La Alcaldía de Medellín intensificó las acciones de vigilancia y protección sobre el cerro tutelar Pan de Azúcar luego de identificar seis construcciones ubicadas en una zona ambientalmente protegida y de alto riesgo, donde este tipo de intervenciones están prohibidas.Según informó la Secretaría de Gestión y Control Territorial, durante labores de monitoreo fueron detectadas tres edificaciones de uso residencial construidas con materiales mixtos y otras tres estructuras en proceso de construcción. Todas se encuentran a menos de 30 metros de la quebrada La Loquita, una franja destinada a la conservación del recurso hídrico.Las autoridades señalaron que, además de encontrarse en una zona de protección ambiental, las construcciones están ubicadas en un área con amenaza alta por movimientos en masa, situación que representa un riesgo para quienes habitan o adelantan obras en el lugar.Ante esta situación, la Secretaría de Gestión y Control Territorial elaboró seis informes técnicos que serán remitidos a las autoridades competentes para adelantar los procedimientos administrativos correspondientes y definir las medidas a adoptar.El subsecretario de Control Urbanístico, Juan Camilo Arredondo, señaló que los hallazgos también tienen un componente patrimonial, pues las edificaciones fueron identificadas dentro de una zona protegida por la Nación debido a su relevancia arqueológica."Los cerros tutelares son uno de los principales patrimonios ambientales, paisajísticos y culturales de Medellín, por lo que su protección es una prioridad para la administración distrital. Esas acciones nos permiten actuar de manera más oportuna, prevenir el deterioro del territorio, proteger ecosistemas estratégicos", indicó.Desde 2025, el Distrito ha recuperado 849 metros cuadrados de espacio público en el cerro Pan de Azúcar y ha efectuado 114 recorridos de observación, como parte de la estrategia para proteger uno de los ecosistemas y patrimonios naturales más importantes de Medellín.
Las edificaciones irregulares en el Valle de Aburrá están bajo la lupa de las autoridades. En lo corrido del año se han intervenido este tipo de edificaciones en sectores como Santa Elena, Altavista y Envigado. El turno ahora es para el corregimiento San Cristóbal, ubicado al Occidente de la ciudad.Hasta el sector conocido como La Divisa, jurisdicción de este corregimiento, llegaron funcionarios de la Alcaldía de Medellín para llevar a cabo el desmonte y la remoción de seis construcciones irregulares que se levantaban sin autorización. Además, estaban invadiendo un lote que es propiedad del Distrito de Medellín.Por otro lado, también se ejecutó la suspensión de obra en una edificación que avanzaba sin licencia y estaba siendo levantada en una zona no apta para construir. Esa área está clasificada como suelo destinado para uso público de proyectos donde está prohibido cualquier tipo de edificación. Juan Camilo Arredondo subsecretario de Control Urbanístico de Medellín. “Cuando alguien construye sin permisos, con deficiencias constructivas, pone en riesgo su propia seguridad y la de sus vecinos, por eso seguimos actuando en el territorio, esto no es un hecho aislado. En lo que va del año, ya hemos realizado 41 remociones en San Cristóbal, lo que equivale a 1.259 m2 recuperados para el corregimiento”.Desde esta Secretaría confirmaron que este terreno está previsto para construir un lugar al servicio a la comunidad, como parques o zonas verdes. El predio intervenido tiene una extensión de 17.798 metros cuadrados, un tamaño comparable con la mitad del Centro Administrativo La Alpujarra. Ante esta situación, el secretario hizo esta recomendación a la ciudadanía.“Queremos hacer un llamado claro a la ciudadanía, muchas veces detrás de estas ocupaciones hay engaños o ventas irregulares de lotes, por eso es clave que las personas no se dejen estafar. Verifiquen siempre la información de la titularidad de los predios y las restricciones que estos tengan, denuncien cualquier irregularidad”.Además, también fue recopilada información sobre 78 construcciones por posibles infracciones urbanísticas. Entre los hallazgos más relevantes identificaron que en varios de los inmuebles ya existían informes técnicos previos, lo que evidencia una ocupación irregular reiterada.El sector La Divisa forma parte de los 65 puntos críticos que tiene identificados el Distrito por construcciones ilegales y donde se realizan controles permanentes por el aumento de ocupaciones irregulares. En esta zona hay monitoreo constante, recorridos de observación y jornadas de sensibilización.
