En medio de los graves daños ocasionados por el terremoto, desde Barranquilla, Natalia Bayona, directora de la Organización Mundial del Turismo en Colombia de Naciones Unidas, lanzó una propuesta para ayudar desde el gremio, a la reactivación económica de los territorios afectados por el desastre natural.La dirigente planteó que a través de estrategias como el turismo solidario, se conecte el sector público y el privado, es decir: agencias de viaje, aerolíneas y hoteles con ministerios como el de Comercio, Industria Turismo, Procolombia y Fontur, para lograr atraer a los viajeros de distintas partes del mundo a los territorios afectados por el sismo y que de esta manera se contribuya a su reactivación económica.El turismo solidario busca no solamente dar, sino recoger y entregar recursos financieros, pero también humanos, es decir, conocimiento, experiencia y sobre todo, conectar los dos mundos, el público y el privado para hacer que las cosas pasen”.Le puede interesar: Voces que reconstruyen: la iniciativa que impulsa a emprendedores tras el terremoto"Uniendo las aerolíneas, a las agencias de viaje, al sector público a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con Procolombia, Fontur, y todas las entidades con los gremios, sin duda se pueden crear campañas de turismo solidario que permitan mandar dos mensajes: que Colombia es segura y que está lista para recibir e innovar en la manera como los territorios afectados por el terremoto pueden venderse con nuevos nichos y paquetes”, Procolombia.Añadió que con esa articulación los mercados internacionales de turismo, podrán percibir a Colombia “como un líder en actuar rápidamente” frente a un desastre natural como el terremoto, “y en la resiliencia turística que tanto se necesita en este momento”.La directora de la Organización Mundial del Turismo en Colombia de la ONU, hizo la propuesta en la conferencia que dictó en la Cumbre Internacional de Turismo que se lleva a cabo este miércoles en el Pabellón de Cristal, en el Gran Malecón. Allí, Bayona enfatizó en que si bien el Gobierno ahora está concentrado en la atención de las víctimas del terremoto y la reconstrucción, en 2 o máximo 3 meses hay que hacer una campaña con todos estos componentes que lleve el mensaje a los mercados internacionales de que Colombia está listo para recibir el turismo.
El presidente Abelardo De La Espriella firmó dos decretos: uno para reactivar la exportación de carbón a Israel, y, el otro, para derogar a todos los miembros de junta en todas las cámaras de comercio del país del Gobierno de Petro.Fue en 2025 cuando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo prohibió las exportaciones de carbón a Israel, que, según Fenalcarbón, hizo que no se pudieran exportar cerca de 3,5 millones de toneladas de carbón, luego de que se ficializó la entrada en vigor del Decreto 0949 del 28 de agosto de 2025, normativa que modificó el Decreto 1047 de 2024 para establecer una prohibición estricta y sin excepciones a las exportaciones de carbón a Israel.“Como resultado, en el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 17 de junio de 2025, se ha reportado que 680.000 palestinos han sido desplazados, 5.334 palestinos han sido asesinados y 17.839 han sido heridos como consecuencia de la ofensiva bélica adelantada por Israel. Entre el 7 de octubre de 2023 y el 18 de junio de 2025, al menos 55.637 palestinos han sido asesinados y 129.880 heridos por las acciones de Israel. Adicionalmente, se ha reportado un crecimiento en el número de personas asesinadas y heridas cuando intentan acceder a los suministros humanitarios de comida y otros bienes esenciales”, señalaba el decreto, sustentado en el conflicto entre Palestina e Israel, el cual Petro fue crítico. Este anuncio llega acompañado con la posesión de Samuel Bluman como nuevo director de ProColombia, a quien nombre con la tarea de "transformar la entidad y fortalecer la presencia de Colombia en el mundo". El Gobierno De La Espriella busca abrir nuevos mercados para empresarios, impulsar el turismo y convertir oportunidades y empleo para los colombianos."ProColombia tiene oficinas por aparte de las embajadas y los consulados. La orden es que esas oficinas en todo el mundo se cierren y se vayan a las embajadas. Ahí le ahorramos al Estado colombiano unos recursos muy importantes. Entonces, cancelemos eso, ministro. Lo fusionamos con ProColombia y le empezamos a meter la ficha a esto con disciplina, con claridad, pero sobre todo cuidando los recursos públicos, porque los recursos públicos al final del día son la plata del pueblo colombiano. Austeridad, lucha contra la corrupción y una labor misional que nos permita llevar a ProColombia a un nivel en el que nunca ha estado", indicó el presidente De La Espriella.
