El general en retiro Henry Torres Escalante aceptó la imputación como máximo responsable por falsos positivos en el departamento del Casanare, pues él fue comandante de la Brigada XVI del Ejército, con jurisdicción en esa zona del país. En su escrito de reconocimiento aseguró que sentía vergüenza por lo sucedido y pidió perdón a las víctimas por esos "horribles hechos"."Ahora bien cómo base de mi reconocimiento y como lo he manifestado en mis intervenciones en el proceso dialógico ante esta jurisdicción, mi responsabilidad se funda en las presiones permanentes que hice a mis subordinados, mismas que me eran aplicadas por parte de mis superiores, exigiendo resultados operacionales, dando prelación a las bajas en combate lo que indiscutiblemente me llevó a ser reiterativo e incisivo en la unidad que comandaba, cuando debía ejercer una comandancia mesurada en la emisión de órdenes”.Por otro lado, explica que debió hacer mas esfuerzos en el control y supervisión de las actuaciones de sus subordinados y que hizo llamados de atención fuertes a los subalternos que no reportaban bajas, les decía que podían ser relevados o trasladados.“Estas exigencias y presiones indudablemente incidieron en que algunos miembros de la brigada motivados por cumplir con mis demandas y la de sus superiores directos para sobresalir o conservar su posición en la institución, mejorar sus calificaciones en los folios de vida, contar con la oportunidad de permisos, entre otros, se articularon en la mecánica fraudulenta y lograr objetivos operacionales a toda costa”.También explicó que consideraba que había una batalla jurídica contra el Ejército cuando algunos soldados eran acusados de cometer falsos positivos, y creía que eran montajes judiciales contra los soldados y por eso no cayó en cuenta en las actuaciones ilegales.“A pesar de haber ordenado investigaciones para indagar sobre el contenido de las quejas no se hicieron en la debida forma por parte de los funcionarios competentes, situación que de haber actuado dentro de las funciones de mi cargo no hubiese ocurrido, ninguna de las investigaciones arrojó resultados concretos y definitivos, muchas, por no decir todas, facilitaron la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes”.Explica que el comandante del Ejército en temas operacionales tenía como uno de sus criterios las bajas en combate y Torres Escalante asegura que cayó en la irresponsabilidad de exaltar a quienes entregaban resultados operacionales, lo que incrementó las presiones en los soldados.“Acepto que muchas de las personas que realizaron estos homicidios en personas protegidas y desapariciones forzadas en contra de la población civil recibieron reconocimientos y felicitaciones de mi parte, sin haber adelantado investigaciones exhaustivas por los hechos, por el contrario fueron premiadas por solicitud mía al comando superior con medallas con decoraciones cursos y viajes”.En el mismo sentido pidió perdón a las victimas y dijo que está comprometido con la reparación y la no repetición, e incluso de ser necesario, asegura, que en una audiencia pública pedirá perdón y reconocerá lo sucedido.“Con la valentía que reviste un soldado de la patria para reconocer sus errores, por execrables que fuesen, me pongo de pie ante las víctimas y sus familiares para aceptar con vergüenza la responsabilidad que me corresponde asumiendo que mis conductas omisivas y la presión a mis subordinados para que en el desarrollo de las operaciones militares produjeran el mayor número posible de bajas en combate fueron determinantes para la ocurrencia de los lamentables hechos que enlutaron sus hogares”.Escuche el podcast El Camerino:
El general Henry William Torres Escalante es procesado por la justicia por su supuesta participación en por lo menos 60 ejecuciones extrajudiciales, que le sindican a la Brigada XVI del Ejército cuando él la comandaba. En julio de este año, reconoció, por primera vez, su responsabilidad ante la JEP.Uno de los hechos más trascendentales fue el homicidio de Daniel Torres y su hijo Roque Julio, de 16 años, quienes fueron asesinados en Casanare en el 2007 y presentados falsamente como guerrilleros del ELN dados de baja en combate.La nueva polémica surge porque el pasado martes el general Escalante dictó un seminario sobre los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario a un grupo de oficiales del Ejército. El seminario era sobre las lecciones aprendidas y la experiencia de la XVI Brigada del Ejército Nacional de Colombia 2006-2007.A pesar de la indignación de algunas víctimas, fuentes del Ejército explicaron que el general fue el que pidió dictar el seminario como parte de sus compromisos con la JEP y que fue, justamente, para contar su experiencia cuando comandó la XVI Brigada. El Ejército aún no da una respuesta oficial ni ha contestado a BLU Radio.