En Itagüí fue demolida una construcción ilegal que se estaba haciendo en un terreno que pertenece a la alcaldía de este municipio. El predio es un área protegida ambientalmente por la administración local.Las autoridades en el Valle de Aburrá tienen la lupa puesta sobre las construcciones ilegales. Hace tan solo algunas semanas fueron demolidas dos edificaciones irregulares, una en el corregimiento de Altavista y la otra en Santa Elena. El turno ahora es para el municipio de Itagüí, sur del área Metropolitana.Mediante un operativo adelantado por la Alcaldía de este municipio, exactamente entre los sectores Balcones de Sevilla y El Guayabo. fue identificada, no solo la invasión del predio que pertenece al municipio, sino que además es un área protegida ambientalmente que ayuda al balance del ecosistema.La construcción se estaba haciendo sin los requerimientos técnicos necesarios, una situación que pone en riesgo el terreno de esta zona y que puede afectar no solo a quienes adelantan los trabajos de construcción, también genera un grave deterioro en el medio ambiente. El secretario de gobierno de Itagüí, Jean Mauricio Sánchez. “Queremos hacerle la advertencia a todos los itagüiseños, que no permitamos ese tipo de construcciones, que denunciemos, que no permitamos que acaben con nuestro medio ambiente, que se roben los espacios públicos, que no permitamos que esas construcciones ilegales y anti técnicas generen riesgo de desastre sobre la vida y bienes de los itagüiseños”.De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, en el terreno donde se adelantó el procedimiento fueron encontrados varios costales con escombros, producto del avance de las obras, y varios orificios de gran tamaño en el suelo.Desde la Alcaldía de Itagüí, recuerdan que la edificación en terrenos protegidos ambientalmente, genera una destrucción irreversible de la fauna y flora, que son vitales para el ecosistema. Ignorar las normas y construir sin documentación ataca la gestión del riesgo, generando un foco de futuros desastres.
En lo que va corrido del año 2025 se han removido 13.181 cambuches y estructuras, en favor de la recuperación de corredores estratégicos y zonas de alto tránsito. El desmonte de estas estructuras se hace bajo un esfuerzo estructurado entre la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Seguridad y Convivencia.Estas intervenciones se han hecho en zonas donde se detectaron dinámicas de reocupación, especialmente en sectores estratégicos para la ciudad como San Juan, La carrera 70, Laureles, Guayabal y Aguacatala. En estos sitios se intensificó el control territorial y el acompañamiento social para mitigar riesgos asociados a inseguridad, insalubridad y deterioro del espacio público.A la campaña de desmonte de estas estructuras improvisadas utilizadas en su mayoría por habitantes de calle, se suman diferentes iniciativas de carácter social lideradas por la Administración Distrital en las que se destacan principalmente 10.782 procesos de sensibilización a vendedores informales y comercios formales en los principales sectores de comercio de la capital antioqueña.De acuerdo con el subsecretario de Espacio Público de Medellín, David Ramírez “Estas intervenciones, acompañadas por equipos sociales y operativos, nos han permitido enfrentar dinámicas de ocupación indebida, mitigar riesgos asociados a inseguridad e insalubridad y devolverle a la gente los lugares que le pertenecen. Nuestro compromiso es la presencia permanente para garantizar espacios seguros, limpios y transitables para todos”.Las intervenciones seguirán en los 16 puntos priorizados por la Administración Distrital, con monitoreo constante para evitar reocupaciones y en articulación con entidades sociales para la atención integral de quienes lo requieran. Los comportamientos que constituyan infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia serán remitidos a las autoridades competentes.