El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto no solo dejó afectaciones en viviendas e infraestructura. El sector empresarial de las regiones impactadas también enfrenta las consecuencias del movimiento sísmico, especialmente los pequeños negocios que dependen de sus instalaciones para poder funcionar.Los primeros resultados del Censo Único de Emergencia, liderado por Confecámaras y la Red de Cámaras de Comercio, muestran la magnitud del impacto sobre los comerciantes y empresarios. De acuerdo con el reporte preliminar, el 85,8 % de las empresas encuestadas registró algún tipo de afectación, mientras que casi la mitad de las empresas afectadas no puede operar actualmente.La información resulta clave para establecer cuáles son las necesidades de los negocios y orientar las medidas de recuperación hacia los sectores y territorios que más lo requieren.Censo empresarial busca identificar a los negocios afectadosSegún los datos recopilados hasta el momento, el 48,4 % de las empresas que reportaron afectaciones no puede operar, mientras que el 49,6 % presenta daños considerados graves o críticos.El impacto se concentra principalmente en los negocios de menor tamaño. El 91,9 % de las empresas afectadas son microempresas, mientras que el 87 % pertenece a los sectores de comercio y servicios.La situación también tiene implicaciones sobre el empleo. El 70,1 % de las empresas que reportaron puestos de trabajo en riesgo indicó que tiene entre uno y cinco empleos afectados. A esto se suma que el 72,9 % de los negocios registra pérdidas económicas inferiores a $20 millones.La dimensión del sector empresarial en las zonas afectadas también permite entender el alcance de la emergencia. Solo la Cámara de Comercio de Cali registra alrededor de 120.000 empresas en su jurisdicción. A esta cifra se suman cerca de 29.901 compañías registradas en Manizales y aproximadamente 30.000 en Pereira, además de los negocios de otros municipios y las unidades productivas que no hacen parte del sector formal.Por esta razón, Confecámaras hizo un llamado a empresarios y comerciantes para que reporten su situación, incluso en los casos en los que no existan daños físicos en los establecimientos, pero sí afectaciones que les impidan desarrollar normalmente sus actividades.¿Cómo reportar las afectaciones?El reporte puede hacerse a través de llamada telefónica o WhatsApp al número 300 913 1811. Allí los empresarios pueden solicitar el cuestionario, responderlo directamente o enviar un mensaje de voz para iniciar el proceso.También se habilitaron formularios en línea y formatos impresos para facilitar el levantamiento de información en territorios con dificultades de conectividad.El censo es coordinado por Confecámaras, con la participación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las autoridades territoriales, 16 Cámaras de Comercio de las zonas afectadas, Acopi, Fenalco, Asocapitales y la Federación Nacional de Departamentos.El objetivo es consolidar un diagnóstico único, territorio por territorio, que permita conocer con mayor precisión qué empresas resultaron afectadas y cuáles son sus principales necesidades para orientar las acciones de recuperación empresarial tras el terremoto.
El Gobierno radicó este martes 18 de agosto ante el Senado de la República el Proyecto de Ley de Competitividad, una iniciativa que busca reducir las cargas administrativas que enfrentan ciudadanos y empresas, mediante la simplificación de trámites, la digitalización y una mayor coordinación entre las entidades del Estado.El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, aseguró que la propuesta parte de la necesidad de facilitar la actividad de quienes producen, invierten y generan empleo en Colombia.“Como ministro de Comercio, Industria y Turismo, tengo claro que el Estado debe ser un aliado y no un obstáculo”, señaló Gómez Amín al anunciar la radicación del proyecto.El proyecto tiene como propósito, según el documento radicado, reducir cargas administrativas innecesarias o desproporcionadas, disminuir los tiempos y costos de cumplimiento y facilitar la relación entre las empresas y el Estado. Las medidas abarcan áreas como comercio exterior, creación y operación de empresas, trámites sanitarios, licenciamiento urbanístico y actuaciones notariales, registrales y catastrales.Uno de los ejes centrales es la digitalización. El proyecto plantea que, como regla general, las actuaciones administrativas puedan realizarse por medios electrónicos y establece el principio de “una sola vez”: las entidades no deberían pedir información o documentos que ya estén en poder del Estado y puedan ser consultados mediante mecanismos de interoperabilidad.La propuesta también busca evitar que formularios, plataformas, manuales o instructivos terminen creando requisitos adicionales que no estén respaldados por una norma.Ventanilla Única Empresarial y expediente digitalUno de los cambios dirigidos directamente al sector empresarial es el fortalecimiento de la Ventanilla Única Empresarial.El proyecto contempla la implementación progresiva de un Expediente Único Empresarial Digital, que permitiría reutilizar documentos e información que el empresario ya haya entregado. Además, las entidades tendrían que consultar directamente las fuentes oficiales cuando tengan acceso a ellas, en lugar de solicitar nuevamente certificados o copias.La iniciativa también plantea que la falta de interoperabilidad tecnológica de una entidad no pueda convertirse en una razón para retrasar la apertura o funcionamiento de un establecimiento cuando el empresario haya cumplido con los requisitos establecidos por la ley.El Gobierno asegura que uno de los principales beneficiarios de estas medidas serían los micro, pequeños y medianos empresarios.La iniciativa también propone que ciertos controles se apliquen de acuerdo con el nivel de riesgo de cada actividad, sin eliminar las facultades de inspección, vigilancia y control del Estado. En materia sanitaria, por ejemplo, se plantea un modelo de administración de riesgos para diferenciar la intensidad de los controles según las características de los productos o actividades.Así, el proyecto busca que la simplificación no signifique eliminar controles necesarios, sino reducir trámites repetidos o cargas que no aporten al objetivo de vigilancia. La propuesta inicia ahora su trámite en el Congreso, donde deberá ser discutida y eventualmente modificada antes de convertirse en ley.
