Una preocupante radiografía del sistema penitenciario colombiano fue revelada durante un foro de seguridad ciudadana en la Universidad Externado de Colombia, donde el fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González, aseguró que hay detenidos que no solo no quieren recuperar su libertad, sino que además buscan permanecer en ciertas cárceles para continuar con sus actividades ilícitas.Según explicó el funcionario, las investigaciones por hechos delictivos contra funcionarios del Inpec permitieron identificar dinámicas internas que evidencian cómo algunos reclusos negocian entre ellos mismos el lugar donde quieren estar recluidos. “No lo decide el Inpec, lo están decidiendo ellos mismos”, advirtió, al señalar que estos movimientos responden a intereses económicos ilegales.El foco principal de esta disputa, de acuerdo con la Fiscalía, es la cárcel La Picota, señalada como epicentro de estructuras de extorsión que operan desde el interior.“Yo quiero La Picota porque ahí es donde más hago plata”, sería una de las frases que evidencian cómo algunos internos perciben este centro penitenciario como una oportunidad para delinquir con mayor rentabilidad.Pero no es el único caso. La cárcel de Cómbita, considerada de máxima seguridad, también figura entre las más apetecidas. Según el fiscal, allí los detenidos buscan fortalecerse económicamente, lo que sugiere que incluso los centros con mayores controles estarían siendo permeados por redes criminales internas.Rechazo por estas afirmacionesEstas revelaciones han generado controversia. Desde el sindicato del Inpec rechazaron las afirmaciones y exigieron pruebas concretas. Aseguran que la asignación de cupos en los centros penitenciarios responde estrictamente a la disponibilidad y a criterios institucionales, y que los internos no tienen injerencia en estas decisiones.Por ahora, ni el Inpec ni el Ministerio de Justicia han emitido un pronunciamiento oficial frente a estas denuncias.
El 15 de mayo del año pasado, en plena celebración del Día de las Madres, Efraín Sarmiento asesinó a su pareja en medio de una visita conyugal en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. El hombre pagaba una condena de 34 años de prisión por feminicidio, el mismo delito que realizó estando preso.Por ese tipo de casos es que el Ministerio de Justicia, el Instituto Penitenciario y Carcelaria y el Comité de la Cruz Roja Internacional trabajan para implementar un protocolo que prevenga este tipo de casos de violencia contra la mujer en todo el país. Como le sucedió a Andrea Rengifo, la mujer que asesinó a su propia pareja en Cómbita.En diálogo con Blu Radio el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, explicó que “lo estamos trabajando, pero la idea es regular las visitas íntimas para feminicidas, regular el uso de comunicaciones por los extorsionistas; así como están prohibidas las visitas a los violadores sexuales para la visita de niños, sería similar a eso”.Una de las iniciativas que se ha planteado dentro de ese protocolo es instalar un botón de pánico en los espacios de las visitas conyugales, para atender cualquier alerta que se presente durante esas diligencias. Así mismo, se ha planteado capacitar a los dragoneantes de todas las cárceles del país para que sepan atender cualquier situación de riesgo que se pueda presentar en medio de esas visitas.
En un operativo aéreo coordinado, Harrol Andrés Echeverry Orozco, capturado por el feminicidio de la menor Michel Dayana González en la ciudad de Cali, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad en el municipio de Cómbita, Boyacá.El traslado, que tuvo lugar hoy y fue llevado a cabo por el personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en colaboración con efectivos de la Policía Metropolitana de Tunja (METUN). Echeverry Orozco, acusado de ser responsable del lamentable feminicidio, llegó por vía aérea a las instalaciones carcelarias.En desarrollo...