La reciente postura de Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU, al abstenerse de votar sobre la invasión rusa a Ucrania, ha generado intensos debates en el ámbito diplomático. El profesor Camilo González, experto en relaciones internacionales, explicó en Mañanas Blu que esta decisión responde a una estrategia pragmática del gobierno colombiano, que busca equilibrar sus relaciones con potencias como Estados Unidos y Rusia mientras se posiciona en un escenario internacional complejo. Analizó que la abstención de Colombia refleja un enfoque cauteloso, en el que el país se posiciona en medio de las tensiones geopolíticas. Según el profesor, "es una postura pragmática que busca medir el terreno y ver cómo se moverán las balanzas en el futuro, especialmente en relación con la relación de Estados Unidos con la región". Efectos en las relaciones internacionales Al abstenerse en la votación, Colombia envía un mensaje que podría interpretarse como una medida para evitar conflictos directos con naciones comprometidas en el conflicto de Ucrania. Sin embargo, la decisión también podría tener repercusiones negativas, ya que algunos analistas consideran que la falta de una postura decidida puede afectar la imagen internacional del país. La situación se complica aún más cuando se observa que varios países aliados de Estados Unidos, como El Salvador y Argentina, también optaron por abstenerse. Esto sugiere una mayor consideración de las consecuencias prácticas de apoyar a una Ucrania cuyo futuro sigue incierto. González destacó que estos países están evaluando el contexto del acuerdo de paz propuesto y cómo podría afectar su soberanía. Consejo de Seguridad de la ONU aprueba resolución de EEUU sobre Ucrania negada en AsambleaEstados Unidos logró esta tarde que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución sobre la guerra de Ucrania que fue rechazada en la mañana cuando la sometió a votación en la Asamblea General, y que no contiene ni siquiera una mención a la "invasión" o la "guerra".La resolución obtuvo el apoyo de diez países, entre ellos Rusia, China y los países africanos y asiáticos del Consejo, mientras que los cinco países europeos se abstuvieron y tanto Francia como el Reino Unido se negaron a usar su derecho de veto, que podrían haber utilizado votando en contra.
Indignación ha generado entre la familia Esper Fayad el intento de invasión que varios hombres, aparentemente acompañados de dos agentes de la Policía Metropolitana, llevaron a cabo este fin de semana en el predio donde se encuentran ubicados los transmisores de señal de la cadena radial de Barranquilla La Libertad.Al menos así lo denunció públicamente Luz Marina Esper, directora del medio de comunicación radial, quien contó a Blu Radio que todo se habría dado a plena luz del día y, no conforme con eso, a pocos metros de una estación de Policía a la que, inclusive, el desaparecido padre de Luz Marina les donó el terreno, a la altura de la Avenida Circunvalar, en el cruce con la Vía al Mar.Indicó la reconocida periodista que, aprovechándose de la compañía que gozaban de los uniformados de la Policía, lograron retirar al vigilante del terreno para intentar tomar posesión ilegal del mismo, sin importar que, desde hace más de 20 años, pasó a manos de Luz Marina y sus hermanos, tras el fallecimiento de su padre Roberto Esper Rebaje.Ahora bien, dado el intento de invasión que sufrió el predio que por tantos años ha estado en manos de la familia Esper Fayad, lo que espera Luz Marina es que las autoridades investiguen a fondo lo sucedido y, además, garanticen tanto su vida como la de sus familiares, dadas las amenazas que estos hombres lanzaron en su contra. "Lo más preocupante es el mensaje subliminal de que si yo intervenía iban a acabar con mi vida o la de mi familia. Me imagino que son personas que están cansadas con tanta denuncia que hacemos desde el periódico y, más aún, cuando por ese sector quedan muchos terrenos que ya están invadidos", dijo. En Blu Radio contactamos a la Policía Metropolitana para averiguar si se tienen mayores detalles sobre lo sucedido, sin embargo, señalaron que están “verificando” para poder entregar un pronunciamiento oficial.
En Caucasia, Antioquia, fue asesinado uno de los líderes sociales de la invasión de tierra más grande del país. Mientras se desplazaba en su motocicleta le dispararon desde otra moto.¿Cómo es la invasión más grande del país?Se trata de Luis Fernando Tous Drago, un hombre que fungía como líder social en representación de la población de la invasión Santa Elena que es considerada como la invasión de tierra más grande de Colombia. Más de cinco mil familias se han acomodado en este lote de más de 378 hectáreas a donde diariamente siguen llegando personas a levantar sus viviendas de plástico.El señor Tous fue asesinado en zona urbana del barrio Loma Fresca, en este municipio del Bajo Cauca antioqueño, cuando dos personas en motocicleta le dispararon con arma de fuego mientras que él se desplazaba también en una moto. "Tiene algún compromiso en cuanto a la ubicación que se realiza ahí de la invasión en el lote de Santa Elena, sin embargo, en el trabajo investigativo también se logró la captura con los posibles autores del hecho donde se les incautó un arma de fuego", indicó el comandante encargado de la Policía de Antioquia, el coronel Luis Muñoz.Finalmente, el coronel señaló que los hechos aún son materia de investigación y se tiene la información de que estas personas estarían involucradas en la venta de predios al interior de la invasión en el lote Santa Elena.
