Dos departamentos de Colombia y uno de Venezuela firmaron un nuevo memorando de entendimiento para la cooperación y coordinación en áreas como cultura, educación, salud, comercio, deporte y turismo. El acuerdo se dio entre Vichada, Guainía y el estado Amazonas por parte del vecino país.El documento fue firmado en Puerto Carreño y busca “fortalecer los lazos de cooperación binacional para promover el desarrollo integral, la integración social y económica, y el bienestar de sus ciudadanos”.El acuerdo establece mecanismos de coordinación mediante representantes oficiales, reuniones periódicas y comisiones técnicas para temas prioritarios. También define áreas de cooperación como el intercambio pedagógico, campañas de salud, ferias binacionales y turismo sostenible. El financiamiento dependerá de la disponibilidad presupuestaria de cada parte y de apoyos externos.Tendrá vigencia indefinida, salvo que se tome la decisión de retirarse, y no genera obligaciones jurídicas internacionales, ya que se basa en “la voluntad política y la cooperación entre las autoridades regionales firmantes”.En la firma estuvo presente, como representante del Gobierno nacional, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. Este acuerdo se da tres meses después de la creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela.
La emergencia invernal que enfrenta el departamento de Guainía mantiene en alerta a las autoridades nacionales. Las intensas lluvias y las inundaciones han dejado incomunicada a su capital, Inírida, lo que impide el transporte terrestre de alimentos y elementos básicos.Ante esta situación, un C-40 del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó un nuevo vuelo humanitario en el que trasladó 13 toneladas de asistencias de emergencia, por solicitud de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Con este operativo, ya son alrededor de 33 toneladas de ayudas las que han llegado a Guainía por parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Estos apoyos son fundamentales para mitigar la escasez que afrontan los habitantes, especialmente en Inírida, donde las inundaciones han aislado a cientos de familias.Guainía es uno de los territorios más apartados del país y, en medio de la emergencia, la llegada de las aeronaves militares se ha convertido en la única vía para garantizar el acceso a víveres, agua y elementos de primera necesidad.La Fuerza Aeroespacial Colombiana destacó que sus tripulaciones y aeronaves representan hoy “la esperanza en medio de la calamidad”, al demostrar su compromiso con las comunidades más vulnerables del país.La Fuerza Aeroespacial reafirmó que continuará desplegando todas sus capacidades para garantizar la atención a las familias afectadas.
Desde hace 11 días, maestros del Guainía se encuentran en paro, con el propósito de exigir al Gobierno nacional medidas urgentes a una situación que se ha visto agravada en su sistema de salud. De acuerdo con la secretaria de Educación del departamento, Leandra Cárdenas, a la fecha son cerca de 4.000 niños, de 7 colegios urbanos y 15 rurales, que se encuentran sin clase por dichas protestas.“En estos momentos tenemos más de 1.000 maestros sin atención en salud, con remisiones a controles y exámenes de enfermedades de alto costo, sin poder salir a la ciudad de Bogotá o de Villavicencio a poder hacerse sus exámenes y sus chequeos médicos. Esto ha generado que los docentes estén inconformes”, dijo Cárdenas en diálogo con Blu Radio.La funcionaria aseguró que, inicialmente, los profesores habían realizado un paro de 48 horas, que no tuvo solución alguna; luego, los maestros se extendieron a 72 horas, también sin respuesta del Gobierno; ahora, los docentes se encuentran en paro indefinido hasta que no definan su situación en salud.¿Qué están pidiendo los maestros?Son tres medidas puntuales las que están exigiendo los docentes del Guainía:Contratos de prestación de salud firmados para el territorio.Viáticos para traslados cuando requieran atención especializada en otras ciudades.Entrega a tiempo de medicamentos.“Desde el Gobierno nacional nos dicen que es un tema con la Fiduprevisora y el Fomag directamente, que son quienes contratan con la Fiduprevisora el servicio de salud de los docentes. Ellos nos dicen que no hay contratación, que no había contrato, que están a la espera. Ahora nos dicen que sí, que ya firmaron el contrato, pero que tenemos que esperar a que ellos subcontraten”, continúa la denuncia.Pese a la respuesta de las entidades, los maestros aún no cuentan con un tiempo estimado para que les solucionen sus problemas. Desde la Secretaría de Educación del Guainía hicieron un llamado al Gobierno nacional para que priorice las medidas enfocadas en territorios alejados.“No es lo mismo la prestación del servicio en el interior del país a estas zonas alejadas. Es una zona especial por su difícil acceso y, aparte, en el territorio no contamos sino con una atención hasta el nivel 2. Las atenciones a nivel de nivel 3 y 4, en estas especialidades, toca ir hasta Bogotá o hasta Villavicencio a tomar esta atención”, finalizó la denuncia.
El exconcejal del municipio de Inírida, Juan Esteban Barrera Veloza, fue judicializado por los delitos de concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental e invasión de área de especial importancia ecológica. Esto después de que un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Ambientales y el Medio Ambiente revisara los materiales probatorios.Según las investigaciones el exconcejal (2020-2023) habría trabajado junto a su madre Carmen Julia Veloza Pesquera y Juan Camilo Aguado Hernández, dotándolos de información y permitiendo que la extracción ilícita de oro se llevara a cabo con alrededor de 10 dragas que eran ubicadas a lo largo del ríoLa Fiscalía determinó que, Carmen Veloza se habría encargado de contactar a los buzos que descendían al momento de usar las dragas, además de coordinar el traslado de la maquinaria de extracción.El otro implicado es Juan Camilo Aguado Hernández, quien, según la entidad, habría sido el encargado de adquirir los insumos, repuestos y también hacer parte de la explotación en el río Atabapo.Minería ilegal en GuainíaLa explotación de recursos como el oro en el departamento es algo que existe hace bastante tiempo. Situación que ve envuelta en un debate dado que, por el uso de elementos químicos, como el mercurio, genera afectaciones en el medio ambiente. Pero que también es el sustento de varios residentes de la zona.“El conflicto socioambiental que se genera alrededor de la minería aluvial de oro en Inírida se relaciona con varios factores, como las restricciones a los usos del suelo por la vocación de los mismos, debido a las guras de ordenamiento territorial y conservación presentes en el territorio; la informalidad de la minería; así como la falta de oportunidades de otras actividades laborales”, dijo el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.La fuerza pública se ha hecho presente en la zona y por medio de operativos militares se han realizado controles para evitar la minería ilegal y dar con grupos al margen de la ley que operan por la frontera entre Colombia y Venezuela
Tras el requerimiento de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de realizar un informe de las condiciones de salud y habitabilidad en el batallón fluvial de infantería de la Marina de Inírida en Guainía hacia el almirante Francisco Cubides Granados, comandante de las Fuerzas Militares, el Ministerio Público realizó una visita prioritaria no anunciada a las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina No.50 en conjunto con la defensora regional del pueblo y la asesora del despacho del procurador.Horas antes de la visita de la PGN, también se realizó una visita por parte del director del Hospital Renacer, quien verificó las condiciones de asistencia a los pacientes de malaria y tuberculosis, que se encuentran bajo cuidado del personal asistencial del dispensario militar.Tras la visita de la PGN se dejó en recomendación la verificación del esquema de vacunación de los infantes al momento de incorporación, y que la vacuna contra la tuberculosis haga parte del esquema. Se comprobó la existencia de dos casos de malaria y uno de tuberculosis que están siendo atendidos y aislados. Además, en la visita quedó registrado que el dispensario estaba en buen estado y dotado.Se verificó además las condiciones de alojamiento de los infantes de marina, ante el caso denunciado y se estableció que las pruebas de la denuncia se dieron en un día de cambio de turno, por la demora del vuelo en el cual salía un grupo de infantes que terminaban su servicio o iban de traslado.
Tras una posible exposición a enfermedades infecciosas mortales en el batallón fluvial de Inírida, se pidió informe y solución para los uniformados.La Procuraduría General de la Nación solicitó a Francisco Cubides Granados, Comandante General de las Fuerzas Militares, un informe de las condiciones de salud y habitabilidad en la base militar ubicada en Guainía.Al parecer, los integrantes del batallón fluvial No.50 en Inírida estarían expuestos a enfermedades infecciosas como la tuberculosis, lo que causaría afectaciones en los pulmones, y la malaria: enfermedad que podría ser mortal.Según el ente de control disciplinario, el batallón no contaría con una infraestructura física necesaria para contener y darle buenas condiciones a todos los uniformados de la base fluvial.Por tal motivo, la delegada de defensa de los Derechos Humanos le pidió al servidor público un informe detallado de lo sucedido para que, así también, adopte condiciones necesarias para la atención inmediata en salud a los uniformados, con el fin principal de garantizar su bienestar.Tras conocerse las graves denuncias, el Ministerio Público hará una visita este domingo 18 de agosto a las instalaciones del Batallón Fluvial de Inírida, Guainía, epicentro de este delicado caso.
El registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, reconoció que, aunque la meta de la Registraduría es instalar antenas satelitales de Internet, Starlink, en 200 municipios del país para garantizar conectividad en la transmisión de los resultados de las elecciones de este domingo, hasta el momento solo se han priorizado 80 antenas.Los detalles del contrato y los retrasos en el mismo fueron revelados en primicia por Blu Radio, en el que en una respuesta a un derecho de petición, la Oficina Jurídica de la entidad confirmó que a corte de 12 de octubre, tan solo se han instalado 25 kits satelitales, en los departamentos de Amazonas, Chocó, Guainía, Nariño, Vaupés y Vichada.“Ya hoy tenemos cerca de 80 antenas, el plan es 200 para cubrir todas las Registradurías en los municipios que tienen problemas de conectividad. Priorizamos para las elecciones 80 municipios, casualmente la semana pasada entregamos otras 28 y sumando”, aseguró Vega Rocha.Frente a la respuesta que la entidad le dio a Blu Radio de que el uso de esas antenas sería temporal y no se trataría de antenas propias, el jefe de la Organización Electoral se mantuvo en que una vez terminen los comicios, las antenas se quedarán en las regiones. “Las antenas llegan para quedarse. Las antenas no serán solamente para elecciones sino que después de eso nuestros operadores van a mantenerlas ahí para que haya conectividad en las registradurías, en los municipios y en la comunidad cercana”.Alexander Vega insistió en que aunque la primera entrega de los kits satelitales se hizo mediante el contrato con la Unión Temporal Disproel 2023 (operador logístico de las elecciones), ya se está organizando para que estas 80 antenas y las 120 que faltan por ser instaladas, pasen a manos de la Registraduría Nacional.Le puede interesar:
En el departamento de Guainía existen elefantes blancos que afectan a la sociedad. Estas obras se caracterizan porque, a pesar de estar terminadas, no han entrado en funcionamiento y, por ende, no prestan ningún servicio. Ese es el caso de la plaza agroindustrial de ese territorio, que se encuentra en riesgo y busca beneficiar a muchas comunidades campesinas.Durante su visita al departamento de Guainía, el Contralor General (e) de la República, Carlos Mario Zuluaga, indicó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, que hasta el momento han encontrado “25 elefantes blancos, obras inconclusas y obras críticas que están por el órden de los 113.000 millones de pesos, eso es una cifra importante porque ese es un departamento que tiene un presupuesto por transferencias anual de 168.000 millones de pesos y que 113.000 estén comprometidos en estos proyectos que no se han terminado o que no estén prestando ninguna utilidad merecen que la Contraloría le ponga la lupa uno a uno y acompañemos a que se puedan poner nuevamente en funcionamiento o que se entreguen a la ciudadanía”Según el Contralor, los elefantes blancos existen en Colombia debido a que en la última década, una parte de los recursos provenientes de regalías se destinaron a infraestructuras que no eran necesarias.“Esos recursos muchos terminaron en elefantes blancos, nada más vayan al departamento de La Guajira, en donde hay más de 17.000 millones de pesos enterrados en tubos de un acueducto que no sirve o más de 34.000 millones de pesos en San José de Guaviare en 88 plantas de tratamiento de potabilización de agua para escuelas que no sirvieron ninguna de ellas. El país tiene que tener un control mucho más eficiente en el Ejecutivo en la viabilización de los proyectos que guarden pertinencia, que resuelvan un problema, que además resuelvan problemas básicos”, señaló el contralor (e).No solo el departamento de Guainía ha sido afectado por obras inconclusas y la pérdida de recursos que esto implica, sino que hay otras tres regiones del país donde se concentra en mayor medida este problema.“Es lamentable que el país tenga tantas obras en el departamento de Antioquia, Valle del Cauca y Tolima, son los tres departamentos que más concentran recursos de elefantes blancos de todo el país. De los 15 billones de pesos que hay en todo el país, 3.2 billones de pesos los concentran en estos tres departamentos”, especificó Zuluaga.El puente de Juanchito en Cali, "La Casa en el Aire" en Valledupar y otras 1.150 obras en todo el país están en riesgo o son elefantes blancos, por lo que la Contraloría está trabajando para que prácticamente todas entren en funcionamiento y estén al servicio de la ciudadanía.Por otro lado, el Contralor (e) reveló que se está llevando a cabo una acción especial de fiscalización con el propósito de resolver denuncias que han sido presentadas por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), las cuales ya cuentan con cuentas verificadas y validadas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS)."La EPS pese a que ya recibieron los giros de la Adres, no les han cancelado a las IPS y vamos a hacer evidencia de estos casos la próxima semana y le vamos a contar al país por qué sí puede estar en riesgo la prestación del servicio y es por el no pago de algunas EPS con IPS que han prestado el servicio, que han garantizado la afiliación y la prestación del servicio a muchos colombianos que han valide con auditoría sus cuentas pero que no han recibido los pagos”, aseguró.Al mismo tiempo, la Contraloría también verificará los montos reales transferidos por la Adres a las EPS durante el último año, validando la información de los pagos.“Nosotros a través de la DIAN podemos tener información en tiempo real, y ya la hemos solicitado, de cuál es el giro real que han recibido cada una de estas EPS, esto en desarrollo lo vamos a publicar o el día viernes o arrancando el martes de la próxima semana”, puntualizó.Por último, Carlos Mario Zuluaga reveló que ya se encuentran en la etapa final de una investigación relacionada con todos los giros de la Unidad de Pago por Afiliación que todas las EPS recibieron durante la pandemia. Según la Contraloría, estos recursos no fueron ejecutados, invertidos ni gastados por parte de las EPS.Escuche la entrevista completa:
El análisis de videos de vigilancia es una de las primeras labores de investigación que adelanta la Policía para identificar al hombre que, en pleno restaurante del norte de Barranquilla, disparó contra Russi Uriel Urrea Sánchez, candidato por el partido MAIS a la Alcaldía de Barrancominas en Guainía, y Hermes Herreño Lagos, quien se encontraba junto al aspirante, al parecer, negociando una financiación para su campaña política.Las autoridades no descartan que el pistolero haya estado departiendo con las víctimas minutos antes de este atentado y por eso los ojos están puestos en las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas dentro del restaurante y en las calles del barrio Prado que pudieron haber grabado al responsable del ataque que dejó muerto a Herreño Lagos y gravemente herido al candidato Urrea.Las anteriores sospechas fueron planteadas por el general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quien anunció recompensa por el caso."Estamos investigando si el agresor se encontraba junto con estas personas o si fue un ataque premeditado contra la integridad de las víctimas. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien nos ayude a identificar a los autores materiales de este hecho", dijo el oficial.Según la versión de testigos, en la misma mesa junto a las víctimas estaba sentado José Javier León Vega, alias ‘Chunga’, presunto miembro de Los Pelusos e indiciado por los delitos de homicidio agravado, estafa y concierto para delinquir.Le puede interesar:
La Defensoría del Pueblo dio a conocer los resultados del boletín número 4 en el que la entidad monitoreó las acciones de los grupos Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), disidencias de las antiguas Farc, Segunda Marquetalia y las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central con los que el Gobierno adelanta un cese al fuego bilateral desde el inicio del año.Según la defensoría entre el 18 de marzo y el 17 de abril de 2023 se presentaron 21 acciones, de las cuales 16 son en contra de la población civil y cinco más fueron dirigidas hacia la Fuerza Pública.Los eventos se presentaron en los departamentos de Nariño (4), Cauca (4), Antioquia (2), Valle del Cauca (1), Casanare (1), Arauca (1), Putumayo (1), Amazonas (1), y la localidad de Sumapaz en Bogotá (1).“Para la defensoría del Pueblo es preocupante que a pesar del cese al fuego decretado ocurrieron cinco homicidios contra líderes o lideresas sociales, en territorio donde tienen injerencia estos grupos armados ilegales. Reiteramos el llamado a los grupos armados ilegales para que respeten el cese al fuego bilateral y frenen todas sus acciones para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.El monitoreo hecho por la defensoría revela que en ese periodo se presentaron cinco acciones violentas que involucraron directamente a la Fuerza Pública con alguno de los tres grupos armados mencionados. Tres de los eventos ocurrieron en el departamento del Cauca, una en Guainía y otra en Guaviare; en cuatro de estos casos las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central estuvieron involucradas.Desde la Defensoría del Pueblo señalaron que continuaran con la verificación del cese al fuego entre estos grupos.le puede interesar:
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
Luego de una semana pedagógica por la rotación de los nuevos dígitos, este lunes 10 de agosto comenzará a regir el periodo sancionatorio del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa.De igual manera seguirá, rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:Lunes: 5 y 8Martes: 1 y 4Miércoles: 0 y 2Jueves: 3 y 6Viernes: 7 y 9Con estos dígitos funcionará la medida hasta el 27 de enero de 2027.Continúan como vías exentas de la medida la vía Las Palmas, vía 4.1 occidente antioqueño, conexión de la avenida 33 entre la autopista sur y la avenida Las Palmas, calle 10 entre el Eje vial del Río y la terminal del sur y los corregimientos; además de la autopista Sur y avenida Regional, excepto en el municipio de Bello, donde la restricción rige en todas las vías, según las autoridades locales con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía."La entidad invita a la ciudadanía a consultar previamente las placas con restricción, verificar los horarios y planear sus desplazamientos con anticipación. Desde la secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad", manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.Vale la pena recordar que el pico y placa busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%. Según esta dependencia de la Alcaldía de Medellín hay días en los que esa tarea es más difícil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos: 0,1 y 5.
A menos de 48 horas de haberse posesionado como presidente, Abelardo De La Espriella anunció las primeras afectaciones a grupos armados que delinquen en Antioquia tras los resultados reportados por la fuerza pública en las subregiones de Urabá y el Nordeste.Tras su asistencia al tradicional Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores en Medellín, antes de dejar la capital antioqueña el mandatario anunció que en medio de combates con tropas de la Décima Cuarta Brigada fueron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí.La operación, según el presidente, también permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia.Los hombres, entre ellos uno de sus cabecillas en la zona, hacían parte de la subestructura Jorge Mario Valle y eran señalados de diferentes acciones terroristas en contra de la población civil, pero también de la fuerza pública."Esta comisión terrorista a la que se le propinó este duro golpe es la misma que en el año 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento",dijo el mandatario.De la Espriella también aseguró que en otras acciones desplegadas en el Urabá antioqueño, en el municipio de Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del mismo grupo ilegal dedicados al narcotráfico y al componente financiero.En las operaciones desarrolladas por parte de la Armada y la Décima Séptima Brigada, los uniformados incautaron armas de fuego, municiones y material de interés para las labores de inteligencia militar.
La senadora María Clara Posada solicitó a la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ordenar una auditoría forense a Colpensiones para revisar el manejo de los recursos de la entidad durante los últimos cuatro años.La congresista argumenta que existen numerosas denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de contratación y consideró necesario establecer cómo fueron ejecutados los recursos públicos. “El país necesita saber cómo ejecutaron los recursos públicos”, afirmó.Entre los hechos que cuestiona, Posada menciona la presunta contratación del principal financiador del Pacto Histórico y aseguró que en junio se destinaron 25.300 millones de pesos para garantizar hasta octubre la contratación de una nómina paralela de 1.000 trabajadores temporales.También reprocha la ejecución de 238.587 millones de pesos para el cambio del data center, proceso que, según indicó, estuvo relacionado con fallas en la prestación del servicio durante junio y julio.A esto sumó un gasto de 87.621 millones de pesos en publicidad y señaló que no se han publicado las facturas correspondientes a los viajes de los directivos de la entidad.Colpensiones cuenta con un presupuesto anual de 75,6 billones de pesos, por lo que la senadora insiste en que su administración debe estar sometida a criterios de transparencia y control.Posada pide que la nueva administración de la entidad comience con un “corte de cuentas claro” que permita establecer qué ocurrió con los recursos públicos y cómo fueron utilizados durante los últimos años.
