Durante los últimos días, las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre la salida de Luis Carlos Leal de la Superintendencia Nacional de Salud volvieron a poner en la agenda pública las decisiones adoptadas durante los ocho meses en los que Leal estuvo al frente de la entidad, en particular la designación de agentes interventores en varias EPS intervenidas por el Estado.En abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención de la Nueva EPS y designó como primer agente interventor al médico Julio Alberto Rincón Ramírez, nombramiento realizado bajo la administración de Luis Carlos Leal. Posteriormente, la intervención de la entidad fue asumida por Bernardo Armando Camacho Rodríguez, quien continuó con el proceso de administración especial de la EPS.En el mismo período, Luis Carlos Leal también designó a Dúver Dicson Vargas Rojas como agente interventor de la EPS Sanitas. Este nombramiento derivó en actuaciones de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el entonces superintendente de Salud por presuntas irregularidades relacionadas con la intervención de Sanitas y con el acto administrativo que sustentó la designación del agente interventor.De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, la apertura de la investigación se produjo tras una queja presentada contra la Superintendencia Nacional de Salud, en la que se señaló una aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS. El proceso disciplinario se encuentra en etapa de investigación.Estos nombramientos se produjeron en el contexto de una administración que antecedió a la salida de Luis Carlos Leal del cargo, quien asumió la Superintendencia luego de la gestión de Uláhy Beltrán y permaneció en la entidad durante ocho meses. Tras su retiro, se intensificaron los cuestionamientos sobre los criterios utilizados para la selección de los agentes interventores.En declaraciones a Blu Radio, Julio Alberto Rincón Ramírez señaló que la solicitud para recomendar su hoja de vida fue realizada por el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León, versión que se sumó al debate sobre la cadena de decisiones en los nombramientos.Con la salida de Luis Carlos Leal, la Superintendencia Nacional de Salud quedó en manos de Giovanny Rubiano, quien en noviembre de 2024 adoptó como una de sus primeras decisiones el cambio de todos los agentes interventores designados durante la administración anterior. En ese momento también se denunció que varios de ellos habían ejercido cargos como gestores de hospitales públicos durante la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.
En una entrevista concedida a Mañanas Blu con Néstor Morales, el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, confirmó que durante su gestión recibió “órdenes a través de la mano derecha de Laura Sarabia, Jaime Ramírez, diciendo que eran órdenes del presidente y que ya tenían el visto bueno”.La declaración del exfuncionario reactivó una crisis política que estalló esta semana entre el presidente Gustavo Petro y su exsuperintendente, al sumarse a las acusaciones sobre presunta corrupción en la designación de interventores de EPS bajo intervención estatal. El escándalo involucra indirectamente a Laura Sarabia, actual embajadora en Londres, y a su exasesor Jaime Ramírez Cobo, señalado por Leal como el intermediario en la entrega de hojas de vida.El presidente Petro, desde un acto público en la Casa de Nariño, acusó a Sarabia de haber “engañado” a Leal, y aseguró que “lo primero que hicieron fue entregar unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura. Eso fue un engaño”.“No eran amigos del poder, eran técnicos”Luis Carlos Leal, médico y exsuperintendente, defendió su gestión argumentando que los nombramientos se realizaron bajo las normas y requisitos legales. “La ley no dice que uno tenga que nombrar amigos o personas conocidas. Dice que deben cumplir unos requisitos técnicos. Eso fue lo que hicimos”, afirmó.El exfuncionario explicó que durante el proceso de selección se verificaron los antecedentes a través de los mecanismos establecidos, entre ellos el sistema SARLAFT y los reportes de la UIAF. Según afirmó, “cumplieron todos los requisitos, se hicieron los estudios necesarios y se agotaron las instancias para garantizar que no hubiera antecedentes penales ni disciplinarios”.Sin embargo, tres de los interventores designados —en Asmet Salud, Emsanar y SOS— fueron posteriormente denunciados ante la Fiscalía General por presuntas irregularidades. “La Superintendencia vigiló esos comportamientos, evidenció que estaban mal y los denunció oportunamente”, aseguró Leal.Fiscalización y posibles entramadosDetrás de esas anomalías, dijo el exsuperintendente, operaba una figura clave: Mario Urán, un asesor externo que, según Leal, “presuntamente coordinaba a los interventores, les decía dónde debían poner los recursos, y eso va en contravía de sus funciones”.Leal