Son varios los temas alrededor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, desde la bienestarina hasta el Ministerio de la Igualdad, pasando por una inmensa nómina de contratistas y el compromiso del Gobierno Nacional de acabar con la corrupción y la desnutrición.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, la recién posesionada directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, entregó detalles sobre los retos en la cabeza del instituto, luego del cuestionado paso de Concha Baracaldo.Cáceres es licenciada en Educación Infantil de la Universidad Cooperativa de Colombia, tiene un magíster en educación y desarrollo comunitario de la Universidad Surcolombiana y una maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia.Destacó que “lo que recibimos fue un ICBF lleno de historia más allá de esos cuatro meses, con mucha esperanza de los funcionarios y alcance de los territorios”.Sobre el Ministerio de la Igualdad, la directora del ICBF señaló que “cada mandato no va solo a una institución, sino que hay una misionalidad de articulación. La apuesta del Ministerio de la Igualdad es articular a todo el Gobierno alrededor de la brecha social que tenemos con los pueblos”.En ese sentido, explicó que la entidad seguirá perteneciendo al área de inclusión social, “no se trata de moverlas sino de articularlas (las instituciones). No quiere decir que el instituto pasará para allá”. Insistió que no tienen ninguna directriz para hacer traslados a ningún ministerio.La realidad del país es que los niños, a través de los años han sido blanco de la victimización, maltrato y violación de derechos humanos, por factores como la guerra y en general el comportamiento de la sociedad.La directora del ICBF señaló que entre sus objetivos más importantes hay rutas con el fin de potencializar esa primera infancia, “hay un escalamiento progresivo de la universalización de la primera infancia en varios municipios. Lo que estamos haciendo es dejar de fragmentar en pequeños programitas”.A propósito de la polémica por la posición del presidente Gustavo Petros sobre la bienestarina, la nueva directora del instituto fue clara en decir que “el hambre no se cura con la bienestarina, es uno de los productos”. Y explicó que los insumos con lo que se produce este alimento contiene varios elementos importados, lo que hace que los costos sean altos debido a que se depende de mercados internacionales.“Lo que se busca es tener productos alternos y plantas locales para tener productos complementarios, que nos ayuden en el tema de nutrición”, expresó.Astrid Eliana Cáceres, además se refirió a la estrategia con el fin de parar la desnutrición, el maltrato y a la violación de derechos de los niños en Colombia.Escuche aquí la entrevista:
Astrid Cáceres, la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y quien fue asignada por el presidente Gustavo Petro en reemplazo de Concepción Baracaldo luego de su renuncia, se refirió a la polémica que en su momento causó las declaraciones del jefe de Estado sobre la conocida Bienestarina.Según comentó Cáceres, en diálogo con Mañanas Blu, la Bienestarina se seguirá distribuyendo, pero habrá una transición para que sea reemplazada por otros productos, que serán colombianos, de mayor valor nutricional, creando otras alternativas alimentarias para los niños y niñas del país.“Vamos a agregar investigaciones a seis nuevos productos alimentarios en los que podríamos desarrollar otros productos que permitan acompañar ese proceso y, además, tengan características también locales, que podamos tener insumos locales para esa producción”, explicó.En ese sentido, aclaró que la Bienestarina “no se puede quitar de un momento a otro”, por lo que empezarán un proceso para “producir alimentos con alto valor nutricional y se tengan opciones” aparte de la que existe actualmente.Justamente, mencionó que el problema no es en sí el producto, sino considerarlo como la única alternativa para la alimentación y nutrición de los hogares, como se ha hecho durante los últimos años, según recalcó Cáceres.“Es uno de los componentes que el país ha usado como única estrategia, el problema es haberse concentrado en que entregar Bienestarina compensaba todo lo que implica la alimentación en el país y esa no es la salida”, señaló la nueva directora del ICBF.Sus funciones como cabeza del ICBFSobre su nuevo cargo, del que aún no toma posesión oficialmente, dijo que tiene unas “tareas muy concretas”, las cuales quedaron planteadas en el Plan de Desarrollo Nacional que presentó el Gobierno nacional.Así, aseveró que uno de los enfoques, ahora, es “entender la lógica territorial” que involucra el sistema integral de niños y niños, su protección y bienestar.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu:
