El ministro de Defensa, Guillermo Botero, se refirió a la denuncia por la muerte de menores de edad en un bombardeo contra disidencias en Caquetá y la muerte del líder indígena Flower Trompeta. El funcionario leyó un comunicado, en el que se refirió a ambos casos.No deje de leer: Niños estaban en campamento desarmados y contra su voluntad: personero de Puerto Rico Botero aseguró que cuando habló de un asesoramiento jurídico antes del bombardeo, se refirió a una figura protocolaria frente a todos los procesos.“Todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada proceso militar de toma de decisiones. Este proceso está acompañado en todas sus fases por el asesor jurídico operacional, figura que se implementó en todas las fuerzas militares”, declaró Botero sobre el bombardeo, a propósito de sus declaraciones durante el debate de moción de censura ante el Senado.“A este acompañamiento fue al que me referí”, agregó.Botero negó que se hayan ocultado los hechos y que las autoridades judiciales estuvieron al tanto de los hechos.“Una vez se reportan los hechos, se procede a revisar los actos urgentes que comprenden as primera diligencias de levantamiento de cadáver y las necropsias que corresponden a la labor técnico-científica que debe orientar las investigaciones”, afirmó.“Estos actos urgentes siempre son realizados por funcionarios con atribuciones de Policía Judicial”, añadió.Según Botero, la Fiscalía no ha solicitado información al Ministerio de Defensa en relación con “posible responsabilidad de miembros de la fuerza pública”.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.En el caso de Flower Trompeta, el ministro aseguró que Medicina Legal reportó que el cuerpo del fallecido no registraba señales de tortura y que la cartera de Defensa ha colaborado con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.“El Ministerio de Defensa ha prestado toda la colaboración a las autoridades judiciales para que se adelante la investigación que en derecho corresponda”, sostuvo.Escuche las declaraciones del ministro de Defensa, Guillermo Botero:Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
La conclusión de la necropsia al líder campesino Flower Trompeta, que según denuncias de habitantes en Corinto fue sacado de su casa por militares y después asesinado tras ser sometido a tortura, iría en contravía de las versiones conocidas a través de de la comunidad.Según el reporte de Medicina Legal, dos orificios en su cuerpo dejarían en evidencia los impactos causados por un arma de fuego de largo alcance.El informe forense demostraría que las extremidades superiores de Trompeta no presentaron ninguna afectación, como lo habían denunciado campesinos de la zona, quienes aseguraron que a Flower Trompeta supuestamente le hicieron meter las manos en una maquina utilizada para despulpar café.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.“Medicina Legal va a entregar el dictamen científico a efectos de evitar que estas muertes se utilicen desde el punto de vista político e ideológico", dijo el fiscal (e) Fabio Espitia.Entérese de: Lo torturaron con una despulpadora: denuncian supuesto falso positivo en Corinto Según la versión del Ejército, Trompeta murió durante un combate entre militares y la columna Jaime Martínez de las disidencias de Farc. De acuerdo con la versión de la institución castrense, en poder de Trompeta se encontró abundante material de guerra como un fusil, un lanzagranadas, explosivos y municiones.Encuentre en BLU Pacífico las principales noticias de la región y los hechos que son relevantes. Información actualizada en video, imágenes y artículos periodísticos de toda la región pacífica
Varias horas después de las graves emergencias que generaron las lluvias en el municipio de Segovia, autoridades de gobierno entregaron un balance sobre la atención de la situación ocurrida en la noche del 17 de junio.Inundaciones, deslizamientos, caídas de árboles e incluso un incendio estructural afectaron al menos a 18 sectores de la localidad entre los están La 40, Galán, Julio Rincón, Puente Tierra, Marquetalia y 13 de Mayo.El alcalde Edwin Castañeda indicó que el mismo número de personas recibió albergue, entre las que se encuentran cinco menores de edad. En la localidad del Nordeste antioqueño siguen avanzando en la consolidación del censo de damnificados luego de que la fuerza del agua ingresara a inmuebles y arrastrara vehículos."Se activó cada uno de los grupos de socorro y cada uno de los participantes, donde también se presentó un incendio estructural producto de las inundaciones. Hasta el momento, seguimos haciendo presencia en el territorio, estableciendo la evaluación de daños y necesidades para activar las diferentes rutas ya departamentales y, de ser necesario, nacionales", indicó le mandatario.Las autoridades locales destacaron que aunque no hubo pérdidas de vidas humanas tras la emergencia, hay coordinación con diferentes instancias regionales y nacionales para definir medidas de mitigación y acompañamiento a quienes resultaron afectados.