aclara, sin embargo, que no puede afirmar judicialmente si Urán actuaba en nombre o bajo el conocimiento de Sarabia. “No tengo ni idea, eso tiene que determinarlo la Fiscalía General de la Nación. Nosotros denunciamos los nombres y entregamos las pruebas”, señaló.El exfuncionario reveló además que informó personalmente al presidente Petro cuando descubrió irregularidades en las órdenes. “Le escribí directamente al presidente y le dije: no estoy de acuerdo con esta decisión. Él me respondió que nunca había dado esa orden. Ahí supimos que había intermediarios que se hacían pasar por él”, relató.Ruptura política y salida del cargoPese a haber alertado sobre las irregularidades en 2024 —según él, también denunciadas ante la Fiscalía en octubre de ese año—, Leal fue retirado del cargo meses después. Sobre los motivos de su salida, no ofreció una respuesta precisa: “No sabría decirle cuál fue la razón que motivó al presidente para pedir mi renuncia. No tengo ni idea”, reconoció.La tensión escaló cuando el propio presidente Petro, en un acto público reciente, se refirió a Leal como “ingenuo”, sugiriendo que fue víctima de manipulación en los procesos de designación de interventores. El exsuperintendente respondió con firmeza: “Yo actué conforme a la ley. No puedo meter las manos al fuego por alguien, pero sí puedo decir que cumplimos con todos los requisitos y que denunciamos los actos de corrupción cuando los detectamos”.El trasfondo: crisis del sistema de salud y disputa por el controlEl episodio se produce en medio de la persistente crisis del sistema de salud y del estancamiento de la reforma estructural impulsada por el Gobierno Petro. Para Leal, el problema no radica en las intervenciones, sino en la precariedad institucional. “Las intervenciones no solucionan el problema de raíz. Son pañitos de agua tibia frente a un sistema que necesita transparencia y control efectivo”, afirmó.El exfuncionario insistió en que el sistema actual “sigue permitiendo la corrupción”, y recalcó que el objetivo durante su gestión fue transparentar los recursos públicos y fortalecer la vigilancia digital de la Superintendencia, históricamente débil en capacidades tecnológicas.
En entrevista con MañanasBlu10:30 Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, dio detalles sobre la crisis financiera que llevó a la intervención de la Nueva EPS, confirmando las graves irregularidades. Según Leal, este déficit, que se venía arrastrando desde 2019, solo se hizo público tras la intervención de la entidad, revelando que los estados financieros reportados previamente a la Superintendencia Nacional de Salud estaban "maquillados"."Aquí nos pasó nuevamente lo de Betty la Fea, ya con el Gobierno se supo el balance real de los estados financieros que existían y pues claramente el panorama no era tan alentador o no tenía una cara tan bonita como lo que se venía maquillando previamente", dijo.Los hallazgos de la intervención revelaron que las facturas sin soporte se pasaban de un estado financiero a otro anualmente. Adicionalmente, se identificaron figuras de pago irregulares, como el uso desmedido de "anticipos" a clínicas y hospitales. El exsuperintendente subrayó la falta de control, detallando que "muchas de las facturas que se pagaban no tenían una relación entre la factura causada por parte de la entidad, es decir, no había una relación entre lo que se pagó y lo que efectivamente se descargaba del sistema". Esta negligencia generó que en "muchas oportunidades hospitales tenían pagos de tres, cuatro, cinco, siete veces la misma factura".Para el exsuperintendente, el hallazgo más grave de la intervención no fue el monto económico, sino el impacto directo en la vida de los afiliados. Denunció una profunda falla en la protección de la salud preventiva, señalando que "el hallazgo más importante y más grave es que el 50 % de las personas que eran diagnosticadas con enfermedad renal crónica, su diagnóstico se hacía solo cuando estaban tan malas que llegaban a urgencias". "Esto demuestra que durante años a nadie le importó realmente la salud de las personas", denunció.Escuche la entrevista completa aquí:
El presidente de Coosalud, Jaime González, presentó una denuncia penal contra el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por prevaricato por omisión y falsa denuncia, en respuesta a las acusaciones de presunta corrupción que Leal había dirigido contra la EPS. Según el abogado Julián Quintana, defensor de González, las acciones de Leal estuvieron cargadas de irregularidades que vulneraron los derechos de la entidad.En septiembre de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud, liderada entonces por Leal, ordenó una auditoría a Coosalud EPS para verificar el flujo de recursos entre las entidades responsables del pago y los proveedores de servicios de salud. Este procedimiento dio lugar a la publicación, el 30 de octubre de 2024, de un