Alejandro Lyons, quien recientemente fue deportado desde Estados Unidos hacia Colombia, y Edwin Besaile, son procesados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía, debido a presuntas irregularidades en la contratación de servicios de salud durante sus administraciones en el escándalo conocido como el Cartel de la hemofilia.Este caso, considerado en su momento uno de los mayores escándalos del sistema de salud del departamento, involucró el pago de miles de millones de pesos a IPS por tratamientos a supuestos pacientes con hemofilia que nunca existieron o que no requerían esos servicios.La Fiscalía señaló que, durante los periodos de gobierno de Lyons y Besaile, se violó el principio de planeación en varios procesos contractuales. En particular, se habría omitido la identificación de la población beneficiaria, la definición de un modelo de atención, la evaluación de la situación de salud del departamento y la verificación de la habilitación de las IPS que prestarían servicios y tecnologías no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud.Durante la gobernación de Alejandro Lyons se emitieron resoluciones de reconocimiento y pago por un total de $26.219 millones a cuatro IPS, dentro de acuerdos de voluntades que, según la Fiscalía, desconocieron las normas aplicables en las etapas de planeación, ejecución y liquidación. En el caso de Edwin Besaile, los pagos ascendieron a $174 millones, en actos similares a los de Lyons.La instalación de la audiencia preparatoria será el próximo 12 de noviembre y será llevada a cabo por el magistrado Jorge Caldas, de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Este viernes, 5 de enero, el juzgado 2 de Ejecución de Penas de Montería le otorgó prisión domiciliaria al exsenador Musa Besaile, condenado por alianzas con grupos paramilitares y quien permanecía en un batallón del Ejército en la capital de Córdoba.Vale recordar que el excongresista del partido de La U Musa Besaile fue condenado a siete años por corrupción y alianzas con grupos paramilitares.De hecho, las investigaciones lo vincularon con Salvatore Mancuso cuando realizó su campaña a la Cámara de Representantes entre el 2001 y 2002.Besaile permanecía en el batallón Cacique Tirrome del Ejército de la capital de Córdoba tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la sentencia en su contra al comprobar que, desde su rol como político en la Costa Caribe, sí recibió apoyo de grupos ilegales como el Bloque Córdoba de las AUC, gracias a una alianza que inició hace más de 20 años y se concretó en las campañas de 2002 y 2006.El expolítico también está involucrado en el denominado Cartel de la Hemofilia, un caso de desfalco al sistema de salud y a los recursos del departamento de Córdoba.Besaile aceptó ante la Corte Suprema de Justicia su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.Vea también
La Corte Suprema abrió investigación formal y llamó a indagatoria a la exrepresentante a la Cámara Sara Elena Piedrahita Lyons por los supuestos delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.Los hechos por los cuales es investigada tienen que ver con la supuesta financiación de su campaña a la Cámara para el 2014-2018 con recursos provenientes del denominado cartel de la hemofilia en Córdoba.El cartel de la hemofilia desfalcó los recursos del departamento de Córdoba en 2013, pues hacían pasar a personas sanas por hemofílicas, con el propósito de que se les entregaran los recursos de atención en salud. La hemofilia es un trastorno que produce hemorragia excesiva porque la sangre no coagula correctamente.Estos hechos habrían sucedido en la administración del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien es primo de la exrepresentante Sara Piedrahíta Lyons.Cabe recordar que Alejandro Lyons está condenado también por el ‘Cartel de la Hemofilia’.Le puede interesar: ¿Cómo actuar si pierde los frenos en un carro automático?Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?