La Alcaldía de Medellín mostró su preocupación por las zonas de invasión en la ciudad. Aseguran que hay 64 invasiones en todo el territorio y que, hasta ahora, el número podría seguir creciendoZonas con más invasiones en MedellínSan Cristóbal, Vallejuelos, Villatina, Moravia y Santa Elena son los lugares invadidos con más densidad poblacional en la capital de Antioquia.El reporte de las autoridades indica que la mayor afectación son las construcciones irregulares."El fenómeno viene creciendo fuertemente en el territorio y fuertemente es muy fuertemente. Este tema está generando inconvenientes en este momento porque es un crecimiento desordenado", aseguró el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez.Desde el Concejo de Medellín destacan que la Secretaría de Gestión y Control Territorial debe enfatizar sus esfuerzos en insistir que las invasiones sean reguladas en el plan de ordenamiento territorial.La Administración Distrital insistió que en Moravia hay que poner especial atención, ya que hay un gran número de construcciones en alto riesgo.
En un trabajo coordinado entre las autoridades locales y ambientales, se realizó un enorme operativo en el barrio La Feria de Bucaramanga, para desalojar a decenas de familias que habían invadido una zona de protección ambiental. La intervención reveló la presencia de 150 cambuches distribuidos en 250 lotes, mientras que cerca de 100 árboles nativos fueron destruidos para dar paso a las construcciones ilegales.El operativo, liderado por la Alcaldía de Bucaramanga en colaboración con la CDMB, tuvo lugar después de varias denuncias por parte de la comunidad que alertaron sobre la invasión en una zona crítica para la preservación del entorno natural. La zona afectada es reconocida como La Curtiembre, en la escarpa occidental de la ciudad.Durante la operación, se identificaron múltiples irregularidades, incluyendo la ocupación ilegal de tierras, la falta de servicios básicos y la destrucción indiscriminada de flora nativa. Los invasores, en su afán de establecer sus viviendas, arrasaron con aproximadamente 100 árboles nativos, según informaron las autoridades a Blu Radio.La Alcaldía de Bucaramanga alertó sobre una presunta red de urbanizadores ‘piratas’ que estarían estafando a ciudadanos con la venta de lotes ilegales.En desarrollo…
Luego de los reiterativos llamados por parte de los habitantes de la comuna 18, y una vez superado el plan democracia, finalmente se logró intervenir el sexto intento de invasión en el cerro de Las Antenas, en el sur de Cali. Según las autoridades, en un plazo de 30 días, los invasores lograron instalar hasta 60 cambuches en la zona.Tras un recorrido por el lugar, el comité de invasiones encontró construcciones de madera, guadua, plástico y lona, además de una amplia zona deforestada. Autoridades ambientales aseguran que este tipo de ocupaciones irregulares generan un alto daño ambiental en el suelo, el cual ya presenta erosión.“Nosotros acá regresaremos cuantas veces sea necesario, pero es fundamental que la Fiscalía investigue y dé con los principales responsables de este delito. Hoy la comunidad está amedrentada, nos informan pero no quieren avanzar y hemos dispuesto varios nombres a las autoridades”, aseguró el subsecretario de Justicia, Cesar Lemos.El funcionario añadió que quienes pretendían invadir, también buscaban la manera de lograr la instalación de postes de energía eléctrica y algunas adecuaciones para conectar el servicio de agua potable a través de mangueras.Cabe recordar que ante estos reiterativos intentos de invasión, ya fue interpuesta una denuncia formal ante la Fiscalía, para determinar quiénes estarían detrás de esta práctica, con la que buscan ocupar los lotes de manera irregular y atemorizan a la comunidad vecina para evitar denuncias.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revocar la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). De acuerdo con lo informado por el mandatario, la decisión se tomó tras detectarse la modificación del manual de funciones de la entidad para presuntamente facilitar su vinculación al cargo.¿Por qué el Gobierno revocó la designación de Camilo Noguera en el ICANH?Según explicó el presidente De La Espriella a través de sus canales oficiales, el designado director, Camilo Noguera Pardo, quien es yerno del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, adelantó cambios en los requisitos del manual de funciones en coordinación con el director encargado del instituto, Javier Estrada.El jefe de Estado señaló que las modificaciones administrativas se realizaron a espaldas de la ministra de Cultura, Paola Holguín. De la Espriella precisó que, aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura con autonomía administrativa, no existe autorización para alterar los reglamentos internos con el fin de favorecer o acomodar aspirantes a cargos públicos.¿Qué medidas administrativas ordenó el presidente De la Espriella?Ante las irregularidades reportadas en la tramitación del nombramiento, el mandatario dispuso la salida inmediata del director encargado de la entidad y la anulación de la designación del nuevo funcionario."Mi instrucción ha sido clara: en el gobierno no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos. Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno", aseveró el presidente.El mandatario concluyó que la institucionalidad y los manuales de funciones deben respetarse sin excepción, ratificando que ningún funcionario cuenta con aval para adoptar determinaciones presupuestales o administrativas al margen de los ministerios de cabeza de sector.
Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y España permitió desarmar una red transnacional que esclavizaba a más de 100 colombianos en centros de llamadas en Camboya, informaron este martes fuentes oficiales.La Policía colombiana, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), y la Policía de España realizaron tres capturas por orden judicial y dos retenciones por notificaciones rojas de Interpol en las localidades españolas de Zamora y Castellón, como parte de una investigación contra una red de trata de personas vinculada a la 'mafia china' en Asia.La organización criminal, liderada por alias de Jiaxing Ye, se dedicaba a captar ciudadanos colombianos mediante falsas ofertas de empleo en el extranjero para trasladarlos a Camboya y obligarlos a participar en fraudes financieros y estafas virtuales.Según las investigaciones, la red funcionaba mediante cabecillas financieros y coordinadores internacionales establecidos en Zamora y Castellón, que a su vez coordinaban con reclutadores en Colombia encargados de identificar, captar y trasladar a las víctimas.Los reclutadores buscaban principalmente a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años con dificultades económicas, a quienes ofrecían trabajos bien remunerados en supuestos centros de llamadas en Tailandia o Camboya, dedicados a la comercialización de criptomonedas.La ruta comenzaba en Colombia, continuaba con escalas en Países Bajos o España y seguía hacia Tailandia antes de terminar en Phnom Penh, la capital camboyana, o en zonas fronterizas con Vietnam.Una vez en Camboya, los colombianos eran despojados de sus documentos, sometidos a vigilancia armada y obligados a trabajar jornadas nocturnas de hasta doce horas en complejos tecnológicos cerrados, con acceso restringido a atención médica.Para recuperar su libertad, la red exigía a las víctimas el pago de una supuesta deuda de 30 millones de pesos colombianos (unos 9.000 dólares) por los gastos de traslado o que cumplieran al menos seis meses de trabajo forzado.En esos centros recibían una capacitación delictiva denominada "mastereo", mediante la cual eran obligados a llamar a ciudadanos en Colombia y hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional para ofrecerles tramitar la cédula digital.Durante las llamadas, los trabajadores inducían a las víctimas a instalar aplicaciones en sus teléfonos móviles, lo que permitía a los miembros de la organización acceder a los dispositivos y vaciar sus cuentas bancarias.La Policía identificó a Eslaineir Alexis Campo Rodríguez y Cristian Camilo Ortiz Avendaño como responsables de perfilar, captar y trasladar a las víctimas hacia Camboya. También están acusadas Yuris Marcela Reyes Zambrano, Karina Yulieth Doncell Rojas y Viviana Karoly Daza Ospino.Las autoridades también emitieron tres notificaciones azules de Interpol para localizar a otros integrantes de esta red.
A pocas semanas de su regreso a Colombia, la agrupación mexicana Maná presentó mundialmente MANÁ: VIVIR SIN AIRE TOUR (LIVE FROM RED ROCKS), un especial audiovisual que recoge uno de los conciertos más destacados de su trayectoria, grabado en el legendario Red Rocks Amphitheatre, en Morrison, Colorado. El estreno gratuito se realizó el pasado 6 de noviembre, a través del canal oficial de la banda en YouTube, donde permanece disponible para sus seguidores.El lanzamiento, realizado en alianza con YouTube y Warner Music, incluye un espectáculo con producción visual cinematográfica y sonido de alta definición, además de un mini documental que revela la conexión emocional de Fher Olvera con este escenario. Cuando tenía 21 años, el vocalista vivía en Denver y trabajaba lavando platos mientras soñaba con presentarse algún día en el emblemático anfiteatro. Cuatro décadas después, aquel anhelo se convirtió en realidad.El especial reúne algunas de las canciones más representativas de la banda, que ha vendido más de 50 millones de discos y se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rock en español.Maná prepara su regreso a ColombiaEste lanzamiento sirve como antesala al regreso de Maná al país. El próximo 28 de noviembre, la agrupación abrirá su Vivir Sin Aire Tour en Latinoamérica con un único concierto en Colombia, programado en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. La gira continuará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.El repertorio promete clásicos como “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”.En 2026, Maná también recibió el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina. Además, fue incluida entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, según Billboard, y alcanzó 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles.