comunicado oficial en la plataforma X, en el que se denunciaba una supuesta confabulación para direccionar contratos, liderada por Mario Andrés Urán, asesor de Coosalud. Sin embargo, según Quintana, la Superintendencia negó posteriormente la existencia del informe preliminar que sustentaba esas afirmaciones.El abogado señaló que el informe filtrado de manera irregular por la Superintendencia, con logotipos oficiales, distorsionó la realidad y causó un impacto mediático negativo. “Estas acciones violaron el debido proceso y afectaron gravemente el buen nombre de la EPS, generando consecuencias financieras adversas para la empresa”, destacó Quintana.A esto se sumó, según la denuncia, que Leal presentó una falsa acusación ante la Fiscalía, afirmando sin pruebas contundentes que existía una trama para defraudar el sistema de salud. Quintana indicó que dichas afirmaciones estaban plagadas de imprecisiones y tenían como único propósito fortalecer la imagen pública de Leal, quien buscaría posicionarse políticamente.En respuesta, Coosalud interpuso una acción de tutela el 5 de noviembre de 2024, para proteger su derecho al debido proceso y a la honra. La acción fue admitida al día siguiente.“La instrumentalización de las instituciones públicas para fines personales o políticos es un acto reprochable que no solo afecta a las empresas, sino también la confianza en el sistema de salud”, concluyó Quintana.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, salió al paso de las especulaciones sobre la salida del superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, y aclaró que su desplazamiento de la Superintendencia hacia el cargo de director general del FOMAG es una decisión del presidente Gustavo Petro, sin relación con las investigaciones que había denunciado recientemente el saliente superintendente. Jaramillo, expresó durante sus declaraciones un firme respeto por la honestidad y profesionalismo de Leal.“Yo tengo un gran respeto por el doctor Leal, es una persona íntegra y transparente”, afirmó Jaramillo, descartando que su salida tenga algo que ver con las recientes denuncias de corrupción que habrían sido reportadas en su gestión hacia 4 EPS. Según el ministro, los movimientos en el Gobierno son parte de una estrategia más amplia de reestructuración y Leal continúa siendo un actor valioso para el desarrollo de la salud en Colombia.En cuanto a las inquietudes sobre la influencia de un informe en la salida de Leal, el ministro fue categórico: “No, de ninguna manera. El presidente de la República nos tiene a todos en alta estima”, asegurando que, tanto él como Leal, están comprometidos con los cambios que el gobierno desea implementar en el país.El ministro también se refirió a las intervenciones a las EPS, explicando que son necesarias para garantizar la estabilidad del sistema de salud, dada la crisis financiera de las entidades prestadoras. Según Jaramillo, estas intervenciones buscan poner a las EPS “en cuidados intensivos” para que, tras la reforma, salgan fortalecidas y puedan continuar contribuyendo al sistema de salud colombiano.
Luis Carlos Leal, quien hasta hace poco se desempeñaba como superintendente nacional de Salud, no asumirá finalmente el cargo de director del Instituto Nacional de Salud (INS), como se había especulado. En su lugar, Leal ocupará una nueva posición como gerente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), una entidad que ha enfrentado diversos desafíos desde el cambio de modelo de salud para los docentes.De acuerdo con fuentes consultadas por Blu Radio, Leal decidió no aceptar la oferta de dirigir el INS, y esta decisión fue confirmada por él mismo durante el acto de posesión presidido por Gustavo Petro, donde reveló que no aceptaría el cargo. Sin embargo, existe otra versión sobre su nombramiento. Algunos indican que no se trata de una decisión de Leal, sino de una determinación del propio presidente Petro, quien decidió asignarle el nuevo cargo de gerente del Fomag, en lugar de la dirección del INS.A partir de hoy, el cargo de director encargado del INS será asumido por Tomás Prasca, quien hasta ahora ocupaba el puesto de director de redes del instituto.Recordemos que la salida de Luis Carlos Leal de su cargo como superintendente de Salud se produce en medio de varias polémicas, denuncias y escándalos. Uno de los principales fue la controversia generada por la expedición de una resolución relacionada con la afirmación de género en niños y niñas trans.Además, Leal se vio envuelto en otro intenso debate debido a las intervenciones administrativas forzosas en las Empresas Promotoras de Salud (EPS), en el contexto de la discutida reforma a la salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. Estas acciones habrían alimentado las presiones de diversos sectores que demandaban su salida del cargo.Hasta el momento, Luis Carlos Leal no ha hecho declaraciones públicas sobre estos cambios.
La Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) se prepara para un cambio, pues Luis Carlos Leal, actual superintendente, dejará su cargo tras ocho meses en la dirección. En un movimiento que ha generado gran interés se ha publicado la hoja de vida de Leal para aspirar al cargo de director del Instituto Nacional de Salud (INS). Simultáneamente, Giovanni Rubiano García, actual director del INS, presentó su hoja de vida para convertirse en Superintendente Nacional de Salud.La publicación de estas hojas de vida en la página de aspirantes de la Presidencia de la República sugiere un intercambio inminente entre ambos funcionarios. Este cambio de roles plantea preguntas sobre el futuro de la gestión sanitaria en el país y los retos que enfrentará la nueva administración.La salida de Leal del cargo se produce en un contexto marcado por controversias, denuncias y escándalos. Uno de los más destacados fue la resolución emitida sobre la afirmación de género en niños trans, que generó un intenso debate público.Además, Leal estuvo involucrado en polémicas relacionadas con intervenciones administrativas forzosas en las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Estas acciones coinciden con las discusiones sobre la controvertida reforma a la salud impulsada por el Gobierno de Petro en el Congreso, lo que podría haber aumentado la presión para su destitución.
En medio de la salida de Luis Carlos Leal de Supersalud, la Asamblea de Antioquia señala que las cifras de Savia Salud no coinciden, tras más de un año de intervención. Mientras que el agente interventor dice que la EPS gira como mínimo el 80 % de los recursos a las entidades, los afiliados no son atendidos y persisten las dificultades financieras.La intervención a la EPS Savia Salud se hará hasta junio de 2025, tras haber cumplido más del 70% de los indicadores por lo que se considera que no es viable para liquidación, pero a la par, sigue habiendo problemas para la atención de los 1.7 millones de afiliados en Antioquia.La entidad enfrenta un complejo panorama financiero y de atención, a pesar de los esfuerzos de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Edwin Rodríguez, agente interventor, la EPS gira como mínimo el 80% de las unidades de pago por capacitación reconocidas y Savia Salud con la administración interventora ha llegado en el año 2024 a girar a través de la Adres para impactar la red prestadora en servicios de salud, hasta el 93.12% mejorando la atención de los afiliados.“Entonces el resultado es positivo debemos seguir conversando y mejorando, pero percibo de los Diputados esa voluntad de que Savia siga adelante que salvia mejor y los veo más participativos para este”, aseguró.Sin embargo, las cifras expuestas durante la plenaria en la asamblea de Antioquia no concuerdan con la realidad de los usuarios, por lo que el diputado citante Jorge Correa, recordó que en pasadas intervenciones se manifestó que en junio quedaba saneada Savia Salud y hoy está peor.“Más del billón de pesos de pasivos se han aumentado los costos administrativos del 3.7 antes de la intervención al 5 % y realmente no se está teniendo control sobre el tema de atención al usuario como las tutelas como los derechos de petición y demás también han aumentado”, aseguró Correa.Savia Salud atiende a diversas poblaciones vulnerables, incluyendo 119 mil niños entre 0 y 5 años y 330.000 adultos mayores. Sin embargo, la situación actual revela un aumento considerable en las reclamaciones por parte de los usuarios, lo que pone de manifiesto la crisis en la atención. Edwin Basurto, Presidente de SintraSaviaSalud.“La gestión del riesgo es una manera de cambiar el sistema de salud de buscar que mejore y la parte económica con la manera como se está generando el sistema no va alcanzar nunca, vamos a tener siempre problemas económicos que es lo que está demostrando en Savia Salud”, insistió.Desde su intervención en 2023, según la interventoría, Savia Salud ha implementado 76 acciones de mejora, abarcando componentes técnicos, financieros y jurídicos.Pese a esto, desde la Seccional de Salud de Antioquia, reiteraron que no se han logrado superar las amenazas, según dijo Juan David Berrio, director de aseguradoras y prestadores de servicios. “Vemos riesgos en la sostenibilidad financiera en la red pública hospitalaria; no garantía en accesos efectivos a servicios de salud corroboradas en las reclamaciones que realizan los usuarios. Insistimos en el trabajo articulado porque en Antioquia necesitamos que a Savia Salud le vaya bien”, indicó.La diputada Verónica Arango invitó a la Contraloría a auditar las cifras porque no concuerdan con lo que se publica, pues la crisis contempla ineficiencia en atención, aumento de tutelas, déficit de profesionales, insatisfacción por parte de los usuarios.
