, pero también a los periodistas y los ciudadanos", señaló a Blu Radio el general (r) Naranjo.Este mes se cumplen 30 años desde la muerte de Pablo Escobar y por eso Naranjo también se refirió a las nuevas organizaciones y grupos que se dedican al narcotráfico."Hoy por poderosa que sea una organización narcotraficante o criminal no está en condiciones de poner en jaque la estabilidad institucional como sí lo hicieron los carteles de Cali y Medellín y yo diría que ahí hay un avance y la historia ha cambiado y hay una evolución del crimen y también una evolución de las capacidades estatales para enfrentar ese fenómeno, pero en la otra cara de la moneda estamos registrando que hay una evolución criminal que está caracterizada por una muy alta fragmentación de estructuras criminales", indicó el exdirector de la Policía Nacional.Por otro lado, aseguró que considera que se debe buscar una alternativa para abordar el tema del narcotráfico."En términos globales hay que reconocerlo también, a pesar de décadas de estar dando una batalla sobre un enfoque prohibicionista, que se ha ido adaptando a distintas épocas, lo cierto es que la evidencia muestra que ha crecido la producción de drogas, que ha crecido el número de drogas disponibles en los mercados, los consumidores, las muertes por sobredosis, la violencia asociada al tráfico y la producción, por lo tanto, yo creo que estamos entrando en una etapa donde un nuevo abordaje para superar el tema de las drogas es necesario", explicó el exvicepresidente.Le puede interesar:
Este viernes 3 de noviembre las altas cortes lideraran una conmemoración de los 38 años del Holocausto del Palacio de Justicia con una ofrenda de luz en memoria de las víctimas y una misa en la Catedral Primada. Al evento asisten magistrados de altas cortes, parte del Gobierno, víctimas del holocausto y exfuncionarios.Hace 38 años el Palacio de Justicia fue el escenario de violentos combates entre el Ejército y el M-19, después de que ese grupo armado se tomó la sede y secuestró a magistrados, consejeros de Estado, funcionarios y visitantes; generando uno de los momentos más violentos en pleno centro de Bogotá.En plena época de la crisis que dejó el narcoterrorismo en el país, la otra guerra se vivió en el corazón del poder de Colombia, cuando la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, donde en ese entonces funcionaba la Corte Suprema y el Consejo de Estado, después de las tensiones que se crearon en medio del acuerdo que adelantaba el Gobierno del presidente Belisario Betancourt con ese grupo armado.El 6 de noviembre de 1985 un comando de guerrilleros del M-19 ingresó al Palacio por el costado norte de la Plaza de Bolívar, a pocos metros de la casa Presidencial, el Congreso y la Alcaldía de Bogotá, para secuestrar a más de 300 personas, entre magistrados, funcionarios y visitantes, lo que ocasionó uno de los hechos más violentos que ha vivido el país.La toma y retoma tuvo 28 horas de combates entre el Ejército y ese grupo guerrillero, dejando como saldo un centenar de personas muertas, 11 desaparecidas, de los cuales cinco fueron localizados con el paso del tiempo; y un sin número de cuestionamientos sobre lo que ocurrió ese oscuro 6 de noviembre.Uno de las decisiones controversiales se tomó un par de días antes del asalto, cuando la Policía retiró la vigilancia del edificio y se lo dejó a una empresa privada, pese a las alertas que existían sobre los planes del M-19 contra el Palacio de Justicia y los propios magistrado de la Sala Constitucional de la Corte, quienes para ese entonces habían recibido amenazas de muerte por parte del cartel de Medellín, debido a que tenían a su cargo el tema de la extradición de colombianos por narcotráfico.Finalmente el 7 de noviembre de 1985, después de tres incendios y un absoluto caos ensordecedor por el sonido de las ametralladoras y los rockets disparados desde un tanque, las Fuerzas Militares y la Policía retomaron el control del Palacio de Justicia rescatando a ciudadanos que se encontraban dentro de la sede y que habían sido llevados a la Casa del Florero, donde se dio un nuevo capítulo de violaciones a los derechos humanos.Le puede interesar "El presidente Petro dice que se reunirá primero con gobernadores afines, ¿un mal mensaje? Debate":
