Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para solicitar garantías en su caso. En una comunicación enviada al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y revelada en Mañanas Blu por Ricardo Ospina, Petro otorga plenos poderes a los abogados Juan Roberto Sotomayor y Alejandro Arcila Castro para que ejerzan su representación en las acciones que puedan llevarse a cabo ante la Cidh relacionadas con los eventos que rodearon su captura y sus audiencias preliminares.Los argumentos presentados por la defensa de Nicolás Petro ante la Cidh son los siguientes:El juez al final del caso determinó que no existían elementos para su captura, lo que finalmente sucedió. Petro quedó en libertad solo con la restricción de no salir de Barranquilla.Considera que fue violatorio de sus derechos el hecho de que la Fiscalía exigiera que uno de sus abogados no estuviera presente durante una audiencia, lo que llevó a la renuncia de Juan Trujillo.Sostiene que fue detenido con un despliegue de fuerza excesivo.Argumenta que fue trasladado desde Barranquilla a Bogotá, a pesar de que el juez competente era de Barranquilla y no de la capital del país.Lo más grave, según Nicolás Petro, es que le condicionaron su libertad, a la que ya tenía derecho según el juez del caso, a que hablara en contra de su padre, el presidente de la República, Gustavo Petro, y en contra de la campaña presidencial de él, a pesar de que el fiscal no era competente para llevar a cabo esas investigaciones.Estos cinco argumentos son los Sotomayor y Arcila presentarán ante la Cidh en esta nueva cruzada legal.
El candidato a la Gobernación de Santander, Rodolfo Hernández, solicitó este viernes medidas cautelares en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le respeten sus derechos políticos tras las sanciones de la Procuraduría y se le permita seguir como aspirante en este proceso electoral.La decisión que tomó Rodolfo Hernández de elevar ante la CIDH es similar a la hizo, en su momento, el presidente Gustavo Petro, cuando fue suspendido por la Procuraduría cuando era alcalde de Bogotá.El exalcalde de Bucaramanga y ahora candidato a la Gobernación de Santander, Rodolfo Hernández Suárez , también interpuso un recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado contra la tercera sanción de la Procuraduría que, según la ley, lo inhabilita por tres años.“Este recurso lo interpone el ingeniero Hernández contra el fallo de la Procuraduría General de la Nación que lo sancionó con suspensión de cuatro meses por el caso con Fernando Martínez. La importancia de esta sanción radica en que con ella se completaron tres sanciones en los últimos cinco años y por eso queda automáticamente inhabilitado por los próximos tres años para desempeñar cargos públicos”, indicó el abogado penalista, Daniel Caicedo.La Procuraduría ratificó la tercera sanción que lo inhabilitaría para ser candidato a la Gobernación de Santander a Rodolfo Hernández por haber insultado al veedor ciudadano, Fernando Martínez, en el Parque Solón Wilches de Bucaramanga, cuando ejercía el cargo como alcalde de la capital santandereana.Rodolfo Hernández, en sus redes sociales, se defiende de los fallos de la Procuraduría en su contra con videos donde dice que todo es falso.El Consejo Nacional Electoral actualmente estudia una demanda de revocatoría de la candidatura de Rodolfo Hernández por las sanciones de la Procuraduría en su contra. Le puede interesar:
El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga celebró la decisión tomada por la Defensoría del pueblo de solicitar medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a políticos, alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros. En medio de la compleja situación de orden público y las constantes amenazas a escasos dos meses de las elecciones regionales de octubre.“Valoro mucho la iniciativa del señor defensor del Pueblo de elevar estas preocupaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En varias oportunidades han intentado atentar contra nuestra vida y son muchas las amenazas que tenemos, pero no nos vamos a escondernos en la cobardía del silencio”, señalo el gobernador Zuluaga.En las últimas semanas, el departamento del Meta ha sido de los más afectados por los constantes hostigamientos y atentados contra la fuerza pública, el más reciente perpetrado por las disidencias de ‘Iván Mordisco’ que acabaron con la vida de dos miembros de la Policía, entre los municipios de Puerto Lleras y Puerto Rico.El gobernador Zuluaga destacó que seguirán denunciando los ataques en contra de agricultores, ganaderos, campesinos y juntas de acción comunal por parte de los grupos al margen de la ley.“La conciencia no me permitiría quedarme callado frente a las violaciones de derechos humanos que están cometiendo las disidencias de la FARC, los secuestros, las extorsiones, el reclutamiento de menores, las minas antipersonas y tantas otras cosas que afectan a las comunidades de mi departamento. Vamos a seguir denunciándolo. Aseguró el gobernador Zuluaga.La solicitud que hizo la Defensoría del Pueblo es en parte por los alcaldes que están despachando por fuera de su jurisdicción por la crisis de inseguridad y violencia en los municipios de Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró (Chocó), Tibú y La Playa de Belén (Norte de Santander), Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro (Nariño), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Mercaderes (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo).Vea también
