Este martes, el apoderado del Movimiento Político Colombia Humana, al que pertenece el presidente Gustavo Petro, radicó un memorial ante el Consejo Nacional Electoral, en el que manifiesta que desiste del recurso de reposición interpuesto contra la decisión del CNE que les ordenó el pago de una multa cercana a los 1.200 millones de pesos por haber sido encontrado corresponsable de las irregularidades en la financiación de la campaña presidencial que llevó a Petro a la Casa de Nariño en 2022.Blu Radio conoció en primicia el documento enviado a los magistrados Benjamín Ortiz y Alvaro Hernán Prada en el que dice textualmente el abogado Ulises Durán que “en mi calidad de apoderado del Movimiento Político Colombia Humana, me permito manifestar que DESISTO del Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No. 11008 del día 27 de noviembre de 2025, expedida por el Consejo Nacional Electoral” y agrega que “en consecuencia, solicito que se acepte mi desistimiento y se actúe en consecuencia”Esto significa que, en la práctica, el Movimiento Colombia Humana acepta el fallo sancionatorio del CNE relacionado con las irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022 y, por lo tanto, habilita al Consejo Nacional Electoral para el cobro de la millonaria multa, que podría ser asumida por el Pacto Histórico, con cargo a los gastos de funcionamiento del partido.Lo que hay detrás de esta “movida” es la intención de agilizar la fusión de la Colombia Humana con el Pacto Histórico, para lo cual los partidos que se fusionan no deben tener investigaciones ni sanciones pendientes; en este caso, con la aceptación de la sanción del CNE por la campaña Petro Presidente, se allana este camino.Adicionalmente, hay afán para evitar posibles sanciones o la caída de la elección de congresistas, en particular en el caso de la lista de la Colombia Humana a la Cámara de Representantes por Bogotá, que tuvo que inscribirse provisionalmente por el Pacto Histórico.
La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de tumbar las listas de la Colombia Humana a la Cámara de Representantes en departamentos como el Valle del Cauca ha desatado un intenso debate que oscila entre el tecnicismo jurídico y la acusación política. En diálogo con Mañanas Blu, el representante Alejandro Ocampo y el exregistrador delegado Nicolás Farfán expusieron las dos caras de una moneda que pone en riesgo la representación electoral del bloque de gobierno.El debate por el "kilometraje electoral"El núcleo de la disputa radica en si el Pacto Histórico, al fusionar diversos partidos, hereda el peso electoral de sus integrantes o si, por el contrario, nace con "cero votos". Según Nicolás Farfán, la resolución que reconoció la personería jurídica del Pacto Histórico establece explícitamente que todos los derechos y obligaciones de las agrupaciones disueltas (como el Polo Democrático) quedan en cabeza de la nueva entidad. Farfán sostiene que no se puede utilizar la fusión para evadir la Constitución, pretendiendo que una fuerza mayoritaria que supera el 15% de los votos en una circunscripción actúe como si no tuviera antecedentes electorales para efectos de formar coaliciones.Por su parte, Alejandro Ocampo defiende la tesis de que existe un vacío jurídico y que la interpretación del CNE es "errónea y escasa". Para el representante, la personería del Pacto Histórico es nueva y no tiene antecedentes electorales propios, argumentando que en procesos anteriores de escisión o fusión, los partidos resultantes han arrancado desde cero.Ocampo no se limitó a la defensa técnica y lanzó duros ataques contra la integridad del tribunal electoral. Calificó al CNE como una "guarida de tramposos" y afirmó que varios de sus miembros deberían estar presos. Según el congresista, el organismo no falla en derecho, sino bajo una agenda política contraria al presidente Gustavo Petro y su partido. El representante mencionó incluso denuncias de acoso sexual y presiones indebidas dentro del Consejo, sugiriendo que las decisiones contra el Pacto Histórico, incluyendo casos como el de Iván Cepeda, son "amañadas" y responden a favores políticos de partidos tradicionales como el Centro Democrático y la U.Escuche aquí la entrevista:
La Sala Séptima del Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela interpuesta por el partido Colombia Humana, con la que esa colectividad buscaba dejar sin efectos la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral a los directivos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por presuntas irregularidades y violación de los topes de financiación electoral.La tutela fue presentada por el movimiento político fundado por el hoy presidente de la República, con el argumento de que durante el proceso administrativo sancionatorio se habrían vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso, el principio de legalidad, así como los derechos políticos y a la igualdad de participación.Sin embargo, tras analizar los argumentos y las pruebas aportadas, el Tribunal Superior de Bogotá decidió denegar las pretensiones de la tutela. Para los magistrados, no se acreditó uno de los requisitos esenciales para que proceda este mecanismo excepcional, el cual es la existencia de un perjuicio irremediable.En su decisión, el Tribunal señaló que “aún existan otros mecanismos tendientes a solucionar la afectación a los derechos que se reclaman o, incluso, cuando ejercidos éstos, se encuentra pendiente su resolución, torna el auxilio constitucional en prematuro”.La Sala también fue enfática en que los efectos económicos derivados de las sanciones impuestas por el CNE no justifican, por sí solos, la intervención del juez de tutela. “El presunto perjuicio irremediable que se aduce por los efectos económicos de las multas impuestas a los partidos políticos involucrados debe probarse y sustentarse ante el juez administrativo que conozca de la acción de nulidad del acto controvertido”, precisó el Tribunal.En esa línea, los magistrados concluyeron que la tutela no puede desplazar a la jurisdicción contencioso administrativa, que es la autoridad competente para estudiar de fondo la legalidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral.
