El general en retiro Henry Torres Escalante aceptó la imputación como máximo responsable por falsos positivos en el departamento del Casanare, pues él fue comandante de la Brigada XVI del Ejército, con jurisdicción en esa zona del país. En su escrito de reconocimiento aseguró que sentía vergüenza por lo sucedido y pidió perdón a las víctimas por esos "horribles hechos"."Ahora bien cómo base de mi reconocimiento y como lo he manifestado en mis intervenciones en el proceso dialógico ante esta jurisdicción, mi responsabilidad se funda en las presiones permanentes que hice a mis subordinados, mismas que me eran aplicadas por parte de mis superiores, exigiendo resultados operacionales, dando prelación a las bajas en combate lo que indiscutiblemente me llevó a ser reiterativo e incisivo en la unidad que comandaba, cuando debía ejercer una comandancia mesurada en la emisión de órdenes”.Por otro lado, explica que debió hacer mas esfuerzos en el control y supervisión de las actuaciones de sus subordinados y que hizo llamados de atención fuertes a los subalternos que no reportaban bajas, les decía que podían ser relevados o trasladados.“Estas exigencias y presiones indudablemente incidieron en que algunos miembros de la brigada motivados por cumplir con mis demandas y la de sus superiores directos para sobresalir o conservar su posición en la institución, mejorar sus calificaciones en los folios de vida, contar con la oportunidad de permisos, entre otros, se articularon en la mecánica fraudulenta y lograr objetivos operacionales a toda costa”.También explicó que consideraba que había una batalla jurídica contra el Ejército cuando algunos soldados eran acusados de cometer falsos positivos, y creía que eran montajes judiciales contra los soldados y por eso no cayó en cuenta en las actuaciones ilegales.“A pesar de haber ordenado investigaciones para indagar sobre el contenido de las quejas no se hicieron en la debida forma por parte de los funcionarios competentes, situación que de haber actuado dentro de las funciones de mi cargo no hubiese ocurrido, ninguna de las investigaciones arrojó resultados concretos y definitivos, muchas, por no decir todas, facilitaron la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes”.Explica que el comandante del Ejército en temas operacionales tenía como uno de sus criterios las bajas en combate y Torres Escalante asegura que cayó en la irresponsabilidad de exaltar a quienes entregaban resultados operacionales, lo que incrementó las presiones en los soldados.“Acepto que muchas de las personas que realizaron estos homicidios en personas protegidas y desapariciones forzadas en contra de la población civil recibieron reconocimientos y felicitaciones de mi parte, sin haber adelantado investigaciones exhaustivas por los hechos, por el contrario fueron premiadas por solicitud mía al comando superior con medallas con decoraciones cursos y viajes”.En el mismo sentido pidió perdón a las victimas y dijo que está comprometido con la reparación y la no repetición, e incluso de ser necesario, asegura, que en una audiencia pública pedirá perdón y reconocerá lo sucedido.“Con la valentía que reviste un soldado de la patria para reconocer sus errores, por execrables que fuesen, me pongo de pie ante las víctimas y sus familiares para aceptar con vergüenza la responsabilidad que me corresponde asumiendo que mis conductas omisivas y la presión a mis subordinados para que en el desarrollo de las operaciones militares produjeran el mayor número posible de bajas en combate fueron determinantes para la ocurrencia de los lamentables hechos que enlutaron sus hogares”.Escuche el podcast El Camerino:
El general Henry William Torres Escalante es procesado por la justicia por su supuesta participación en por lo menos 60 ejecuciones extrajudiciales, que le sindican a la Brigada XVI del Ejército cuando él la comandaba. En julio de este año, reconoció, por primera vez, su responsabilidad ante la JEP.Uno de los hechos más trascendentales fue el homicidio de Daniel Torres y su hijo Roque Julio, de 16 años, quienes fueron asesinados en Casanare en el 2007 y presentados falsamente como guerrilleros del ELN dados de baja en combate.La nueva polémica surge porque el pasado martes el general Escalante dictó un seminario sobre los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario a un grupo de oficiales del Ejército. El seminario era sobre las lecciones aprendidas y la experiencia de la XVI Brigada del Ejército Nacional de Colombia 2006-2007.A pesar de la indignación de algunas víctimas, fuentes del Ejército explicaron que el general fue el que pidió dictar el seminario como parte de sus compromisos con la JEP y que fue, justamente, para contar su experiencia cuando comandó la XVI Brigada. El Ejército aún no da una respuesta oficial ni ha contestado a BLU Radio.
