Durante la sesión del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), realizada este lunes en el Ministerio de Hacienda, se aprobaron recursos por $1 billón 234 mil millones para llevarle a La Mojana una solución integral que, según el Gobierno nacional, permitirá “recuperar las dinámicas hídricas de los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena que han afectado históricamente a la población y el ecosistema de la región”.El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y gerente (e) de Fondo Adaptación, Olmedo López, aseguró que este “será el proyecto más importante en materia de ordenamiento territorial alrededor del agua, que aliviará a más de 257.000 damnificados por el cambio climático, y le devolverá el espacio que se le ha quitado al agua”.De acuerdo con el Fondo Adaptación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Ambiente, el plan de intervención para La Mojana contempla el control y recuperación de las dinámicas hídricas, la protección de cascos urbanos y agua resiliente al cambio climático."Tal como lo ha dicho nuestro presidente Gustavo Petro, el ordenamiento del territorio en torno al agua, que protege la vida, requiere cambios significativos en la concepción del desarrollo económico y social", dijo López."Las transformaciones deben ser fundamentales y deben abordar la recuperación de cuencas, así como el diseño de estrategias adecuadas para hacer frente a inundaciones y sequías", agregó.Le puede interesar:
El contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, confirmó en rueda de prensa realizada en Bucaramanga que se halló un daño fiscal por $45.302 millones en la construcción del puente Hisgaura y obras de remodelación de la vía a Málaga, en Santander.Señaló que respeto de las garantías de los vinculados y el cumplimiento de las etapas procesales, avanzan dos procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General de la República por irregularidades en la construcción de estas dos obras en la provincia de García Rovira, en Santander."En el primer caso, que es el puente Hisgaura, hay deficiencias y daños en la construcción y se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $23.308 millones. La apertura de este proceso de responsabilidad fiscal se sustentó en un informe técnico de la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura sobre las presuntas irregularidades evidenciadas en la ejecución del contrato de obra 285 de 2013, suscrito por el Fondo Adaptación y la sociedad Sacyr Construcción S.A., por un valor de $107.663 millones, cuyo objeto fue construir puentes vehiculares para atender sitios críticos de la carretera Málaga-Los Curos, entre ellos el puente Hisgaura", manifestó el contralor.De otro lado, la Contraloría General de la Nación adelanta un proceso ordinario de responsabilidad fiscal por irregularidades en otras obras de la vía Málaga-Los Curos."En este caso el presunto daño fiscal es por $21.994 millones. Se trata presuntas irregularidades evidenciadas en la ejecución del contrato número 239 de 2013 cuyo objeto es la construcción de las obras para la atención de los sitios críticos en el tramo comprendido entre la carretera Málaga-Los Curos en el departamento de Santander, suscrito entre el Fondo Adaptación y la sociedad Gisaico S.A., por un valor de $28.653 millones", aseveró el contralor Rodríguez.La apertura de este proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en una indagación preliminar adelantada por la Gerencia Departamental de la Contraloría General en Santander.Le puede interesar:
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargo contra el asesor del Fondo Adaptación Orlando Santiago Cely, quien estuvo en esa entidad entre 2012 y 2017 y contra los exgerentes Carmen Elena Arévalo Correa e Iván Fernando Mustafá Durán por posibles irregularidades en la construcción y diseño de la obra del puente Hisgaura, ubicado la vía Curos-Málaga en Santander.Según el ente de control disciplinario, en el caso de Orlando Santiago Cely suscribió los estudios previos a nivel fase III, omitiendo incluir aspectos de carácter técnico generando sobrecostos en el rediseño por valor cercano a los $273 millones.“Se produjo un retraso considerable, pues la entrega estaba proyectada para el 12 de noviembre de 2016 y finalmente fue entregado hasta el 23 de enero de 2020 por parte del Fondo Adaptación al Invías”, indicó la Procuraduría en un comunicado.En el caso de la exgerente del Fondo Adaptación, Carmen Elena Arévalo, la funcionaria no habría velado porque los estudios previos, incorporados al contrato 285 del 27 de diciembre de 2013 y su anexo económico, no presentaran deficiencias técnicas sustanciales.“La investigada habría tomado una posición omisiva, teniendo de presente la advertencia por parte del contratista de que los diseños eran anti técnicos, es decir, que no realizó un desplegó de acciones efectivas y sustanciales que permitiese aclarar la irregularidad de las deficiencias técnicas de los diseños recogidos en los estudios previos, dejando la carga en el contratista e interventor, estos últimos que instaron a Sacyr para continuar con la construcción de la obra con los diseños originales”, señaló la Procuraduría.Finalmente, los cargos contra Iván Mustafá se relacionan con el hecho de que no habría adoptado acciones efectivas preventivas en la construcción de la parte superestructura, reduciendo el riesgo de deficiencias técnicas.Las conductas, tanto del exasesor y los dos exgerentes, fueron calificadas como faltas graves a título de culpa grave.Le puede interesar:
La Contraloría General de la República profirió un fallo con responsabilidad fiscal por $5.443 millones contra la Caja de Compensación Familiar Comfenalco-Santander, por incumplir un contrato para la construcción de 138 viviendas para familias damnificadas por el invierno en el departamento de Bolívar.La decisión fiscal señala que Comfenalco Santander "provocó un daño patrimonial al Fondo Adaptación al incumplir un contrato con esta entidad" para la construcción y dotación urbanística en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar. El 8 de julio de 2021 el Fondo Adaptación reitera a Comfenalco Santander mediante comunicación E-2021- 005111, la solicitud del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo adelantada en el mes de marzo de 2021 y se solicita remitir respuesta de las subsanaciones enviadas y relacionadas con el proyecto de transacción de cierre del Contrato 003 de 2013. La Contraloría General de la Nación encontró responsable a Comfenalco Santander, a título de culpa grave."Debido a que casi triplicado el plazo inicialmente acordado, y luego de reiterados e incumplidos compromisos para finalizar las obras, más de 10 años después de ocurrida la emergencia estas 138 familias aún no han recibido una solución ágil y completa, como esperaban", señala el comunicado de la Contraloría. En ente de control fiscal ordenó el embargo de varios inmuebles de propiedad de la Caja de Compensación Familiar de Santander, Comfenalco, que superan el valor de la cuantía del fallo proferido en su contra. Contra esta decisión de la Contraloría procede el recurso de apelación. Este es el comunicado de la Contraloría General de la Nación.
La Contraloría General de la Nación, tras realizar un estudio técnico por la construcción del puente Hisgaura en Santander, determinó que existen los motivos suficientes para abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra 15 funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Nacional, así como contra las tres empresas que realizaron la obra. Considera el ente de control fiscal que "hay deficiencias y daños que dan lugar a la necesidad de cambio o reemplazo del tablero del puente Hisgaura, elemento por el que se pagaron $21.064 millones". El informe técnico de la Contraloría advierte que la durabilidad de 75 años del puente Hisgaura se ha disminuido por la presencia de fisuras que vienen desde la construcción del tablero puente con tendencia incremental, durante toda su vida útil."Resulta imprescindible concluir que la carpeta asfáltica del tablero del puente Hisgaura tendrá que ser reparada e incluso reemplazada totalmente de forma periódica, durante la vida útil del mismo, ocasionando costos muy superiores a los previstos para la operación y mantenimiento de esta estructura y causando que la proyección de vida útil del proyecto, en este caso la carpeta asfáltica, sea inferior a la presupuestada en los diseños del contratista Sacyr”, precisa en el informe la Contraloría.En el juicio fiscal por irregularidades en la construcción del puente Hisgaura la Contraloría vinculó al director del Invías, Juan Esteban Gil y los exgerentes del Fondo Adaptación Carmen Elena Arévalo, Iván Fernando Mustafá y Edgar Ortiz.También están vinculadas otros 12 exfuncionarios del Invías y el Fondo de Adaptación, así como las empresas Sacyr, WSP Ingeniería Colombia SAS y Estudios Técnicos y Asesorías S.A. El puente Hisgaura fue construido en la vía a Málaga, Santander. Tiene un extensión de más de 600 metros de largo y está ubicado cerca al municipio de San Andrés. Comunicado de la Contraloría General de la Nación:
En 2010 Colombia enfrentó el periodo de lluvias más fuertes de su historia reciente. En el país se registraron lluvias que dejaron inundaciones en siete departamentos, más de un millón de personas perdieron su hogar y por eso el Gobierno decretó el estado de emergencia.La promesa de ese entonces fue tomar medidas para que esa tragedia no ocurriera de nuevo. En 2012 se lanzó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, sin embargo, el balance hasta ahora es agridulce, según la Contraloría General de la República.“Proyectos a cargo del Fondo Adaptación y la UNGRD están empantanados, no logran terminarse y la nueva ola invernal trae otra vez tragedias y damnificados”, aseguró la entidad.En los últimos 10 años el país destinó 11.4 billones en obras para la atención de desastres. Pese a esto, obras como el Canal del Dique, La Mojana, Gramalote, Jarillón de Cali y Río Fonce no se terminaron y, según el ente de control, los incumplimientos y atrasos son reiterados.De acuerdo a la Contraloría, los puntos críticos y los riesgos se conocieron desde hace años, pero las obras de prevención y mitigación del riesgo no avanzaron, por lo que la ola invernal causa estragos nuevamente en las mismas zonas.Solo en los últimos 15 meses más de un millón de familias han sido afectadas por las lluvias. En el mismo periodo, el país gastó $670.074 millones únicamente en atención de emergencias y calamidades y otros $516.717 millones en inversiones en obras de emergencias.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca por qué ya no se cree en algunos políticos:
Los investigados por posibles irregularidades, retrasos y fallas surgidas durante la ejecución del contrato que incluía la construcción del puente Hisgaura, La Judía y el Sitio Crítico 43, en la vía Curos- Málaga en Santander, son Juan Carlos Gómez Ibáñez, en su calidad de supervisor integral, y Luis Eduardo Quintero Cuéllar y Herman Montenegro Orjuela, interventores integrales entre 2014 y 2016.A los tres contratistas del Fondo Adaptación la Procuraduría les formuló pliego de cargos.“Los tres contratistas deberán responder por su actuación en el convenio suscrito por el Fondo Adaptación y Sacyr Construcción Sucursal Colombia, en el que se definió desarrollar las obras de los puentes vehiculares de Málaga, Santander, en los sitios conocidos como La Judía, sitio crítico 43 e Hisgaura”, indicó la Procuraduría.El puente atirantado conocido también por sus gigantescas ondulaciones producto de su construcción, está ubicado en el kilómetro 45 entre Bucaramanga y Málaga, su presupuesto inicial fue de $80.000 millones y terminó costando $103.000 millones, lo que la Procuraduría considera un detrimento patrimonial.“El Ministerio Público investiga posibles omisiones e incumplimiento de deberes al no informar en la fase inicial (pre-construcción) que los estudios y diseños aplicables a las obras, no se ajustaban y correspondían a la norma técnica de diseño adecuada para la construcción de puentes, en particular el atirantado denominado Hisgaura”, señala el ente de control.Por estos hechos, la conducta fue calificada provisionalmente como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Obras de infraestructura en materia de vivienda, educación, salud, agua y saneamiento básico entregará Fondo Adaptación en el sur del Atlántico, donde por más de una década la población ha intentado sobreponerse a la tragedia que dejó la ola invernal de 2010, cuando el Canal del Dique se rompió y dejó a miles de familias bajo el agua.La gerente del Fondo Adaptación, Raquel Garavito, recorrió el cono sur del departamento junto a la gobernadora Elsa Noguera para constatar el avance de las obras y supervisar las zonas del Dique donde recientemente se ha presentado rebosamiento de agua.En medio del recorrido, la gerente del Fondo informó que en octubre se entregará la urbanización María Auxiliadora, en el municipio Campo de la Cruz, donde se construyen 75 viviendas para familias beneficiarias y cuyos trabajos presentan un 90% de avance.“Este cronograma de obras nos permitirá entregar viviendas que beneficiarán a unos 340 colombianos en este municipio. Obras que cuentan con condiciones adaptables al cambio climático”, indicó Raquel Garavito.Las obras, cuya inversión alcanza los 58.000 millones de pesos, también contemplan el megacolegio de Las Compuertas, en Manatí, y la planta de tratamiento de aguas residuales de Candelaria.Escuche las noticias del momento:
El Fondo Adaptación perdió la primera demanda de las dos que le interpuso la empresa Sacyr por la construcción de tres puentes en Santander.El Fondo Adaptación tendrá que pagar una indemnización a la empresa española por más de $10.000 millones, por haber entregado diseños desactualizados para construir los puentes La Judía y Pangote, en la vía que comunica Bucaramanga con Málaga. Aunque la pretensión de Sacyr era de 41.000 millones de pesos, finalmente el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá le reconoció solamente $10.000 millones. "Pero lo más grave es que los puentes no se han construido aún, ahora le salimos a deber a Sacyr. Vamos a seguir sufriendo por obras inconclusas en Santander", señaló el veedor ciudadano, Danil Velandia.La segunda demanda que tiene Sacyr contra el Fondo Adaptación es por los costos que invirtió en las pruebas de carga y patológicas que tuvo que realizar para entregar el puente Hisgaura, luego de las denuncias sobre posibles fallas en la estructura ubicada en cercanías al municipio de San Andrés, Santander.