En un movimiento clave en el sector salud, Luis Carlos Leal, actual superintendente de Salud, dejará su cargo para asumir la dirección del Instituto Nacional de Salud (INS). Este cambio se produce en un momento de gran relevancia para el sistema de salud en Colombia, en medio de la crisis por la escasez de medicamentos y tras la radicación de un nuevo proyecto de reforma a la salud, presentado por el Gobierno y el Pacto Histórico ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.Luis Carlos Leal, quien previamente se desempeñó como concejal de Bogotá liderará ahora el INS, organismo encargado de la investigación y control de enfermedades infecciosas y el desarrollo de vacunas en el país. Por su parte, Giovanny Rubiano, actual director del INS, asumirá el rol de superintendente de Salud en una transición que promete traer cambios importantes para el sector.La oficialización de este enroque se espera en las próximas horas, según fuentes del Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo. Este ajuste se suma a una serie de cambios estratégicos en el Gobierno para bsucar fortalecer el sistema de salud y enfrentar los desafíos actuales, especialmente en un contexto de reformas estructurales y de acceso a medicamentos esenciales.Luis Carlos Leal llegó al cargo el pasado mes de febrero y su administración no estuvo exenta de polémicas. Una de las principales se relacionó con la normativa sobre la autorización de procedimientos de afirmación de género para menores de edad, algo que negó el funcionario en diálogo con Blu Radio."De ninguna manera. Es una mentira que se ha reproducido lamentablemente en distintos espacios", sostuvo Leal en la entrevista.Aclaró que la circular se basa en el marco legal vigente y busca garantizar que todos los actores del sistema de salud, desde hospitales hasta gestores farmacéuticos, puedan brindar atención sin barreras ni discriminación a la población trans, incluyendo niños y adolescentes.
El Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, se encuentra en el ojo del huracán tras la polémica desatada por la reciente emisión de la Circular 115 del 20 de septiembre, que regula la atención a la población trans en el sistema de salud colombiano.Durante una entrevista en Mañanas Blu con el periodista Néstor Morales, Leal defendió enfáticamente el contenido de la circular y rechazó las acusaciones de que esta permitiría o alentaría el cambio de sexo en menores de edad.Contexto de la circularLa circular en cuestión establece 15 directrices para que hospitales y clínicas ofrezcan atención adecuada, oportuna y sin discriminación a la población trans, con base en fallos previos de la Corte Constitucional de Colombia. No obstante, ha sido el apartado relacionado con la atención a infancias y adolescencias trans el que ha generado una controversia significativa, sobre todo en el Congreso, donde algunos opositores acusan a la Superintendencia de promover cambios de género en menores.Leal fue enfático al afirmar que dichas acusaciones son falsas y malintencionadas."De ninguna manera. Es una mentira que se ha reproducido lamentablemente en distintos espacios", sostuvo Leal en la entrevista. Aclaró que la circular se basa en el marco legal vigente y busca garantizar que todos los actores del sistema de salud, desde hospitales hasta gestores farmacéuticos, puedan brindar atención sin barreras ni discriminación a la población trans, incluyendo niños y adolescentes. La polémica sobre la atención a menores transUno de los puntos más controvertidos de la circular es el literal "h", que menciona específicamente a la niñez trans.Este apartado ha sido interpretado por algunos sectores como una puerta abierta a la esterilización química o cirugías de cambio de sexo en menores. Sin embargo, Leal desmintió estas interpretaciones y explicó que el literal no es una orden sino un antecedente."Eso no hace parte de las órdenes, hace parte del considerando de los grupos focales identificados de acuerdo con las sentencias de la Corte", explicó.Leal también aclaró que la circular no determina una edad específica para que los menores puedan recibir atención relacionada con su identidad de género."No hay una edad específica o estipulada para poder determinar en qué momento se construye la identidad de género de una persona", afirmó.La circular establece que los menores trans pueden recibir atención médica de manera integral, pero esto no implica que se realicen tratamientos invasivos sin un proceso adecuado y consensuado, según dijo.