El Despacho 17 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó en segunda instancia al abogado Diego Cadena, defensor del expresidente Álvaro Uribe, a 8 años y 8 meses de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal dentro del proceso relacionado con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez.La decisión implica revocar parcialmente la sentencia emitida en primera instancia por el Juzgado Tercero de Conocimiento, que había condenado a Cadena a 7 años de prisión domiciliaria al hallarlo responsable únicamente del delito de soborno en actuación penal. Tras revisar el expediente, el tribunal amplió la responsabilidad penal al considerar que también se configuró el delito de fraude procesal.Según la tesis de la Fiscalía General de la Nación, sostenida desde el inicio de la investigación, Cadena habría ofrecido beneficios jurídicos y apoyo económico a Juan Guillermo Monsalve con el propósito de que modificara su versión sobre presuntos vínculos del expresidente Uribe con estructuras paramilitares. Para el ente acusador, estas gestiones no se realizaron dentro de los canales legales, sino con el objetivo de lograr una retractación que favoreciera al exmandatario y alterara el curso de la actuación judicial.De acuerdo con la acusación, las reuniones y comunicaciones sostenidas entre Cadena y Monsalve, sumadas a las promesas que se habrían realizado, constituían un acto de soborno en el marco de una actuación penal. La Fiscalía sostuvo que estas acciones buscaban incidir en el testimonio del exparamilitar y, por ende, en la verdad procesal dentro del expediente.En la sentencia de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá cuestionó los argumentos presentados por la defensa y respaldó la hipótesis del ente acusador.“Nada de eso es compatible con la hipótesis de la defensa; al contrario, tales episodios dejan al descubierto inequívocamente que la retractación de Juan Guillermo Monsalve Pineda fue obra de Diego Javier Cadena Ramírez, entre otros”, señala el fallo.La providencia también advierte que la retractación de Monsalve implicaba una modificación de la verdad procesal. En ese sentido, el tribunal afirmó que “al margen de que beneficios por colaboración se le hayan conseguido a Juan Guillermo Monsalve Pineda, su retractación llevaba consigo la alteración de la verdad”.Los magistrados también destacaron las actuaciones que, según el expediente, habría realizado el abogado para obtener dicha retractación. En el fallo se indica que “Diego Javier Cadena Ramírez hizo ingentes esfuerzos en pos de la retractación. Le ofreció gratuitamente sus servicios como abogado a Juan Guillermo Monsalve Pineda y le advirtió que debía escribir la carta con el acompañamiento de Enrique Pardo, quien se la dictó”.Tras examinar el material probatorio, el tribunal no solo confirmó la responsabilidad penal de Cadena por el soborno a Monsalve, sino que además revocó la absolución que había sido dictada en primera instancia frente a las dádivas ofrecidas a Carlos Enrique Vélez. En consecuencia, concluyó que en ambos casos Diego Cadena y su socio Juan José Salazar actuaron con dolo al intentar obtener retractaciones de testigos.Con la nueva decisión judicial, Diego Cadena fue condenado a 8 años y 8 meses de prisión domiciliaria, pena que deberá cumplir una vez la sentencia quede en firme. Por su parte, Juan José Salazar fue condenado a 7 años y 10 meses de prisión dentro del mismo proceso.Este caso se conecta con el proceso judicial que también involucró al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En ese expediente, el exmandatario Uribe fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, pero posteriormente fue absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.Actualmente, tras la presentación de recursos de casación por parte de la Fiscalía y de las víctimas del proceso, será la Corte Suprema de Justicia la que deberá decidir si admite el estudio de estas decisiones y revisa de fondo lo resuelto por el tribunal en el marco de este caso.