El Consejo Nacional Electoral sancionó a la campaña Petro Presidente 2022 por haber violado los topes de financiación en cerca de 6.000 millones de pesos y haber recibido financiación prohibida de personas jurídicas como la USO y Fecode.Por primera vez, el CNE emite una sanción en contra de una campaña presidencial. En esta decisión fueron multados Ricardo Roa, exgerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, la tesorera, los auditores y los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica. La ponencia y la investigación fueron elaborados por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.La votación de la ponencia en la sala plena fue de 6-3. A favor de la ponencia (Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortíz, Alvaro Prada y el Conjuez Majer Abushihab) y en CONTRA de la ponencia (Cristian Quiroz, Fabiola Marquéz y el Conjuez Jorge I. Acuña).Aunque en la apertura de la investigación el 8 de octubre del año pasado se incluyó al presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato, cabe recordar que el 27 de junio pasado, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió una tutela en la que determinó que el primer mandatario solo puede ser investigado, sancionado y juzgado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por lo que no está incluido en la sanción administrativa emitida.Aída Avella dice que se siente en la época de la gran persecución contra la Unión PatrióticaAnte la noticia, Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica, habló en Mañanas Blu sobre la sanción del CNE a la campaña Petro Presidente 2022. Aseguró que aún no han recibido una notificación formal sobre la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral.“Es un entramado muy extraño. Es incoherente lo que están haciendo; me siento en la época de la gran persecución contra nosotros. No nos pudieron matar con tantas cosas y ahora vienen unas sanciones que a mí me hacen sentir otra vez en la gran persecución contra la Unión Patriótica”, afirmó.Avella defendió la gestión de su partido, recordando un acto de "generosidad política" al modificar sus estatutos para incluir a Colombia Humana y evitar la desaparición de este, que es el partido mayoritario dentro del Pacto Histórico.Aseguró que esta sanción, que según la prensa asciende a más de 500 millones de pesos, coincide con el proceso para que el Pacto Histórico obtenga su personería jurídica y forma parte de una arremetida constante. "Todos los días sacan algo contra el Pacto, contra la Unión Patriótica, contra Colombia Humana", afirmó.Avella manifestó su preocupación por el impacto financiero de la sanción, afirmando que la multa dejaría a la UP sin recursos para funcionar. Explicó que el partido no tiene sede propia y opera desde una oficina en la casa del Partido Comunista, por lo que dependen de esos fondos para pagar servicios básicos y personal.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 09673 del 17 de septiembre de 2025. En ese sentido, el magistrado Altus Baquero analizó nuevamente la solicitud de reconocimiento de personería jurídica del movimiento político Pacto Histórico, surgido de la fusión de Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista Colombiano, Progresistas y la Minga Indígena Política y Social.De acuerdo con la nueva ponencia, que será llevada a sala plena este martes, Baquero propone ratificar su decisión inicial: El partido Progresistas no puede ser incluido en la fusión porque aún no tiene personería jurídica reconocida. Señala que el movimiento Colombia Humana no cumplió con el quórum exigido en sus estatutos para aprobar la fusión, lo que invalida su participación en el proceso. Así mismo, se mantiene la condición suspensiva impuesta al reconocimiento del Pacto Histórico, hasta que concluyan los procesos sancionatorios vigentes contra la Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista, conforme al artículo 14 de la Ley 1475 de 2011.En esta ponencia, además, determinó que el reconocimiento del nuevo movimiento político solo podrá surtir plenos efectos “hasta tanto concluyan y queden en firme los procesos sancionatorios en curso contra el Partido Unión Patriótica, El Partido Polo Democrático Alternativo y El Partido Comunista Colombiano”.De acuerdo con el documento, la medida responde a la aplicación del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, que prohíbe la fusión de partidos con investigaciones activas. En palabras del CNE, esta restricción busca evitar “que las colectividades evadan responsabilidades disciplinarias o administrativas mediante maniobras que constituyan fraude a la ley, debilitando la eficacia del control electoral y la rendición de cuentas”.Según la ponencia, la corporación también desestimó los argumentos del Movimiento Colombia Humana, al concluir que su asamblea no cumplió con las reglas internas para aprobar la fusión. “Cuando la norma estatutaria dispone que ‘en todo caso’ se requerirá la votación favorable de las dos terceras partes de los delegados asistentes y un quórum de las dos terceras