En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, contó que solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger a políticos, alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros.La solicitud se da por el contexto actual que vive el país, sobre todo, por la vulneración de derechos humanos que enfrentan no solo servidores públicos, sino las comunidades en las distintas regiones de la geografía nacional, según contó el defensor."Nos preocupa cómo viene exacerbándose la violencia en el país. Nos preocupa todo lo que viene ocurriendo por cuenta delos grupos armados ilegales que se expanden en los territorios", dijo.Hay 26 alcaldes amenazados y despachando afuera de sus municipiosLos alcaldes que están despachando por fuera de sus localidades son los de Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró (Chocó), Tibú y La Playa de Belén (Norte de Santander), Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro (Nariño), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Mercaderes (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo).Los burgomaestres amenazados son de San Vicente del Caguán y Solano (Caquetá), Saravena y Tame (Arauca), Norosí, San Pablo, Morales, Montecristo, Cantagallo y Rioviejo (Bolívar) y Medio Baudó (Chocó).Otros servidores públicos intimidadosUn total de tres gobernadores están amenazados hoy, son quienes tienen a cargo la administración de los departamentos del Tolima, Guaviare y Meta.Un personero, el de Norosí (Bolívar); cuatro concejales: uno de San Vicente del Caguán, uno de Cartagena del Chairá y uno de Florencia (en Caquetá), uno de Quibdó (en Chocó); un diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá.Vea también
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se refirió a la situación humanitaria que se vive en el Pacífico colombiano, pues los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas se han visto afectados por cuenta de la violencia en los territorios. Es por esto que le ha pedido al Estado redoblar los esfuerzos para enfrentar esta situación y la discriminación a la que se enfrentan las comunidades."Estos hechos suceden en territorios caracterizados por una débil presencia del Estado y elevados porcentajes de pobreza y extrema pobreza. Estos elementos redundan en vulneraciones a los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la integridad física, al acceso a la justicia y a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La magnitud de la violencia se puede observar en la persistencia de desplazamientos forzados, masivos e individuales, y en las situaciones de confinamiento", señaló la CIDH.Los departamentos de Nariño y Chocó son los que más se están viendo afectados por los desplazamientos masivos y los confinamientos por cuenta de la violencia, pero además a la CIDH le preocupa que del 24 % de las personas desplazadas en 2022 y 2023, aproximadamente 75.000 personas, no han podido regresar."Esto sienta las bases de futuras violaciones a los derechos de estas personas; por un lado, reproduce las disputas territoriales, las cuales han alimentado tanto el conflicto armado como las situaciones de violencia, en especial contra personas con liderazgo que encabezan las reivindicaciones por la propiedad de las tierras. Por otro lado, las personas desplazadas se ven expuestas a la debilidad de la respuesta de las instituciones estatales", añadió la CIDH.Alertaron por otro lado, sobre el incrementos de casos de violencia sexual en contra de menores de edad, además de un aumento de los feminicidios y desapariciones de mujeres, además, los grupos armados siguen reclutando y utilizando niños para el conflicto armado."Los grupos armados han instalado campamentos en zonas aledañas comunidades indígenas y tribales, o cohabitando en las mismas, lo que ha implicado un fuerte incremento en el control cotidiano de estos territorios y sus habitantes provocando serios impactos sociales, así como sobre la libre autodeterminación y la seguridad. En particular, se destacan las restricciones de la movilidad en determinadas zonas y horarios impuestos por dichos grupos, así como las afectaciones a la gobernabilidad de las autoridades tradicionales, debido a la determinación de dichos grupos de incidir en las decisiones y en los mecanismos ancestrales de organización social de las comunidades", explicó la CIDH.Le puede interesar