El Tribunal Superior de Antioquia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al abogado Diego Cadena por posibles delitos contra la administración de justicia, al considerar que su intervención habría incidido en las declaraciones del testigo Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias 'Zeus', dentro del proceso que culminó con la condena del hermano del expresidente Uribe.Según el fallo condenatorio contra Santiago Uribe, el comportamiento del abogado debe ser examinado penalmente debido a presuntas inconsistencias, asesorías cuestionadas y actuaciones que pudieron eventualmente influir en la versión suministrada por Rodríguez Agudelo, quien posteriormente falleció.Incluso en el documento de 307 páginas es claro que es de suma necesidad examinar más a fondo el rol del abogado Cadena, dado que alias 'Zeus', quien mencionó episodios clave sobre la existencia y operación del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles y la presunta participación de Santiago Uribe, habría estado presuntamente acompañado o asesorado jurídicamente de manera irregular.“Se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue los posibles delitos en contra de la administración de justicia en que hubiere podido incurrir el abogado Diego Javier Cadena Ramírez de acuerdo con lo considerado en relación con el testigo Juan Carlos Rodríguez Agudelo […] El juez ordenó investigación penal por falso testimonio en contra de Rodríguez Agudelo, que ya falleció, pero no lo hizo en relación de quien le asesoró para llevar la información a la actuación judicial”, se lee en el documento.El Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución que había recibido Santiago Uribe Vélez en primera instancia y lo condenara a 28 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.Según la sentencia, el tribunal encontró suficientes elementos probatorios para revertir la decisión del Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, rompió el silencio tras la decisión que tomó en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá de absolverlo por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.Con tono pausado, pero firme, agradeció a Dios, a su familia y a su equipo de abogados por acompañarlo durante más de seis años de uno de los procesos más mediáticos en la historia reciente del país.Uribe destacó la labor de su defensa, encabezada por el penalista Jaime Granados, el abogado Jaime Lombana, y sus equipos jurídicos, con nombres como Guillermo Uribe, Juan Felipe Amaya, Frankie Guevara, Víctor Mosquera y Alejandro Sánchez. El exmandatario también reconoció a quienes lo apoyaron en la preparación de su defensa, como Carolina Escamilla, Julia Correa e Isabel Mejía.Además, expresó su solidaridad con Diego Cadena, su exabogado investigado por soborno a testigos, y con el excongresista Álvaro Hernán Prada, ambos involucrados en el mismo caso. "Hago votos para que personas que resultaron involucradas en este proceso como el doctor Diego Cadena y el magistrado Álvaro Hernán Prada rápidamente puedan superar sus dificultades".Con un tono más emotivo, Álvaro Uribe Vélez pidió disculpas a la justicia y a la Procuraduría General de la Nación por el tiempo invertido en el proceso, insistiendo en que, “a lo largo de su vida pública siempre ha dicho la verdad a los colombianos”.Además, el exmandatario cerró su pequeña intervención desde su hogar en el Oriente antioqueño con algunas peticiones.“Pido a la Providencia energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia. Pido a la Providencia que me dé toda la nobleza para luchar por este gran pueblo del que me siento muy orgulloso en pertenecer, el gran pueblo colombiano".Así, tras años de audiencias, acusaciones y controversias, Álvaro Uribe Vélez deja abierta la pregunta sobre su futuro en la vida pública, tema frente al cual no se quiso referir.
El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, revocando la condena de 12 años de prisión domiciliaria que había sido dictada por la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.La decisión del alto tribunal también extiende la absolución a los episodios relacionados con los testigos Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés Velasco, alias “Diana”, y contiene un duro reproche a la jueza de primera instancia por errores en la valoración de las pruebas y por haber incurrido en interpretaciones consideradas “falaces y metodológicamente defectuosas”.Duro pronunciamiento del magistrado MerchánDurante la lectura de la sentencia, el magistrado Manuel Antonio Merchán, en nombre de la Sala Penal del Tribunal, afirmó que la decisión de primera instancia carecía de rigor probatorio y presentaba falacias interpretativas.El fallo añadió que “la sentencia incurrió en error al asumir que el interés del acusado en obtener pruebas lícitas equivalía a dolo determinador, interpretando falazmente recomendaciones de decir siempre la verdad como encargo ilícito sin evidencia”.Asimismo, Merchán precisó que “las conversaciones interceptadas reflejan ausencia de instrucciones para inducir falsedad y quienes tuvieron contacto con Uribe niegan fines ilícitos”, aclarando además que la llamada del 26 de marzo fue tergiversada, pues Uribe “pregunta si Monsalve fue presionado por Cepeda, no afirma tal hecho, y la expresión ‘eso ayuda mucho’ se refiere a aclarar la situación, no a inducir mentira”.Revocatoria de la condena y absoluciónTras revisar las pruebas y la valoración efectuada en primera instancia, el Tribunal concluyó que no se acreditó responsabilidad más allá de toda duda razonable, motivo por el cual revocó la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez.“La sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos, falacias interpretativas y valoración sesgada de pruebas al construir inferencias sobre subordinación funcional y dolo sin respaldo objetivo”, dijo el magistrado Merchán al leer la parte resolutiva del fallo.El Tribunal señaló además que las inferencias sobre una supuesta subordinación funcional entre el expresidente y el abogado Diego Cadena carecen de fundamento, y que la actuación de Uribe se enmarcó en la búsqueda de pruebas lícitas, no en la inducción a testigos para faltar a la verdad.Contexto: la condena de agosto y los casos vinculadosEn agosto pasado, la jueza Sandra Heredia había condenado al expresidente a 12 años de prisión, una multa superior a 3.400 millones de pesos y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de ocho años, tras hallarlo culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal.El fallo de primera instancia se basaba en los testimonios de Juan Guillermo Monsalve Pineda, exparamilitar recluido en la cárcel La Picota, quien aseguró haber recibido ofrecimientos de parte del abogado Diego Cadena, presuntamente por instrucción de Uribe, para retractarse de sus declaraciones que lo vinculaban con el bloque Metro de las AUC.Sin embargo, el Tribunal Superior determinó que no existían pruebas directas que acreditaran coacción, ofrecimientos ilícitos o instrucciones dolosas por parte del expresidente, y que las grabaciones y declaraciones analizadas no sustentaban la hipótesis de manipulación del testigo.
Tras la reciente decisión judicial que condenó al abogado Diego Cadena a 7 años de prisión en primera instancia, su defensa, liderada por el doctor Iván Cancino, ha manifestado que ha iniciado el proceso de apelación. En diálogo con Mañanas Blu, Cancino ofreció detalles cruciales sobre la situación legal de su cliente, el estado de su libertad y las notables diferencias con el caso del expresidente Álvaro Uribe, asegurando que la estrategia apunta a la absolución total.La condena de 84 meses (7 años) impuesta al Cadena fue por un solo delito, mientras que fue absuelto de otros tres. Este contexto judicial fue abordado por Cancino, quien, además, reveló el singular sentido del humor que su cliente mantiene a pesar de la gravedad del proceso.Una de las aclaraciones más importantes brindadas por el abogado Cancino, fue respecto al estado de libertad de Diego Cadena. A diferencia de otros casos mediáticos, el juez de primera instancia no impuso restricción a su libertad ni ordenó su captura.El doctor Cancino explicó que la defensa había solicitado tres puntos clave al juez: que la pena fuera la mínima posible (7 años), que no se hiciera efectiva ninguna captura hasta que se decidiera la apelación, y que fuera una detención domiciliaria, si se ratificaba la sentencia. Todos estos puntos fueron aceptados por el juez.Actualmente, Diego Cadena se encuentra fuera del país. "Estuvo en Colombia y salió por unos temas profesionales a Europa," indicó Cancino. Sin embargo, el abogado es enfático en el compromiso de su cliente de acatar cualquier decisión final de la justicia.Cancino insistió en su convicción de lograr la absolución, pero fue claro respecto a lo que sucedería si la condena se ratificara en instancias superiores: "No creo que tenga que pagar condena alguna. Yo creo que lo vamos a absolver, pero tiene el compromiso conmigo porque sería una situación no entendible, que ya le faltaría poco tiempo y, además, sería en domiciliaria no cumplirla en Colombia. Estoy absolutamente seguro que lo hará".El caso de Diego Cadena seguirá su curso ante el tribunal, con la defensa buscando una absolución total y con la certeza de que, mientras no haya fallo en firme, el abogado Cadena seguirá gozando de su libertad.Escuche aquí la entevista:
Este martes, 30 de septiembre, el juzgado tercero de conocimiento de Bogotá condenó a Diego Cadena, abogado del expresidente Uribe, a 7 años de prisión domiciliaria por el delito de soborno en actuación penal por el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.Asimismo, Cadena fue absuelto por los hechos relacionados con el soborno en el episodio de Carlos Enrique Vélez alias 'Víctor'.Vale recordar que el pasado 15 de agosto la justicia halló culpable a Cadena del delito de soborno en actuación penal, por haber ejercido presiones para que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve se retractara de los señalamientos que había hecho contra el expresidente Álvaro Uribe.De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, Cadena habría ofrecido beneficios jurídicos y apoyo económico a Monsalve para que cambiara su versión y favoreciera los intereses de Uribe en el proceso. Según la acusación, estas gestiones no se hicieron de manera legal, sino con el objetivo de alterar el testimonio y, en consecuencia, la verdad procesal.La Fiscalía sostuvo que las reuniones y comunicaciones entre Cadena y Monsalve, sumadas a los pagos y promesas, configuraban un claro acto de soborno en el marco de una actuación penal.“Condenar a Diego Javier Cadena Ramírez, como coautor penalmente responsable del delito de soborno en la actuación penal, por los hechos que constan en la acusación relacionados con Juan Guillermo Monsalve Pineda, e imponer la pena principal de 84 meses de prisión y multa equivalente a 375 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, señaló el juez durante la audiencia.Apelarán la condenaEstá condena es en primera instancia, y ya la defensa de Diego Cadena encabezada por Iván Cancino mediante su cuenta de 'X' anunció que apelará esta decisión que tomó la justicia en este caso.