En el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el Gobierno de Abelardo De La Espriella planteó una transformación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).La propuesta, incluida en el eje de Patriotismo Constitucional, busca fortalecer la capacidad del Estado para anticipar amenazas, recuperar la confianza en sus organismos de inteligencia y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y surge en medio de las nuevas denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por el uso indebido y otras irregularidades en la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.En el diagnóstico sobre la DNI, el Gobierno identificó problemas operativos y una pérdida de capacidades institucionales y “del enfoque diferencial de la inteligencia civil frente a los demás organismos de inteligencia”, así como “la obsolescencia de material y equipo” y una “rigidez institucional que impide atender las necesidades operacionales”.El documento reconoce además que existe una “limitada comprensión y la distorsión que existen sobre la finalidad, alcance, y controles de las actividades de inteligencia, que hoy afectan la confianza y ponen en duda su credibilidad ante la ciudadanía y las instituciones”.El documento también cuestiona que la inteligencia estatal haya concentrado sus esfuerzos en asuntos coyunturales, en detrimento de los temas estratégicos de seguridad. Para cambiar ese enfoque, propone que la DNI genere “conocimiento anticipativo y prospectivo” que permita “reducir la incertidumbre que generan actores estatales y no estatales”, en particular frente a fenómenos como el crimen transnacional y las disputas por recursos estratégicos.La modernización de la DNI contempla inversiones en “nuevas tecnologías seguras y resilientes para el procesamiento y la analítica masiva de información”. El plan también incluye renovar los medios técnicos y fortalecer el talento humano, con personal profesional y especializado, formación, gestión del conocimiento y mejores condiciones de bienestar.En el ámbito internacional, el Gobierno busca revertir la “tendencia de reducción de la cooperación internacional y su presencia en instancias estratégicas de inteligencia”. Además, pretende posicionar a la DNI como un “proveedor objetivo de análisis para la identificación de prioridades estratégicas y la toma de decisiones del Estado”, con canales de relacionamiento con las instituciones, la academia y la ciudadanía.La segunda transformación se concentra en la UIAF, una entidad también bajo la lupa durante el gobierno anterior. Dicha estrategia responde al plan para desfinanciar las economías ilegales y afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales pues señala que el lavado de activos movilizó “cerca de 169,73 billones de pesos entre 2022 y 2025”, recursos que, según el diagnóstico, alimentan las redes criminales y sus mecanismos de corrupción.Para enfrentar esas operaciones, el Gobierno propone modernizar la capacidad tecnológica de la UIAF, con énfasis en el procesamiento de grandes volúmenes de información, la analítica avanzada, la inteligencia financiera y la ciberseguridad para enfrentar los “riesgos emergentes derivados de los activos virtuales, las plataformas digitales, las tecnologías financieras y las nuevas modalidades de criminalidad económica”.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer que puso a disposición de las autoridades competentes una serie de hallazgos sobre la contratación directa realizada en el sector salud por la administración anterior entre 2022 y 2026, la cual asciende a más de 20.600 contratos por un valor cercano a los 8,47 billones de pesos.De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, la revisión evidenció que 143 personas contaban con contratos simultáneos en distintas entidades del sector. En algunos casos, la sumatoria de honorarios percibidos mensualmente ascendía a los 46 millones de pesos. A esto se suma el hallazgo de 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.En el caso puntual del Ministerio de Salud, se identificaron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado. Más de la mitad de estas vinculaciones contractuales se concentraron entre enero de 2025 y agosto de 2026.Frente al alcance de las indagaciones, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aclaró que la contratación directa o la pluralidad de contratos no constituyen en sí mismas una conducta ilegal. No obstante, enfatizó la necesidad de auditar la efectividad de las obligaciones contraídas al señalar: "Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento".El ministerio explicó que estas auditorías buscan esclarecer la trazabilidad de los recursos públicos, verificar la pertinencia de las contrataciones y constatar la ejecución real de las actividades pactadas. Ante esto, los antecedentes recopilados fueron trasladados a los organismos de control disciplinarios, fiscales y judiciales correspondientes para que determinen si existieron faltas o delitos.La ministra Vesga reiteró el compromiso de la cartera sanitaria con la protección de los dineros del sector: "Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado".