Astrid Cáceres, quien se desempeñaba como subdirectora del ICBF, asume el liderazgo de una entidad que hace parte de un sector en el que ha trabajado toda su vida, por lo que cuenta con amplia experiencia.La nueva directora es licenciada en Educación Infantil de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en Educación y Desarrollo Comunitario de la Universidad Surcolombiana, así como hizo una maestría en Estudios Políticos en la Universidad Nacional de Colombia.También ha desempeñado diversos cargos en el sector público y privado, entre ellos el puesto de subdirectora de Calidad para la Primera Infancia del Ministerio de Educación, y consultora de Unicef, entre otros.Desde hace varias semanas, Cáceres lideraba la comisión del Gobierno nacional que atiende la situación de las niñas y niños indígenas pertenecientes a los pueblos nukak y jiw en el departamento del Guaviare.El mes pasado, las autoridades denunciaron que entre los recientes casos de abusos sexuales contra menores de edad en el departamento del Guaviare hay 69 cometidos contra niñas de comunidades Jiw y Nukak, dos pueblos indígenas declarados en vías de extinción.A principios de este año se comenzó a destapar varios casos de militares, que durante los últimos cinco años han cometido violaciones y abusos sexuales contra menores de varias comunidades indígenas de esta zona.A raíz de esta situación, por la que se ha cuestionado a instituciones como la Fiscalía por no hacer nada o desconocerla, el ICBF ha revelado que tiene registrados 587 casos de denuncias entre 2018 y 2020 en este departamento del sur del país.Además de Baracaldo, Petro ha recibido también otras renuncias de cargos gubernamentales, como los de varias viceministras, pero aún no había habido ninguna renuncia de un funcionario que encabezara un ministerio o entidad gubernamental.Le puede interesar:Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?
La Procuraduría General de la Nación le pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) un detallado informe sobre el estado actual de la producción y entrega de raciones alimentarias y alimentos de alto valor nutricional, es decir, de la bienestarina para niños, niñas y adolescentes que se benefician con este alimento en el país.Este requerimiento lo hace el Ministerio Público dentro del marco de la vigilancia preventiva, dada la actual situación de desnutrición en el país. El ICBF también deberá remitir los estudios previos vigentes y, además, entregar una copia del contrato que se encuentra en ejecución para la producción y distribución de la bienestarina para el mejoramiento del estado nutricional no solo de los menores, sino de las mujeres embarazadas y lactantes.Lo que busca la Procuraduría es que el ICBF rinda un informe sobre la producción de los alimentos contemplados y si existen estudios efectuados que indaguen sobre el impacto de la bienestarina en el mejoramiento del estado nutricional de la población que se beneficia de este alimento, además de verificar si están dentro de los lineamientos técnicos expedidos por el ICBF para los programas de primera infancia, protección y nutrición.¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la bienestarina?El presidente Gustavo Petro insiste en que no ha prohibido la bienestarina, pero que su intención es que la producción de alimentos para la niñez sea nacional y que no se base en la entrega de ese suplemento. A través de un hilo en Twitter se refirió a los planes del Gobierno nacional en cuanto a la atención de la primera infancia.“Nos acostumbramos a que los niños y niñas pobres se atendían en una piecita cedida por una madre comunitaria del barrio pobre a la que no se le pagaba y a cambio se entregaba la bienestarina. No señores así no se trata la niñez de Colombia”, advirtió el presidente Petro.Le puede interesar:
Desde Jericó, Antioquia, donde participó del denominado Diálogo Regional Vinculante, el presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó lo que está ocurriendo en departamentos como el Guaviare con los abusos a menores de comunidades indígenas, en especial la Nukak.“Se trata de una acción sistemática, de violación y abusos sexual de niños y niñas, muchos indígenas, que por comida o como por doparse para no sentir hambre, intercambian favores sexuales con una población indudablemente degradada”, señaló Petro.El mandatario lamentó además que esto esté pasando desde hace varios años y, pese a las denuncias, no se ha tomado medida alguna.“No es una actividad clandestina hecha contra la misma familia, sino que se han alcanzado niveles de complicidad de la misma comunidad que no ve otro camino que prostituir a sus propios niños para obtener comida y eso se llama un etnocidio”, insistió Petro.Estas declaraciones llegan luego de la orden emitida por él mismo para que la directora del ICBF, Concepción Baracaldo, se trasladara hasta San José del Guaviare a conocer de primera mano las razones de las demoras en la atención de estas denuncias y sanción a responsables. Le puede interesar: Lo que fue noticia esta semana en Colombia y el mundo