El Ministerio de Comercio envió una nueva solicitud al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para que, esta vez sí, se fortalezca y actualice la reglamentación que permita controlar y evitar las importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso.La petición llega luego del arancel impuesto por Estados Unidos a las economías de 60 países que no están al día con dicha legislación. En el caso de Colombia, la medida fue del 12,5 % a las exportaciones de un grupo importante de productos.Esta nueva petición del Ministerio de Comercio llega luego de las fallidas alertas emitidas tanto por esa cartera como por los gremios, que desde hace un mes pidieron a la DIAN, como entidad responsable, ponerse al día con la actualización necesaria.Según expone el Ministerio de Comercio en la carta de este viernes, durante los últimos meses se promovieron mesas de trabajo, reuniones técnicas y gestiones interinstitucionales con el propósito de construir un mecanismo que permitiera a la DIAN ejercer controles efectivos sobre este tipo de importaciones.Sin embargo, dichas iniciativas no lograron consolidarse y, en varios de estos espacios, no fue posible contar con el acompañamiento de la DIAN, lo que impidió avanzar en la definición de un instrumento jurídico que otorgara competencias expresas a la autoridad aduanera para prevenir el ingreso de mercancías producidas con trabajo forzoso.Por eso, la ministra de Comercio, Diana Rojas, pidió de nuevo al Ministerio de Hacienda y a la DIAN que lideren la expedición de un instrumento normativo que habilite a la autoridad aduanera para adoptar medidas de control, tales como la retención preventiva de mercancías, el requerimiento de información adicional a los importadores, la realización de verificaciones e inspecciones y la adopción de decisiones cuando existan indicios objetivos de que los bienes fueron producidos mediante trabajo forzoso.La entidad sostiene que estas facultades son coherentes con las funciones propias de la DIAN como autoridad encargada del control aduanero.“La asignación de dichas competencias a la DIAN obedecía a que, conforme al ordenamiento jurídico colombiano, es la autoridad encargada de ejercer el control aduanero, la fiscalización de las operaciones de comercio exterior y el control del ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional. En consecuencia, únicamente dicha entidad cuenta con las facultades legales para adoptar medidas materiales sobre las mercancías objeto de importación, tales como la suspensión del levante, la inmovilización, la retención preventiva, la inspección aduanera y las demás actuaciones dirigidas a impedir el ingreso de bienes cuando exista fundamento legal para ello”, reitera la carta.
