En las últimas horas fue abatido,en medio de un procedimiento policial en el barrio Las Ferias, del municipio de Soledad, uno de los presuntos delincuentes y otro más fue capturado.Durante el procedimiento, adelantado por el Gaula de la Policía en conjunto con Comandos de Operaciones Especiales, una de las personas que se encontraban en el interior del inmueble, presuntamente empuñó un arma de fuego y había apuntado contra los uniformados, quienes respondieron accionando sus armas de dotación, dándolo de baja.El general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana, señaló que están investigando si esta persona es uno de los tres delincuentes armados que salieron en un video amenazando de muerte a comerciantes para obligarlos al pago de extorsiones a nombre de la banda Los Rastrojos Costeños.“En esta diligencia fue abatida una persona que momentos antes esgrimió su arma de fuego contra nuestros uniformados. Al parecer, serían los que en los últimos días circularon un video amenazando a nuestros comerciantes. Los estamos acorralando, los estamos persiguiendo y este será nuestro trabajo, no tendrán refugio en el área metropolitana”, dijo el general.Durante el procedimiento fue incautada una granada de fragmentación apta para ser detonada, dos celulares y seis recibos de consignación de dinero, al parecer, producto de las extorsiones.La persona capturada fue dejada a disposición de la fiscalía por el delito de extorsión.Le puede interesar este contenido:
Fueron aproximadamente 10 hombres armados los que a eso de las 5:00 de la mañana de este martes llegaron a la vereda Las Cuatro, de Ituango, y se llevaron a Wilson Antonio Oquendo y a Yeison Duván Oquendo. Ambos son exguerrilleros de las Farc y vivían hace varios años en esta vereda junto a su familia. Al momento de los hechos se encontraban acompañados de otra persona, que también sería exguerrillero, pero que logró escapar, pues permaneció oculto mientras ocurrían los hechos, según lo reveló el secretario de Gobierno de esta localidad del norte de Antioquia, Néstor Escobar, quien informó que ya el Ejército Nacional se encuentra en la zona."Son dos personas retenidas. Una hace parte del proceso de paz, la otra también es exguerrillero, pero no hace parte de los acuerdos y la otra persona que solicitó medidas de protección es otro exguerrillero que considera que, a raíz de estos hechos, puede estar en riesgo su vida", dijo en Blu Radio el secretario de Gobierno de Ituango.A estos hechos se suma el temor y la zozobra que ha generado entre los habitantes de 27 municipios del norte, Bajo Cauca, Suroeste, occidente y Urabá antioqueño, la aparición de grafitis y panfletos alusivos a este grupo criminal que, a juicio, el director de Fiscalías en Antioquia, Daniel Parada buscarían demostrar su poder.Le puede interesar este contenido:
En la vía hacia el corregimiento de Zapatosa, entre los municipios de Tamalameque y Pailitas en el sur del Cesar, un grupo de hombres armados secuestró al reconocido comerciante y palmicultor Gabriel Rincón Serrano, de 75 años.Según la denuncia, los delincuentes interceptaron a Rincón cuando él regresaba de su finca junto a su esposa y otras personas cercanas, y lo hicieron bajar de su vehículo para subirlo a la fuerza a otra camioneta gris, en la que partió con rumbo desconocido.“Alrededor de cuatro hombres fuertemente armados interceptaron el vehículo en el que se transportaban. Ella y algunos trabajadores de la finca menores de edad fueron abordados. Al señor Gabriel se lo llevan por aparte, y la los otros los dejan retenidos como por una hora”, informó el alcalde de Pailitas, Carlos Javier Toro.Los gremios de comerciantes, ganaderos y agricultores piden que se refuerce la seguridad, en especial en el centro y sur del Cesar, pues advierten que cada vez aparecen más y más bandas delincuenciales ejecutando secuestros para obtener recursos.Por el caso, el coronel Luis León, comandante de Policía del Cesar, anunció que se tomarán nuevas medidas en las próximas horas para dar con la pronta ubicación de Rincón Serrano.Este caso se produce justo dos meses después de la desaparición del también ganadero Javier García Maya, de quien no se tiene razón desde el pasado 28 de octubre, cuando al parecer fue secuestrado mientras se dirigía a una finca de su propiedad en el corregimiento Los Tupes, municipio de San Diego, Cesar.De García Maya solo encontraron su camioneta abandonada en zona rural de Valledupar y, por información que conduzca hacia su paradero, las autoridades mantienen una recompensa de hasta 50 millones de pesos.Le puede interesar: 'Los cuentos de Mabel Cartagena'
