Tras el más reciente escándalo por la posible corrupción que existe alrededor del manejo de los recursos destinados para los proyectos de paz en los municipios de PDET, el gobierno nacional nuevamente se pronunció.El presidente Iván Duque señaló que existen varias cosas que son importantes, una de ellas corresponde a que los recursos invertidos en la paz superan los 28 billones de pesos en diferentes programas que se han ejecutado o están en proceso de ejecución.“Esos recursos del OCAD Paz, que no es la plata de toda la paz, todo ha estado detallado, hay un visualizador de datos donde se pueden ver los proyectos que están terminados, proyectos que están en ejecución y los proyectos que no tienen contratación. Hay unos filtros, hay un proceso de requisitos. Hasta el momento no tenemos ninguna evidencia que haya pago de coimas a lo largo de ese proceso, todo ha sido público. Hay actas, videos y el doctor Emilio Archila que era la cabeza ha dado las explicaciones rigurosas”, señaló el presidente Iván DuqueLe puede interesar:El mandatario también explicó que todos los programas están siendo monitoreados. En dicho monitoreo se observa los proyectos terminados, en ejecución y también en proceso de contratación.Duque señaló además, que todos los programas en los PEDET fueron aprobados de acuerdo a las postulaciones y la votación se hizo fue por parte del alto comisionado para la Estabilización, el DNP, al igual que los gobernadores y alcaldes.Escuche el podcast “Al Pelo con Tata” y descubra los colores de moda que pueden sentarle bien a su cabello:
En el marco de las denuncias sobre los recursos del Ocad Paz, en Mañanas Blu Cuando Colombia está al aire, habló Lyda Caicedo, directora del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social, entidad que figura como una de las grandes beneficiarias de las adjudicaciones de contratos que se realizaron, principalmente, en 2021. Ese fondo recibió casi el 10 % de los 4,4 billones de pesos asignados ese año para los proyectos Ocad. “Nosotros somos designados como ejecutores directos, pero los recursos no ingresan al Fondo Mixto, están en el Ministerio de Hacienda; el Fondo Mixto nunca recibe un peso de esos recursos, solo hacemos un tema administrativo, damos el visto bueno de la ejecución y el porcentaje de las obras, hacemos un cargue al sistema para que sea el MinHacienda que haga los giros directos”, aseguró Caicedo. Ante la pregunta de por qué un fondo del deporte y recreación terminó cambiando de razón social y empezó a ejecutar obras viales, de infraestructura y de todo tipo en regiones Pdet, aseguró que querían “extender sus propósitos” para ayudar a las entidades territoriales con sus proyectos. “Nuestro objeto social es muy amplio, es una entidad de segundo orden de carácter mixto. Llevamos 29 años ejecutando proyectos de toda índole, no solamente deportivos. Tuvimos un año de pandemia y de estallido social, eso fue lo que nos permitió pensar en otros modelos de negocios”. Sobre la calificación que recibió el fondo por eficacia y cobertura de dichas obras, aseveró que, en ese momento, registraron problemas con los informes, pero con un sistema interno llevaban el control de todos los procesos. “Para el primer trimestre del 2021 teníamos una calificación de 18 puntos, fue ahí cuando empezamos a mostrar ejecución de los proyectos. Se presentaron inconvenientes en plataformas, rendición de informes, demoras y más; y establecimos un plan interno de mejoras para lograr ser los mejores ejecutores de regaláis”. “No es por arte de magia que aparece el cambio de porcentaje, sino el mismo sistema conforme al rendimiento que hacemos de la información que va cambiando, se llama IGPR, Índice de Gestión de Proyectos de Regalías”, añadió.