El exgobernador del departamento de Córdoba, Edwin Besaile Fayad no aceptó cargos por el Cartel de la Hemofilia, en audiencia que se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia.El fiscal del caso presentó el escrito de acusación y le preguntó al exgobernador si aceptaba los cargos por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, por haber utilizado recursos del cartel de la hemofilia para campañas políticas, a lo que Besaile respondió que no.Le puede interesar:Según la investigación Edwin Besaile recibió del entonces gobernador del departamento, Alejandro Lyons, por intermediación de su hermano, Musa Abraham Besaile Fayad, 2.100 millones de pesos para financiar su campaña política. Presuntamente este dinero fue justificado recobros de supuestos servicios prestados, a través de una institución de salud, a pacientes con enfermedades de alto costo como la hemofilia.Y al parecer Edwin Besaile, entonces gobernador de Córdoba habría firmado dos documentos por 2.100 y 1.900 millones de pesos.Por lo pronto, la Fiscalía sigo advirtiendo que los recursos habrían sido utilizados en la financiación de campañas políticas.Escuche el podcast El Camerino:
Por estar involucrado en actos de corrupción con el conocido 'cartel de la hemofilia', el abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez fue suspendido para ejercer su profesión por tres años y tendrá que pagar una multa de 10 salarios mínimos legales vigentes.Su proceso disciplinario inició por la compulsa de copias que ordenó un magistrado de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que investigaba la presunta entrega de dineros al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para favorecer al exsenador Musa Abraham Besaile.Por el escándalo de la utilización de sobrecostos y cobros por servicios inexistentes para tratamientos de la salud en Córdoba, para desviar recursos y ser utilizados en campañas políticas bajo la administración de Alejandro Lyons y Edwin Besaile, el abogado Pinilla Gómez aceptó en primera instancia que como representante de los implicados, ofreció una suma de dinero para favorecer al exsenador Besaile.Para la Comisión de Disciplina Judicial el abogado Pinilla: “fue desleal con la administración de justicia y los fines del Estado, al valerse de acciones por fuera de la legalidad, para congraciarse y obtener el beneplácito del Fiscal encargado de resolver el asunto en favor de su cliente, finalísticamente rompiendo el principio de igualdad y la posibilidad de construir un orden equitativo y justo en el ejercicio de la acción penal, pues con ello pretendió incidir indebidamente en la imparcialidad que debía acompañar al Fiscal destinatario de las citadas atenciones”.Recordemos que el abogado gozaba de un principio de oportunidad de la Fiscalía, por lo que para la Comisión, Pinilla se valió de la cercanía que surgió con el investigador para ofrecer la entrega de dineros a cambio de detener la vinculación al proceso penal del entonces secretario de Salud del departamento, José Jaime Pareja, apartándose por completo de la legalidad: “para dirigir todos sus actos hacia la defraudación de la administración de justicia, recorriendo así todos los verbos rectores que la informan, desde el asesoramiento, el patrocinio, hasta la intervención en actos fraudulentos, en este caso, buscando que no se diera la vinculación al proceso penal del señor José Jaime Pareja, a través de la entrega de cuantiosas sumas de dinero y el ofrecimiento indebido de un cargo público”.Escuche el podcast El Camerino:
La Fiscalía con apoyo de la Dijin de la Policía, impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a 68 bienes que pertenecerían a Marco Antonio Ramírez Varón, dueño y gerente de una Institución Promotora de Salud (IPS) involucrado en el denominado ‘cartel de la hemofilia’, hechos por los que Ramírez Varón fue condenado a más de 7 años de prisión. Se trata de 41 inmuebles urbanos, 16 establecimientos de comercio, 6 vehículos y 5 sociedades avaluados en aproximadamente 100 mil millones de pesos.Los predios están ubicados en Bogotá, Ibagué y Espinal (Tolima), Coveñas (Sucre), Cúcuta y Chinácota (Norte de Santander), Villavicencio (Meta) y en Palermo (Huila).La investigación revela que, los bienes fueron presuntamente adquiridos con dineros producto del desfalco al sistema de salud con la comercialización de medicamentos adulterados, traídos desde Ecuador y Venezuela para tratar enfermedades crónicas y de alto costo.En marzo de 2019, Ramírez Varón se allanó a los cargos en audiencia concentrada como responsable de los delitos de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, falsedad en documento privado, concierto para delinquir, corrupción de alimentos, entre otros.Los bienes fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su administración y posterior comercialización.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
