Un grupo integrado por representantes de gremios, figuras políticas, académicos y periodistas publicó una carta este 30 de abril de 2026, en respuesta a los señalamientos realizados contra La Silla Vacía, su directora Juanita León y su equipo.El texto describe el uso de vocerías oficiales y del sistema de medios públicos para amplificar imputaciones que, según los firmantes, se basan en piezas de información fragmentarias y omisiones.El documento señala que la acusación hecha por la Revista Raya sobre un contrato que comprometería la independencia del medio se fundamenta en una distorsión de los hechos, según el medio independiente La Silla Vacía.La carta sostiene que estas acciones forman parte de una práctica en la que se ataca a los medios independientes desde el poder, mientras se busca ocupar una posición de víctima frente al escrutinio.Los firmantes alertan que estas acusaciones han sido amplificadas por funcionarios del Gobierno, por el sistema de medios públicos y por canales financiados con recursos de todos los ciudadanos. Además, señalan que esta situación responde a una lógica en la que el Gobierno se presenta como vocero del pueblo y califica la crítica como estigmatización.Por otro lado, se destaca que esta situación ocurre durante un proceso electoral para la Presidencia, lo que, según la carta, “introduce un elemento adicional de preocupación”, pues asegura que la tendencia a mantener una actitud de confrontación o pugnacidad alteraría las garantías que, conforme al documento, “el propio Gobierno está llamado a proteger”, debilitando así la confianza en las instituciones y afectando las condiciones de la deliberación pública.La carta cuenta con el respaldo de más de 190 personas del sector empresarial, la política, la justicia y el periodismo, tales como:* Sector empresarial y gremial: Bruce McMaster, Antonio Celia, Sylvia Escovar y Rosario Córdoba.* Sector político y exfuncionarios: Humberto de la Calle, Antonio Navarro Wolff, Jennifer Pedraza, Alejandro Gaviria y el General (r) Oscar Naranjo.* Periodistas: Daniel Coronell, Ricardo Ávila, María Jimena Duzán, Roberto Pombo y Daniel Samper Ospina.* Academia y derecho: Rodrigo Uprimny, Moisés Wasserman, Mauricio García Villegas y Elena Ambrossi.Los autores del documento afirman que estas acciones generan consecuencias directas, como la intimidación a las redacciones y el deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo en Colombia.Además, el texto finaliza planteando la defensa del pluralismo y el respeto por la crítica: “El periodismo independiente no es un adversario de la democracia. Es uno de sus componentes esenciales. Defenderlo es, por tanto, un deber de todos los demócratas”, asegura.
El Proyecto Júpiter se ha convertido en el centro de un fuerte debate público tras las denuncias del senador Iván Cepeda, quien lo calificó como una estrategia de desinformación financiada con millonarios recursos. Sin embargo, el excanciller Jaime Bermúdez, coordinador de esta iniciativa, respondió en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu desmintió dichas acusaciones y ofreció su versión sobre el alcance real del proyecto.¿En qué consiste el Proyecto Júpiter?De acuerdo con Bermúdez, el Proyecto Júpiter nació a finales de 2024 con dos objetivos principales: defender las reglas de juego democráticas y reivindicar el papel de la empresa privada en el desarrollo del país. En sus palabras, se trata de una iniciativa pedagógica y ciudadana, alejada de intereses partidistas.