Más de un millón de personas se han tenido que exiliar de Colombia debido al conflicto armado, muchos de ellos después de haber sufrido incluso otros delitos en el país antes de salir como: tortura, homicidio de algún familiar y desplazamiento forzado o amenazas.La Comisión de la Verdad encontró siete causas por las cuales las personas deciden salir; la persecución política, seguida del miedo a ser reclutados por parte de los grupos armados, también la falta de garantías de protección por parte del Estado y los hostigamientos o amenazas contra familiares son algunas de ellas."Más de un millón de personas tuvieron que huir del país en búsqueda de protección «son la punta visible de un iceberg, porque las crisis han sobrevivido al paso del tiempo, han mutado, han decaído y otras han reaparecido».Esto afectó a activistas, opositores políticos y periodistas que denunciaron hechos de violencia o corrupción, pero también a los jueces y fiscales que avanzaban en las investigaciones sobre crímenes cometidos por diferentes grupos armados, e incluso, por agencias y organismo del Estado.Este apartado relata las dificultades que viven las personas en otros países, como es el caso de una mujer del Valle del Cauca, que fue testigo de cómo asesinaban a su esposo al parecer a manos de las Farc.“Con dos niños huyó hacia Buenaventura, allí se encontró con los perpetradores del asesinato. Debido a las amenazas, tuvo que salir exiliada a Ecuador”.La mujer en su relato a la Comisión explicó: "«¿Sabe qué es lo más triste? Que habiéndoles mostrado todo –el acta de defunción, la forma como mi esposo murió (porque yo tengo todavía esos papeles del hospital, su seguimiento: dónde quedaron las balas, el daño que nos hicieron)–, yo necesitando el apoyo… me rechazaron dos veces".Este capítulo asegura que el gobierno del expresidente Álvaro Uribe negó el conflicto armado en Colombia, lo que según la Comisión de la Verdad afectó a las víctimas de la violencia en el país."El Gobierno negaba el conflicto armado. Dicha negación dejaba a las víctimas sin un marco social de reconocimiento y las condenó en muchos lugares al silencio y la marginación, sin tener en cuenta la necesidad de protección. La negación de la existencia del conflicto armado durante los periodos de gobierno de Uribe no solo eliminó cualquier posibilidad de diálogos con las guerrillas, sino tuvo un alto costo frente al reconocimiento de las víctimas y su necesidad de protección".Por otro lado, explica que el exilio es un fracaso de las instituciones del Estado en su intento de proteger a las víctimas. Además, los responsables son todos los actores armados involucrados en la guerra, incluyendo a agentes e instituciones del Estado y terceros civiles."«La hoja que nos dan tiene la foto y un número nacional. Eso quiere decir que uno es demandante de asilo. Al ser demandante de asilo, el estigma que tienen es que uno no es formal o es un delincuente o viene a hacer cosas raras. Eso es una mala carta de presentación para uno; o sea, a usted no le dan la oportunidad ni siquiera de trabajar o tomar en alquiler»", se lee en un testimonio.El exilio se sigue presentado incluso después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, pues la Comisión recopiló casos de comparecientes en la JEP que tras su testimonio han tenido que salir del país. Incluso excombatientes de las extintas Farc se van por amenazas, a su vez, los líderes sociales y juveniles que hacen parte de diferentes organizaciones y movimientos e incluso participaron en las manifestaciones del paro nacional.“La Comisión ha podido ser testigo de varios exilios de jóvenes participantes en las movilizaciones, como el de un músico caleño que durante las manifestaciones de 2021 fue ilegalmente detenido por la policía el 28 de mayo de 2021; y de miembros de organizaciones acompañantes del paro".El proceso de regresar a ColombiaEl retorno a Colombia lo han hecho las víctimas solas sin el acompañamiento o apoyo del Estado, por lo que no cuentan con las garantías de seguridad. Aseguran que la atención que reciben en algunos casos es precaria y desinformada, según se lee en el informe.Los hijos de quienes salieron exiliados vuelven a irse del país cuando sus padres retornan, pues se sienten extraños en su territorio. Mientras que, a veces volver también ha traído dificultades económicas debido a una ausencia prolongada que no permite tener un acceso al trabajo u otras oportunidades.Uno de estos casos es el de Rubí, quien tuvo que salir de Medellín a Quito por extorsiones de las Águilas Negras. Sin embargo, se le acabaron los recursos a los pocos días de estar allá."