partes de los miembros afiliados, está estableciendo una exigencia de cumplimiento ineludible para la adopción de decisiones relativas a la fusión del partido político”, precisa la resolución.Baquero señala también que las organizaciones no pueden apartarse de sus propios estatutos: “Un partido no puede invocar su propio diseño normativo como excusa para incumplirlo. Si el quórum que fijó es elevado, ello es resultado de su propia decisión soberana, y mientras ese estatuto esté vigente, es jurídicamente vinculante”.Cabe recordar que el Tribunal Superior de Bogotá en un fallo del 6 de octubre de 2025 consideró que el CNE actuó conforme a derecho al aplicar la restricción legal y ponderar los derechos políticos de los partidos involucrados.Con esta ponenencia de Baquero, el Consejo Nacional Electoral ratifica que la personería jurídica del Pacto Histórico sigue supeditada a la finalización de los procesos sancionatorios y al cumplimiento estricto de los requisitos estatutarios de las colectividades fusionadas. La sala plena tiene la última palabra.
La tensión al interior del Pacto Histórico se agudiza a solo horas del cierre de inscripciones para consultas presidenciales. En entrevista con Mañanas Blu, los precandidatos Gustavo Bolívar y Susana Muhammad coincidieron en que la participación del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, fractura las posibilidades de unidad dentro de la coalición. Ambos marcaron distancia de sus aspiraciones y cuestionaron las alianzas y antecedentes del exmandatario local.El limbo jurídico del Pacto HistóricoBolívar inició la conversación señalando que el mayor obstáculo actual no es solo político sino jurídico: “Faltan dos días para terminarse el plazo de inscripción de candidaturas y no tenemos personería jurídica… Es como querer correr una carrera de carros y no tener carro”, advirtió el exsenador, haciendo referencia a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de otorgarles personería con limitaciones.La incertidumbre ha puesto a la coalición en un callejón sin salida: sin claridad legal, no se pueden inscribir candidatos bajo una consulta formal, lo que deja como alternativa el uso de encuestas internas. Sin embargo, esta opción tampoco ha logrado consenso entre los aspirantes.Por su parte, Susana Muhammad subrayó el trasfondo democrático de la crisis:“Aquí no estamos hablando de problemas jurídicos del Pacto Histórico, sino de un desbalance democrático. Se está violando el derecho de participación de millones de ciudadanos que no podrán verse representados en igualdad de condiciones en 2026”, sostuvo la exministra de Ambiente.El rechazo a Daniel QuinteroEl punto de mayor coincidencia entre Bolívar y Muhammad fue el rechazo abierto a Daniel Quintero como eventual participante en la consulta.Bolívar fue categórico al recordar que el exalcalde enfrentará un juicio por corrupción: “Yo hace tres años hice campaña contra Rodolfo Hernández por estar imputado. ¿Dónde queda mi coherencia si ahora respaldo a otro imputado porque es de los nuestros? El 21 de noviembre Daniel entra a juicio por corrupción. ¿Ese es el candidato del cambio?” cuestionó.El precandidato también denunció que Quintero estaría tejiendo acuerdos con estructuras políticas tradicionales: “Es vox populi que tiene acercamientos con Dilian Francisca, con Torres, con alcaldes y gobernadores. Eso permitiría que votos de la derecha definan una consulta que debería ser interna de la izquierda”, señaló.Muhammad, en sintonía, fue más allá al señalar faltas éticas en las actuaciones del exmandatario:“La ética política debería ser que Daniel Quintero esté en el Frente Amplio, no en el Pacto Histórico. Ha postulado candidatos vinculados a clanes cuestionados en Santander, ha estigmatizado a la población LGTBI y plantea propuestas como cerrar el Congreso que no hacen parte de nuestra plataforma”, afirmó.El dilema de la unidadAmbos líderes coincidieron en que, sin un mecanismo transparente y legítimo, el Pacto corre el riesgo de llegar debilitado a la consulta de marzo del Frente Amplio.Bolívar advirtió que competir divididos sería letal: “Ir todos separados a enfrentarnos con Roy Barreras y otras estructuras sería un suicidio político”. Muhammad, por su parte, insistió en que el origen de la fractura está en los obstáculos legales:“El limbo jurídico en el que estamos no es casual. Es un diseño institucional que permite manipular políticamente las reglas de participación”, señaló.El rol de Gustavo PetroUna de las preguntas recurrentes fue la cercanía del presidente Gustavo Petro con Quintero. Bolívar lo atribuyó a un cálculo electoral: “Siento que el presidente teme que la consulta salga flaca, con pocos votos. Por eso busca robustecerla invitando más nombres, incluso a costa de principios. Pero no se puede llenar de candidatos a cualquier precio”.Muhammad complementó que la decisión del mandatario abre un debate sobre la coherencia de la izquierda: “No se puede construir una opción ética para el país si se permiten atajos que contradicen nuestra plataforma programática”.