Este martes comparecerá ante la Justicia Especial para la Paz el general en retiro Henry Torres Escalante, acusado de falsos positivos.A las 11:00 de la mañana es una cita con la historia. La JEP tendrá su esperado debut pese a las críticas, los cuestionamientos o las interpretaciones jurídicas. Y ese estreno será con un militar.El general Torres Escalante es acusado de falsos positivos que habrían ocurrido cuando el exmilitar fue comandante de la Décimo Sexta Brigada con sede en Casanare.Este miembro en retiro de la Fuerza Pública, a diferencia de exguerrilleros de las Farc, se acogió voluntariamente a la JEP y ahora su primer compromiso será firmar un acta en la que promete decir la verdad.Jaime Granados, abogado de Torres, aseguró que esperan que haya imparcialidad en el proceso en la Justicia Especial para la paz.“Lo que el general espera es que exista una justicia ecuánime, una justicia imparcial como lo exige el acto legislativo”, dijo Granados.Añadió que Torres Escalante es coherente con la petición que hizo hace un año y que por eso no esperará los 18 meses a la creación de la sala especial exclusiva para miembros de la fuerza pública.“Como él ya se había presentado hace un año está siendo coherente con lo que hizo. Si hubiéramos sabido hace un año largo que se iba a hacer esto de pronto hubiéramos esperado”, afirmó.Por decisión de la JEP, la audiencia precedida por los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas será a puerta cerrada y tendrá tres momentos. El primero cuando el general deberá reconocer el acta que formaliza la apertura del trámite para aplicar a los beneficios de la Justicia Transicional y así se inicie su sometimiento. Es el acta que fue entregada a la Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial para la paz cuando manifestó su deseo de acogerse.Esta acta no implica que se accede al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.En segundo lugar, el general o su abogado informarán a la Sala sobre los procesos que se han adelantado o que se están adelantan en su contra, y en un tercer momento será cuando el compareciente presentará a la sala las formas de contribución al esclarecimiento de la verdad a favor de las víctimas y la sociedad, como propuesta para resarcir el daño.Cumplido este tercer paso, que compone la solicitud del compareciente, la sala estudiará la competencia de la JEP y resolverá sobre la concesión de los beneficios, los cuales son un mar de posibilidades porque en esta audiencia es la primera donde comparece un militar, todo puede pasar ya que será la partida para que los magistrados obren y decidan. Será oficialmente la presentación de cómo actuará la JEP.Lo que sí es claro es que con este proceso de este martes el general empezará a contar la verdad sobre asesinatos de Daniel Torres y de su hijo Roque, dos campesinos de Aguazul, Casanare, que murieron en el 2007 y que fueron presentados como bajas en combate, por eso la acusación en el proceso de los denominados falsos positivos.Le puede interesar: El caso de Torres Escalante, una prueba de fuego en la JEPTorres Escalante también está vinculado al proceso por su presunta responsabilidad de mando relacionada con las acciones de varios de sus hombres, quienes asesinaron a dos campesinos para presentarlos como bajas en combate. El oficial siempre ha negado alguna participación o permisión para que tales hechos criminales fueran ejecutados en su unidad. Hoy esa afirmación será contrastada con su compromiso de verdad, justicia y reparación.
