Un total de 20 congresistas fueron citados a declaración de versión libre en el despacho de la magistrada de la Sala de Instrucción, Cristina Lombana. Jairo Corzo, quien es el secretario de la Comisión de Acusaciones, fue citado para el próximo viernes 23 de enero y con él empieza entonces el desfile de declaraciones libres allí en la Corte Suprema.Esto tiene que ver con que en noviembre del año pasado la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes se abstuvo de continuar la investigación contra el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Farfán, tras la denuncia en su contra por presuntamente haberle filtrado información a Cielo Gnecco sobre unas interceptaciones telefónicas en medio de un proceso judicial. La Comisión concluyó que Farfán no tenía relación o amistad con la familia Gnecco y que no tenía interés en favorecerla, porque fue él quien ordenó la interceptación.Fuentes consultadas por este medio confirmaron que la magistrada Lombana también ordenó, a través de policía judicial, obtener la documentación que allegó el magistrado Farfán a la Corte Suprema sobre el auto inhibitorio a su favor, esto con el fin de anexar los documentos a la investigación que adelanta su despacho por unas supuestas demoras de la Comisión en la investigación del caso Farfán.Para el lunes 26 de enero fueron convocados, entre otros, Willian Aljure, Alirio Uribe, María Eugenia Lopera, Carlos Alberto Cuenca y Gloria Arizabaleta. Fue en 2023 cuando un revelador informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol dio cuenta sobre una presunta advertencia por cuenta del magistrado Farfán al poderoso Gnecco sobre unas interceptaciones telefónicas en el marco del proceso.La controversia llegó a tal punto que el magistrado Francisco Farfán solicitó una licencia no remunerada por 3 meses para defenderse de las acusaciones en su contra. Finalmente, el año pasado la Comisión determinó que el togado no tenía interés alguno en filtrarle información a Cielo Gnecco."El magistrado Francisco Farfán no tenía interés alguno en informar a los miembros de la familia Gnecco sobre las interceptaciones que se estaban llevando a cabo en su contra”, señaló la decisión de la Comisión.Las agitadas relaciones entre los magistrados de la Sala de InstrucciónEs un secreto a voces que hay enormes diferencias entre los 6 magistrados de la Sala que se encarga de investigar a los aforados por la presunta comisión de delitos. Cristina Lombana y Francisco Farfán no han estado exentos de la polémica por las solicitudes que han salido del despacho de Lombana en distintos procesos.
El magistrado de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Farfán, seguirá al frente de las investigaciones sobre el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), concretamente en la que cursa en contra de del presidente del Senado Iván Name y el presidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, esto luego de que la Sala de Instrucción de esta alta corte rechazara el impedimento y la recusación presentada en contra del togado.Esta solicitud fue presentada bajo con el argumento de que la presencia del magistrado Farfán en el caso de los carrotanques de La Guajira no garantizaría los principios de imparcialidad judicial y el debido proceso.El documento pedía concretamente que el magistrado Francisco Farfán fuera retirado del caso porque actualmente está siendo investigado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en donde el presidente es el representante Wadith Manzur a quién Olmedo López, salpicó de presuntamente haber participado en el entramado de corrupción. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que no hay causal para que el magistrado tenga que apartarse de estos procesos.La sala de instrucción además señaló, en cuanto a la recusación presentada por un ciudadano, que ese tipo de recursos solo pueden ser presentados por las partes en el proceso, y el ciudadano que lo presentó no lo es.Así las cosas, el magistrado Farfán, seguirá con las investigaciones en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Fue presentada una solicitud de recusación en contra del magistrado Francisco Javier Farfán, quien es el encargado de adelantar el proceso penal en el escándalo de los carrotanques de La Guajira y la presunta entrega de coimas a congresistas en este entramado de corrupción.El documento, presentado ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pide que el magistrado Farfán sea retirado del caso porque actualmente está siendo investigado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, cuyo presidente es el representante Wadith Alberto Manzur, a quién Olmedo López, exdirector de la UNGRD, también denunció por hacer parte, al parecer, de los hechos de corrupción.En el documento presentado por el abogado Kalev Giraldo se resalta que la presencia del magistrado Francisco Farfán en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, no garantizaría los principios de imparcialidad judicial y el debido proceso.