Durante los últimos días, las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre la salida de Luis Carlos Leal de la Superintendencia Nacional de Salud volvieron a poner en la agenda pública las decisiones adoptadas durante los ocho meses en los que Leal estuvo al frente de la entidad, en particular la designación de agentes interventores en varias EPS intervenidas por el Estado.En abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención de la Nueva EPS y designó como primer agente interventor al médico Julio Alberto Rincón Ramírez, nombramiento realizado bajo la administración de Luis Carlos Leal. Posteriormente, la intervención de la entidad fue asumida por Bernardo Armando Camacho Rodríguez, quien continuó con el proceso de administración especial de la EPS.En el mismo período, Luis Carlos Leal también designó a Dúver Dicson Vargas Rojas como agente interventor de la EPS Sanitas. Este nombramiento derivó en actuaciones de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el entonces superintendente de Salud por presuntas irregularidades relacionadas con la intervención de Sanitas y con el acto administrativo que sustentó la designación del agente interventor.De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, la apertura de la investigación se produjo tras una queja presentada contra la Superintendencia Nacional de Salud, en la que se señaló una aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS. El proceso disciplinario se encuentra en etapa de investigación.Estos nombramientos se produjeron en el contexto de una administración que antecedió a la salida de Luis Carlos Leal del cargo, quien asumió la Superintendencia luego de la gestión de Uláhy Beltrán y permaneció en la entidad durante ocho meses. Tras su retiro, se intensificaron los cuestionamientos sobre los criterios utilizados para la selección de los agentes interventores.En declaraciones a Blu Radio, Julio Alberto Rincón Ramírez señaló que la solicitud para recomendar su hoja de vida fue realizada por el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León, versión que se sumó al debate sobre la cadena de decisiones en los nombramientos.Con la salida de Luis Carlos Leal, la Superintendencia Nacional de Salud quedó en manos de Giovanny Rubiano, quien en noviembre de 2024 adoptó como una de sus primeras decisiones el cambio de todos los agentes interventores designados durante la administración anterior. En ese momento también se denunció que varios de ellos habían ejercido cargos como gestores de hospitales públicos durante la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.
En una entrevista concedida a Mañanas Blu con Néstor Morales, el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, confirmó que durante su gestión recibió “órdenes a través de la mano derecha de Laura Sarabia, Jaime Ramírez, diciendo que eran órdenes del presidente y que ya tenían el visto bueno”.La declaración del exfuncionario reactivó una crisis política que estalló esta semana entre el presidente Gustavo Petro y su exsuperintendente, al sumarse a las acusaciones sobre presunta corrupción en la designación de interventores de EPS bajo intervención estatal. El escándalo involucra indirectamente a Laura Sarabia, actual embajadora en Londres, y a su exasesor Jaime Ramírez Cobo, señalado por Leal como el intermediario en la entrega de hojas de vida.El presidente Petro, desde un acto público en la Casa de Nariño, acusó a Sarabia de haber “engañado” a Leal, y aseguró que “lo primero que hicieron fue entregar unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura. Eso fue un engaño”.“No eran amigos del poder, eran técnicos”Luis Carlos Leal, médico y exsuperintendente, defendió su gestión argumentando que los nombramientos se realizaron bajo las normas y requisitos legales. “La ley no dice que uno tenga que nombrar amigos o personas conocidas. Dice que deben cumplir unos requisitos técnicos. Eso fue lo que hicimos”, afirmó.El exfuncionario explicó que durante el proceso de selección se verificaron los antecedentes a través de los mecanismos establecidos, entre ellos el sistema SARLAFT y los reportes de la UIAF. Según afirmó, “cumplieron todos los requisitos, se hicieron los estudios necesarios y se agotaron las instancias para garantizar que no hubiera antecedentes