Durante el encuentro de justicia ordinaria de la Corte Suprema en Bucaramanga, Santander, el juez colombiano Humberto Sierra Porto, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le hizo una petición al presidente Gustavo Petro sobre la elección de su reemplazo en ese tribunal internacional.El juez Sierra Porto recordó que este año el Gobierno debe presentar a ese candidato, el cual debería ser elegido por la Organización de los Estados Americanos, OEA. Para el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese proceso debería ser “abierto”.“Y este año, hay que decirlo, Colombia debería presentar candidato a la Corte Interamericana, ojalá que el Gobierno haga un proceso abierto para que nuestros juristas, nuestros magistrados, quienes han tenido experiencia y que se han dado cuenta de las connotaciones que tiene un tribunal internacional en el derecho interno, efectivamente, pueda ver una coherencia entre la importancia y la formación de quienes van a integrar a este tribunal”, dijo el juez colombiano.Para el jurista, con esta elección debe existir una comunicación entre las altas cortes, la administración de justicia y el ejecutivo, con el fin de “lograr los objetivos nacionales en materia de coherencia en la protección de los derechos humanos”.Esta petición se da en medio de la controversia de si Colombia debe aplicar el fallo de ese tribunal internacional en el caso del presidente Petro, es decir, que solo los jueces penales pueden sancionar a funcionarios elegidos por voto popular y que las autoridades administrativas, como la Procuraduría, solo tienen potestad de vigilancia.Frente a este caso en particular, Sierra Porto cuestionó cómo evitar que la Procuraduría persiga a dichos funcionarios por intereses políticos, pero, a su vez, cómo seguir combatiendo la corrupción en la esfera pública.Para el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se debe proponer soluciones “facilistas”, como que Colombia salga de ese tribunal internacional porque las acciones disciplinarias se convirtieron en un problema”.“Una afirmación de ese tipo es un despropósito porque las altas cortes colombianas en la manera cómo ejercen y protegen los derechos humanos, hay una plena lógica entre lo que dicen el derecho internacional y el interno. Hay que tener armonización”, dijo Sierra Porto.Le puede interesar:
Desde hace varias semanas el país sigue envuelto en una controversia alrededor de las facultades que tiene la Procuraduría para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. En las últimas horas dicha polémica tuvo como protagonistas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia.Durante el Encuentro de Justicia Ordinaria que se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga, en Santander, se discutió sobre el “control de convencionalidad” que deben realizar los agentes judiciales del Estado para analizar la compatibilidad de la ley interna colombiana con las normas de la Corte IDH.El panel contó con la participación de Humberto Sierra Porto, el juez colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien explicó que si no existiera una sentencia de ese tribunal en el caso Petro versus Colombia, no existiría el interrogante de cómo evitar que la Procuraduría persiga por motivos ideológicos a elegidos por voto popular.“Para saber qué debemos hacer; primero actuar como una visión de Estado y creo que es mirar en dónde estamos parados, estamos en una etapa de transición y el control de convencionalidad está en construcción conjunta de cómo utilizamos el derecho internacional de los derechos humanos”, aseguró el juez Sierra Porto.Pero además, dijo que “la obligación de los jueces es proyectar la idea de armonía, la sensación de unidad y no generar a la ciudadanía que hay un caos, un despropósito que eso a veces no ayudamos a consolidar los fundamentos del Estado de derecho. No se puede utilizar el derecho interno como una excusa para no explicar sentencias de carácter internacional”.Sin embargo, para Mirian Ávila, magistrada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Colombiana, “no siempre” hay confrontación entre el sistema jurídico interno y el interamericano sino una constante relación armónica y de cooperación, pero el choque existe entre el ‘control de convencionalidad’ y el ‘bloque de constitucionalidad’.“Nos hemos tardado en darle una estructura dogmática al concepto al control de convencionalidad por una razón; y es que cuando la Corte elaboró el concepto de Constitucionalidad lo hizo sobre la base del principio de exclusión de la supra constitucionalidad en la convención”, explicó Ávila.Y destacó que “la Corte lo ha dicho, no existe supra constitucionalidad de la Convención (Americana de Derechos Humanos) sobre la Constitución y menos de la jurisprudencia de la Corteinteramericana sobre la constitución en tanto que en esa ficción del bloque están en un mismo nivel normativo”.Para Juan Carlos Cortes, magistrado de la Corte Constitucional este debate se ha generado bajo la construcción de “armonización” y en Colombia hay una historia cruzada entre el bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad.Cortés explicó que “la Corte no ejerce rol de convencionalidad por no reconocer ese debate que dio la constituyente y ese rol que como suprema guardiana de la supremacía constitucional se le asigna por la carta política”.Y frente al caso de Petro contra Colombia, el magistrado del alto tribunal expuso que el proceso institucional del Estado para dar cumplimiento a ese fallo llegó a la Corte Constitucional y se recogieron todos los “precedentes de la jurisprudencia” para tomar parte a raiz de esa sentencia.