Un grupo de ONG presentó denuncias ante la OCDE en contra de empresas mineras que operan en La Guajira. Se trata de la organización irlandesa global Legal Action Network, la agencia internacional de desarrollo Christian Aid, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y las organizaciones nacionales CINEP/PPP y CAJAR.Según el comunicado en el que informan el hecho, las quejas se presentaron en contra de Electricity Supply Board, Coal Marketing y Angloamerican y Glencore, que son las sociedades multinacionales dueñas de la mina Cerrejón.Las organizaciones afirman que estas quejas se presentan con el fin de defender los derechos humanos de la salud y del ambiente.“En diversas investigaciones y fallos judiciales se ha demostrado la sistemática violación de derechos. Más de 25 comunidades han sido desplazadas, confinadas y despojadas de sus territorios ancestrales. Se han contaminado y desviado más de 17 arroyos tributarios del ranchería, único río del departamento, y existen abusos de poder y asimetrías entre la empresa y las comunidades”, dijo Jenny Paola Ortiz de la ONG Cinep. Para las ONG demandantes, “con estas quejas se busca que las empresas domiciliadas en Irlanda suspendan sus relaciones comerciales con la empresa Carbones del Cerrejón". Además, también pretenden que reconozcan su corresponsabilidad y que emprendan acciones para remediar los daños causados.
En su último informe sobre conflicto armado y violencia en el país, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) advierte sobre la “expansión de los paramilitares, que el año pasado dejaron 550 víctimas”. Asimismo, informa sobre graves violaciones de Derechos Humanos por parte de la Policía Nacional, “especialmente del Esmad, con un total de 548 victimizaciones: 256 personas heridas, 196 detenidas de forma arbitraria, 58 amenazadas, 17 ejecuciones extrajudiciales, 12 torturados y 9 víctimas de violencia sexual”. Sobre acciones armadas de grupos al margen de la ley, serían 550 victimizaciones por parte de paramilitares y 833 de actores armados no identificados. Cinep indica también que el paramilitarismo “se está expandiendo” con la “sistemática violación a los Derechos Humanos, y amenazas individuales y colectivas, a pesar de que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, lo ha negado enfáticamente”. En 2016 se registraron 395 amenazas, 83 ejecuciones extrajudiciales, 44 personas heridas, 9 desaparecidos y 12 torturados a manos de los paramilitares, añade el centro de investigación. En cuanto al accionar de “actores armados no identificados”, Cinep registra 279 asesinatos, 239 amenazas y 56 civiles heridos. Los departamentos más afectados por violaciones a los Derechos Humanos fueron Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Atlántico, Antioquia, Santander y Chocó.
Más del 50% de los municipios en el Valle del Cauca se han declarado en alerta ante posibles emergencias provocadas por las lluvias de los últimos días. Son en total 12 municipios que se encuentran en alerta roja, y 21 más en naranja. “Con estas lluvias que se están presentando es muy probable que en algunos de estos municipios se presenten algunos movimientos de remoción. Estamos trabajando en articulación con todos los coordinadores municipales de gestión del riesgo y organismos de socorro”, aseguró Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle.Los 12 municipios en Alerta Roja son: Cali, Buenaventura, Dagua, Calima Darién, Jamundí, San Pedro, Tuluá, Bugalagrande, Bolívar, El Cairo, Ansermanuevo, El Águila.Entre las 21 poblaciones que se encuentran en alerta naranja están Florida, Pradera, Palmira, El Cerrito, Buga, Andalucía, Sevilla, Caicedonia, Roldanillo, entre otros.También hay nueve municipios en alerta amarilla, entre los que están Yumbo, Candelaria, Vijes, Guacarí, Ginebra, Zarzal, La Victoria, Obando y Cartago.“Venimos desarrollando mesas técnicas, haciendo asistencia a los municipios con el fin de acompañarlos y asesorarlos en distintos temas, haciendo las recomendaciones pertinentes para prevenir una emergencia”, puntualizó el secretario.
Hyundai Motor pretende aumentar su participación en Motional, su empresa de riesgo compartido con la estadounidense Aptiv centrada en conducción autónoma, a través de un aumento de capital pagado, según adelantaron fuentes de la compañía a la agencia Yonhap.A su vez, el principal fabricante de vehículos surcoreano pretende invertir en Aptiv y hacerse con el 11 % de sus participaciones de cara a asegurar una gestión estable de Motional y poder compartir tecnología clave con mayor agilidad.La ampliación de capital de Hyundai en Motional sumará unos 663.000 millones de wones (unos 485 millones de dólares), según destacó Yonhap.De este modo, el accionariado del gigante surcoreano en Motional pasará del 50 % actual al 55,8 %.Hyundai anuncia millonaria inversión en Sudamérica para producir carros eléctricos e híbridos"Estableciendo la dirección de los desarrollos tecnológicos de Motional esperamos mejorar nuestra competitividad tecnológica y sentar las bases para ampliar sinergias entre las divisiones de conducción autónoma dentro del grupo", explicó a Yonhap un portavoz de la empresa.Motional, con sede en Boston (EE.UU.), fue fundada como una entidad de riesgo compartido entre Hyundai y la empresa emergente Aptiv en marzo de 2020.