La Contraloría General de la Nación declaró responsable a Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, por el detrimento de 71.674 millones en el escándalo de corrupción conocido como el cartel de la hemofilia.La red delincuencial fue revelada en 2017 y su modus operandi se basó en ordenar pagos irregulares, por miles de millones de pesos y con cargo al presupuesto del departamento de Córdoba, para sufragar supuestos gastos de salud de supuestos pacientes de hemofilia.Sin embargo, no se trataba de enfermos, sino de personas sanas, verdaderos avivatos, que contaban con soportes y documentos falsos como historias clínicas adulteradas, órdenes médicas inexistentes y resultados de exámenes de laboratorio mentirosos.En el fallo de primera instancia de la Contraloría General, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons fue declarado responsable fiscal a título de culpa grave, así como otros funcionarios de entonces.Conozca el comunicado:
La Procuraduría formuló pliego de cargos al exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossain y a cuatro exfuncionarios del departamento, quienes habrían incurrido en presuntas irregularidades en el pago de servicios médicos prestados a pacientes con hemofilia, por más de $16.000 millones.No deje de leer: Exgobernador Juan Carlos Gossaín, declarado responsable por cartel de la hemofilia"Los exfuncionarios habrían reconocido en 2013 pagos por $16.019.388.888 a las IPS Asistegral y a la Fundación Ciénaga de la Virgen para suministrar medicamentos y brindar atención médica a pacientes con hemofilia, sin existir una relación contractual con esas dos entidades", señaló la Procuraduría.Los funcionarios a los que investiga la Procuraduría, además del exmandatario Gossain, son a las exsecretarias de Salud Ana María del Carmen Álvarez Castillo y Berta María Pérez López, la exdirectora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud Nacha Newball Jiménez, y el exfuncionario de esa misma dependencia Luis Eduardo Ortiz Herrera.La Procuraduría calificó las aparentes faltas de Gossaín, Álvarez Castillo, Pérez López y Newball Jiménez como gravísimas.
La Contraloría General de la Nación tiene 20 investigaciones fiscales contra el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons que suman más de $107.000 millones y que están pendientes de un fallo final. "La Contraloría no está quieta, está trabajando para resarcir ese patrimonio público", dijo la delegada de Investigaciones y Juicios Fiscales, Soraya Vargas Pulido. Así fue como reaccionó la entidad a la polémica decisión de la Corte Suprema de Justicia que salvó a Lyons de indemnizar al Estado por el cartel de la hemofilia. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia señala que en el acuerdo que Lyons firmó con las autoridades, incluyendo la propia Contraloría, no se contempló que el exgobernador reparara al Estado. Lyons fue condenado a 5 años de cárcel por concierto para delinquir el año pasado. "Por el contrario, se plasmó con claridad en su texto que por razón del delito de concierto para delinquir no hubo incremento patrimonial por parte del imputado", señala el texto de la corte. El cartel de la hemofilia fue un caso de corrupción en el que los involucrados se inventaron la existencia de pacientes con esa enfermedad para realizar cobros fraudulentos al sistema de salud. Aunque en ese proceso la Contraloría perdió la batalla y no obtendrá recursos, recibirá unos 4.000 millones de pesos de un proceso por peculado en contra de Lyons.
El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons no tendrá que reparar el daño causado a las finanzas públicas por el cartel de hemofilia: un caso de corrupción en el que crearon la supuesta existencia de pacientes para cobrar millonarios recursos al sistema de salud. Le puede interesar: BLU Radio revela el primer interrogatorio del ‘Porcino’ por cartel de la hemofilia Un fallo de la Corte Suprema de Justicia señala que en el acuerdo que Lyons firmó con las autoridades, incluyendo la propia Contraloría, no se contempló que el exgobernador reparara al Estado. Lyons fue condenado a 5 años de cárcel por concierto para delinquir el año pasado. "Por el contrario, se plasmó con claridad en su texto que por razón del delito de concierto para delinquir no hubo incremento patrimonial por parte del imputado", señala el texto de la corte. En su momento, la Contraloría le abrió una investigación fiscal a Lyons por más de 1.500 millones de pesos en daños al sistema de salud.
