La directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, Alejandra Miller, anunció este miércoles, 24 de mayo, que el Gobierno nacional ya compró un predio con tierra fértil para producir, con el fin de trasladar a los reincorporados del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), ubicado en el municipio de Mesetas, Meta.Cabe recordar que en dicha ETCR han estado ubicados cerca de 200 excombatientes de las Farc y sus familias pero en los últimos meses han recibido amenazas de las disidencias lo que los obliga a desplazarse.“Esa tierra pudo ya ser comprada por la Agencia Nacional de Tierras, la semana pasada se hizo el negocio. Vamos a ir pronto a hablar con la comunidad a mostrarles el cumplimiento de la compra del predio para el traslado del ETCR”, indicó la directora de la ARN.El predio de 1.460 hectáreas está ubicado en el municipio de Acacías (Meta) y por ahora será destinado a proyectos productivos relacionados con ganadería, porcicultura y especies menores de aves.“No es un predio donde van a estar aglutinados alrededor de unas viviendas, es un predio de tierra productiva para el desarrollo de sus proyectos. Vamos a organizar la ruta de cómo será el traslado de la población que hay en el ETCR de Mesetas a este nuevo predio”, manifestó la funcionaria.Asimismo, la Directora de la ARN anunció que el Gobierno planea la reubicación de otros cinco ETCR, debido a que el lugar donde están localizados no puede ser comprado por el Estado o por presión de grupos armados ilegales.“Tenemos priorizados cinco ETCR por razones asociadas a temas como que los lugares donde están no pueden ser comprados por el Estado, porque son baldíos o tienen problemas de titulación, pero se conjuga con otras circunstancias como el deterioro de las condiciones de seguridad porque hay grupos armados que ejercen presión sobre los firmantes del acuerdo de paz. Están los ETCR de Remedios (Antioquia), La Carmelita (Putumayo), Vista Hermosa (Meta) y dos ETCR más en el Cauca”, sostuvo Miller.Le puede interesar:
La Unión Europea acompañará las negociaciones que comenzarán en mayo próximo entre el Gobierno colombiano y el principal grupo de disidencias de las FARC, el Estado Mayor Central (EMC), según anunció este miércoles el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.Durante su visita oficial a Colombia, el jefe de la diplomacia europea aseguró que el Enviado Especial de la UE para la Paz en Colombia, Eamon Gilmore, llegará en los próximos días al país andino para participar en el inicio de diálogos que las disidencias, comandadas supuestamente por "Iván Mordisco", aseguraron que sería el 16 de mayo.Además, la UE también apoyará los procesos de paz urbana que se están dando en ciudades como Buenaventura y Medellín entre las bandas criminales que controlan negocios ilegales y la extorsión.En una rueda de prensa, Borrell aseguró que "la paz total" del presidente Gustavo Petro "reúne todos los elementos" para su ejecución, pues mezcla el "sentido duro del control" con militares y Policía y "al mismo tiempo se centra en atacar las raíces socioeconómicas" del conflicto.Pero sin embargo, tras una reunión esta mañana con el alto comisionado para la Paz de Colombia, Danilo Rueda, Borrell reconoció que hay "dificultades" en este proceso, pues hay problemáticas socioconómicas y también una "mayor atomización de los movimientos guerrilleros", que ahora tienen "programas mucho más complejos" con "más actores" con los que hay que hablar a la vez.Pero la UE, que lleva apoyando los procesos de paz en el país desde hace 30 años, no deja "de reconocer que se han hecho grandes procesos en Colombia para la pacificación del país".EL COMIENZO DE DIÁLOGOS El pasado 16 de abril las disidencias, conformadas por dos líderes que no llegaron a firmar el acuerdo de paz de 2016, "Iván Mordisco" y el difunto "Gentil Duarte", se dieron un baño de masas en un multitudinario evento en Casa Roja, en las sabanas del Yarí, al que asistieron organizaciones campesinas, indígenas y afro y en el que los cabecillas de esta disidencia afirmaron su voluntad de paz en Colombia.Allí, las disidencias afirmaron que la mesa de diálogo con el Gobierno se instalará de manera oficial el 16 de mayo, una fecha que el Ejecutivo aún no ha confirmado y que la OACP no quiere concretar aunque acota al próximo mes.Sin embargo, aún queda que el Gobierno comunique los "detalles del acto de instalación, la arquitectura y la metodología de la mesa, así como los nombres de los delegados del Gobierno".Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