Crece la preocupación en el Concejo de Medellín. Más de dos meses después de que se encendieran las alarmas por presuntas amenazas contra varios integrantes de la corporación, al menos cuatro de ellos continúan esperando medidas concretas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, pese a las reiteradas solicitudes realizadas por autoridades locales y organismos de control.Quien lo hizo en las últimas horas fue el alcalde Federico Gutiérrez, quien reveló un reciente oficio en el que la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos ordenó a la UNP iniciar una ruta de protección individual para los concejales y adoptar de manera inmediata medidas de protección eficaces.“Al día de hoy, después de casi 2 meses de haber enviado la carta, no hemos recibido respuesta. En cambiola Fiscalía ya remitió a la UNP y hoy la Procuraduríale ordena al Gobierno nacional tomar las medidas de protección de manera inmediata y que informe sobre ellas”, destacó en su trino el mandatario de la capital antioqueña.A la petición de carácter urgente ya se había sumado hace varias semanas uno de los concejales considerados en riesgo como Alejandro De Beodut, quien además actualmente preside la corporación."Seguimos esperando respuestas más contundentes y decisiones efectivas que permitan garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias. Esperamos que las autoridades nacionales entiendan la dimensión de lo que está ocurriendo. La defensa de la democracia no puede hacerse mientras quienes hacemos oposición y pensamos distinto tengamos que convivir diariamente con amenazas", explicó.También los concejales Claudia Carrasquilla, Andrés Felipe Tobón y Andrés Felipe Rodríguez han reportado situaciones que, según han advertido, comprometen su seguridad y la de sus familias en medio del ejercicio de control político y de sus denuncias sobre distintos fenómenos de criminalidad en la ciudad.La gravedad de la situación llevó incluso a que el Concejo de Medellín realizara una sesión reservada para abordar estos temas de seguridad personal.
A solo tres días de la segunda vuelta presidencial, la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que ha recibido, a través de su plataforma Pilas con el Voto, 40 reportes a nivel nacional de posibles casos de presión en entornos laborales para influir en las decisiones políticas de los trabajadores. La cifra, sistematizada por las coordinaciones regionales de Bogotá y Antioquia, expone una realidad crítica sobre la utilización indebida de la relación laboral tanto en el sector privado como en el público. Aunque estos reportes deben ser evaluados e investigados por las autoridades competentes, la organización consideró urgente lanzar esta advertencia para evitar la comisión de delitos electorales ad portas de la apertura de las urnas.“La MOE rechaza categóricamente cualquier actuación que busque condicionar, limitar o interferir en la voluntad electoral de la ciudadanía. Recordamos que la subordinación laboral, tanto en el sector privado como en el sector público, no otorga a los empleadores ni a los superiores jerárquicos facultad alguna para intervenir en las convicciones políticas de su personal. El derecho al trabajo no puede ser condicionado por el ejercicio de la democracia, por el contrario las convicciones políticas entran intactas al cubículo de votación”, señala Aura Rodriguez, coordinadora de la MOE Bogotá.A partir de los datos analizados por las denuncias ciudadanas, permitieron identificar cuatro modalidades principales de presión que atentan contra la transparencia electoral. La primera de ellas corresponde a las amenazas de despidos y discursos del miedo, donde en el sector privado se advierte sobre la pérdida masiva de puestos o cierres de empresas si gana determinado candidato, mientras que en el sector público las presiones se asocian a la no renovación de Contratos de Prestación de Servicios o remociones de cargos; conductas que constituyen el delito de constreñimiento al sufragante.A esto se suma la obstaculización de permisos para votar, manifestada en la retención de personal o la negativa patronal a conceder las licencias obligatorias y remuneradas que contempla la legislación laboral para la jornada electoral. Asimismo, se han registrado denuncias sobre incentivos indebidos para frenar la participación, bajo la modalidad de ofertas de bonificaciones u horas extra forzadas con el único propósito de que las personas permanezcan laborando durante el horario de votación, desincentivando o impidiendo así su asistencia a las urnas.Finalmente, los reportes identificaron prácticas de proselitismo e imposición ideológica mediante el uso de instalaciones físicas, correos electrónicos corporativos y canales oficiales de comunicación interna para promover campañas, exigir la asistencia a mítines o imponer listas de preferencias electorales bajo la presión de la jerarquía laboral. La normativa vigente y las autoridades son claras al señalar que amenazar con desmejoras salariales, traslados, despidos o la pérdida de contratos estatales con fines políticos constituye una grave vulneración a los derechos fundamentales, acoso laboral y una conducta penalizable.Cabe recordar, que el Código Penal mediante la Ley 599 de 2000, castiga al que amenace o presione por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, voto en blanco, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.La organización, fué enfática e hizo un llamado a empresarios, directivos, alcaldes, gobernadores y jefes de talento humano a abstenerse de estas prácticas y respetar la libertad política como un derecho ineludible. De igual forma, instó a los trabajadores y contratistas de todo el país a no callar y reportar de manera inmediata cualquier irregularidad a través de la plataforma web www.pilasconelvoto.com, la línea de WhatsApp de la MOE (315 266 1969) o ante las autoridades correspondientes a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL).