El pasado 4 de octubre a la oficina del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, llegó una carta de parte del excapo Carlos Lehder, exsocio de Pablo Escobar durante la época del Cartel de Medellín. Allí, le pidió información y una aclaración al fiscal cuando afirmó que sostuvo negocios con Juan Diego Montoya, alias 'Mechas'.De acuerdo a Lehder, nunca sostuvo una relación de 'Mechas', pues cuando él fue extraditado en 1987 a una cárcel de Estados Unidos, Montoya tan solo tenía 12 años por lo que era imposible que un niño dirigiera una operación de narcotráfico, por lo que, según él, el proceso de extinción de dominio en contra de de Montoya Bernal son un ”alarmante abuso de poder de parte de sus subalternos de la Fiscalía de Medellín”.Carlos Lehder señaló que la confiscación realizada por la Fiscalía es falsa. Cabe recordar que fue el ente investigador el que dijo que estos bienes estarían vinculados a negocios y rutas de narcotráfico, que, supuestamente, el excapo le entregó a Montoya, alias 'Mechas', cuando era un niño de 12 años para que continuara actividades criminales.Cabe recordar que durante el Latin American Poker Tour de 2010, fue capturado Juan Diego Montoya, alias 'Mechas', quien era requerido por una corte en Florida, Estados Unidos, por presuntos nexos con Arturo Beltrán Leyva y Joaquín 'Chapo' Guzmán. Tras su captura se confiscaron bienes en más de 40 millones de dólares, además en su momento él mismo señaló que jamás conoció al excapo del Cartel de Medellín, que el único nexo es que su esposa es su sobrina.Esta es la cartel que envió Carlos Lehder al fiscal:Le puede interesar
Después de que la Policía panameña detuviera al principal sospechoso del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, este miércoles, 25 de enero, se conocieron las declaraciones que entregó John Poulos a las autoridades de ese país.Según el ciudadano estadounidense, es por el cartel de Medellín que él estaba escapando de Colombia porque, supuestamente, lo estaban buscando para matarlo, misma mafia a la que señaló como responsable del asesinato de Trespalacios.Así lo dio a conocer Noticias Caracol, además de que, de acuerdo con las autoridades, el norteamericano no solo habría comprado los tiquetes desde Colombia a Turquía en efectivo, sino que también habría adquirido otro pasaje hacia Brasil para “despistar a los investigadores” sobre su rumbo.Además, las investigaciones que se han adelantado en torno a Poulos y el crimen que tiene consternado a toda la ciudadanía indican que el celular de la DJ, hallado en el aeropuerto El Dorado, lo habría botado él.“De este hombre también se conoce que es tranquilo, pero cuando explota es muy agresivo y peligroso. Es de una familia muy adinerada de Estados Unidos y aseguran que llegó a Colombia para invertir en varias empresas”, agregaron en el reporte de Noticias Caracol.Blu Radio habló con la mamá de la víctima, Laura Hidalgo, quien reveló que su Trespalacios conoció a Poulos por la aplicación de citas Tinder, a comienzos de 2022, y en mayo del año pasado vino a Colombia por primera vez a conocerla, mismo mes en el que, según los registros migratorios, habrían viajado a México.En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación ya solicitó a un juez de la República la orden de captura contra John Poulos,. En manos de la entidad se encuentran varias pruebas en contra del hombre, de 35 años, que fue detenido en Panamá.Le puede interesar: ¿Cómo era la relación entre Valentina Trespalacios y su novio?