En diálogo con Mañanas Blu, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, hizo graves acusaciones que vinculan a políticos con el escándalo de corrupción de carrotanques en La Guajira.Carrillo apuntó específicamente al senador Carlos Andrés Trujillo. Sugirió una inexplicable obtención de votos en Uribia, La Guajira, cuando su fuerza política está en Itagüí, en del departamento de Antioquia."Trujillo saca 20.000 votos en Uribia, un senador de Itagüí que saca 20.000 votos en La Guajira", señaló Carrillo, al cuestionar la autenticidad de esos resultados electorales."La UNGRD es víctima"Respecto a las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien ha dicho que se utilizó dinero de la entidad para influenciar votaciones en el Congreso, Carrillo pidió que la entidad sea reconocida como víctima en el proceso."Básicamente lo que dice Sneyder Pinilla es que repartieron plata en efectivo, que le llevaron plata al presidente del Senado, que le llevaron plata al presidente de la Cámara de Representantes", explicó Carrillo.Asimismo, el director de la UNGRD dijo que corrupción en la entidad no se limita a los carrotanques, sino que se extiende a numerosos contratos sospechosos."Hay una cantidad de contratos que huelen muy mal, no solamente el de los carrotanques, sino muchos más", afirmó el director de la UNGRD.Daniel Quintero, salpicadoEl exalcalde de Medellín, Daniel Quintero también fue mencionado en el contexto de este escándalo. Según Carrillo, Quintero tuvo un papel en la asignación de puestos y contratos dentro de la UNGRD y sugirió que usó políticamente la entidad para favorecer intereses particulares."Vea lo de Daniel Quintero. Daniel Quintero tenía la subdirección de Reducción, casi nada. Y ahora dice que no tiene nada que ver, que es que lo traicionaron. Quintero tenía la subdirección de reducción, que es una de las tres subdirecciones de la entidad, con Alhetia Arango Gil. Aletia Arango Gil fue funcionaria de Quintero durante todos su periodo, fue directora del Dagrd, que es como el Idiger de Medellín, 14 meses. Después pasó a ser subsecretaria de Defensa de lo Público y no sé qué, unos nombres ahí que se inventa Quintero. Después pasó a ser subsecretaria de Asuntos Sociales y de ahí salió a la oficina de Olmedo y estuvo ahí hasta enero. Y en enero la echaron cuando pues le pidieron la renuncia cuando Olmedo estaba afuera. Ni siquiera fue Olmedo el que la echó, fue Víctor Mesa”, dijoLuego de esto, según Carrillo, le ofrecieron la subdirección a Luisa Fernanda Gómez Villegas, quien fue secretaria de Infraestructura de Quintero en Medellín.“Entonces, pues a Quintero sí le pasa un poco, como el cuento de Stendhal, ¿cierto? De la mujer que es atrapada en flagrante delito y dice le crees más a tus ojos que a mis palabras. O sea, es que Quintero quiere que le creamos más a sus palabras que a nuestros ojos”, dijo el funcionario.¿Plata para aprobar la reforma a la Salud?Carrillo también especuló sobre la posibilidad de que fondos de la UNGRD hubieran sido utilizados para asegurar la aprobación de la reforma a la salud en el Congreso, aunque admitió no tener pruebas concretas.“Yo eso no lo puedo decir porque no me consta. Yo entiendo que las dudas son razonables, sobre todo cuando vemos cómo ha operado la clase política en Colombia”, puntualizó.