A través de un comunicado, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, explicó el por qué se presentó una delicada crisis alimentaria que duró cerca de ocho días en la cárcel de alta seguridad de Cómbita, en Boyacá, y la cual fue alertada por el propio director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez.La Uspec detalló que el pasado 6 de diciembre la Unión Temporal Andino Colombiano inició labores para suministrar el servicio de alimentación a los presos en esa cárcel a cargo del Inpec y tan solo un día después el nuevo operador reportó fallas en las calderas que abastecen las ollas donde se prepara la comida, lo que generó que el 7 y 8 de diciembre se presentaran graves problemas frente a los horarios de los tiempos de la comida.A partir del 10 de diciembre se ha venido normalizando el suministro del servicio, después de que se arreglaran las calderas, pero el Uspec aclaró que en “ningún día se ha dejado de entregar alimentación a los privados de la libertad que pagan sus penas en este establecimiento”.Sin embargo, el área logística de la entidad requirió al operador Andino Colombiano para que den garantías del cumplimiento de las obligaciones contractuales que incluyen una óptima prestación del servicio y, además, se creó una mesa de trabajo en la cárcel para atender las novedad y avances que se llevan a cabo en el rancho de alta seguridad.En las últimas horas se desarrolló una mesa de trabajo entre el Operador UT Andino Colombiano, el Inpec, la USPEC y el Ministerio de Justicia, en aras de dar una solución urgente a las fallas presentadas en la prestación del servicio.Le puede interesar:
Desde Cartagena, el director general del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, alertó sobre una delicada crisis alimentaria que se viene presentando desde hace ocho días en la cárcel de alta y mediana seguridad de Cómbita, en Boyacá.El coronel Gutiérrez aseguró que los contratistas no están cumpliendo con la entrega de las raciones de alimentos en el tiempo ni el gramaje indicado, lo que termina poniendo en riesgo las condiciones de seguridad al interior del centro penitenciario.“Actualmente tenemos una crisis muy grande en Cómbita, teniendo en cuenta que llevan más o menos ocho días aguantando hambre. Hoy en día los operadores no están cumpliendo ni con el gramaje ni con los horarios, entonces lo que tenemos allá no es huelga de hambre, porque finalmente no tienen nada que comer, sin embargo, tenemos problemas muy grandes frente al control penitenciario, teniendo en cuenta que se quieren fugar”, sostuvo.El director del Inpec explicó que la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios no ha dado “respuestas contundentes” sobre las fallas de los contratistas, lo que agudiza la situación para los cerca de cinco 1.000 privados de la libertad que se encuentran en este centro penitenciario.“Hay una transición, entre noviembre y diciembre, de los consorcios que venían entregando la alimentación en los establecimientos de orden nacional. Parece que eso ha generado esos traumatismos que, finalmente, nos afecta a todos los servidores del Inpec y no a la Uspec, porque ellos contratan todo el tema logístico y demás, pero no conviven diariamente con las personas privadas de la libertad que están aguantando hambre, que sus familias presionan y que se presentan esas situaciones totalmente entendibles en términos dignificación de la privación de la libertad”, dijo.Entretanto, el coronel Gutiérrez señaló que esta situación ya fue informada a los órganos de control, pues, de trascender a otros establecimientos penitenciarios y otras zonas del país, se podría producir una gran crisis carcelaria.“La Uspec se tiene que comprometer para que alinee a sus consorcios y los consorcios cumplan con la alimentación. Ya se le informó a la Procuraduría, a la Contraloría, a todos, para que le pongan los ojos encima a esa contracción y sobre todo al cumplimiento de los contratos”, puntualizó.El director del Inpec visitó Cartagena para hacer el lanzamiento de la comunidad terapéutica de la cárcel de Ternera, un patio especial en el que privados de la libertad reciben asistencia sicosocial para superar la adicción a drogas. En Cartagena, 20 internos ya hacen parte de este programa, el primero en el Caribe colombiano, que se proyecta se ponga en marcha próximamente en otros centros carcelarios de la región.Le puede interesar:
El pasado domingo, 14 de mayo, Efraín Sarmiento, recluso de la cárcel de Cómbita, Boyacá, recibió la visita de su esposa y, allí, aprovechó para atacarla con un arma cortopunzante que derivó en su muerte. Fue él mismo quien les informó a los guardias que la había asesinado cuando estaban saliendo las personas de sus visitas; al llegar al lugar, las autoridades encontrar el cuerpo de la joven sin vida.La investigación de la Fiscalía General de la Nación indicó que la víctima habría estado amenazadas por este recluso, al parecer, por celos, pues, según la información recogida, la mujer tenía marcas en el cuerpo para evitar que ella interactuara con otros hombres y este le solicitaba que enviara fotos de los lugares que visitaba para poder controlarla.Efraín Sarmiento Cuero fue imputado por parte de la Fiscalía General de la Nación con el delito de feminicidio, cargo que fue aceptado por el mismo recluso. Cabe recordar que, este hombre, tiene dos condenas de 34 años de cárcel por a sesionar a otras dos mujeres: la primera el 3 de junio de 2022 en Pasto, Nariño; la segunda el 4 de abril de 2019 en Cali, capital del Valle del Cauca.Además, se adelanta una indagación con medida preventiva por el delito de acceso carnal violento. Este último hecho habría ocurrido en 2019.La familia de Merly Rengifo lamenta la muerte de esta mujer CómbitaLa familia de Merly Rengifo, la mujer asesinada por su pareja sentimental en el interior de la cárcel de Cómbita , en Boyacá, aún no logra comprender lo ocurrido con la mujer que salió de su hogar en Siloé para visitar a su pareja.Hoy, en medio del dolor, han decidido emprender acciones legales exigiendo justicia para la muerte de Merly, la cual debía estar bajo la vigilancia del Inpec."Nosotros vamos a demandar, él agredió a mi hermana con un arma blanca que no debería tener dentro de la cárcel ", aseguró Mayra Cuadros, hermana de la víctima.Le puede interesar: 'Las noticias más importantes de esta semana del FPC'
La familia de Merly Rengifo, la mujer asesinada por su pareja sentimental en el interior de la cárcel de Cómbita, en Boyacá, aún no logra comprender lo ocurrido con la mujer que salió de su hogar en Siloé para visitar a su pareja.Hoy, en medio del dolor, han decidido emprender acciones legales exigiendo justicia para la muerte de Merly, la cual debía estar bajo la vigilancia del Inpec."Nosotros vamos a demandar, él agredió a mi hermana con un arma blanca que no debería tener dentro de la cárcel", aseguró Mayra Cuadros, hermana de la víctima.Al parecer, Merly habría conocido a su agresor a través de las redes sociales, llegando a encontrarse en varias ocasiones.Su hermana recuerda que, en algún momento, el hombre tuvo comportamientos posesivos con la víctima."Él era posesivo con ella, la llamaba y ella debía darle detalles de con quien estaba. Yo le dije varias veces Merly usted lo conoció por redes y tiene una relación muy rara", relató Mayra.Según la familia de la víctima, el agresor habría mentido sobre su condena en el centro penitenciario, asegurando que solo estaba privado de la libertad por el delito de extorsión. Ahora, con dolor, iniciarán una batalle legal exigiendo que la muerte de Merly no quede impune.Le puede interesar:
En medio de las celebraciones por el Día de la Madre en Colombia, tres feminicidios sembraron una sombra de tristeza y conmoción en el país. Estos lamentables hechos tuvieron lugar en distintas regiones, específicamente en Bogotá, Cómbita (Boyacá) y Santa MartaFeminicidio en Unicentro, BogotáEn el concurrido centro comercial Unicentro de Bogotá, un hombre acabó con la vida de su pareja, disparándole en pleno espacio público. El agresor, identificado como Christian Camilo Rincón, también perdió la vida posteriormente en un centro asistencial, a consecuencia de las heridas autoinfligidas.Este feminicidio generó indignación, especialmente porque se conocía previamente la existencia de denuncias y una alerta temprana de la víctima, quien solicitaba protección ante las amenazas de su agresor.Feminicidio en Cómbita, una tragedia tras las rejasEn la cárcel de Cómbita, ubicada en el departamento de Boyacá, otro hombre condenado por feminicidio apuñaló a su pareja sentimental, quien estaba embaraza, durante una visita al centro penitenciario.El agresor, identificado como Efraín Sarmiento, protagonizó una riña con su compañera, lo que desencadenó el trágico desenlace. La mujer fue identificada como Merly Andrea Rengifo, de 33 años de edad, oriunda del Valle del Cauca, quien había llegado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá para visitar a Efraín SarmientoEl hombre, que la mató con arma blanca, paga una condena de 34 años y 8 meses por el delito de feminicidio. Hasta el momento, personal de Policía Judicial del INPEC, se encargó de realizar el procedimiento de captura y levantamiento del cadáver en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá.Feminicidio en Santa Marta, un final mortal en el hogarEl tercer caso ocurrió en Santa Marta, específicamente en la jurisdicción del sector de Gaira, al sur de la ciudad. La víctima fue identificada como Gloria del Carmen