A 24 horas de que quede escrito en la historia de la Justicia Especial para la Paz el sometimiento del primer militar acogido a este tribunal, la JEP confirmó que será una diligencia a puerta cerrada.Blu Radio pudo establecer que el general Henry William Torres Escalante asistirá a la audiencia programada para este martes a las 11:00 de la mañana. Será llevado a la JEP y estará acompañado de su abogado, Jaime Granados.El general, primer militar en llegar al tribunal especial, comparecerá ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas donde deberá reconocer el acta que formaliza la apertura del trámite para aplicar a los beneficios de la Justicia Transicional y así se inicie su sometimiento.Durante la audiencia, de acuerdo con la resolución de la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas, se protocolizará el siguiente procedimiento: primero el general reconocerá el acta de sometimiento que fue suscrita en su momento ante la Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial para la Paz, sometimiento que -sea dicho de paso- no implica que se accede al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.En segundo lugar, el general o su abogado informarán a la Sala sobre los procesos que se han adelantado o que se adelantan en su contra y en un tercer momento será cuando el compareciente presentará a la Sala las formas de contribución al esclarecimiento de la verdad a favor de las víctimas y la sociedad, como propuesta para resarcir el daño.Cumplido este tercer paso, que compone la solicitud del compareciente, la Sala estudiará la competencia de la JEP y resolverá sobre la concesión de los beneficios, los cuales hoy son un mar de posibilidades porque en esta audiencia, la primera donde comparece un militar, todo puede pasar ya que será la partida para que los magistrados obren y decidan.Al general en retiro se lo acusa de haber ordenado crímenes extrajudiciales cuando fue comandante de la Brigada XVI en Casanare, entre 2005 y 2007. También, de encubrir a otros oficiales involucrados en otros ‘falsos positivos’.
El Tribunal Superior de Yopal emitió una nueva orden de captura en contra del general en retiro Henry Torres Escalante, procesado por falsos positivos en el Casanare. La muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, respectivamente, lo tuvo privado de la libertad desde el 26 de marzo del 2016, cuando se entregó a las autoridades. El ente acusador aseguró que existía una decisión de Corte Suprema de Justicia que señalaba que esa libertad condicional no procedía porque el tribunal especial de paz no estaba en vigencia. Le podría interesar: Se entregó a la Fiscalía el general Torres Escalante El general Escalante fue el primer general en ser llevado a juicio por los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales de estas dos personas que fueron acribilladas en marzo del 2007 en la finca El Triunfo, situada en Aguazul, Casanare.
El general Montoya, quien tiene más de 10 procesos penales activos en la Fiscalía, fue llamado a imputación de cargos en el contexto de la investigación de diversos casos de falsos positivos a nivel nacional durante el tiempo en que fue comandante de las FF.MM en el gobierno de Álvaro Uribe. Además, se le relaciona con la muerte de 8 campesinos en el municipio de San José de Apartadó en el año 2005, en un caso de impacto mundial por la posible mediación de la Corte Penal Internacional. La masacre ocurrió el 21 de febrero de 2005, cuando 8 personas fueron asesinadas por el frente Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia con el presunto apoyo de integrantes del Ejército Nacional. Las víctimas fueron 5 adultos y 3 menores de edad, entre ellos una niña de 5 años y un bebé de 18 meses de nacido, a quienes los paramilitares mataron acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. Además, un orden de captura fue proferida contra el general Torres Escalante, quien hasta finales de 2015 fue jefe del comando conjunto número 2 de suroccidente del Ejército, comando que tiene a su cargo la operación del Ejército en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. (Lea también: General Torres Escalante, a indagatoria por caso de falsos positivos en Casanare) El general Torres fue citado a indagatoria el pasado noviembre pero no se quiso presentar. El caso de falso positivo por el que es requerido es la muerte de Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniega, padre e hijo, quienes fueron asesinados en marzo de 2007 en la finca El Triunfo situada en el municipio de Aguazul, Casanare, donde el uniformado tenía injerencia en el momento de los hechos. Las versiones preliminares apuntan a que el general Torres señaló a las víctimas como guerrilleros muertos en combate. Además, aparentemente los dos hombres tenían versiones que contarle a la justicia sobre un caso de falso positivo, razón por la que habrían sido asesinados, según la Fiscalía.