La empresa Sacyr, constructora del puente Hisgaura, ubicado en la provincia de García Rovira, respondió a las denuncias hechas por la comunidad sobre daños en el pavimento y algunas barandas del paso peatonal en varios tramos de la estructura.A través de un comunicado explicó las razones por las que en el mes de marzo cuando fueron notificados de los daños por parte del Fondo Adaptación, no pudieron realizar los trabajos.“Una vez fuimos informados por parte del Fondo Adaptación, sobre la necesidad de adelantar las reparaciones sobre la capa asfáltica, tras la identificación de puntos generados por defectos de adherencia entre la impermeabilización y el pavimento bituminoso, el contratista presentó un protocolo y cronograma al Fondo Adaptación, sin embargo, por la situación actual de la pandemia, dichas labores no pudieron ser ejecutadas en el momento”, aclara Sacyr.Indica la empresa que una vez aprobado el protocolo se procedió a la reparación de los puntos.Igualmente, confirmó que en los próximos días harán los ajustes a las barandas diseñadas para permitir los movimientos del puente.Este es el comunicado de la constructora Sacyr:
Un pequeño ciclista antioqueño que practica BMX quiere vender su bicicleta para aportar a la vaca por las vías 4G de Antioquia impulsada por el gobernador, para poder tener más cerca y verse más seguido con su padre, quien reside en Peque, Occidente del departamentoSe trata de Salvador Peque Ortíz, un pequeño de 7 años que se enteró, por el trabajo de su padre, de la vaca por las vías 4G e inmediatamente le dijo a su madre, después de un entrenamiento, que quiere vender su bicicleta para aportar un millón a la recolecta impulsada por el gobernador Andrés Julián RendónKarina Ortíz, madre del menor, contó a Blu Radio cómo recibió la noticia del deseo de su hijo de aportar a la vaca mediante la venta de su bicicleta: "Para nosotros fue una sorpresa, porque nosotros pensamos que es muy genuino y que es muy desde su corazón, pues él cree que lo más valioso que él tiene es la bicicleta y que era la moneda de poder aportar a la vaca para poder tener el papá más cerquita y para que los carros tampoco se le dañaran", relató.Según contó su madre, Salvador, quien practica BMX hace dos años, es un pequeño emprendedor y vende cartas de dibujos animados a sus amigos. Ahí, agregó la madre del pequeño, hay una opción para que pueda cumplir su deseo de aportar a la vaca, pero a la vez seguir practicando su deporteA la "vaca por las 4G" en Antioquia han donado más de 10.000 personas"Él ha ido teniendo un ahorro, de ese ahorro ya lleva como 500.000 pesos, entonces el papá y yo habíamos pensado en que podíamos aportar el resto para que pudiera donar el millón", explicó.El deseo de Salvador con toda esta iniciativa es poder tener más cerca a su padre, al que ve cada 8 o 15 días cuando va a Peque o él lo visita desde ese municipio.
Sigue la controversia entre el presidente del Senado, Iván Name, y el mandatario de la República Gustavo Petro. Durante un evento organizado por el partido En Marcha, Name se volvió a referir a la propuesta constituyente del jefe de Estado.Además, señaló que un Gobierno como el actual no ha ayudado a facilitar las cosas cuando hay una postura contradictoria de la oposición.“Lo que ha venido es a agravar, en la búsqueda casi de una confrontación que tenemos que evitar. Cada vez que vemos una disposición de convertir el diálogo, la cordialidad, recibimos una nueva amenaza", añadió Name.Por último, también afirmó que armar una constituyente es una excusa para terminar finalmente metiendo un artículo de la reelección de un presidente.“Es lo más cínico, inconveniente e irrespetuoso que he oído”, afirmó el funcionario.Crítica a MinTrasportePor su parte, durante el evento, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, arremetió contra el Ministerio de Transporte.“Lo que quiere hacer el ministerio con la valorización a la Vía al Mar o el Canal del Dique es una verdadera vergüenza con nosotros porque nos quieren cobrar lo que nos ha pertenecido durante tantos años de atropello y abandono”, puntualizó Turbay.
