Para Juan Pablo Córdoba, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, los subsidios a los precios de la gasolina en el país son “ineficientes” e “insostenibles”, por lo que se unió a las voces de quienes piden acabar con esa medida para bajar los niveles de endeudamiento que hoy, según dijo, “están al límite”.“El nivel de endeudamiento está al límite, el subsidio a los combustibles está generando un incremento en ese endeudamiento de más de 3 billones de pesos al mes”, comentó en diálogo con Mañanas Blu.Y es que el Gobierno anunció que, por ahora, no se aumentará el precio del diésel ni del ACPM, solo el de la gasolina: serán 200 pesos mensuales a partir de octubre y por lo que queda del año. En ese sentido, Córdoba se preguntó si subsidiar los combustibles era aún conveniente, teniendo en cuenta lo que se quiere recaudar con la reforma tributaria.“La decisión de política pública es del Gobierno, lo que nosotros estamos diciendo es que está gastando (el Gobierno) 20 billones de pesos en ese componente especifico del ACPM, la pregunta es, de cara a una reforma tributaria que va a recaudar 20 o 25 billones de pesos, si gastarnos 19 billones en subsidiarlo es un buen uso del recurso o es superior a los 11 billones que nos gastamos en programas sociales”.Dijo que, si es así, se deben “focalizar los recursos” para que no sean “indiscriminados” y se conviertan en “ineficientes”, pues hay muchas más maneras de financiar productos como la gasolina, según añadió.“(…) Lo que sí es supremamente ineficiente, y lo dicen los estudios técnicos, es que la manera en cómo lo hacemos en Colombia de subsidios indiscriminados a cualquier persona que llegue a comprar un galón de gasolina en cualquier estación de servicio del país es una manera muy ineficiente de subsidiar cualquier producto, no solo la gasolina, sino la carne, el arroz o los huevos, pasa exactamente lo mismo”, recalcó.Concluyó que en este momento “todo cuesta”, pero se debe buscar un “equilibrio” que sea sensato y, sobre todo, sostenible para la política pública del país.
El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, informó que las acciones de Avianca Holdings serán retiradas luego de que la compañía anunciara su salida de la Ley de Quiebras y completara su proceso de reorganización."En la medida que el capítulo 11 ya terminó y que la empresa que está enlistada en la Bolsa se va a liquidar, la Bolsa hace un proceso automático de desliste. La Superfinanciera será la que marque la pauta del retiro de la Bolsa de Valores”, explicó Córdoba.De acuerdo con el plan de reorganización, los nuevos accionistas invertirán en el nuevo holding Avianca Group International Limited, que tendrá su domicilio en el Reino Unido. Este reemplaza al anterior Avianca Holdings, que tenía su domicilio en Panamá.Avianca se acogió en mayo de 2020 al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de EE. UU. para salir de una crisis agravada por la pandemia de COVID-19, y en julio pasado obtuvo compromisos financieros por 1.600 millones de dólares para financiar su reorganización.Le puede interesar: escuche La Intérprete
Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), habló sobre la oferta pública de adquisición por el grupo Nutresa y, además, se refirió al mercado internacional, del cual Colombia se está quedando rezagado.Según explicó, una vez hecha la oferta, empiezan a correr unos tiempos establecidos para que la compañía tome una decisión frente a la venta de sus acciones, lo que podría no llevar más de un mes.“Una vez autorizado por la Superintendencia Financiera, se debe hacer un aviso público de oferta y, a partir de ahí, empiezan a correr los tiempos para que estas operaciones sean transparentes”.“Dentro de los plazos establecidos, esto podría ser relativamente rápido, el emisor tiene mínimo 10 y 30 días hábiles para fijar la fecha de cierre de la oferta, es apretado, pero está dentó de los plazos”, añadió.Sobre el mercado internacional, Córdoba señaló que Colombia se ha visto rezagada en la recuperación de inversión frente a otros países que se han levantado tras la pandemia por coronavirus. Por eso, destacó como positivo el caso del grupo Nutresa.“Colombia ha presentado un rezago frente a los mercados. El hecho de que una de las compañías principales de nuestro país sea objeto de interés de inversionistas internacionales y financiación fuera el país, es buena noticia. Esto genera mayor dinámica en el mercado para las empresas”, aseguró.Aclaró, además, que la Bolsa de Valores es solo una entidad reguladora para “garantizar igualdad”, pues son los inversores los que deciden.“La bolsa es simplemente un administrador que tiene que garantizar la igualdad de condiciones de todos los participantes, los actores de la transacción serán quienes manifiesten si es o no conveniente el proceso”.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:Entérese de los hechos más importantes de Colombia y el mundo:
Según cuenta Córdoba, la participación de la Bolsa radica en organizar el proceso de la subasta, “es una subasta como se ha hecho en muchos procesos de privatización, que se organiza con una urna y los postulantes precalificados tiene que haber cumplido unos requisitos para llegar a la etapa de hoy”. (Aquí: Isagén será subastada el 13 de enero). “El reglamento que se ha hecho público establece entre las 8 y 9 de la mañana la primera fase para que se ingresen los sobres y de haber más de 2 proponentes se va a una segunda ronda, donde los proponentes tienen un tiempo también para ingresar una nueva oferta económica”, indicó. Explica el presidente de la BVC que desde el punto de vista de la entidad que preside aún hay dos proponentes precalificados y las garantías de cumplimiento de la operación fueron presentadas por dos proponentes, por lo que en el papel tanto Brookfield como Colbún podrían presentarse a la subasta, pese a que el segundo manifestara en días anteriores que no presentará una oferta. “Es cierto que en los últimos días hubo información de que uno de ellos se retiró, pero formalmente hay dos consorcios precalificados”, reiteró. (Lea además: Firma chilena Colbún se retiró de la puja por Isagen). Respecto a cómo operará el proceso de subasta con un solo oferente, que sería la canadiense Brookfield, explicó que hay un reglamento que establece el procedimiento en estos casos. “Durante el tiempo de 8 a 9 de la mañana es el tiempo para presentar las ofertas, en este caso habrá una posiblemente y al cerrar el tiempo se revisará la oferta, y si es válida se declara aceptable”. Añade que el mecanismo del precio mínimo, que establece el decreto en los procesos de privatización, ofrece protección, “pues el precio mínimo se establece para que cuando solo hay un proponente no ofrezca por debajo del valor que el Gobierno estima como el mínimo razonable”. (Lea además: Uribismo se opone a venta de Isagen con un solo oferente). El precio fijado, recordó Córdoba, es $4.130 por acción por lo que la participación del Estado equivale a cerca de $6,5 billones.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de 11 meses de detención prevenitiva. En diálogo con Mañanas Blu, el exfuncionario abordó los señalamientos en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), defendió su actuación política y cuestionó los procedimientos judiciales que lo llevaron a prisión.Ante el cuestionamiento sobre si la responsabilidad recaía exclusivamente en Olmedo López o si alcanzaba a otras instancias del Gobierno, Velasco aclaró que sus críticas se dirigen hacia operadores específicos y no a la totalidad de la administración del presidente Gustavo Petro: “En el gobierno de Petro encontré gente maravillosa. Así como gente muy mala y que debemos reconocer como este señor Olmedo y de pronto otra gente”.Libertad tras 11 meses y duras críticas al procedimiento judicialVelasco calificó su encarcelamiento como una "barbaridad" y responsabilizó a la actuación de la magistrada Aura Rosero, señalando que tomó una medida intramural desproporcionada. “Es doloroso saber que el 18 de diciembre del año pasado por la vacancia judicial, una magistrada... me mandara a la cárcel... 11 meses después, después de que la Corte Suprema de Justicia en tutela diga, 'Mire, eso fue palabras más palabras menos, una barbaridad lo que hicieron con Velasco', un magistrado del propio tribunal reconozca esos errores, esas decisiones francamente ilegales y me devuelva la libertad”, afirmó.El exministro sostuvo que nunca intentó evadir a la justicia y que ejercerá su defensa plenamente en libertad.Desvinculación del desfalco en la UNGRDFrente a las acusaciones que lo vinculan con los entramados de corrupción en la Gestión del Riesgo, Velasco enfatizó que la propia Fiscalía General de la Nación ha reconocido que él no participó en la apropiación ilícita de recursos.“La propia Fiscalía en una audiencia de hace unos meses dijo con toda claridad que yo no tengo nada que ver con el saqueo de la Unidad de Gestión de Riesgos. O sea, no me he apropiado de un solo centavo”, aseveró Velasco. Asimismo, precisó que no ha sido acusado de peculado y que los señalamientos en su contra se basan en interpretaciones sesgadas de su labor institucional.Niega la "compra de congresistas" y defiende reuniones de GobiernoConsultado sobre las declaraciones de Olmedo López y Sneider Pinilla —quienes afirmaron que en reuniones de la Casa de Nariño se habría planificado la entrega de dádivas a parlamentarios para respaldar proyectos oficiales—, Velasco rechazó tajantemente dicha versión.“Mientras yo fui ministro, en lo que respecta, no vi ni actué para eso y es lo que puedo decir y es lo que diré ante la Corte”, sostuvo. Velasco explicó que como ministro del Interior participó en más de 50 reuniones de coordinación política del Gobierno, pero negó que en ellas se acordara comprar votos. Destacó además que los otros ocho asistentes a las reuniones mencionadas por Olmedo López han desmentido la existencia de pactos ilícitos.Respecto a los trámites con congresistas, aclaró que facilitar encuentros entre legisladores y altos funcionarios es una tarea cotidiana y legítima del Ministerio del Interior: “El ministro del Interior entre sus funciones está la de acercar al gobierno con congresistas, gobernadores, alcaldes... Conseguí no menos de 100 citas de congresistas con altos funcionarios del gobierno”.Velasco identificó a Olmedo López como el "gran operador" de las irregularidades en la UNGRD y cuestionó que las investigaciones de la Fiscalía no hayan profundizado en otros contratos multimillonarios. Como ejemplo, citó contrataciones para atender la emergencia en La Mojana, donde según sus afirmaciones se suscribieron acuerdos por 129.000 millones de pesos para obras que podían ejecutarse por 45.000 millones. Finalmente, sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, señaló que fue institucional y motivada por coincidencias programáticas, aunque aclaró que nunca existió una amistad personal cercana.
