El general en retiro Henry Torres Escalante aceptó la imputación como máximo responsable por falsos positivos en el departamento del Casanare, pues él fue comandante de la Brigada XVI del Ejército, con jurisdicción en esa zona del país. En su escrito de reconocimiento aseguró que sentía vergüenza por lo sucedido y pidió perdón a las víctimas por esos "horribles hechos"."Ahora bien cómo base de mi reconocimiento y como lo he manifestado en mis intervenciones en el proceso dialógico ante esta jurisdicción, mi responsabilidad se funda en las presiones permanentes que hice a mis subordinados, mismas que me eran aplicadas por parte de mis superiores, exigiendo resultados operacionales, dando prelación a las bajas en combate lo que indiscutiblemente me llevó a ser reiterativo e incisivo en la unidad que comandaba, cuando debía ejercer una comandancia mesurada en la emisión de órdenes”.Por otro lado, explica que debió hacer mas esfuerzos en el control y supervisión de las actuaciones de sus subordinados y que hizo llamados de atención fuertes a los subalternos que no reportaban bajas, les decía que podían ser relevados o trasladados.“Estas exigencias y presiones indudablemente incidieron en que algunos miembros de la brigada motivados por cumplir con mis demandas y la de sus superiores directos para sobresalir o conservar su posición en la institución, mejorar sus calificaciones en los folios de vida, contar con la oportunidad de permisos, entre otros, se articularon en la mecánica fraudulenta y lograr objetivos operacionales a toda costa”.También explicó que consideraba que había una batalla jurídica contra el Ejército cuando algunos soldados eran acusados de cometer falsos positivos, y creía que eran montajes judiciales contra los soldados y por eso no cayó en cuenta en las actuaciones ilegales.“A pesar de haber ordenado investigaciones para indagar sobre el contenido de las quejas no se hicieron en la debida forma por parte de los funcionarios competentes, situación que de haber actuado dentro de las funciones de mi cargo no hubiese ocurrido, ninguna de las investigaciones arrojó resultados concretos y definitivos, muchas, por no decir todas, facilitaron la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes”.Explica que el comandante del Ejército en temas operacionales tenía como uno de sus criterios las bajas en combate y Torres Escalante asegura que cayó en la irresponsabilidad de exaltar a quienes entregaban resultados operacionales, lo que incrementó las presiones en los soldados.“Acepto que muchas de las personas que realizaron estos homicidios en personas protegidas y desapariciones forzadas en contra de la población civil recibieron reconocimientos y felicitaciones de mi parte, sin haber adelantado investigaciones exhaustivas por los hechos, por el contrario fueron premiadas por solicitud mía al comando superior con medallas con decoraciones cursos y viajes”.En el mismo sentido pidió perdón a las victimas y dijo que está comprometido con la reparación y la no repetición, e incluso de ser necesario, asegura, que en una audiencia pública pedirá perdón y reconocerá lo sucedido.“Con la valentía que reviste un soldado de la patria para reconocer sus errores, por execrables que fuesen, me pongo de pie ante las víctimas y sus familiares para aceptar con vergüenza la responsabilidad que me corresponde asumiendo que mis conductas omisivas y la presión a mis subordinados para que en el desarrollo de las operaciones militares produjeran el mayor número posible de bajas en combate fueron determinantes para la ocurrencia de los lamentables hechos que enlutaron sus hogares”.Escuche el podcast El Camerino:
El general Henry William Torres Escalante es procesado por la justicia por su supuesta participación en por lo menos 60 ejecuciones extrajudiciales, que le sindican a la Brigada XVI del Ejército cuando él la comandaba. En julio de este año, reconoció, por primera vez, su responsabilidad ante la JEP.Uno de los hechos más trascendentales fue el homicidio de Daniel Torres y su hijo Roque Julio, de 16 años, quienes fueron asesinados en Casanare en el 2007 y presentados falsamente como guerrilleros del ELN dados de baja en combate.La nueva polémica surge porque el pasado martes el general Escalante dictó un seminario sobre los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario a un grupo de oficiales del Ejército. El seminario era sobre las lecciones aprendidas y la experiencia de la XVI Brigada del Ejército Nacional de Colombia 2006-2007.A pesar de la indignación de algunas víctimas, fuentes del Ejército explicaron que el general fue el que pidió dictar el seminario como parte de sus compromisos con la JEP y que fue, justamente, para contar su experiencia cuando comandó la XVI Brigada. El Ejército aún no da una respuesta oficial ni ha contestado a BLU Radio.
Este martes comparecerá ante la Justicia Especial para la Paz el general en retiro Henry Torres Escalante, acusado de falsos positivos.A las 11:00 de la mañana es una cita con la historia. La JEP tendrá su esperado debut pese a las críticas, los cuestionamientos o las interpretaciones jurídicas. Y ese estreno será con un militar.El general Torres Escalante es acusado de falsos positivos que habrían ocurrido cuando el exmilitar fue comandante de la Décimo Sexta Brigada con sede en Casanare.Este miembro en retiro de la Fuerza Pública, a diferencia de exguerrilleros de las Farc, se acogió voluntariamente a la JEP y ahora su primer compromiso será firmar un acta en la que promete decir la verdad.Jaime Granados, abogado de Torres, aseguró que esperan que haya imparcialidad en el proceso en la Justicia Especial para la paz.“Lo que el general espera es que exista una justicia ecuánime, una justicia imparcial como lo exige el acto legislativo”, dijo Granados.Añadió que Torres Escalante es coherente con la petición que hizo hace un año y que por eso no esperará los 18 meses a la creación de la sala especial exclusiva para miembros de la fuerza pública.“Como él ya se había presentado hace un año está siendo coherente con lo que hizo. Si hubiéramos sabido hace un año largo que se iba a hacer esto de pronto hubiéramos esperado”, afirmó.Por decisión de la JEP, la audiencia precedida por los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas será a puerta cerrada y tendrá tres momentos. El primero cuando el general deberá reconocer el acta que formaliza la apertura del trámite para aplicar a los beneficios de la Justicia Transicional y así se inicie su sometimiento. Es el acta que fue entregada a la Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial para la paz cuando manifestó su deseo de acogerse.Esta acta no implica que se accede al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.En segundo lugar, el general o su abogado informarán a la Sala sobre los procesos que se han adelantado o que se están adelantan en su contra, y en un tercer momento será cuando el compareciente presentará a la sala las formas de contribución al esclarecimiento de la verdad a favor de las víctimas y la sociedad, como propuesta para resarcir el daño.Cumplido este tercer paso, que compone la solicitud del compareciente, la sala estudiará la competencia de la JEP y resolverá sobre la concesión de los beneficios, los cuales son un mar de posibilidades porque en esta audiencia es la primera donde comparece un militar, todo puede pasar ya que será la partida para que los magistrados obren y decidan. Será oficialmente la presentación de cómo actuará la JEP.Lo que sí es claro es que con este proceso de este martes el general empezará a contar la verdad sobre asesinatos de Daniel Torres y de su hijo Roque, dos campesinos de Aguazul, Casanare, que murieron en el 2007 y que fueron presentados como bajas en combate, por eso la acusación en el proceso de los denominados falsos positivos.Le puede interesar: El caso de Torres Escalante, una prueba de fuego en la JEPTorres Escalante también está vinculado al proceso por su presunta responsabilidad de mando relacionada con las acciones de varios de sus hombres, quienes asesinaron a dos campesinos para presentarlos como bajas en combate. El oficial siempre ha negado alguna participación o permisión para que tales hechos criminales fueran ejecutados en su unidad. Hoy esa afirmación será contrastada con su compromiso de verdad, justicia y reparación.
A 24 horas de que quede escrito en la historia de la Justicia Especial para la Paz el sometimiento del primer militar acogido a este tribunal, la JEP confirmó que será una diligencia a puerta cerrada.Blu Radio pudo establecer que el general Henry William Torres Escalante asistirá a la audiencia programada para este martes a las 11:00 de la mañana. Será llevado a la JEP y estará acompañado de su abogado, Jaime Granados.El general, primer militar en llegar al tribunal especial, comparecerá ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas donde deberá reconocer el acta que formaliza la apertura del trámite para aplicar a los beneficios de la Justicia Transicional y así se inicie su sometimiento.Durante la audiencia, de acuerdo con la resolución de la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas, se protocolizará el siguiente procedimiento: primero el general reconocerá el acta de sometimiento que fue suscrita en su momento ante la Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial para la Paz, sometimiento que -sea dicho de paso- no implica que se accede al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.En segundo lugar, el general o su abogado informarán a la Sala sobre los procesos que se han adelantado o que se adelantan en su contra y en un tercer momento será cuando el compareciente presentará a la Sala las formas de contribución al esclarecimiento de la verdad a favor de las víctimas y la sociedad, como propuesta para resarcir el daño.Cumplido este tercer paso, que compone la solicitud del compareciente, la Sala estudiará la competencia de la JEP y resolverá sobre la concesión de los beneficios, los cuales hoy son un mar de posibilidades porque en esta audiencia, la primera donde comparece un militar, todo puede pasar ya que será la partida para que los magistrados obren y decidan.Al general en retiro se lo acusa de haber ordenado crímenes extrajudiciales cuando fue comandante de la Brigada XVI en Casanare, entre 2005 y 2007. También, de encubrir a otros oficiales involucrados en otros ‘falsos positivos’.
El Tribunal Superior de Yopal emitió una nueva orden de captura en contra del general en retiro Henry Torres Escalante, procesado por falsos positivos en el Casanare. La muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, respectivamente, lo tuvo privado de la libertad desde el 26 de marzo del 2016, cuando se entregó a las autoridades. El ente acusador aseguró que existía una decisión de Corte Suprema de Justicia que señalaba que esa libertad condicional no procedía porque el tribunal especial de paz no estaba en vigencia. Le podría interesar: Se entregó a la Fiscalía el general Torres Escalante El general Escalante fue el primer general en ser llevado a juicio por los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales de estas dos personas que fueron acribilladas en marzo del 2007 en la finca El Triunfo, situada en Aguazul, Casanare.
El general Montoya, quien tiene más de 10 procesos penales activos en la Fiscalía, fue llamado a imputación de cargos en el contexto de la investigación de diversos casos de falsos positivos a nivel nacional durante el tiempo en que fue comandante de las FF.MM en el gobierno de Álvaro Uribe. Además, se le relaciona con la muerte de 8 campesinos en el municipio de San José de Apartadó en el año 2005, en un caso de impacto mundial por la posible mediación de la Corte Penal Internacional. La masacre ocurrió el 21 de febrero de 2005, cuando 8 personas fueron asesinadas por el frente Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia con el presunto apoyo de integrantes del Ejército Nacional. Las víctimas fueron 5 adultos y 3 menores de edad, entre ellos una niña de 5 años y un bebé de 18 meses de nacido, a quienes los paramilitares mataron acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. Además, un orden de captura fue proferida contra el general Torres Escalante, quien hasta finales de 2015 fue jefe del comando conjunto número 2 de suroccidente del Ejército, comando que tiene a su cargo la operación del Ejército en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. (Lea también: General Torres Escalante, a indagatoria por caso de falsos positivos en Casanare) El general Torres fue citado a indagatoria el pasado noviembre pero no se quiso presentar. El caso de falso positivo por el que es requerido es la muerte de Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniega, padre e hijo, quienes fueron asesinados en marzo de 2007 en la finca El Triunfo situada en el municipio de Aguazul, Casanare, donde el uniformado tenía injerencia en el momento de los hechos. Las versiones preliminares apuntan a que el general Torres señaló a las víctimas como guerrilleros muertos en combate. Además, aparentemente los dos hombres tenían versiones que contarle a la justicia sobre un caso de falso positivo, razón por la que habrían sido asesinados, según la Fiscalía.
El abogado Luis Felipe Henao, apoderado judicial de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Alvaro Uribe, se pronunció a través de un comunicado sobre la tutela que negó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual mantiene en firme la condena a 28 años de cárcel contra el ganadero.Se trata de la decisión STC19112-2026, proferida el 30 de septiembre de 2026. La defensa de Uribe Vélez recuerda que el fallo de tutela será remitido para revisión de la Corte Constitucional.“El planteamiento formulado tiene una naturaleza estrictamente constitucional y se relaciona con el alcance de las garantías de la doble conformidad, el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, aspectos frente a los cuales la Sala expuso una interpretación que, aunque desfavorable a las pretensiones de mi representado, no agota el debate constitucional propuesto, máxime cuando la providencia será remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión”, dice Henao.Pero esa argumentación no significa que con la tutela se pretendiera tener una tercera instancia, reabrir el debate probatorio o desconocer la competencia de la Sala de Casación Penal como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria.Henao explicó que la acción de tutela fue promovida con el propósito de que se examinara si resultaba constitucionalmente admisible rechazar de plano el recurso de casación, antes de que la defensa pudiera presentar la respectiva demanda.Es decir, explica el abogado, es un mecanismo jurídico válido en medio del proceso y que su defendido profesa un “profundo respeto” por los jueces y por las decisiones judiciales, por lo tanto, “las actuaciones adelantadas en su defensa se encuentran plenamente amparadas por el orden constitucional y corresponden al ejercicio legítimo de los derechos y mecanismos de protección que el Estado Social de Derecho pone a su disposición”.
La Armada de Colombia incautó 1.620 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 51 kilogramos de marihuana durante una operación de control y seguridad marítima en el Pacífico sur colombiano, luego de interceptar una embarcación tipo Go Fast que transportaba sustancias ilícitas.El procedimiento fue realizado por unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco. Durante la operación, la embarcación naufragó, por lo que el personal naval rescató a sus tres tripulantes, dos colombianos y un ciudadano ecuatoriano, y recuperó del mar el cargamento que transportaban.En total, fueron recuperados 83 bultos que contenían 1.620 paquetes de cocaína, con un peso neto de 1.620 kilogramos, y 51 paquetes de marihuana, que pesaban 51 kilogramos. Además, fueron incautados un equipo GPS y dos teléfonos satelitales.De acuerdo con las investigaciones, el cargamento tendría como destino Costa Rica y, según las autoridades, la incautación evitó el ingreso de cerca de 17 millones de dólares a las finanzas del crimen transnacional e impidió la comercialización de más de cuatro millones de dosis de estupefacientes en el mercado ilegal internacional.Los tres tripulantes fueron capturados y junto con el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.
Una nueva alocución del presidente Abelardo De La Espriella sirvió para abordar varios temas de actualidad nacional y anunciar medidas frente a las protestas convocadas por algunos sectores de oposición para el próximo miércoles 14 de octubre.Uno de los principales anuncios fue la defensa del decreto que permite a la fuerza pública intervenir en manifestaciones en las que se presenten hechos de violencia. El mandatario aseguró que la medida busca garantizar el derecho a la protesta pacífica y evitar bloqueos prolongados y actos vandálicos.“Separar lo que la Constitución protege de lo que la Ley persigue. Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano”, expresó De La Espriella al explicar el propósito del decreto.El presidente también cuestionó a los sectores que promueven las movilizaciones y los señaló de buscar la desestabilización del Gobierno, haciendo alusión a los aliados políticos del expresidente Gustavo Petro y reprochando las condiciones en las que dejaron el país.“Quienes promueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno son los mismos que dejaron el país quebrado, ad portas de un apagón, con el sistema de salud en cuidados intensivos, con la soberanía energética comprometida y con los recursos públicos depredados y saqueados. A esos mismos en medio de la reconstrucción después del terremoto se les ocurre convocar un paro que solo busca engañar al pueblo, que es lo que saben hacer, generando caos para lograr un fin politiquero en contra de mi gobierno. Son instigadores de la maldad y no luchadores por la libertad”, afirmó el jefe de Estado.Esas afirmaciones sirvieron como preámbulo para lanzar una advertencia frente a posibles hechos de violencia durante las jornadas de protesta. “Si pretenden incendiar a Colombia se van a encontrar con la determinación del tigre para defender lo que en derecho corresponde”.Durante su intervención, De La Espriella también se refirió al Fondo Milagro, creado para brindar atención a las familias afectadas por el terremoto y financiar la reconstrucción de las zonas impactadas.El mandatario anunció que, desde el 7 de octubre, el fondo arrancó con un billón de pesos destinados a atender la emergencia y avanzar en las labores de recuperación.El presidente hizo énfasis en la transparencia en el manejo de estos recursos y señaló que el dinero debe destinarse de manera efectiva a las necesidades de las comunidades afectadas. “Cada peso debe tener un destino verificable”, sostuvo.En materia de seguridad, el jefe de Estado presentó un balance de las operaciones adelantadas por la fuerza pública durante sus primeros dos meses de gobierno. Según las cifras entregadas, las acciones permitieron afectar a 33 cabecillas de dos grupos armados.Entre los señalados por el mandatario se encuentran alias ‘La Morocha’, de la estructura Rodrigo Cadete; alias ‘Lobo’ o ‘Emanuel’, cabecilla de la Estructura 36; alias ‘Max Max’, identificado como explosivista de la estructura Jaime Martínez; y alias ‘Ruso’ o ‘Alemán’, del Frente 28 de las disidencias de las Farc.También mencionó a alias ‘Bonito’, señalado como cabecilla de Comandos de Frontera, y a alias ‘Águila’, integrante de una estructura de la Segunda Marquetalia.En la lucha contra el narcotráfico, el presidente De La Espriella informó que las autoridades han incautado 125.182 kilos de cocaína desde el inicio de su administración.Otro de los asuntos centrales de la alocución fue la situación energética del país. De La Espriella anunció que su Gobierno ha adoptado medidas para prevenir un posible apagón y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.Para avanzar en ese objetivo, ordenó conformar un equipo de trabajo con responsabilidades específicas y plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para definir medidas de choque que permitan reforzar la generación térmica y administrar adecuadamente los embalses.La instrucción también contempla acciones para garantizar el suministro de energía, con especial atención a las regiones más vulnerables ante eventuales dificultades en el sistema eléctrico.La alocución también fue escenario para entregar cifras sobre el funcionamiento del Banco de Talentos, la plataforma creada para recibir hojas de vida de ciudadanos interesados en trabajar en el Gobierno sin depender de recomendaciones políticas o influencias.De acuerdo con el balance presentado por De La Espriella, 145 ciudadanos que ingresaron mediante este mecanismo ya fueron contratados y tomaron posesión de sus cargos.Además, hay 76 hojas de vida publicadas cuyos titulares están pendientes de posesión, mientras que otras 38 permanecen pendientes de publicación.El mandatario dio esos detalles para destacar el avance de la plataforma como una alternativa para facilitar el acceso al empleo público bajo criterios de mérito y transparencia.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo que su Gobierno se puso como fecha límite el próximo 31 de diciembre para tener listas las medidas y evitar un apagón eléctrico por el fenómeno de El Niño, que según las previsiones se extenderá durante el primer semestre de 2027."Ya ordené constituir un grupo, un equipo especial con responsables, con tareas identificadas y además concretas, y con una fecha límite el 31 de diciembre", indicó el mandatario en la alocución.Según De La Espriella, antes de esa fecha deberán estar en marcha "las medidas de choque para reforzar la generación térmica, administrar los embalses y proteger el servicio" de energía, especialmente en las regiones más vulnerables.El mandatario reiteró que su Gobierno tiene como obligación "reducir al máximo el riesgo de racionamiento" y dejar una ruta de prevención con responsables y fechas, y en ese sentido sentenció que el país no puede volver a llegar desprevenido y sin un plan a un fenómeno que ya estaba anunciado."Menos agua en los embalses y más presión sobre la generación. Eso no es mala suerte, es falta de preparación, porque ya sabíamos que esto iba a pasar", dijo el jefe de Estado tras criticar, por falta de previsión, al Ejecutivo de su antecesor Gustavo Petro (2022-2026).Colombia confirmó oficialmente el pasado 8 de octubre la llegada del fenómeno de El Niño, que podría prolongarse hasta mediados de 2027 y reducir las lluvias, especialmente en las regiones Andina, Pacífica y Caribe."Hoy se cumplen las condiciones técnicas para declarar oficialmente la entrada del fenómeno de El Niño en Colombia", afirmó entonces el director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Andrés Herkrath Sanclemente, quien advirtió de que se trata de un evento de intensidad fuerte a muy fuerte.Herkrath señaló que existe un 83 % de probabilidad de que El Niño se mantenga al menos hasta marzo de 2027 y explicó que, aunque el fenómeno no supone la ausencia de lluvias, se esperan precipitaciones inferiores a las habituales durante octubre y noviembre, con un mayor déficit en diciembre.
Una persona murió y otras resultaron heridas durante un incidente registrado este lunes 12 de octubre en el parque de diversiones Six Flags Over Georgia, ubicado en las afueras de Atlanta, Estados Unidos. Las autoridades investigan lo ocurrido para establecer las circunstancias del suceso y determinar qué provocó la muerte del visitante.El hecho se presentó en una de las atracciones del parque, situado a unos 24 kilómetros al noroeste de Atlanta. Tras conocerse la emergencia, detectives de la unidad de delitos graves del departamento de Policía asumieron la investigación.Por ahora, las autoridades no han entregado detalles concluyentes sobre cómo ocurrió el incidente ni han explicado las causas del fallecimiento. Sin embargo, medios locales reportaron que cuatro personas sufrieron heridas durante el episodio.¿Qué pasó en la montaña rusa de Six Flags?Las primeras versiones apuntan a que la montaña rusa Goliath se habría detenido a mitad de su recorrido. No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades ni por los responsables del parque.Imágenes aéreas difundidas en redes sociales mostraron momentos de la evacuación de algunos pasajeros que se encontraban en la atracción después de la emergencia. Las circunstancias en las que se produjo la interrupción del recorrido y la relación de este hecho con las lesiones reportadas continúan bajo investigación.Goliath es una de las atracciones de mayor tamaño de Six Flags Over Georgia. Fue inaugurada en 2006 y alcanza aproximadamente 60 metros de altura. Sus vagones pueden llegar a una velocidad de 112 kilómetros por hora, características que la convierten en una de las montañas rusas más destacadas del parque.Luego de lo ocurrido, un portavoz de Six Flags expresó su pesar por lo sucedido y manifestó su solidaridad con los allegados de la persona fallecida.“Lamentamos profundamente el incidente ocurrido hoy con un huésped en nuestro parque”, señaló el representante de la compañía en declaraciones recogidas por Associated Press (AP).El parque también transmitió sus condolencias a la familia, los amigos y los seres queridos de la víctima, en medio de las investigaciones para esclarecer los hechos.Hasta el momento, no se han divulgado oficialmente las identidades de las personas involucradas ni se ha establecido qué originó la emergencia. Se espera que las autoridades entreguen nueva información a medida que avance la investigación.