“Este proceso de armonización de los sistemas jurídicos internacionales y nacional es esfuerzo ponderado para avanzar en la garantía de derechos políticos. Es un proceso evolutivo, dialogante que busca construir constitucionalismo que legitime recíprocamente a los sistemas internacional y nacional. Reconociendo en Colombia que todos los jueces son constitucionales”, dijo el magistrado Cortés.Le puede interesar:
Después de reunirse con el presidente de Costa Rica, el mandatario Gustavo Petro visitó la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, ubicada en la ciudad de San José, y desde allí reiteró que, gracias al fallo de esa instancia internacional, él es presidente porque protegió sus derechos políticos después de que fuera inhabilitado por la Procuraduría.En ese sentido, advirtió que Colombia solo ha cumplido una de 28 sentencias de la Corte IDH y reiteró que para él y su Gobierno esas decisiones son vinculantes, es decir, de obligatorio cumplimiento.“Para nosotros, y lo he dicho explícitamente como gobernante, todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 28 en total, Colombia no las ha cumplido, solo una entre 28, para nosotros esas sentencias son obligatorias, lo dice la ley, lo dice la Constitución y lo demostraremos en nuestro Gobierno”, señaló PetroY agregó: “Colombia será un país que no solo respete lo que para nosotros es el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad, sino que les pida a todos los países de las Américas que hagan lo mismo”.“No es acabando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como progresamos, es fortaleciéndolo, ampliándolo, como lograremos sociedades libres, sociedades alrededor del derecho y la libertad y la justicia, por tanto, sociedades en paz”, advirtió el presidente Petro.El mandatario también propuso analizar cómo a partir del fortalecimiento financiero de la Corte IDH se puede ”lograr que los tiempos entre una denuncia y una sentencia se acorten suficientemente para que pueda ser un instrumento eficaz de la justicia. Donde hay justicia, hay paz”.Puede ver:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este jueves medidas cautelares al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera.La CIDH, con sede en Washington, pidió al Estado de Guatemala en una resolución que tome las "medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal" de los políticos, de acuerdo con una resolución publicada hoy.En el documento, la CIDH señaló que ha sido informada de que Arévalo fue sujeto de "vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte” que han incrementado "tras la segunda vuelta electoral del 25 junio de 2023".Entre estas denuncias se encuentra la existencia de dos posibles planes para atentar contra la vida de Arévalo.Uno de esos planes, del que fue informado su equipo de seguridad la semana pasada, cuenta con "participación de agentes estatales e individuos particulares", de acuerdo con el texto de la resolución de la CIDH.Y un segundo, del que informó a Arévalo el propio Ministerio Público (Fiscalía) este mismo lunes, al que relacionaron con presuntas "estructuras criminales de pandillas".Según señaló la CIDH, el Estado de Guatemala no ha tomado las medidas necesarias para proteger la seguridad del presidente electo, aún conociendo estas amenazas en su contra.El documento detalló que el dúo que resultó ganador en las elecciones del pasado domingo ha tenido que recurrir a seguridad privada para garantizar su protección.La CIDH alegó además que el Estado de Guatemala no le informó sobre qué medidas se tomaron en respuesta a las denuncias de un plan para atentar contra la vida de los dos políticos del Movimiento Semilla.Como consecuencia, el organismo solicitó hoy formalmente a Guatemala que informe "sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados".Las medidas cautelares se conocen el mismo día en el que la Fiscalía de Guatemala solicitó al Congreso suspender al partido Movimiento Semilla, al que pertenece Arévalo.Actualmente, la agrupación política del presidente electo cuenta con cinco diputados, incluyendo a Arévalo de León.En los recientes comicios del 25 de junio obtuvo 23 escaños de los 160 que componen al Congreso para el período 2024-2028, convirtiéndose así en la tercera fuerza política del país.Desde el 12 de julio pasado, el Ministerio Público, cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos, ha intentado detener la candidatura de Arévalo de León y Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas en 2018 al fundar el partido.El proceso electoral guatemalteco, que inició en enero y culminó el domingo pasado, ha sido el más controvertido en la historia del país centroamericano desde la implantación de la democracia en 1996.Vea también