La estación Patio Bonito de TransMilenio retomará su operación en la troncal Américas después de las obras realizadas en el sector, con una infraestructura completamente renovada y cambios en la oferta de servicios para los usuarios del suroccidente de Bogotá.La reapertura ocurrió este jueves 17 de septiembre y beneficiará a más de 13.000 usuarios, principalmente habitantes de la localidad de Kennedy. Según la empresa de transporte público, con el regreso de la estación también se amplían las alternativas de conexión con otros corredores del sistema.Así es la nueva estación Patio Bonito y estos son sus serviciosLa nueva infraestructura de TransMilenio cuenta con una estación construida desde cero, luego de la demolición de los antiguos vagones. Entre las obras hechas están la construcción de nuevos carriles exclusivos y mixtos, la reconfiguración del espacio público y la adecuación de redes de servicios públicos.La estación dispone ahora de nuevos vagones, cimentaciones reforzadas, taquillas externas y barreras de acceso de piso a techo, intervenciones que buscan mejorar las condiciones de operación, seguridad y control para los pasajeros.En cuanto a la operación, Patio Bonito tendrá 12 servicios troncales, uno más de los que funcionaban antes del cierre. Las rutas que prestarán servicio en la estación son:Z63–F63F51–M51F60–A605J–5PF26–B26F32–E32Con estas rutas, los usuarios podrán hacer conexiones con las troncales Norte, Caracas Centro, NQS y Museo Nacional.Además, con la reapertura regresan los servicios F26–B26, F51–M51 y 5J–5P, mientras que se incorporan F63–Z63, F60–A60 y F32–E32 para ampliar las alternativas de viaje para los usuarios.¿Qué pasó con otras rutas de TransMilenio?Como parte de los cambios operacionales, los servicios F61–A61 y F23–J23 dejarán de hacer parada en Patio Bonito.En el caso de F61–A61, TransMilenio explicó que este servicio modificó su función y actualmente circula principalmente por la troncal de la avenida Ciudad de Cali, conectándose con la troncal Américas en la estación Marsella antes de continuar hacia la troncal Caracas.Como alternativa, se incorporó A60–F60, que permitirá mantener y ampliar las opciones de conexión, especialmente hacia la troncal Caracas.Por su parte, el servicio Z63–F63 tendrá un papel importante en la troncal Américas al atender recorridos más cortos dentro del corredor y contribuir a reducir los tiempos de desplazamiento. Su trazado será ajustado posteriormente, de acuerdo con las condiciones operacionales del sistema.Obras de la nueva estación Patio BonitoLa renovación de Patio Bonito estuvo a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) como parte de las obras de ampliación de la avenida Ciudad de Cali, corredor que tendrá un papel estratégico en la conexión con la Línea 1 del Metro de Bogotá y la troncal Américas.Durante el cierre se llevaron a cabo trabajos sobre la infraestructura de la estación y la vía, además de intervenciones en el espacio público y las redes de servicios. También se ejecutaron obras viales de complejidad en la avenida Ciudad de Cali, mientras se implementaron planes de manejo de tráfico para reducir el impacto sobre la movilidad.La entidad también señaló que mantuvo un proceso de acompañamiento con la comunidad durante el cierre y las obras, con espacios de información y orientación sobre los cambios en los servicios, indicó TransMilenio.
El Gobierno nacional, a través de la Cancillería, decidió retirar a Colombia de la Equal Rights Coalition (ERC), una alianza internacional dedicada a la protección de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), así como a la promoción de un desarrollo inclusivo. La decisión fue comunicada este jueves, 17 de septiembre, y pone fin a la participación del país en este mecanismo internacional."Informar que el Gobierno nacional ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy", se lee en el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores.La Coalición por la Igualdad de Derechos fue creada en 2016 durante la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos LGBTI celebrada en Montevideo, bajo el liderazgo de Uruguay y Países Bajos. Desde entonces, sus Estados miembros, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales han trabajado conjuntamente mediante pronunciamientos públicos e intervenciones diplomáticas frente a situaciones en las que la comunidad LGBTI enfrenta abusos o vulneraciones de sus derechos.De acuerdo con la información institucional de la ERC, el mecanismo reúne actualmente a 43 Estados miembros de África, Europa, América Latina, América del Norte, Asia y Oceanía. Los países que hacen parte de la coalición asumen el compromiso de promover los derechos LGBTI tanto en sus territorios como en escenarios internacionales y participan en grupos de trabajo relacionados con diplomacia internacional, legislación y políticas públicas, coordinación de donantes, Objetivos de Desarrollo Sostenible y protección humanitaria.Colombia ocupaba importante cargoLa salida también implica el retiro de Colombia de la copresidencia que ejercía junto con España. La propia ERC señala que ambos países tenían la responsabilidad de coordinar la Coalición durante el periodo correspondiente a la copresidencia, mientras que Caribe Afirmativo y Fundación Triángulo ejercían la representación de la sociedad civil.La decisión del Gobierno se produce antes de finalizar ese periodo de liderazgo. Según información conocida en la comunicación de la Cancillería, el retiro tiene efectos desde este 17 de septiembre. La salida significa que Colombia deja de participar en un espacio creado para coordinar esfuerzos entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en asuntos relacionados con la protección de los derechos de las personas LGBTI.