penales ni disciplinarios”.Sin embargo, tres de los interventores designados —en Asmet Salud, Emsanar y SOS— fueron posteriormente denunciados ante la Fiscalía General por presuntas irregularidades. “La Superintendencia vigiló esos comportamientos, evidenció que estaban mal y los denunció oportunamente”, aseguró Leal.Fiscalización y posibles entramadosDetrás de esas anomalías, dijo el exsuperintendente, operaba una figura clave: Mario Urán, un asesor externo que, según Leal, “presuntamente coordinaba a los interventores, les decía dónde debían poner los recursos, y eso va en contravía de sus funciones”.Leal aclara, sin embargo, que no puede afirmar judicialmente si Urán actuaba en nombre o bajo el conocimiento de Sarabia. “No tengo ni idea, eso tiene que determinarlo la Fiscalía General de la Nación. Nosotros denunciamos los nombres y entregamos las pruebas”, señaló.El exfuncionario reveló además que informó personalmente al presidente Petro cuando descubrió irregularidades en las órdenes. “Le escribí directamente al presidente y le dije: no estoy de acuerdo con esta decisión. Él me respondió que nunca había dado esa orden. Ahí supimos que había intermediarios que se hacían pasar por él”, relató.Ruptura política y salida del cargoPese a haber alertado sobre las irregularidades en 2024 —según él, también denunciadas ante la Fiscalía en octubre de ese año—, Leal fue retirado del cargo meses después. Sobre los motivos de su salida, no ofreció una respuesta precisa: “No sabría decirle cuál fue la razón que motivó al presidente para pedir mi renuncia. No tengo ni idea”, reconoció.La tensión escaló cuando el propio presidente Petro, en un acto público reciente, se refirió a Leal como “ingenuo”, sugiriendo que fue víctima de manipulación en los procesos de designación de interventores. El exsuperintendente respondió con firmeza: “Yo actué conforme a la ley. No puedo meter las manos al fuego por alguien, pero sí puedo decir que cumplimos con todos los requisitos y que denunciamos los actos de corrupción cuando los detectamos”.El trasfondo: crisis del sistema de salud y disputa por el controlEl episodio se produce en medio de la persistente crisis del sistema de salud y del estancamiento de la reforma estructural impulsada por el Gobierno Petro. Para Leal, el problema no radica en las intervenciones, sino en la precariedad institucional. “Las intervenciones no solucionan el problema de raíz. Son pañitos de agua tibia frente a un sistema que necesita transparencia y control efectivo”, afirmó.El exfuncionario insistió en que el sistema actual “sigue permitiendo la corrupción”, y recalcó que el objetivo durante su gestión fue transparentar los recursos públicos y fortalecer la vigilancia digital de la Superintendencia, históricamente débil en capacidades tecnológicas.
En entrevista con MañanasBlu10:30 Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, dio detalles sobre la crisis financiera que llevó a la intervención de la Nueva EPS, confirmando las graves irregularidades. Según Leal, este déficit, que se venía arrastrando desde 2019, solo se hizo público tras la intervención de la entidad, revelando que los estados financieros reportados previamente a la Superintendencia Nacional de Salud estaban "maquillados"."Aquí nos pasó nuevamente lo de Betty la Fea, ya con el Gobierno se supo el balance real de los estados financieros que existían y pues claramente el panorama no era tan alentador o no tenía una cara tan bonita como lo que se venía maquillando previamente", dijo.Los hallazgos de la intervención revelaron que las facturas sin soporte se pasaban de un estado financiero a otro anualmente. Adicionalmente, se identificaron figuras de pago irregulares, como el uso desmedido de "anticipos" a clínicas y hospitales. El exsuperintendente subrayó la falta de control, detallando que "muchas de las facturas que se pagaban no tenían una relación entre la factura causada por parte de la entidad, es decir, no había una relación entre lo que se pagó y lo que efectivamente se descargaba del sistema". Esta negligencia generó que en "muchas oportunidades hospitales tenían pagos de tres, cuatro, cinco, siete veces la misma factura".Para el exsuperintendente, el hallazgo más grave de la intervención no fue el monto económico, sino el impacto directo en la vida de los afiliados. Denunció una profunda falla en la protección de la salud preventiva, señalando que "el hallazgo más importante y más grave es que el 50 % de las personas que eran diagnosticadas con enfermedad renal crónica, su diagnóstico se hacía solo cuando estaban tan malas que llegaban a urgencias". "Esto demuestra que durante años a nadie le importó realmente la salud de las personas", denunció.Escuche la entrevista completa aquí:
El presidente de Coosalud, Jaime González, presentó una denuncia penal contra el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por prevaricato por omisión y falsa denuncia, en respuesta a las acusaciones de presunta corrupción que Leal había dirigido contra la EPS. Según el abogado Julián Quintana, defensor de González, las acciones de Leal estuvieron cargadas de irregularidades que vulneraron los derechos de la entidad.En septiembre de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud, liderada entonces por Leal, ordenó una auditoría a Coosalud EPS para verificar el flujo de recursos entre las entidades responsables del pago y los proveedores de servicios de salud. Este procedimiento dio lugar a la publicación, el 30 de octubre de 2024, de un comunicado oficial en la plataforma X, en el que se denunciaba una supuesta confabulación para direccionar contratos, liderada por Mario Andrés Urán, asesor de Coosalud. Sin embargo, según Quintana, la Superintendencia negó posteriormente la existencia del informe preliminar que sustentaba esas afirmaciones.El abogado señaló que el informe filtrado de manera irregular por la Superintendencia, con logotipos oficiales, distorsionó la realidad y causó un impacto mediático negativo. “Estas acciones violaron el debido proceso y afectaron gravemente el buen nombre de la EPS, generando consecuencias financieras adversas para la empresa”, destacó Quintana.A esto se sumó, según la denuncia, que Leal presentó una falsa acusación ante la Fiscalía, afirmando sin pruebas contundentes que existía una trama para defraudar el sistema de salud. Quintana indicó que dichas afirmaciones estaban plagadas de imprecisiones y tenían como único propósito fortalecer la imagen pública de Leal, quien buscaría posicionarse políticamente.En respuesta, Coosalud interpuso una acción de tutela el 5 de noviembre de 2024, para proteger su derecho al debido proceso y a la honra. La acción fue admitida al día siguiente.“La instrumentalización de las instituciones públicas para fines personales o políticos es un acto reprochable que no solo afecta a las empresas, sino también la confianza en el sistema de salud”, concluyó Quintana.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, salió al paso de las especulaciones sobre la salida del superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, y aclaró que su desplazamiento de la Superintendencia hacia el cargo de director general del FOMAG es una decisión del presidente Gustavo Petro, sin relación con las investigaciones que había denunciado recientemente el saliente superintendente. Jaramillo, expresó durante sus declaraciones un firme respeto por la honestidad y profesionalismo de Leal.“Yo tengo un gran respeto por el doctor Leal, es una persona íntegra y transparente”, afirmó Jaramillo, descartando que su salida tenga algo que ver con las recientes denuncias de corrupción que habrían sido reportadas en su gestión hacia 4 EPS. Según el ministro, los movimientos en el Gobierno son parte de una estrategia más amplia de reestructuración y Leal continúa siendo un actor valioso para el desarrollo de la salud en Colombia.En cuanto a las inquietudes sobre la influencia de un informe en la salida de Leal, el ministro fue categórico: “No, de ninguna manera. El presidente de la República nos tiene a todos en alta estima”, asegurando que, tanto él como Leal, están comprometidos con los cambios que el gobierno desea implementar en el país.El ministro también se refirió a las intervenciones a las EPS, explicando que son necesarias para garantizar la estabilidad del sistema de salud, dada la crisis financiera de las entidades prestadoras. Según Jaramillo, estas intervenciones buscan poner a las EPS “en cuidados intensivos” para que, tras la reforma, salgan fortalecidas y puedan continuar contribuyendo al sistema de salud colombiano.