En medio de las graves denuncias sobre el presunto abuso sexual del que habrían sido víctimas varios menores por parte de soldados nacionales e internacionales en Guaviare, la directora del ICBF, Concepción Baracaldo, confirmó en sus redes sociales que llegó al departamento para atender las investigaciones de primera mano.“Viajo a San José del Guaviare para sumarme a la comisión especial de la dignidad y protección integral para la niñez indígena del #Guaviare, y verificar personalmente la situación real de niños-as y adolescentes en el departamento”, dijo Baracaldo en su Twitter.La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también anunció que esta visita a Guaviare por orden del presidente Petro contará con la presencia del Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, la Consejería de Regiones y el Ministerio de Defensa.La idea de esta visita de la comisión del Gobierno es “revisar urgente las denuncias por presunta violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el Guaviare”, precisó Baracaldo.Cabe recordar que por este tipo de hechos por lo menos ocho militares deberán responder por la presunta violación a una menor indígena de la comunidad Nukak Makú, el caso se habría presentado en la vereda de Charras de San José del Guaviare en 2019.De hecho, la Defensoría del Pueblo informó esta semana que un equipo de la entidad llegó hasta Guaviare para constatar las denuncias y recolectar información que se pueda reportar al Estado colombiano.Le puede interesar:
Se trata de la Asociación Creemos en Ti que venía prestando servicios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en las regiones de Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá. Este operador fue denunciado penalmente por la directora de instituto, Concepción Baracaldo, ante la Fiscalía. Esto por cuenta de las presuntas irregularidades en la prestación de servicios.“Ante las denuncias por presuntas irregularidades en el uso de los recursos de la niñez, he solicitado a la Fiscalía iniciar las respectivas acciones penales a la Asociación Creemos en Ti y, de encontrarse responsable, la reparación integral por los daños causados”, indicó Baracaldo.Según el ICBF, este operador habría dado mal manejo a los recursos de la entidad, apalancamiento monetario, es decir, endeudarse para poder invertir y prestar el servicio, traslados no permitidos, así como dar cargos y honorarios que no fueron aprobados por el instituto.La decisión se da luego de una investigación que se llevaba a cabo dentro de la entidad y que probó que se estaban llevando a cabo estos manejos inadecuados y unas presuntas irregularidades en la prestación del servicio a los menores.“Estás prácticas indebidas serán identificadas y sancionadas con vehemencia mientras esté en cabeza del ICBF”, dijo la directora de la entidad.Le puede interesar:
En medio de las críticas que desde diferentes sectores de la oposición y del Gobierno han manifestado contra la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concepción Baracaldo, la funcionaria había sido convocada a una sesión de control político en la Comisión Primera de la Cámara, evento al que no asistió.Baracaldo debía responder por cuenta de las dificultades que estaban enfrentando los centros de atención de menores en condición de discapacidad, a cargo del ICBF. No obstante, al comenzar la sesión la secretaria de la Comisión leyó una excusa en la que delegaba su participación al subdirector general de la entidad, Juan Carlos Urrutia.“Lamentable que no esté la directora del ICBF, lamentable. Tengo muchos reparos frente a la gestión que se está desarrollando en el país. Tenemos muchas dudas, muchas incertidumbres y muchos reparos. Nosotros defendemos el temas de madres comunitarias, defendemos a señoras que han criado niños de manera solidaria y muchas de estas señoras no pueden mantener un contrato que hoy esta señora mando media ración en diciembre, no una ración completa para los niños y no tendrán ración alimentaria para vacaciones; y lamentable que ella no esté aquí”, sostuvo Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.Ocampo señaló que este tipo de actuaciones no pueden ocurrir en el Gobierno del cambio y que si la funcionaria no aparece a las citaciones de los congresistas, tendrán que acudir a la Procuraduría.