El juez encargado del caso contra Enrique Pardo Hasche y Samuel Arturo Sánchez, acusados por fraude procesal y soborno a testigos, negó la solicitud de la defensa de las víctimas de realizar un descubrimiento de material probatorio en la audiencia preparatoria. La acción fue solicitada por el abogado Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, en este proceso ligado al expediente en el que también aparecen el expresidente Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena.Según el juez, la representación de las víctimas debía realizar la solicitud de descubrimiento de pruebas a través de la Fiscalía, el ente acusador, que ya superó la etapa de revelación de pruebas en la audiencia de acusación.Sin embargo, el abogado Villalba apeló afirmando que este proceso no pudo realizarse previamente, pues no estaban reconocidos como víctimas, lo que impidió que ejercieran sus derechos de descubrimiento de pruebas en esa etapa. La apelación ahora será resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá, que definirá si la representación de víctimas podrá presentar su material probatorio en la etapa preparatoria.En este caso, según la Fiscalía, el abogado Sánchez, en 2017, habría actuado en complicidad con el abogado Diego Cadena para mantener firme al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias 'Víctor', en su decisión de cambiar su versión ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo, de acuerdo con la investigación, era afectar el proceso contra el senador Iván Cepeda y beneficiar al expresidente Uribe.En la acusación se expuso que el abogado Sánchez incluso habría redactado, junto a alias Víctor, una carta que fue entregada a Cadena. En ella se hablaba de supuestos actos ilegales atribuidos a Cepeda, con el fin de desacreditarlo ante el alto tribunal.Por su parte, Enrique Pardo Hasche es acusado de participar en las reuniones sostenidas en la cárcel La Picota en febrero de 2018, entre Cadena y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo clave en el proceso. Según el fiscal, Pardo habría presionado a Monsalve para que se retractara de sus señalamientos contra el exmandatario Uribe, llegando incluso a decirle que el expresidente era “casi como Dios”.El fiscal aseguró que los beneficios ofrecidos a Monsalve, y de los que supuestamente Pardo tenía conocimiento, incluían su eventual ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y mejoras en sus condiciones carcelarias.
El abogado Diego Cadena, quien representó al expresidente Álvaro Uribe, fue condenado por el delito de soborno en actuación penal, debido a las presiones ejercidas contra Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso que involucra al exmandatario por la supuesta manipulación de testigos. En la misma decisión, el juez absolvió a su socio, Juan José Salazar, al no encontrar pruebas que acreditaran su participación o responsabilidad en los hechos investigados.De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, Cadena habría ofrecido beneficios jurídicos y apoyo económico a Monsalve para que cambiara su versión y favoreciera los intereses de Uribe en el proceso. Según la acusación, estas gestiones no se hicieron de manera legal, sino con el objetivo de alterar el testimonio y, en consecuencia, la verdad procesal. La Fiscalía sostuvo que las reuniones y comunicaciones entre Cadena y Monsalve, sumadas a los pagos y promesas, configuraban un claro acto de soborno en el marco de una actuación penal.¿Qué pasará con Diego Cadena?El juez le permitirá a Diego Cadena seguir en libertad mientras se resuelve la segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá. La lectura completa de la sentencia quedó programada para el 30 de septiembre, cuando se conocerán en detalle los fundamentos jurídicos de la condena.