Este martes comparecerá ante la Justicia Especial para la Paz el general en retiro Henry Torres Escalante, acusado de falsos positivos.A las 11:00 de la mañana es una cita con la historia. La JEP tendrá su esperado debut pese a las críticas, los cuestionamientos o las interpretaciones jurídicas. Y ese estreno será con un militar.El general Torres Escalante es acusado de falsos positivos que habrían ocurrido cuando el exmilitar fue comandante de la Décimo Sexta Brigada con sede en Casanare.Este miembro en retiro de la Fuerza Pública, a diferencia de exguerrilleros de las Farc, se acogió voluntariamente a la JEP y ahora su primer compromiso será firmar un acta en la que promete decir la verdad.Jaime Granados, abogado de Torres, aseguró que esperan que haya imparcialidad en el proceso en la Justicia Especial para la paz.“Lo que el general espera es que exista una justicia ecuánime, una justicia imparcial como lo exige el acto legislativo”, dijo Granados.Añadió que Torres Escalante es coherente con la petición que hizo hace un año y que por eso no esperará los 18 meses a la creación de la sala especial exclusiva para miembros de la fuerza pública.“Como él ya se había presentado hace un año está siendo coherente con lo que hizo. Si hubiéramos sabido hace un año largo que se iba a hacer esto de pronto hubiéramos esperado”, afirmó.Por decisión de la JEP, la audiencia precedida por los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas será a puerta cerrada y tendrá tres momentos. El primero cuando el general deberá reconocer el acta que formaliza la apertura del trámite para aplicar a los beneficios de la Justicia Transicional y así se inicie su sometimiento. Es el acta que fue entregada a la Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial para la paz cuando manifestó su deseo de acogerse.Esta acta no implica que se accede al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.En segundo lugar, el general o su abogado informarán a la Sala sobre los procesos que se han adelantado o que se están adelantan en su contra, y en un tercer momento será cuando el compareciente presentará a la sala las formas de contribución al esclarecimiento de la verdad a favor de las víctimas y la sociedad, como propuesta para resarcir el daño.Cumplido este tercer paso, que compone la solicitud del compareciente, la sala estudiará la competencia de la JEP y resolverá sobre la concesión de los beneficios, los cuales son un mar de posibilidades porque en esta audiencia es la primera donde comparece un militar, todo puede pasar ya que será la partida para que los magistrados obren y decidan. Será oficialmente la presentación de cómo actuará la JEP.Lo que sí es claro es que con este proceso de este martes el general empezará a contar la verdad sobre asesinatos de Daniel Torres y de su hijo Roque, dos campesinos de Aguazul, Casanare, que murieron en el 2007 y que fueron presentados como bajas en combate, por eso la acusación en el proceso de los denominados falsos positivos.Le puede interesar: El caso de Torres Escalante, una prueba de fuego en la JEPTorres Escalante también está vinculado al proceso por su presunta responsabilidad de mando relacionada con las acciones de varios de sus hombres, quienes asesinaron a dos campesinos para presentarlos como bajas en combate. El oficial siempre ha negado alguna participación o permisión para que tales hechos criminales fueran ejecutados en su unidad. Hoy esa afirmación será contrastada con su compromiso de verdad, justicia y reparación.