Encontrar el regalo ideal para Amor y Amistad en Colombia no necesariamente implica gastar grandes sumas de dinero. Para los consumidores, el significado del detalle y su capacidad para transmitir cariño tienen cada vez mayor relevancia. De acuerdo con datos compartidos para esta temporada, el 57 % de los compradores considera que lo más importante de un regalo es el sentimiento que transmite.La celebración continúa siendo una fecha importante para el consumo. Según las cifras suministradas, el 68 % de las personas participa entregando regalos, aunque la decisión de compra comienza cada vez más con una pregunta: ¿qué detalle puede sorprender a esa persona especial?Regalos de Amor y Amistad hasta $100.000El presupuesto es uno de los principales factores al escoger un obsequio. De acuerdo con Fenalco, el 66 % de los colombianos planea gastar hasta $100.000 en regalos para esta celebración, mientras que un 21 % contempla invertir entre $100.000 y $200.000.En este escenario, los consumidores buscan alternativas que combinen precio, presentación y significado. Los llamados “pequeños lujos” se convierten en una opción para quienes quieren entregar un detalle especial sin exceder su presupuesto.Aunque los chocolates y las invitaciones a comer continúan entre las preferencias —con 22% y 21%, respectivamente—, la cosmética y perfumería representa el 10 % de las preferencias, consolidándose como otra alternativa para sorprender.Opciones para sorprenderEn respuesta a esta tendencia, O Boticário presenta alternativas de belleza, perfumería y cuidado personal para esta temporada. Además, las compras realizadas en tiendas físicas participantes pueden acceder a un Cono Fiore de Popsy, según las condiciones de la campaña.El portafolio también está disponible mediante la red de emprendedoras y la tienda en línea. Así, quienes buscan qué regalar en Amor y Amistad encuentran opciones que combinan practicidad, presentación y un componente emocional, sin superar necesariamente los $100.000.
La Defensoría del Pueblo presentó ante la Corte Constitucional su intervención dentro del control de los decretos 1261 y 1348 de 2026, relacionados con la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. La entidad pidió declarar exequible la emergencia, al considerar que se trató de un hecho sobreviniente y extraordinario y que la gravedad de sus consecuencias está acreditada.Sin embargo, la Defensoría plantea condicionamientos importantes. El principal tiene que ver con el alcance territorial de la emergencia ya que sostiene que las facultades excepcionales no deberían aplicarse automáticamente a departamentos completos, sino únicamente a los municipios donde exista una afectación comprobada por el terremoto. La entidad señala que actualmente hay 498 municipios afectados en 16 departamentos, pero advierte que algunos territorios incluidos en la declaratoria presentan daños puntuales o incluso no tienen afectaciones que justifiquen cobijar todo su territorio.El documento pone como ejemplo a Nariño. Allí no se registraron fallecidos ni heridos, pero sí afectaciones importantes en infraestructura educativa en 52 instituciones y 113 sedes resultaron afectadas, con unos 9.198 estudiantes matriculados. Para la Defensoría, esto demuestra que puede existir una afectación real y significativa sin que necesariamente comprometa a todo un departamento, razón por la cual propone que la delimitación se haga municipio por municipio.Otro de los llamados de atención está relacionado con los registros de damnificados. La Defensoría advierte que existen inconsistencias en las cifras oficiales y posibles casos de subregistro. Menciona, entre otros ejemplos, diferencias en el número de víctimas reportadas en Buenaventura y viviendas destruidas que no aparecen adecuadamente contabilizadas. Por eso pide que el acceso a las ayudas no dependa exclusivamente de haber quedado inscrito oportunamente en el Registro Único de Damnificados.La entidad también advierte sobre la capacidad financiera del sistema ordinario de gestión del riesgo. Según el documento, al momento de declararse la emergencia la Subcuenta de Manejo de Desastres contaba con $47.265 millones, mientras no existía una