«Qué pesar uno vivir en un albergue. Era una cosa súper pequeñita… muy duro. O sea, se les agradece en el alma acogernos, pero había que cumplir un horario si uno iba a salir, había que estar a una hora exacta para comer, la comida era así como una mortadela, por ejemplo, con un arroz y un juguito. También había muchas familias y los cuarticos eran pequeñitos. A nosotros nos dieron un solo cuarto para los dos niños y nosotros dos".Ante esto la Comisión hace algunas recomendaciones al Estado para evitar más casos de personas exiliadas; poder garantizar protección y retorno a quienes están dispuestas a volver.En una primera medida explican que se debe proporcionar un mecanismo jurídico de reconocimiento del exilio. A partir de ahí crear mecanismos que permitan articular los datos de personas exiliadas y así evitar el subregistro; fomentar acuerdos regionales o bilaterales con otros países para atender a las víctimas y promover la participación para que puedan hacer seguimiento a sus casos."El Estado colombiano debe reconocer su responsabilidad histórica, ética y política que llevó a cabo acciones de guerra y actividades ilegales contra defensores de derechos humanos y víctimas en el exilio, incluyendo organizaciones de diferentes países".Le puede interesar: Al pelo con Tata
El exconsejero presidencial de Estabilización y Consolidación Emilio Archila publicó un comunicado en el que aclaró que el pago de coimas para proyectos de OCAD-Paz, denuncia que hizo Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, ocurrió en una instancia en la que él no tomaba decisiones.No es la primera vez que Archila aclara que él no tuvo que ver con el pago de más de 500.000 millones de pesos, algo más de 121 millones de dólares, en coimas para facilitar la entrega 355 proyectos a través del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social.Y es que en el centro de la supuesta trama está el OCAD Paz, un organismo del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos a ser desarrollados en los que el actual Gobierno denominó Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que conforman los 170 municipios más pobres y más afectados por el conflicto.Al parecer, funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de la Contraloría y varios congresistas crearon un entramado para supuestamente quedarse con más del 10 % de los recursos de ese fondo que está destinado a implementar el acuerdo de paz.“Respecto de ese y todos los temas a mi cargo, durante todo mi ejercicio, invité públicamente, por muchos medios, muchas veces, a todos, a denunciar cualquier acto de corrupción o cualquier irregularidad en los procesos, para asegurar principios claros y transparente”, señaló Archila en el comunicado.En ese sentido, añadió: “Nótese que mis funciones eran en esa instancia posterior, a la que, por lo tanto, no habrían llegado nunca los proyectos sujetos al “peaje”. Y, en la instancia decisoria nunca distinguí entre proyectos, voté favorablemente todos, 100 % de los sí se nos pusieron a consideración y cumplían con los requisitos”.Comunicado completo:
Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, dio a conocer que varios funcionarios públicos crearon un entramado para, supuestamente, quedarse con más del 10 % de los recursos de un fondo destinado a implementar el acuerdo de paz.En el centro de esta trama está el OCAD Paz, un organismo del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos a ser desarrollados en los que el actual Gobierno denominó Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que conforman los 170 municipios más pobres y afectados por el conflicto.Uno de los funcionarios denunciados es Álvaro Ávila, quien fue director de Regalías del DNP, que elegía los proyectos que se revisarían en las sesiones y no lo hacía por orden de inscripción, sino que, según testimonios de alcaldes, para que priorizara un proyecto se necesitaba tener un padrino y pagar una coima del 6 % al 15 %.En diálogo con este medio radial, Ávila aseguró que con estas denuncias solo se pretende enlodar su nombre, pues él no era el encargado de aprobar los proyectos.“Son unas denuncias sin rostro, un entramado de suplantaciones para atacar, dañar y enlodar mi nombre. (…) No di un solo concepto, porque no era mi función sobre proyectos. (…) Yo no aprobaba proyectos”, dijo Ávila.En ese sentido, añadió: “Yo hablaba con los 170 alcaldes de forma continua y les explicábamos cómo era el procedimiento. Lo cierto es que éramos facilitadores, en ningún momento a los alcaldes se les cobró un solo peso; se les invitaba a tramitar sus proyectos”.Finalmente, Ávila insistió en que ni alcaldes ni congresistas intervinieron para que los proyectos llegaran a los OCAD Paz.
