Con fiscales, investigadores del CTI y canales de denuncia habilitados las 24 horas, la Fiscalía General de la Nación puso en marcha un plan institucional para acompañar y vigilar el desarrollo de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo en Santander.La estrategia contempla la presencia permanente de fiscales seccionales y locales, así como de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes trabajarán de manera ininterrumpida desde el 30 de mayo hasta el 1 de junio para atender cualquier situación relacionada con delitos electorales.Según la entidad, el despliegue tendrá cobertura en los 87 municipios del departamento, aunque se reforzará especialmente en Bucaramanga, Barrancabermeja, Girón, Floridablanca y Cimitarra, localidades que aparecen con niveles de riesgo electoral alto y muy alto dentro de los análisis realizados por las autoridades.La Fiscalía también anunció que mantendrá habilitados los Centros de Atención a Víctimas (CAV) de Bucaramanga y Floridablanca para recibir denuncias de manera presencial antes, durante y después de la jornada electoral.A esto se suman las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, que prestarán atención las 24 horas para responder a cualquier hecho que pueda afectar la transparencia de los comicios.Los ciudadanos también podrán reportar irregularidades a través de los canales virtuales de la Fiscalía, así como mediante la línea gratuita nacional 01 8000 9197 48, la línea 122 desde celulares y el 157, habilitado por la Policía Nacional para denuncias relacionadas con corrupción.Con este operativo, las autoridades buscan garantizar una respuesta rápida ante posibles delitos electorales y fortalecer la transparencia durante la jornada democrática en Santander.
Aunque en Cali y todo el Valle del Cauca el dispositivo de seguridad para las elecciones presidenciales de este domingo ya está activo con el despliegue de 17.000 miembros de la Fuerza Pública, la ciudadanía también se encuentra a la expectativa de qué sucederá tras conocer los resultados y las reacciones que puedan generarse en algunos sectores.Por esta razón, las autoridades han hecho un llamado al respeto y la responsabilidad, evitando posibles alteraciones al orden público, especialmente en Cali, para lograr la garantía del derecho a la democracia y la tranquilidad de los habitantes de la capital vallecaucana."El Valle del Cauca merece unas elecciones en paz. Y desde hoy debemos asumir un compromiso común: cualquiera que sea el resultado expresado por los ciudadanos en las urnas, debe ser respetado como principio fundamental de la democracia. El respaldo institucional y la presencia de nuestras autoridades estarán al servicio de la protección de la democracia y la convivencia", señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.Del total de hombres de la fuerza pública dispuestos para garantizar la seguridad en el Valle del Cauca durante las elecciones, cerca de 3.300 se desplegarán en la ciudad de Cali. Por otra parte, hay que recordar que la ley seca y la prohibición de trasteos y el transporte de escombros en la capital vallecaucana inicia este sábado a las 6:00 de la tarde."Quienes han participado o tenido incidencia en hechos de violencia y otras alteraciones del orden público, y también a quienes hoy creen en la reconciliación y la transformación, que este domingo sea una oportunidad real de construir un nuevo mensaje para nuestro departamento", finalizó la mandataria.
A través de un comunicado, la organización aseguró que esta coyuntura representa una oportunidad para retomar una discusión que, según afirma, la comunidad científica ha impulsado desde hace años: la necesidad de establecer reglas más claras sobre quiénes pueden realizar procedimientos quirúrgicos estéticos y bajo qué condiciones deben llevarse a cabo.La SCCP explicó que ha participado técnicamente en distintas iniciativas legislativas relacionadas con la regulación de estos procedimientos. De acuerdo con el gremio, en los últimos años se han presentado al menos cinco proyectos de ley sobre el tema en el Congreso, aunque ninguno logró convertirse en ley.Sin embargo, esas discusiones permitieron identificar vacíos y retos en materia de formación del personal médico, vigilancia sanitaria, habilitación de servicios de salud y control frente al ejercicio ilegal de la medicina.Otro de los puntos que preocupa al sector es la creciente promoción de procedimientos estéticos a través de redes sociales y plataformas digitales, donde, según la organización, no siempre existe información clara ni verificada para los pacientes.Por ello, insistieron en que las personas deben contar con información suficiente antes de tomar decisiones relacionadas con su salud y someterse a procedimientos quirúrgicos.La presidenta de la SCCP, la doctora Damaris Romero Chamorro, reiteró que la prioridad debe ser la seguridad de los pacientes y expresó la disposición del gremio para acompañar futuras discusiones legislativas que permitan establecer mayores garantías en el sector.La organización subrayó además que en Colombia no existe una especialidad médica reconocida como “cirugía estética”. Según explicó, la especialidad avalada formalmente es la cirugía plástica estética y reconstructiva, cuya práctica requiere formación académica especializada y entrenamiento quirúrgico certificado.En el comunicado, la SCCP también puso a disposición del Gobierno, el Congreso y las autoridades sanitarias su experiencia técnica y científica para contribuir a la construcción de una regulación que fortalezca la calidad de la atención médica, promueva el ejercicio ético de la medicina y reduzca los riesgos para los pacientes.