Vacías han quedado las canchas de fútbol en el sur de Barranquilla y el municipio de Soledad, Atlántico, donde a diario escuelas entrenaban con niños y jóvenes. El temor de que ser atacados por criminales que hicieron circular un panfleto amenazando a entrenadores, árbitros y jugadores de fútbol de las canchas comunitarias, hace que hoy estos escenarios deportivos estén desolados.Frente a este hecho la Policía Metropolitana de Barranquilla afirmó que están investigando la veracidad del documento que circula en redes sociales. Mientras tanto, y para garantizar la integridad de los ciudadanos, han desplegado unidades de la Policía comunitaria de manera permanente en las canchas, parques y espacios deportivos a fin de fortalecer la seguridad, la prevención y la protección de niños, niñas, adolescentes y sus familias.En medio de estas jornadas en canchas de Barranquilla y municipios del área metropolitana, las autoridades están realizando acercamientos con entrenadores, docentes, padres de familia, deportistas y comunidad en general, promoviendo la cultura de la prevención y el autocuidado.“Durante las actividades, se vienen entregando recomendaciones orientadas a proteger a niños, niñas y adolescentes, invitando a la ciudadanía a evitar suministrar información personal a personas desconocidas, mantener una supervisión permanente sobre los menores de edad y reportar oportunamente cualquier situación sospechosa que pueda poner en riesgo su integridad o seguridad”, informó la institución armada.“Seguimos comprometidos con la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso mantenemos una presencia permanente en los escenarios deportivos y espacios comunitarios, desarrollando actividades preventivas, de acompañamiento y orientación que nos permiten fortalecer la seguridad y la convivencia en Barranquilla y su área metropolitana”, agregó el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.Las amenazas del panfleto van directo hacia los sectores de Polideportivo de Soledad 2.000, cancha La Magdalena, cancha Manuela Beltran, cancha Cementerio, cancha El Rio, cancha Las Nubes, cancha Prado Soledad, cancha Monumental, cancha Hipódromo, cancha Los Almendros, cancha Villa Muvdy, cancha Vista Hermosa, cancha San Isidro, cancha simon Bolivar.
Pese a que el Presidente Gustavo Petro inauguró hace unas semanas con bombos y platillos la nueva sala de llegadas nacionales del aeropuerto Ernesto Cortissoz en Barranquilla, allí fueron reportadas irregularidades tras las fuertes lluvias de esta semana en la región Caribe.Así fue confirmado por los miembros de la veeduría Ciudadana de esa terminal aérea que, tras un recorrido técnico, reportaron filtraciones de agua en el sector recién puesto en funcionamiento, así como falta de señalización, mantenimiento y hasta pisos manchados.“Realizamos una visita de seguimiento a las obras que se que se viene ejerciendo en la sala de maletas ya está terminada, fue puesta en operación efectivamente. Nuestra recomendación general es que se hagan las operaciones, mantenimientos, aseos y la vigilancia correspondientes. Hay algunos detalles por corregir”, fueron las palabras de Nestor Escorcia, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico y uno de los miembros de la veeduría mencionada.Una de las problemáticas que genera más preocupación es el cumplimiento del cronograma para otras obras como las salas para el muelle internacional y la nueva zona de inmigración, cuya fecha de entrega estaba para finales de julio, pero podrían extenderse hasta diciembre del presente año.Recordemos que las obras fueron inspeccionadas por el mismo Presidente Gustavo Petro y el director general de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, reportando un avance cercano al 30% en el proyecto de modernización, en los últimos dos años.Precisamente, allí se confirmó que la nueva sala de llegadas nacionales cuenta con tres bandas de maletas totalmente renovadas, aire acondicionado, un ascensor para 16 personas y una escalera eléctrica. Además, pantallas y una red contra incendios para una inversión de 34.000 millones de pesos, sumados a otros 18.000 que garantizarán la infraestructura asoportuaria.Las obras totales de la terminal están tasadas en 54.000 millones de pesos, y pese a los retrasos que se reportaron durante años, dice la Aeronáutica Civil que está aumentando la movilización de pasajeros y garantizando la responsabilidad para con la ciudad.