La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y el excomandante del Ejército Eduardo Zapateiro solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que otorgue medidas cautelares para su protección, informó su abogado, Víctor Mosquera Marín."Pedimos que haya salvaguardas para que ellos puedan ejercer sus derechos y libertades dentro de Colombia", señaló el jurista a reporteros a la salida de la sede de la CIDH, en Washington DC.La petición de protección ante el organismo se basa en la existencia de un supuesto plan por parte de la guerrilla del ELN para atentar contra Cabal y Zapateiro.Según Mosquera, el Gobierno tuvo conocimiento "hace dos meses" de las supuestas intenciones del ELN, pero no ha tomado medidas al respecto."Si hay un plan criminal del ELN contra ellos se le tiene que prestar la mayor credibilidad y garantizar los derechos", subrayó el abogado.Mosquera explicó que unas "fuerzas de inteligencia extranjeras" alertaron sobre el supuesto plan en contra de Cabal y Zapateiro.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFLas denuncias de Cabal y Zapateiro de un presunto plan para atentar contra su vida llegaron poco después de que el fiscal general, Francisco Barbosa, alertara de que el ELN está capacitando a sus integrantes "para producir un atentado con francotiradores" en su contra.Este pasado martes, Barbosa también pidió medidas de protección a la CIDH y se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.La Procuraduría abrió una investigación contra el comandante del Ejército, Luis Ospina, para indagar si ocultó información sobre el supuesto plan de atentado contra el fiscal.El presidente Gustavo Petro defendió al comandante, señalando que una investigación interna sobre el casó no encontró irregularidades por parte de Ospina y ordenó al Ejército fortalecer la seguridad de Zapateiro, Barbosa y Cabal.El ELN también ha negado estar fraguando un atentado contra ellos y asegura que las denuncias buscan afectar el proceso de paz entre esta guerrilla y el Gobierno.Le puede interesar:
La Imprenta Nacional, que es una empresa industrial y comercial del Estado, empezó a ejecutar el polémico contrato para la producción de miles de cédulas de extranjería.Este documento, según la Cancillería, sirve para la identificación de los ciudadanos extranjeros, mayores de siete años de edad, en territorio colombiano.Ese contrato, que fue asignado de manera directa, pasó de tener un presupuesto el año pasado de $2.868 millones para 13 meses de ejecución, a uno de $5.400 millones para un periodo de 27 meses.“Este contrato interadministrativo representa un hito significativo gracias al intercambio de experiencias y conocimientos especializados de las entidades que participan en la producción de estos documentos de identificación para ciudadanos extranjeros”, señaló la entidad en un comunicado.En el camino quedaron las firmas oferentes Thomas, Greg & Sons y Cadena S.A que aspiraban a ganar la licitación en 2023.El contrato contará con el acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y hace parte del plan de adquisiciones de esa entidad para lo que resta del periodo presidencial de Gustavo Petro.
Miguel Ángel Borja vive un buen momento en River Plate bajo el mando de Demichelis, pues el delantero colombiano ha sido protagonista en los últimos partidos del cuadro millonario. Por eso, la Conmebol Libertadores tuvo un diálogo con privado con él para recordar sus pasajes en el máximo torneo de clubes sudamericanos como uno de los jugadores a seguir.“Creo que la unión de grupo. Individualmente tenemos grandes jugadores, pero a un equipo lo hace la unión. La ayuda de la hinchada ha sido muy especial en el comienzo del torneo argentino y queremos que eso se vea reflejado en la Copa Libertadores”, dijo.Si bien Borja ha pasado por la Copa Libertadores con las camisetas del Junior, Palmeiras y River Plates, los goles y momentos que más recuerda son los que vivió en su corta etapa con Atlético Nacional en donde disputó cuatro partido en esta competencia y, posteriormente, salió campeón.“Me recuerdo, hablando de goles lindos, los dos que le hicimos a Sao Paulo en la semifinal del 2016 con Atlético Nacional. Después de local también les hice uno o el de la final contra Independiente del Valle. Son los que más recuerdo”, expresó.El delantero llegó al cuadro paisa en el mercado de verano del 2016 para reforzar al equipo en la zona de ataque y disputó el primer semestre con el equipo antioqueño en donde llegó a jugar 27 partidos y anotar en 16 ocasiones.“Quiero aportar y ser protagonista. Que los compañeros sientan seguridad cuando piso la cancha. En lo grupal, pues sabemos que la final será en Buenos Aires, pues queremos estar ahí porque es la ciudad nuestra. El mundo River sueña con eso”, puntualizó.