En medio de la cumbre humanitaria que se desarrolla esta semana en Bogotá, en donde participan más de 70 líderes sociales, se presentó ante la Iglesia católica, el Gobierno nacional y la comunidad internacional (ONU) un informe en el que dan a conocer más de 300 acciones violentas en medio del cese al fuego con diversos grupos armados en el país.Durante el debate, Monserrat Solano, representante adjunta de de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que, en 2022, fueron 180 municipios los que presentaron los índices más altos de violencia al ser casi críticos. Esto en el Pacífico colombiano y la zona fronteriza; por ejemplo: Fortul, Arauca o en Tumaco, Nariño.Ante esta situación, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos proponen un diálogo civil entre el Estado y las comunidades, independientemente de los procesos de diálogo que adelanta el Gobierno nacional con grupos armados. Esto teniendo en cuenta la actual conversación con ELN o la que se espera en mayo con las disidencias de 'Iván Mordisco'.“Es un llamado al diálogo directo del Estado con los territorios, con las comunidades. Una de las riquezas más grandes que tiene Colombia es la riqueza de la sociedad civil y desde la oficina consideramos que deben ser escuchadas, si vemos los territorios afectados por la violencia y el conflicto vemos que el termómetro de la paz se va a tener que tomar en esos territorios”, señaló SolanoLa importancia de la cumbre humanitaria que se celebra en BogotáCon su tercera edición en curso, la cumbre humanitaria permite crear puentes de diálogo con las víctimas del conflicto armados con el Gobierno nacional y, desde allí, debatir estrategias para fomentar la paz en Colombia. En esta edición son más de 70 líderes los que llegaron a la capital del país para debatir diversos temas con el Gobierno nacional, además de enviar mensajes al presidente Gustavo Petro.Es por eso que este martes, 25 de abril, se conoció un reporte de la oficina de la ONU para los derechos humanos en el cual señalan que, entre enero y marzo del 2023, han recibido 40 denuncias sobre homicidios de líderes sociales en Colombia.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
La Procuraduría colombiana alertó este lunes que desde la firma del acuerdo de paz, hace seis años, 8.246 niños y adolescentes han sido reclutados forzadamente por grupos armados ilegales, por lo que urgió al Gobierno a tomar medidas para combatir ese delito.Según la procuradora delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, Ceneida López, los menores de edad "siguen siendo víctimas del reclutamiento forzado por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial".La funcionaria añadió que después de la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, el reclutamiento forzado sigue y por lo tanto "atender esta situación es prioritario dentro del contexto de construcción de paz".Según cifras de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, a la fecha hay reportados 8.246 menores "víctimas de ese delito (reclutamiento forzado) en el país".El Ministerio Público señaló, con base en las mismas cifras, que los departamentos más afectados por el reclutamiento de menores son Antioquia, con 1.428 casos; Cauca (604; Meta (541); Caquetá (533); Nariño (486), y Chocó (429).En consecuencia, la Procuraduría exhortó a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, así como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a las gobernaciones de Chocó y Valle del Cauca para que adopten las medidas pertinentes para prevenir y combatir este flagelo y así proteger a los menores.Le puede interesar:
Desde hace algunos meses algunos grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y otras estructuras armadas han decretado un cese al fuego unilateral, con el objetivo de mostrar su voluntad de paz de cara a un eventual diálogo con el Gobierno nacional, pues el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, ha asegurado que quienes quieran entablar un diálogo o someterse a la justicia deben dejar de asesinar, torturar y desaparecer para empezar la fase exploratoria.El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac) ha hecho un seguimiento al tema y asegura que en octubre se presentaron 15 violaciones al cese al fuego.“Nueve acciones ofensivas y seis combates. Las acciones violentas ocurrieron en Arauca, Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Atlántico, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo”, se lee en el informe.En 10 de esas acciones murieron cuatro civiles, dos soldados y cinco disidentes de las Farc, pero también se presentaron 17 acciones ofensivas que no han sido atribuidas a ningún grupo armado, en las cuales murieron nueve civiles.“En octubre, Cerac registró 15 operaciones de la fuerza pública contra los grupos que se han plegado al cese el fuego autoimpuesto, 12 de ellas contra el Clan del Golfo y tres contra los grupos pos-Farc Dagoberto Ramos, Jorge Briceño y frente primero”, señala el informe.En total, en octubre se presentó el confinamiento de 8.700 personas debido a las acciones violentas de los grupos armados, en los departamentos de Arauca y Antioquia.