“Si no estamos todos, no hay Pacto Histórico”, aseveró la exministra de Ambiente y ahora precandidata Susana Muhamad en respuesta a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que avaló bajo una serie de condiciones la fusión del Pacto Histórico, pero sin Colombia Humana y Progresistas.En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la exministra mostró su desacuerdo con el CNE y, además, anunció que impugnarán la decisión, la cual, según ella, “niega el derecho de representación política” y genera una desventaja política significativa para el Pacto Histórico, especialmente, de cara a las elecciones de 2026.Enfatizó que esta situación afectaría directamente la representatividad en plazas cruciales para el Progresismo, como la Cámara de Representantes en el Valle del Cauca, Bogotá y Putumayo, donde tienen una representación superior al 15 %.En ese sentido, aseguró “que ir divididos” disminuiría su potencial electoral y repercutiría en los temas de Presidencia. La exministra afirmó que el Pacto Histórico no aceptará menos, pues ello significaría “traicionar el proceso de unidad y el proceso político”.“No tiene que ver solo con el Pacto Histórico, sino con la democracia colombiana (…) Si no estamos todos, no hay Pacto Histórico y nos niegan la representación política en lo que somos; no es justo”, enfatizó la exministra.Además, Muhamad alertó sobre la infiltración del clientelismo y la corrupción dentro del Pacto Histórico. Hizo referencia al lanzamiento del "Frente Anticorrupción del Pacto Histórico" y a experiencias pasadas, como el caso de ‘Manguito’ en 2018.La precandidata habló de denuncias sobre “partidos tradicionales, políticos tradicionales" que estarían “metiendo sus fichas dentro de la consulta del Pacto Histórico para ganar por punta y punta” con sus maquinarias.Por otro lado, y de manera contundente, declaró que, por ejemplo, Daniel Quintero no representa las banderas de la izquierda y que “no deben cargar con sus imputaciones” por corrupción, las cuales "cada vez se agravan más".Por su parte, María José Pizarro, también precandidata, calificó la decisión del CNE como “absolutamente inexplicable” y una “gravísima intención antidemocrática para dividir a las fuerzas políticas del Pacto Histórico”.Pizarro también aseguró que recurrirán a todas las herramientas jurídicas, tanto nacionales como internacionales, pues, según mencionó, los derechos básicos no deben ser condicionados.
La senadora María José Pizarro cuestionó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que podría limitar su participación en una eventual consulta presidencial de 2026. Según afirmó en Recap Blu de Blu Radio, la medida carece de garantías y refleja un temor a la unidad del progresismo.“El Pacto Histórico éramos todos, no un sector de la izquierda. Ese fue el espíritu de la coalición. Esto demuestra que tienen miedo de que volvamos a gobernar, tienen pánico a que nos unamos”, declaró la congresista, insistiendo en que su exclusión sería un golpe a la democracia.Pizarro señaló que su movimiento revisó al detalle la decisión del CNE y encontró inconsistencias frente a jurisprudencia y antecedentes. “Seguimos con todo el rigor la ley. No se actuó con el principio de garantías y de igualdad”, sostuvo.La senadora advirtió que el fallo del CNE se basa en una interpretación restrictiva que afecta directamente a Colombia Humana. “Esperemos que no se nos hayan cercenado los derechos políticos con una visión restrictiva a sus mismas decisiones”, expresó.En ese sentido, señaló que la medida busca dejarla por fuera de la consulta. “Porque tengo puentes para materializar el frente amplio, no me pueden sacar de una contienda electoral de un plumazo”, dijo, dejando claro que no renunciará a su aspiración política.Finalmente, Pizarro confirmó que seguirá dando la pelea jurídica para defender su derecho a participar en 2026. “Vamos a recurrir a todas las herramientas que nos da la ley, hemos presentado tutelas que han sido admitidas”, concluyó, asegurando que la decisión del CNE es una decisión "contra todos, incluido el presidente Gustavo Petro, que dijo que no se iba a reelegir".