Uno de los políticos más poderosos del siglo en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, sostiene desde hace 13 años una batalla legal contra Iván Cepeda, el senador de izquierda que se propuso llevarlo ante los estrados judiciales por sus presuntos vínculos con paramilitares.El popular exmandatario de 73 años está a horas de conocer este lunes el veredicto de una jueza sobre un caso de manipulación de testigos que destapó Cepeda, su piedra en el zapato desde 2012.Estas son las fechas clave del proceso en el que Uribe, que defiende su inocencia, está imputado por soborno y fraude procesal:- 2012: Los debates -Cepeda lidera en el Congreso tensos debates en los que expone supuestos nexos de Álvaro Uribe y su hermano Santiago con la conformación de un grupo paramilitar. Su testigo estrella es Juan Guillermo Monsalve, un combatiente de esos escuadrones de ultraderecha que paga en Bogotá una condena de 44 años de cárcel por secuestro.Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, denuncia a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuestamente manipular a los testigos.- 2014: Popularidad vigente -Uribe, muy popular como presidente por debilitar militarmente a las guerrillas, es elegido con una votación histórica como congresista.- 2018: Bumerán y renuncia -La Corte Suprema de Justicia se abstiene de seguir investigando a Cepeda y por el contrario abre una pesquisa contra Uribe. Según las víctimas, Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente, se reúne con Monsalve en prisión para intentar que cambie su versión. El exparamilitar graba la conversación con una cámara instalada en un reloj.El 17 de junio Iván Duque, delfín de Uribe, gana el balotaje presidencial. A finales de julio el tribunal supremo, único con potestad para investigar a los congresistas, cita a indagatoria a Uribe, que renuncia a su curul en el Senado. En agosto, se retracta y pide que su dimisión no sea tenida en cuenta.La Corte Suprema de Justicia intercepta el teléfono de Uribe supuestamente por error, pues investigaba a otro congresista que registró como personal un número que en realidad era del exmandatario. Su defensa alega que esas conversaciones no pueden ser usadas como prueba.- 2019: La indagatoria - Como jefe del partido en el poder, Uribe asiste a la indagatoria, lo que lo convierte en el primer expresidente colombiano procesado penalmente. En ella confiesa, según revelaciones de la prensa, que está "muy preocupado y angustiado". Miles marchan en las calles a favor y en contra del expresidente.La revista Semana revela un audio en el que Cadena explica a Uribe una supuesta estrategia para lograr que testigos cambien su versión y lo desmarquen del paramilitarismo. El expresidente le responde: "proceda, doctor Diego". El jurista, de quien empieza a tomar distancia, también rinde interrogatorio ante la corte.- 2020 y 2021: Preso #1087985 -El 4 de agosto, Uribe anuncia que fue detenido y luego asegura que se siente "secuestrado". Con detención domiciliaria en una gigantesca hacienda ganadera en el departamento de Córdoba (noroeste), dice que fue reseñado como el preso #1087985 de Colombia.Ese mismo mes renuncia al Senado y el caso queda bajo jurisdicción de la Fiscalía, cercana al gobierno de Duque. El ente investigador pide su libertad y un juez se la concede en octubre.Cadena también es arrestado, pero recobra la libertad en 2021. Ese año el fiscal a cargo del caso pide archivar la investigación contra Uribe al determinar que no existen pruebas suficientes y sus actos "no tienen la característica de delito".- 2022 y 2023: La negativa -Gustavo Petro se convierte en 2022 en el primer presidente izquierdista de la historia de Colombia. En la misma semana de su investidura, Cadena vuelve a ser detenido cuando intentaba salir del país. Ese año y en 2023 la justicia niega tres pedidos de la Fiscalía para que se archive el caso.- 2024: El juicio -Uribe es llamado en abril a juicio y asegura que se trata de una "venganza política". El juicio arranca en mayo y la fiscalía lo acusa formalmente por los cargos de soborno, soborno a testigos y fraude procesal. En paralelo su hermano Santiago Uribe es absuelto en primera instancia por un tribunal ordinario por acusaciones de homicidio y vínculos con grupos paramilitares.- 2025: El fallo -La Fiscalía pide que sea condenado ante las pruebas "concluyentes" de su participación como "determinador de las conductas" por las que fue acusado. El 8 de julio la jueza termina de escuchar a más de 90 testigos y fija este lunes como la fecha para la lectura del fallo.