La Gobernación de Antioquia negó la solicitud de ingreso de Miguel Quintero Calle a la cárcel de Yarumito en el municipio de Itagüí, luego de determinar que las condiciones de seguridad del establecimiento penitenciario no son compatibles con el perfil de riesgo del hermano de Daniel Quintero Calle.La decisión quedó consignada en una respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, tras estudiar la petición presentada por el abogado Felipe Alzate, defensor de Quintero Calle, quien solicitó un cupo en este centro de reclusión.De acuerdo con el documento, Miguel Quintero enfrenta una investigación penal en la que se le atribuyen los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, conductas contempladas como delitos contra la Administración Pública.Sin embargo, se aclaró que la naturaleza de estos delitos no significa, por sí sola, que el investigado tenga la condición de servidor público, como efectivamente no lo era. Se debe mencionar que este ítem es importante para ser recluido en la cárcel de Yarumito, que es un establecimiento especial para servidores y exservidores públicos.Otro de los argumentos analizados fue el vínculo familiar con Daniel Quintero. Frente a este punto, la Gobernación de Antioquia señaló que la condición de servidor público es personal y no se extiende a los familiares por razones de consanguinidad, por lo que este parentesco no constituye un fundamento para obtener un cupo en el establecimiento.La defensa también expuso circunstancias particulares de vulnerabilidad relacionadas con el entorno familiar y la exposición pública del proceso. No obstante, la Administración Departamental explicó que Yarumito es una cárcel de seguridad mínima y no cuenta con capacidades operativas compatibles con las condiciones de seguridad planteadas.Por estas razones, la Secretaría de Seguridad emitió concepto desfavorable y negó formalmente la asignación del cupo solicitado, por lo que, por ahora, Miguel Quintero deberá permanecer en la cárcel de Cómbita en donde está recluido hace más de una semana.
La historia de Nicole Mera y Felipe Velasco estuvo marcada por una noticia inesperada durante el embarazo y una intervención médica de alta complejidad. Sus hijas, Adara Isabel y Arlet Sofía, nacieron siamesas y unidas por el pecho y tuvieron que ser sometidas a una cirugía de separación en el Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali.La intervención, que requirió la participación de más de 50 profesionales de distintas especialidades, permitió que una de las pequeñas sobreviviera, mientras que su hermana falleció durante el procedimiento. El equipo médico continúa atendiendo a la bebé que salió con vida.Las niñas nacieron el 26 de mayo de 2026, después de que sus padres, conocieran durante una ecografía que esperaban gemelas siamesas. La noticia llegó cuando Nicole tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo y acudió a un centro médico por un episodio de sangrado.Inicialmente, la pareja pensó que esperaba un solo bebé. Sin embargo, los exámenes confirmaron que eran dos niñas unidas por el tórax.¿Por qué tuvieron que operar a las siamesas?De acuerdo con el equipo médico, las bebés compartían el pecho y el diafragma, una condición que comprometía su capacidad respiratoria y ponía en riesgo sus vidas. Por esta razón, los especialistas decidieron intubarlas y mantenerlas bajo vigilancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos mientras preparaban la separación quirúrgica.La doctora Marisol Nahui, jefe del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario del Valle, explicó que el procedimiento representaba un desafío para el equipo, que tuvo que estudiar y organizar cada etapa con anticipación.“Nos tocó aprender, leer, estudiar. Lo empezamos a hacer desde meses antes, planear, hacer simulacros para hacer algo que nosotros no hacemos normalmente”, explicó la especialista en Los Informantes.“Ese era el momento más riesgoso de la cirugía porque hay una de las niñas que estaba dependiendo 100 % de la hermanita. Entonces, al quitarle estas comunicaciones, la nena le tocaba empezar a trabajar solita”, relató la médica.Cerca de las 5:50 de la tarde, los padres recibieron la noticia de que una de las pequeñas había entrado en paro. Los especialistas intentaron reanimarla durante dos horas, pero no consiguieron salvarle la vida.La doctora explicó que, después de separar las conexiones del hígado, la bebé no logró responder: “La nena no pudo responder, no arrancó ni a orinar, ni su corazoncito funcionó bien, ni sus pulmones funcionaron bien”.¿Cómo evoluciona la bebé que sobrevivió?Después de la cirugía, Arlet Sofía permanece hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. De acuerdo con el equipo médico, su condición es favorable, aunque todavía enfrenta importantes retos relacionados con su desarrollo neurológico, la vía aérea y el cierre de algunas estructuras corporales.Sus padres acompañan su recuperación con la esperanza de llevarla a casa. Para Felipe y Nicole, la operación dejó una profunda pérdida, pero también la expectativa de que su hija sobreviviente pueda continuar evolucionando favorablemente.