“En ese sentido, de seguir el magistrado Francisco Javier Farfán conociendo del proceso penal, no se podrá garantizar los principios de independencia e imparcialidad judicial, y de igual manera, podrán verse afectados los principios constitucionales de igualdad (artículo 13), debido proceso (artículo 29), y principios de la función administrativa (artículo 209), como, el principio de imparcialidad objetiva que se predica respecto del proceso”, señala el documento.Mininterior contraataca a Olmedo López: “Hay dudas por $90.000 millones en contrato de Caregato"Es importante mencionar que el magistrado Francisco Farfán es investigado en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por una presunta filtración de información al senador José Alfredo Gnecco Zuleta.Anteriormente, la Corte había señalado una posible filtración del magistrado de la Corte Suprema en beneficio del senador Gnecco Zuleta y otros miembros de la familia Gnecco, quienes son investigados por el delito de compra de votos.Finalmente, entre las peticiones de la solicitud de recusación se pide separar al magistrado Farfán del caso por estar impedido y, una vez se realice, asignar el proceso penal a otro magistrado al cual le corresponda el reparto.
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación preliminar contar el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Francisco Farfán por la presunta filtración de información al senador José Alfredo Gnecco, en el marco del caso por presunta corrupción al sufragante contra el congresista.“En razón a la solicitud de investigación solicitada por el mismo magistrado Francisco Javier Farfán, así como el traslado de una información por parte de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes se permite informar que inicia indagación preliminar en contra del mencionado magistrado por presuntas conductas a establecerse”, señala el comunicado.Cabe recordar que las acusaciones contra de Farfán surgieron tras una denuncia publicada por Noticias Caracol, que planteó la posibilidad de que el magistrado hubiera alertado a Cielo Gnecco. Los audios que fueron revelados han dado lugar a que el magistrado Farfán haya pedido una licencia de tres meses, que han llevado a que se declare impedido y ya no lleve adelante el caso por presunta corrupción al sufragante contra el congresista Gnecco Zuleta.Blu Radio conoció qué fue lo que manifestó ante la sala de instrucción ante la Corte Suprema de Justicia José Aníbal Mejía Camacho, él hasta hace unas semanas fue uno de los magistrados auxiliares y uno de los más cercanos funcionarios de Francisco Farfán, hasta que él decidió declararlo insubsistente en medio de todo el escándalo.
A través de una carta fechada el pasado 6 de noviembre, el magistrado Francisco Farfán le solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, que le aplace la licencia remunerada que había solicitado inicialmente desde el 7 de noviembre de 2023 y que ahora ese periodo arranque desde el 20 del mismo mes.En las últimas horas, la Sala de Gobierno del tribunal le concedió la nueva solicitud para que su licencia arranque entre el 20 de noviembre y el 19 de diciembre de 2023, y del 11 de enero al 10 de abril de 2024.En la carta enviada al presidente de la Corte, el magistrado Farfán explicó: "Antes de la fecha señalada no logra evacuarse, como puede constatar con el presidente de la Sala Especial de Instrucción, la discusión de votación de un asunto priorizados por la sala, donde soy ponente”.Esa fue la razón principal para aplazar por unos días su fecha para iniciar con la licencia no remunerada. Desde el tribunal explicaron que, a partir del 20 de noviembre, el equipo del despacho de Farfán se hará cargo de las investigaciones mientras culmina la licencia; y las decisiones urgentes, serán llevadas por el presidente de la Sala de Instrucción a ese mismo equipo para que avance en esos casos.Desde la Corte también están analizando la posibilidad de que la sala plena nombre un magistrado encargado para reemplazar a Farfán mientras su licencia, pero ese funcionario debe ser un juez o magistrado que esté en el cargo por concurso de méritos.