A finales de los años ochentas, el narcotráfico estaba en furor en todo un país a raíz del cartel de Medellín. Virgilio Barco Vargas, quien fue expresidente de Colombia, entre los años 1986 y 1990, afrontó una época complicada.En diálogo con El Radar estuvo la hija del expresidente y excanciller Carolina Barco Isakson, quien habló acerca del próximo documental “Barco, historia de un legado” de Caracol Televisión, que narra por todo lo que el expresidente tuvo que afrontar.“Mi padre fue un hombre que nació con el interés por la política desde que tenía 22 años, a pesar de ser hijo de un empresario siempre mantuvo claro que quería hacer, desde esa edad fue concejal, estuvo en obras públicas, fue embajador, congresista y senador, toda la vida estuvo al servicio del país, esa era su pasión”, agregó.La excanciller habló sobre cómo se marcó el entorno del expresidente entre la división de un país entre liberales y conservadores."Aunque el país se dividía mucho entre estos dos partido políticos, en ese tiempo de entrega y demás, mi padre estaba estudiando en Estados Unidos y es muy interesante cómo hablaban tanto de lo que pasaba allí y en Colombia y aquí se hizo embajador”, añadió. Asimismo, comentó acerca del camino que el exmandatario decidió tomar.“Es una historia interesante porque mi abuelo fue gobernador, y su tío era un liberal radical desde su pensamiento, su interés en lo social y en creer que todos tenemos los mismos derechos, era un liberal profundo, de aquí él le presenta a mi Padre Virgilio los estatutos del partido liberal, para que sepa que este es su camino y este es su legado", comentó.Carolina Barco, también habló y recordó el momento en el que Virgilio Barco llegó a ser presidente de Colombia, quien abrió la puerta a una nueva constitución y terminó haciendo grandes transformaciones por la violencia.“Inicialmente en los Andes hicimos un seminario para mirar lo que había sido esa presidencia y hay un conversatorio entre el presidente Gaviria que fue ministro de Hacienda y de gobierno en la presidencia, fue un momento que marcó una diferencia con lo que venía anteriormente que fue el frente nacional, que le trajo a Colombia años de intercambio (…) se consideraba fundamental en ese entonces que no fuera una repartición de gobierno si no, la sociedad estar eligiendo al gobierno por sus ideas y cambios que se querían ver, por eso Virgilio propone una propuesta de gobierno y oposición, esto marcó una política grande en el gobierno de Barco”, indicó.La excanciller indicó uno de los momentos más difíciles que atravesó su padre en su momento de mandato."En el tiempo que el narcotraficante Pablo Escobar quería entrar a la política, para tomar el poder, lo hizo callando voces matando a los políticos, en este momento Virgilio Barco decide que se necesitan fortalecer las instituciones y el plebiscito genera cambios, claramente Virgilio cambió la política respondiendo a la violencia con más democracia”, agregó.
Una nueva denuncia de irregularidades involucra a la Alcaldía de Medellín y esta vez tiene que ver con el Cuerpo de Bomberos, que opera de la mano del Dagrd.Según varios bomberos, por falta de mantenimiento al menos 13 carros para atender emergencias están fuera de servicio: entre ellos hay una máquina escalera, usada en alturas, también varios contraincendios y de atención con líquidos peligrosos, por ejemplo.De acuerdo con la denuncia, hecha de manera anónima por temor a represalias en sus contratos, los daños van desde problemas en el arranque hasta que le faltan las sirenas. Esto ha llevado a que, por ejemplo, las estaciones de los barrios Doce de Octubre y La Floresta, operen con camionetas y otros vehículos más genéricos.Todo esto se dio porque no se renovó a tiempo el contrato con los concesionarios encargados del mantenimiento y además se hicieron ajustes a estos. Se estima que esta situación viene desde el 31 de agosto.Ante esto, Laura Duarte, directora encargada del Dagrd, que es la entidad que puede hacer la contratación, contó que ya están trabajando para renovar la documentación necesaria, pero aseguró que la ciudad no ha estado en riesgo pues tiene el apoyo de los municipios vecinos."En el momento se encuentra desarrollándose el proceso contractual, precisamente para dar firmar al contrato e iniciar. Estamos en un diagnóstico general de las máquinas que se encuentran para reparación pero contamos con la capacidad en el momento para atender cualquier incidente de ciudad", dijo Duarte. Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
Fuentes confirmaron a BLU Radio que las autoridades capturaron en Bogotá a Guillermo León Acevedo, conocido como ‘Memo Fantasma’, el supuesto narcoparamilitar que nunca fue judicializado en Colombia a pesar de ser uno de los supuestos financiadores del paramilitarismo y del narcotráfico.Su nombre era desconocido hasta que una investigación de InSight Crime, una fundación dedicada al estudio de organizaciones criminales en Latinoamérica, informó que alias ‘Memo Fantasma’ se había dedicado a borrar sus huellas y a lavar millones de dólares a través de finca raíz y ganadería. Según las fuentes de BLU Radio, su captura justamente es para que responda como presunto responsable de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.En los operativos, que se extendieron a los departamentos de Antioquia y Córdoba, fueron capturados tres personas más, entre ellos, dos familiares de ‘Memo Fantasma’.Según el periodista Jeremy McDermott, de InSight Crime, alias ‘Memo Fantasma’ “comenzó su vida en el cartel de Medellín, financió el sangriento ascenso de paramilitares y actualmente se da la gran vida en Madrid”.Incluso, reveló la investigación, existió una supuesta relación de la familia de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con ‘Memo Fantasma’ pues este participó en un proyecto inmobiliario en Bogotá que fue liderado por Álvaro Rincón, esposo de la funcionaria.Según la investigación, ‘Memo Fantasma’ fue conocido en el pasado con el alias de ‘Sebastián Colmenares’, fue líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y financió al Bloque Central Bolívar (BCB), responsable de más de 10.000 asesinatos en el país. Incluso, habría iniciado su actuar criminal a principios de los 90 en Estados Unidos, donde trabajó con el clan Galeano y supuestamente, recibía los cargamentos de droga del Cartel de Medellín.Dice Insight Crime que en 1996 regresó a Colombia y que, tiempo después se unió a las AUC, específicamente, con el Bloque Central Bolívar, al cual financió.