“El proyecto tiene dos objetivos muy claros: defender la democracia, las libertades y la institucionalidad, y reivindicar el papel de los emprendedores y las empresas en el desarrollo social”, explicó Bermúdez .El excanciller detalló que la estrategia se desarrolla en dos frentes: talleres presenciales en empresas —dictados por organizaciones civiles— y una línea de contenido digital enfocada en visibilizar problemáticas nacionales y destacar el rol del emprendimiento.La polémica con Iván Cepeda y el GobiernoLas declaraciones de Bermúdez surgen tras los señalamientos de Iván Cepeda, quien aseguró que el Proyecto Júpiter sería una operación diseñada por sectores uribistas para influir en el comportamiento electoral mediante el miedo. Incluso, el senador solicitó a la Fiscalía investigar una supuesta financiación superior a los 7.000 millones de pesos.Frente a esto, Bermúdez rechazó categóricamente las acusaciones y cuestionó la narrativa del oficialismo: “Crean un monstruo, crean un dragón que echa fuego por todos lados para ocultar realmente el mugre al interior del castillo” .El exfuncionario también aclaró que los recursos del proyecto provienen exclusivamente del sector privado y que la cifra real sería inferior a la mencionada por Cepeda: “No son 7.000 millones, son 5.000 largos, y son recursos privados”, puntualizó.Talleres empresariales y acusaciones de constreñimientoUno de los puntos más controvertidos del Proyecto Júpiter son los talleres dirigidos a empleados de empresas, los cuales han sido señalados por el Gobierno como posibles mecanismos de constreñimiento electoral.Bermúdez negó estas versiones y aseguró que los contenidos son estrictamente pedagógicos: “En los talleres no se habla ni de candidatos ni de partidos, en absoluto. Son espacios para explicar cómo funciona la democracia y por qué es importante participar” . Asimismo, indicó que la participación en estos espacios depende de cada empresa y que no tiene conocimiento de denuncias formales por presiones a trabajadores.Estrategia digital: entre la información y la críticaOtro componente clave del Proyecto Júpiter es su presencia digital, donde, según Bermúdez, se abordan temas como seguridad, salud, corrupción y economía. El excanciller defendió este enfoque argumentando que responde a preocupaciones reales de la ciudadanía.No obstante, reconoció que el contenido puede enfatizar escenarios críticos, lo que ha alimentado las críticas de quienes consideran que se busca influir emocionalmente en el electorado.Medios de comunicación y libertad de expresiónEl debate alrededor del Proyecto Júpiter también ha salpicado a medios de comunicación, en un contexto más amplio de confrontación entre sectores políticos y la prensa. Bermúdez defendió la colaboración con plataformas como La Silla Vacía, asegurando que se trata de contenidos abiertos y transparentes.“Lo que está mal es hacer mentiras y calumnias, y eso Júpiter no lo ha hecho ni lo hará”, sostuvo el exministro .El excanciller Bermúdez dejo en claro que la Silla Vacía no tiene participación en el proyecto Jupiter y se trata de una iniciativa privada.."Yo tuve una conversación con Juanita León el año pasado, y le dije, oiga, sería muy bueno hacer algo con La Silla, sigan unos contenidos que permitan hacer formación democrática y también señalar algunas cosas relevantes de la realidad del país. Ella se puso en contacto con ProBogotá. ProBogotá hizo un contrato con ella, y esos contenidos están publicados, se publicaron desde el principio, son abiertos, cualquiera los puede mirar. Y también el taller, de hecho, sé que La Silla Vacía abrió la posibilidad que cualquier ciudadano haga el taller, que es sobre formación democrática. Ahí lo que hay es una formación de quienes pretende precisamente descalificar el papel de los medios", explicó Bermúdez.