Este miércoles se conoció la liberación de Vicente Ortiz, padre de la secretaria General del Ministerio de Justicia, Helen Ortiz, quien había sido secuestrado hace una semana en Meta. De acuerdo con las autoridades, la liberación se produjo gracias a la presión de la fuerza pública, en la misma zona del plagio y en los hechos no se registraron personas capturadas. El secuestro de Vicente Ortiz se registró en la madrugada del pasado 21 de diciembre en la vereda Las Delicias, del municipio de Lejanías, en el Meta. Tras conocerse los hechos, las autoridades activaron una búsqueda inicial con la comunidad sin éxito.Luego, tres horas después, uniformados efectuaron una revisión en la finca denominado La Ilusión, ubicada en la vereda Las Deliicias, en búsqueda de pruebas y elementos de interés, así como para revisar las cámaras de seguridad de la zona y de los peajes Iraka y Acacías, así como registros de llamadas.Entre los hallazgos, hace una semana, las autoridades encontraron varios documentos quemados, que serían escrituras públicas, por lo que también se contactó con varias notarías para ampliar la información.El domingo liberaron a ganaderoEl pasado domingo, las autoridades también confirmaron la liberación del ganadero Jhon Keneddy Osorio, quien había sido secuestrado el 18 diciembre, también en zona rural del Meta, por quien sus captores exigían 1.000 millones de pesos.Según la Policía, el ganadero fue dejado en libertad en zona rural de Fuente de Oro, Meta, gracias a la presión de las autoridades que desde hace varios días intensificaron los operativos de búsqueda, Minutos más tarde, tres hombres, al parecer integrantes de una banda denominada 'Los Trocheros', fueron detenidos en uno de los peajes de la vía entre Villavicencio y Bogotá. Las autoridades los relacionan con el secuestro de Keneddy Osorio.Sobre estas personas habían anotaciones por delitos como homicidio, tráfico y porte de estupefacientes, desplazamiento forzado, hurto y rebelión.Le puede interesar:
Este domingo, 25 de diciembre, las autoridades confirmaron la liberación del ganadero Jhon Keneddy Osorio, quien había sido secuestrado el pasado 18 diciembre en zona rural del Meta. Según la investigación, Osorio estaba en poder de un grupo delincuencial autodenominado ‘Los Trocheros’.Así lo confirmó en Blu Radio el coronel Giovanni Cristancho, director del Gaula de la Policía, quien detalló que ‘Los Trocheros’ vienen “generando afectaciones” en la región desde hace tiempo y, por eso, ya investigan su relación con otros siete casos de secuestro en la zona.Se descarta relación con disidenciasEl coronel Cristancho dijo que, en este caso, los responsables directos son ‘Los Trocheros’, pero que estos no tienen relación con las disidencias de las Farc.“Sería irresponsable relacionar estos secuestros con las disidencias de las Farc (…) No tiene nada que ver con las disidencias”, según aclaró el coronel en Mañanas Blu. En ese sentido insistió en que actualmente no se han establecido posibles vínculos.Liberación del ganadero Jhon Keneddy OsorioSobre la operación que llevó a la liberación del ganadero Osorio, detalló que ya conocían su forma de operar y, además, tenían delimitada la zona donde cometían sus delitos y actividades.Según la Policía, fue dejado en libertad en zona rural de Fuente de Oro, Meta, gracias a la presión de las autoridades que desde hace varios días intensificaron los operativos de búsqueda.Por otro lado, el coronel Cristancho aseguró que el Gaula de la Policía avanza en la búsqueda de otra persona secuestrada en el Meta y de quien hasta ahora no se tiene rastro, Miguel Ortíz, padre de la secretaria general del Ministerio de Justicia, Helen Ortíz, quien desapareció de su finca en zonza rural de Granada.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu:
Continúan los operativos del Gaula de la Policía y Ejército para dar con el paradero del ganadero John Kennedy Osorio, de 45 años, secuestrado en Granada, Meta, el pasado domingo, y de Vicente Ortiz Álvarez, padre de la secretaria General del Ministerio de Justicia, de quien no se tiene información desde la medianoche del miércoles.El general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, contó que, tras entrevistar varias fuentes y recopilar pruebas, se puede estimar que detrás de ambos secuestros estaría un mismo grupo ilegal.“El modus operandi, y por lo que nos han descrito, nos coinciden elementos y pareciera que sí son los mismos autores. Sería un grupo de delincuencia común organizada”, agregó Sanabria.Además, se conoció que en los casos hay exigencias de dinero por parte de los delincuentes que se han puesto en contacto con los familiares; montos que van desde $300 millones hasta $1.000.El general Sanabria insistió en que tiene desplegadas todas las capacidades para dar con el rescate de los dos hombres, por lo que señaló que la mejor recomendación es no ceder y pagar las extorsiones.Le puede interesar
