La Fiscalía imputó cargos al exgobernador del departamento de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnneco, por los delitos de corrupción al sufragante e invasión de tierras. Se trata de un proceso por hechos ocurridos en el año 2011, cuando el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo salió elegido con más de 174 mil votos, pero 15 días antes, cuando estaba en plena campaña, firmó un documento con la comunidad de Tierra Prometida, uno de los barrios de invasión de Valledupar, en el que se hacían compromisos mutuos. Según la Fiscalía, el compromiso del gobernador con sus habitantes era mantenerlos en esos predios a cambio del apoyo electoral de esa comunidad. El gobernador también se comprometió a entregarles viviendas dignas, pero no lo hizo. La Fiscalía en la audiencia no la solicitó medida de aseguramiento porque los delitos no superan los cuatro años de prisión, sin embargo, tiene la restricción para no vender bienes.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella definió las patologías que tendrán prioridad en la primera fase del plan de choque en salud. La estrategia busca acelerar la atención de pacientes con riesgo vital, alta probabilidad de hospitalización o posibilidad de descompensación.La estrategia busca destrabar la atención de más de un millón de personas que tienen pendientes medicamentos, consultas, procedimientos o cirugías. De acuerdo con la clasificación presentada por el Ministerio de Salud, las patologías fueron organizadas en tres grupos, según el nivel de riesgo para los pacientes. La definición resulta clave porque los recursos de esta primera intervención no estarán destinados de manera general a todas las enfermedades ni a toda la población que actualmente tiene servicios pendientes.Estas son las enfermedades priorizadas en la primera faseEl primer grupo corresponde a pacientes con riesgo vital o de pérdida irreversible de la respuesta terapéutica. En esta categoría fueron incluidas las siguientes patologías y condiciones:Trasplantes.Enfermedades huérfanas, entre ellas hipertensión arterial pulmonar y hemofilia.Enfermedades neurodegenerativas.Cáncer.Diabetes insulinodependiente.VIH.Este grupo reúne a pacientes para quienes una demora en la atención, la entrega de medicamentos o la realización de procedimientos puede comprometer la continuidad de sus tratamientos.Enfermedades con alta probabilidad de hospitalizaciónEl segundo grupo está conformado por pacientes con alta probabilidad de hospitalización. Allí fueron incluidas:EPOC.Asma.Insuficiencia cardiaca.Enfermedad renal crónica.Salud mental.Gestantes que requieren tratamientos esenciales para el embarazo.En el caso de las mujeres embarazadas, el listado contempla situaciones como diabetes gestacional, hipertensión inducida por el embarazo, necesidad de anticoagulación y requerimiento de suplementos nutricionales. La inclusión de estas condiciones responde al riesgo de que las demoras en tratamientos o medicamentos puedan derivar en complicaciones que requieran atención hospitalaria.El tercer grupo incluye enfermedades con riesgo de descompensaciónLa tercera categoría corresponde a pacientes con riesgo de descompensación progresiva.En este grupo aparecen:Hipertensión arterial.Diabetes mellitus tipo 2 estable.Dislipidemia.Hipotiroidismo.Aunque se trata de enfermedades que pueden ser controladas mediante tratamientos y seguimiento médico, el plan contempla su atención para evitar que los pacientes evolucionen hacia situaciones de mayor complejidad.IPS advierten que el plan no cubre toda la crisisJorge Toro, director ejecutivo de la Unión de IPS, aseguró en entrevista con Mañanas Blu que las instituciones prestadoras están dispuestas a participar en la estrategia, pero advirtió que la intervención no resuelve todos los problemas financieros y operativos del sistema: “Esto es atender la crisis, pero el día a día continúa”, afirmó Toro.El dirigente gremial explicó que existen pacientes que tienen consultas, medicamentos o procedimientos pendientes y que no necesariamente hacen parte de las patologías seleccionadas para esta primera fase: “Hay muchos pacientes que no son de patologías vitales, que efectivamente requieren atención inmediata y que todavía tienen lista de espera una consulta, todavía tienen en lista de espera un medicamento”, señaló.“La cartera de nosotros es superior” a los $2 billonesOtro de los puntos planteados por el gremio está relacionado con los recursos destinados al plan de choque. Frente a los cerca de 2 billones de pesos previstos para la estrategia, Toro sostuvo que esa suma no alcanza para cubrir las obligaciones acumuladas por las instituciones: “No, obviamente que no. La cartera de nosotros es superior a ese valor”, manifestó.No obstante, aclaró que el objetivo del plan no es solucionar de una sola vez toda la deuda del sistema, sino concentrar los recursos en determinados prestadores y pacientes considerados prioritarios: “Aquí no podemos pensar que la plata va a ser para toda la red prestadora y para todas las patologías”, explicó.El Gobierno identificó 1.096.196 pacientes con medicamentos, cirugías, consultas o procedimientos pendientes. La estrategia contempla mecanismos de compra de cartera a través de la ADRES para inyectar liquidez y facilitar el pago de servicios de salud. Para Toro, esta intervención puede ayudar a resolver parte de las atenciones más urgentes, pero el problema financiero del sistema requiere medidas que vayan más allá de este plan de choque.
