Aunque el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aclaró que los frentes de seguridad y/o redes de cooperantes no estarían armadas y que todo lo que haga su gobierno va a estar amparado en la ley, el exintegrante de la Comisión de la Verdad y profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Max Yuri Gil, advirtió que el involucramiento de civiles en la lucha contra grupos armados ha tenido efectos catastróficos en la historia del país porque pone a los civiles en medio de una estrategia contrainsurgente.
"Desde la década de los 90 que se ensayó con la cooperativas "Convivir" y luego en el gobierno de la seguridad democrática del expresidente Uribe, el involucramiento de civiles no solamente trajo el fortalecimiento de expresiones paramilitares sino también la victimización creciente de la población civil, por eso tenemos unos indicadores de violencia contra la población civil tan altos desde mediados de los 90 hasta finales de la primera década del siglo 21", aseguró Max Yuri Gil.
Con él coincide el defensor de derechos humanos y vocero de la Fundación Sumapaz, Óscar Yesid Zapata, quien indicó que "este tipo de instrumentos son una equivocación en términos de seguridad, porque no hay rigurosidad ni siquiera en el manejo de la información. Además se le da un poder a unas personas sobre las cuales no se tiene ningún tipo de control. Esto podría ser inconstitucional y un retroceso en materia de derechos".
Ambos piden al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que reevalúe sus declaraciones.
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