La presidenta de Colombia Humana, Gloria Flórez, se refirió en entrevista con Mañanas Blu 1030 a la ponencia del magistrado Altus Baquero del Consejo Nacional Electoral (CNE), que plantea avalar la fusión de varios partidos que conforman el Pacto Histórico, pero sin la participación de Colombia Humana, colectividad del presidente Gustavo Petro.El magistrado Baquero argumenta que en la asamblea en la que Colombia Humana decidió sumarse al Pacto Histórico no se cumplió con el quórum reglamentario. Según la ponencia, el partido cuenta con 114.381 militantes inscritos y se requerían más de 76.000 para que la decisión fuera válida.Frente a este señalamiento, Flórez aseguró que existe una interpretación errada:“Colombia Humana celebró su segunda asamblea el año pasado con delegados de más de 900 municipios y de colombianos en el exterior. Participaron 1.260 personas, es decir, con el quórum reglamentario de las dos terceras partes. Se hicieron los ajustes estatutarios y la decisión fue unánime”, señaló.La dirigente afirmó que la asamblea es el máximo órgano de decisión de un partido político, como lo establece la Ley 1475 de 2011, y que pretender exigir la participación de 76.000 personas es “imposible”.“Ningún partido puede celebrar una asamblea de 76.000 personas, no cabrían ni en El Campín. Para eso existen los congresos y las asambleas, es como si para pasar una ley hubiera que consultar a toda la sociedad”, sostuvo.En ese sentido, anunció que Colombia Humana interpondrá los recursos jurídicos correspondientes para demostrar que la decisión de integrarse al Pacto Histórico fue legítima:“Vamos a dar nuestra lucha jurídica. Sabemos que tenemos suficientes argumentos, la ley está con nosotros, la Constitución también y la decisión de la unidad que se plasmó en la primera asamblea”, indicó.Flórez también respondió a la inquietud sobre qué pasaría si el CNE mantiene la exclusión de Colombia Humana en la fusión:“El Pacto Histórico está más unificado hoy que nunca. Hacemos parte de un comité político que está unido alrededor de la defensa de la decisión soberana de avanzar hacia la fusión. Confiamos en que el Consejo Nacional Electoral reconozca la equivocación en la interpretación”, dijo.Por otro lado, la presidenta de Colombia Humana se refirió a las versiones sobre supuestas divisiones internas en el Pacto Histórico por la elección del magistrado Camargo. Al respecto, negó cualquier señalamiento en su contra y defendió la cohesión de la bancada:“Soy una mujer que abraza, que cree en la política del amor. No me pueden juzgar por un abrazo. Hemos cumplido a cabalidad con el compromiso con el gobierno nacional y gracias a la bancada han salido adelante varias reformas. No voy a permitir que se ponga en duda el proyecto político que vamos a defender”, expresó.Finalmente, Flórez reiteró que Colombia Humana seguirá buscando “los canales de la unidad” y aseguró que la colectividad continuará trabajando para que la decisión de convertir al Pacto Histórico en un partido único se materialice.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Este lunes el magistrado Altus Alejandro Baquero radicó la ponencia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la cual propuso aceptar parcialmente la solicitud de fusión de los partidos que integran el Pacto Histórico. La propuesta excluye al movimiento político Colombia Humana por no cumplir con las condiciones estatutarias necesarias para validar el proceso.De acuerdo con la ponencia, el CNE recomendó negar la fusión entre Colombia Humana, el Partido Progresistas y la Minga Indígena Social y Popular. En contraste, se propone aceptar la integración del Partido Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano, aunque bajo una condición resolutoria pendiente de decisiones en otros expedientes abiertos ante el organismo.El argumento principal para rechazar la inclusión de Colombia Humana se centra en el incumplimiento de las normas internas del partido. Según los estatutos, la aprobación de una decisión de fusión requiere el voto favorable de dos terceras partes de los delegados asistentes y un quórum equivalente a dos terceras partes de los afiliados registrados.Colombia Humana cuenta oficialmente con 114.381 afiliados, lo que implica que para deliberar válidamente se necesitaba la presencia de al menos 76.315 miembros. Sin embargo, en la reunión convocada para aprobar la fusión, solo asistieron 1.280 delegados, una cifra muy inferior al mínimo requerido.El magistrado Baquero explicó que “la decisión no puede ser avalada por esta corporación en tanto se incumplieron los estatutos del propio movimiento”. Esta postura fue registrada en la parte motiva de la ponencia, la cual será evaluada próximamente por el pleno del Consejo Nacional Electoral.En cuanto a la aprobación parcial de la fusión, el CNE estableció que esta estará sujeta a lo que se determine en los expedientes, así como en otros documentos relacionados que estén en trámite ante el organismo.La decisión final del CNE sobre esta ponencia en sala plena determinará si el Pacto Histórico avanza como una sola personería jurídica sin uno de sus principales movimientos fundadores. Mientras tanto, los sectores políticos involucrados analizan los pasos a seguir ante un escenario de redefinición interna.