En su primer debate como candidato presidencial, luego de la consulta del pasado fin de semana, Gustavo Petro aseguró que, en un eventual gobierno suyo, utilizará los recursos de los fondos privados para diferentes inversiones, las cuales generarán un aumento de capital para los mismos fondos.Ante estas declaraciones, el presidente Iván Duque calificó esta propuesta como una clara expropiación y aseguró que sería un corralito, algo muy similar a lo ocurrido en Argentina, donde se retiró el dinero para inversiones en diferentes sectores.Vea también:“Me parece grave qué en Colombia estén haciendo afirmaciones con mentiras; que se esté tratando de deslegitimar un sistema de fondos que tiene nuestro país qué se puede mejorar; pero hablar de quitarte esos recursos a los fondos es una expropiación, eso es simplemente un corralito, cómo lo que vimos en otros países de América Latina; para quitarle el ahorro las personas y volver eso plata de bolsillo para financiar demagogia, eso hay que advertirlo y decirlo así. Esas propuestas empiezan, así como tapaditas pero realmente muestran cuál es el verdadero interés. Lo que quieren es echarle mano al ahorro de las personas para volverlo plata de bolsillo de la politiquería”, indicó el mandatario.El jefe de Estado fue claro en señalar que el sistema de pensiones este sujeto a mejoras.“Creo que estos debates hay que darlos con sensatez, con mucha claridad y poniendo sobre la mesa quienes son los que están defendiendo esas tesis que ya fueron fracasadas en otros lugares de América Latina. Claro que nosotros siempre tenemos que seguir mejorando y fortaleciendo nuestro sistema de ahorro pensional”, aseguró Duque.“Pero esa propuesta de echarle mano a los fondos privados de pensión se lo digo así de claro eso es robarse el ahorro de los ciudadanos para ponerlo al servicio de la politiquería y por eso debe ser rechazado”, agregó,El presidente de Asofondos en diálogo con BLU Radio aseguró que la propuesta de Gustavo Petro es una mentira y una falsedad. Es de señalar que, para hacer el uso del dinero del fondo de las pensiones de los colombianos sería necesario hacer una reforma pensional.Escuche reacciones de la renuncia de Óscar Iván Zuluaga a su carrera presidencial:
La investigación que reveló Noticias Caracol asegura, entre otras cosas, que la exsenadora Piedad Córdoba habría coordinado las fechas de la liberación de los secuestrados por las FARC. Estos y otros detalles fueron entregados por el noticiero que pudo tener acceso a la audiencia de la Fiscalía del entonces exasesor de comunicaciones exsenadora, Andrés Vásquez Moreno.La exsenadora habría pactado con la cúpula de las extintas FARC un plan que la impulsaría como posible presidenta de Colombia. Llegó, al parecer, a incidir en la fecha de la liberación de la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt y la de los tres contratistas norteamericanos secuestrados por esa guerrilla.Andrés Vásquez Moreno, como testigo directo de reuniones de la exsenadora con la cúpula del Gobierno venezolano y empresarios de ese país, ha declarado ante la Justicia que, “hay diferentes acuerdos entre las tres partes, en donde todos se verían beneficiados si se entregan los secuestrados a Chávez. Chávez sube la popularidad, gana el referendo en diciembre 7 de febrero de 2007 y también catapultaba a Piedad con el tema del proceso de paz para ser presidente”, indicó el testigo.En reuniones de Córdoba en la frontera colombo-venezolana con la cúpula de las FARC, el exasesor asegura que la exsenadora incluso llegó a sugerir cómo deberían presentar las pruebas de supervivencia de los secuestrados. Según esto, ella se extralimitó en sus funciones con el fin de sacar provecho político. Para ese momento, Piedad Córdoba estaba autorizada por el gobierno de Álvaro Uribe para mediar con la guerrilla de las FARC.En