Siguen las críticas a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Concepción Baracaldo, luego de que el presidente Gustavo Petro considerara como el primer fracaso de su mandato la muerte de 20 niños por desnutrición en el departamento de La Guajira.Al llamado del senador Gustavo Bolívar de que Baracaldo asuma correctivos en su gestión o se haga un lado, la representante a la Cámara de Representantes por la Alianza Verde Katherine Miranda radicó en las últimas horas una proposición de citación a debate de control político en la plenaria de la corporación.La funcionaria deberá responder no solamente por la muerte de los menores, sino también por los señalamientos de una pésima gestión en materia de planeación y ejecución presupuestal de los programas de atención a la niñez, falta de vigilancia y control de los casos de corrupción que rodean a la entidad, y los nombramientos dudosos de funcionarios no idóneos que podrían poner en peligro la protección de los niños, niñas y adolescentes del país.“El Icbf requiere una persona competente para su dirección y no vamos a permitir que se siga poniendo en riesgo la integridad y la vida de los niños y niñas del país”, señaló Miranda.Puede ver:
Blu Radio conoció que el presidente de la República, Gustavo Petro, ya escogió el nombre de Concepción Baracaldo como nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La posesión será este martes en la Casa de Nariño, pues han pasado más de 35 días del gobierno y el cargo estaba sin definirse.El nombre de Baracaldo no ha estado libre de polémica, especialmente por su falta de experiencia en temas de niñez. La hoja de vida de la nueva directora señala que es doctora en economía de la Universidad Complutense de Madrid (España) y que es consultora en ordenamiento territorial, finanzas y planeación.Además, fue secretaria de Planeación del municipio de Chía, entre otros cargos que ha ejercido, pero no figura mayor trabajo en temas relacionados con el nuevo cargo que asumirá en el gobierno nacional.Incluso desde sectores muy cercanos al jefe de Estados se han hecho señalamientos a esta designación. Ángela María Robledo, quien fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en 2018, hizo sus propios señalamientos en las redes sociales."Indignante que el presidente Gustavo Petro comprometido con los derechos de niños y niñas y adolescentes cuando fue Alcalde de Bogotá vaya a nombrar a una persona como Concepción Baracaldo que no tiene ninguna experiencia", indicó Robledo en su cuenta de Twitter."El Presidente Petro desea que niñas y niños sean felices en Colombia. Por ello los niños merecen que no sea nombrada en la Dirección del ICBF, la Sra Concepción Baracaldo: carece de experiencia y hoy está envuelta en serios escándalos”, señaló la excongresista Robledo.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo funcionará la ‘aplanadora’ de Petro en el Congreso. La adhesión de los partidos tradicionales ¿a cambio de qué?:
La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) rechazó, por medio de un comunicado oficial, el asesinato del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar. El crimen ocurrió en la zona rural de dicho municipio mientras la víctima se movilizaba en una motocicleta hacia el casco urbano en compañía de otra persona.“Este crimen enluta al municipalismo colombiano y constituye una afrenta contra quienes han dedicado su vida al servicio público y al bienestar de sus comunidades. La violencia no puede seguir arrebatando la vida de los líderes que trabajan por sus territorios”, aseguró la institución.Ante este hecho, Fedemunicipios hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad las investigaciones necesarias, esclarezcan lo ocurrido y capturen a los responsables, evitando así que este crimen quede en la impunidad.Asimismo, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, lamentó lo sucedido en sus redes sociales y envió un mensaje de condolencias a los familiares de la víctima. La mandataria convocó a un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación el domingo 17 de mayo a las 8:00 a.m., espacio en el que se espera contar con la presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al igual que de altos mandos del Ejército y la Policía Nacional.La Gobernadora del Meta aseguró que se ofrecerá una recompensa de hasta $50 millones por información efectiva que permita capturar a los responsables de este acto de violencia.