La escudería italiana Ferrari celebrará sus 70 años de presencia en Estados Unidos incluyendo detalles en dos tonos de azul tanto en sus monoplazas como en los uniformes del equipo durante el Gran Premio de Miami que se celebrará el domingo 5 de mayo.Esta iniciativa "marca el 70 aniversario de la presencia de la marca en América del Norte, donde el icónico 'Rosso Corsa', un rojo sinónimo de coches de carreras italianos desde la década de 1920, fue suplantado por la librea blanca y azul de Estados Unidos", explicó la compañía en un comunicado.Tanto los monoplazas, los SF-24, como los monos de los pilotos Carlos Sainz y Charles Lecrec, así como la vestimenta de mecánicos y trabajadores, tendrán detalles en dos tonos de azul que la histórica marca utilizó durante la década de los 60 y hasta mediados de los 70."'Azzurro La Plata' y 'Azzurro Dino' recuperarán su posición en el universo de Ferrari, desde los coches de carreras hasta los deportivos, celebrando la tradición y reinventándola a través de una mirada contemporánea", señaló Ferrari.El Azzurro La Plata, un azul más claro y el color nacional de carreras de Argentina, fue el color de los monos de leyendas como Alberto Ascari o el tres veces campeón del mundo Niki Lauda, mientras que el Azzuro Dino, algo más oscuro, lo portaron pilotos como Arturo Merzario o Clay Regazzoni.El azul, junto al blanco, se añadió a la paleta de colores de la marca durante las dos últimas carreras de la temporada de Fórmula 1 de 1964, una combinación de colores que se utilizó hasta 1974, cuando el actual rojo llegó para establecer una relación indisoluble con Ferrari.Para celebrar sus 70 años en EE.UU., la compañía ha preparado además un amplio programa de eventos, entre los que destaca la travesía de 70 Ferraris de distintos modelos que viajarán desde Tennessee (centro-este de EE.UU.), hasta Florida (sureste) para participar en un desfile por las calles más populares de Miami.Además, la empresa italiana presentará el 2 de mayo el nuevo modelo de Ferrari y celebrará durante el fin de semana del Gran Premio distintos eventos en el Aeródromo Internacional de Miami, así como otros "acontecimientos y numerosas sorpresas" que "se contarán día a día en las redes sociales".Le puede interesar:
La multinacional Glencore ganó un laudo arbitral contra el Estado colombiano por los derechos de inversión y explotación del canal de acceso a Puerto Nuevo en Ciénaga, Magdalena.Ese importante canal de embarque fue entregado en concesión en 2010 a Prodeco S.A.S y la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. y C.I., dos filiales de la multinacional en Colombia, pero solo tres años después entró en operación.Glencore buscaba una indemnización por 252 mil millones de pesos por perjuicios en la exportación de millones de toneladas de carbón a través de ese puerto en el caribe, después de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) detectara posibles prácticas anticompetitivas en la concesión del puerto.Según la SIC, Glencore deliberadamente construyó y operó un puerto con capacidad para exportar 21,4 millones de toneladas anuales de carbón, cuando la obligación era garantizar 32 millones de toneladas anuales para la primera fase, dejando por fuera que otros operadores pudieran exportar el mineral a través del puerto.Al parecer, esa decisión permitió que la estadounidense Drummond aprovechara el canal “sin pagar por su construcción ni uso”, según la demanda de Glencore.El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) halló al Estado colombiano responsable de violar tratados internacionales, pero consideró que las pretensiones de Glencore eran exageradas y determinó que el país solo debe pagar el 15 por ciento de la demanda que equivale a unos 37.800 millones de pesos.La Agencia Jurídica del Estado analiza la viabilidad de una solicitud de anulación de este fallo pues considera que el tribunal condenó a la Nación porque “el tribunal omitió realizar un análisis de pruebas y argumentos fundamentales presentados por el Estado en su defensa”.