Corponor elevó de amarilla a naranja la alerta por el comportamiento de las fuentes hídricas en Norte de Santander. La decisión se produce casi 15 días después de la primera advertencia y responde al mayor riesgo de disminución de los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia.Humberto Camacho, director de Corponor, explicó que el cambio representa el paso de la prevención a la acción. “Con la alerta naranja estamos llamados ya a la acción”, señaló, al advertir que las autoridades municipales, la Policía y los organismos de gestión del riesgo deberán reforzar el cumplimiento de las restricciones.Uno de los indicadores que genera mayor preocupación está en el río Zulia. Su caudal medio normalmente se encuentra entre 24.000 y 28.000 litros por segundo, pero actualmente registra entre 13.000 y 14.000 litros por segundo.La autoridad ambiental también advierte sobre el aumento de las captaciones ilegales. “Las nacientes siguen siendo las mismas, la población sigue aumentando y el desvío del recurso hídrico de manera ilegal también sigue creciendo”, explicó Camacho.Ante este panorama, Corponor anunció restricciones temporales sobre el uso del agua y medidas contra las captaciones no autorizadas. También se suspendió el aprovechamiento de material de arrastre en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita.Para los ciudadanos también hay restricciones: está prohibido llenar piscinas, regar jardines y zonas verdes, lavar vehículos con manguera y utilizar agua para lavar fachadas, andenes y parqueaderos, entre otras actividades no autorizadas.Aunque todavía no se declara una alerta roja, el director de Corponor advierte que el escenario podría acercarse a ese nivel si no se adoptan las medidas necesarias. “Estamos muy cerca si no tomamos las acciones necesarias”, afirmó.En Cúcuta, la disminución del caudal del río Pamplonita ya es visible en diferentes puntos de la ciudad. Mientras permanece activa la alerta naranja, Corponor y las autoridades locales mantienen reuniones para evaluar la evolución de las fuentes hídricas y determinar nuevas acciones durante los próximos días.
El Audi A6 Sportback E-Tron, un carro eléctrico que oficialmente puede recorrer hasta 777 kilómetros con una carga, consiguió llegar a 1.338 kilómetros antes de quedarse sin batería, una distancia cerca de 72 % superior a la homologada, y de paso estableció un nuevo Récord Guinness para un vehículo eléctrico de producción.La hazaña estuvo a cargo del piloto polaco de rally Miko Marczyk, quien inició el recorrido a la 1:55 a. m. del 11 de septiembre. El trayecto lo llevó por ciudades como Cracovia, Sandomierz, Varsovia, Toruń y Grudziądz hasta llegar a Hel, en la costa del mar Báltico. Desde allí emprendió el regreso por buena parte de la misma ruta.El Audi terminó agotando su batería después de más de 45 horas de recorrido, cuando circulaba entre Toruń y Ciechocinek.¿Cómo un carro de 777 km de autonomía llegó a 1.338 km?La diferencia entre la autonomía oficial y la conseguida en carretera se explica principalmente por el nivel de eficiencia alcanzado durante la prueba. Marczyk consiguió un consumo promedio de apenas 7,09 kWh por cada 100 kilómetros, menos de la mitad del consumo combinado oficial del A6 Sportback E-Tron.No se trató de una prueba realizada en una pista cerrada ni de un vehículo transportado durante parte del recorrido. El Audi circuló por vías públicas y enfrentó tráfico normal, incluso durante horas de mayor congestión.Las condiciones tampoco fueron completamente constantes. La temperatura promedio estuvo alrededor de los 15 grados Celsius y llegó a bajar hasta los 7 grados durante el recorrido.Para reducir el consumo, el piloto aprovechó la frenada regenerativa, anticipó las condiciones del tráfico, evitó aceleraciones y frenadas innecesarias y mantuvo los neumáticos con la presión adecuada.La aerodinámica fue clave para gastar menos energíaEl resultado también está relacionado con las características del propio Audi. El A6 Sportback E-Tron tiene un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los elementos que contribuyen a reducir la resistencia al avance y, por tanto, el consumo energético.El vehículo utiliza además una batería con 94,9 kWh de capacidad neta y cuenta con un sistema de recuperación de energía mediante frenado regenerativo que puede alcanzar hasta 220 kW.Audi asegura que alrededor del 95 % de las frenadas durante el uso cotidiano pueden realizarse mediante recuperación de