Rodríguez Retamozo, de 43 años de edad, quien perdió la vida a manos de su pareja sentimental, quien la atacó con un arma blanca.Según los informes, el hecho se desencadenó tras una fuerte discusión entre la pareja. El responsable de este asesinato responde al nombre de Julio César Rangel Fonseca, de 51 años, quien, tras cometer el crimen, huyó del lugar.La alcaldesa Virna Johnson ofreció una recompensa de hasta $15.000.000 a aquella persona que brinde información importante que conduzca a la captura del presunto asesino de Carmen Rodríguez.El balance de las autoridades y las declaraciones del general Carlos TrianaLas autoridades han ofrecido detalles sobre el panorama general de la violencia en el país. En una entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el general Carlos Triana, jefe (e) de servicios de la Policía Nacional, destacó que, si bien se ha logrado una reducción del 34% en homicidios en comparación con el año anterior, es necesario seguir trabajando para prevenir y erradicar la violencia de género.El general Triana subrayó el compromiso de la Policía Nacional en la sensibilización, la prevención y el llamado a la tolerancia y al respeto por la vida. Además, se mencionaron las campañas de desarme y las estrategias de coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad de los colombianos.Ante los cuestionamientos sobre la falta prevención por el hecho ocurrido en Cómbita, el general Triana aseguró que se están llevando a cabo investigaciones internas para determinar si hubo fallas en los protocolos de actuación.
En el Día de la Madre, Merly Andrea Rengifo, de 33 años de edad, oriunda del Valle del Cauca, había llegado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá para visitar a Efraín Sarmiento, quien paga una condena de 34 años y 8 meses por el delito de feminicidio.La jornada transcurría en normalidad en el patio de visitas conyugales en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, cuando, de repente, un recluso salió de su celda para informar al personal del INPEC que había asesinado a la mujer. De inmediato, ingresaron al lugar corroborando la confesión del hombre.Según versiones de las autoridades, el agresor la habría atacado con arma blanca.Hasta el momento, personal de Policía Judicial del INPEC, se encargó de realizar el procedimiento de captura y levantamiento del cadáver en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá.No se pierda: Las noticias más importantes de esta semana en el fútbol colombiano
Indignación por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, después de que este jueves, 27 de abril, en la cárcel La Picota, de Bogotá, se incautara un camión que pretendía ingresar todo tipo de elementos prohibidos a este centro penitenciario.Se trataba de un camión tipo furgón Luv que estaba completamente lleno con los siguientes elementos: más de 500 botellas de licor como whisky, tequila, aguardiente y ron; 150 latas de cerveza; 300 tarjetas sim; sogas; celular; marihuana y cocaína; electrodomésticos; cigarrillos, elementos de barbería, aseo y hasta grameras digitales.Fue gracias al incremento del control de seguridad impuesto por el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, que se logró detectar esta potente carga de mercancía en la cárcel de La Picota, en Bogotá. Los oficiales decomisaron los productos; mientras que al conductor se le inició un proceso judicial por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefaciente.Inpec sigue trabajando en contra de la corrupción en las cárcelesDesde que el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, impuso esta nueva normativa al interior de las cárceles ha sido víctima de tres amenazas. El objetivo de estas acciones es quitar la corrupción al interior de 128 centros penitenciarios en el país.Las amenazas en contra del director del Inpec La primera amenaza al coronel se registró cuando recibió un desayuno sorpresa que tenía camuflada una granada, que, al momento de abrirlo, varios asesores del director general notaron este elemento. Este paquete estaba firmado por un grupo delincuencial llamado 'Los Magos', que reclamaban estar cansado por sus ataques dentro de los centros penitenciarios.En este momento hay dos amenazas contra el director del Inpec que son motivo de investigación por parte de la Fiscalía. En diálogo con Blu Radio, el director del inpec, coronel Daniel Gutiérrez, reveló que el pasado miércoles, 19 de abril, recibió en WhatsApp una serie de imágenes en donde se veía una carta escrita a mano con manchas de sangre y un panfleto amenazante firmado por una organización que se hace llamar 'Los Cebolleros', de Ibagué. Esta es la tercera vez que el coronel recibe misivas intimidantes.Le puede interesar: '¿Vuelven las vallas a los estadios?'