Un posible caso de extorsión está investigando la Policía Metropolitana, luego de que delincuentes en moto dispararan este fin de semana contra la fachada del reconocido restaurante el "Chuzón de Joselo", ubicado en la carrera 8 con calle 40, en el barrio El Campito, en el sur de Barranquilla.El negocio resultó afectado en unos vidrios tras los disparos, sin embargo, por fortuna el ataque a bala no dejó personas heridas.El coronel Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana, informó que el Gaula se encuentra al frente de la investigación, toda vez que, aunque no hay una denuncia por extorsión, el modus operandi de los delincuentes es el mismo que el utilizado en otros casos en los que buscan presionar a los propietarios para que les entreguen dinero a bandas delincuenciales.“Estamos investigando con el Gaula. No conocemos ninguna denuncia por extorsión, pero creemos, de acuerdo al modus operandi, que se puede relacionar a algún hecho de extorsión, ya que la forma de actual de los delincuentes se asemeja a otros casos en los que hemos dado con las capturas de los responsables”, señaló el coronel Urquijo.El oficial informó que el último caso cometido bajo esta modalidad de extorsión se había registrado el pasado 4 de noviembre en Barranquilla, donde se produjo la captura de alias el ‘Gordo Junior’, luego de disparar contra un local comercial.Le puede interesar este contenido:
Un soldado que había secuestrado y desnudado a una mujer en Caucasia, Antioquia, fue capturado. Este caso es paradójico porque involucra en un secuestro a quien hace parte de la fuerza pública que, precisamente, se encarga del rescate de los secuestrados.Se trata del soldado profesional Jacinto Manuel Martínez, de 36 años, quien fue capturado por la Policía Nacional en un operativo de rescate de una mujer, que estaba retenida por este militar en la variante Campo Alegre a Caucasia.Según las autoridades, la mujer se movilizaba en en dicha vía una motocicleta cuando fue interceptada por el soldado profesional. Luego de unas horas, los agentes de la Policía llegaron al lugar pero fueron recibidos con disparos por el soldado, ante la reacción, el militar se rindió y arrojó la pistola que tenía.La fuerza pública rescató a la mujer, quien fue encontrada desnuda, por lo que se investigará si hubo algún tipo de abuso sexual contra la víctima.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Un grupo especializado antiextorsión hará presencia las 24 horas en el centro de Barranquilla para acompañar a comerciantes que han denunciado ser víctimas de este delito. La medida se suma a otras que han tomado las autoridades para garantizar la seguridad especialmente en esta época decembrina. Luego de un consejo de seguridad realizado con el comandante del Gaula de la Policía y voceros de comerciantes que denuncian estar desesperados por las extorsiones. Autoridades tomaron algunas medidas para garantizar la seguridad entre las que se encuentra la designación, a partir de este 6 de diciembre, de un grupo de agentes del Gaula brindando acompañamiento las 24 horas. Además, se conoció sobre la intervención de la cárcel El Bosque, pues varias de las llamadas de los delincuentes hacia comerciantes de esa zona de la ciudad están siendo realizadas desde el interior de este centro de reclusión."Habrá presencia en el sector de un grupo especializado antiextorsión precisamente para que los comerciantes para que se sientan tranquilos. Solicitamos la intervención del sector de la plaza de San Nicolás por toda la zona de tolerancia en la que se ha convertido.", indicó Dina Luz Pardo, directora de la Asociación de Comerciantes del centro de Barranquilla.Extorsiones han aumentado hasta en un 30% para época de fin de año “No se haga matar”, “cuide su negocio”, “piense en su familia”, son las amenazas que a diario reciben decenas de comerciantes en el área metropolitana de Barranquilla, especialmente en municipios como Soledad y Malambo, quienes denuncian que el flagelo de la extorsión continúa tomado fuerza, aumentado su incidencia hasta en un 30%.A través de llamadas, en su