El sector floricultor advirtió que sería uno de los más afectados por el incremento del arancel. En el último año, Colombia exportó 338.000 toneladas de flores y cerca del 80 % de esos envíos tuvieron como destino Estados Unidos. La presidenta de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), Laura Valdivieso, aseguró que la medida cambia las condiciones para un sector altamente dependiente de ese mercado."En el caso de las exportaciones no minero energéticas, Estados Unidos representa un poco más del 30 %. En el caso de las flores representa el 80 %. El 80 % de las flores que Colombia exporta al mundo se dirigen a Estados Unidos. Un cambio de reglas de juego y un aumento de un arancel tiene un impacto importante en este sector", afirmó Valdivieso.La dirigente gremial explicó que, además del nuevo arancel, el sector ha enfrentado otros factores que han incrementado sus costos, como las fluctuaciones en la tasa de cambio, el aumento en el precio de los insumos agrícolas —especialmente los fertilizantes, debido a la guerra en Medio Oriente— y el transporte, teniendo en cuenta que el 93 % de las flores se exporta por vía aérea y el 7 % por vía marítima.Por su parte, el presidente de Analdex, Javier Díaz, advirtió que el impacto podría extenderse a otros productos de exportación, como el pescado y la tilapia. "Este arancel recae sobre el 30 % de las exportaciones que Colombia hace a los Estados Unidos. Nosotros exportamos alrededor de 15.000 millones de dólares, esto impactaría en 5.000 millones de dólares. Es decir, significa que tendríamos que pagar aranceles adicionales a los que veníamos pagando por 125 millones de dólares", explicó Díaz.En la misma línea, Asocapitales alertó que los efectos se concentrarían especialmente en ciudades como Bogotá y la Sabana, Medellín y Barranquilla, por su alta exposición al mercado estadounidense. También advirtió que el mayor impacto recaería sobre sectores intensivos en generación de empleo urbano, entre ellos las confecciones y textiles, el vidrio y aluminio arquitectónico, los plásticos, la agroindustria procesada y la industria cosmética.El incremento del arancel se produjo luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) adelantara una investigación desde marzo y concluyera que Colombia aún no cuenta con mecanismos suficientes para impedir el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Sin embargo, desde AmCham Colombia y Asocolflores insistieron en que esto no significa que las cadenas de producción del país estén soportadas en trabajo forzoso."Es muy importante hacer esa precisión. No nos están cuestionando que producimos con trabajo forzoso, lo que nos están cuestionando es que no contamos con medidas que prohíban importaciones con trabajo forzoso y que nosotros procesemos esos bienes que vienen asociados con esas prácticas", afirmó Valdivieso.La presidenta de Asocolflores explicó que el Ministerio de Comercio adelantó un proyecto de resolución para atender ese requerimiento, pero la norma no alcanzó a entrar en vigencia y, según Estados Unidos, era necesario que estuviera plenamente vigente. En ese contexto, el gremio le pidió al Gobierno entrante acelerar la expedición de las medidas necesarias."Nosotros confiamos que el nuevo gobierno sabrá adelantar las gestiones pertinentes ante Estados Unidos. Se necesita un decreto, nosotros creemos que una resolución no es suficiente, sino un decreto para que se prohíban las importaciones con trabajo forzoso y así lograr que Colombia salga del grupo de países a los que se les elevó el arancel al 12,5 %", concluyó.
Los principales gremios del turismo en Colombia hicieron un llamado al Gobierno nacional para que avance en la expedición del decreto que busca fortalecer el Registro Nacional de Turismo (RNT), una herramienta que consideran clave para combatir la informalidad y brindar mayores garantías a los viajeros.El pronunciamiento se dio luego de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicara para comentarios el proyecto de decreto que actualizaría la reglamentación del RNT, un proceso que, según los gremios, ha sido construido en conjunto con el sector privado a través de mesas técnicas, reuniones de trabajo y observaciones al documento.Para los empresarios, el país no puede seguir permitiendo que el Registro Nacional de Turismo se otorgue o renueve sin verificar el cumplimiento de los requisitos que ya exige la ley. En ese sentido, sostienen que el nuevo decreto permitirá fortalecer los controles, dar mayor seguridad jurídica y generar confianza entre empresarios y turistas.Los gremios también destacaron que la consulta pública es una oportunidad para enriquecer el texto antes de su expedición definitiva y pidieron al Ministerio evaluar las observaciones de manera técnica para lograr una regulación equilibrada y ajustada a las necesidades del sector.