Luis Carlos Leal, quien hasta hace poco se desempeñaba como superintendente nacional de Salud, no asumirá finalmente el cargo de director del Instituto Nacional de Salud (INS), como se había especulado. En su lugar, Leal ocupará una nueva posición como gerente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), una entidad que ha enfrentado diversos desafíos desde el cambio de modelo de salud para los docentes.De acuerdo con fuentes consultadas por Blu Radio, Leal decidió no aceptar la oferta de dirigir el INS, y esta decisión fue confirmada por él mismo durante el acto de posesión presidido por Gustavo Petro, donde reveló que no aceptaría el cargo. Sin embargo, existe otra versión sobre su nombramiento. Algunos indican que no se trata de una decisión de Leal, sino de una determinación del propio presidente Petro, quien decidió asignarle el nuevo cargo de gerente del Fomag, en lugar de la dirección del INS.A partir de hoy, el cargo de director encargado del INS será asumido por Tomás Prasca, quien hasta ahora ocupaba el puesto de director de redes del instituto.Recordemos que la salida de Luis Carlos Leal de su cargo como superintendente de Salud se produce en medio de varias polémicas, denuncias y escándalos. Uno de los principales fue la controversia generada por la expedición de una resolución relacionada con la afirmación de género en niños y niñas trans.Además, Leal se vio envuelto en otro intenso debate debido a las intervenciones administrativas forzosas en las Empresas Promotoras de Salud (EPS), en el contexto de la discutida reforma a la salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. Estas acciones habrían alimentado las presiones de diversos sectores que demandaban su salida del cargo.Hasta el momento, Luis Carlos Leal no ha hecho declaraciones públicas sobre estos cambios.
La Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) se prepara para un cambio, pues Luis Carlos Leal, actual superintendente, dejará su cargo tras ocho meses en la dirección. En un movimiento que ha generado gran interés se ha publicado la hoja de vida de Leal para aspirar al cargo de director del Instituto Nacional de Salud (INS). Simultáneamente, Giovanni Rubiano García, actual director del INS, presentó su hoja de vida para convertirse en Superintendente Nacional de Salud.La publicación de estas hojas de vida en la página de aspirantes de la Presidencia de la República sugiere un intercambio inminente entre ambos funcionarios. Este cambio de roles plantea preguntas sobre el futuro de la gestión sanitaria en el país y los retos que enfrentará la nueva administración.La salida de Leal del cargo se produce en un contexto marcado por controversias, denuncias y escándalos. Uno de los más destacados fue la resolución emitida sobre la afirmación de género en niños trans, que generó un intenso debate público.Además, Leal estuvo involucrado en polémicas relacionadas con intervenciones administrativas forzosas en las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Estas acciones coinciden con las discusiones sobre la controvertida reforma a la salud impulsada por el Gobierno de Petro en el Congreso, lo que podría haber aumentado la presión para su destitución.
En medio de la salida de Luis Carlos Leal de Supersalud, la Asamblea de Antioquia señala que las cifras de Savia Salud no coinciden, tras más de un año de intervención. Mientras que el agente interventor dice que la EPS gira como mínimo el 80 % de los recursos a las entidades, los afiliados no son atendidos y persisten las dificultades financieras.La intervención a la EPS Savia Salud se hará hasta junio de 2025, tras haber cumplido más del 70% de los indicadores por lo que se considera que no es viable para liquidación, pero a la par, sigue habiendo problemas para la atención de los 1.7 millones de afiliados en Antioquia.La entidad enfrenta un complejo panorama financiero y de atención, a pesar de los esfuerzos de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Edwin Rodríguez, agente interventor, la EPS gira como mínimo el 80% de las unidades de pago por capacitación reconocidas y Savia Salud con la administración interventora ha llegado en el año 2024 a girar a través de la Adres para impactar la red prestadora en servicios de salud, hasta el 93.12% mejorando la atención de los afiliados.