Autoridades en Medellín y la subregión metropolitana continúan en la ofensiva contra delitos sexuales que afectan especialmente a menores de edad y en donde los victimarios por lo general son personas de su círculo familiar o cercano con capacidad de autoridad.Investigaciones desarrolladas durante meses con métodos como entrevistas, análisis de información y recolección de elementos materiales probatorios, han permitido la expedición de órdenes de captura por parte de jueces de la República contra los señalados responsables de estos delitos que en lo corrido de 2026 ya suman 85 en toda la subregión metropolitana.Los más recientes fueron cuatro hombres en los municipios de Itagüí, Bello y Copacabana que deberán responder por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales agravados con menor de 14 años.El primer procedimiento se desarrolló en el barrio Santa María de Itagüí, donde fue capturado un hombre de 55 años, con anotaciones por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, señalado de abusar sexualmente de su hija de 8 años. Según la investigación, el hoy capturado aprovechaba los momentos en que quedaba al cuidado de la menor para realizarle tocamientos de índole sexual.En la misma localidad, cayó un docente de español de 62 años de edad, quien según las autoridades habría tenido conductas sexuales y tocamientos indebidos contra una estudiante de 9 años. "Este docente de Lengua Castellana le daba besos en la boca y en otras partes del cuerpo al interior de la institución educativa, y los hechos se registraron en la vigencia 2025", dijo el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana.El tercer caso ocurrió en el municipio de Copacabana donde un hombre de 37 años aprovechaba que la madre de su hijastra de 12 años de edad salía a trabajar para realizarle tocamientos indebidos y capturar fotografías de la menor sin su consentimiento. La misma edad tiene la menor víctima en el cuarto caso, en el municipio de Bello, donde el presunto agresor sexual sería su hermano, de 22 años.Mientras que los cuatro capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad por parte de jueces de control de garantías, las menores de edad fueron puestas bajo atención de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.
Un joven identificado como David Ospina Jerez, de 23 años, fue asesinado en hechos que son materia de investigación en zona rural del departamento de Santander, cuando, al parecer, prestaba un servicio de transporte a través de una plataforma digital con destino a San Vicente de Chucurí.De acuerdo con la información conocida, el joven habría sido abordado por varias personas dentro del vehículo en el que se movilizaba, en un hecho que estaría relacionado con un hurto. En el automotor viajaban cinco ocupantes al momento de los acontecimientos.Su padre, Rogelio Jerez, relató que la última comunicación con su hijo se produjo en horas de la mañana del día del hecho. “Hablé con él a las 11 de la mañana. Me dijo que estaba trabajando. Luego volví a llamarlo y ya no contestó. Desde la noche del martes estaba desaparecido”, señaló.El joven, quien se ganaba la vida como conductor en una plataforma digital, fue encontrado posteriormente por la comunidad en el municipio de Lebrija, donde intentaron auxiliarlo y lo trasladaron a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no sobrevivió a la gravedad de las heridas.De manera extraoficial se conoció que el vehículo en el que se movilizaba habría sido hallado en el sector de Puerto Boyacá, información que aún no ha sido confirmada por las autoridades.Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bucaramanga no ha entregado información oficial ni detalles sobre los responsables del hecho, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.Familiares indicaron que David era oriundo del departamento del Cesar y que su padre, residente en Curumaní, le había insistido en varias ocasiones que se trasladara a vivir con él.