Mario Uribe Escobar, exsenador y primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, declaró este lunes en los juzgados de Paloquemao dentro del proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe. Uribe Escobar, quien cumplió una condena por el escándalo de la parapolítica, reconoció que fue él quien sirvió de enlace entre Cadena y el exmandatario.Durante su testimonio, el exsenador explicó que conoció al abogado en 2017, en un centro comercial al norte de Bogotá. Aseguró que no tenía referencia alguna de Cadena hasta ese día, cuando se lo presentó Hugo Ramírez. Según relató, tras ese primer encuentro, Cadena le manifestó que tenía información de sus clientes que “debía conocer el expresidente Uribe”.Uribe Escobar indicó que, al día siguiente, se comunicó con su primo para comentarle sobre el interés del abogado en hablar con él. Según dijo, Álvaro Uribe le respondió: “Tráigalo”. La reunión entre ambos, que se llevó a cabo en una finca del expresidente, habría durado alrededor de una hora. Mario Uribe afirmó que no estuvo presente en esa conversación, ya que durante ese tiempo estuvo dialogando en otro lugar de la propiedad con Lina Moreno, esposa del expresidente.Además, durante su declaración, Mario Uribe reveló que mantiene desde hace varios años una relación sentimental con María Eugenia Sierra, hermana de Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso Sierra'. También recordó que fue elegido como congresista en tres ocasiones, y que llegó a ocupar las presidencias de la Cámara de Representantes y del Senado.
Un total de 16 indígenas provenientes de Nuquí, Chocó, llegaron a Medellín, ocho de ellos menores de edad, luego de verse obligados a abandonar sus territorios por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en esta zona del departamento.Las familias arribaron al aeropuerto Olaya Herrera, donde fueron recibidas por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Según informó la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, se trata de cuatro grupos familiares afectados por la situación de orden público en esa zona.La Administración Distrital confirmó que estas personas ya rindieron declaración ante la Personería de Medellín y actualmente se encuentran en albergues de la ciudad, donde reciben acompañamiento y atención humanitaria. "Debido al conflicto armado en Nuquí, habían asesinado dos indígenas y secuestrado uno y la Alcaldía de Medellín les hace toda la atención en coordinación con la Personería de Medellín donde declaran que se les brinda toda la ayuda humanitaria de albergue de protección a a esta población que viene amenazada y desplazada", indicó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, en diálogo con BLU Radio.Este nuevo desplazamiento ocurre en medio de la grave situación humanitaria que enfrenta Nuquí. El pasado primero de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, quienes abandonaron sus territorios por temor a las disputas entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y el ELN.El organismo advirtió que la comunidad permanecía temporalmente en Jurubirá, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal. Además, señaló que cerca de 300 habitantes de Puerto Indio también estarían evaluando desplazarse por las condiciones de inseguridad.La Defensoría había advertido sobre el agravamiento del riesgo en la zona tras el asesinato de dos personas y el presunto secuestro de una tercera, hechos que precedieron la salida de las familias indígenas de sus territorios.