En el municipio de El Guamo, Bolívar, específicamente en el corregimiento de Tasajera, se produjo la primera masacre en los Montes de María. Hasta esa zona llegó un equipo que, con un ejercicio de memoria y resiliencia, buscaron transformar ese territorio a través de un proyecto llamado Somos Comunidad. Con arte se buscó "exorcizar" este lugar y fortalecer esta comunidad visiblemente afectada por el conflicto armado. Lo anterior, desde la comunicación por el cambio social y diálogo organizacional. Por esto nació la iniciativa Pintar por la paz, la cual surgió para generar cambios en la sociedad.¿En qué consiste pintar por la paz?"Hemos llevado un cambio en la sociedad de El Guamo, Bolívar, el cual cuenta con un corregimiento que se llama Tasajera, el primero de los Montes de María que sufrió una masacre. Fomentamos una iniciativa llamada pintar por la paz. Llegamos hasta esa zona a hablar con cada miembro y conforme a sus historias la idea era pintarles su casa de manera positiva con un color con en el que se obtuviera un buen mensaje y así llenarles la mente y corazón de cosas positivas para que poco a poco vayan superando esa crisis", José Alberto de Oro, representante del Consejo Municipal de Paz en el Guamo, Bolívar."Estamos enfocados en la misma meta"José Alberto de Oro dijo que todo este trabajo ha sido un buen aporte. "Todos estamos enfocados en la misma meta, que es cambiar y fomentar en El Guamo el rincón de paz", aseveró José Alberto de Oro. Transformar el conflicto"Trabajar en torno a la resiliencia comunitaria, a la seguridad y a la cohesión social. Nuestros territorios son de mucha conflictividad, donde se requiere que estos ámbitos sean el eje de todo ese trabajo, yo diría en que el conflicto se transforme y podamos tener formas de abordar las problemáticas diferentes", Luz Cristina Pinzón, directora de desarrollo social Fupad.Hay que decir que como El Guamo en nueve municipios de Colombia también se transformaron territorios. Le puede interesar:
El Registro Único de Víctimas (RUV) es una base de datos de la Unidad para las Víctimas que cuenta con un registro de la población víctima del conflicto armado en Colombia, el cual permite su identificación y reconocimiento.El RUV, que hace parte de la ruta de medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, sirve para “focalizar la Política Pública de Atención a Víctimas a sus destinatarios reales”, de acuerdo con Ramón Rodríguez, director general de la Unidad para las Víctimas.La herramienta cuenta, al 31 de julio, con 9.328.499 víctimas incluidas, de las cuales 7.410.663 fueron clasificados como sujetos de atención, lo que significa que este número de víctimas cumplen con los requisitos “para acceder a las medidas de atención y reparación integral establecidas en la ley”, según información entregada por la entidad.En búsqueda de implementar a totalidad la Política Pública de Víctimas, el registro ayuda a caracterizar a las víctimas al recoger información como género, pertenencia étnica, discapacidad, ciclo vital y hecho victimizante padecido.“No existe en el mundo un registro tan consolidado entre las experiencias de países con situaciones similares de conflicto”, aseguró su director general.¿Cómo inscribirse en el RUV?La entidad detalló que quien se encuentre interesado en inscribirse a este registro deberá rendir su declaración y explicar tiempo, lugar y modo en cómo ocurrieron los hechos victimizantes. Además, deben tener ciertos requisitos:Presentar la declaración ante el Ministerio Público, (Personería, Procuraduría, Defensoría del Pueblo) o ante un consulado de Colombia en el exterior. La información debe ser lo más completa y precisa posible para facilitar el proceso de análisis de las solicitudes de inscripción en el RUV.Aportar la información necesaria para el completo diligenciamiento del Formato Único de Declaración (FUD). Las víctimas pueden entregar documentos adicionales que consideren pertinentes para su declaración.Le puede interesar: Nuevo director de la Policía anuncia sustancial cambio en el EsmadEscuche y siga el podcast El Mundo Hoy