mayoría, los extorsionistas dejan por sentado que si el comerciante se niega a pagar la exigencia económica que le solicitan, lo más probable es que sufra un atentando a bala en su negocio, incluso, los amenazan con panfletos que son lanzados en las puertas de los establecimientos."Yo tengo la orden de arremeter contra usted si no paga la colaboración que le estamos solicitando. Vea doña, piense en su familia, en su negocio, en sus hijos, pague y no me obligue a llamar a mi comandante", se escuchó en una conversación telefónica aportada por una comerciante del centro de Barranquilla.Orlando Jiménez, presidente de la Unión Nacional de Comerciantes en el Atlántico, aseguró que con cobros mensuales de hasta $6 millones las extorsiones llevaron a que durante este año 2022 más de 100 pequeños locales comerciales bajaran sus esteras y cerraran definitivamente sus negocios.Le puede interesar:
Luego de confirmarse el rescate de Mathías Manosalva, el pequeño de 18 meses que había sido secuestrado en la madrugada del pasado martes, la Policía concentra sus trabajos en la búsqueda de una cuarta persona que también habría participado en el rapto e intimidaciones a la madre en zona rural de La Gloria, Cesar.El general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, contó que ya fueron capturados dos hombres y una mujer, quienes ya están a disposición de la Fiscalía.“Además, incautaron dos armas de fuego. Por ahora no tenemos información de antecedentes, lo que sí ya tenemos establecido es que serían de delincuencia común. Con estas personas, buscaremos que nos entreguen información”, dijo Sanabria.Este secuestro, según las informaciones preliminares, tendría motivos extorsivos, pues a la familia, que es de escasos recursos, le exigieron $100 millones por liberar al niño.“Desde el primer momento que conocimos el caso, desplazamos grupos especiales del Gaula desde Bogotá hasta Aguachica y La Gloria, con el propósito de hacer un cerco tecnológico y con apoyo de fuentes humanas llegar al sitio donde fue rescatado”, agregó Sanabria. Escuche el podcast: Historias detrás de la historia
El concejal del Pacto Histórico Carlos Carrillo, en diálogo con Mañanas Blu, dijo estar de acuerdo con las modificaciones que el Gobierno de Gustavo Petro quiere hacer para el metro de Bogotá, que generó todo un debate en varios sectores por el ultimátum que dio el ministro de Transporte, Guillermo Reyes , sobre la construcción de la primera línea.Según comentó, apoya los cambios del trazado del metro que propone el presidente Petro porque, recalcó, el mandatario entiende las consecuencias de seguir con el contrato que firmó en su momento la alcaldía del exalcalde Enrique Peñalosa.El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en diálogo con Blu Radio, dijo que sus declaraciones sobre frenar el financiamiento de las obras en Bogotá si no se modifica la primera línea del metro de la ciudad, obedecieron a un “cambio de condiciones” de la alcaldesa Claudia López.El ministro agregó que con la alcaldesa se había acordado buscar consensos y el mejor camino, pero agregó que, un momento al otro, ella cambió de parecer.En diálogo con Mañanas Blu, la senadora por Alianza Verde Angélica Lozano habló sobre el rifirrafe entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno del presidente Gustavo Petro, por cuenta de la construcción del metro de la ciudad y si esto traerá retaliaciones de cara a la próxima presidencia al Senado de la República y a la cual ella aspira.“Yo no creo. Eso es mezclar peras con manzanas. En el Senado hicimos la distribución de los cuatro años y en el segundo año le corresponde a la lista del verde y seremos nosotros a la persona que escojamos a la persona”, dijo.El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, habló en Mañanas Blu sobre los videos donde se evidencia que disidencias de las Farc y el Clan del Golfo estarían adoctrinando a niños en Yarumal.El mandatario departamental calificó este hecho como algo "grotesco y doloroso"."Es una cosa grotesca, que lastima todos los derechos de los ciudadanos. Ver como miembros de las disidencias del frente 36 ostentan sus armas y usan uniformes privativos de la fuerza pública haciéndole regalos de kits escolares a los niños. Es un delito que es una infracción al derecho internacional humanitario. Lo que he dicho es que esto tiene que llamar la atención del Gobierno Nacional sobre una falta absoluta de claridad en las reglas de ese cese bilateral del fuego. Están aprovechando para incrementar sus actividades delictivas", afirmó Gaviria.