Desde las 7:00 de la noche de este jueves, 2 de mayo, en redes sociales es tendencia la falla que experimenta la plataforma Pagos Seguros en Línea (PSE) que administra ACH Colombia, que es uno de los sistemas de pagos más populares en el país.Los reportes provienen de clientes de Davivienda quienes se quejan de que sus transacciones y transferencias bancarias fueron rechazadas, pero los montos sí fueron debitados de sus cuentas.Davivienda ha respondido a través de diversos canales que la plataforma sí tiene fallas en la operación y que están trabajando para encontrar una solución en el corto plazo.En la red social X, varios internautas mostraron su preocupación por la falla de PSE. "¿Qué está sucediendo? Llamo a la línea de atención en Bogotá y no atienden la llamada, escribo en la app y tampoco contestan", "Acabamos de hacer un paso PSE, la transacción se rechazó, pero si me descuentan", son algunos de los comentarios que se leen.Pagos Seguros en Línea (PSE) fue creada en 2010, presta servicios para unas 25.000 empresas en el país y es uno de los desarrollo tecnológicos más importantes de ACH Colombia que cuenta en su portafolio con ACH, SOI, y Transfiya.
Este jueves, en el Desafío XX de Caracol Televisión los participantes se reunieron para evaluar todo lo que ha sucedido desde la desaparición de uno de los equipos. Dickson fue la primera persona en expresar su incomodidad frente a la participación de Arandú en Beta, a pesar de su esfuerzo en el campo de juego.El equipo azul habló intensamente sobre quién será el destinatario del chaleco de sentencia. Tras un análisis meticuloso, los Súper Humanos llegaron a la decisión de nominar a Francisco, quien ha estado ausente en el Desafío a Muerte en el Box Negro.Luego, las tres facciones convergen en el Box Rojo para enfrentarse en el Desafío de Sentencia y Servicios. Omega logró ganar en una competencia ardua y se llevó el primer lugar de la prueba. Beta fue el segundo equipo en terminar. Sin embargo, la tensión se intensificó cuando Arandú evita a Dickson y Darlyn frustra los intentos de Santi.Andrea Serna se reunió nuevamente con los equipos para analizar los momentos cruciales del enfrentamiento en la arena y otorgar el premio de 20 millones de pesos al equipo ganador, en este caso a Omega.Al llegar a casa, Omega estudió la decisión sobre quién sería enviado a la prueba de muerte, teniendo como resultado final por unanimidad sentenciar a Juan, el espiritista del grupo. Renzo fue designado como mensajero y se dirigió a Alpha para comunicar la decisión. Esto puede cerrar las puertas de su participación en el programa.Para terminar, Mafe Aristizábal visitó la casa rosa para examinar las redes sociales de Gaspar. Quien decidió mostrar un poco de su vida ante sus compañeros y los televidentes, en una de las fotos de su perfil en Instagram, sorprendió con una foto donde había recibido un anillo de promesa y tuvo que aclarar que este había sido entregado como símbolo de un amor verdadero, fiel, duradero y que pronto recibiría el tan 'anhelado' que sería de compromiso.
El alcalde Carlos Fernando Galán señaló que ya inició una investigación para recolectar pruebas y ubicar a los responsables de los desmanes de esta tarde en la Universidad Nacional, pues, además de los daños a la infraestructura, habrían agredido al personal de vigilancia de la institución.“Estamos evidenciando este tipo de actuaciones de encapuchados que no son protestantes, no son manifestantes, son delincuentes que con violencia y actos criminales están afectando a la ciudad”, dijo.Lea también: José Ismael Peña defiende su llegada a rectoría de la Universidad NacionalEl mandatario capitalino recordó que si bien no se tiene autorización para que la Policía ingrese al campus universitario, sí reaccionaran cada vez que sea necesario en las afueras de éste, pues no solo es la seguridad de la comunidad universitaria, sino también la movilidad de avenidas como la NQS y El Dorado.“Además, ya se abrió una investigación, se están recopilando las pruebas para identificar a los responsables de estos hechos. Si la ciudadanía tiene pruebas adicionales, nos sería útil que nos las entreguen para poder aportarlas en los procesos judiciales”, comentó.Durante la tarde de este jueves, 2 de mayo, se reportó la presencia de encapuchados, bloqueos en la NQS y la calle 26, e intentos por quemar los torniquetes y la estación de TransMilenio.Según la empresa de transporte, esta situación afectó a 326.845 usuarios que suelen usar esa parada a la hora de los hechos. Asimismo, dos cámaras y una Barrera de Control de Acceso quedaron dañadas, generando pérdidas por $20.000.000; la reparación tomará 3 días.