relación con la liberación de Ingrid Betancourt, la exsenadora habría planteado todo tipo de argumentos para que no fuera liberada pronto. Asimismo, y con el fin de sumar presión internacional, Córdoba y las FARC habrían acordado retardar la liberación de los contratistas norteamericanos.Andrés Vásquez Moreno asegura que incluso después de que el Gobierno colombiano había retirado a Córdoba de la mediación con las FARC, ella seguía manteniendo comunicación con la extinta guerrilla. Todo a través de correos en los que se referían a la exsenadora como 'Teodora'. “Es cierto que se estableció una comunicación con Raúl Reyes, directa o de manera indirecta entre él y ella”, afirma Vásquez a Noticias Caracol.Finalmente, la investigación también revela que el exasesor afirmó ante la Fiscalía del papel que tuvo Piedad Córdoba para gestionar pagos por deudas del Gobierno venezolano a empresarios colombianos. La exsenadora tendría una lista para favorecer a sus aliados y frenar pagos a empresarios uribistas. Esta información habría sido entregada al servicio de inteligencia venezolano (SEBIN). Entre los empresarios favorecidos por Córdoba estaría Alex Saab, quien hoy responde por un juicio en Estados Unidos por ser presunto testaferro del Gobierno venezolano.
La viceministra de Hacienda, Paula Acosta, entregó un balance sobre los 1,1 billones de pesos que actualmente administra el Fondo Colombia Paz, recursos que aumentaron en casi 120.000 millones de pesos desde abril, fecha en la que se manejaban 884.000 millones.En el balance, Acosta también explicó que dentro de la auditoría que se ha hecho al manejo de la contratación en el fondo no se evidencia relación alguna con Marlon Marín, primo del exguerrillero de las Farc Iván Márquez, supuestamente intermediario en procesos contractuales."Toda la información que tenemos nos señala que no hay ninguna relación de Marlos Marín en la contratación del Fondo Colombia Paz, hay auditorías que están en curso y puede salir nueva información, pero con la que se tiene no hay nada", dijo la funcionaria.De la cifra total de 1,1 billones del fondo, 763.000 millones se están ejecutando en contratos para sustitución de tierras (433.000 millones), programas de desarrollo con enfoque territorial (152.000 millones) y en el pago de benéficos económicos para reincorporados de las Farc (100.000 millones) y otros programas.Los 386.000 millones de pesos restantes están en proceso de planeación y estructuración contractual.
El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció que su política de deportaciones fue "demasiado dura" tras las elecciones de mitad de mandato del martes pasado en las que su partido perdió las mayorías del Congreso, según una entrevista con la cadena CBS publicada este domingo.El corresponsal del programa '60 Minutes' Ross Douthat preguntó a Trump, en la primera entrevista televisiva del mandatario tras las elecciones, si consideraba que su política de deportaciones fue demasiado lejos. "Pienso que fue demasiado dura. Pienso que quizá fue demasiado dura, sí", expresó el mandatario, según un fragmento de la entrevista que se transmite en su totalidad horas más tarde.Sus declaraciones se producen tras los comicios del martes, en los que los demócratas ganaron las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado en unas campañas en las que el rechazo a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) motivó a votantes, en particular a electores latinos.A pesar de estos resultados y estas declaraciones, Trump nombró el viernes como nuevo jefe de su gabinete a Stephen Miller, un asesor considerado el artífice de la política antiinmigrante del Gobierno.Además, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, avisó que "las deportaciones continuarán" en una publicación en sus redes sociales un día después de las elecciones.