La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al contrato de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial Duitama – Charalá – San Gil, en Santander, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución física y financiera de las obras.Se trata del contrato de obra 987 de 2021, cuyo valor asciende a cerca de 310.625 millones de pesos y que, según el Ministerio Público, lleva seis años en ejecución.La actuación se produce luego de las denuncias y solicitudes presentadas por habitantes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones del proyecto, especialmente por la construcción de un paso nacional que atravesaría la mitad del casco urbano de Charalá.Ante esta situación, representantes de la comunidad solicitaron que se estudie la posibilidad de construir una variante que evite el paso de vehículos por el centro del municipio. La propuesta busca mejorar la seguridad de peatones, residentes, escolares y turistas, además de proteger el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Charalá.En desarrollo de este seguimiento, la Procuraduría informó que requirió al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) para que entregue información detallada sobre el avance físico y financiero del contrato, las condiciones de transitabilidad del corredor, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los estudios técnicos que respaldan la construcción del paso nacional.Por su parte, la Alcaldía de Charalá deberá informar sobre las actuaciones adelantadas frente al proyecto, particularmente en aspectos relacionados con el ordenamiento territorial, la seguridad vial, la protección del patrimonio histórico y cultural y los mecanismos de participación ciudadana.La Procuraduría señaló que esta actuación preventiva busca garantizar la conectividad de las comunidades rurales y proteger el acceso a servicios básicos, así como la seguridad de quienes transitan por este corredor vial de Santander.
El cierre del año 2026 traerá consigo una cifra que podría impactar el bolsillo de los colombianos: el último resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este indicador permite medir la variación de los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar y sirve como referencia para ajustar diferentes cobros durante el siguiente año.El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es la entidad responsable de calcular y publicar mensualmente este indicador. Para hacerlo, registra los cambios de precios en 12 divisiones de gasto y realiza mediciones en 38 ciudades del país.La cifra de cierre de año tiene especial importancia porque se utiliza como referencia para establecer ajustes en distintos bienes y servicios vinculados a la inflación.¿Cuándo se conocerá el último IPC de 2026?De acuerdo con el calendario oficial del DANE, el resultado del IPC de diciembre de 2026 se conocerá el viernes 8 de enero de 2027, a las 6:00 p. m.La entidad publica este indicador a mes vencido, generalmente durante el quinto día hábil del mes siguiente. No obstante, el calendario puede presentar modificaciones, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales del organismo para confirmar la fecha.El dato permitirá conocer cómo cerró la inflación en Colombia durante 2026 y servirá como referencia para calcular los incrementos de algunos servicios y obligaciones económicas en 2027.¿Qué servicios y cobros subirán con el IPC en 2027?Entre los rubros que tienen ajustes relacionados con la variación anual del IPC se encuentran:Arriendos de vivienda: el incremento puede llegar hasta el 100 % del IPC del año anterior, una vez se cumplan 12 meses de ejecución del contrato.Pensiones superiores al salario mínimo: se ajustan con base en la variación del IPC.Servicios públicos domiciliarios: sus tarifas pueden incorporar el IPC o componentes indexados, de acuerdo con las fórmulas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).Matrículas y pensiones de colegios: algunos cobros educativos tienen ajustes relacionados con este indicador.Peajes: pueden tener incrementos definidos con base en mecanismos de actualización que incluyen el IPC.Medicina prepagada: sus tarifas pueden estar sujetas a ajustes relacionados con la inflación.Multas de tránsito: algunos valores se actualizan con referencia a indicadores económicos.Servicios de notarías: sus tarifas también pueden tener modificaciones para el nuevo año.Los incrementos no necesariamente se aplican de la misma manera ni en la misma fecha para todos los rubros. Cada servicio tiene condiciones y mecanismos de actualización específicos. Por eso, el resultado que publique el DANE será una referencia para calcular los ajustes que correspondan durante 2027.