Una ruptura repentina de una tubería de agua puede convertirse en una situación de alto riesgo para quienes transitan por el lugar. La presión del agua puede provocar una salida violenta del líquido, afectar la superficie y poner en peligro a conductores, motociclistas y peatones que se encuentren cerca.Eso fue lo que ocurrió en el suroeste de Venezuela, donde la fractura de un ducto del Acueducto Regional dejó al menos dos personas heridas. El momento de la emergencia quedó registrado en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales.Así ocurrió la ruptura del tubo en VenezuelaDe acuerdo con la información conocida, la tubería del Acueducto Regional del Táchira, de aproximadamente 40 pulgadas, sufrió una fractura mientras sobre la vía circulaban vehículos y personas.En las imágenes se observa que, segundos antes de la ruptura, varios carros pasaban en ambas direcciones justo por encima del lugar donde se encontraba el ducto. Al mismo tiempo, algunas personas caminan por los andenes, muy cerca del punto en el que posteriormente se produjo la emergencia.De un momento a otro, el tubo se rompió y provocó una fuerte explosión de agua que alcanzó más de 3 metros de altura. Un motociclista que avanzaba en dirección al sitio alcanzó a frenar antes de ser lanzado por el aire debido a la fuerza del agua. Luego abandonó la motocicleta y corrió en dirección contraria para alejarse del lugar.Asimismo, otro vehículo alcanzó a pasar por la zona. El conductor continuó algunos metros y finalmente frenó, aparentemente confundido por lo que acababa de ocurrir. Otras personas que caminaban cerca también salieron corriendo ante la explosión.La ruptura de la tubería dejó al menos dos heridos y también ocasionó daños en siete inmuebles y un vehículo. La fuerza del agua destrozó una parte de la vía por lo que escombros de pavimento también volaron por el aire.Autoridades locales y entidades responsables acudieron al lugar para atender la emergencia, hacer el drenaje de las aguas y comenzar las labores de excavación necesarias para sustituir el tramo de tubería afectado.
Starbucks ha confirmado oficialmente la clausura de aproximadamente 250 establecimientos en toda la región de Norteamérica. La decisión, detallada a través de una presentación regulatoria este jueves, forma parte de una política corporativa orientada a optimizar el rendimiento financiero de la marca. Según informaron fuentes de la compañía, estos cierres se llevarán a cabo en el transcurso de esta misma semana.El criterio principal detrás de esta medida es el rendimiento operativo, pues la cadena ha identificado locales que, bajo el análisis actual, presentan un desempeño inferior a las expectativas y carecen de una "ruta clara" hacia la rentabilidad a mediano plazo. Al eliminar estos activos, la dirección busca concentrar sus recursos y esfuerzos en aquellas sucursales con un mayor potencial de crecimiento y una trayectoria financiera sólida.El impacto de la gestión de Brian NiccolEsta nueva ola de cierres constituye un paso decisivo en el plan de transformación iniciado por el CEO de Starbucks, Brian Niccol. Desde su llegada, el directivo ha priorizado la eficiencia operativa y la mejora en la experiencia del cliente como ejes para revertir la tendencia actual de la empresa. La reducción del 1% de su inventario total de cafeterías en Norteamérica se interpreta como una señal de que la directiva está dispuesta a realizar ajustes estructurales profundos.El mercado ha observado con atención estos movimientos, ya que la cadena se enfrenta a un entorno altamente competitivo y a cambios significativos en los hábitos de consumo post-pandemia. A pesar de la relevancia del anuncio, la empresa se ha mantenido cautelosa respecto a los detalles específicos sobre la ubicación geográfica de los locales afectados o la proporción exacta de establecimientos que se encuentran bajo convenios sindicales.Antecedentes y contexto en el sector cafeteroLa medida anunciada hoy se produce apenas un año después