“Entonces el resultado es positivo debemos seguir conversando y mejorando, pero percibo de los Diputados esa voluntad de que Savia siga adelante que salvia mejor y los veo más participativos para este”, aseguró.Sin embargo, las cifras expuestas durante la plenaria en la asamblea de Antioquia no concuerdan con la realidad de los usuarios, por lo que el diputado citante Jorge Correa, recordó que en pasadas intervenciones se manifestó que en junio quedaba saneada Savia Salud y hoy está peor.“Más del billón de pesos de pasivos se han aumentado los costos administrativos del 3.7 antes de la intervención al 5 % y realmente no se está teniendo control sobre el tema de atención al usuario como las tutelas como los derechos de petición y demás también han aumentado”, aseguró Correa.Savia Salud atiende a diversas poblaciones vulnerables, incluyendo 119 mil niños entre 0 y 5 años y 330.000 adultos mayores. Sin embargo, la situación actual revela un aumento considerable en las reclamaciones por parte de los usuarios, lo que pone de manifiesto la crisis en la atención. Edwin Basurto, Presidente de SintraSaviaSalud.“La gestión del riesgo es una manera de cambiar el sistema de salud de buscar que mejore y la parte económica con la manera como se está generando el sistema no va alcanzar nunca, vamos a tener siempre problemas económicos que es lo que está demostrando en Savia Salud”, insistió.Desde su intervención en 2023, según la interventoría, Savia Salud ha implementado 76 acciones de mejora, abarcando componentes técnicos, financieros y jurídicos.Pese a esto, desde la Seccional de Salud de Antioquia, reiteraron que no se han logrado superar las amenazas, según dijo Juan David Berrio, director de aseguradoras y prestadores de servicios. “Vemos riesgos en la sostenibilidad financiera en la red pública hospitalaria; no garantía en accesos efectivos a servicios de salud corroboradas en las reclamaciones que realizan los usuarios. Insistimos en el trabajo articulado porque en Antioquia necesitamos que a Savia Salud le vaya bien”, indicó.La diputada Verónica Arango invitó a la Contraloría a auditar las cifras porque no concuerdan con lo que se publica, pues la crisis contempla ineficiencia en atención, aumento de tutelas, déficit de profesionales, insatisfacción por parte de los usuarios.
En un movimiento clave en el sector salud, Luis Carlos Leal, actual superintendente de Salud, dejará su cargo para asumir la dirección del Instituto Nacional de Salud (INS). Este cambio se produce en un momento de gran relevancia para el sistema de salud en Colombia, en medio de la crisis por la escasez de medicamentos y tras la radicación de un nuevo proyecto de reforma a la salud, presentado por el Gobierno y el Pacto Histórico ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.Luis Carlos Leal, quien previamente se desempeñó como concejal de Bogotá liderará ahora el INS, organismo encargado de la investigación y control de enfermedades infecciosas y el desarrollo de vacunas en el país. Por su parte, Giovanny Rubiano, actual director del INS, asumirá el rol de superintendente de Salud en una transición que promete traer cambios importantes para el sector.La oficialización de este enroque se espera en las próximas horas, según fuentes del Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo. Este ajuste se suma a una serie de cambios estratégicos en el Gobierno para bsucar fortalecer el sistema de salud y enfrentar los desafíos actuales, especialmente en un contexto de reformas estructurales y de acceso a medicamentos esenciales.Luis Carlos Leal llegó al cargo el pasado mes de febrero y su administración no estuvo exenta de polémicas. Una de las principales se relacionó con la normativa sobre la autorización de procedimientos de afirmación de género para menores de edad, algo que negó el funcionario en diálogo con Blu Radio."De ninguna manera. Es una mentira que se ha reproducido lamentablemente en distintos espacios", sostuvo Leal en la entrevista.Aclaró que la circular se basa en el marco legal vigente y busca garantizar que todos los actores del sistema de salud, desde hospitales hasta gestores farmacéuticos, puedan brindar atención sin barreras ni discriminación a la población trans, incluyendo niños y adolescentes.
El Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, se encuentra en el ojo del huracán tras la polémica desatada por la reciente emisión de la Circular 115 del 20 de septiembre, que regula la atención a la población trans en el sistema de salud colombiano.Durante una entrevista en Mañanas Blu con el periodista Néstor Morales, Leal defendió enfáticamente el contenido de la circular y rechazó las acusaciones de que esta permitiría o alentaría el cambio de sexo en menores de edad.Contexto de la circularLa circular en cuestión establece 15 directrices para que hospitales y clínicas ofrezcan atención adecuada, oportuna y sin discriminación a la población trans, con base en fallos previos de la Corte Constitucional de Colombia. No obstante, ha sido el apartado relacionado con la atención a infancias y adolescencias trans el que ha generado una controversia significativa, sobre todo en el Congreso, donde algunos opositores acusan a la Superintendencia de promover cambios de género en menores.Leal fue enfático al afirmar que dichas acusaciones son falsas y malintencionadas."De ninguna manera. Es una mentira que se ha reproducido lamentablemente en distintos espacios", sostuvo Leal en la entrevista. Aclaró que la circular se basa en el marco legal vigente y busca garantizar que todos los actores del sistema de salud, desde hospitales hasta gestores farmacéuticos, puedan brindar atención sin barreras ni discriminación a la población trans, incluyendo niños y adolescentes. La polémica sobre la atención a menores transUno de los puntos más controvertidos de la circular es el literal "h", que menciona específicamente a la niñez trans.Este apartado ha sido interpretado por algunos sectores como una puerta abierta a la esterilización química o cirugías de cambio de sexo en menores. Sin embargo, Leal desmintió estas interpretaciones y explicó que el literal no es una orden sino un antecedente."Eso no hace parte de las órdenes, hace parte del considerando de los grupos focales identificados de acuerdo con las sentencias de la Corte", explicó.Leal también aclaró que la circular no determina una edad específica para que los menores puedan recibir atención relacionada con su identidad de género."No hay una edad específica o estipulada para poder determinar en qué momento se construye la identidad de género de una persona", afirmó.La circular establece que los menores trans pueden recibir atención médica de manera integral, pero esto no implica que se realicen tratamientos invasivos sin un proceso adecuado y consensuado, según dijo.“Acompañar ese proceso no significa que en la primera consulta se programe una cirugía o que se haga un tratamiento hormonal”, precisó.Sí ordena baños neutrosLeal argumentó que la circular responde a la necesidad de garantizar el respeto por la dignidad y la identidad de las personas trans en los servicios de salud, un sector donde, según él, aún existen barreras y maltratos."Lo que vemos es un sistema donde hay maltrato en entidades que deberían ser dedicadas al cuidado, pero que desconocen la identidad de las personas al ingresar a cada una de las instituciones", denunció.Entre las órdenes incluidas en la circular se encuentra la creación de baños neutros en los centros de salud, una medida que ha generado resistencias pero que Leal defiende como necesaria para evitar la violencia y la segregación hacia las personas trans."Un baño neutro es una instancia sanitaria que no debe tener ningún tipo de segregación o violencia", subrayó.Atención farmacéutica y terapias hormonalesOtro aspecto importante de la circular, que también ha generado discusión, es el acceso a las terapias de reemplazo hormonal. Estas son fundamentales en los procesos de afirmación de género, y la circular establece que los gestores farmacéuticos deben garantizar la entrega oportuna de estos tratamientos.“Las terapias de reemplazo hormonal requieren una continuidad en su acceso para que puedan ser efectivas en su tratamiento”, explicó Leal
En un operativo adelantado en Barrancabermeja y Bucaramanga, la Policía Nacional, a través del GAULA y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos presuntos integrantes de una estructura dedicada a la extorsión en el Magdalena Medio. Ambos fueron enviados a prisión por orden de un juez.Los detenidos fueron identificados con los alias de 'Flaco', quien presuntamente cumplía funciones logísticas, y 'Jothselin', señalada de administrar las finanzas de la organización. Además, las autoridades imputaron cargos a alias 'Tato', quien registra antecedentes judiciales por el delito de homicidio.Durante las diligencias judiciales fueron incautados un teléfono celular y una motocicleta, elementos que hacen parte del proceso investigativo.De acuerdo con la investigación, los capturados se hacían pasar por integrantes de estructuras criminales para intimidar a comerciantes y agricultores del Magdalena Medio mediante llamadas extorsivas. Les exigían pagos entre tres y diez millones de pesos, bajo amenazas de atentar contra su vida, la de sus empleados o sus establecimientos comerciales si no accedían a las exigencias económicas.Con este resultado, las autoridades aseguraron que fueron esclarecidas 15 denuncias por extorsión, afectando las finanzas y la capacidad operativa de la organización delincuencial.