“Este proyecto responde además a una realidad que hoy enfrenta Colombia y que coincide con las tendencias internacionales. Los países están fortaleciendo los mecanismos de identificación, registro y control de quienes prestan servicios turísticos, con el propósito de proteger a los viajeros, fortalecer la formalidad, combatir la competencia desleal y ofrecer mayores garantías en materia de seguridad”, se lee en el comunicado.En ese contexto, insistieron en que el siguiente paso debe ser endurecer las sanciones contra quienes presten servicios turísticos sin Registro Nacional de Turismo, incumplan las obligaciones legales o entreguen información falsa a las autoridades.Los gremios consideran que un Registro Nacional de Turismo más sólido facilitará el control por parte de las autoridades, promoverá el empleo formal, atraerá inversión y contribuirá a que el crecimiento del turismo se traduzca en mayores beneficios para las regiones y para el país.Finalmente, reiteraron que fortalecer el RNT no solo permitirá mejorar la competitividad del sector, sino también aumentar la confianza de los turistas nacionales y extranjeros y avanzar hacia un turismo más seguro, formal y sostenible.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) e Icontec presentaron oficialmente 'Conectar para Crecer', un programa diseñado para capacitar de forma gratuita a más de 1.100 MiPymes en todo el territorio colombiano.La convocatoria ya se encuentra abierta y cuenta con cupos limitados para las organizaciones que busquen mejorar sus estándares e integrarse a nuevos mercados y encadenamientos productivos.La importancia de este segmento es crítica para la economía local. De acuerdo con datos de Bbva Research, las MiPymes representan el 99,5 % del universo empresarial formal en Colombia, aportan cerca del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 53% del empleo formal del país.La iniciativa está directamente alineada con los objetivos de la Política Nacional de Reindustrialización, priorizando la intervención en nueve sectores estratégicos del aparato productivo.Entre los componentes económicos destacados se encuentran la agroindustria, la construcción, la tecnología y la manufactura. Las empresas seleccionadas accederán a un esquema de fortalecimiento técnico estructurado en varias etapas.Formación certificada: ciclos de 22 horas académicas con un enfoque netamente práctico.Acompañamiento técnico: hasta 45 horas de asistencia especializada por un periodo de hasta cuatro meses.Intervención profunda: auditoría y optimización de estándares de desempeño en 190 empresas seleccionadas.Metodología flexible: formación mixta, mayoritariamente virtual, combinada con sesiones presenciales según las necesidades de la empresa.Cómo inscribirse en 'Conectar para Crecer'Al tratarse de un programa de alcance nacional, la articulación busca impactar la competitividad regional habilitando herramientas técnicas que faciliten el cumplimiento de estándares internacionales.Las MiPymes que cumplan con el perfil de los sectores convocados pueden realizar su postulación digital formal a través de la plataforma oficial dispuesta por el instituto técnico en el enlace: www.icontec.org/ministerio/. Los cupos se asignarán de manera limitada conforme avance el proceso de registro.
El turismo colombiano atraviesa uno de sus mejores momentos de recuperación y crecimiento, luego de superar en 2024 los niveles registrados antes de la pandemia. En este contexto, el gremio presentó una serie de propuestas encaminadas a consolidar al turismo como una política de Estado, con medidas enfocadas en seguridad, promoción internacional, fortalecimiento institucional y mayor inversión para garantizar la competitividad del país como destino turístico.Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Migración Colombia, durante 2024 el país recibió 6,9 millones de visitantes internacionales, lo que representó un incremento del 13,3 % frente al año anterior. Este crecimiento se dio en línea con la recuperación global del turismo, que alcanzó cerca de 1.465 millones de llegadas internacionales, aunque en 2025 Colombia registró 6,5 millones de visitantes no residentes, una disminución del 8,1 % frente al año anterior, los turistas extranjeros no residentes crecieron 3,8 %, alcanzando 4,7 millones de llegadas.Ante este panorama, una de las principales apuestas es fortalecer la seguridad en los destinos turísticos que plantea una política integral que involucre a entidades nacionales, autoridades regionales y al sector privado para garantizar la protección de los viajeros aumentando el número de policías de turismo, realizar monitoreos permanentes sobre las condiciones de seguridad y trabajar para reducir las advertencias de viaje emitidas por gobiernos extranjeros hacia Colombia.Además, el país recibió 6,5 millones de visitantes no residentes en 2025, según cifras de Migración Colombia recopiladas por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Asociación Colombiana de Agencia de Viajes, ANATO. Aunque la cifra representa una caída de 8,1% frente a 2024, el país mantiene niveles superiores a los registrados antes de la pandemia.El 2024 marcó el pico histórico con 7 millones de llegadas, impulsado por un crecimiento de 14,6% anual. Del total de visitantes de 2025, el 72% correspondió a extranjeros no residentes, el 23,1% a colombianos residentes en el exterior y el 4,9% a pasajeros de cruceros internacionales.La recuperación del sector ha sido evidente tras el desplome del 2020, cuando solo ingresaron 1,4 millones de visitantes, una caída de 69,4%.Estados Unidos se mantiene como el principal país emisor con 24% de los visitantes, seguido por Venezuela con 12,8%, México con 8,1% y Ecuador con 6,3%, según Migración Colombia.
