La implementación de este grupo de seguridad privada que se viste con uniformes negros y que van armados en motocicletas, ha sido motivo de controversia en Sincelejo, capital de Sucre, pues hay quienes consideran que se le podría estar abriendo las puertas a unas nuevas Autodefensas.“Preocupa que se le esté delegando la función de seguridad a una empresa privada, conociendo los antecedentes que han existido que por entregarle la seguridad a privados fue que se le abrió las puertas a las autodenominadas Autodefensas. Con esto lo que está diciendo la administración y por parte de la Policía Nacional es que a ellos les quedó grande a seguridad de los sincelejanos”, dijo Juan David Díaz, defensor de derechos humanosSin embargo, el alcalde afirmó que la ley lo faculta para conformar este tipo de frentes de seguridad.“No solamente tenemos la vigilancia móvil, también tenemos la vigilancia fija que la tenemos hace muchos años, es decir, esto es un tema de complementariedad y que está reglamentada en la constitución, en la ley y los decretos reglamentarios”, precisó el alcalde.La Policía de Sucre, por su parte, destacó que el trabajo de este grupo está coordinado con las autoridades y fue encargado a una empresa de vigilancia registrada en la superintendencia de vigilancia. Estos tienen la misión de llegar a entornos donde no puede tenerse un policía fijo.Jesús Sánchez Mercado, Comerciante y ganadero de Sincelejo se mostró de acuerdo con la iniciativa y asegura ayudaría a mejorar la seguridad: “Yo lo veo de una manera positiva y la recibo con agrado toda vez que es una vigilancia que va a repeler cualquier acto de criminalidad. Si este es el mecanismo que utiliza el alcalde dentro del marco de la legalidad, bienvenido. Esperemos que las entidades que ejercen control y vigilancia estén prestas para hacer todos los controles respectivos”, dijo el comerciante y ganadero.
Aunque el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aclaró que los frentes de seguridad y/o redes de cooperantes no estarían armadas y que todo lo que haga su gobierno va a estar amparado en la ley, el exintegrante de la Comisión de la Verdad y profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Max Yuri Gil, advirtió que el involucramiento de civiles en la lucha contra grupos armados ha tenido efectos catastróficos en la historia del país porque pone a los civiles en medio de una estrategia contrainsurgente."Desde la década de los 90 que se ensayó con la cooperativas "Convivir" y luego en el gobierno de la seguridad democrática del expresidente Uribe, el involucramiento de civiles no solamente trajo el fortalecimiento de expresiones paramilitares sino también la victimización creciente de la población civil, por eso tenemos unos indicadores de violencia contra la población civil tan altos desde mediados de los 90 hasta finales de la primera década del siglo 21", aseguró Max Yuri Gil.Con él coincide el defensor de derechos humanos y vocero de la Fundación Sumapaz, Óscar Yesid Zapata, quien indicó que "este tipo de instrumentos son una equivocación en términos de seguridad, porque no hay rigurosidad ni siquiera en el manejo de la información. Además se le da un poder a unas personas sobre las cuales no se tiene ningún tipo de control. Esto podría ser inconstitucional y un retroceso en materia de derechos".Ambos piden al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que reevalúe sus declaraciones.Le puede interesar:
Después los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Turbo, donde un soldado perdió la vida y 12 más resultaron heridos, al ser atacados con explosivos por presuntos miembros del Clan del Golfo, el gobernador Andrés Julián Rendón llegó hasta la zona para presidir su segundo consejo de seguridad en el municipio de Carepa.Allí estuvo acompañado de altos mandos del Ejército Nacional y el secretario de Seguridad del departamento, Luis Eduardo Martínez, quien anunció que continúan trabajando en un robusto plan de recompensas para capturar a los principales cabecillas de grupos armados que delinquen en la región, entre ellos alias ‘El Indio’, de la subestructura Juan de Dios Úsuga, por quien se ofrece 50 millones.También sugirió la creación de “frentes de seguridad” y de “red de cooperantes de la fuerza pública”, advirtiendo que este tema no debe generar inquietud, pues serían grupos de ciudadanos no armados y sin contradecir lo dispuesto en la ley."Eso no tiene porque asustar a nadie, por el contrario, es algo que redundará en más tranquilidad para todos los antioqueños. Todo lo que hagamos en el gobierno departamental va a estar enmarcado en el estricto marco de la constitución y la ley", aclaró el mandatario departamental.Rendón también aseguró que habría un interés del Clan del Golfo por conseguir ante el Gobierno nacional un estatus político."La información que hemos recopilado da cuenta de cómo los criminales del Clan del Golfo están apresurados en buscar algún tipo de reconocimiento político que les permita embarcarse en una negociación diferente con el Gobierno Nacional", añadió Rendón.Entre tanto, tres de los doce militares heridos continúan en estado crítico en la clínica panamericana de Apartadó, hasta donde llegó el mandatario departamental para conocer su estado.Le puede interesar:
El rumor que empezó a correr por los barrios de la Comuna 13 de Medellín no era tan rumor. Realmente alguien, Willington Cano, uno de los líderes deportivos y sociales de una de las comunas más azotadas por la violencia en la historia de Medellín, está pensando en organizar un grupo que ayude a cuidar ese sector de la ciudad de la inseguridad y violencia.Según dijo Willington a Blu Radio, la iniciativa nació después de la desaparición y asesinato de Alexis Gómez, un joven deportista de 15 años de edad y del que aún no saben qué ha pasado con su proceso y la búsqueda del principal sospechoso."Se trata de una vigilancia civil privada, pero desde lo legal; en alianzas con la Policía, con los cuadrantes, con la calle; donde podamos tener unas cámaras de seguridad, tener unas alarmas y alertar ante cualquier situación", explica Cano.Pero la iniciativa que incluye un proyecto piloto financiado para capacitar a 30 personas, armadas con bolillo, bicicletas y pitos, además de alarmas para que vigilen y cuiden a la comunidad a cambio de un salario, no ha calado bien en todos los sectores de la Comuna 13.James Zuluaga, otro líder social del sector y defensor de Derechos Humanos, afirma que la historia violenta de la comuna, unida a la presencia de miembros de grupos armados no garantizaría que estas personas realmente cuiden sin convertir su trabajo en una instrumentalización para más actos delincuenciales."Nosotros como ciudadanos no tenemos la opción de financiar un grupo de vigilancia privada y fuera de eso, sin saber qué efectos secundarios pueda tener este grupo. Que no nos vaya a pasar como le pasó muchos mandatarios que se pusieron a financiar grupos privados en algún momento y se convirtieron en convivir, paramilitares autodefensas y terminaron fue haciendo un daño peor", puntualiza Zuluaga.A pesar de sus posiciones contrarias, en lo que sí coinciden ambos líderes es en que en la Comuna 13 la acción y presencia de las autoridades no está bastando para que la comunidad se sienta segura.Por esa razón, Blu Radio consultó con la Secretaría de Seguridad de Medellín, pero hasta el momento no ha habido respuesta ante la inquietud de la comunidad y las iniciativas que están empezando a surgir.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, rindió testimonio el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en medio del proceso que llevan contra el exparamilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, como comandante de los Bloques Cacique Nutibara, Héroes de Tolova, Héroes de Granada y la banda La Terraza. En la diligencia dijo, entre otras cosas, que las autodefensas fueron apoyadas por distintas entidades del Estado de la época.“Hubo constante, permanente comunicación con las diferentes entidades, militares, Policía, Ejército y el DAS, para poder conformar un grupo de autodefensas. Me explicó en esto que es bien importante: un grupo de autodefensas no podía crearse en ninguna región del país si no había apoyo de las instituciones del Estado y de las sociedades que componían esas regiones en las diferentes zonas del país. Esto es, necesitábamos apoyo militar inicialmente, sin ese apoyo era imposible llegar y entrar. De ellos teníamos una información inicial y el resguardo para protegernos porque cuando estábamos rompiendo territorio, las tropas que entraban no eran suficientes para enfrentar el grueso de guerrilla que existía en la zona, entonces teníamos que unirnos y estar en combinación para apoyarnos los unos a los otros, por eso es que esos grupos crecían al lado de donde estaban las fuerzas militares en ese momento”, expresó.Incluso, aseguró que el grupo paramilitar conocido como las Convivir tenían aún más apoyo de esas entidades.“Cuando las Convivir, era fantástico porque los miembros de las Convivir podían entrar a la Policía, Ejército y el DAS cuando quisieran y a la hora que quisieran, no pasaba nada y de esa manera era más eficiente. Por eso usted observa que las Convivir estaban prácticamente dentro de la Brigada 17”, añadió.Sobre los homicidios de Eduardo Umaña, Elsa y Mario, Jaime Garzón y Jesús María Valle, a manos de paramilitares, Mancuso aseguró que “eran, en su gran mayoría, pedidos que venían desde el Estado y se encargaban a quien mejor pudiere desarrollar esa acción militar”.Además, aseguró que le hicieron muchos “mandados” a las autoridades.“Las mismas autoridades nos daban los listados para dar de baja, de imponer la pena de muerte, personas que eran señaladas por la fuerza pública de reiterar en casos de delincuencia menor o cuatreros", señaló.El exjefe paramilitar dio su declaración desde una cárcel en Estados Unidos desde donde está pendiente de la decisión sobre su extradición a Colombia o a Italia.
El expresidente Ernesto Samper llegó puntual a su cita ante los 11 miembros de la Comisión de la Verdad, que preside el padre Francisco de Roux, para entregar su verdad sobre lo que ocurrió durante el gobierno entre 1994 y 1998. "No vengo a exigir justicia sino a ofrecer verdad", manifestó.En su diligencia, que se extenderá en seis sesiones, el exmandatario hablará de cómo se prolongó el conflicto armado en el país, cómo se crearon Las Convivir, el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, el intercambio humanitario e iniciativas de paz, inicio de diálogos con las guerrillas de la época y la dimensión del conflicto armado, entre otras cosas.Samper acude por primera vez a esta Comisión de la Verdad que surge luego de la firma de los acuerdos de paz con las Farc y que busca que se puedan reconstruir los hechos.El exmandatario ha señalado que se arrepiente de haber avalado la extradición porque considera que se está utilizando mal en los últimos años. También criticó el Plan Colombia y aseguró, que todo sobre el ingreso de recursos del Cartel de Cali y el denominado Proceso 8000, está dicho.“Toda mi opinión sobre el tema la expresé en los estrados judiciales a donde fui convocado para hablar sobre esto. Están los expedientes en la Comisión de Acusación, en la Corte Suprema, en la Fiscalía”, dijo.Así mismo dijo que no hubo penetración del narcotráfico en las Fuerzas Militares durante su gobierno, luego de una pregunta de uno de los miembros de la comisiónEsta es la primera cita de seis que tiene el expresidente a la Comisión de la Verdad.Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
El senador Gustavo Petro se trenzó en una pelea con el expresidente Álvaro Uribe por cuenta de un mensaje publicado por el exalcalde de Bogotá en Twitter.“Es cierto que Uribe no creó las Convivir. Las creó Cesar Gaviria. Pero Uribe las conformó al máximo. Más de 20.000 hombres armados en Antioquia que terminaron siendo el núcleo del paramilitarismo a nivel nacional”, escribió el parlamentario este lunes. Horas más tarde, el expresidente, en esa misma red social, le contestó duramente al defender su tesis sobre la necesidad de la colaboración de la ciudadanía en con la fuerza pública y la justicia.Vea también: Uribe sale en defensa de las Convivir “Dr Petro si que es mentiroso, pocos de los desmovilizados paramilitares habían estado en Convivir(S) de Antioquia, estimuladas para evitar guerrillas y paramilitares. Faltó colaboración ciudadana que hubiera evitado que el dr Petro y sus secuaces asesinaran a los magistrados”, escribió. Este lunes, Petro respondió al Uribe y le pidió pruebas de que “haya asesinado magistrados”.
El presidente Álvaro Uribe se pronunció tras el llamado a juicio en Colombia de 13 exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands, quienes son señalados de dar dinero a grupos paramilitares en medio del conflicto armado. Por el caso, se ha pedido investigar a Uribe para determinar si tenía conocimiento de esa situación. Lea acá también: Piden investigar a Uribe y otros exgobernadores de Antioquia por las ConvivirEn su respuesta, el exmandatario colombiano (2002-2010), aseguró que él no tenía competencias para vigilar las Convivir y que esa era competencia de la Superintendencia del ramo. En un comunicado en tercera persona, la oficina de comunicaciones del expresidente declaró: “La honra y el buen nombre no se pueden manchar con falsas noticias y permanentes infamias, que no reposan en el conocimiento de la verdad, y que no hacen parte de la libertad de prensa”.“Cuando fue Gobernador de Antioquia, siempre impulsó el trabajo honesto a través de reuniones periódicas entre los gerentes de las Asociaciones, la Fiscalía, La Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Internacional, con la finalidad de cimentar el compromiso que las Asociaciones debían proclamar y respetar los Derechos Humanos”, agregó el comunicado.Orígenes del casoEn 2007, Chiquita Brands se declaró culpable en cortes estadounidenses de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la mayor organización paramilitar que operó hasta inicios de esta década.La firma fue sancionada con una multa de 25 millones de dólares tras aceptar que entregó, entre 1997 y 2004, un total de 1,7 millones de dólares a los paramilitares a cambio de supuesta protección a sus trabajadores.Tras los cargos formulados por la fiscalía, los 13 acusados enfrentarán "el proceso de juicio correspondiente", añadió Martínez, sin precisar fechas.
La Fiscalía General de la Nación pidió investigar a Álvaro Uribe Vélez y otros exgobernadores de Antioquia por las Convivir. El hoy senador del Centro Democrático Álvaro Uribe, negó a través de sus redes sociales cualquier encuentro con fines delictivos. La solicitud fue hecha por la fiscalía 68 especializada contra violaciones a los derechos humanos en la decisión donde se acusó a 14 bananeros colombianos y extranjeros por el caso del pago de la multinacional Chiquita Brand a los paramilitares.Vea también: El plan entre narcos y guerrilla para matar a Álvaro Uribe en 2009En el documento, el ente investigador solicitó expedir copias para investigar penalmente a los directores de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así como a alcaldes y gobernadores de Antioquia entre los años de 1997 a 2004, por la omisión en la conformación, vigilancia y control de las Convivir.A través de su cuenta de Twitter el expresidente Álvaro Uribe negó cualquier tipo de reunión con fines criminales durante su gestión como gobernador y pidió conocer las pruebas sobre los supuestos encuentros.
El senador Álvaro Uribe Vélez y el exjefe negociador de paz Humberto de la Calle se enfrentaron en la red social Twitter por la creación de Las Convivir. La discusión se produjo por el acto legislativo que busca prohibir el paramilitarismo a nivel Constitucional. De la Calle, quien ha defendido la iniciativa, puso de ejemplo Las Convivir, grupo que mutó a los Paramilitares, para que ese episodio no se vuelva a repetir, pero sus comentarios incomodaron al senador y en respuesta publicó un comunicado. Asegura la misiva de Uribe, que, en su momento De la Calle “fue ministro del Gobierno que creó Las Convivir y vicepresidente del que las puso en marcha”. En respuesta al líder del Centro Democrático, Humberto de La Calle se declaró sorprendido porque nunca mencionó el nombre de Álvaro Uribe en su defensa por garantizar los derechos humanos. El precandidato añadió que la prohibición del paramilitarismo no implicará condenas al Estado y no entiende cómo existen personas que consideran los derechos humanos como un mecanismo en contra de la Constitución.Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
La Alcaldía de de Cúcuta rechazó de manera categórica los asesinatos de Joselín Virginia Naín González y Ana Yamile Villamizar Téllez, ocurridos recientemente en hechos distintos en la capital de Norte de Santander.La Administración Municipal expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares y seres queridos de las dos mujeres y reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres.La secretaria de Equidad de Género y Mujer de Cúcuta, Jazlin Reslen, pidió a las autoridades competentes actuar con celeridad para esclarecer las circunstancias de ambos hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.“Cúcuta no puede ser indiferente ante la violencia contra las mujeres. Reiteramos nuestro llamado a prevenir, denunciar y rechazar cualquier forma de violencia de género”, señaló la funcionaria.El pronunciamiento de la Alcaldía de Cúcuta se produce en medio de la preocupación por los hechos de violencia que afectan a mujeres en la ciudad. La Administración Municipal insistió en la importancia de denunciar oportunamente cualquier situación de violencia de género y fortalecer las acciones institucionales de prevención.La Alcaldía recordó que las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia, así como quienes conozcan un caso, pueden comunicarse gratuitamente con la Línea 155, donde reciben orientación y acompañamiento.En situaciones de riesgo o emergencia inmediata, la recomendación es comunicarse con la línea 123.Las autoridades deberán establecer las circunstancias de cada uno de los asesinatos y determinar si alguno de los casos está relacionado con violencia de género o puede ser investigado como feminicidio.
La atención a las víctimas del terremoto continúa en los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, mientras avanzan las labores de identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares.Medicina Legal confirmó que, hasta el momento, ha recibido 202 cuerpos relacionados con la emergencia ocasionada por el sismo. De ese total, los equipos forenses han logrado identificar plenamente a 121 víctimas, entre ellas cinco menores de edad.La mayoría de las personas identificadas se encuentran en Pereira y Cali, de acuerdo con el reporte entregado por la entidad. En paralelo, continúa el proceso para garantizar la entrega de los cuerpos a sus familias. Esta labor se desarrolla de manera coordinada entre Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio.La fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó que se implementó un sistema único de información para agilizar el proceso de identificación de las personas fallecidas y facilitar posteriormente su entrega a los familiares.“Se implementó un sistema único de información que permite conocer en el menor tiempo posible la identificación, para la posterior entrega digna de las personas fallecidas a sus familiares”, señaló la Fiscalía, según la información suministrada.Además de las labores forenses, la Fiscalía mantiene desplegado personal para atender las diferentes necesidades derivadas de la emergencia. Más de 830 servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) participan en las labores de búsqueda y rescate, levantamiento de cuerpos y demás diligencias relacionadas con la emergencia.La presencia de estos funcionarios se distribuyó de acuerdo con las necesidades de cada territorio, con especial despliegue en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.A estas labores se suma una iniciativa anunciada por la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, quien informó sobre una alianza con el sector funerario para brindar atención gratuita a las familias de las personas fallecidas. La alianza contempla dos modalidades de apoyo. La primera consiste en el acompañamiento y efectividad de pólizas, mediante orientación y gestión para hacer efectivos los seguros y planes exequiales vigentes ante las autoridades correspondientes y el Instituto Nacional de Medicina Legal.La segunda modalidad contempla la cobertura total de los costos de las honras fúnebres para aquellas familias que no contaban con ningún tipo de cobertura o seguro exequial.De acuerdo con la información entregada, las entidades del sector funerario que dispusieron su infraestructura para atender la emergencia son Capillas de la Fe, con cobertura focalizada en Manizales, Pereira y Cali; Funerales San Vicente, con presencia operativa en el departamento del Chocó, y Funerarias del Remanso.Mientras avanzan estas labores, las autoridades mantienen la coordinación para completar la identificación de los cuerpos que aún permanecen pendientes y garantizar que, una vez culminados los procedimientos correspondientes, puedan ser entregados de manera digna a sus familiares.
El hecho quedó registrado en un video que fue publicado en redes sociales y en el que se observa el momento en que el conductor de un bus de servicio público le propina un puño a uno de los agentes que se encontraba realizando labores de regulación del tráfico en un accidente de tránsito con personas lesionadas.De acuerdo con el director de Tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique, los agentes habían cerrado la vía mientras atendían la emergencia. Sin embargo, el conductor habría intentado continuar su recorrido en contravía, por lo que uno de los funcionarios lo detuvo para evitar una situación de mayor riesgo.“Una persona inescrupulosa intentó ir en contravía mientras los agentes estaban atendiendo el accidente. El agente, para evitar una tragedia mayor, lo detiene y esta persona se baja de su bus y agrede a uno de nuestros agentes de tránsito”, señaló Manrique.El funcionario aseguró que ya se adelantan las labores para establecer plenamente la identidad del conductor y determinar a qué empresa de transporte público está vinculado, con el propósito de iniciar las acciones legales correspondientes.“Ya estamos identificando a esta persona y a la empresa de transporte público a la cual brindaba el servicio de conductor. Vamos a iniciar todos los procesos legales a que haya lugar con los entes de control para iniciar un proceso de judicialización con esta persona”, indicó el director de Tránsito.Manrique rechazó la agresión y aseguró que este tipo de comportamientos no serán tolerados contra los funcionarios encargados de regular la movilidad en la ciudad.El director también envió un mensaje de solidaridad al agente agredido y a los demás funcionarios de tránsito, al tiempo que anunció el fortalecimiento de los operativos de movilidad con acompañamiento de diferentes autoridades.El caso quedó en manos de las autoridades, que deberán establecer la identidad del conductor, su vínculo laboral con la empresa de transporte y las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión.
Cuando los rescatistas llevaban cerca de 48 horas removiendo toneladas de hierros retorcidos y concreto en las Torres del Limonar, en Cali, una señal de vida ilusionó a quienes seguían buscando entre los restos de uno de los edificios destruidos por el terremoto que sacudió al país el lunes.Era Antonio, un perro que apareció con vida durante la madrugada de este miércoles, a más de nueve metros de profundidad entre los escombros.Su rescate fue celebrado como una pequeña victoria en medio de una tragedia que ha dejado más de 50 edificaciones colapsadas en Cali y un balance nacional de al menos 181 personas fallecidas, según el presidente Abelardo de la Espriella, aunque autoridades regionales elevan ese número a aproximadamente 240 muertos. Antonio fue encontrado en una zona despejada que había quedado debajo de la torre de apartamentos colapsada. Los rescatistas escucharon y observaron movimiento hasta que lograron llegar hasta él."Lo encontramos en un área despejada y abierta debajo de los escombros, corría a un lado y otro. Fueron horas de duro trabajo", contó uno de los voluntarios que participó en el rescate.El animal tenía lesiones en una de sus patas y varias raspaduras en el cuerpo, pero consiguió salir con vida de la zona de desastre gracias a las atenciones que recibió de médicos veterinarios que se sumaron a las labores del Centro de Bienestar Animal (CBA) de la Alcaldía de Cali.En una vivienda vecina, que hoy es un improvisado campamento, fue canalizado, recibió medicamentos y quedó bajo observación."El perrito fue auxiliado por nuestros veterinarios, que lo canalizaron y le pusieron medicamentos para hidratarlo. Su condición de salud es estable y ahora también trabajamos para rescatar a Copito, el otro perro de la familia, que también puede estar con vida", explicó el médico veterinario Martín Ortiz, del CBA.Ortiz recordó que los animales son seres que también sienten, "que merecen ser tratados con amor y atendidos con todas las capacidades como los humanos".Respiro en medio de la incertidumbrePara Camila Sepúlveda, dueña del animal, la aparición de Antonio fue mucho más que el rescate de un perro.Entre lágrimas, la joven espera noticias de su madre, Luz Adriana Correa, y de su abuela, Mélida Betancourt, quienes vivían en el primer piso de la vivienda familiar que quedó completamente destruida.Era el hogar donde Camila creció. Ahora solo quedan los restos de la edificación y una búsqueda que todavía no termina."Si Antonio está bien, yo sé que mi mamá y mi abuela están bien. Él estaba con ellas, estoy segura, él nunca las dejaba solas", dijo la joven, aferrándose a la fe y la esperanza.Antonio era uno de los animales que estaban en el inmueble cuando ocurrió el terremoto y su rescate alimenta ahora la esperanza de Camila y de otras familias que permanecen alrededor de los edificios destruidos, esperando una señal, un ruido o cualquier indicio que permita saber que sus seres queridos siguen con vida.
El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto ha dejado una ola de dolor en todo el país. Pese a ello, las ayudas humanitarias llegan desde todos los rincones, así como el apoyo de equipos de emergencia. Debido al alto número de muertos, Cali se ha convertido en uno de los puntos de atención en la búsqueda de personas desaparecidas y en una de las prioridades de los organismos de socorro.Ante esta situación en la capital del Valle del Cauca, Dastan y Gasper, dos perros especializados del Equipo de Búsqueda y Rescate con Caninos K9/BRAE de los Bomberos de Bogotá, fueron enviados desde la capital para apoyar las labores de localización de las personas que todavía podrían estar atrapadas entre los escombros.¿Quiénes son Dastan y Gasper, los perros rescatistas?Uno de los integrantes más experimentados del equipo de búsqueda es Dastan, un pastor belga malinois de siete años, quien reside en Colombia desde 2020, proveniente de España como parte de la renovación de la unidad especializada.Desde entonces, el perro ha sido entrenado para intervenir en varios escenarios de emergencia y además cuenta con certificación internacional en este campo. También ha participado en operaciones de búsqueda y rescate fuera del país, entre ellas la más reciente en Venezuela.Ahora, el perro regresó al trabajo para desplazarse hasta Cali y así recorrer la ciudad en compañía de los rescatistas para encontrar a las personas desaparecidas.Gasper, por su parte, hace parte del equipo especializado que llegó a la capital del Valle del Cauca. Ambos caninos tienen preparación para desenvolverse entre estructuras complejas y utilizar además su olfato para detectar posibles señales de personas bajo los escombros.¿Cómo ayudan los perros en la búsqueda tras un terremoto?En una emergencia de este tipo, los caninos especializados se convierten en apoyo para los equipos que inspeccionan edificaciones afectadas. Su entrenamiento está orientado a identificar señales de personas que podrían encontrarse bajo estructuras colapsadas.Mientras avanzan las labores en Cali, las autoridades mantienen diferentes medidas para atender la emergencia. Entre ellas está la alerta roja hospitalaria, que busca priorizar la atención de heridos y reprogramar procedimientos que no sean urgentes.Además, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle declararon la calamidad pública para fortalecer la respuesta institucional. También fue suspendido el Festival Petronio Álvarez, que esta semana tenía prevista la celebración de sus 30 años.En materia de movilidad, la Secretaría de Movilidad de Cali confirmó la suspensión del pico y placa para este martes 11 de agosto.