El obispo de Tumaco, Franklin Misael Betancourt, reaccionó al anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de que no habrá más diálogos de paz y advirtió sobre las consecuencias que una nueva escalada de violencia podría generar en el Pacífico nariñense.Durante la marcha por la defensa de la paz realizada este sábado 8 de agosto en Tumaco, el prelado afirmó que la Iglesia ha respaldado los diálogos como mecanismo para buscar soluciones a los conflictos.“Pues, sinceramente, yo sentí un cierto escalofrío, ¿no? Porque, de todas formas, la Iglesia siempre ha promovido y ha estado del lado de los diálogos para la solución de los conflictos. La guerra trae más guerra, la guerra genera más violencia y el mejor camino es un diálogo, pero un diálogo sincero y transparente”, dijo en diálogo con Blu Radio.Betancourt hizo un llamado a los grupos armados para que reflexionen sobre las consecuencias de la violencia y tengan en cuenta a las víctimas del conflicto.“No podemos seguirnos matando, no podemos seguirnos enfrentando como colombianos, como hermanos, como seres humanos”, manifestó.El obispo también se refirió al presidente De La Espriella y aseguró que confía en que el mandatario tome decisiones que beneficien al país.“Lo felicito por ser el nuevo presidente de nuestro país y colocamos toda nuestra confianza en él. Le pedimos al Señor que lo ilumine para que tome las mejores decisiones en bien de nuestra patria colombiana”, afirmó.Sobre la situación en el Pacífico, Betancourt sostuvo que algunos procesos de diálogo han permitido una relativa calma en la región, aunque insistió en que cualquier acercamiento debe estar acompañado de sinceridad y compromisos.“Lo peor que le puede pasar al Pacífico es que se reactive la guerra, que se reactive la violencia, que se reactiven los desplazamientos y que nuestro pueblo vuelva a vivir en la intimidación”, advirtió.Frente a los cultivos ilícitos, el religioso reconoció su relación con la violencia y planteó la necesidad de buscar alternativas para los campesinos que dependen de estas actividades.“Pienso que hay que tomar alguna determinación política y mirar qué se hace con estos cultivos, sobre todo ayudar a los campesinos”, señaló.Finalmente, Betancourt pidió fortalecer la democracia y combatir la corrupción para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.“El tema de la corrupción es el que está llevando a nuestro país a tantas situaciones difíciles, en situaciones de vías, en situaciones de salud, en situaciones de educación”, concluyó.
El próximo Gobierno de Colombia recibirá una economía marcada por un elevado déficit fiscal, altos niveles de endeudamiento y un reducido margen de maniobra para ajustar el gasto público. Así lo advirtió Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, durante una entrevista en El Radar, en la que analizó los principales desafíos económicos que tendrá que enfrentar la administración de Abelardo De La Espriella.Para Meléndez, el problema fiscal no tiene una solución inmediata y exigirá decisiones que vayan más allá de un simple recorte presupuestal. “El nuevo Gobierno está recibiendo un problema grande que no es de fácil solución. Y que no va a poder arreglar de un día para otro”, señaló.Uno de los principales retos, explicó, será recuperar la confianza de los mercados mediante una política de mayor disciplina fiscal. El elevado endeudamiento obliga al Estado a financiarse a tasas altas, lo que aumenta la presión sobre las cuentas públicas.“El reto es volver a poner las finanzas públicas en una senda virtuosa, de manera que lleguemos a un nivel de deuda que sea sostenible y que la señal a los mercados sea de que hay una disciplina fiscal”, afirmó la economista.Sin embargo, Meléndez advirtió que el margen para reducir el gasto es limitado debido a las llamadas inflexibilidades presupuestales. Rubros como las pensiones y la salud tienen una dinámica de crecimiento que dificulta realizar recortes significativos sin modificaciones estructurales.Por eso, consideró que no sería realista esperar que el próximo Gobierno resuelva por completo el desequilibrio fiscal durante sus cuatro años de mandato. “No debemos esperar o exigirle a este Gobierno que en 4 años retorne totalmente al equilibrio ideal, porque no va a ser posible”, sostuvo. A su juicio, lo que sí debe exigirse es que la nueva administración envíe señales claras de orden y responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas.A este panorama se suman obligaciones que podrían aumentar las necesidades de gasto. La directora de Fedesarrollo mencionó las deudas pendientes con los sectores de salud y energía, así como el deterioro de la seguridad y posibles fallos judiciales contra la Nación relacionados con infraestructura de transporte.Más ingresos, una de las clavesAnte las dificultades para reducir sustancialmente el gasto, Meléndez planteó que el ajuste fiscal también tendrá que pasar por una estrategia para aumentar los ingresos del Estado. En ese sentido, señaló que Colombia deberá buscar mecanismos para impulsar el crecimiento económico, revisar la tributación y, en el mediano plazo, recuperar fuentes de ingresos asociadas a la explotación de petróleo y gas.También abrió la puerta a una nueva discusión sobre el impuesto al valor agregado (IVA), uno de los asuntos que previsiblemente generará mayor debate político y social.La economista explicó que no todas las exenciones actuales del IVA necesariamente benefician a los hogares de menores ingresos. Por ello, propuso revisar aquellas que favorecen a sectores con capacidad de pago y mantener mecanismos de compensación para evitar que una eventual ampliación del impuesto afecte a las familias más vulnerables.