Diez días después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciara la eliminación de los gravámenes que su país aplicaba a mercancías colombianas, el Gobierno colombiano oficializó la misma decisión mediante el decreto 0583 de 2026. La medida pone fin a los aranceles y restricciones comerciales que ambas naciones adoptaron en medio de una disputa que escaló durante los primeros meses del año y que llevó a la Comunidad Andina a solicitar el levantamiento de las barreras, al considerar que vulneraban los compromisos del Acuerdo de Cartagena.En el decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro y los ministros de Comercio, Hacienda, Agricultura y Justicia, el Gobierno argumenta que desaparecieron las circunstancias que dieron origen a las medidas de represalia adoptadas por Colombia. Por ello, derogó en su totalidad el decreto 170 del 20 de febrero de 2026, mediante el cual se había impuesto aranceles recíprocos del 30 % a productos importados desde Ecuador y restricciones al ingreso de mercancías provenientes de ese país por razones de seguridad nacional.No obstante, la decisión no implica un levantamiento total e inmediato de todas las medidas. El Gobierno mantuvo por 45 días adicionales las restricciones aplicadas a varias subpartidas de arroz procedentes de Ecuador. Según el decreto, la excepción responde a los altos niveles de contrabando detectados por la DIAN en la frontera sur del país y a la necesidad de fortalecer los controles aduaneros antes de eliminar completamente las restricciones.De esta manera, mientras se normaliza el comercio bilateral entre ambos países, el arroz seguirá sujeto temporalmente a medidas especiales de vigilancia y control. Está decisión se da en el marco de una guerra arancelaria que comenzó tras tensiones entre los jefes de estado de ambos países. Las tensiones incluso terminaron en un respaldo del presidente ecuatoriano a la candidatura de Abelardo de la Espriella, lo que fue calificado por el presidente Petro como una injerencia en los asuntos internos del país.
La Unión Sindical Obrera, USO, se pronunció sobre la designación de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol y manifestó su disposición para trabajar con la nueva administración en el fortalecimiento de la empresa.Martín Ravelo, integrante de la USO, señaló que los trabajadores esperan que durante esta nueva etapa se adopten medidas encaminadas a fortalecer la soberanía y la seguridad energética del país, además de consolidar a Ecopetrol como una de las principales empresas de Colombia.“Aspiramos en la expectativa desde los trabajadores que se implementen las políticas correctas para recuperar la soberanía y la seguridad energética de los colombianos, fortalecer a Ecopetrol como la empresa insignia del país”, señaló Ravelo.El dirigente sindical también destacó la importancia de que la industria petrolera tenga una relación más cercana con las comunidades donde desarrolla sus actividades. Según dijo, esperan que los territorios vean a la industria extractiva como un aliado y que se continúe generando empleo digno para las familias vinculadas al sector.La posición de la USO también fue expresada a través de su cuenta en X, donde el sindicato manifestó su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, manteniendo su independencia y autonomía sindical.La USO también señaló que será estratégico que las vicepresidencias que hacen parte del comité directivo de Ecopetrol estén encabezadas por personas con amplia experiencia en el sector de petróleo y gas.Para el sindicato, el diálogo social será uno de los elementos centrales para avanzar en la reactivación de la industria y fortalecer a Ecopetrol como empresa mayoritariamente pública y activo estratégico de la Nación.
La fuerza pública en Cali llevó a cabo la denominada 'Operación Iron', un despliegue operativo enfocado en golpear las estructuras delictivas radicadas en el sector céntrico de El Calvario y en otras zonas estratégicas de la capital vallecaucana.En dialogo con Mañanas Blu, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó el balance definitivo de esta ofensiva e informó que el despliegue permitió neutralizar a siete organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes a pequeña escala, al robo y a los homicidios.Detalles de la Operación Iron y el impacto en El CalvarioEl mandatario local explicó que las acciones no solo se concentraron en el corazón de la ciudad, sino que se extendieron a sectores como El Vallado, en el oriente, y Meléndez, en la comuna 18.Refiriéndose a los resultados del despliegue policial y militar, Eder afirmó que “esta inicial fue un operativo que se llevó a cabo en el centro de Cali, pero también en el oriente, en el sector del Vallado y en la comuna 18 en el sector de Meléndez y logramos desarticular siete bandas dedicadas al microtráfico, al hurto y al homicidio”.Entre las estructuras desmanteladas o intervenidas en este sector céntrico se encuentran bandas reconocidas en la zona como Los Buitres, La Luna y Los Pascuas.El sector de El Calvario ha sido históricamente catalogado como uno de los principales focos de delincuencia en la ciudad.Sobre la magnitud de este problema, el alcalde Alejandro Eder comparó la situación con zonas críticas de la capital colombiana: “El Calvario es, haga de cuenta, el Bronx en Bogotá... una olla que lleva 50 años de esta manera”.Añadió además la gravedad geográfica de este punto al señalar que “tener la olla donde está en Cali es como si en Bogotá el Bronx quedara en la 78... están