Durante la sesión de este martes, 7 de noviembre, en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se conoció que el presidente de la comisión, Wadit Manzur, investigará al magistrado de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el caso de presunta filtración de información en el caso de Cielo Gnecco.En los próximos días el representante investigador tiene previsto expedir un auto en el que citará al magistrado de la Corte Suprema de Justicia para que entregue su versión de los hechos por los que es acusado.Hace unos días el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, y el jefe de la Sala Penal, Hugo Quintero, asistieron a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solicitando agilizar el proceso que enreda al magistrado Francisco Farfán por un caso ligado al clan político Gnecco, luego de una revelación que hizo a Noticias Caracol.Cabe recordar que el magistrado Farfán solicitó una licencia no remunerada de tres meses, luego de abrir una investigación contra los miembros de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por no avanzar en un proceso contra el fiscal general de la Nación.Le puede interesar General Mejía explica conflicto en Cauca: “El Wall Street de las economías ilegales es El Plateado”:
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia aceptó el impedimento del magistrado Francisco Farfán en el proceso que llevaba contra el senador José Alfredo Gnecco por presunta compra de votos, por lo cual quedó apartado del caso.Sin embargo, la investigación fue reasignada al siguiente magistrado en orden alfabético de esa Sala, es decir, a la togada Cristina Lombana. Desde el alto tribunal informaron que en las próximas salas serán discutidos los otros impedimentos que presentó Farfán, como el de la investigación que abrió contra los 18 integrantes de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, porque no le habrían dado trámite a una denuncia contra el fiscal general.Es importante resaltar que esa misma Comisión de Acusación es la que en los próximos días va a designar un representante para que investigue el escándalo en el que está involucrado el magistrado Farfán, por supuestamente haber filtrado información sobre una investigación que estaba llevando contra el clan Gnecco por presunta compra de votos en 2018.La Sala de Gobierno también tiene pendiente por resolver la solicitud de licencia no remunerada que pidió Francisco Farfán por lo que resta del año y los primeros tres meses del 2024, para defenderse del escándalo que lo salpica por presunta corrupción en un proceso que vincula a los Gnecco.Vea también
El magistrado Francisco Farfán de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación que involucra a miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Al igual, el magistrado, que se declaró impedido, esta siendo investigado por filtrar información del caso Gnecco.Las acusaciones en contra de Farfán surgieron tras una denuncia publicada por Noticias Caracol, que planteó la posibilidad de que el magistrado hubiera alertado a Cielo Gnecco. En respuesta a esta situación, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Jorge Alejandro Ocampo, recibió la notificación de la investigación por parte del magistrado, junto a Carlos Cuenca.Ante la noticia, el representante Jorge Alejandro Ocampo se pronunció sobre la decisión del magistrado de declararse impedido en el caso y sobre la investigación que se abrió en su contra en Mañanas Blu con Néstor Morales. "Yo aplaudo la decisión de declararse impedido porque, aunque él por causal, aún no está impedido y nosotros tampoco. No estamos vinculados formalmente a un proceso ni él. Me parece que es lo mejor, porque un magistrado es una persona importante en el país y el caso se ha vuelto muy mediático", dijo el representante Ocampo. Además, compartió su sorpresa por la llegada de la carta que anunciaba la investigación a los miembros de la Comisión de Acusaciones. “Claro que nos sorprendió y no de buena manera”, dijo.“Es su función investigarnos y nosotros a él. Yo aplaudo la decisión de declararse impedido (...) Queda muy maluco empezar a calificar la intencionalidad de los magistrados sobre una persona", aseguró en Mañanas Blu.El representante del Pacto Histórico resaltó la importancia de no calificar la intencionalidad de los magistrados en relación a una persona y subrayó que la mejor opción en esta situación era que el magistrado se declarara impedido. Vea la entrevista completa:
En medio del escándalo que ha rodeado al magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Francisco Farfán, quien, de acuerdo con algunas interceptaciones telefónicas, habría favorecido a un senador del departamento del César que estaba investigado por el alto tribunal, y por él mismo, por presuntas irregularidades vinculadas con temas de elecciones.Según reveló el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, el magistrado Francisco Farfán radicó una carta ante la Sala Plena de la Corte Suprema en la que solicitó una licencia no remunerada durante tres meses con el fin de poderse defender de las investigaciones que se cursan en su contra.Es de recordar que este caso ya está en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y ha producido todo tipo de reacciones, teniendo en cuenta que lo vincularía, posiblemente, con la poderosa casa política de los Gnecco.En el marco de este caso, este miércoles se conoció que el magistrado Farfán les abrió investigación a todos los miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes bajo la justificación de que a una denuncia contra el fiscal general no se le habría dado trámite.Precisamente, los congresistas que conforman la comisión manifestaron estar sorprendidos por la notificación que recibieron.“Quedaríamos impedidos para investigarlo, pero la pregunta es si él también quedaría impedido para investigar a los miembros de la Comisión de Acusaciones; porque estamos en virtud de una función de investigación y jurisdiccional también desde el Congreso de la República”, dijo el representante Hernán Cadavid.Puede ver:
En un caso que sigue siendo noticia en el país por graves presuntas acusaciones indebidas por parte del magistrado Francisco Farfán de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Blu Radio conoció que este magistrado le abrió investigación a todos los miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Las acusaciones contra Farfán surgieron a raíz de una denuncia que publicó Noticias Caracol, que planteó la posibilidad de que el magistrado hubiera alertado a Cielo Gnecco. Esta última había obtenido recientemente la revocación de una orden de captura en medio de una decisión altamente controversial tomada por un fiscal en Valledupar, mientras hablaba con uno de sus familiares, quien estaba siendo investigado por el propio magistrado Farfán. En una llamada telefónica interceptada por la Corte, Cielo Gnecco le transmitió al senador José Alfredo Gnecco Zuleta que el magistrado Francisco Farfán le había pedido que no utilizara su teléfono, ya que estaba siendo intervenido. Estas graves alegaciones señalan una posible obstrucción de justicia, ya que implicarían que el magistrado habría informado al congresista sobre la vigilancia de sus comunicaciones mientras estaba siendo investigado.Meses después de este incidente, el propio magistrado Farfán, sin haber compartido previamente esta información con nadie, solicitó el archivo del caso contra José Alfredo Gnecco, quien enfrentaba acusaciones de compra de votos.El 18 de octubre, Noticias Caracol reveló esta información y cinco días después, el magistrado Francisco Farfán decidió abrir una investigación preliminar al menos contra dos miembros de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Esto plantea un dilema ético, ya que estos miembros deberán eventualmente tomar decisiones sobre si investigar o no el caso del magistrado, a pesar de estar siendo investigados por él mismo.El 31 de octubre, dos magistrados de la Corte Suprema se presentaron ante la Comisión de Acusación y solicitaron que aceleraran las investigaciones, presentando documentos que parecían comprometedores para el magistrado Farfán. Blu Radio conoció, hoy, 1 de noviembre, las cartas que notifican a representantes de la Cámara que están siendo investigados preliminarmente por el magistrado Farfán.¿Qué explicación da la Corte Suprema?Desde la Corte Suprema de Justicia explicaron que la decisión que tomó el magistrado Francisco Farfán de abrir investigación contra toda la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, obedece a una denuncia al fiscal General a la cual no se le habría dado trámite.Lo curioso es que la propia Comisión de Acusación ya tiene el radicado 6315 para delegar un representante investigador que lleve la indagación de Farfán, por el escándalo de la supuesta filtración.Le puede interesar:
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.