“Yo eliminaría las exenciones que claramente no están asociadas con las familias más pobres sin pensarlo dos veces”, afirmó.Según Meléndez, las exenciones tributarias representan un costo significativo para las finanzas públicas. En la entrevista señaló que las exenciones del IVA y de los impuestos de renta corporativa y personal suman más de ocho puntos del PIB, mientras que las correspondientes al IVA representan por sí solas cerca de seis puntos del PIB.La directora de Fedesarrollo insistió en que cualquier modificación al IVA tendría que diseñarse cuidadosamente y acompañarse de mecanismos de devolución para los hogares de menores ingresos. “Hay mecanismos a través de los cuales a esas mismas familias se les puede devolver el gasto adicional que hacen en IVA”, explicó.Su argumento parte de una visión integral del sistema tributario: no necesariamente cada impuesto debe ser progresivo por separado, sino que el conjunto de impuestos y gasto público debe contribuir a redistribuir ingresos.“Lo que nos importa es que todo el sistema de tributación y gasto como un todo sea progresivo”, afirmó.El debate que plantea Meléndez anticipa una de las discusiones económicas centrales del próximo Gobierno: cómo cerrar el déficit fiscal sin profundizar las dificultades sociales ni frenar la actividad económica. Para Fedesarrollo, la respuesta no estaría únicamente en recortar el gasto, sino en combinar una mayor disciplina presupuestal con nuevas fuentes de ingresos, crecimiento económico y una revisión de las exenciones tributarias.La tarea, según la economista, será compleja y requerirá decisiones graduales. Más que una solución inmediata, el próximo Gobierno tendrá que construir una ruta que permita recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas y, al mismo tiempo, preservar los recursos necesarios para atender las necesidades sociales y económicas del país.
El presidente de Acore, general en retiro Guillermo León, analizó en entrevista con El Radar de Blu Radio los principales desafíos que, según su diagnóstico, enfrenta el Gobierno de Abelardo De La Espriella en materia de seguridad, entre ellos el control territorial, el uso de drones por parte de grupos armados, el debilitamiento de la inteligencia y el estado de la flota helicoportada.León sostuvo que durante los últimos años se han profundizado fenómenos como la pérdida de control territorial, la gobernanza criminal y la sustitución de la autoridad estatal en algunas regiones.“Se ha presentado y generalizado en todo el territorio tres fenómenos plenamente identificados y que demuestran cómo la política de paz total de este Gobierno contribuyó también a que fenómenos que venían desde tiempo atrás se hayan exacerbado”, señaló el general en retiro.Drones y nuevas amenazas para la seguridadUno de los retos que mencionó el presidente de Acore es el uso de drones por parte de estructuras armadas ilegales. Según explicó, se trata de una tecnología de fácil acceso y bajo costo que puede ser utilizada para realizar ataques.León consideró que la respuesta no debe limitarse a adquirir equipos para neutralizar estos dispositivos, sino que debe incluir inteligencia para identificar las redes que permiten su utilización.“Detrás de la capacidad hay una estructura, hay una doctrina, hay una organización, hay un personal, hay un entrenamiento y hay unas redes que son las que hay que identificar con inteligencia”, precisó.Control territorial e inteligenciaSobre la recuperación del control territorial, el general planteó una estrategia integral que combine operaciones de la Fuerza Pública con la llegada de servicios y alternativas económicas del Estado a las comunidades.También insistió en la necesidad de fortalecer la inteligencia, especialmente la de carácter predictivo y el análisis de los fenómenos criminales en cada territorio.“Hay que recobrarlo rápidamente, impulsar el recobrar esas potencialidades, sobre todo en inteligencia predictiva y en análisis en los territorios”, mencionó León.Preocupación por la capacidad de movilidadEl estado de las aeronaves también fue uno de los puntos centrales de la entrevista con El Radar de Blu. León aseguró que el porcentaje de aeronaves disponibles para operaciones es inferior al que muestran las cifras generales de funcionamiento de la flota.“Estamos en un veintisiete, un veintiocho por ciento para apoyar las operaciones. Por eso es que no hay movilidad, por eso es que se nos dificulta llegar a tiempo”, advirtió.El presidente de Acore propuso revisar las asignaciones presupuestales, buscar ayuda internacional y recurrir a mecanismos de financiación específicos para recuperar las capacidades operativas de la Fuerza Pública.Escuche la entrevista completa acá:
Este sábado, 8 de agosto de 2026, Travesía Blu analizó los desafíos del suministro de agua en Santa Marta y la importancia de la planeación frente a la aventura improvisada. En este episodio se exploró la riqueza cafetera del Tolima, las historias ancestrales del Guainía y los paisajes llaneros de Casanare. Además, los oyentes descubrieron los secretos del rodaje de 100 años de soledad y la apuesta por la sostenibilidad en la hotelería bogotana.Se debatió sobre: ¿Qué es mejor, el viaje planeado o el improvisado? Se concluyó que, aunque la planeación garantiza seguridad en logística como vuelos y hoteles, la improvisación en el destino permite vivir experiencias más libres y generar recuerdos más auténticos.Tema central: Jorge Paulo Lastra, secretario de salud de Santa Marta, abordó la problemática del agua potable; se recomendó a los turistas no beber del grifo y usar agua embotellada incluso para cepillarse los dientes debido a los riesgos de infecciones.En ‘Recomendado’: Se invitó a la feria "Tolima Corazón Cafetero" en Chaparral y se destacaron los relatos de resiliencia de comunidades indígenas en Inírida y el romanticismo de la cultura llanera en Trinidad, Casanare.En ‘Cinema travel’: Luis Carlos Rueda destacó el estreno de la segunda parte de la serie "100 años de soledad" inspirada en la obra del Nobel Gabriel García Márquez, resaltando a Alvarado, Tolima, como la sede del mítico set de Macondo y un destino clave para el turismo cinematográfico.En ‘Ecosistemas Blu’: El Hotel Avani Royal Zona T presentó su modelo de sostenibilidad mediante el uso de amenities orgánicos hechos de bambú y almidón de yuca, buscando eliminar plásticos de un solo uso en las habitaciones.En ‘Paisaje sonoro’: Los oyentes viajaron a una playa en Aruba para sumergirse en un ritual de sanación con cuencos de cuarzo al amanecer, una experiencia de bienestar que combina la vibración sonora con el sonido del mar.Escuche el programa completo acá:
La carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) está entrando en una nueva etapa, su incorporación a robots humanoides. Para Samir Estefan, consultor en transformación digital y experto en tecnología, la disputa entre China y Estados Unidos ya no se limita al software, sino que también involucra la presencia física de sistemas de IA.“Hoy, en 2026, 90 % de los robots humanoides que hay funcionando en el mundo son chinos”, afirmó Estefan durante una entrevista en El Radar, de Blu Radio. El experto señaló a compañías como Agibot y Unitree como actores con una posición dominante en este mercado.Robots humanoides y seguridad nacionalEstefan explicó que la preocupación estadounidense está relacionada con el volumen de cámaras y sensores que pueden incorporar estos dispositivos, además de la posibilidad de que sean utilizados con fines distintos a los comerciales. En ese contexto, consideró que la discusión gira alrededor de la soberanía de la inteligencia artificial.“Estamos hablando de un tema de soberanía de inteligencia artificial en donde para la mayoría de nosotros la inteligencia artificial sigue siendo algo que tenemos en nuestro computador, pero el siguiente paso y el que estamos ya viendo es ese paso de darle una forma física a la inteligencia artificial”, sostuvo.Sobre el riesgo de que robots puedan ser utilizados por un gobierno extranjero, Estefan reconoció que existe esa posibilidad, aunque también advirtió que parte del argumento responde a una lógica de desconfianza entre potencias.Estados Unidos busca impulsar sus propios robotsEl experto consideró que las restricciones también pueden interpretarse como una estrategia para favorecer el desarrollo de fabricantes estadounidenses. Mencionó a Figure AI como una compañía que ya cuenta con financiación y capacidad para construir robots con usos comerciales.“Creo que es un poco de protección de comercio, protección de inteligencia artificial en el sentido de soberanía, y seguramente es la carrera más grande que veremos en el 2027”, señaló.Gobernanza de la inteligencia artificialEstefan también advirtió sobre los desafíos asociados con los agentes inteligentes, particularmente por su capacidad creciente para ejecutar acciones. Según explicó, estos sistemas no poseen una base filosófica y moral como la de los seres humanos.“Tenemos que empezar a legislar, tenemos que empezar a pensar”, afirmó, al referirse a la necesidad de avanzar en la gobernanza de la inteligencia artificial y en propuestas relacionadas con el desarrollo y uso de sistemas autónomos.Escuche la entrevista compelta acá: