Dos departamentos de Colombia y uno de Venezuela firmaron un nuevo memorando de entendimiento para la cooperación y coordinación en áreas como cultura, educación, salud, comercio, deporte y turismo. El acuerdo se dio entre Vichada, Guainía y el estado Amazonas por parte del vecino país.El documento fue firmado en Puerto Carreño y busca “fortalecer los lazos de cooperación binacional para promover el desarrollo integral, la integración social y económica, y el bienestar de sus ciudadanos”.El acuerdo establece mecanismos de coordinación mediante representantes oficiales, reuniones periódicas y comisiones técnicas para temas prioritarios. También define áreas de cooperación como el intercambio pedagógico, campañas de salud, ferias binacionales y turismo sostenible. El financiamiento dependerá de la disponibilidad presupuestaria de cada parte y de apoyos externos.Tendrá vigencia indefinida, salvo que se tome la decisión de retirarse, y no genera obligaciones jurídicas internacionales, ya que se basa en “la voluntad política y la cooperación entre las autoridades regionales firmantes”.En la firma estuvo presente, como representante del Gobierno nacional, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. Este acuerdo se da tres meses después de la creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela.
La emergencia invernal que enfrenta el departamento de Guainía mantiene en alerta a las autoridades nacionales. Las intensas lluvias y las inundaciones han dejado incomunicada a su capital, Inírida, lo que impide el transporte terrestre de alimentos y elementos básicos.Ante esta situación, un C-40 del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó un nuevo vuelo humanitario en el que trasladó 13 toneladas de asistencias de emergencia, por solicitud de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Con este operativo, ya son alrededor de 33 toneladas de ayudas las que han llegado a Guainía por parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Estos apoyos son fundamentales para mitigar la escasez que afrontan los habitantes, especialmente en Inírida, donde las inundaciones han aislado a cientos de familias.Guainía es uno de los territorios más apartados del país y, en medio de la emergencia, la llegada de las aeronaves militares se ha convertido en la única vía para garantizar el acceso a víveres, agua y elementos de primera necesidad.La Fuerza Aeroespacial Colombiana destacó que sus tripulaciones y aeronaves representan hoy “la esperanza en medio de la calamidad”, al demostrar su compromiso con las comunidades más vulnerables del país.La Fuerza Aeroespacial reafirmó que continuará desplegando todas sus capacidades para garantizar la atención a las familias afectadas.
Desde hace 11 días, maestros del Guainía se encuentran en paro, con el propósito de exigir al Gobierno nacional medidas urgentes a una situación que se ha visto agravada en su sistema de salud. De acuerdo con la secretaria de Educación del departamento, Leandra Cárdenas, a la fecha son cerca de 4.000 niños, de 7 colegios urbanos y 15 rurales, que se encuentran sin clase por dichas protestas.“En estos momentos tenemos más de 1.000 maestros sin atención en salud, con remisiones a controles y exámenes de enfermedades de alto costo, sin poder salir a la ciudad de Bogotá o de Villavicencio a poder hacerse sus exámenes y sus chequeos médicos. Esto ha generado que los docentes estén inconformes”, dijo Cárdenas en diálogo con Blu Radio.La funcionaria aseguró que, inicialmente, los profesores habían realizado un paro de 48 horas, que no tuvo solución alguna; luego, los maestros se extendieron a 72 horas, también sin respuesta del Gobierno; ahora, los docentes se encuentran en paro indefinido hasta que no definan su situación en salud.¿Qué están pidiendo los maestros?Son tres medidas puntuales las que están exigiendo los docentes del Guainía:Contratos de prestación de salud firmados para el territorio.Viáticos para traslados cuando requieran atención especializada en otras ciudades.Entrega a tiempo de medicamentos.“Desde el Gobierno nacional nos dicen que es un tema con la Fiduprevisora y el Fomag directamente, que son quienes contratan con la Fiduprevisora el servicio de salud de los docentes. Ellos nos dicen que no hay contratación, que no había contrato, que están a la espera. Ahora nos dicen que sí, que ya firmaron el contrato, pero que tenemos que esperar a que ellos subcontraten”, continúa la denuncia.Pese a la respuesta de las entidades, los maestros aún no cuentan con un tiempo estimado para que les solucionen sus problemas. Desde la Secretaría de Educación del Guainía hicieron un llamado al Gobierno nacional para que priorice las medidas enfocadas en territorios alejados.“No es lo mismo la prestación del servicio en el interior del país a estas zonas alejadas. Es una zona especial por su difícil acceso y, aparte, en el territorio no contamos sino con una atención hasta el nivel 2. Las atenciones a nivel de nivel 3 y 4, en estas especialidades, toca ir hasta Bogotá o hasta Villavicencio a tomar esta atención”, finalizó la denuncia.
El exconcejal del municipio de Inírida, Juan Esteban Barrera Veloza, fue judicializado por los delitos de concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental e invasión de área de especial importancia ecológica. Esto después de que un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Ambientales y el Medio Ambiente revisara los materiales probatorios.Según las investigaciones el exconcejal (2020-2023) habría trabajado junto a su madre Carmen Julia Veloza Pesquera y Juan Camilo Aguado Hernández, dotándolos de información y permitiendo que la extracción ilícita de oro se llevara a cabo con alrededor de 10 dragas que eran ubicadas a lo largo del ríoLa Fiscalía determinó que, Carmen Veloza se habría encargado de contactar a los buzos que descendían al momento de usar las dragas, además de coordinar el traslado de la maquinaria de extracción.El otro implicado es Juan Camilo Aguado Hernández, quien, según la entidad, habría sido el encargado de adquirir los insumos, repuestos y también hacer parte de la explotación en el río Atabapo.Minería ilegal en GuainíaLa explotación de recursos como el oro en el departamento es algo que existe hace bastante tiempo. Situación que ve envuelta en un debate dado que, por el uso de elementos químicos, como el mercurio, genera afectaciones en el medio ambiente. Pero que también es el sustento de varios residentes de la zona.“El conflicto socioambiental que se genera alrededor de la minería aluvial de oro en Inírida se relaciona con varios factores, como las restricciones a los usos del suelo por la vocación de los mismos, debido a las guras de ordenamiento territorial y conservación presentes en el territorio; la informalidad de la minería; así como la falta de oportunidades de otras actividades laborales”, dijo el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.La fuerza pública se ha hecho presente en la zona y por medio de operativos militares se han realizado controles para evitar la minería ilegal y dar con grupos al margen de la ley que operan por la frontera entre Colombia y Venezuela
Tras el requerimiento de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de realizar un informe de las condiciones de salud y habitabilidad en el batallón fluvial de infantería de la Marina de Inírida en Guainía hacia el almirante Francisco Cubides Granados, comandante de las Fuerzas Militares, el Ministerio Público realizó una visita prioritaria no anunciada a las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina No.50 en conjunto con la defensora regional del pueblo y la asesora del despacho del procurador.Horas antes de la visita de la PGN, también se realizó una visita por parte del director del Hospital Renacer, quien verificó las condiciones de asistencia a los pacientes de malaria y tuberculosis, que se encuentran bajo cuidado del personal asistencial del dispensario militar.Tras la visita de la PGN se dejó en recomendación la verificación del esquema de vacunación de los infantes al momento de incorporación, y que la vacuna contra la tuberculosis haga parte del esquema. Se comprobó la existencia de dos casos de malaria y uno de tuberculosis que están siendo atendidos y aislados. Además, en la visita quedó registrado que el dispensario estaba en buen estado y dotado.Se verificó además las condiciones de alojamiento de los infantes de marina, ante el caso denunciado y se estableció que las pruebas de la denuncia se dieron en un día de cambio de turno, por la demora del vuelo en el cual salía un grupo de infantes que terminaban su servicio o iban de traslado.
Tras una posible exposición a enfermedades infecciosas mortales en el batallón fluvial de Inírida, se pidió informe y solución para los uniformados.La Procuraduría General de la Nación solicitó a Francisco Cubides Granados, Comandante General de las Fuerzas Militares, un informe de las condiciones de salud y habitabilidad en la base militar ubicada en Guainía.Al parecer, los integrantes del batallón fluvial No.50 en Inírida estarían expuestos a enfermedades infecciosas como la tuberculosis, lo que causaría afectaciones en los pulmones, y la malaria: enfermedad que podría ser mortal.Según el ente de control disciplinario, el batallón no contaría con una infraestructura física necesaria para contener y darle buenas condiciones a todos los uniformados de la base fluvial.Por tal motivo, la delegada de defensa de los Derechos Humanos le pidió al servidor público un informe detallado de lo sucedido para que, así también, adopte condiciones necesarias para la atención inmediata en salud a los uniformados, con el fin principal de garantizar su bienestar.Tras conocerse las graves denuncias, el Ministerio Público hará una visita este domingo 18 de agosto a las instalaciones del Batallón Fluvial de Inírida, Guainía, epicentro de este delicado caso.
El registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, reconoció que, aunque la meta de la Registraduría es instalar antenas satelitales de Internet, Starlink, en 200 municipios del país para garantizar conectividad en la transmisión de los resultados de las elecciones de este domingo, hasta el momento solo se han priorizado 80 antenas.Los detalles del contrato y los retrasos en el mismo fueron revelados en primicia por Blu Radio, en el que en una respuesta a un derecho de petición, la Oficina Jurídica de la entidad confirmó que a corte de 12 de octubre, tan solo se han instalado 25 kits satelitales, en los departamentos de Amazonas, Chocó, Guainía, Nariño, Vaupés y Vichada.“Ya hoy tenemos cerca de 80 antenas, el plan es 200 para cubrir todas las Registradurías en los municipios que tienen problemas de conectividad. Priorizamos para las elecciones 80 municipios, casualmente la semana pasada entregamos otras 28 y sumando”, aseguró Vega Rocha.Frente a la respuesta que la entidad le dio a Blu Radio de que el uso de esas antenas sería temporal y no se trataría de antenas propias, el jefe de la Organización Electoral se mantuvo en que una vez terminen los comicios, las antenas se quedarán en las regiones. “Las antenas llegan para quedarse. Las antenas no serán solamente para elecciones sino que después de eso nuestros operadores van a mantenerlas ahí para que haya conectividad en las registradurías, en los municipios y en la comunidad cercana”.Alexander Vega insistió en que aunque la primera entrega de los kits satelitales se hizo mediante el contrato con la Unión Temporal Disproel 2023 (operador logístico de las elecciones), ya se está organizando para que estas 80 antenas y las 120 que faltan por ser instaladas, pasen a manos de la Registraduría Nacional.Le puede interesar:
En el departamento de Guainía existen elefantes blancos que afectan a la sociedad. Estas obras se caracterizan porque, a pesar de estar terminadas, no han entrado en funcionamiento y, por ende, no prestan ningún servicio. Ese es el caso de la plaza agroindustrial de ese territorio, que se encuentra en riesgo y busca beneficiar a muchas comunidades campesinas.Durante su visita al departamento de Guainía, el Contralor General (e) de la República, Carlos Mario Zuluaga, indicó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, que hasta el momento han encontrado “25 elefantes blancos, obras inconclusas y obras críticas que están por el órden de los 113.000 millones de pesos, eso es una cifra importante porque ese es un departamento que tiene un presupuesto por transferencias anual de 168.000 millones de pesos y que 113.000 estén comprometidos en estos proyectos que no se han terminado o que no estén prestando ninguna utilidad merecen que la Contraloría le ponga la lupa uno a uno y acompañemos a que se puedan poner nuevamente en funcionamiento o que se entreguen a la ciudadanía”Según el Contralor, los elefantes blancos existen en Colombia debido a que en la última década, una parte de los recursos provenientes de regalías se destinaron a infraestructuras que no eran necesarias.“Esos recursos muchos terminaron en elefantes blancos, nada más vayan al departamento de La Guajira, en donde hay más de 17.000 millones de pesos enterrados en tubos de un acueducto que no sirve o más de 34.000 millones de pesos en San José de Guaviare en 88 plantas de tratamiento de potabilización de agua para escuelas que no sirvieron ninguna de ellas. El país tiene que tener un control mucho más eficiente en el Ejecutivo en la viabilización de los proyectos que guarden pertinencia, que resuelvan un problema, que además resuelvan problemas básicos”, señaló el contralor (e).No solo el departamento de Guainía ha sido afectado por obras inconclusas y la pérdida de recursos que esto implica, sino que hay otras tres regiones del país donde se concentra en mayor medida este problema.“Es lamentable que el país tenga tantas obras en el departamento de Antioquia, Valle del Cauca y Tolima, son los tres departamentos que más concentran recursos de elefantes blancos de todo el país. De los 15 billones de pesos que hay en todo el país, 3.2 billones de pesos los concentran en estos tres departamentos”, especificó Zuluaga.El puente de Juanchito en Cali, "La Casa en el Aire" en Valledupar y otras 1.150 obras en todo el país están en riesgo o son elefantes blancos, por lo que la Contraloría está trabajando para que prácticamente todas entren en funcionamiento y estén al servicio de la ciudadanía.Por otro lado, el Contralor (e) reveló que se está llevando a cabo una acción especial de fiscalización con el propósito de resolver denuncias que han sido presentadas por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), las