energía. En una prueba centrada en recorrer la mayor distancia posible, aprovechar este sistema resulta especialmente relevante.El registro conseguido por Marczyk corresponde a la categoría de vehículos eléctricos de producción. El récord general pertenece al prototipo “muc022” del TUfast Eco Team, que recorrió 2.573,79 kilómetros con una sola carga en Alemania en septiembre de 2023.La diferencia está en el tipo de vehículo. Mientras aquel registro fue conseguido por un prototipo desarrollado específicamente para eficiencia, el Audi utilizado por Marczyk es un modelo de producción que realizó el recorrido en carreteras públicas.El piloto polaco ya había conseguido otro récord Guinness en 2025, cuando recorrió 2.831 kilómetros con un Skoda Superb diésel utilizando un solo tanque de combustible
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
Una profesora fue atacada con un cuchillo dentro de un salón de clases por una de sus estudiantes, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del colegio. La docente terminó en el piso durante el forcejeo, pero consiguió salir del aula y pedir ayuda pese a las heridas.El caso ocurrió el viernes 11 de septiembre en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, en Cametá, ciudad del estado de Pará, en el noreste de Brasil. La profesora fue identificada como Betânia Almeida Prestes y la agresora es una adolescente que estudiaba en la institución.La escena se desencadenó después de una evaluación académica. Según la información conocida por medios locales, la estudiante había presentado un examen y posteriormente recibió la corrección de la docente. Poco después, cuando ambas permanecían solas en el salón, la menor sacó un cuchillo de caza que llevaba escondido.Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la joven se acerca a la profesora y comienza la agresión. Betânia intentó evitar que la atacara y logró bloquear el primer movimiento de la estudiante.La docente también trató de contenerla físicamente y la llevó hasta una de las paredes del aula. Sin embargo, durante el enfrentamiento perdió el equilibrio y terminó en el suelo, donde recibió una herida por la espalda.Aun en esas condiciones, la profesora consiguió continuar con la resistencia hasta encontrar una oportunidad para escapar. Una vez fuera del salón, pidió auxilio y alertó a otros integrantes de la comunidad educativa sobre lo ocurrido.La explicación que entregó la estudianteLa Policía fue llamada al colegio y encontró a la adolescente en las instalaciones. Los agentes procedieron con su detención y posteriormente iniciaron el interrogatorio para establecer qué había provocado la agresión.De acuerdo con los reportes de medios locales, la estudiante aseguró que no existía un motivo concreto detrás del ataque. Su explicación fue que la profesora simplemente “no le caía bien”.Durante las diligencias, además, la adolescente señaló que había arrojado el cuchillo utilizado en la agresión dentro de una caneca de basura de la institución. Los uniformados encontraron el arma en ese lugar y procedieron a incautarla.La menor quedó posteriormente a disposición de los Servicios de Protección Infantil, mientras las autoridades notificaron a su madre y trasladaron a la adolescente a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con el procedimiento correspondiente.¿Qué pasó con la profesora?Tras conseguir salir del salón, Betânia fue atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Allí recibió puntos de sutura por las lesiones que sufrió durante el ataque.Según los reportes conocidos sobre el caso, las heridas no fueron consideradas de gravedad. La docente permaneció algunas horas en observación médica antes de continuar con su recuperación.El episodio generó una respuesta de la institución educativa, que expresó públicamente su rechazo a la violencia contra la profesora y manifestó su solidaridad con ella.“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señaló la escuela en un comunicado.En el mismo pronunciamiento, la institución resaltó el trabajo de Betânia Almeida Prestes como docente y sostuvo que lo ocurrido también representa una preocupación para el resto de los profesores.“La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país”, manifestó el colegio, que cerró su mensaje cuestionando hasta cuándo los profesores tendrán que enfrentar situaciones de violencia e irrespeto dentro de las instituciones educativas.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.