Esta semana, la región Caribe registró una temperatura promedio de 38 grados Celsius en medio de la ola de calor que golpea al norte del país y en la que poblaciones sufrieron sensaciones térmicas superiores a los 40 grados. El impacto ha sido tan grande que este promedio no se presentaba desde mediados del año 1998.Así fue confirmado a Blu Radio por la jefa de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del Ideam, Jennifer Dorado, quien además indicó que ciudades como Valledupar, en Cesar; Santa Marta, en Magdalena; y San Andrés Islas tuvieron temperaturas de cuatro grados superiores a las que normalmente registran. Es decir, de 34 grados pasaron a los 38.“Hemos superado los promedios mensuales históricos, especialmente en Valledupar. Allí tuvimos cinco días consecutivos de aumentos. En Riohacha también, así como Santa Marta y San Andrés. Recordemos que para este mes batimos el récord de 1998”, expresó Dorado en entrevista.Barranquilla no se quedó atrás, pues tuvo un aumento de 3,3 grados por encima del registro histórico, el cual se mantenía entre los 32 y 33 grados Celsius antes del mes de mayo. De hecho, este sábado inició con temperaturas de 28 grados y una sensación térmica de 31, valores que seguramente irán creciendo con el pasar de las horas.La expectativa es que para este fin de semana comiencen a bajar las temperaturas; sin embargo, la comunidad debe mantenerse alerta ante las recomendaciones de las autoridades competentes. Tampoco se descartan lluvias en diferentes sectores de la región Caribe, según aclaró el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.En Colombia hay 106 municipios que siguen bajo alerta por incendios forestales ante la presente ola de calor. Específicamente, en la región Caribe encontramos poblaciones como Galapa, Puerto Colombia, Tubará, Barranquilla y Soledad, en Atlántico; Dibulla, Manaure, Riohacha y Uribia, en La Guajira; sumado a Sitionuevo, en Magdalena.
Una ambulancia que aparentemente prestaba servicio médico terminó siendo utilizada como fachada por redes del narcotráfico para transportar droga y evadir los controles de las autoridades en las carreteras del sur del país.El operativo se llevó a cabo en la vía Putumayo–Pitalito, a la altura de la vereda El Cedro, corregimiento de Bruselas, donde tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, adscrito a la Novena Brigada del Ejército Nacional, interceptaron el vehículo de misión médica.“En desarrollo de operaciones militares, la Novena Brigada, a través del Batallón de Infantería Magdalena, logró la captura de unos sujetos que se movilizaban en una ambulancia. Al inspeccionar el vehículo y notar modificaciones en su estructura, los soldados verificaron y encontraron 207 kilos de clorhidrato de cocaína”, indicó el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Durante la inspección, los soldados detectaron varias irregularidades en la estructura del automotor y hallaron caletas ocultas en la parte superior de la ambulancia, específicamente en el área de la sirena, además de otras adecuaciones internas utilizadas para esconder el estupefaciente.En total, fueron encontrados 128 paquetes que contenían 207 kilos de clorhidrato de cocaína. El cargamento, proveniente del Putumayo y con destino al interior del país, tendría un valor cercano a los 630 millones de pesos.“La cocaína provenía del Putumayo y tenía como destino el interior del país. De igual manera, esta incautación representa 414.000 dosis menos en las calles”, señaló el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada del Ejército Nacional.En el procedimiento fueron capturados en flagrancia dos hombres que se movilizaban en la ambulancia. Los detenidos, junto con la droga incautada y el vehículo, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar el respectivo proceso judicial.