Según la Contraloría General de la República, el logro se magnifica aún más al considerar que en las próximas semanas el organismo de control incorporará $600.000 millones adicionales, llevando el total a aproximadamente $1.8 billones, una cifra que supera ampliamente la meta establecida para el período 2022-2026 y el recaudo de $220 mil millones logrado en el cuatrienio anterior (2018-2022).Con la revelación de esta cifra histórica que logró recuperar mediante su consignación en las cuentas del Estado, el vice contralor en funciones de contralor general de la República encargado, Carlos Mario Zuluaga, recordó que bajo el amparo de medidas cautelares están cerca de $2.5 billones, lo que aseguró que los futuros fallos de responsabilidad fiscal tengan una garantía cierta.Por otro lado, la Contraloría resaltó que, para continuar con este análisis es importante resaltar cómo la tecnología ha posibilitado que la Contraloría alcance los mejores resultados de su historia en la implementación del Acto Legislativo 04 de 2019, el cual reformó el control fiscal e introdujo el control concomitante y preventivo, asegurando así la defensa y protección del patrimonio público en tiempo real basándose en las alertas y recuperaciones de la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata (DIARI).Incluso, los resultados arrojaron que, en 18 meses de gestión, la DIARI emitió 828 alertas, de $18.7 billones, sobre la gestión de recursos públicos y el avance de proyectos significativos, como los relacionados con infraestructura, entre otros.Por esta razón, la Contraloría fue enfática en asegurar que gracias a estas alertas se realizó un seguimiento continuo de 234 proyectos, con un valor total de $3.51 billones. Gracias al ejercicio del control fiscal por parte de este organismo, se consiguió completar y entregar 106 de estos proyectos, con un valor acumulado de $1.96 billones.En cuanto al control fiscal participativo la Contraloría se refirió al respecto y dice que, bajo la actual administración, se ha relanzado la estrategia "Compromiso Colombia: Rescatando Elefantes Blancos", con el objetivo de reintegrar a la comunidad el mayor número posible de obras inconclusas y proyectos en estado crítico. Este esfuerzo se realiza en colaboración con la ciudadanía en todas las regiones del país.Además, la Contraloría aseguró que ha promovido el empoderamiento de la ciudadanía en el ejercicio del control fiscal participativo sobre la inversión de recursos públicos. Esto se ha logrado mediante la creación de 106 veedurías enfocadas en proyectos específicos, así como la formación de comités escolares para supervisar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en coordinación con las Juntas de Acción Comunal.Por último, en 18 meses se han realizado 32 visitas, donde se han establecido 738 compromisos, 268 con término definido y 470 para seguimiento permanente según este informe de la Contraloría General de la República.
La Franja de Gaza sufre la mayor catástrofe alimentaria del planeta al menos en las dos últimas décadas, desde que hay registros, según revela el informe anual de la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC) en colaboración con la FAO y otras agencias de la ONU publicado este miércoles.Además, se cifra en más de 281 millones las personas que sufrieron inseguridad alimentaria aguda en 59 países durante 2023, frente a los 258 millones del año anterior."La Franja de Gaza tiene el mayor número de personas que sufren un hambre catastrófica hasta ahora jamás registrada por el Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias, incluso cuando los camiones de ayuda bloqueada se alinean en la frontera", alertó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.La crítica situación que atraviesa Gaza tras el estallido de la guerra el pasado 7 de octubre ha situado al territorio palestino en el máximo nivel de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC), un sistema de 5 escalas que utilizan organismos internacionales para medir la inseguridad alimentaria aguda.La mitad de la población gazatí, alrededor de 1,1 millones de personas, se encuentra en el nivel más alto de la clasificación del IPC, que el organismo define como "catástrofe de hambruna"."La crisis alimentaria en la Franja de Gaza es la mayor en la historia del IPC", cuya creación se remonta a 2004, se indica en el documento, que advierte también de "un hambruna inminente en las gobernaciones del norte".Una respuesta urgenteEn el mundo, el porcentaje de la población con altos niveles de inseguridad alimentaria en 2023, del 21,5%, fue ligeramente inferior al de 2022, cuando era del 22,7 %, aunque el número de personas afectadas aumentó en casi 24 millones (debido a la inclusión de nuevos territorios) este año, el quinto consecutivo en el que crece este indicador.Además de la Franja de Gaza y Sudán, que sufrió el mayor deterioro "debido a los efectos devastadores del conflicto" que estalló 15 de abril de 2023, los países que sufren grandes crisis alimentarias son Afganistán, Etiopía, Nigeria, Siria, República Democrática del Congo (RDC) y Yemen.Los conflictos, la inseguridad, los fenómenos meteorológicos extremos y las perturbaciones económicas empeoraron la situación en 12 países, entre ellos Colombia, Costa de Marfil y Senegal, que se incluyeron por primea vez en el informe, mientras que los niveles de inseguridad alimentaria mejoraron en 17 respecto a 2022, como Mauritania y Guinea.Además, 36 países sufren crisis alimentarias prolongadas, de los cuales en 19 el 80 % de la población total está afectada por la escasez de alimentos, según el GNAFC."Esta crisis exige una respuesta urgente. Será fundamental utilizar los datos de este informe para transformar los sistemas alimentarios y abordar las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición", aseveró Guterres.En Latinoamérica, la población que se enfrenta a la inseguridad alimentaria disminuyó de un 27,3 % en 2022 a un 26,5 % en 2023, y los fenómenos meteorológicos extremos como El Niño fueron el factor más determinante debido a la precipitaciones "erráticas y reducidas" que tuvieron lugar en la región.Previsiones para 2024En 2024, "los conflictos y la inseguridad", especialmente en la Franja de Gaza y Sudán, así como en Haití, seguirán siendo los principales impulsores de la inseguridad alimentaria aguda, al igual que el fenómeno climático El Niño, que es probable que "se manifieste a lo largo del año", destaca el informe.Pero también la economía jugará un papel importante en el desarrollo de las crisis alimentarias que azotan el planeta, y los países exportadores de alimentos con monedas debilitadas, como Nigeria, Malaui o el Líbano, tendrán que lidiar "con los precios internos de los alimentos y el débil poder adquisitivo de los hogares".También la disminución de la financiación de la ayuda humanitaria y el aumento de los costos de entrega "plantean una nueva amenaza" que se traduce en "una reducción de los beneficiarios y de las raciones de asistencia alimentaria entre muchas poblaciones"."La humanidad puede y debe hacerlo mejor. Juntos, con compromiso y acción concertada, podemos crear un mundo en el que el hambre no tenga hogar", instó Guterres.Le puede interesar:
Lluvias de críticas en redes sociales y desde diferentes sectores políticos han caído sobre el Concejo de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá, tras conocerse los detalles de una capacitación para sus corporados que se llevó a cabo durante 12 días en Turquía y Dubái.La principal molestia de la ciudadanía ha recaído en su costo: 350 millones de pesos fueron aprobados para la participación en ese curso sobre urbanismo, turismo, desarrollo urbano y temas internacionales que se cumplió entre el 31 de marzo y el 12 de abril.De los 13 concejales solo dos, Alliday Tobón e Iván Alonso Montoya, ambos del partido Creemos, no asistieron argumentando la importancia de mantener una actitud coherente con las realidades financieras de esta localidad que no han sido las más favorables para el inicio de un nuevo periodo de gobierno como lo argumentó Montoya a Blu Radio."El municipio hoy está económicamente muy mal, el municipio se recibió con un déficit fiscal de más de $10.000 millones, un déficit presupuestal de más de $16.000 millones, un hospital quebrado y frente a eso, pues, lo que uno dice es que el sacar 350 millones de pesos de la caja hoy hace mucho efecto", aseguró Montoya.Sobre esta capacitación, que ya ocupó hasta la mitad de recursos aprobados para el Concejo durante todo el año y ejecutados a través de un contrato con la Corporación Étnica para el Desarrollo Social Cordessol, sus críticos han argumentado la posibilidad de haber explorado otras opciones que pudieron haber resultado mucho más económicas como traer los expertos al país o gestionar procesos con instituciones de educación locales.El concejal y exalcalde, Iván Alonso Montoya, insistió en que no se trata de una decisión o procedimientos ilegales, pero sí de consideraciones éticas y morales frente a la gestión de los recursos públicos con situaciones que incluso generarían poco impacto a la población del municipio."Este año somos nueve concejales nuevos y los que ya viajaron la pregunta es, ¿con esas capacitaciones y con esas formaciones que se dieron en ellos qué impactaron a la comunidad?”,sentenció el concejal.Blu Radio intentó ponerse en contacto con el presidente del Concejo, Ángel Fabricio Henao, para conocer los elementos que se tuvieron en cuenta para la apropiación de estos significativos recursos en dicha capacitación, sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido respuesta ni se conoce un pronunciamiento público desde la Corporación.