“Acompañar ese proceso no significa que en la primera consulta se programe una cirugía o que se haga un tratamiento hormonal”, precisó.Sí ordena baños neutrosLeal argumentó que la circular responde a la necesidad de garantizar el respeto por la dignidad y la identidad de las personas trans en los servicios de salud, un sector donde, según él, aún existen barreras y maltratos."Lo que vemos es un sistema donde hay maltrato en entidades que deberían ser dedicadas al cuidado, pero que desconocen la identidad de las personas al ingresar a cada una de las instituciones", denunció.Entre las órdenes incluidas en la circular se encuentra la creación de baños neutros en los centros de salud, una medida que ha generado resistencias pero que Leal defiende como necesaria para evitar la violencia y la segregación hacia las personas trans."Un baño neutro es una instancia sanitaria que no debe tener ningún tipo de segregación o violencia", subrayó.Atención farmacéutica y terapias hormonalesOtro aspecto importante de la circular, que también ha generado discusión, es el acceso a las terapias de reemplazo hormonal. Estas son fundamentales en los procesos de afirmación de género, y la circular establece que los gestores farmacéuticos deben garantizar la entrega oportuna de estos tratamientos.“Las terapias de reemplazo hormonal requieren una continuidad en su acceso para que puedan ser efectivas en su tratamiento”, explicó Leal
En los próximos días llegará hasta el Congreso de la República el proyecto de ley de sometimiento que contempla el presidente Abelardo De La Espriella, con el fin de que se inicie el trámite legislativo de los cuatro debates reglamentarios que tiene que superar, en Senado y Cámara de Representantes, antes de ser eventualmente aprobada.De esa manera, lo confirmó este lunes el Ministro de Justicia, Iván Cancino, a través de un video enviado al conversatorio nacional de Justicia y Paz en Barranquilla, el cual se llevó a cabo en el hotel Dann Carlton, y cuyo título fue “Justicia que escucha, repara y transforma”.Durante su intervención, el ministro sostuvo que serán las víctimas las que “decidirán sobre la otorgación de beneficios o suspensiones de condenas” para los criminales de los diferentes grupos armados.“Este Gobierno va a perseguir a las organizaciones ilegales. Daremos las herramientas para un sometimiento, no para negociaciones. No vamos a tener ningún carácter político en las discusiones. Toda discusión para quien se quiera someter será jurídica y esta semana o a más tardar la otra, el país conocerá la ley de sometimiento del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella”, dijo inicialmente.“Seremos un Gobierno que respete los tratados internacionales, la Constitución, los compromisos adquiridos. La persona que quiera entregar las armas, dar la información y proteger a la víctima, va a tener los mecanismos legales, pero también entiendan que quien rete al Estado, que no acepte esto, que quiera seguir delinquiendo, va a ser perseguido con toda la contundencia que permita la Constitución y la ley”, agregó.Además, Cancino especificó que las estructuras armadas interesadas en abandonar las armas deberán entregar “rutas de movilización, fuentes de financiación y hasta nexos de corrupción con políticos”. Los argumentos que entregó para ello se basan en que “no solo se debe realizar una entrega económica, sino también de “verdad, perdón y esclarecimiento”.En otras palabras, acotó que “quien pide beneficios extraordinarios al Estado, tiene que cumplir obligaciones extraordinarias frente a las víctimas”.Sobre los retos que tendrá el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella indicó que se buscará acelerar los procesos pendientes de Justicia y Paz, priorizarlos y mejorando sus herramientas de gestión judicial; se protegerá la información producida durante los últimos 20 años y se fortalecerá la ejecución de las decisiones.