Una de las grandes frustraciones de Gustavo Petro tras su paso por la alcaldía de Bogotá fue el de no poder poner al servicio nuevamente el Hospital San Juan de Dios, una de sus banderas en la lucha porque la salud en Colombia sea pública.De hecho uno de los encontrones más grandes de Petro con la alcaldesa Claudia López durante la pandemia fue, justamente, no usar las instalaciones del hospital para atender a los contagiados por Covid-19 y en su lugar llevarlos hasta un hospital transitorio en Corferias.Ahora que está en el poder Gustavo Petro aprovechará para solicitar facultades extraordinarias al Congreso de la República dentro del Plan Nacional de Desarrollo para adquirir los predios y poner en marcha en ese lugar a “la persona jurídica cuyo objeto será la prestación de servicios de salud o la investigación en salud”La adquisición de los predios del hospital, que hoy está en manos de la Alcaldía de Bogotá, se daría a a título gratuito u oneroso e incluiría los 24 edificios que hacen parte del complejo y que en su mayoría requieren de restauración.Las facultades extraordinarias para el San Juan de Dios son apenas un ejemplo de las 8 peticiones de facultades que está haciendo el presidente en la ley del plan que será llevada al Congreso este lunes.Le puede interesar:
De 17 años, 4 meses, y 8 días es la condena contra Andrés Felipe Arias que ratificó la Corte Suprema de Justicia por celebración indebida de contratos y peculado, por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.Andrés Felipe Arias habría beneficiado a empresarios con subsidios que eran para pequeños agricultores: este caso se remota a 2014 cuando lo condenaron por contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por tres convenios del Instituto interamericano de cooperación para la agricultura (IICA), convenios que se justificaron que iban a ser para ciencia y tecnología.Precisamente este asunto es uno de los temas que más debate generó alrededor de la naturaleza de los convenios que firmó el Ministerio de Agricultura con el (IICA) para el programa Agro Ingreso Seguro.En 2014 la Corte Suprema había dicho que esos convenios no eran de ciencia y tecnología, sino de administración de recursos. Ahora el alto tribunal ratificó que en este caso no se hizo una licitación pública, sino una contratación directa y que no hay pruebas de que como resultado de esos convenios se hayan aportado en ciencia y tecnología como debía hacerse.Además, señaló que los beneficiarios del programa asumieron las instalaciones técnicas para los programas de riego por lo que no es cierto que el IICA haya dado un soporte en esa materia, pues lo que hizo fue administrar recursos, algo que no podía hacer por ser un organismo internacional.Le puede interesar:
La tendecia ha provocado pérdidas millonarias a franquicias, indignación en las redes, además de acciones legales por parte de diversos establecimientos de comidas e incluso una reforma a las normas de consumo en ese país. La tendencia de gente grabándose a sí misma contaminando comidas y haciendo bromas a otros clientes surgió en Twitter y se ha expandido a otras redes sociales en los últimos días. Todo inició después de la publicación de un video que muestra a un adolescente lamiendo la parte superior abierta de una botella pública de salsa de soya y el borde de una taza de té, que luego vuelve a colocar en el estante del restaurante. En otro segmento del video también se ve al joven pasando su dedo cubierto de saliva sobre un trozo de pescado. La publicación ya tiene más de 90 millones de reproducciones en Twitter y fue grabada en una sucursal de la cadena Sushiro en la ciudad central de Gifu.Sin embargo, el video en sí no es