En medio de las audiencias por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí se conocieron dos hechos que enlodan aún más a Sebastián Ortega y Miguel Quintero, quienes aparecen vinculados, según testimonios y documentos, a presuntas maniobras relacionadas con contratación y manejo de negocios públicos.En el caso de Ecopetrol, el nombre de Sebastián Ortega aparece en las denuncias presentadas por Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol. Según el testimonio citado durante una audiencia, Rojas recibió en julio de 2025 un mensaje enviado desde un número de España en el que se mencionan supuestas reuniones en Madrid e Italia entre Ricardo Roa, Julián Caicedo, Juan Guillermo Mancera, Santiago Vargas y Ortega.El apoderado del AMVA, Majer Abushihab, quien entregó esta información para evidenciar que los dos involucrados continuaban con su supuesta actividad delictiva, habló sobre una presunta negociación relacionada con la planta regasificadora de Chuchupa, así como supuestos pagos para influir en decisiones del CNE y la Procuraduría."Los señores Ricardo Roa, Julián Caicedo, Juan Guillermo Mancera, Santiago Bardas y Sebastián Ortega, con delegados de varios magistrados del CNE para comprar el próximo fallo del CNE, uno de estos los de uno de estos magistrados es Álvaro Hernán Prada, arreglaron dar diez millones de dólares a cada magistrado, más participación, en la planta de regasificación de Chuchupa. Además, se reunieron con delegados de la Procuraduría para tocar a su favor los fallos en esa entidad", expuso. Aunque entregó la exposición se destacó que los registros migratorios ubicaron a Ortega en Europa entre el 28 de junio y el 14 de julio de 2025, días en los que se habría gestado la reunión, las acusaciones continúan bajo investigación y Hocol ha rechazado públicamente señalamientos formulados por su antiguo presidente.El segundo episodio corresponde al Hospital General de Medellín y tiene como protagonista a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero. El testigo Misael Cadavid declaró ante la Fiscalía General de la Nación que en 2020, Miguel Quintero le habría ofrecido la gerencia del hospital y le habría planteado que, desde ese cargo, debía intervenir en la contratación de diferentes servicios. Sin embargo, la decisión tomó otro rumbo por la supuesta orden del exmandatario."En una reunión posterior, allí el señor Miguel Quintero me manifiesta que desafortunadamente no iba a ser yo el gerente del hospital general, que Daniel Quintero le había entregado todo lo inherente al señor Esteban Restred, quien era el secretario de gobierno, quien era pareja de la señora Andrea Uribe, quien fungió como secretaría de salud de la ciudad de Medellín. Me manifestó que le entregaría el hospital general metro salud, hospital consejo de Medellín, y la misma secretaría de salud, que es la que maneja todos los temas de salud en el Distrito", detalló el abogado. Cadavid también relató que posteriormente fue enviado a reunirse con el entonces concejal de Medellín, Álex Flórez. Según su versión, durante ese encuentro le escribieron en un papel la cifra de $1.000 millones como condición relacionada con el nombramiento.De momento, las versiones de testigos y documentos están siendo utilizadas por la Fiscalía General de la Nación para reconstruir presuntas redes de influencia alrededor de contratos, cargos y negocios públicos.
Dos hombres fueron capturados en Caucasia, Antioquia, durante un operativo de las autoridades en el que fueron incautados más de $80 millones en efectivo, más de 1.000 gramos de oro y dos celulares. Los elementos estarían relacionados con actividades de apoyo financiero al Clan del Golfo.Las capturas e incautaciones se dieron en medio de un puesto de control en una zona del municipio cuando autoridades detectaron un vehículo cuyos ocupantes intentaron evadir el procedimiento.Ante esta situación, los militares detuvieron el automotor y realizaron una inspección, encontrando más de $80 millones en efectivo, 1.088 gramos de oro y dos teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.Durante el procedimiento, los dos hombres manifestaron que el dinero y el material aurífero pertenecerían al Clan del Golfo. Además habrían, presuntamente, intentado sobornar a los uniformados ofreciéndoles la totalidad del dinero para evitar ser capturados.La propuesta fue rechazada por los militares, quienes continuaron con el procedimiento establecido y efectuaron la captura de los dos hombres. Tras la incautación, autoridades adelantan investigaciones para dar con el origen y destino de los elementos.El oro sería, presuntamente, producto de la explotación ilícita de yacimientos mineros. Según el Ejército, la incautación representa una afectación a las economías ilegales que sostienen las actividades del Clan del Golfo en esta zona de Antioquia.De acuerdo con el Ejército, el oro incautado tendría un valor estimado de 565 millones de pesos, recursos que habrían dejado de ingresar a las finanzas de la mencionada estructura criminal.El Ejército Nacional aseguró que continuará desarrollando operaciones militares en Caucasia y los demás municipios del Bajo Cauca para combatir las economías ilícitas y otros factores de criminalidad, mientras que los dos capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales para definir su situación jurídica.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Leonalgel Benavides Beltrán, Celino Vargas Torres, Víctor Manuel Vargas Silva y Jhon Nilson Acosta Mejía, señalados de ser los presuntos responsables de conductas de explotación sexual y agresiones contra niñas indígenas de la comunidad Jiw, en Puerto Concordia, Meta.De acuerdo con la investigación, las víctimas tendrían entre 12 y 15 años y pertenecerían a los resguardos Caño La Sal y Luna Roja. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2019 y 2026 y, preliminarmente, la Fiscalía ha documentado cuatro víctimas. Según los elementos materiales probatorios recopilados, las menores habrían sido inducidas al consumo de sustancias y posteriormente sometidas a agresiones sexuales, aprovechando sus condiciones de vulnerabilidad. Entre las circunstancias señaladas por el ente acusador están situaciones de desplazamiento, dificultades socioeconómicas y barreras territoriales que afectan a la comunidad Jiw.La delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deicy Jaramillo Rivera, explicó que las autoridades han identificado hasta ahora cuatro víctimas y detalló la manera en la que, según la investigación, habrían sido abordadas.“A la fecha se han documentado 4 víctimas que fueron inducidas a inhalar pegante que le era entregado en botellas. En algunas ocasiones les ofrecían alimentación y alojamiento para posteriormente ser agredidas”, aseguró la funcionaria.Los cuatro hombres fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con apoyo de la Policía Nacional, en diferentes inmuebles de Puerto Concordia.Durante uno de estos procedimientos fueron encontradas dos menores de edad indígenas, quienes quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para el restablecimiento de sus derechos.Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Guaviare imputó a los cuatro procesados los delitos de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años, acceso carnal y acto sexual abusivo con incapacidad de resistir agravado, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía.
En San Andrés de Cuerquia, Antioquia, frustraron un nuevo atentado del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'. Las autoridades ubicaron el material explosivo y lo logró destruirUna operación militar permitió frustrar un posible atentado contra la comunidad en la vereda Media Loma, zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia, lugar donde soldados del Batallón de Infantería Coronel Atanasio Girardot, localizaron y destruyeron de manera controlada varios explosivos.De acuerdo con la información entregada por las autoridades militares, el material habría sido instalado y preparado para ser utilizado por integrantes del Frente 36 de las disidencias alias 'Calarcá'.Durante las labores de registro y control territorial, los uniformados encontraron dos canecas que contenían aproximadamente 25 kilogramos de pólvora negra cada una y también un dispositivo explosivo improvisado tipo granada, presuntamente para ser lanzado mediante un dron.Además, en el mismo sector también fue localizado un artefacto explosivo que no había sido detonado y que se encontraba instalado como un área preparada sobre un camino utilizado para el tránsito de personas.Ante el riesgo que representaban estos elementos para la comunidad y los integrantes de la Fuerza Pública, especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos realizaron los procedimientos técnicos correspondientes y llevaron a cabo la destrucción controlada del material.Según el Ejército Nacional, esta operación permitió eliminar una amenaza que podría haber afectado a los habitantes de la zona rural y a las personas que utilizan las vías de la vereda Media Loma.