de un ciclo de cierres masivos que ya había afectado significativamente la presencia física de la marca en el mercado norteamericano. En aquel entonces, Starbucks también argumentó que la decisión respondía a la necesidad de renovar su modelo de negocio ante la saturación de ciertos puntos de venta y los altos costos operativos.Este patrón de cierre de locales de bajo rendimiento se alinea con una tendencia observada en la industria de la restauración y el retail en Estados Unidos. La presión inflacionaria y el aumento en los costos de mano de obra han obligado a grandes cadenas a realizar auditorías exhaustivas sobre sus activos físicos. El objetivo final es alcanzar un equilibrio entre la presencia masiva y la viabilidad económica de cada unidad.Incertidumbre para empleados y clientesHasta el momento, Starbucks no ha facilitado una lista pública de los establecimientos que cesarán sus operaciones en los próximos días, lo que ha generado interrogantes sobre cómo se gestionará la reubicación del personal afectado por los cierres. Históricamente, en procesos de reestructuración a gran escala, las empresas suelen ofrecer alternativas de transferencia a otras sucursales cercanas, aunque la compañía aún no ha emitido un comunicado detallado sobre el protocolo de recursos humanos para este caso específico.Para los clientes habituales, la noticia supone un cambio en la accesibilidad de la marca, especialmente en mercados urbanos donde la densidad de locales ha sido un sello distintivo por décadas. Con este ajuste, la empresa espera no solo mejorar sus márgenes de beneficio, sino también consolidar una estructura más ágil y adaptada a las nuevas demandas operativas de la compañía bajo la dirección de Niccol.
El Concejo de Barranquilla aprobó en primer debate la iniciativa presentada por el alcalde Alejandro Char, para la creación del Mínimo Vital de Agua Potable y Saneamiento Básico en los estratos 1, 2, y el 3, siempre y cuando esté en condición de vulnerabilidad.El mandatario explicó que el proyecto busca aliviar la economía de más de 200.000 hogares a los que se les busca garantizar el acceso a una cantidad esencial de agua para atender necesidades básicas como hidratación, preparación de alimentos, higiene y salubridad.La medida contempla que el Distrito reconozca el valor correspondiente a los primeros 6 metros cúbicos mensuales de consumo.“Estoy muy feliz de que el Concejo de Barranquilla ya haya aprobado hoy, en primer debate, el Mínimo Vital de Agua para cerca de 700.000 personas en Barranquilla. Esto significa salud, significa vida”, comentó Char.De acuerdo con el anexo técnico financiero que acompaña el proyecto, la medida tendría una cobertura potencial inicial de 200.244 suscriptores residenciales de los estratos 1 y 2, de los cuales 186.474 cuentan también con el servicio de alcantarillado.Para 2027, el Distrito estima destinar $66.209 millones para la financiación del programa, recursos que estarán sujetos a las condiciones tarifarias, el consumo efectivamente reconocido, la verificación de los beneficiarios y las apropiaciones presupuestales de cada vigencia.El esfuerzo fiscal estimado se distribuiría en aproximadamente $36.624 millones para los usuarios del estrato 1 y $29.586 millones para los del estrato 2. Estos recursos no sustituirán los subsidios vigentes para ambos estratos, sino que se sumarán a ellos para cubrir exclusivamente el componente de consumo correspondiente a los 6 metros cúbicos reconocidos como mínimo vital.El mandatario explicó que este beneficio representa mucho más que un alivio en la factura de los servicios públicos, especialmente para las familias con menores ingresos. “Es agua para el abuelito que necesita estar limpio, para hidratar a los bebés, para limpiar los alimentos, para tener bien limpio lo que consumimos; o sea, para estar saludable”, explicó el mandatario de los barranquilleros, al señalar que el acceso al agua constituye una condición fundamental para la salud y el bienestar de las familias.