en el corazón de la ciudad, en el corazón del motor económico de la ciudad”.Solamente en el sector de El Calvario se ejecutaron cerca de 40 capturas de integrantes de estas bandas dedicadas al expendio de sustancias psicoactivas.Renovación urbana y articulación con el Gobierno NacionalA diferencia de intervenciones pasadas que terminaban en el traslado de la criminalidad a otros barrios, la administración distrital sostiene que esta estrategia estará respaldada por proyectos concretos de transformación física e institucional.El mandatario destacó que ya se encuentra en funcionamiento la sede principal del búnker de la Fiscalía en ese sector, sumado al inicio de la construcción de la Estación Central del MÍO —una infraestructura de 90.000 metros cuadrados— y la edificación de tres torres de vivienda nueva con cerca de 80 apartamentos cada una.Asimismo, Eder enfatizó la importancia de la voluntad política y el respaldo del Gobierno Nacional para ejecutar operaciones de gran escala. Para llevar a cabo esta incursión simultánea en siete puntos de la ciudad, se requirieron más de 100 efectivos, tanquetas y unidades de fuerzas especiales urbanas de las Fuerzas Militares.Con el fin de ratificar la continuidad de la estrategia de seguridad, el mandatario fue categórico al declarar: “esto no es flor de una noche, esto es la primera parte del operativo y vendrán más”.Finalmente, al referirse al impacto de la presencia del presidente de la República y los altos mandos institucionales en el terreno de las operaciones, el alcalde destacó el aspecto psicológico y de respaldo operacional. “Cuando la fuerza pública ve el compromiso de sus gobernantes, comenzando con el presidente de la República, presencia del alcalde, presencia de todos los altos mandos, eso motiva a la tropa”..
La visita a Washington del presidente chino, Xi Jinping, para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha despertado comparaciones entre las limusinas blindadas que acompañan a los dos hombres más poderosos del mundo: 'La Bestia' de Trump y la llamada 'Bandera Roja' de Xi.Trump y la primera dama, Melania Trump, recibieron el miércoles a pie de pista, en la base aérea Andrews, a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, y, tras la ceremonia de bienvenida, ambas parejas partieron en sus respectivos vehículos oficiales.Ambos mandatarios buscan proyectar una imagen de buena sintonía pese a las tensiones entre Washington y Pekín por asuntos como los aranceles, la guerra de Irán, el futuro de Taiwán o la carrera por la inteligencia artificial.Las características de sus limusinas, que funcionan también como símbolos de poder de Estados Unidos y China, están rodeadas de secretismo por motivos de seguridad, lo que alimenta las especulaciones sobre sus capacidades.La Bestia, un búnker sobre ruedas'La Bestia' estadounidense, uno de los grandes símbolos de la Presidencia junto al avión Air Force One, es un Cadillac, la emblemática marca de automóviles de lujo propiedad de General Motors.El actual modelo utilizado por Trump, fabricado específicamente para el presidente estadounidense, entró en servicio en 2018, con un coste estimado de 1,5 millones de dólares.Aunque el Servicio Secreto no ha difundido detalles específicos sobre sus sistemas de seguridad, medios estadounidenses estiman que pesa entre 6,8 y 9,1 toneladas y que combina rasgos de Cadillac con componentes propios de vehículos pesados.Considerada un búnker sobre ruedas, a 'La Bestia' se le atribuyen un blindaje multicapa, puertas con un peso similar al de las de un Boeing 757 y neumáticos capaces de seguir operativos tras sufrir daños, además de un habitáculo sellado con sistemas de filtración de aire para proteger al presidente frente a un ataque químico.El hermetismo del HongqiEl automóvil utilizado por Xi es un modelo N701 de la marca de lujo Hongqi (que en chino significa 'Bandera Roja') perteneciente al grupo estatal FAW que el mandatario chino utiliza en sus desplazamientos desde 2022 y cuyo precio algunas estimaciones sitúan en torno a los 700.000 dólares.El Hongqi llamó la atención en 2023 del entonces presidente estadounidense, Joe Biden, durante una reunión en San Francisco."Es un vehículo hermoso", le dijo el demócrata a Xi durante un breve intercambio en el que compararon el automóvil chino con su Cadillac, después de que el mandatario chino le explicara que era un "Hongqi, de fabricación doméstica".El N701 mantiene el icónico adorno de la bandera roja en el capó, característico de la marca, pero presenta un aspecto más alargado que los modelos tradicionales de la marca y conserva un diseño que recuerda a los automóviles de los años 50 del pasado siglo, en un guiño estético al primer Hongqi, que data de 1958.Diversos reportes sitúan su longitud por encima de los 5,5 metros y estiman su peso en unas tres toneladas, lo que lo haría considerablemente más ligero que 'La Bestia', aunque Pekín no ha hecho públicos sus datos técnicos ni sus sistemas de protección.Mientras el vehículo de Trump está diseñado para resistir un ataque directo, el Hongqi de Xi apuesta por la potencia de su motor para poder escapar a gran velocidad en caso de una emboscada.Ambas limusinas se desplazan en avión para acompañar a los presidentes en sus viajes internacionales.Pero mientras 'La Bestia' ha sido durante años objeto de cobertura mediática, el Hongqi de Xi permanece prácticamente fuera del escrutinio público, en un hermetismo que alimenta las especulaciones sobre las capacidades de la industria automovilística china.