cuales ya cuentan con cuentas verificadas y validadas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS)."La EPS pese a que ya recibieron los giros de la Adres, no les han cancelado a las IPS y vamos a hacer evidencia de estos casos la próxima semana y le vamos a contar al país por qué sí puede estar en riesgo la prestación del servicio y es por el no pago de algunas EPS con IPS que han prestado el servicio, que han garantizado la afiliación y la prestación del servicio a muchos colombianos que han valide con auditoría sus cuentas pero que no han recibido los pagos”, aseguró.Al mismo tiempo, la Contraloría también verificará los montos reales transferidos por la Adres a las EPS durante el último año, validando la información de los pagos.“Nosotros a través de la DIAN podemos tener información en tiempo real, y ya la hemos solicitado, de cuál es el giro real que han recibido cada una de estas EPS, esto en desarrollo lo vamos a publicar o el día viernes o arrancando el martes de la próxima semana”, puntualizó.Por último, Carlos Mario Zuluaga reveló que ya se encuentran en la etapa final de una investigación relacionada con todos los giros de la Unidad de Pago por Afiliación que todas las EPS recibieron durante la pandemia. Según la Contraloría, estos recursos no fueron ejecutados, invertidos ni gastados por parte de las EPS.Escuche la entrevista completa:
El análisis de videos de vigilancia es una de las primeras labores de investigación que adelanta la Policía para identificar al hombre que, en pleno restaurante del norte de Barranquilla, disparó contra Russi Uriel Urrea Sánchez, candidato por el partido MAIS a la Alcaldía de Barrancominas en Guainía, y Hermes Herreño Lagos, quien se encontraba junto al aspirante, al parecer, negociando una financiación para su campaña política.Las autoridades no descartan que el pistolero haya estado departiendo con las víctimas minutos antes de este atentado y por eso los ojos están puestos en las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas dentro del restaurante y en las calles del barrio Prado que pudieron haber grabado al responsable del ataque que dejó muerto a Herreño Lagos y gravemente herido al candidato Urrea.Las anteriores sospechas fueron planteadas por el general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quien anunció recompensa por el caso."Estamos investigando si el agresor se encontraba junto con estas personas o si fue un ataque premeditado contra la integridad de las víctimas. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien nos ayude a identificar a los autores materiales de este hecho", dijo el oficial.Según la versión de testigos, en la misma mesa junto a las víctimas estaba sentado José Javier León Vega, alias ‘Chunga’, presunto miembro de Los Pelusos e indiciado por los delitos de homicidio agravado, estafa y concierto para delinquir.Le puede interesar:
La Defensoría del Pueblo dio a conocer los resultados del boletín número 4 en el que la entidad monitoreó las acciones de los grupos Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), disidencias de las antiguas Farc, Segunda Marquetalia y las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central con los que el Gobierno adelanta un cese al fuego bilateral desde el inicio del año.Según la defensoría entre el 18 de marzo y el 17 de abril de 2023 se presentaron 21 acciones, de las cuales 16 son en contra de la población civil y cinco más fueron dirigidas hacia la Fuerza Pública.Los eventos se presentaron en los departamentos de Nariño (4), Cauca (4), Antioquia (2), Valle del Cauca (1), Casanare (1), Arauca (1), Putumayo (1), Amazonas (1), y la localidad de Sumapaz en Bogotá (1).“Para la defensoría del Pueblo es preocupante que a pesar del cese al fuego decretado ocurrieron cinco homicidios contra líderes o lideresas sociales, en territorio donde tienen injerencia estos grupos armados ilegales. Reiteramos el llamado a los grupos armados ilegales para que respeten el cese al fuego bilateral y frenen todas sus acciones para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.El monitoreo hecho por la defensoría revela que en ese periodo se presentaron cinco acciones violentas que involucraron directamente a la Fuerza Pública con alguno de los tres grupos armados mencionados. Tres de los eventos ocurrieron en el departamento del Cauca, una en Guainía y otra en Guaviare; en cuatro de estos casos las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central estuvieron involucradas.Desde la Defensoría del Pueblo señalaron que continuaran con la verificación del cese al fuego entre estos grupos.le puede interesar:
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