El hotel La Luna, en Cali, ubicado en el sur de la ciudad, y que quedó gravemente afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto, en las últimas horas registró un desprendimiento de escombros asociado a un movimiento en su estructura. La situación obligó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en el sector para evitar que alguna persona resultara afectada.De acuerdo con el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, el incidente no dejó personas lesionadas ni víctimas. Sin embargo, debido a las condiciones de la edificación, se amplió el perímetro de seguridad alrededor del inmueble."Se presentaron movimientos estructurales en lo que es el edificio, la estructura denominada Hotel La Luna, para lo cual hubo movimientos en el punto de inflexión de la mitad, donde el edificio colapsó. No tenemos víctimas fatales ni heridos.", dijo Peñuela.El funcionario también explicó que la estructura ya cuenta con la aprobación del Consejo Distrital para adelantar su demolición, un procedimiento que estará a cargo de los propietarios del hotel."Tenemos la protección de la vida restringida, como lo pueden ver en cuanto a las personas que transitan por la vía, pero hemos extendido este perímetro para que las personas que transiten por aquí lo hagan de manera segura. La próxima semana empezaremos con toda la demolición de esta estructura para eliminar o reducir el riesgo de colapso que tenemos en este sitio.", señaló el funcionario.Según indicó Peñuela, actualmente se desarrollan mesas técnicas para avanzar en los aspectos necesarios que permitan ejecutar la intervención y establecer las condiciones bajo las cuales se realizará la demolición.
La Selección Colombia tendrá que modificar su nómina para los compromisos amistosos de noviembre de 2026. El cuerpo técnico, liderado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, confirmó la salida de Jaminton Campaz debido a una lesión y anunció la convocatoria de Óscar Cortés para ocupar su lugar.La decisión se conoció luego de que Rosario Central, equipo al que pertenecía Campaz, notificara al cuerpo técnico sobre la situación física del futbolista. Ante esta novedad, el seleccionador decidió incorporar al atacante que actualmente juega en Huracán, del fútbol argentino.El cambio representa un ajuste en los planes de Lorenzo para la próxima fecha FIFA, en la que el combinado nacional se medirá con Chile en Cali y posteriomente en Santiago. La modificación también obliga al entrenador a reorganizar las alternativas ofensivas disponibles para estos encuentros.¿Por qué Jaminton Campaz salió de la convocatoria de Colombia?La baja del atacante se produjo por una lesión que le impide sumarce a la concentración de la Tricolor. La información sobre su estado físico fue comunicada por Rosario Central, situación que llevó a la Federación Colombiana de Fútbol y al cuerpo técnico a gestionar su reemplazo.Campaz era uno de los nombres incluidos inicialmente en la lista de convocados por Lorenzo. Su ausencia representa una baja para el grupo que se prepara para los amistosos de noviembre, en una etapa en la que el entrenador busca consolidar el funcionamiento colectivo y evaluar distintas alternativas de cara a las eliminartorias que arrancarían en septiembre del próximo año.¿Quién reemplazará a Jaminton Campaz en la Selección Colombia?El elegido para ocupar el lugar de Campaz es Óscar Cortés, delantero que milita en Huracán, de Argentina. Su convocatoria busca mirar las opciones disponibles en el frente de ataque de la Selección Colombia de cara a los compromisos internacionales.La doble jornada de amistosos de noviembre de 2026 tendrá dos compromisos frente a Chile: el primero se disputará en Cali y el segundo en Santiago. Estos encuentros representan una oportunidad para que Néstor Lorenzo pruebe variantes tácticas, evalúe nuevos jugadores y continúe ajustando el funcionamiento del equipo nacional de cara a sus próximos retos oficiales.Con este movimiento, la Selección ajusta su lista de convocados y continúa con la preparación para cerrar el año futbolístico con resultados positivos.