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará, como primer punto de su sesión extraordinaria del lunes 9 de noviembre, el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.La sesión será a partir de las 9:00 de la mañana, en la que abordará como primer punto la definición de qué autoridad debe continuar con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con estructuras paramilitares: si será la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El asunto corresponde al expediente CJU-7957. El magistrado ponente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tiene a su cargo estudiar el expediente y presentar a la Sala Plena una ponencia sobre cuál de las dos autoridades tiene la competencia para continuar con el proceso.La controversia se originó el 19 de agosto de 2026, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una proposición mediante la cual reclamó el expediente que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación.El argumento de la Comisión es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado en el tiempo hasta 2003, período durante el cual el expresidente Álvaro Uribe ejercía como jefe de Estado. Por esa razón, considera que los hechos estarían cobijados por el fuero presidencial y que, en consecuencia, la investigación debe ser asumida por el Congreso de la República.Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación rechaza esa pretensión y sostiene que debe conservar la competencia para adelantar el proceso, debido a que los hechos objeto de investigación habrían ocurrido cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.Hay que precisar que esta discusión no corresponde a una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente, sino a la definición de quién es competente para adelantar la investigación.El segundo asunto previsto en el orden del día de la sesión extraordinaria corresponde al expediente D-16118, cuya magistrada ponente es Natalia Ángel Cabo. Se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32, parcialmente, de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado Colombia, Potencia Mundial de la Vida, del Gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro.La disposición demandada modificó el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y está relacionada con, según la definición del Gobierno anterior, las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizados en la frontera agrícola.El debate constitucional se concentra en las facultades otorgadas al Gobierno nacional, particularmente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), para identificar y delimitar áreas de especial interés destinadas a garantizar la producción de alimentos y proteger el suelo rural.Dentro de estas figuras se encuentran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Reserva Campesina.La demanda cuestiona si estas disposiciones desconocen la autonomía territorial de los municipios y distritos, reconocida en los artículos 287 y 311 de la Constitución Política, al considerar que la intervención del Gobierno nacional podría limitar las competencias de las autoridades locales para definir y adoptar sus propios Planes de Ordenamiento Territorial (POT).Entre los argumentos expuestos por los demandantes y sectores gremiales, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), está la preocupación por una posible afectación de las competencias municipales en materia de ordenamiento del territorio y definición de los usos del suelo.
Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 8 de noviembre de 2026:Decoración navideña y tradiciones en el hogar: Los conductores Juan Manuel Ramírez y Tata Solarte conversaron sobre el armado del árbol de Navidad y anécdotas familiares de fin de año.Evento GovTech e innovación en el Estado: Se reseñó un encuentro organizado por emprendedores tecnológicos junto a alcaldes y expertos internacionales para abordar la modernización del gobierno digital.Experiencias personales de comercio electrónico: Los presentadores compartieron historias sobre sus hábitos cotidianos de compras en plataformas digitales locales e internacionales.Proyecto de Ley de Rescate Económico: El representante a la Cámara Julio César Triana analizó los recortes al gasto público y las discusiones sobre la reforma tributaria en el Congreso.Impuesto de IVA al comercio electrónico internacional: María Fernanda Quiñones (CCCE) detalló la propuesta de aplicar un 19% de IVA a paquetes menores a 200 dólares para equiparar condiciones con el comercio nacional.Normalización tributaria de criptoactivos: Alejandro Beltrán (Buda) explicó la iniciativa de aplicar un impuesto único del 5% a la tenencia de criptomonedas y los reportes de información ante la DIAN.
Dos hechos de orden público mantienen en alerta a las autoridades en el Nordeste de Antioquia. En la vereda Providencia de Anorí, tropas del Ejército adelantan la desactivación de cargas explosivas instaladas en dos mulas, mientras que en Segovia un subintendente de la Policía resultó herido durante un ataque armado y fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 39 años.En Anorí, la alerta se activó luego de que las autoridades detectaran que los animales transportaban explosivos. El Ejército interviene para neutralizar las cargas y evitar que sean detonadas. Este hecho sería responsabilidad del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.El otro hecho ocurrió en las últimas horas en el sector de Matuna, zona rural de Segovia. De acuerdo con el reporte de la Policía, unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros número 12 acudieron a atender un requerimiento ciudadano relacionado con un presunto secuestro y el hurto de un vehículo.Los uniformados, que estaban en un puesto de control sobre la vía de Interrapidísimo, se desplazaron hasta el sitio y fueron recibidos con disparos. En el hostigamiento resultó lesionado el subintendente Jonatan Alexander Castro Díaz, quien sufrió una afectación en el dedo pulgar de la mano izquierda y aturdimiento. Una vez controlada la situación, los policías encontraron el cuerpo sin vida de Lady Patricia Guerrero, de 39 años. La Policía informó que los actos urgentes quedaron a cargo de unidades de la Sijín de Antioquia.En el lugar fueron incautadas dos escopetas Mossberg, dos fusiles y una carabina. Según información de inteligencia de la Policía, en esta zona tienen presencia la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, y el frente 4 de las disidencias, grupos que mantienen una confrontación por el control territorial. El ataque en Segovia sería atribuido a este último grupo.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