En dialogo con el noticiero CM&, la comandancia del ELN respondió preguntas sobre el contexto político en el que se reactivarían los diálogos de paz.Desde Cuba, alias ‘Antonio García’ habló sobre la paz total, el dialogo nacional, el rol de la Iglesia católica y el papel de Venezuela en la reactivación del dialogo de paz con el Gobierno nacional.El líder guerrillero precisó que el diálogo se reiniciaría en el mismo punto en el que quedó con el gobierno Santos por lo que descartó que el proceso deba retornar al punto inicial.Además, recordó que existen protocolos establecidos con anterioridad, así como países garantes de la paz, entre ellos Venezuela.‘Antonio García’ pidió al nuevo gobierno que en el marco de la “paz total” no los metan en el “mismo costal” con bandas criminales o grupos paramilitares.Hay que recordar que el canciller Álvaro Leyva y el senador Iván Cepeda mencionaron que en el caso del ELN y las disidencias de las Farc habría un dialogo político, mientras que para el Clan del Golfo y otras estructuras criminales el dialogo sería de carácter judicial.Además, destacó la importancia del contexto de dialogo nacional en el que se podrían desarrollar estas conversaciones, pues todas las fuerzas políticas están involucradas en ese proceso, incluido el expresidente Uribe; considera que es una ventaja ese contexto político porque “muy seguramente el país llevará una negociación con el poder internacional”.Asimismo, alias ‘Antonio García’ espera que la Iglesia católica en Colombia y el Vaticano sigan involucrados en el proceso, al igual que los países garantes, en especial Venezuela.Atribuyó al “afán electoral” del entonces presidente Juan Manuel Santos los errores en la negociación y en la implementación de los acuerdos con las Farc que llevaron al asesinato de más de 300 firmantes de paz. Los errores, según alias ‘Antonio García’, estuvieron en la misma estructura de negociación, en la estrategia de negociación y en la falta de claridad “en qué es lo que se negocia y para qué”.Escuche el podcast El Zuletazo
La vicepresidenta electa, Francia Márquez, aseguró que el principal desafío para el gobierno del presidente Gustavo Petro es lograr la paz en Colombia.Tras reunirse con el presidente de Chile, Gabriel Boric, en el palacio presidencial La Moneda, la vicepresidenta electa reveló que el mandatario ofreció a Chile como sede de las negaciones de paz que está buscando establecer el nuevo gobierno.El anuncio lo hizo Márquez participe durante un "Encuentro Feminista Antirracista" en la sede central de la Universidad de Chile, en Santiago, al que acudieron la rectora de la casa de estudios, Rosa Devés, y la alcaldesa de la capital, Irací Hassler.Antes de viajar a Chile, Márquez estuvo en Brasil, donde mantuvo reuniones con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y representantes del movimiento negro brasileño.Desde que Gustavo Petro ganó las elecciones el pasado 19 de julio, el ELN ha reiterado en sendos comunicados su disposición a reanudar las negociaciones de paz que comenzó el expresidente Juan Manuel Santos en 2017 en Quito y se llevaron en 2018 a La Habana