Las autoridades capturaron, en plena vía pública, a quien sería el último miembro del Clan Vega Daza, estructura que delinquía en el Atlántico, y la cual fue víctima de una masacre en el municipio de Puerto Colombia, en el año 2023. Se trata de Ángel Carrillo López, socio de la empresa Lost Prevention, la cual entregó entre 2017 y 2019, los permisos y salvoconductos a los hermanos Vega Daza de las armas que estos utilizaban.Alias ‘Comandate Thomas’ fue interceptado por las autoridades en la calle 74 con carrera 46, al norte de Barranquilla, y al no presentar documentos de identidad, se le aplicó verificación biométrica y se identificó que fue registraba una orden de captura por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio y extorsión.Pero, además, desde Blu Radio se pudo conocer que Carrillo está vinculado a una investigación por temas de narcotráfico y robo de tierras, la cual es adelantada por la Fiscalía desde Bogotá.“De acuerdo a las informaciones que se han podido recolectar, esta persona habría salido del país en el mes de diciembre del año 2023, y ha estado en países como Turquía, España, Albania y Kosovo. Igualmente se ha determinado que cumpliría el rol, a través de documentación falsa el suministro a estos grupos delincuenciales”, señaló el comandante de la policía de Barranquilla, el Brigadier General Herbert Benavidez.Se conoció que el ‘Comandante Thomas’ estaría en conversaciones con el 'Clan De los Balcanes', para retomar el poder territorial en el Atlántico, generando así actuaciones delictivas en todo el departamento.Este hombre es el mismo que durante 2023 logró el apoyo de Unión Patriótica para ser candidato a la Asamblea del Atlántico, en una maniobra política que habría contado con el apoyo de Nicolás Petro. Además, él y su padre estuvieron ligados a actividades de empalme del sector salud, de la mano de la exministra Carolina Corcho, cuando recién fue elegido Gustavo Petro como presidente. Además
Luego de que otro hombre con nacionalidad americana fuera hallado con una niña de 15 años en la comuna Aranjuez de Medellín, se conoció que la identidad del señalado es Brandon Seth Woody de 51 años. El estadounidense es acusado por el delito de demanda de explotación sexual con menor de 18 años.La menor de edad fue dejada a disposición de una comisaria de familia, para solicitud de verificación y restablecimiento de derechos. Mientras tanto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reconoció que sí hubo un ofrecimiento económico."Este depravado estaba con una niña de 15 años, en el cual se comprueba y acepta que había un ofrecimiento en términos económicos para tener relaciones sexuales. Eso se llama explotación sexual de niños, niñas y adolescentes", informó el mandatario.Y es que según la información entregada por las autoridades, los hechos se registraron en una casa que no contaba con documentación legal para ejercer el arriendo por lo que procedieron a sellarla."Un par de hermanas que tienen pues un apartamento y que lo querían pues poner al servicio de la comunidad, pero no hacían el debido proceso de selección y uno debe investigar bien a quién le va arrendar. Pero estamos en contra total de este tipo de turismo y más de los que son pedófilos, violadores", explicó Jaime Mazo, líder social del sector.Sobre este caso, Gutiérrez afirmó que espera que la justicia actué y que Woody pague cárcel por los hechos que estaba cometiendo en Medellín.Precisamente, sobre estadounidenses capturados por explotación sexual, se conoció que luego de una audiencia en Miami, Stefan Correa, el hombre que habría venido a Colombia en 45 oportunidades a tener relaciones con niñas, continuará en una prisión de Florida mientras avanzan las investigaciones correspondientes.
La primera edición de Colombia Tech Week llega a Bogotá del 26 al 30 de agosto, marcando un hito en el panorama empresarial del país. En un momento en que Colombia destaca como un semillero de emprendedores con una notable tasa de actividad emprendedora, este evento se presenta como una oportunidad única para impulsar el crecimiento y la colaboración dentro del ecosistema de startups.Con más de 20.000 asistentes esperados, Colombia Tech Week tiene como objetivo principal conectar a fundadores, talentos tecnológicos, inversionistas globales, líderes empresariales y autoridades gubernamentales. Además, se prevé la participación de más de 150 fondos de inversión de capital de Estados Unidos, Brasil, México, Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Venezuela, lo que promete un flujo significativo de oportunidades de financiamiento para proyectos innovadores.La agenda del evento se inspira en otras tech weeks reconocidas a nivel internacional, como las de Miami, Los Ángeles, Londres y Nueva York. Durante los 7 días de duración, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en una amplia variedad de actividades, que van desde ruedas de negocios y bolsas de empleo hasta espacios de networking en torneos deportivos, almuerzos y cócteles en diversos puntos de la capital colombiana.Además de fomentar la interacción entre los diferentes actores del ecosistema empresarial, Colombia Tech Week aspira a generar acuerdos e inversiones por un total de US $2 millones, consolidando así su posición como un evento clave para el impulso del emprendimiento y la innovación en el país.En resumen, la llegada de Colombia Tech Week a Bogotá representa una oportunidad sin precedentes para fortalecer el tejido empresarial colombiano, promoviendo la colaboración, la inversión y el crecimiento de las startups en un entorno dinámico y en constante evolución.