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 18 años al patrullero de la Policía Deivis Maggiver Gaitán Campúzano, tras encontrarlo responsable por un caso de violencia sexual ocurrido al interior de la institución, una decisión que fue adoptada en un fallo de primera instancia.De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron en la tarde del 2 de marzo de 2024 en la estación de Policía de Marquetalia, Caldas, donde el uniformado habría accedido carnalmente a una de sus compañeras, quien se desempeñaba como auxiliar de la institución.El Ministerio Público indicó que durante el proceso disciplinario fueron valorados testimonios, declaraciones, audios y mensajes de texto que comprometieron la actuación del patrullero. Con ese material probatorio, la Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 4 concluyó que la conducta constituyó una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.En la decisión, el ente de control sostuvo que el uniformado quebrantó los principios éticos que deben regir la función policial, afectando la confianza depositada por el Estado y la ciudadanía en la institución.Además, señaló que los hechos causaron graves afectaciones al honor, la dignidad y la integridad física y psicológica de la víctima, razón por la que impuso la sanción de destitución e inhabilidad por 18 años.
La Gobernación de Antioquia adelantó proceso de embargo a las cuentas bancarias de 280.000 morosos del impuesto vehicular. Ciudadanos afectados aseguran que los casos se deben revisar de forma puntual ya que en la actualidad no son propietarios de los vehículos reportados como morosos.Una serie de denuncias han generado preocupación en Antioquia y más en el proceso de cobro coactivo adelantado por la Gobernación por concepto de impuestos vehiculares, ya que varias personas aseguran que sus cuentas bancarias fueron embargadas sin previo aviso y por obligaciones que, según afirman, ya no les correspondían.Martín Jaramillo, subsecretario de Tesorería y Cobro Coactivo de la Gobernación, señaló que el único camino para no causar ese impuesto a cargo de una persona es que el mismo ciudadano se retire del RUNT, gestión que se hace ante las secretarías de tránsito: "Si el carro aparece a nombre de una persona, por más que no lo posea, no lo tenga, se lo hayan robado, debe pagar los impuestos. Sin embargo, el trámite es muy sencillo. En cualquier tránsito, estando al día en impuestos y en cualquier tipo de embargo, pueden traspasar ese carro, bien sea la otra persona o cancelarle", indicó.El funcionario de la gobernación no desconoce que el RUNT tiene una tasa de error menor al 1 %, y que ese porcentaje son de personas que efectivamente tienen un argumento válido de reclamo: "Puede haber algún error. Claramente, en el RUT tiene una tasa de error de menos del 1 %, pero ese 0,4, 0,3 por 100 son personas que efectivamente tienen un argumento válido y que los estamos nosotros resolviendo. Prácticamente, todos los que se acercan el mismo día y, en los términos de ley, los que nos contactan por medios electrónicos", añadió.Uno de los casos conocidos es el de Felipe Múnera, quien descubrió el embargo luego de recibir una consignación en su cuenta bancaria. Al notar que el dinero desaparecía inmediatamente, acudió a una oficina bancaria, donde le informaron que existía una medida cautelar ordenada por la Gobernación de Antioquia.Al dirigirse a las instalaciones de la Administración Departamental, se encontró una larga fila de personas que, según relató, enfrentaban situaciones similares. Allí, un funcionario le informó que el sistema registraba una deuda correspondiente a cinco vehículos por impuestos atrasados."Y el señor me dice: señor, en la pantalla le aparecen cobros de 5 vehículos. ¿Usted tiene esos 5 vehículos? Y yo, señor, yo solamente tengo un carro, y lo cambié hace 3 meses. Y ese otro que se ve ahí de último, aquí tengo la matrícula con el nombre de la niña que lo compró, ese carro ya no es mío. ¿Usted por qué me está cobrando eso? Ay, ¿cómo así? Y los demás, los demás todos están traspasados", contó.Sin embargo, el hombre aseguró que, así como con su último carro, que ya no estaba a su nombre, los demás vehículos que había tenido habían sido vendidos y traspasados legalmente entre 10 y 15 años atrás.De acuerdo con su testimonio, funcionarios de la Gobernación le indicaron que el problema obedecería a que algunos organismos de tránsito no habrían actualizado oportunamente la información sobre los cambios de propietario, situación que habría generado inconsistencias en la base de datos.