Durante la audiencia de apelación que se adelantó en las últimas horas, la Fiscalía pidió que Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, sea enviado a prisión y no permanezca detenido en su lugar de residencia, al considerar que la medida domiciliaria no es suficiente para evitar que continúe ejerciendo influencia a través de terceros.Durante la sustentación, la fiscal 77, María Teresa Gómez sostuvo que Quintero habría intervenido en la contratación del Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí sin ocupar un cargo público, sino mediante comunicaciones y personas que actuaban como intermediarias.La Fiscalía de nuevo señaló que en seis contratos se habría producido un detrimento superior a 2.400 millones de pesos y que en los elementos recopilados aparecen conversaciones sobre nombramientos de funcionarios y el manejo de recursos.“El problema no es dónde está Miguel Quintero, sino con quién puede comunicarse y a través de quién puede actuar”, sostuvo la fiscal, al explicar que en una vivienda las autoridades no tendrían el mismo control sobre sus visitas y comunicaciones que en un establecimiento carcelario.Además, el ente acusador pidió reconocer un segundo riesgo: la posible obstrucción de la justicia. Para sustentarlo, mencionó acercamientos al principal testigo del caso, Misael Cadavid, supuestos ofrecimientos para modificar su conducta procesal, el ingreso de un tercero al centro penitenciario mediante un parentesco que no tendría y más de 200 consultas y descargas de información relacionada con la investigación.La representación de víctimas, encabezada por Majer Abushihab, respaldó la petición y aseguró que existen elementos que mostrarían un supuesto patrón de presión a testigos, incluido el uso de terceros y acercamientos a familiares, no solo a Laura Mejía sino a Misael Cadavid, excomandante del cuerpo de Bomberos de Itagüí. En ese sentido y reiterando cómo presuntamente se orquestó un plan de desprestigio en redes sociales en contra de Cadavid, pidió de nuevo que se le dicte medida de aseguramiento contra Sebastián Ortega.El delegado de la Procuraduría, José Luis Ochoa Escobar, por su parte, respaldó los argumentos de la Fiscalía y las víctimas para pedir que Quintero y Ortega sean enviados a prisión preventiva, al considerar que el juez habría subvalorado pruebas sobre posibles riesgos de obstrucción a la justicia y que las medidas actuales no garantizarían la protección del proceso penal.Santiago Trespalacios, abogado de Miguel Quintero Calle, argumentó que no apeló la medida de aseguramiento domiciliaria porque esa fue una de las opciones que dio desde su defensa como alternativa a enfrentar el juicio en libertad. Criticó lo expuesto por el representante de víctimas frente a presentarse como "perito o experto" por haber trabajado en la Fiscalía y aseguró que todo de lo que señalan a su cliente de su posible injerencia o poder tenía que ver con un "parentesco", que carece de validez ahora teniendo en cuenta que Daniel Quintero ahora es exalcalde.Al término de la diligencia, el juzgado 27 penal municipal de control de garantías confirmó que ahora el proceso entrará de nuevo a reparto y será ese nuevo juez del circuito el que decida si mantiene esta medida de aseguramiento contra Miguel Quintero en su domicilio o si cambia esta medida. Frente a la solicitud de que Sebastián Ortega también sea cobijado con medida privativa de la libertad, esta decisión también estará en mano del juez de reparto, en la fecha que así sea programado posteriormente.
Un importante hallazgo realizado por una delegación científica en Turquía podría aportar nuevos elementos a una de las historias más conocidas de la tradición bíblica: la ubicación del Arca de Noé. Nuevos estudios apuntan a que una formación ubicada en el monte Ararat, en el este del país, podría contener estructuras que despiertan el interés de investigadores.La investigación tomó fuerza luego de que científicos detectaran en la zona material inusual y características que consideran llamativas. En 2026, la Universidad Sivas Cumhuriyet y Noah’s Ark Scans, bajo la dirección del doctor Cenker Atila, iniciaron una nueva etapa de exploración para determinar qué se encuentra realmente bajo el terreno.“Creemos que los restos del Arca de Noé están enterrados en el este de Turquía. Ya han comenzado las perforaciones. Ahora les pedimos que nos apoyen y ayuden a financiar la búsqueda. Se han burlado de nosotros por creer que el Arca de Noé aún podría encontrarse. Lo hemos oído. Seguimos aquí. Y ahora estamos perforando”, señaló Noah’s Ark Scans.De acuerdo con los investigadores, los estudios geofísicos realizados en el lugar han identificado posibles estructuras internas bajo la superficie. A esto se suma la particular silueta que presenta el terreno, similar a la de una embarcación, una característica que ha alimentado durante décadas las teorías sobre la posible presencia del Arca en esta zona.El lugar comenzó a despertar especial interés desde 1960, cuando imágenes aéreas mostraron una formación con apariencia de barco en el este de Turquía. La estructura tendría aproximadamente 157 metros de largo, lo que generó curiosidad entre creyentes, investigadores y arqueólogos.Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación científica de que la formación corresponda al Arca de Noé. Precisamente, la nueva expedición busca determinar qué hay bajo el terreno y si los indicios encontrados pueden relacionarse con una estructura construida por el ser humano.Entre los argumentos utilizados por algunos defensores de la teoría también aparecen las conchas marinas encontradas en zonas del monte Ararat. Uno de los investigadores sostiene que estas serían evidencia de una inundación catastrófica ocurrida hace unos 5.000 años y cuestiona la explicación científica relacionada con la formación geológica de la región.La investigación continúa y los resultados de las perforaciones serán determinantes para establecer si la particular formación del monte Ararat corresponde a un fenómeno natural o si, como sostienen sus investigadores, podría esconder restos de una estructura vinculada con la historia del Arca de Noé.