Una serie de documentos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), conocidos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, revelarían presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro, relacionadas con posibles operaciones de espionaje a expresidentes, intentos de interferir en procesos electorales y millonarias contrataciones de equipos que habrían presentado fallas o no pudieron utilizarse.Los hallazgos hacen parte de un informe de empalme de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la entidad. El documento contiene fotografías, reportes internos y señalamientos basados en información suministrada por funcionarios de la propia agencia.Uno de los asuntos más delicados tiene que ver con la presunta intención de instalar micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos destinados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes de la República.Según el informe, el Gobierno expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, mediante el cual incorporó a la DNI entre las entidades encargadas de participar en la asignación de esos vehículos. El documento advierte que esta modificación podría haber buscado facilitar labores de inteligencia sobre las personas protegidas.Al respecto, Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, cuestionó que la entidad participara en estas funciones, pues, según explicó, estarían por fuera de sus competencias y de su campo de acción.Otros hallazgos sobre presuntas irregularidades en la DNIEl informe también menciona una supuesta estrategia para mantener personal cercano al gobierno Petro dentro de la entidad. De acuerdo con el documento, algunos funcionarios habrían sido declarados insubsistentes sin justificación ni debido proceso, con el propósito de que posteriormente acudieran a instancias judiciales y consiguieran su reintegro.Otro de los señalamientos apunta a la existencia de una casa de inteligencia clandestina ubicada a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Según la fuente citada en el informe, el inmueble habría funcionado como una sede operativa no registrada oficialmente y fue desocupado después de las elecciones presidenciales. Además, se habría eliminado cualquier registro de su existencia en los archivos de la DNI.A esto se suma una alerta sobre posibles equipos tecnológicos entregados por Rusia a funcionarios de inteligencia colombianos. El documento señala que computadores y celulares habrían sido suministrados durante un viaje de agentes a Moscú para recibir capacitación del servicio secreto ruso, el SVR. La sospecha es que los dispositivos podrían contener programas maliciosos para espiar los sistemas de la entidad y al siguiente gobierno.Un dron de $9.000 millones que habría presentado fallasEntre los hallazgos relacionados con contratación aparece la adquisición de un helicóptero no tripulado por $9.000 millones. Según las especificaciones del contrato, el equipo estaba destinado a recolectar información mediante imágenes y videos para labores de inteligencia y contrainteligencia.El aparato tendría un alcance máximo de 600 kilómetros, autonomía de vuelo de hasta seis horas, transmisión de datos en un rango de 200 kilómetros y capacidad de carga de entre 60 y 120 kilogramos.Sin embargo, el informe señala que el equipo habría sido entregado con fallas en cuatro sistemas críticos: comunicación, combustible, caja de transmisión y motor. Incluso, un vuelo de prueba tuvo que cancelarse por razones de seguridad.La adquisición también estaría bajo un proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos de las especificaciones técnicas. A esto se suma que el 15 de marzo de 2026 el helicóptero sufrió un siniestro y, según los documentos conocidos, estaba asegurado únicamente por $900 millones, equivalentes al 10 % de su valor.Compras de equipos y vehículos bajo revisiónOtro informe de 11 páginas, enviado por la DNI a la Presidencia en septiembre de 2026, detalla diferentes aspectos de la contratación de la entidad.Entre ellos aparece la compra de cuatro camionetas Tahoe modelo 2024, dos de las cuales habrían sido acondicionadas con equipos antidrones para la Casa de Nariño. La adquisición de tres de estos sistemas representó un gasto de $8.340 millones.El documento también señala que se está verificando la información entregada por un funcionario sobre la posible capacidad de estos vehículos para interceptar comunicaciones.Adicionalmente, la entidad se habría quedado sin una plataforma para registrar sus misiones de inteligencia y contrainteligencia desde 2024, debido a que no se renovó el contrato con el proveedor. Esta situación, según el informe, estaría afectando el desarrollo y la supervisión de las operaciones.Las observaciones sobre contratación también incluyen un sistema de identificación biométrica, dactilar, facial y de iris adquirido en 2022 por $580 millones, que no pudo implementarse por incompatibilidad con los equipos de la entidad.Asimismo, se reportaron problemas de calidad en 595 computadores comprados en 2024 por $1.314 millones. En otro contrato de enero de 2026, por $1.549 millones, aparecen