La Revista Semana publicó un texto llamado "La periodista y el imperio familiar", un texto sobre La Silla Vacía y su fundadora y directora, Juanita León. En siete puntos, el autor Germán Calderón España, acusa a León de conflictos de interés e incluso de supuestas ilegalidades. Juanita León, cuyo medio digital ha investigado a la derecha, la izquierda y el centro, pidió rectificación, en diálogo con Mañanas Blu, entregó detalles de su solicitud, a propósito del texto publicado. Esta decisión se toma tras la ausencia de una respuesta formal a una solicitud de rectificación por una serie de afirmaciones que León considera difamatorias y carentes de veracidad fáctica. El conflicto legal y la respuesta de Gabriel GilinskiSegún relató León, tras enviar la solicitud de rectificación, no recibió una contestación oficial de la revista, sino un mensaje directo del propietario del medio, Gabriel Gilinski. En dicha comunicación, Gilinski intentó deslindar la responsabilidad del medio sobre lo publicado.Según la periodista, "Gabriel dijo que ojalá yo pudiera resolver eso con el columnista, porque el columnista es el que responde por sus opiniones, no el dueño del medio". Ante este argumento, León fue enfática en diferenciar la libertad de opinión de la difusión de falsedades.La directora de La Silla Vacía sostuvo que, incluso en espacios de opinión, se debe responder por las aseveraciones fácticas. "Tú no puedes opinar, o sea, tú tienes que tener pruebas para poder hacer una aseveración fáctica", explicó León, subrayando que la Corte Constitucional es clara en esta distinción. Para León, estos ataques no son aislados, sino que responden a una "triangulación" entre los intereses de la Revista Semana y campañas políticas específicas. La periodista vinculó la agresividad de estas publicaciones con investigaciones previas de La Silla Vacía sobre el financiamiento de la campaña de Vicky Dávila y los negocios de Abelardo De La Espriella.Finalmente, León defendió la transparencia de su medio, recordando que siempre hacen públicos sus balances y que las críticas actuales, como las relacionadas con el Banco Santander o el "Proyecto Júpiter", son parte de una "campaña de desprestigio en contra de la Silla Vacía, dado que nunca nos pueden rectificar una historia periodística". Escuche aquí la entrevista:
El abogado constitucionalista Germán Calderón España ha solicitado formalmente al presidente del Senado, Efraín José Cepeda Sarabia, la aplicación de la figura de la silla vacía en el reemplazo del exsenador David Luna, quien recientemente renunció a su cargo.La petición se fundamenta en el artículo 134 de la Constitución Política de Colombia, que establece que quienes sean condenados o vinculados formalmente a procesos penales por delitos relacionados con la administración pública no pueden ocupar cargos en el Congreso.El eventual sucesor de Luna, Temístocles Ortega Narváez, enfrenta una acusación formal desde junio de 2024 ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.Los cargos están relacionados con presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador del Cauca en la ampliación de la pista del aeropuerto de López de Micay.Según el escrito de acusación, se omitieron requisitos legales esenciales, como estudios de suelo, memorias de cálculo estructural y licencias ambientales.Dado que Ortega Narváez ha sido acusado formalmente en audiencia pública, Calderón España argumenta que esta situación configura una vinculación formal al proceso penal, razón por la cual debe aplicarse la silla vacía en caso de que el político intente asumir la curul.
El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, se encuentra en el centro de una controversia luego de que el portal La Silla Vacía publicara una investigación que lo vincula con un barco que ha sido incautado en varias ocasiones con cargamentos de droga.Según el reportaje, el barco Santo Steven, propiedad de la sociedad Almep SAS, de la cual Palomino fue dueño hasta el 2021, fue interceptado en tres ocasiones transportando marihuana y madera ilegal.En entrevista con Mañanas Blu, César Palomino negó cualquier participación en actividades ilícitas y aseguró que la información presentada en el reportaje no refleja la realidad de los hechos. Según Palomino, el incidente relacionado con el barco fue un hecho aislado, ocurrido hace siete años, cuando su hermano, Nelson Palomino, quien administraba el Santo Steven, estuvo involucrado en un operativo fallido de la Policía para capturar una banda que utilizaba la embarcación para transportar narcóticos."Fue una falta de coordinación entre dos patrullas de la policía. Mi hermano estaba colaborando en un operativo conjunto y terminó siendo arrestado por error. A los pocos días, la policía aclaró la situación y mi hermano fue liberado", explicó Palomino, tras decir que el único incidente del que tiene conocimiento sobre la presunta implicación de su familia en el narcotráfico.El barco Santo Steven ha sido señalado por sus presuntas actividades delictivas, no solo en relación al transporte de marihuana, sino también por cargar madera ilegal. Sin embargo, Palomino sostuvo en Blu Radio que el barco tiene una historia de más de 20 años prestando un "servicio social" en el Pacífico colombiano, transportando mercancías entre las comunidades más aisladas de la región."Este barco ha servido a las comunidades del Chocó y del Pacífico donde no hay carreteras ni medios alternativos de transporte. Es completamente falso que se haya utilizado para actividades ilícitas", afirmó Palomino, insistiendo en que las acusaciones de La Silla Vacía son infundadas y "calumniosas".El director de la Agencia Jurídica del Estado también rechazó las insinuaciones de que ha utilizado su poder e influencia para proteger sus intereses en el Chocó, así como para colocar a personas cercanas en posiciones de poder.Según Palomino, estas acusaciones carecen de pruebas concretas. "Dicen que puse a una magistrada en su puesto porque era amiga de su padre, pero no dicen quién es la magistrada ni quién es el padre. ¿Cómo puedo defenderme de afirmaciones tan vagas?", cuestionó el funcionario.Uno de los puntos clave de la polémica gira en torno a la relación de Palomino con la empresa Almep SAS y el barco Santo Steven. Aunque reconoció haber sido propietario de la sociedad hasta el 2021, Palomino insistió en que la responsabilidad operativa de la embarcación recaía en su hermana, quien fungía como representante legal de la compañía."Yo era el dueño de la empresa, pero nunca tuve el control directo de las actividades del barco. Mi hermana era quien administraba la sociedad", explicó. Además, recalcó que, durante su tiempo como magistrado del Consejo de Estado, cumplió con todos los requisitos legales y reportó sus intereses comerciales de manera transparente, como lo exigen las normativas. "Declaré mi propiedad sobre la empresa en todas mis declaraciones de conflicto de interés, tanto cuando era magistrado como cuando fui nombrado en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Nunca he ocultado nada", puntualizó."Una operación mal coordinada"En cuanto a los detalles del decomiso de más de media tonelada de marihuana en el Santo Steven, Palomino reiteró que el evento fue producto de una operación mal coordinada."Fue un episodio triste que causó mucho dolor a mi familia, pero que quedó aclarado por la Fiscalía", explicó. También negó tener conocimiento de otros incidentes relacionados con la incautación de madera ilegal o contrabando, tal como lo sugiere la investigación de La Silla Vacía."No tenía conocimiento de esos otros eventos. Me enteré por el reportaje y, hasta donde sé, nunca se nos informó de investigaciones al respecto", puntualizó.Palomino expresó su profundo malestar por lo que considera un ataque injustificado a su trayectoria profesional de más de 40 años en el servicio público. Como exmagistrado y actual director de la Agencia Jurídica del Estado, Palomino ha construido una carrera basada en la transparencia y el cumplimiento de la ley, algo que, según él, está siendo puesto en duda por "acusaciones sin fundamento"."No puedo permitir que se manche mi nombre por un hecho aislado y descontextualizado. He sido un juez íntegro, y mi reputación es lo más valioso que tengo. Defenderé mi buen nombre con todas las herramientas legales a mi disposición", concluyó.
El portal La Silla Vacía desató una controversia al revelar que el equipo de prensa de la Presidencia de la República manipuló el video de la intervención del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según publicó el medio, este video, que fue transmitido a nivel nacional y posteriormente publicado en la cuenta oficial del Gobierno en YouTube, habría sido editado para incluir aplausos que en realidad no eran para el mandatario colombiano.“Los aplausos que mostró en realidad fueron al discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden”, publicó La Silla Vacía.La acusación se basa en un análisis detallado de La Silla Vacía, que comparó el video oficial con la grabación de la intervención presidencial transmitido por la ONU y del cual hicieron eco los medios de comunicación nacional.A propósito, los periodistas y panelistas de Mañanas Blu discutieron sobre si la edición de un video de esta naturaleza es una forma de alterar la realidad, especialmente en el contexto de una intervención presidencial en un foro internacional de gran relevancia.Algunos panelistas manifestaron que este tipo de acciones es innecesaria y perjudicial para la confianza del público en los videos oficiales del Gobierno. Asimismo, en cuanto a la relevancia de la alocución del presidente Petro en la ONU, se discutió su el presidente Petro ha logrado posicionarse internacionalmente como líder en temas ambientales y de cambio climático, así como en la discusión sobre el cambio de paradigma en la lucha contra las drogas.Vea el debate completo en Mañanas Blu:
La reconocida economista internacional Mariana Mazzucato protestó por una información que publicó La Silla Vacía sobre una cotización que estaría haciendo el Gobierno nacional para recibir una asesoría del Instituto de Innovación y Función Pública (IIPP) de la Universidad de Londres (UCL) que ella fundó y dirige. Según el portal, la idea era que la asesoría dure un año y valdría unos 4.800 millones de pesos, es decir, cerca de un millón de dólares.A través de Twitter, la economista aseguró que lo informado era falso, que ella no ha enviado a título personal ninguna cotización al Gobierno, ni tampoco el instituto que dirige. "Esto no solo es falso (no hay una asesoría personal sino una colaboración con UCL IIPP_UCL), sino que cuando se le pidió a mi Universidad que comentara a la medianoche y luego envió una respuesta por la mañana, la respuesta no se publicó. ¿Llamas a esto periodismo?", dijo. Así mismo, Mauricio Lizcano, director del Dapre, dijo que era falso esta supuesta asesoría. "Es falso que la Presidencia de Republica quiera contratar a Muzzcatocomo consultora por 4 mil millones de pesos", escribió. Siga nuestra señal en vivo aquí:
La directora de La Silla Vacía, Juanita León, dijo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que valora los mensajes del presidente Gustavo Petro a favor de la libertad de prensa. Esto en referencia a una carta que envió el primer mandatario en la que rechaza los mensajes desobligantes contra el medio por un trino en el que él reclamaba por la publicación de la foto de su hija menor.Sin embargo, la periodista manifestó que La Silla Vacía publicó la foto porque la misma oficina de prensa de Presidencia la había divulgado. Además, lo había hecho también el presidente de la República.“Si tú ves la cuenta de Twitter del presidente y de la primera dama hay múltiples fotos de su hija. Es una foto que la misma oficina de prensa envió a un chat de periodistas. Ahí me parece que la autorización es explícita. No solamente el presidente usa las fotos de su hija en sus cuentas oficiales, sino que la misma oficina de prensa de Presidencia las manda. Asumo que cualquier información que mande la oficina de prensa es para que uno las use”, aclaró.Asimismo, Juanita León se preguntó si el reclamo del presidente se relaciona más con la publicación que hizo La Silla Vacía respecto al escándalo de su hijo Nicolás Petro y si eso ese no es un mensaje para los demás medios y periodistas.“Yo lo que creo es que esa foto, por ejemplo, de Antonella en el balcón, pues El Tiempo abrió con ella, El Espectador. El presidente nunca tuvo una reacción de esa manera frente al uso de esa imagen. Creo que esto ocurre después de que La Silla Vacía publica una historia contando que él sabía el escándalo de su hijo desde diciembre, o pues por lo menos que la mamá de su hija. Publicamos la historia sobre los negocios, sobre los privilegios que vía Verónica Alcocer les han dado a unos empresarios catalanes. Entonces, yo, y cuando todos los medios están indagando sobre su hijo, sobre la relación con su hijo, entonces yo creo que estos mensajes, en el fondo, pues terminan siendo un mensaje no solamente para La Silla Vacía, sino un mensaje para todos los periodistas. Creo que el hecho de que coincidan los tiempos no me parece que sea algo coincidente, que sea una mera coincidencia”, puntualizó.León confesó en la entrevista que sintió miedo por los ataques de los que fue objeto el medio en las redes sociales, sobre todo porque comenzaron a publicar la dirección de la sede: “Después de este tipo de trinos, pues hay una horda de seguidores en donde van escalando en el nivel de agresividad con el medio. Pero realmente el que a mí me preocupó más fue que uno de los de los seguidores le puso señor presidente, esta es la dirección de La Silla Vacía, puso la foto de la oficina. Yo no he llegado a la oficina, pero digamos, no me sorprendería si está llena de grafitis. Siento que ese tipo de mensajes termina siendo un poquito intimidantes”.El presidente Gustavo Petro, el martes en Twitter, reclamó a La Silla Vacía por la publicación de la foto de su hija menor en un artículo sobre el escándalo que enreda a su hijo."¿La silla vacía está publicando las fotos de mi hija menor sin su autorización ni de sus padres? ¿No es otra canallada?", escribió el presidente en Twitter el martes por la mañana.Ante las reacciones en redes en contra del medio de comunicación, el presidente emitió una carta en la que se excusa por los comentarios desobligantes contra los periodistas.La carta del presidente de la República fue posterior a unos mensajes de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en los que le recordaba al jefe de Estado que la foto de la menor ya había sido publicada en medios oficiales.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
En confusos hechos, un escolta privado asesinó a un subintendente de la Dijín en una serviteca del municipio de Caucasia. El señalado victimario fue capturado y le incautaron la pistola.Un nuevo hecho violento que ahora es materia de investigación se registró en las últimas horas contra un miembro de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.Se trata del subintendente Gabriel Antonio Bohórquez adscrito a la Grupo Antiterrorismo de la Dijín, quien fue atacado con arma de fuego por parte de un escolta privado cuando se encontraba en una serviteca del barrio El Triángulo en el municipio de Caucasia.Según el reporte preliminar, la víctima, de 37 años de edad, estaba en este lugar acompañado de otro uniformado realizando el cambio de aceite de una camioneta de la institución. Posteriormente, al lugar llegaron tres personas con el propósito de efectuar mantenimiento a un vehículo y el señalado victimario accionó su arma cuando se percató que los policías estaban armados.Posterior a los hechos las autoridades lograron establecer que las tres personas prestaban servicios de seguridad a un funcionario logístico de una compañía textil que había retirado 112 millones de pesos en efectivo y se dirigía al municipio de Vegachí. El reporte es de Jhoan Oderis Montes, alcalde de Caucasia.“Se presentó un intercambio de disparos y, desafortunadamente, costó la vida de un miembro de la fuerza pública. Esto debido a confusiones. Queremos dar ese parte de tranquilidad a la comunidad en donde estamos trabajando por la seguridad y mantener el orden de nuestro municipio", aseguró.En el lugar fue capturado el hombre responsable de disparar contra el intendente Bohórquez, quien llevaba 16 años y nueve meses de servicio en la Policía, así como le fue incautada una pistola Córdova calibre nueve milímetros.
El jugador venezolano del Atlético Bucaramanga, Leonardo Flores, hizo un llamado a los santandereanos para que continúen apoyando la campaña de recolección de ayudas destinadas a los damnificados por los terremotos que sacudieron a Venezuela.Desde el centro de acopio, ubicado en la calle 18 #21-52 de Bucaramanga, el futbolista agradeció la solidaridad que ha recibido la iniciativa y aseguró que las donaciones siguen siendo fundamentales para atender la emergencia."Quería agradecerles a todos por su granito de arena, por el apoyo que nos han brindado. Las personas que quieran seguir ayudando y colaborando con la causa, sabiendo la devastación que ocurrió en Venezuela, pueden acercarse y hacer su donación", expresó Flores.El jugador invitó a la ciudadanía a llevar agua, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad. Además, indicó que el punto de recolección permanecerá habilitado las 24 horas del día para facilitar la entrega de ayudas.Flores reiteró que cada aporte representa una esperanza para miles de familias que hoy enfrentan las consecuencias del desastre natural y agradeció nuevamente el respaldo de los bumangueses a esta causa humanitaria.