El Juez Quince Administrativo de Bucaramanga resolvió el incidente de desacato en medio del proceso de la acción popular que ordenó el cierre del relleno sanitario El Carrasco, desde agosto de 2021, y dio el aval para que, de manera temporal, solo Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta puedan llevar las basuras a este sitio.Así las cosas, los 13 municipios restantes que por años había depositado los residuos en El Carrasco, tendrán que buscar otra solución.Según el fallo judicial, a partir del 1 de mayo de 2024 quedaron los municipios del área metropolitana habilitados para tal fin, sin embargo, deben implementar un plan de acción.“Es importante advertir que la habilitación para el ingreso de nuevos residuos estarán orientados a las actividades que contiene el Plan de Acción a corto, mediano y largo plazo que adoptaran los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga, la Autoridad Ambiental y la Empresa de Aseo de Bucaramanga con el fin de disminuir y consecuentemente cerrar la disposición final (enterrar) de residuos sólidos en la modalidad de relleno sanitario”.Advierte el juez Quince Administrativo, Edward Avendaño, que la autorización de funcionamiento transitorio del lugar es para que los residuos que ingresen a partir del 1 de mayo de 2024 se destinen únicamente a garantizar la construcción de celdas de estabilización.“(…) atendiendo el gran volumen de toneladas (733.136 toneladas – corte junio 2023) de residuos que ingresaron sin ningún tipo de autorización desde el 15 de agosto de 2021”, dice el fallo judicial.Entre los puntos que debe tener el plan de acción para el manejo de las basuras están:Realizar una convocatoria abierta para la presentación de implementación de herramientas técnicas o nuevas alternativas para la transformación de los residuos sólidos.Convocar a una Audiencia de verificación de cumplimiento del fallo para adoptar el Plan de Acción de corto plazo, las cuales deben contener metas cuantificables y actividadesque busquen reducción de residuos sólidos como mínimo en un 15% antes del 01 de abril de 2025.Realizar mesas técnicas ambientales para la consolidación de una propuesta a medianoy largo plazo, así como la financiación de las celdas de estabilización en el nuevo diseño ETAPA 1.Implementar campañas de sensibilización para aumentar la separación en la fuente enfocadas en el uso de redes sociales y tecnologías de la información con la prohibición expresa de realizar pasacalles, textos, impresión de volantes, publicidad y demás elementos que impactaran negativamente la reducción de residuos sólidos al sitio de disposición final El Carrasco.Reducción de la disposición de los residuos sólidos en los meses de mayo y junio de 2024 en el Área Metropolitana de Bucaramanga.También ordena el juez al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, que antes del 20 de mayo de 2024 indique las medidas que va a adoptar para apoyarla implementación del plan de acción a corto, mediano y largo plazo con el fin de lograr el cierre del sitio de disposición final El Carrasco.“La ubicación de un nuevo lugar, o en su defecto, la implementación de nuevas herramientas técnicas orientadas a la transformación y aprovechamiento de los residuos sólidos", indica el documento.El gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, (EMAB), Helberth Panqueva, dijo que la decisión del juez representa un beneficio para el municipio que podrá nuevamente hacer el cobro del servicio que estaba asumiendo la alcaldía.“Recordemos que desde el 14 de agosto de 2021 el componente de disposición final no se le estaban cobrando a los usuarios sino a los municipios, ya con esto se recompone y se restablecerían los recursos. Vamos a tener que estudiar, a revisar, pero no van a ser incremento significativo”, indicó el gerente de la EMAB.Igualmente, indicó que continuarán con el trabajo para transformar el relleno sanitario e implementar nuevos sistemas de depósito de basuras.“Estamos abriendo la puerta para la transformación del carrasco en un parque tecnológico, realizar proyectos y empezar a no enterrar la basura sino aprovecharla y transformarla para pasar de una economía lineal a circular”, manifestó Panqueva.Finalmente, señalo que el compromiso de los alcalde del área metropolitana de Bucaramanga de reducir los residuos sólidos y un proyecto piloto para que las 955 toneladas de basura que llegan a El Carrasco empiecen a disminuir. También la implementación de proyectos de tratamiento de residuos.Este es el fallo del Juez Quince Administrativo de Bucaramanga.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos definió la situación jurídica del exdirector de Protección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), coronel en retiro de la Policía Nacional Manuel Antonio González Henríquez, por su posible participación en el homicidio del excandidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez, ocurrido el 26 de abril de 1990, en un avión que cubría la ruta Bogotá –Barranquilla (Atlántico).“El exoficial fue vinculado formalmente como presunto responsable de los delitos de homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, deberá cumplir medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia, en atención a lo previsto en la ley 600 (anterior Sistema Penal)”, informó la Fiscalía. Fuentes del ente acusador confirmaron que la decisión de una medida de aseguramiento se da por el delicado estado de salud del oficial.El coronel (r) González Henríquez, entre 1989 y 1990, tuvo a su cargo la coordinación de los esquemas de protección de candidatos presidenciales, altos funcionarios del Estado y otras personalidades públicas. Al parecer, aprovechando este cargo realizó cambios y rotaciones imprevistas del personal de seguridad del dirigente político, lo cual facilitó el actuar del sicario y el cumplimiento del plan criminal.Recordemos que en el año 2017, el juzgado primero penal especializado de Cundinamarca declaró culpable y condenó a 22 años de prisión al coronel (r) de la Policía Nacional Manuel Antonio González, por su responsabilidad en el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido en 1989 en Soacha.