A 24 horas de que quede escrito en la historia de la Justicia Especial para la Paz el sometimiento del primer militar acogido a este tribunal, la JEP confirmó que será una diligencia a puerta cerrada.Blu Radio pudo establecer que el general Henry William Torres Escalante asistirá a la audiencia programada para este martes a las 11:00 de la mañana. Será llevado a la JEP y estará acompañado de su abogado, Jaime Granados.El general, primer militar en llegar al tribunal especial, comparecerá ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas donde deberá reconocer el acta que formaliza la apertura del trámite para aplicar a los beneficios de la Justicia Transicional y así se inicie su sometimiento.Durante la audiencia, de acuerdo con la resolución de la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas, se protocolizará el siguiente procedimiento: primero el general reconocerá el acta de sometimiento que fue suscrita en su momento ante la Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial para la Paz, sometimiento que -sea dicho de paso- no implica que se accede al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.En segundo lugar, el general o su abogado informarán a la Sala sobre los procesos que se han adelantado o que se adelantan en su contra y en un tercer momento será cuando el compareciente presentará a la Sala las formas de contribución al esclarecimiento de la verdad a favor de las víctimas y la sociedad, como propuesta para resarcir el daño.Cumplido este tercer paso, que compone la solicitud del compareciente, la Sala estudiará la competencia de la JEP y resolverá sobre la concesión de los beneficios, los cuales hoy son un mar de posibilidades porque en esta audiencia, la primera donde comparece un militar, todo puede pasar ya que será la partida para que los magistrados obren y decidan.Al general en retiro se lo acusa de haber ordenado crímenes extrajudiciales cuando fue comandante de la Brigada XVI en Casanare, entre 2005 y 2007. También, de encubrir a otros oficiales involucrados en otros ‘falsos positivos’.
El Tribunal Superior de Yopal emitió una nueva orden de captura en contra del general en retiro Henry Torres Escalante, procesado por falsos positivos en el Casanare. La muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, respectivamente, lo tuvo privado de la libertad desde el 26 de marzo del 2016, cuando se entregó a las autoridades. El ente acusador aseguró que existía una decisión de Corte Suprema de Justicia que señalaba que esa libertad condicional no procedía porque el tribunal especial de paz no estaba en vigencia. Le podría interesar: Se entregó a la Fiscalía el general Torres Escalante El general Escalante fue el primer general en ser llevado a juicio por los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales de estas dos personas que fueron acribilladas en marzo del 2007 en la finca El Triunfo, situada en Aguazul, Casanare.
El general Montoya, quien tiene más de 10 procesos penales activos en la Fiscalía, fue llamado a imputación de cargos en el contexto de la investigación de diversos casos de falsos positivos a nivel nacional durante el tiempo en que fue comandante de las FF.MM en el gobierno de Álvaro Uribe. Además, se le relaciona con la muerte de 8 campesinos en el municipio de San José de Apartadó en el año 2005, en un caso de impacto mundial por la posible mediación de la Corte Penal Internacional. La masacre ocurrió el 21 de febrero de 2005, cuando 8 personas fueron asesinadas por el frente Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia con el presunto apoyo de integrantes del Ejército Nacional. Las víctimas fueron 5 adultos y 3 menores de edad, entre ellos una niña de 5 años y un bebé de 18 meses de nacido, a quienes los paramilitares mataron acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. Además, un orden de captura fue proferida contra el general Torres Escalante, quien hasta finales de 2015 fue jefe del comando conjunto número 2 de suroccidente del Ejército, comando que tiene a su cargo la operación del Ejército en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. (Lea también: General Torres Escalante, a indagatoria por caso de falsos positivos en Casanare) El general Torres fue citado a indagatoria el pasado noviembre pero no se quiso presentar. El caso de falso positivo por el que es requerido es la muerte de Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniega, padre e hijo, quienes fueron asesinados en marzo de 2007 en la finca El Triunfo situada en el municipio de Aguazul, Casanare, donde el uniformado tenía injerencia en el momento de los hechos. Las versiones preliminares apuntan a que el general Torres señaló a las víctimas como guerrilleros muertos en combate. Además, aparentemente los dos hombres tenían versiones que contarle a la justicia sobre un caso de falso positivo, razón por la que habrían sido asesinados, según la Fiscalía.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 3 de agosto de 2026:Donald Trump anunció el restablecimiento de los diálogos con Irán.Empalme del presidente electo con la Contraloría deja una alerta: reportan un presunto hueco fiscal de 30 billones de pesos.El presidente de la Fifa, Gianii Infantino, estaría en la posesión del mandatario electo Abelardo De La Espriella el 7 de agosto en Cali.La capital del Valle del Cauca se blinda en seguridad para la posesión presidencial del 7 de agosto.Escuche el programa completo aquí:
Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 3 de agosto de 2026:María Soledad Morales, abogada de Eva Ferrer, habló sobre los audios revelados de la excolaboradora cercana de Verónica Alcocer, en los que hace afirmaciones sobre manejo de recursos, presuntas influencias en entidades del Estado, contratos, nombramientos y otros temas relacionados con el entorno de la entonces primera dama.Miguel Ángel del Río, abogado de la familia de Andrés Camilo Peláez, se refirió sobre las capturas realizadas por la desaparición del ingeniero forestal, ocurrida en 2022 en San Andrés de Cuerquia, Antioquia.Jhenifer Mojica Flórez, exministra de Agricultura y Desarrollo Rural, analizó el anuncio del presidente electo Abelardo De La Espriella de eliminar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y el debate que ha generado esa propuesta.Adela Ramírez Díaz, madre de menores con autismo en espera de atención médica, se pronunció sobre las demoras en la atención médica de sus hijos con autismo por parte de la EPS Sanitas y las dificultades que enfrenta para lograr el cumplimiento de las órdenes judiciales.María Fernanda Cabal habló sobre las tensiones al interior del Centro Democrático, las diferencias con Paloma Valencia y el panorama del partido tras la cumbre liderada por Álvaro Uribe.Escuche el programa completo aquí:
La justicia sigue tomando decisiones para tratar de esclarecer la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, el pasado 4 de abril de 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Norte de Antioquia.Y es que en el caso tras la judicialización de dos hombres identificados como alias ‘El Paisa’ y alias ‘300’, en las últimas horas la Fiscalía General informó que fue imputado por el delito de desaparición forzada Willington Ortiz Muñoz, alias ‘Willy’.Según el ente acusador, para el momento de los hechos, alias ‘Willy’ sería el coordinador del grupo delincuencial ‘Los Mesa’, estructura señalada de atentar contra el ingeniero que desarrollaba labores en esa zona de Antioquia para Empresas Públicas de Medellín. En dicho grupo delincuencial el ahora procesado sería el encargado de coordinar la venta de estupefacientes y otras actividades ilegales.En el caso puntual se detalló que Ortiz Muñoz, al parecer, planeó la retención, buscó información sobre los desplazamientos de la víctima y se encargó de su custodia tras ser interceptado por varios hombres que amenazaron a la víctima con armas blancas, un revólver y la subieron en un vehículo para posteriormente trasladarla a una vivienda de la zona.Tras no aceptar los cargos por desaparición forzada, alias ‘Willy’ fue notificado con medida de aseguramiento en centro carcelario en medio de la condena que cumple desde marzo de 2025 en un establecimiento del departamento de Córdoba por los delitos de falsedad marcaria y receptación.
Tras algunas manifestaciones protagonizadas la semana anterior en el peaje de Las Palmas exigiendo su retiro tras el final de la operación por más de 20 años de la concesión Devimed, afectados ya preparan acciones legales para lograr el retiro de dos casetas de cobro que incluso están a menos de dos kilómetros entre sí.Entre las opciones para eliminar también el recaudo en el peaje Copacabana, en la autopista Medellín - Bogotá, se encuentran una acción popular y una acción de cumplimiento para que no se sigan haciendo efectivos los cobros e incluso se retorne lo recaudado a los ciudadanos desde el pasado 1 de agosto, cuando inició la operación de estos corredores a cargo del Gobierno nacional a través del Invías.Según el abogado Esteban Manco, una vez finalizado el plazo contractual o cumplidas las condiciones previstas para la terminación de la concesión, la infraestructura y los bienes relacionados al contrato retornan Estado y por lo tanto debe parar su explotación económica, a menos que exista un nuevo fundamento jurídico que autorice su continuidad."La acción popular para la defensa de los derechos colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa. Y también la acción de cumplimiento, que es la que busca que se cumpla la cláusula de reversión, que es destinada precisamente a la finalización del plazo y al cese de los derechos que tenga el concesionario", precisó el abogado.Sin embargo, no solo se trata de aspectos jurídicos. Habitantes de la zona han expresado inconformidad por los altos costos que les ha representado estos peajes para movilizarse hacia el supermercado, el gimnasio o la peluquería.Recientes participantes en protestas aseguran que al mes han tenido que destinar hasta 3 millones de pesos para pagar los dos peajes por trayecto, uno más si el viaje es al aeropuerto José María Córdova.Uno de los puntos de cobro es el del Escobero con Las Palmas está a 1.4 kilómetros del siguiente, que es saliendo de la glorieta de Indiana y el tercero con dirección a la terminal aérea, a nueve kilómetros.Durante el inicio de las recientes acciones legales, la comunidad solicitó información sobre si ya finalizó o si se cumplieron las condiciones previstas para la operación de la cláusula de reversión y que Devimed suspenda cualquier recaudo de peajes que no cuente con un fundamento contractual.Frente a la problemática y la creciente inconformidad ciudadana, el gobernador Andrés Julián Rendón, admitió que para quienes viven en el sector es todo un dolor de cabeza poder movilizarse, por los costos, pero reiteró que no se deben tomar vías de hecho y que buscan alternativas entre la concesión saliente y el Gobierno nacional.
Estados Unidos expresó este lunes su "satisfacción" por el inicio del diálogo en Venezuela entre el Gobierno interno y un grupo opositor que contribuye al "plan de tres fases" para una transición en el país, después de que Washington depusiera a Nicolás Maduro en una intervención militar."Este proceso contribuye significativamente al plan de tres fases que Estados Unidos respalda para lograr la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación política y la transición a elecciones democráticas", indicó el portavoz estadounidense del Departamento de Estado, Thomas Pigott, en un comunicado.Estados Unidos expresó su "satisfacción" por "las declaraciones realizadas por la Asamblea Nacional de Venezuela, encabezada por Dinorah Figuera, y por el gobierno interino", añadió la nota.El hermano de la mandataria interina Delcy Rodríguez, y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, mantuvo un primer contacto telefónico el sábado con la exdiputada opositora Dinorah Figuera, durante el que acordaron abordar la transición democrática y la atención a las víctimas de los devastadores sismos de junio.Washington apoyó "el lanzamiento de iniciativas lideradas por Venezuela para atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio", que dejó más de 5.500 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda.Rodríguez explicó que se trata de un proceso "inclusivo y efectivo" con "metas claras y verificables" mientras que Figuera afirmó que el diálogo tiene como fin la "transición democrática" y "la atención a las víctimas" de los terremotos.Según Pigott, Estados Unidos está comprometido con el diálogo para "fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano"."Confiamos en que este trabajo pueda brindar resultados tangibles para los venezolanos", añadió el Departamento de Estado.Rodríguez y Figuera anunciaron una primera reunión presencial en Caracas "la próxima semana", sin precisar hora o ubicación.