El reciente fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre las medidas antidumping aplicadas por Colombia a la papa frita congelada proveniente de la Unión Europea reactivó el debate sobre la protección a la industria nacional. Aunque la decisión dio parcialmente la razón a Colombia, el organismo ordenó revisar los cálculos de los aranceles, lo que podría reducir las barreras actuales a las importaciones.Según el Ministerio de Comercio, “Colombia procederá a adelantar una revisión del proceso para verificar ese cumplimiento y, de ser necesario, adelantar las acciones a que haya lugar”. Sin embargo, para los productores locales, el fallo llega en un momento crítico: los precios internos de la papa están en caída y los agricultores acumulan pérdidas considerables.“Los agricultores están perdiendo hasta 20 millones por hectárea”En entrevista con Mañanas Blu, el gerente de Fedepapa, Richard Sánchez, fue enfático en señalar la gravedad de la situación. “Hoy los agricultores estamos atravesando una problemática bien importante en temas de precios. Están perdiendo entre 15 y hasta 20 millones de pesos por hectárea”, afirmó.El dirigente explicó que la sobreoferta interna y la entrada de papa precocida congelada desde Europa y otros países han afectado directamente el mercado nacional. Desde 2018, Fedepapa lideró, junto con el Ministerio de Comercio, la aplicación de medidas antidumping contra empresas de Bélgica, Países Bajos y Alemania. No obstante, con el paso del tiempo esas medidas han perdido fuerza.“En 2018 las medidas cobijaban el 64 % de la papa precocida congelada que ingresaba al país, pero a cierre de 2024 solo impactaban el 1 %”, detalló Sánchez, señalando que el volumen importado alcanzó las 80 mil toneladas en ese año.Efectos en la industria y riesgo para el empleo ruralEl fallo de la OMC no elimina las medidas, pero obliga a Colombia a revisar la metodología usada para calcular los aranceles. Según Fedepapa, si estas tasas se reducen, el ingreso de papa congelada podría aumentar aún más, desplazando la producción local y afectando el empleo rural.“De cada kilo de papa precocida congelada importada, se dejan de comprar tres kilos de papa fresca colombiana”, advirtió Sánchez. Esto significa que la expansión del producto extranjero afecta tanto a los agricultores como a las empresas nacionales de transformación.Compañías como Congelagro, productora del reconocido Rapipapa, utilizan papa 100 % colombiana, pero enfrentan competencia desleal frente a multinacionales como McCain, que importan materia prima o producto terminado. “Congelagro cuida los intereses de la industria nacional y de los agricultores”, recalcó el gerente de Fedepapa, subrayando que el gremio trabaja para activar salvaguardas generales, que protejan a todo el sector, no solo frente a unas pocas empresas.¿Aumentarán los precios al consumidor?Uno de los temores que surge con este tipo de medidas es el posible incremento de los precios en los restaurantes y cadenas de comida rápida. No obstante, Sánchez descartó este escenario. “Hay demasiada oferta nacional y demasiados agricultores que producen papa para agroindustria como para que se llegue a incrementar el precio de las papas fritas que comemos con nuestras hamburguesas”, explicó.El dirigente aclaró que la prioridad no es encarecer el producto final, sino garantizar que el mercado sea justo y que las marcas internacionales consideren la compra de papa nacional. En este sentido, insistió en que las empresas del sector gastronómico podrían fortalecer el campo colombiano comprando a productores locales, sin sacrificar calidad. “Nuestra papa sabe diferente; tiene un sabor propio al que estamos acostumbrados los colombianos”, puntualizó.Un llamado a la defensa del campo colombianoFedepapa espera que la revisión ordenada por la OMC no signifique una apertura indiscriminada del mercado. Por el contrario, busca que el Gobierno reactive herramientas de defensa comercial más amplias. “La preocupación real no es que se bajen los aranceles actuales, sino que se activen salvaguardas para toda la papa congelada que se importa al país”, insistió Sánchez.La federación advierte que si no se toman medidas, la sobreoferta continuará afectando los ingresos de miles de familias campesinas dedicadas al cultivo de papa. El gremio confía en que el Estado priorice la producción nacional, protegiendo uno de los renglones más emblemáticos de la agricultura colombiana.Escuche la entrevista completa aquí:
Germán Palacio, presidente de Fedepapa, respondió a la pregunta que se hacen muchos colombianos de por qué está tan cara la papa, que se suma al incremento de precios de otros alimentos de la canasta familiar. Explicó que son varias las causas, incluyendo bloqueos en 2021, aumento en el precio de los insumos y la baja producción en Cundinamarca, Boyacá y Nariño, principales departamentos productores de papa.“En el segundo semestre de 2020, el precio de la papa estuvo supremamente bajo, no se recuperaba ni el 20 % de los costos de producción. En 2021, empezamos con mucho optimismo, pero los bloqueos y los cierres de vía en el sur del país, que es cuando sale la cosecha que surte la mesa de los colombianos, no se pudo sacar y se perdió gran parte de la cosecha”, comentó en Mañanas BLU.“Los altos costos de los insumos agropecuarios, por ejemplo, el precio del fertilizante se duplicó, han hecho poco viable la producción de papa, que en este 2022 ha sido baja (…) Normalmente, en el primer trimestre los precios son altos”, añadió Palacio.¿Bajará el precio de la papa en el país?“El precio de la papa empieza a bajar a partir de junio, que es cuando entra la cosecha de Cundinamarca y Boyacá. Los precios no suben más, están en su nivel máximo”, aseveró.A esto se suma que, según explicó, de 100.000 productores de papa, entre un 10 y 15 % se está pasando a otra actividad, como la ganadería, por lo que las cosechas se ven afectadas.“A los niveles que se está vendiendo la papa es muy difícil que los colombianos tengan los recursos para comprarla, por eso consideramos que se pueden desplazar a consumir yuca, plátano y pastas. Esos productos también están altos en precios”.Recalcó que a final de este año los precios volverán a “bajar y los perjudicados ahí serán los pequeños y medianos productores”.
Uno de los sectores más afectados en de medio de la crisis económica provocada por el coronavirus en el país es el agropecuario, pues pequeños productores de papa hacen un esfuerzo enorme por mantener vivo su mercado pese a las pocas ganancias que están generando.La semana pasada se conoció una carta que la Dignidad Agropecuaria de Colombia envió al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, para que los ayude a encontrar una salida a la crisis por los precios del producto.El cultivador de papa Fabián Gómez habló con BLU Radio y aseguró que, actualmente, el sector de los paperos en el país atraviesa por una crisis en la que los campesinos son los más afectados.Por su parte, el gerente general de Fedepapa, Germán Palacio afirmó que la situación es muy difícil en el país, tanto así que, en este momento se estarán pagando entre el 30% y el 40% de los precios de producción.Asimismo, agregó que las pérdidas mensuales de los productores de papa rondan en los 100 mil millones de pesos y alrededor de 360 mil personas que dependen de los cultivos se han visto afectadas por la crisis.Escuche la entrevista competa en el audio adjunto:
El presidente de Fedepapa, Germán Palacio, dio a conocer una decisión del Ministerio de Industria y Comercio que va a obligar a tres compañías europeas a rectificar el precio de sus importaciones de papas a la francesa. Estas compañías desde hace varios años estaban cobrando un precio mucho menor del que deberían, inclusive por debajo de los costos de producción, afectando a las compañías nacionales. Esta práctica se conoce como dumping y el Ministerio de Comercio detallará en los próximos días si cabe alguna otra sanción a las compañías. “Estamos celebrando la imposición de medidas antiduping frente a las importaciones de productos de países de la comunidad económica europea. Estas importaciones representan el 74% y vienen deteriorando a las empresas nacionales”, explicó el presidente del gremio. Lo que va a suceder es una corrección al valor de las importaciones para estos productos. Según Palacio, todas las empresas nacionales se vieron afectadas por esta situación. Hoy en Colombia se importan 52.000 toneladas de papa al año y eso causa un desplazamiento de la papa nacional”, argumenta. Sobre la reforma tributaria, Palacio dijo que es “desastrosa para consumidores y productores”. “Hay 350.000 familias que devengan su sustento directa o indirectamente de la papa. Hay 20 millones de jornales que se van a ver afectados y el deterioro en la demanda y el consumo está entre un 10 y 15%. No se puede amenazar la seguridad alimentaria. Hay que buscar otras alternativas”, expresó finalmente el economista.