La Fiscalía General de la Nación informó recientemente que luego de presentar diferentes pruebas, un juez de conocimiento condenó a 40 años y 1 mes de cárcel a Robeth Javier Aquin Querales por la agresión sexual en contra de una menor de edad de 15 años.Los hechos ocurrieron el pasado 30 de enero de 2026 cuando en una vivienda del municipio de Girardota, Aquin Querales ingresó de manera violenta a la casa de la menor de edad y allí la amenazó de muerte con un cuchillo.Según la investigación realizada por las autoridades correspondientes, el agresor abusó sexualmente de la niña de 15 años en varias oportunidades no sin antes reiterar las amenazas cuando la menor de edad intentaba resistir.La información que se ha podido conocer es que Aquin Querales momentos después de la abuso sexual, el hombre fue capturado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá cuando se intentaba ocultar en un tanque de almacenamiento de agua.Durante la audiencia de formulación de acusación, Aquin Querales de 24 años y nacionalidad venezolana aceptó los cargos y fue sentenciado a prisión por los delitos de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir y fuga de presos.
Más allá de los territorios en los que las autoridades han identificado riesgos para la jornada electoral de este domingo, las autoridades tienen su mirada en los municipios que recientemente fueron objeto de hechos violentos.Para el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, la mayor garantía de seguridad para las elecciones es la presencia de la Fuerza Pública, aunque sea una realidad que los criminales se mezclan entre la población civil y es difícil identificarlos. Por ello, Martínez indicó que hay especial atención en Briceño, en zonas como el corregimiento de Travesías, Las Auras, Pueblo Nuevo y Anorí, donde ha habido amenazas y desplazamientos, pero hay presencia de Ejército y Policía para que los ciudadanos puedan votar con tranquilidad."Hablamos de riesgo porque hay presencia de narcotraficantes en esas zonas. Pero otro que yo diría que es de mucho cuidado el domingo es Anorí y su zona rural. Porque también estos días ha tenido amenazas, han hecho desplazar algunas personas, ha estado un poco activo, parecido a Briceño", manifestó el funcionario.Frente a otros municipios donde recientemente se señaló que podría haber constreñimiento de ilegales contra campesinos para que se carneticen y voten por cierto candidato, como Ituango y Yondó, las autoridades reiteraron que no han recibido denuncias, pero reconocieron que puede estar ocurriendo. Así las cosas, Martínez destacó que aunque hay riesgo en 21 municipios, la fuerza pública tomó cartas en el asunto y no se van a materializar estas amenazas."Las comunidades rurales, muy seguramente, han sido coaccionadas por estos grupos armados ilegales, porque hacen presencia en el territorio, o estarán incidiendo porque se vote por uno u otro candidato. Pero es que una cosa es lo que ellos le digan al campesino y otra cosa es lo que ese ciudadano rural ejerza al momento de llegar a la mesa de votación. Ahí hay Fuerza Pública", indicó Martínez.Sobre Briceño hay que recordar que tras el asesinato del periodista Mateo Pérez se vienen adelantando operativos por parte de la fuerza pública, donde incluso un menor de edad reclutado por las disidencias fue asesinado, además de otra mujer parte de ese grupo, y quedaron heridos alias 'Chalá' y alias 'Mono Viejo', a los que las autoridades le siguen la pista.Esta semana, además, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y el Equipo Local de Coordinación de Antioquia advirtieron sobre el deterioro de la situación humanitaria en esa localidad del Norte del departamento, por cuenta de la persistencia de la confrontación entre grupos armados, que se disputan corredores estratégicos para el manejo de economías ilícitas como la minería ilegal.