Decenas de hogares migrantes venezolanos en Bucaramanga están enfrentando retrasos de varios meses en el pago del subsidio de arrendamiento otorgado por el Ministerio de Vivienda, a través de Fonvivienda. Ante la falta de desembolsos, algunos beneficiarios ya acudieron a la tutela.El programa hace parte de una estrategia de subsidios de arrendamiento para hogares migrantes venezolanos y cuenta con recursos de cooperación internacional del Banco Mundial. En Bucaramanga, Fonvivienda abrió convocatorias durante 2025 y asignó subsidios para cubrir parcialmente el canon de arrendamiento durante un periodo de hasta 12 meses.De acuerdo con los beneficiarios, los retrasos comenzaron a presentarse desde finales de 2025 y se han extendido durante 2026. Mientras algunos hogares que finalizaron el beneficio en julio todavía tendrían meses pendientes por recibir, quienes iniciaron el subsidio en enero aseguran que, en varios casos, solo les han pagado los primeros meses del año.El subsidio corresponde a un porcentaje del salario mínimo y el dinero es girado directamente al arrendador, no al beneficiario. Según la convocatoria de Fonvivienda, para el programa financiado por el Banco Mundial el aporte podía llegar al 45 % de un salario mínimo mensual y otorgarse durante 12 meses consecutivos.La demora en los pagos ha generado dificultades entre los beneficiarios y sus arrendadores. Algunos propietarios, según los testimonios recogidos, estarían reclamando directamente a los hogares migrantes el pago de los cánones atrasados e incluso se han presentado casos en los que las personas han tenido que buscar otro lugar para vivir.La situación ya llegó a la Alcaldía de Bucaramanga. El secretario de Desarrollo Social, Iván Torres, explicó que el municipio participó en la etapa inicial del programa, principalmente en la focalización de los hogares beneficiarios, pero que no es la entidad responsable de administrar o girar los recursos.La Alcaldía de Bucaramanga también quedó vinculada a una de las acciones de tutela interpuestas por los beneficiarios.Torres señaló que en Bucaramanga fueron identificados cerca de 140 beneficiarios y reconoció que los pagos han presentado retrasos. Según explicó, en algunos casos se acumulan dos o tres meses y posteriormente se realiza el desembolso.“No es que no se les vaya a pagar o se haya dejado de pagar. Se presentaron fue demoras”, explicó el funcionario.El secretario también confirmó que envió una comunicación al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para poner en su conocimiento la situación y buscar una solución. El funcionario señaló que, ante la incertidumbre generada por los retrasos, ya se han presentado tutelas y se prevé que se interpongan nuevas acciones judiciales.Ahora, los beneficiarios esperan que el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda aclaren qué está ocasionando los retrasos y definan cuándo serán desembolsados los recursos pendientes.
Un total de 69 adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que cumplen medidas no privativas de la libertad, avanzan en su proceso educativo en Bucaramanga mediante la estrategia ‘Rescatando Sueños’, liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.La iniciativa busca garantizar que estos jóvenes puedan continuar con su formación académica y, al mismo tiempo, fortalecer sus proyectos de vida mediante el acompañamiento de diferentes instituciones.El proceso cuenta con la participación de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, la Institución Educativa Andrés Páez de Sotomayor y Corpoadases.Los participantes fueron distribuidos en cinco grupos de acuerdo con sus trayectorias educativas, con niveles que van desde primaria hasta educación media.La formación contempla dos horas diarias de clases, de lunes a viernes, además de actividades académicas para desarrollar en casa.Uno de los jóvenes beneficiarios, identificado como Leandro, destacó la importancia de contar con este acompañamiento para continuar sus estudios y pensar en su futuro.“Estoy muy agradecido porque nos están dando la posibilidad de estudiar, de recibir apoyo para nuestras carreras y, sobre todo, porque no nos están dejando solos”, señaló.Desde el ICBF Regional Santander señalaron que la estrategia busca que la educación también llegue a quienes cumplen medidas no privativas de la libertad, como parte del proceso de atención y garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.La entidad destacó que la articulación con el sector educativo permitirá fortalecer las capacidades de los participantes y brindarles herramientas para avanzar en la construcción de sus proyectos de vida.