El delantero colombiano Jhon Córdoba aseguró que sería un error que la selección dirigida por Néstor Lorenzo se sienta favorita para ganar el Mundial y apuntó que se debe seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora.Así lo dijo en una rueda de prensa llevada a cabo en el Sporting KC Stadium de Kansas City, donde los sudamericanos se entrenaron antes de medirse este viernes con Ghana por los dieciseisavos de final.El miércoles, el seleccionador español, Luis de la Fuente, apuntó que Colombia tiene "un nivel altísimo" y la incluyó en su lista de candidatas a ganar el torneo."Creernos favoritos creo que sería un error. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que venimos haciendo hasta ahora, nuestro trabajo", dijo Córdoba al ser consultado por esto.Por otra parte, apuntó que los atacantes del equipo cafetero están trabajando para que llegue el gol, aunque subrayó que lo importante es ganar."Somos un grupo, no importa quién marque con tal de que avancemos", dijo el atacante.En la fase de grupos, Colombia venció por 1-3 a Uzbekistán, derrotó por 1-0 a República Democrática del Congo e igualó 0-0 con Portugal. Dos de sus cuatro tantos fueron marcados por el lateral Daniel Muñoz, mientras que los dos goles restantes los convirtieron Luis Díaz y Jaminton Campaz.Córdoba señaló también que el equipo está trabajando muy unido y remarcó que esa es la única forma de que un grupo consiga "cosas grandes".Finalmente, subrayó que la mejor forma de pasar las horas previas al partido es con tranquilidad."Somos jugadores profesionales y estamos acostumbrados a estos momentos. Sabemos que la ansiedad y la impaciencia no serían buenas en este momento", concluyó.
Luego de que el vicepresidente electo y coordinador del empalme, José Manuel Restrepo, solicitara suspender los nombramientos que adelanta la administración saliente, el sindicato de trabajadores de la entidad respaldó esa decisión y pidió que sea el próximo Gobierno el que revise de fondo la reestructuración de la UNP.La Asociación Sindical de Empleados de la Protección, ASEP, aseguró que no se opone a la ampliación de la planta de personal ni a la vinculación de los 6.870 nuevos cargos previstos, entre ellos oficiales de protección, analistas de riesgo y personal administrativo. Sin embargo, insistió en que ese proceso debe adelantarse con transparencia y por la nueva administración, evitando decisiones de última hora que comprometan al próximo gobierno.En un comunicado, el sindicato sostuvo que el proceso va más allá de los nombramientos y debe garantizar tanto la prestación del servicio de protección como el respeto por la experiencia de los funcionarios. En ese sentido afirmó que "este proceso trasciende los simples nombramientos y debe garantizar un servicio de protección eficaz para los beneficiarios, así como el respeto por la experiencia, la estabilidad y la igualdad de oportunidades de quienes durante años han arriesgado su vida protegiendo a miles de colombianos".El sindicato también cuestionó el Decreto 0670 de 2026, que modificó los requisitos para acceder al cargo de Oficial de Protección al privilegiar la experiencia sobre la formación técnica o tecnológica. Aunque reconoce la importancia de la experiencia en seguridad, ASEP pidió revisar si existieron intereses particulares detrás de esos cambios y reiteró la necesidad de construir un nuevo manual de funciones que combine mérito, experiencia y formación."Es absolutamente irresponsable dejar amarrados esos nombramientos al nuevo Gobierno. Cuando se improvisa en la selección del talento humano, el resultado no puede ser distinto que una entidad en mayor crisis. Lo que necesita la UNP es una reestructuración seria, transparente y una dirección con experiencia en seguridad", señaló Yesid Barragán, presidente de la ASEP.A las críticas por los nombramientos se suma la situación financiera de la entidad. Según el sindicato, la UNP enfrenta un déficit cercano a un billón de pesos para terminar la vigencia, después de haber ejecutado alrededor de 2,5 billones, situación que, a su juicio, evidencia un manejo ineficiente de los recursos públicos y afecta la capacidad de garantizar la protección de los beneficiarios.ASEP también responsabilizó a la administración saliente por la crisis institucional que atraviesa la entidad. Asegura que las reiteradas fallas en los esquemas de protección quedaron reflejadas en el asesinato de varios protegidos, entre ellos el senador Miguel Uribe Turbay, y reiteró su disposición para participar en una Mesa Nacional para la Transformación de la UNP y acompañar la revisión de los procesos de reestructuración y ampliación de la planta de personal.