En una operación desarrollada en el Nordeste antioqueño, la Séptima División del Ejército Nacional logró un nuevo golpe contra el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', luego de que dos delincuentes se sometieron a la justicia.El operativo se realizó en la vereda Los Trozos de Anorí y de acuerdo con la información de la Fuerza Pública, los dos hombres son conocidos dentro de la estructura con los alias de 'Peluca' y 'Toreto', este último estaría encargado de la preparación e instalación de artefactos explosivos.Durante el procedimiento, los dos presuntos delincuentes también entregaron dos artefactos explosivos, un radio de comunicaciones y material de propaganda alusivo al Frente 36, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades para los procedimientos correspondientes.Le puede interesar: Juez declara persona ausente a alias ‘Calarcá’ e inicia audiencia de imputación por varios delitosPara las Fuerzas Militares, la entrega de 'Toreto' representa una afectación significativa a las capacidades de las disidencias en Antioquia, debido al conocimiento que tendría sobre la fabricación, preparación e instalación de explosivos.Según el Ejército Nacional, la salida de la estructura del hombre contribuye a reducir los riesgos tanto para la población civil como para los uniformados que adelantan operaciones en el Nordeste antioqueño.
La defensa del empresario Rafael Antonio Matera Lajud rechazó los señalamientos realizados por el excomandante paramilitar Saúl Severini Caballero ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionados con un supuesto vínculo entre el empresario y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Severini Caballero, quien fue condenado a 30 años de prisión por homicidio y ahora llega a la JEP, ha entregado declaraciones ante esa jurisdicción en las que se refiere a presuntos vínculos de empresarios y otras personas con estructuras paramilitares.En el caso de Matera Lajud, quien fue socio y representante legal de Camagüey, los señalamientos están relacionados con el supuesto ingreso al frigorífico de ganado que, según Severini, habría sido robado por integrantes de las AUC a finqueros y hacendados de la Costa. De acuerdo con esa versión, los animales eran sacrificados y comercializados para obtener recursos destinados a financiar a los grupos paramilitares.Estas afirmaciones hacen parte de las declaraciones que Severini está entregando ante la JEP y que son rechazadas por la defensa de Matera Lajud.El abogado Rubén Darío Henao, representante del empresario, cuestionó los señalamientos y aseguró en entrevista con Blu Radio que su cliente fue víctima de las estructuras paramilitares y no integrante o colaborador de estas.“Rafael Matera siempre fue un hombre, un empresario agroindustrial que, en su vida, lo único que supo hacer fue trabajar, proporcionar empleo y estar apoyando a la fuerza pública”, afirmó Henao.El abogado también sostuvo que las acusaciones contra Matera Lajud se han presentado desde diferentes momentos y que posteriormente llegaron a declaraciones de antiguos comandantes de las AUC.“Los señalamientos empiezan con paramilitares rasos que buscaban extorsionar, y después esos señalamientos llegaron hasta el Mono Mancuso”, señaló Henao.Según el abogado, la Fiscalía 145 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Valledupar ”emitió el pasado 10 de junio una resolución inhibitoria a favor de Rafael Antonio Matera, por concierto para delinquir agravado, debido a que ya existen resoluciones de preclusión por los mismos hechos ante diferentes fiscalías de Valledupar”.La resolución destaca que “la sala encontró una posible vulneración al derecho y al principio del non bis in