lo más preocupante de la situación, sino el desplome en las acciones y pérdidas que ocasionó a la franquicia. La publicación produjo la caída de casi el 5 %, alrededor de 16.800 millones de yenes (unos 130 millones de dólares), de las acciones de la empresa.A partir de esta publicación, varias personas se sumaron al "terrorismo del sushi", grabando videos en los que se muestran poniendo wasabi en piezas de sushi o lamiendo la cuchara de un recipiente que usan varios comensales. Además, se han registrado robos menores en grabaciones en las cuales se ve a clientes quitando piezas de sushi de un plato ordenado por otra persona.Por otra parte, el autor del video que desató la problemática se disculpó junto con sus padres, pero la cadena de restaurantes presentó cargos penales y civiles en su contra. Además, la franquicia reemplazó todas las botellas de salsa de soya del restaurante y los clientes tendrán que recoger los condimentos y utensilios en un punto de servicio específico.
El director del Banco Inmobiliario de Floridablanca, BIF, Julio César González García, respondió este viernes y se defendió de una acusación en su contra por presunto acoso sexual y laboral a una funcionaria de la entidad que dirige.La denuncia, que fue radicada en la Procuraduría, señala que el director, supuestamente, “hacía comentarios de tono sexual, acercamientos no consentidos e insinuantes, e incluso tocamientos”.“Recibimos la queja que inicialmente llegó a la Procuraduría y como ya estaban identificados los funcionarios, que habrían cometido las faltas, se abrió la investigación. Es una denuncia de acoso sexual y laboral”, indicó Margarita Serrano, personera de Floridablanca.Frente a esta denuncia, el director del Banco Inmobiliario de Floridablanca se defendió.“De manera rotunda digo que jamás he acosado a nadie, jamás en mi vida he acosado ni laboral ni sexualmente a ninguna persona, hombre o mujer, es un acto que rechazo y denigro. Si se detienen a estudiar mi hoja de vida, que estudien mi tema de trabajo en la universidad, en mis estudios superiores, sobre qué tema trabajé y con eso ustedes se dan cuenta de qué tipo de persona soy”, dijo el funcionario.El director explicó los motivos que, según él, habrían llevado a la funcionaria a denunciarlo por acoso sexual y laboral.“Uno identifica algunas posturas políticas, hay una línea política de persecución frente al tema del trabajo que se está realizando como Alcaldía, de los éxitos y buenos resultados del ejercicio público. Claramente es buscando encontrar un rédito político donde no lo hay”, agregó.Según contó el funcionario, la mujer que lo denunció por acoso ha tenido quebrantos de salud en medio de sus funciones de trabajo y “se le acompañó en todo momento”.“En el 2021 la funcionaria de la entidad comentó que tenía problemas de salud, nos informó que producto de estos quebrantos tenía que ser sometida a unos tratamientos especializados. En ese momento la entidad activó un equipo de solidaridad para atender ese quebranto, se hicieron hasta colectas para ayudarla”, indicó.Y agregó: “en el año 2022 presentó una situación de alteración de su salud dentro de la entidad, generando un agobio y un estrés a los compañeros. A partir de ese momento, solicitamos a esta funcionaria que nos informara las recomendaciones médicas que debía tener para protegerla”.“La funcionaria se fue de incapacidad y regresa con una recomendación con un médico tratante de una especialidad distinta a la enfermedad que ella había manifestado tener, venía acompañada de una queja de acoso contra la secretaria general y mi persona. Esa queja fue tratada en el comité laboral”, dijo el director del Banco Inmobiliario de Floridablanca.