Este martes 6 de octubre Bucaramanga y los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta tendrán una nueva jornada del Día sin carro y sin moto, una medida que restringirá durante varias horas la circulación de vehículos particulares en el área metropolitana.La jornada comenzará a las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta las 4:00 de la tarde, por lo que los conductores deberán programar sus desplazamientos y revisar con anticipación si su vehículo está incluido entre las excepciones.Uno de los puntos que más dudas genera entre los propietarios de vehículos con tecnologías alternativas es la diferencia entre híbridos y eléctricos.Aunque los vehículos híbridos combinan un motor de combustión con uno eléctrico, no están exentos de la restricción establecida para esta jornada. Por esa razón, sus propietarios deberán dejar los vehículos en casa durante el horario establecido.En cambio, los vehículos 100 % eléctricos sí podrán circular, al estar contemplados dentro de las excepciones de la medida.La diferencia es clave para los conductores que adquirieron vehículos considerados de bajas emisiones, pues tener tecnología híbrida no significa automáticamente estar exento del Día sin carro y sin moto.La jornada será simultánea en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Esto significa que la restricción también deberá tenerse en cuenta para quienes necesiten desplazarse entre los cuatro municipios durante las horas de aplicación.Las autoridades realizarán controles en diferentes puntos para verificar el cumplimiento de la medida y podrán imponer las sanciones correspondientes a quienes circulen sin estar autorizados.Entre los vehículos que podrán movilizarse se encuentran aquellos destinados a servicios de emergencia, atención médica, organismos de socorro y fuerza pública, además de otras categorías relacionadas con servicios esenciales y actividades expresamente exceptuadas.También se contemplan excepciones para determinadas actividades de transporte y servicios, de acuerdo con las condiciones establecidas por las autoridades metropolitanas.Para quienes no estén cobijados por una excepción, las alternativas serán el transporte público, la bicicleta, caminar y otros medios de movilidad autorizados.La jornada busca disminuir temporalmente la circulación de vehículos particulares y promover formas alternativas de desplazamiento, además de generar una medición sobre el comportamiento de la movilidad y las condiciones ambientales del área metropolitana.
Un nuevo ataque con drones se registró durante la tarde de este lunes en el departamento del Huila. El hecho ocurrió en el municipio de Aipe, donde la Estación de Policía fue blanco de una acción armada.De acuerdo con la información preliminar, dos granadas fueron lanzadas desde drones contra las instalaciones policiales. Los artefactos impactaron la infraestructura de la estación y provocaron daños materiales.Pese a la gravedad del ataque, las autoridades confirmaron que no hubo policías ni civiles heridos. La situación fue atendida por las unidades de seguridad en la zona.Este nuevo hecho se suma a los recientes ataques con drones registrados en diferentes puntos del Huila, una modalidad que ha generado preocupación entre las autoridades por el riesgo que representa para la población y la Fuerza Pública.Las autoridades avanzan en la recopilación de información para establecer quiénes estarían detrás del ataque contra la Estación de Policía de Aipe y determinar las circunstancias en las que fueron lanzadas las dos granadas.Noticia en desarrollo...