Tras cuestionamientos planteados por el gobernador Andrés Julián Rendón frente a las acciones de Cornare que darían viabilidad ambiental a obras estratégicas para la movilidad del Oriente de Antioquia, en las últimas horas la autoridad ambiental se pronunció frente al estado de cinco proyectos que avanzan en su jurisdicción.Según Cornare, en los últimos meses han ejecutado 13 mesas técnicas con la Gobernación y sus consultores para revisar estudios, resolver inquietudes y analizar los requerimientos de cada iniciativa. Esto, en medio de las recientes declaraciones del mandatario departamental donde solicitaba agilidad en los trámites."Nosotros somos respetuosos del ambiente, pero las decisiones hay que tomarlas oportunamente. La mejor forma de proteger los activos ambientales es dándole la cara. Si usted les da la espalda, pues, lo único que hace es dejar que se conviertan en rastrojos", afirmó el mandatario sobre las obras.Frente a la vía Aeropuerto - SIKA, en el municipio de Rionegro, que hace parte de la modificación de la licencia ambiental del Túnel de Oriente, desde Cornare destacaron que el trámite permanece suspendido por vacíos en la información entregada como la falta de diseños detallados, algunas inconsistencias en el balance de materiales y una caracterización insuficiente de cuerpos de agua en la zona.Por su parte, sobre la vía El Santuario - Providencia, la entidad indicó que en siete mesas técnicas sigue el estudio de su trazado, pues las tres alternativas propuestas hasta el momento “atraviesan áreas protegidas, fuentes hídricas, corredores ecológicos y otros elementos ambientales que requieren especial consideración”, dijo Cornare.En el caso de la vía El Carmen de Viboral - El Canadá, las dificultades se encuentran en la falta de diseños de detalle, soportes cartográficos y claridad sobre las intervenciones previstas, situaciones que identificaron tras una revisión al avance del proyecto en agosto.“La Corporación tiene la responsabilidad de administrar y proteger los recursos naturales y sustentar técnicamente sus decisiones, una misión que ha guiado su gestión durante 42 años. En ese marco, los trámites se atienden de manera oportuna y con el rigor necesario: cuando la información lo permite, los procesos avanzan y, cuando requiere complementarse, se solicitan los ajustes correspondientes, siempre bajo premisas de diálogo y socialización”.
La Corte Suprema de Justicia decidió no investigar de fondo al exministro Armando Benedetti por el caso de los presuntos recomendados en la DIAN y ordenó enviar el expediente completo a la Fiscalía General de la Nación. La decisión se debe a que el alto tribunal determinó que no tiene competencia para procesarlo por estos hechos.La Sala Especial de Instrucción estableció que Benedetti fue senador de la República hasta el 19 de julio de 2022. Sin embargo, las presuntas gestiones o interferencias que son objeto de análisis habrían ocurrido durante 2024, cuando ya no tenía la condición de congresista.Esto significa que para la época de los hechos Benedetti no contaba con el fuero congresional, es decir, la protección constitucional que establece que determinados congresistas sean investigados y juzgados por la Corte Suprema. Tampoco encontró la Sala una relación directa entre esos hechos y las funciones legislativas que Benedetti ejerció hasta 2022.Por esa razón, la Corte se abstuvo de pronunciarse sobre la responsabilidad de Benedetti y remitió toda la actuación a la justicia ordinaria. Ahora será la Fiscalía General de la Nación la encargada de evaluar el material recopilado y determinar si existe fundamento para iniciar una investigación formal.El expediente se originó en los informes y declaraciones del exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien elaboró una matriz interna denominada “puesta en conocimiento de presuntos hechos”. El documento funcionaba como una herramienta de gestión de riesgos y allí fueron registrados nombres de políticos relacionados con presuntas recomendaciones para nombramientos, ascensos y traslados dentro de la entidad.En el caso de Benedetti, su nombre apareció en ese listado entre las personas que habrían formulado recomendaciones relacionadas con direcciones seccionales de la DIAN, específicamente en las áreas de aduanas e impuestos en Barranquilla. Además, durante una declaración juramentada ante la Corte, Luis Carlos Reyes confirmó que recordaba el nombre de Benedetti asociado a ese tipo de solicitudes.La situación de Benedetti es diferente a la de más de 30 congresistas y excongresistas vinculados a la misma causa, quienes sí permanecían bajo la competencia de la Corte Suprema. Frente a ese grupo, la Sala Especial de Instrucción decidió archivar definitivamente la actuación al concluir que no había elementos suficientes para establecer el delito de tráfico de influencias de servidor público.La Corte explicó que recomendar a una persona para un cargo o postular una hoja de vida no constituye por sí solo ese delito. Por el momento, en el caso de Benedetti, será la Fiscalía la que determine si los elementos existentes permiten avanzar en una investigación.