cifra consolidada de los recursos disponibles en los fondos territoriales. La Defensoría considera que la Corte debe verificar cuáles recursos ordinarios son insuficientes, qué recursos extraordinarios son realmente indispensables y cuál debería ser el monto requerido.Uno de los hallazgos más fuertes está relacionado con la vulnerabilidad de las construcciones. La Defensoría señala que en buena parte de los territorios afectados las aceleraciones registradas durante el sismo estuvieron por debajo de los valores de diseño establecidos por la normativa sismorresistente. En el caso de Pereira, por ejemplo, se registró una aceleración de 0,02 g frente a un valor de diseño de 0,25 g, pese a que Risaralda reportó 110 fallecidos, 87 desaparecidos y 11.969 viviendas destruidas. La entidad sostiene que estos datos obligan a revisar las condiciones de vulnerabilidad y construcción que agravaron los efectos del terremoto.Finalmente, la Defensoría pide que las medidas que adopte el Gobierno incorporen un enfoque diferencial, interseccional y étnico, teniendo en cuenta las condiciones particulares de niños, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades étnicas. También solicita que la reconstrucción no se limite a recuperar lo que existía antes del sismo, sino que reduzca las condiciones de vulnerabilidad que contribuyeron a la magnitud de los daños.En síntesis, la posición de la Defensoría es la de respaldar la declaratoria de emergencia por el terremoto, pero le pide a la Corte Constitucional que establezca límites para evitar una aplicación territorial indiscriminada, garantice que ninguna persona afectada quede por fuera de la atención y exija al Estado demostrar la necesidad de los recursos extraordinarios.
Al menos 60 conductores de transporte informal que trabajaban en los sectores de Bosa El Recreo y el Portal Las Américas habrían sido víctimas de una red de extorsión atribuida al Tren de Aragua, que les exigía dinero para permitirles continuar trabajando en estas zonas del suroccidente de Bogotá.Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos investigados se habrían presentado desde febrero de 2024 hasta agosto de 2026 y cada conductor debía entregar entre $28.800 y $35.500 para completar una cuota semanal de aproximadamente 1'300.000.Las amenazas llegaban principalmente a través de videollamadas y servicios de mensajería instantánea. Allí, los integrantes de la estructura advertían a las víctimas que podían “atentar contra sus vidas o las de sus familiares, quemar sus vehículos o incluso, expulsarlos de las rutas” en las que trabajaban si se negaban a realizar los pagos.¿Cómo recogían el dinero?La investigación permitió establecer que la estructura habría obligado a uno de los conductores a recoger el dinero de varios trabajadores de la zona y posteriormente transferirlo a billeteras virtuales.Después de realizar la operación, debía enviar el comprobante mediante mensaje de texto y destruir el soporte físico, una práctica que, según las autoridades, buscaba dificultar el seguimiento de los recursos.Durante la audiencia, la Fiscalía indicó que las labores investigativas permitieron establecer la existencia de una estructura conformada por aproximadamente 14 personas, cuyos integrantes tendrían funciones específicas dentro de la organización.“Varias personas presuntamente vinculadas al grupo denominado Tren de Aragua se concertaron de manera organizada y permanente haciendo actividades dirigidas a obtener dinero mediante el constreñimiento e intimidación de conductores de transporte informal”, señaló la Fiscalía.Tras recopilar los elementos de prueba, las autoridades capturaron a 10 presuntos integrantes de la organización, quienes, de acuerdo con la investigación, se encargaban de coordinar las exigencias económicas, recibir los recursos, retirar determinadas sumas y posteriormente distribuir el dinero entre otras personas de la estructura.Los procedimientos fueron realizados por unidades del Gaula de la Policía Nacional en Bogotá, Barranquilla y Tunja, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, mientras continúa el proceso judicial para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los capturados.