La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario a los exdirectores administrativos de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Luis Alfonso Hoyos Cartagena y Emiro Darío Márquez Martínez, por el denominado Cartel del VIH. Según la Procuraduría, las irregularidades se centran en sobrecostos y pagos a IPS para tratamientos de pacientes ficticios con VIH entre los años 2005 y 2017. De igual forma, el Ministerio Público advierte que los sobrecostos ascendieron a los 12.000 millones de pesos para pacientes con este tipo de tratamientos. "Cancelaron a IPS cuentas de usuarios cuyos documentos de identificación no aparecían en la Registraduría (cédulas inexistentes), y cuyos titulares de las cédulas de ciudadanía estaban muertos o con suspensión de derechos políticos", señala el documento.La Procuraduría encontró que los dos directores de Comfacor durante su administración "al parecer quebrantaron el principio de moralidad y desconocieron el de economía, al presuntamente haber permitido que se afectaran los recursos de la salud del departamento en $456 millones". Vea aquí: Casos de venezolanos con VIH SIDA en Colombia se quintuplicaron en un añoAsimismo, la Procuraduría encontró otras irregularidades que comprometieron recursos del patrimonio de la Nación y por lo tanto deberán responder en juicio disciplinario por este tema. Tras las investigaciones de la Procuraduría, fueron compulsadas copias a la Fiscalía General y la Contraloría General para que tomen las acciones contra las autoridades y particulares que administraron y vigilaron los recursos de la salud.
El Instituto de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos, Invima, alertó por irregularidades en el producto Alere HIV Combo del fabricante Alere Médical CO. Ltda porque al producto le hace falta sensibilidad para detectar el antígeno 24, lo que puede resultar en diagnósticos imprecisos. Es decir, que a una persona infectada con el Virus del Papiloma Humano, le pueden decir que no lo está luego de presentados los exámenes. El Invima pide a la comunidad que si va a utilizar el reactivo de diagnóstico se comunique con el importador para consultar algunas recomendaciones. Y a las Instituciones Prestadoras de Salud les ordena realizar una trazabilidad para determinar efectos negativos. Finalmente, les solicita a los importadores, evitar la comercialización del producto. “El p24 es una proteína que forma la envoltura del VIH. Esta prueba detecta el virus en sangre, pero el virus solo dura las dos primeras semanas después de la infección, para luego integrarse a los linfocitos y ya no aparece en sangre, por eso da falsos negativos. La prueba no detecta el virus ya integrado a los linfocitos”, señaló el médico Juan Felipe Ramírez, de la Universidad Militar. Según datos de la Organización Mundial de la Salud en el mundo hay alrededor de 37 millones de personas con el virus. En Colombia hay alrededor de 50.000, reportados por el Ministerio de Salud.En Mañanas Blu, el director del Invima, Javier Guzmán, aseguró que la alerta se debió a un comunicado de la empresa francesa que comercializa el producto. Sin embargo, luego de analizar en detalle la existencia del insumo en el país, se pudo determinar en las últimas horas que a Colombia no ingresó el reactivo.
Néstor Murcia, director administrativo de Comfacor, Caja de Compensación Familiar de Córdoba, habló en Mañanas BLU sobre la denuncia de la Procuraduría en la que señala que involucrados en el llamado cartel del sida robaron documentos para borrar evidencia. Vea también Involucrados en cartel del sida robaron documentos para borrar evidencia: ProcuraduríaEl funcionario reveló que el tema fue sorpresivo para todos pues se había contratado un servicio de auditoría forense, hace aproximadamente dos meses, “y cuando ellos llegaron pues se reveló que documentos relacionados con el tema habían sido sustraídos de la entidad”. Afirmó que fueron los mismos funcionarios que sacaron los documentos quienes revelaron que estaban en una empresa recicladora de papel argumentando que los habían vendido “para lucrarse de lo que pesaban”. “Ellos dicen que buscaban ganar dinero vendiendo grandes cantidades de papel a una empresa de reciclaje, pero está el tema en investigación porque no les creemos mucho”, dijo Murcia.Reveló que los documentos fueron recuperados en su totalidad y ya están en cadena de custodia.Sobre los detalles del cartel, dijo que aún es incierto el número de pacientes, facturación y cantidad de irregularidades que existen alrededor del hecho.La Procuraduría había advertido este jueves que Los involucrados en el cartel del sida trataron de borrar rastros, para ello se robaron gran cantidad de documentación de la EPS de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Comfacor, según señaló la Procuraduría. El viceprocurador Juan Carlos Cortés reveló que la documentación hurtada fue seleccionada, lo que, a su juicio, hace más que evidente que la intención era simplemente eliminar rastros. “El hurto sucedió el día 23 de diciembre a las 7:00 de la mañana en las instalaciones de la Caja de Compensación Familiar Comfacor. Misteriosamente se seleccionaron 60 bultos con papelería que contenía información sobre facturas de recobros al sistema de salud”, dijo el viceprocurador.El funcionario lidera la comisión especial de la Procuraduría, que llegó a Montería la mañana de este jueves 25 de enero para iniciar la fase de investigación a fondo sobre el cartel del sida.
Los involucrados en el cartel del sida trataron de borrar rastros, para ello se robaron gran cantidad de documentación de la EPS de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Comfacor, según señaló la Procuraduría. El viceprocurador Juan Carlos Cortés reveló que la documentación hurtada fue seleccionada, lo que, a su juicio, hace más que evidente que la intención era simplemente eliminar rastros. “El hurto sucedió el día 23 de diciembre a las 7:00 de la mañana en las instalaciones de la Caja de Compensación Familiar Comfacor. Misteriosamente se seleccionaron 60 bultos con papelería que contenía información sobre facturas de recobros al sistema de salud”, dijo el viceprocurador. El funcionario lidera la comisión especial de la Procuraduría, que llegó a Montería la mañana de este jueves 25 de enero para iniciar la fase de investigación a fondo sobre el cartel del sida. Le podría interesar: El médico cordobés Máximo Mercado niega ser parte del ‘cartel del sida’ En el primero de los 15 días que se calcula podría tardar esta fase de la investigación, la comisión encontró pruebas fuertes de más de un centenar de pacientes falsos o 'fantasmas'. La comisión también anunció acciones en torno a otros temas de la salud en Córdoba, como es el caso del hospital San Jerónimo de Montería, a cuya gerente, Isaura Hernández, se le abrió investigación por realizar cambios, aparentemente de manera irregular, en la nómina. Aún no se revelan detalles de lo sucedido, ni tampoco los nombres de los responsables, pero se conoció que parte de esa documentación ya fue recuperada.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció desde la capital del Atlántico que hará acompañamiento a la Procuraduría dentro de la investigación que se adelanta por el cartel del sida en Córdoba tras la denuncia de más de 800 pacientes falsos a nombre de quienes se habrían cobrado tratamientos contra el VIH.Lea también: ¡Córdoba, ahora el cartel del sida! Columna de Óscar Montes“En materia de la drogas contra el VIH, desde el año pasado la Fiscalía hizo un operativo muy grande en córdoba y en Bogotá con droga que estaba siendo falsificada, ahora se suma la del cartel que se ha denunciado”, manifestó Martínez.Finalmente, el fiscal aseguró que “acompañará a la Procuraduría en las indagaciones que competen a la Fiscalía para establecer las responsabilidades del caso”.
Nicolás Mejía, director de Actívate y exgerente general de un grupo automotriz en Medellín, explicó por qué decidió renunciar a un cargo que ocupó durante 18 años para replantear su concepto de éxito. En entrevista con Blu Radio, sostuvo que alcanzar metas económicas y profesionales no siempre se traduce en bienestar, especialmente cuando implica sacrificar la salud, la familia y el tiempo personal.“Yo no sé si vale la pena tanto sacrificio para perderse los mejores momentos de nuestras vidas. No creo”, afirmó Mejía al cuestionar la idea de que el éxito depende de acumular bienes materiales, tener un salario alto o demostrar estatus en las redes sociales.¿Por qué Nicolás Mejía renunció a su trabajo después de 18 años?El director de Actívate contó que dejó el cargo que había soñado porque sentía que estaba dedicando demasiado tiempo al trabajo y descuidando aspectos importantes de su vida.Una de sus principales motivaciones fue su hijo, de 13 años. “Miguel no necesita un papá exitoso ante el mundo, necesita un papá que esté presente en su mundo”, recordó que le dijo.Mejía explicó que su decisión no significa renunciar al crecimiento profesional ni a las comodidades económicas, sino revisar qué está dispuesto a sacrificar para conseguirlas.Como ejemplo, relató que rechazó una oferta laboral con un salario y unas condiciones que calificó como muy atractivas, porque habría tenido que pasar gran parte del tiempo viajando y lejos de su familia.¿Cómo saber si el éxito está afectando la vida personal?Para Mejía, uno de los problemas es la comparación constante, especialmente en redes sociales, donde la exhibición de carros, relojes y otros bienes puede convertirse en una medida de reconocimiento.“Si no tienes con quién compartir, no tienes”, afirmó al recordar un viaje a Venecia en el que recorrió la ciudad y se tomó fotografías solo, mientras otras personas compartían la experiencia con sus parejas o familiares.El conferencista considera que la definición de éxito es personal y cambia con las etapas de la vida. Por eso, recomendó preguntarse qué se está dejando de lado para alcanzar una meta y si ese sacrificio realmente vale la pena.¿Qué ejercicio recomienda para encontrar equilibrio?Mejía destacó la gratitud como una práctica para reconocer lo que ya se tiene y evitar que la búsqueda permanente de más dinero o bienes materiales se convierta en una fuente de insatisfacción.“La gratitud hace que lo que tengas sea suficiente”, sostuvo. También advirtió que algunas personas intentan llenar vacíos emocionales mediante compras que pueden llevarlas a asumir deudas.Su recomendación es revisar el equilibrio entre trabajo, salud, familia y relaciones personales. Para profundizar en esa reflexión, invitó a leer el cuento ¿Cuánta tierra necesita el hombre?, del escritor León Tolstói, una historia que propone cuestionar hasta dónde puede llegar la ambición humana.
Santander recibió un reconocimiento especial por los avances en la lucha contra la enfermedad de Chagas, luego de que 27 municipios fueran acreditados como libres de transmisión vectorial, en el marco del proceso de acreditación internacional que se desarrolla en Colombia durante 2026.El resultado representa un avance en las estrategias de prevención, vigilancia y control de una enfermedad transmitida principalmente por insectos conocidos como pitos, que pueden contagiar el parásito causante de la infección.El secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, destacó el trabajo articulado entre las administraciones municipales y los equipos de salud para fortalecer las acciones preventivas y promover el reconocimiento de los factores de riesgo entre las comunidades.Según el funcionario, el apoyo de alcaldes, gerentes de hospitales, médicos, enfermeras y secretarios municipales de Salud ha sido fundamental para desarrollar actividades de sensibilización y prevención dirigidas a la población.Las cifras permiten dimensionar el reto que ha enfrentado el departamento. En 2018, Santander reportó 184 casos de Chagas y 48 de sus 87 municipios tenían antecedentes de transmisión de la enfermedad. Un año después, en 2019, la Gobernación señaló que el insecto transmisor estaba presente en 66 municipios.El panorama también evidenció riesgos importantes en años posteriores. En 2022, Macaravita registró la mayor incidencia de Chagas agudo por cada 100.000 habitantes en riesgo entre los municipios del país, mientras que Simacota también figuró entre los municipios con alta incidencia, según los antecedentes epidemiológicos citados.Entre 2023 y 2025, los casos de Chagas aumentaron un 22 %, al pasar de 163 a 199.Estos datos muestran la dimensión territorial del problema que las autoridades sanitarias han buscado controlar mediante acciones de vigilancia, prevención y atención.La acreditación de los 27 municipios reconoce los avances frente a la transmisión vectorial, es decir, aquella que ocurre por medio del insecto transmisor. No significa que Santander haya erradicado por completo la enfermedad ni que no existan personas infectadas, pues el parásito también puede transmitirse por otras vías.En este proceso participan organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, que acompañan las estrategias para interrumpir la transmisión.El desafío para Santander será mantener la vigilancia epidemiológica, sostener las medidas de prevención y evitar que se restablezca la transmisión en los municipios que han alcanzado esta condición.
Organismos de gestión del riesgo y otras entidades ambientales en Medellín se siguen preparando para evitar emergencias como consecuencia de una temporada de altas temperaturas influenciada por el fenómeno de El Niño, pero también con incidencia de lluvias.Las acciones de los últimos días por parte de equipos ambientales, sociales, de seguridad y movilidad se han enfocado en tres puntos específicos del río Medellín: a la altura de Moravia, en inmediaciones de La Macarena y cerca del puente de la calle 4 Sur.Entre las acciones que desarrolla un grupo de cerca de 120 personas que hacen parte del proyecto Tacita de Plata están la adecuación de zonas verdes, el retiro de residuos dispuestos clandestinamente, el desmonte de cambuches y la recuperación de espacios públicos."Hacemos un despliegue de recolección de los residuos, una recolección, una limpieza manual. Por supuesto, tenemos volquetas durante toda la jornada. Al finalizar la jornada, podemos consolidar. Normalmente, estamos sacando entre unas dos a cinco volquetas de material en estas jornadas que hacemos", manifestó la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.La funcionaria destacó que estas acciones continuarán en las próximas semanas para seguir con la recuperación de un entorno ambiental y un corredor de movilidad clave para la ciudad, que, en contextos de lluvias, puede representar riesgos para los habitantes y otras infraestructuras.
Cerca de 650 Equipos Básicos de Salud en funcionamiento reportó el Ministerio de Salud en Antioquia al 31 de marzo de 2026, pero dos meses después la Secretaría Departamental registró 442, una diferencia de 206 equipos de profesionales de la salud que fue denunciada por el diputado Jorge Correa durante un debate de control político.A la situación se suma que el balance departamental más reciente indica que, al 30 de agosto, solo estaban en operación 196 equipos, distribuidos en 44 municipios: 93 rurales y 103 urbanos.La investigación de este programa del Gobierno del presidente Gustavo Petro también encontró diferencias en los recursos reportados. Mientras el Ministerio informó transferencias por $659.260 millones, el consolidado departamental registró $635.975 millones, una brecha superior a $23.000 millones que, según Correa, requiere aclaración."Encontramos una serie de promesas incumplidas y de recursos diluidos que debieron haberse usado para lo que necesitábamos, para la atención de los pacientes, no para los problemas que no se solucionaron. Vino a la Universidad de Antioquia a celebrar los 1,3 billones de pesos que los antioqueños debíamos agradecerle al Gobierno anterior. Esa plata no es real", indicó el diputado.Representantes de hospitales públicos también advirtieron problemas para contratar y mantener el talento humano, así como dificultades para ejecutar los recursos y adaptar los lineamientos a las condiciones de cada territorio."Una estrategia desorganizada, una estrategia que nunca les preguntó a los hospitales ni a los municipios si necesitábamos o no necesitábamos. Nunca nos dijeron si era más importante lo rural o lo urbano. Nunca nos preguntaron cuánta plata. De hecho, yo, como gerente, nunca supe cómo hicieron para repartir los recursos o cómo escogían a quién atendían a través de equipos básicos o no", aseguró Margarita Moncada, gerente del Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia.El análisis de información de 51 municipios encontró que 22 reportaron operación activa y estable, cuatro, funcionamiento parcial, y 25, equipos suspendidos, finalizados o sin evidencia suficiente de operación.Durante el debate, la Secretaría de Salud departamental reconoció que Antioquia no cuenta con estudios para medir el impacto de esta estrategia en la salud de la población. Aunque se reportaron cerca de 977.000 hogares atendidos, persisten dificultades con los datos, los giros de recursos y la contratación de personal.
La Defensoría del Pueblo rechazó lo que calificó como una “campaña de desprestigio y desinformación” contra la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre Ripoll.La entidad pidió a la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, y al senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, rectificar las afirmaciones que considera falsas o carentes de sustento. La entidad advirtió que los señalamientos incluyen expresiones de violencia de género y pueden afectar la independencia judicial.En un pronunciamiento divulgado este 24 de octubre, la defensora del pueblo, Iris Marín, cuestionó la difusión de fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales que, según la institución, se han utilizado para insinuar una supuesta cercanía o complicidad de Lemaitre con antiguos integrantes de las extintas Farc.La entidad también rechazó expresiones de carácter personal relacionadas con presuntas relaciones sentimentales de la magistrada, al considerar que recurren a estereotipos de género para cuestionar su capacidad y autoridad profesional.Para la Defensoría, las diferencias sobre las decisiones de la JEP deben tramitarse mediante argumentos jurídicos y evidencia verificable, sin recurrir a la estigmatización ni a ataques contra quienes ejercen funciones judiciales.En su pronunciamiento, la entidad destacó que, de acuerdo con la JEP, el despacho de Lemaitre ha emitido nueve autos de imputación contra 74 comandantes de las extintas Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluidos secuestros, asesinatos, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas.También señaló que las investigaciones adelantadas por la magistrada en el Caso 01 contribuyeron a las condenas impuestas por el Tribunal para la Paz a integrantes del antiguo Secretariado de esa guerrilla por secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio.La Defensoría advirtió que presentar fragmentos aislados de audiencias como prueba de una supuesta complicidad, sin considerar el desarrollo de las investigaciones ni las decisiones judiciales posteriores, puede distorsionar los hechos y revictimizar a quienes participaron en estos procesos.Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es el impacto de los ataques contra mujeres que desempeñan funciones públicas. Según la Defensoría, insinuar que las actuaciones de una magistrada responden a supuestas relaciones sentimentales, en lugar de examinar sus decisiones judiciales, constituye una descalificación basada en estereotipos de género.La entidad alertó, además, que la violencia digital no se limita a las redes sociales, pues puede tener consecuencias sobre la vida personal, el trabajo, la salud y la seguridad de quienes la padecen.Marín también recordó que los integrantes del Congreso tienen derecho a cuestionar las decisiones judiciales, evaluar los resultados de las instituciones y proponer reformas. Sin embargo, señaló que la responsabilidad pública de los congresistas exige rigor en la información que difunden y respeto por la autonomía de la justicia.Por eso, la Defensoría solicitó a Posada y Rodríguez rectificar las afirmaciones que considera falsas o sin sustento y abstenerse de reproducir contenidos descontextualizados o expresiones que promuevan la violencia de género.La entidad aclaró que defender la independencia judicial no significa impedir que se examinen las actuaciones de la JEP ni que se propongan cambios para mejorar su funcionamiento.