ídem (juzgado dos veces por un mismo hecho) que le asiste a Matera Lajud, con la existencia una investigación, pues, hubo otro proceso en su contra donde ya fueron investigados por la presunta financiación a las AUC, que terminó con la preclusión de ese expediente en 2020”.Henao también cuestionó el contenido de los nuevos señalamientos y aseguró que estos no establecen circunstancias concretas sobre una eventual financiación de las estructuras paramilitares por parte de su representado. “Los señalamientos no determinan ni el lugar ni el modo ni el tiempo en que se dice que Rafael Matera financió a los paramilitares”, sostuvo el abogado.Como parte de su defensa, Henao también hizo referencia a declaraciones entregadas por Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', antiguo jefe del Bloque Norte de las AUC, estructura a la que perteneció Severini. En una declaración rendida por Tovar Pupo a la oficina de Investigación y Defensa Judicial contratada por la defensa de Matera, el exjefe paramilitar afirmó conocer al empresario, aunque aclaró que no tenía una relación cercana con él.'Jorge 40' agregó que sabía que Matera era propietario de un matadero que compraba ganado en el norte del Cesar y explicó que este último habría sido víctima de extorsiones por parte de las AUC.Frente a la operación de Camagüey, Henao defendió los procedimientos que, según explicó, eran aplicados para el ingreso y recepción del ganado. “Llevaron los controles exigidos por las autoridades de Policía, las autoridades sanitarias y las mismas autoridades penales para el recibimiento de ganado, de reses de todo tipo en estos frigoríficos”, afirmó.La defensa anunció que continuará adelantando acciones para controvertir los señalamientos realizados contra Matera Lajud y buscar demostrar su versión sobre los hechos. “Demostrar una vez más la inocencia de Rafael y que fue una víctima de las autodefensas y nunca un auxiliar de ellas”, afirmó Henao al referirse a las actuaciones que prepara la defensa.
Los directivos de Cambio Radical se reunieron la noche de este jueves en Barranquilla para concretar la adhesión de esta colectividad como partido de gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.Se trató de una cena que se extendió por más de dos horas en un restaurante del norte de la ciudad, donde estuvieron el líder político Fuad Char, Enrique Vargas Lleras, el congresista Estefanel Gutiérrez y otros miembros de Cambio Radical.Previo a su ingreso a la reunión, Fuad Char adelantó a los medios que uno de los principales motivos del encuentro era justamente aprobar que Cambio Radical será partido de Gobierno.El otro tema, dijo Char, era acordar el nombre que propondrá el partido para convertirse en magistrado del Consejo Nacional Electoral: Gersel Pérez, quien estuvo en el Congreso en el periodo 2022-2026 como representante a la Cámara por el Atlántico. Durante su paso por el Congreso, Pérez promovió la Ley Palenque Municipio, que elevó a San Basilio de Palenque a la categoría de municipio especial y etnocultural, en el departamento de Bolívar.“Venimos a escoger el candidato nuestro al Consejo Nacional Electoral. Son dos temas (a desarrollar), este del Consejo Nacional Electoral y la declaración como partido de gobierno”, dijo el líder político, minutos antes de ingresar al encuentro.Fuad Char también se refirió al permiso otorgado a Gustavo Petro para salir del país por un año y explicó que Cambio Radical votó negativamente esta autorización por la cantidad de procesos que actualmente avanzan contra el expresidente en la Cámara de Representantes, aunque reconoció que deben ser las autoridades competentes las encargadas de determinar el rumbo de las investigaciones.