compras de atriles por $14 millones cada uno y camas por $18 millones, destinadas a las nuevas oficinas de la DNI en Funza, cuya construcción presentaba un retraso del 12 %.Hacker de la DNI señalado de un posible ataque contra la RegistraduríaUno de los capítulos más delicados de la investigación está relacionado con Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024 y que, según documentos internos de la entidad, habría tenido participación en actividades informáticas y de contrainteligencia.El informe señala que Oyola habría liderado una red encargada de realizar acciones para alterar los resultados de las votaciones del 21 de junio de 2026. Según el documento, el ingeniero se encontraba en Madrid, España, junto con otros integrantes, desde donde presuntamente ejecutarían ataques contra la Registraduría.Un elemento que llama la atención es que, para ese momento, Oyola tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026. Además, los documentos indican que habría logrado escapar de un allanamiento de la Fiscalía a un apartamento utilizado como fachada de la DNI, horas antes de la primera vuelta presidencial. En el inmueble quedaron computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos.Los antecedentes del funcionario también fueron incluidos en la investigación. Según la información conocida, Oyola enfrentaba un proceso por presuntas irregularidades relacionadas con el acceso a los sistemas informáticos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), así como por falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.La investigación señala que habría falsificado calificaciones para obtener títulos académicos. Además, documentos de la DNI lo relacionaban con la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers.Otro señalamiento tiene que ver con su participación en el desarrollo del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, una plataforma destinada al registro de las operaciones de la entidad. Según el informe, Oyola no habría entregado el sistema y presuntamente habría sido víctima del robo del computador en el que trabajaba. Sobre este hecho, el documento advierte que no existiría una denuncia ante la Fiscalía.Finalmente, Noticias Caracol informó que Carlos Oyola fue capturado el viernes 6 de noviembre por el caso relacionado con el hackeo a la UNAD. Para ese momento, todavía figuraba como funcionario activo de la DNI.La investigación también señala que el medio consultó a varios expresidentes sobre las presuntas operaciones relacionadas con sus esquemas de seguridad, pero ninguno quiso pronunciarse públicamente. Asimismo, buscó respuestas de los dos últimos directores de la DNI durante el gobierno Petro y de la fiscal general Luz Adriana Camargo, sin obtener respuesta.
El Super Astro Luna es uno de los juegos de suerte y azar que cuenta con una dinámica diferente a la de los chances tradicionales. Para participar, cada apostador debe elegir un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco. Ambos datos deben coincidir con el resultado oficial para obtener el premio mayor.Resultado del Super Astro Luna hoy, domingo 8 de noviembre de 2026El resultado del sorteo de este domingo es el 7234 - Tauro. Los participantes podrán comprobar su jugada con los siguientes datos una vez se conozca la combinación ganadora:Número ganador: 7234Dos últimas cifras: 34Tres últimas cifras: 234Signo zodiacal: TauroLos resultados oficiales pueden consultarse después de cada sorteo a través de los canales autorizados.¿A qué hora juega Super Astro Luna?El horario de Super Astro Luna cambia según el día de la semana. La programación es la siguiente:Lunes a viernes: 10:40 p. m.Sábados: 10:42 p. m.Domingos y festivos: 8:30 p. m.¿Cómo se juega Super Astro Luna?Para participar, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y combinarlo con uno de los doce signos zodiacales disponibles:AriesTauroGéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpiónSagitarioCapricornioAcuarioPiscisEl premio mayor se obtiene cuando coinciden tanto las cuatro cifras seleccionadas como el signo zodiacal anunciado en el resultado oficial.¿Qué modalidades de apuesta ofrece Super Astro Luna?Los participantes cuentan con distintas alternativas para registrar sus jugadas. Una de ellas permite apostar un mismo número con los doce signos zodiacales, de manera que la combinación incluya todas las opciones de signo.Además, cada tiquete admite hasta cuatro apuestas diferentes, lo que permite registrar varias combinaciones de números y signos en una sola compra.¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?El valor de cada apuesta puede ajustarse al presupuesto del participante, dentro de los límites establecidos:Valor mínimo: $500.Valor máximo: $10.000 por apuesta.¿Cómo verificar los resultados del Super Astro Luna?Después de cada sorteo, los jugadores deben comparar los datos registrados en su tiquete con la combinación publicada por los canales oficiales.La revisión del número y del signo zodiacal permite confirmar si la apuesta fue ganadora y determinar si corresponde iniciar el proceso de reclamación del premio.