sin avances.Petro, el primer presidente izquierdista de la historia de Colombia, aseguró en campaña que si el protocolo con Cuba fue firmado debe respetarse y retomar las negociaciones de paz fallidas."Nuestro principal desafío es lograr la paz en Colombia, ese es el desafío mayor", apuntó Márquez, quien horas antes fue recibida por Boric en el marco de su gira por distintos países suramericanos, entre ellos Brasil y Argentina."La gente está desesperada de vivir en la violencia, desesperada de tener que padecer el miedo, sobre todo sabiendo que desproporcionalmente quienes están viviendo las consecuencias de ese conflicto armado innecesario son las poblaciones más empobrecidas", añadió.Con el cambio de Gobierno en 2018, los diálogos quedaron suspendidos por la exigencia al ELN del presidente saliente, Iván Duque, de liberar a todos los secuestrados que tiene en su poder y renunciar a todos los crímenes relacionados con narcotráfico, minería ilegal, atentados a infraestructura eléctrica y de petróleo, entre otras.Posteriormente, tras un atentado de esa guerrilla contra la escuela de cadetes de la Policía en Bogotá en enero de 2019, que dejó 22 muertos y más de 60 heridos, el Gobierno paralizó definitivamente cualquier posibilidad de diálogo con el ELN.A principios de mes, el jefe del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro, alias "Antonio García", aseguró en un comunicado que esa guerrilla está "dispuesta a reanudar las conversaciones de paz con el nuevo Gobierno para que sus resultados traigan la paz con justicia social para toda Colombia".Le puede interesar: escuche el podcast El Camerino
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dio a conocer que el pasado 9 de mayo se reunieron con el entonces candidato a la presidencia Gustavo Petro para presentarle las propuestas programáticas que tenían para aportar a su plan de gobierno.En ese evento, Petro les sugirió que la Iglesia católica y los pueblos indígenas deberían ser mediadores de “la paz grande”, que ha propuesto en unas posibles conversaciones con los grupos armados como el ELN.Este pronunciamiento se dio en medio de una rueda de prensa que ofrecieron diferentes organizaciones indígenas en la que denunciaron los asesinatos de los miembros de su comunidad.Hicieron especial énfasis en el asesinato de los indígenas Awá Juan Orlando Muriano, Jhon Faber Nastacuas y Carlos García de la comunidad Inda Sabaneta, en el municipio de Tumaco en Nariño, el pasado domingo 3 de julio.Rechazaron nuevamente los pronunciamientos del ministro de Defensa, Diego Molano, quien aseguró que la muerte de estos indígenas se dio por disputas del narcotráfico en ese departamento.“Es una mentira. Como siempre estamos acostumbrados a la difamación y estigmatización de los pueblos indígenas. A nosotros nos están matando porque defendemos el territorio y la vida. Que se retracte de lo que dice o que nos muestre las pruebas”, aseguró una de las mujeres que hace parte de la comunidad Awá.Según las cifras reveladas por las comunidades indígenas, desde el año 2000 se han registrado más de 140 presiones contra el pueblo Awá; 32 de ellas han sido asesinatos.Asimismo, desde la firma del acuerdo de paz en el 2016 se han registrado al menos 350 hechos de agresión: 95 homicidios, en el 2022 se han cometido 11 de ellos; 16 desapariciones forzadas; alrededor de 50 amenazas de los líderes de ese pueblo indígena, así como 13 hechos de desplazamiento forzado y hay 1.292 víctimas que no han podido regresar a sus resguardos.Escuche el podcast Al pelo con Tata
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