Lluvias de variada intensidad han bañado a gran parte del Caribe, sin apaciguar del todo las temperaturas de más de 40 grados que han azotado a la región y provocando más bien estragos en algunas poblaciones, pues los aguaceros han estado acompañados de fuertes vientos que han arrasado con varias estructuras.Sobre el territorio colombiano avanza la onda tropical número 37 de la actual temporada, con vientos entre los 36 km/h y 54 km/h, provocando vendavales en Atlántico, Magdalena y también tormentas eléctricas y fuertes brisas en Córdoba, Bolívar y La Guajira.Las afectaciones más severas están en el centro del Atlántico, en el corregimiento de Aguada de Pablo, jurisdicción del municipio de Sabanalarga, donde los vientos atemorizaron a la población.Le puede interesar: Guadalupe declara calamidad pública tras vendaval que dejó graves daños en viviendasLas brisas causaron daños en parcelas y pequeñas fincas de la zona rural y se estima que más de 100 viviendas quedaron sin techos en barrios como Villa Juana, la 15 y Campo. Los vientos tumbaron árboles que bloquearon algunas calles, por eso, la primera labor de los organismos de socorro fue levantar los troncos para rehabilitar las vías. Hoy la prioridad será cuantificar los daños y censar a los afectados para proceder a la entrega de ayudas, según informó el subsecretario de Gestión del Riesgo del Atlántico, Nelson Oquendo.La Gobernación del Atlántico recalcó a los habitantes en Aguada de Pablo que la Secretaría de Interior, a través de la dependencia de Prevención y Atención de Desastre, realizará una visita de reconocimiento en la zona para verificar las condiciones, consolidar el diagnóstico y coordinar el protocolo de atención a las familias afectadas.
El Consejo Constitucional de Francia censuró este viernes el principal artículo de la ley adoptada el mes pasado, pionera en Europa, para prohibir las redes sociales a los menores de 15 años por considerar que sus disposiciones suponen un ataque "desproporcionado" a la libertad de expresión.En su dictamen, el Consejo Constitucional también justifica la anulación de ese artículo cardinal de la ley porque estima que con él no se han previsto garantías legales suficientes para garantizar el derecho a la privacidad.Los magistrados reconocen que hay una exigencia constitucional para proteger "el interés superior del niño" y que eso permite, por tanto, limitar a los menores el acceso a las redes sociales, pero no de la forma en que se legisló.En su argumentación explican que el legislador puede establecer mecanismos para que cesen los abusos por el ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación cuando ponen en peligro el orden público y los derechos de las personas, como los menores.Pero ponen el acento en que esa libertad de expresión "es una condición de la democracia y una de las garantías del respeto de otros derechos y libertades".En el caso de la ley que el Parlamento adoptó de forma definitiva el pasado 21 de julio para impedir el acceso a los menores a las redes sociales, el Consejo Constitucional critica el carácter general de la prohibición.Porque eso tiene como consecuencia privarles de acceso a "numerosos servicios de comunicación en línea, sin considerar ni la situación del menor, ni los riesgos específicos de cada uno de esos servicios".Es decir, se les priva de acceso a servicios en línea para los que no se ha demostrado que presenten riesgos para la salud y la seguridad de los menores.Además, cuestiona que estén cubiertos por esa interdicción todos los menores de menos de 15 años, sin que se evalúe el riesgo para ellos en función "de su edad, de su grado de madurez y de su situación familiar", lo que significa que los padres o los que tengan la autoridad parental de esos niños o adolescentes no pueden decidir el levantamiento de la prohibición, limitar su alcance o autorizar el acceso a ciertas redes sociales.En una primera reacción al revés del Consejo Constitucional, el presidente francés, Emmanuel Macron, que fue el gran promotor de la ley, indicó que ha encargado a su primer ministro, Sébastien Lecornu, que trabaje en el plazo más breve en una nueva redacción "jurídicamente robusta" que tenga en cuenta el dictamen de la censura, así como "el marco europeo".En un comunicado, la Presidencia señaló que sobre la base de las conclusiones que presente Lecornu, Macron, el Ejecutivo y el Parlamento deberán determinar la forma para permitir de aquí al fin de su mandato, en mayo de 2027, "proteger a nuestros niños de las redes sociales".El Elíseo también hizo hincapié en que "la determinación del presidente de la República para sacar adelante esta reforma de aquí a la primavera de 2027 sigue siendo total".La ley ahora censurada instauraba la prohibición de acceso a los menores de 15 años a los servicios de redes sociales ofrecidos por plataformas digitales, con la exclusión de determinados portales, como las enciclopedias en línea (de tipo Wikipedia), así como de plataformas de desarrollo y distribución de software libre o los proyectos educativos de código abierto.No fijaba un sistema concreto de verificación de la edad, por lo que correspondía a las plataformas como Facebook o TikTok implantar mecanismos para comprobar la edad de los usuarios.