El presidente de Coosalud , Jaime González, presentó una denuncia penal contra el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por prevaricato por omisión y falsa denuncia, en respuesta a las acusaciones de presunta corrupción que Leal había dirigido contra la EPS.
Según el abogado Julián Quintana, defensor de González, las acciones de Leal estuvieron cargadas de irregularidades que vulneraron los derechos de la entidad.
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En septiembre de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud, liderada entonces por Leal, ordenó una auditoría a Coosalud EPS para verificar el flujo de recursos entre las entidades responsables del pago y los proveedores de servicios de salud. Este procedimiento dio lugar a la publicación, el 30 de octubre de 2024, de un comunicado oficial en la plataforma X, en el que se denunciaba una supuesta confabulación para direccionar contratos, liderada por Mario Andrés Urán, asesor de Coosalud. Sin embargo, según Quintana, la Superintendencia negó posteriormente la existencia del informe preliminar que sustentaba esas afirmaciones.
El abogado señaló que el informe filtrado de manera irregular por la Superintendencia, con logotipos oficiales, distorsionó la realidad y causó un impacto mediático negativo. “Estas acciones violaron el debido proceso y afectaron gravemente el buen nombre de la EPS, generando consecuencias financieras adversas para la empresa”, destacó Quintana.
A esto se sumó, según la denuncia, que Leal presentó una falsa acusación ante la Fiscalía, afirmando sin pruebas contundentes que existía una trama para defraudar el sistema de salud. Quintana indicó que dichas afirmaciones estaban plagadas de imprecisiones y tenían como único propósito fortalecer la imagen pública de Leal, quien buscaría posicionarse políticamente.
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En respuesta, Coosalud interpuso una acción de tutela el 5 de noviembre de 2024, para proteger su derecho al debido proceso y a la honra. La acción fue admitida al día siguiente.
“La instrumentalización de las instituciones públicas para fines personales o políticos es un acto reprochable que no solo afecta a las empresas, sino también la confianza en el sistema de salud”, concluyó Quintana.
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